La sociedad civil se enfrenta a un mundo lleno de desafíos en 2023. Múltiples conflictos y crisis, incluidos conflictos económicos y graves reveses en las instituciones democráticas, están intensificando las amenazas a los derechos humanos. El programa para la sociedad civil es enorme.

Este es el mundo que ha sido captado por el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2023.

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Se están cometiendo abusos contra los derechos humanos a gran escala en Ucrania, los derechos de las mujeres han sido pisoteados en Afganistán y los derechos de las personas LGBTQI+ están siendo atacados en Uganda y otros países africanos. El gobierno militar se ha normalizado en países como Mali, Myanmar y Sudán, y la democracia ha sido socavada por líderes autocráticos en El Salvador, India y Túnez, entre otros. Incluso estados supuestamente democráticos, como Australia y el Reino Unido, están socavando el derecho vital a protestar.

Pero la sociedad civil sigue esforzándose por marcar una diferencia crucial en la vida de las personas. Es la fuerza detrás de una oleada de avances hacia el respeto al derecho al aborto en América Latina, más recientemente en Colombia, y en los avances para con los derechos LGBTQI+ en países tan diversos como Barbados, México y Suiza. Las protestas masivas en respuesta al alto costo de la vida han ganado concesiones en materia de política económica en países como Ecuador y Panamá, mientras que la organización sindical ha cobrado mayor impulso al hacer que empresas de grandes marcas como Amazon y Starbucks rindan cuentas. El progreso en la financiación de los daños y pérdidas causados por el cambio climático se produjo después de una amplia campaña de incidencia de la sociedad civil. Los eventos del año pasado muestran que la sociedad civil, así como el espacio para que la sociedad civil actúe, son más necesarios que nunca.

Resultados clave

La sociedad civil desempeña roles clave en la respuesta a conflictos y crisis humanitarias, por lo cual se enfrenta a represalias

La sociedad civil está desempeñando un papel vital en situaciones de conflicto y crisis, incluyendo los conflictos en Etiopía, Siria y Ucrania. Esto lo hace brindando servicios esenciales, ayudando y defendiendo a las víctimas, monitoreando los derechos humanos y recopilando evidencia de violaciones para hacer que los responsables rindan cuentas. Sin embargo, por hacer esto, la sociedad civil está siendo atacada.

Los catastróficos fracasos del sistema de gobernanza global subrayan la urgencia de la reforma

Con demasiada frecuencia, ante los conflictos y crisis que han marcado el mundo en el último año, las instituciones internacionales no han ofrecido más que palabras. Las instituciones multilaterales han quedado en evidencia por la invasión de Rusia a Ucrania. Es hora de tomar en serio las propuestas de la sociedad civil para hacer que las Naciones Unidas sean más democráticas, comenzando con el nombramiento de un campeón de la sociedad civil.

La ciudadanía se moviliza masivamente en respuesta a las crisis económicas, revelando en el proceso problemas más profundos

Al provocar una subida masiva de los precios de los combustibles y los alimentos, la guerra de Rusia contra Ucrania se convirtió en un factor clave de la crisis inflacionaria global.  Esto desencadenó una ola masiva de protestas exigiendo justicia económica en al menos 133 países, desde Argentina hasta Indonesia y desde Ghana hasta Kazajstán. La sociedad civil está proponiendo ideas económicas progresistas, conectándose con otras luchas por los derechos, incluso por la justicia climática, de género, racial y social.

El derecho a la protesta está siendo atacado, incluso en las democracias más establecidas

Muchos estados, que no quieren o no pueden conceder las demandas más profundas de las protestas, han respondido con violencia en países como Irán, Sierra Leona y Sri Lanka. El derecho a la protesta está siendo atacado en todo el mundo, tanto cuando la gente se moviliza para pedir justicia económica como cuando lo hace por la democracia, los derechos humanos, o la acción por el medio ambiente. Los grupos de la sociedad civil se esfuerzan por defender los derechos a manifestarse.

La democracia está siendo erosionada de diversas formas, inclusive desde adentro por parte de líderes electos

Los conflictos económicos y la inseguridad están allanando el terreno para el surgimiento de líderes autoritarios. En contextos más democráticos, hay distintas tendencias hacia una mayor aceptación de la extrema derecha y el populismo. En condiciones volátiles, la sociedad civil está trabajando para resistir la regresión y seguir abogando por una democracia inclusiva, pluralista y participativa.

La desinformación está sesgando el discurso público, socavando la democracia y alimentando el odio 

La desinformación se está movilizando, particularmente en los conflictos y durante las elecciones, para sembrar la polarización, normalizar el extremismo y atacar los derechos. Los estados autoritarios poderosos y los grupos de extrema derecha son fuentes clave, y las empresas de redes sociales no están haciendo nada para desafiar un problema que, a fin de cuentas, es beneficioso para su modelo de negocio. La sociedad civil necesita forjar un esfuerzo global conjunto y multifacético para contrarrestar la desinformación.

Los movimientos por los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ están logrando avances contra todo pronóstico 

Ante las adversidades, la sociedad civil continúa impulsando el progreso en los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Sin embargo, los avances han convertido a la sociedad civil en el blanco de una feroz reacción violenta. La sociedad civil está trabajando para resistir los intentos de revertir los logros y conseguir apoyo público para garantizar que el cambio legal se vea respaldado por un cambio social.

La sociedad civil es la principal fuerza impulsora de la acción por el clima 

La sociedad civil sigue siendo la fuerza que hace saltar las alarmas sobre la triple amenaza del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. La sociedad civil está instando a la acción utilizando todas las tácticas disponibles, desde la protesta callejera y la acción directa hasta el litigio y la defensa en los escenarios nacionales y mundiales. Pero el poder del lobby de los combustibles fósiles permanece intacto y las restricciones a las protestas climáticas están aumentando. La sociedad civil se esfuerza por encontrar nuevas formas de comunicar la urgente necesidad de actuar.

La sociedad civil se reinventa para adaptarse a un mundo en cambio permanente

En el contexto de presiones sobre el espacio cívico y enormes desafíos globales, la sociedad civil está creciendo, diversificándose y ampliando su repertorio de tácticas. Aprovechando las fortalezas representadas por su diversidad, adaptabilidad y creatividad, la sociedad civil sigue evolucionando. Gran parte de la energía radical de la sociedad civil proviene de pequeños grupos informales, a menudo formados y dirigidos por mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Es necesario apoyarlos y nutrirlos.

Acerca de este informe

Este es el informe número 12 de nuestra serie que se publica anualmente y explora las tendencias sobre la acción de la sociedad civil en todos los niveles y en todos los ámbitos. Se basa en nuestra iniciativa de análisis permanente lanzada en enero de 2022, CIVICUS Lens. Se nutre directamente en las voces de la sociedad civil afectada y responde a los principales problemas y desafíos del día, a partir de más de 180 entrevistas de la sociedad civil publicadas a lo largo del año.

Acerca de CIVICUS

CIVICUS es una alianza global de activistas y organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS tiene más de 15,326 miembros en más de 189 países de todo el mundo.

Los países y representantes de la sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) listadas abajo expresan su profunda preocupación por los informes de presunta vigilancia digital ilegal contra periodistas, activistas y otras personas defensoras de derechos humanos en México, como se destaca en una carta firmada por el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil que lideran el proceso de OGP en México, y validado por Citizen Lab. Reiteramos la invitación al gobierno mexicano para que proporcione una respuesta formal, en caso de que así lo decida, de conformidad con las directrices del Protocolo de Respuesta Rápida.

El tema de los informes es muy relevante para los valores de OGP descritos en la Declaración de Gobierno Abierto, que incluyen “proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para operar de manera consistente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, asociación y opinión”. La participación cívica requiere un entorno propicio para la libertad de expresión y la libertad de asociación, que respete el derecho de todas las personas a tener opiniones sin interferencias, y el derecho a la privacidad. Por lo tanto, las actividades ilegales de vigilancia digital son incompatibles con los principios de gobierno abierto, disminuyen la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos y socavan la seguridad de estos grupos y el papel fundamental que desempeñan.

Reconocemos el compromiso de OGP del gobierno de México para establecer “controles democráticos sobre las intervenciones de comunicaciones privadas”, y alentamos a las partes interesadas del gobierno, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y otras agencias de seguridad relevantes, a utilizar el proceso OGP para priorizar su implementación. Reconocemos los esfuerzos realizados hasta el momento por el Secretario Salcedo, Secretario de la Función Pública, para avanzar en el diálogo entre la sociedad civil y los actores estatales para lograr las reformas previstas en el compromiso. Alentamos además al gobierno a fortalecer los controles democráticos para evitar la vigilancia digital injustificada de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.

El Comité Directivo de OGP está dispuesto a brindar el apoyo necesario, incluyendo para identificar necesidades y oportunidades de colaboración, y facilitar el diálogo. En caso de que las partes interesadas mexicanas lo consideren fructífero, respetuosamente ofrecemos a dos de nuestros miembros, uno de la sociedad civil y otro del gobierno, para trabajar con los miembros del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y el gobierno mexicano, incluidas las agencias de seguridad relevantes, para continuar avanzando en el diálogo y cocrear un cronograma concreto para la implementación exitosa del compromiso de OGP de México “Controles democráticos en las intervenciones de comunicaciones privadas”.

Firman: 
Gobierno de Canadá
Gobierno de Estonia
Gobierno de Italia
Gobierno de Kenia
Gobierno de Nigeria
Gobierno del Reino Unido
Natalia Carfi, Open Data Charter
Anabel Cruz, ICD Uruguay
Aidan Eyakuze, Twaweza
Eka Gigauri, Transparency International Georgia
Blair Glencorse, Accountability Lab
Lysa John, CIVICUS
Lucy McTernan, Scottish Open Government Partnership
Stephanie Muchai, International Lawyers Project
Luben Panov, European Center for Not-for-Profit Law
Doug Rutzen, International Center for Not-for-Profit Law
Barbara Schreiner, Water Integrity Network

Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 52ª Sesión

Diálogo interactivo sobre la actualización oral del Alto Comisionado sobre Venezuela

Pronunciada por Marysabel Rodríguez

En Venezuela no existen garantías para la libertad de expresión, la protesta pacífica y el derecho a la asociación. La violación a las libertades civiles afectan la exigencias de los derechos económicos y sociales.

En 2022, al menos 80 emisoras radiales fueron cerradas por órdenes del gobierno. La gestión arbitraria y poco transparente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dejó en incertidumbre jurídica a la mayoría de las emisoras desde hace años.

La “ley contra el odio” se sigue usando hacia personas por expresarse. Al menos 11 detenciones arbitrarias se registraron el año pasado.

La protesta social es reprimida. En jornadas recientes, trabajadores públicos y docentes fueron hostigados, despedidos y amenazados. Se penaliza la huelga laboral; en enero, 18 trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana fueron detenidos y procesados judicialmente por exigir mejores condiciones laborales.

Dos iniciativas legales para regular el derecho a la asociación avanzan actualmente. De aprobarse, consolidarán la criminalización hacia personas, colectivos y organizaciones dedicadas a labores sociales, humanitarias y de derechos humanos. Ninguno de los proyectos de ley es de acceso público ni se han dado a conocer de manera oficial.

Exhortamos a este Consejo a mantener la atención sobre Venezuela; consolidar la presencia de la oficina del Alto Comisionado en el país, apoyar el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos y toda iniciativa que evite mayores restricciones al espacio cívico en el país.

Muchas gracias.

Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

Declaración oral

Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 52ª Sesión

ID con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua

Pronunciada por Amaru Ruiz

Gracias, Señor presidente.

Recibimos con gran satisfacción la liberación de 222 presos políticos, pero nos alarma la decisión de desterrarlos y despojarlos de la ciudadanía nicaragüense, así como a otros 95 críticos del gobierno, periodistas y defensores de los derechos humanos, y la confiscación de sus bienes. Yo soy uno de esos 317 ciudadanos que ahora son apátridas. No olvidemos a los 38 presos políticos que siguen detenidos arbitrariamente por el gobierno, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez.

El estado del espacio cívico en el país es calamitoso y se deteriora aún más debido al esfuerzo concertado del gobierno para sofocar toda forma de opinión disidente. Desde principios de 2022, el Ministerio del Interior ha cancelado la personería jurídica de más de 3.200 organizaciones no gubernamentales, lo que representa el 45% de las existentes antes de abril de 2018.

La situación empeora aún más por la total negativa del gobierno a cooperar y comprometerse con los organismos internacionales de derechos humanos. Las numerosas recomendaciones recibidas por el Gobierno para que ponga fin a la impunidad de los abusos graves y desista de utilizar las detenciones arbitrarias como medio para reprimir la disidencia, han sido vergonzosa y deliberadamente ignoradas por el Gobierno. El gobierno también ha hecho caso omiso de los llamamientos para derogar los marcos jurídicos que violan los derechos civiles y políticos.

A la luz de las terribles violaciones de derechos humanos y de la impunidad, así como de la falta de cooperación, los mandatos del Grupo de Expertos y de la OACNUDH son más importantes que nunca, ya que siguen siendo los únicos mecanismos capaces de reunir pruebas de las violaciones de derechos humanos, informar sobre ellas y formular recomendaciones para que se tomen las medidas necesarias. Instamos al Consejo a que renueve el mandato del Grupo de Expertos por dos años y amplíe el mandato de la OACNUDH.

Le damos las gracias.

Honduras: a un mes del asesinato de 2 defensores del río Guapinol, más de 100 organizaciones de derechos humanos llaman a cumplir con obligaciones internacionales para garantizar el acceso a la justicia y medidas de no repetición

Desde la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS, mostramos nuestra satisfacción por la liberación de las 222 personas presas políticas que habían sido detenidas y declaradas culpables de acusaciones falsas por las autoridades nicaragüenses. Su liberación es un paso en la dirección correcta, y debe ir seguida del cese de todas las restricciones al espacio cívico. Si bien nos alegramos por las personas que han quedado en libertad y por sus familias, nos siguen preocupando los 38 presos políticos que continúan recluidos en condiciones degradantes en el sistema penitenciario del país.

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; Civicus,  IFEX-ALC y Voces del Sur exhortamos a la comunidad internacional a rechazar abiertamente la nueva iniciativa legislativa que habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación.

El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”. Desde su presentación ante el parlamento se plantea un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como “enemigas de la patria”.

Venezuela atraviesa desde hace varios años una crisis estructural con impacto negativo en la garantía de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y con consecuencias a nivel regional por el desplazamiento de millones de personas en condición crítica hacia otros países del continente. Esta situación ha sido atendida por organizaciones de la sociedad civil a través de asistencia social y humanitaria, cuyo trabajo se vería restringido a través de esta ley.

A la fecha de publicación de este comunicado, el proyecto de ley no es de acceso público. Una vez presentada, la propuesta se aprobó de forma inmediata; la Asamblea Nacional no discutió la normativa ni cumplió el proceso establecido en la Constitución para el tratamiento de los proyectos de ley. 

En Venezuela las organizaciones  están sometidas a una serie de registros y cumplen con sus compromisos fiscales. Es el Estado el que impide de facto que nuevas organizaciones se registren o actualicen su documentación al paralizar los procesos en los registros públicos.

La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia. Además, el proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar “datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno. La transparencia es un pilar fundamental del trabajo de la sociedad civil y se ejerce como una buena práctica, sin embargo la obligatoriedad contenida en la ley debe estar enmarcada en garantías institucionales claras, que respeten y protejan de manera efectiva la libertad de asociación.

Pedimos a la comunidad internacional su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región sigan proliferando, ya que solo buscan mermar el espacio cívico en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes e incentivan más acciones de este tipo por parte de sectores de poder con motivaciones cada vez menos democráticas. De aprobarse esta ley, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela estaría bajo una seria amenaza, lo que aumentaría las restricciones en un espacio cívico ya estrecho en el país. 

Una democracia saludable requiere el trabajo de la sociedad civil; personas, organizaciones, movimientos y colectivos para contener el avance de políticas que buscan mermar sus bases, desnaturalizando mecanismos legítimos que al vaciarlos de contenido y convertirlos en  instrumentos para conservar y aumentar el poder lo único que logran es sacrificar a quienes ejercen de manera legítima sus derechos.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

Desde CIVICUS expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas que se manifiestan en Perú tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo. Hacemos un llamamiento a las autoridades del país para que eliminen las restricciones indebidas al espacio cívico y garanticen que las personas puedan ejercer plenamente sus libertades fundamentales en el contexto de la crisis política.

Declaración conjunta durante el Diálogo Interactivo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre Nicaragua
Orador: Juan Carlos Arce

Doy esta declaración en nombre de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales, de las cuales 12 conforman el Colectivo 46/2, coalición que monitorea la cooperación de Nicaragua con el sistema de derechos humanos de la ONU.

Nuestro léxico carece de términos apropiados para caracterizar el sufrimiento que el pueblo nicaragüense ha atravesado desde la represión a las protestas de abril de 2018, y la gravedad y amplitud de la crisis de derechos humanos a manos del gobierno en Nicaragua.

Con más de 150.000 nicaragüenses en el exilio, los nicaragüenses son la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022, después de los venezolanos y ucranianos según el ACNUR.

Las elecciones municipales del 6 de noviembre resultaron en el control absoluto por el partido gobernante sobre los 153 municipios del país, en un proceso “caracterizado por la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles”, según la OACNUDH. Los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte siguen expuestos a ataques generalizados por colonos armados en sus territorios, con 90 ataques documentados desde 2018, incluyendo 32 asesinatos, según organizaciones locales. Con la cancelación de la personería jurídica de más de 2500 organizaciones de la sociedad civil, ONU y CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han denunciado un “claro patrón de represión del espacio cívico” en contra de las voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil, académicos, estudiantes e integrantes de la Iglesia Católica. Hoy día, el gobierno detiene a cerca de 235 personas presas políticas, en condiciones inhumanas.

Ante ello, la negativa excepcional del gobierno a cooperar con los organismos de derechos humanos de la ONU es condenable. Los dos comités de órganos de tratado de la ONU contra la tortura denunciaron de forma inédita la negativa del gobierno a cooperar, mientras las autoridades también rechazaron revisiones por cuatro otros comités de derechos humanos de la ONU en el último año. Expertos de la ONU de cinco mandatos de “Procedimientos Especiales” también emitieron reiteradas solicitudes de visitas al país, sin recibir respuesta. El análisis de la sociedad civil con base en información de la ONU y del sistema Inter-Americano también denota la falta de implementación absoluta por el gobierno de las 14 recomendaciones de la resolución 49/3 de este Consejo de Derechos Humanos. Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).

Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas.

¡Libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua!

Organizaciones firmantes:

• Colectivo 46/2: Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre)
• Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
• Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
• IFEX-ALC International Federation for Human Rights (FIDH)
• International Network of Human Rights Europe (RIDHE)
• International Service for Human Rights (ISHR)
• Mesoamerican Women Rights Defenders Initiative (IM-Defensoras)
• The International Institute on Race, Equality and Human Rights
• Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
• Urnas Abiertas
• World Organisation Against Torture (OMCT)

Otras organizaciones:

• CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation
• Diakonia Due Process of Law Foundation (DPLF)
• FIAN International
• Global Centre for the Responsibility to Protect
• International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
• International Commission of Jurists (ICJ)
• Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI)
• Protection International Mesoamérica
• The International Institute on Race, Equality and Human Rights
• The Washington Office on Latin America (WOLA)
• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA)
• Women's Link Worldwide

Nicaragua Lucha, incluyendo organizaciones miembros:

• Acción Penal
• Articulación de Movimientos Sociales
• Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX)
• Organización Víctimas de Abril (OVA)
• Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)
• Popol Na
• Unidad de Registro (UDR)
• Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses

Actualización del Alto Comisionado acerca de la situación en Nicaragua

🇳🇮#SOSNicaragua: Nos preocupa el creciente número de desplazados forzosos y los + de 240 presos políticos recluidos en condiciones degradantes y tratados cruelmente en las cárceles del país.
¡Pedimos urgentemente la libertad de todxs lxs presxs políticxs! https://t.co/07AZzoF28z pic.twitter.com/mBpfAoBcSV

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 15, 2022

Leída por Amaru Ruiz Aleman

Hago esta declaración en nombre de la Asociación Red Local, miembro de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONGs.

Expresamos nuestra preocupación por la situación de los más de 240 presas y presos políticos que se encuentran en condiciones degradantes y reciben tratos crueles en diversos centros carcelarios del país.

En las elecciones municipales recientes el gobierno de Ortega se aseguró el control de forma arbitraria y poco transparente de los 153 municipios del país, restringiendo de esta forma, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos nicaragüenses.

Debido las diversas violaciones a los Derechos Humanos, más de 150.000 nicaragüenses viven en el exilio sin poder regresar a Nicaragua y más de 3206 organizaciones de la sociedad civil y 55 medios de comunicación han sido cancelados en un esfuerzo concertado del gobierno de Nicaragua por eliminar todas las voces que opinan y piensan diferente.

Solicitamos a los miembros de este Consejo apoyen y refuercen la resolución sobre Nicaragua en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de marzo 2023 para dar continuidad al esfuerzo del Grupo de Expertos y el mandato de supervisión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Con especial atención en las restricciones del espacio cívico, las condiciones las personas presas políticas y la situación de las familias desplazadas forzosamente.

¡Libertad para todas los presos y presas políticas en Nicaragua!

En el Día de los Pueblos Indígenas, que se celebra este 9 de agosto, la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS insta a las autoridades mexicanas a liberar de forma inmediata e incondicional a la activista indígena por el derecho a la tierra Kenia Hernández, y a liberar a todos los activistas indígenas que se encuentran encarcelados por su labor de protección y defensa de los derechos humanos.

Según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales. 

Publicado a mediados de 2022, el Informe sobre el estado de la sociedad civil refleja un momento de inmensa agitación y confrontación. La guerra ilícita de Rusia contra Ucrania ha asolado la vida de millones de personas y también está repercutiendo en todo el mundo, ya que el aumento de los precios de los alimentos y el combustible está aumentando la miseria de las comunidades ya afectadas por los efectos de la pandemia y las condiciones meteorológicas extremas causadas por el cambio climático.

No obstante, el informe considera esperanzadoras las numerosas movilizaciones por el cambio en todo el mundo: las protestas masivas, las campañas y los movimientos populares por la justicia, y las numerosas iniciativas de base que defienden los derechos y ayudan a los más necesitados. La sociedad civil está luchando por todos los medios disponibles para lograr un cambio.

Cinco tendencias clave

El informe identifica cinco tendencias fundamentales de relevancia mundial:

1. El aumento del coste del combustible y de los alimentos provoca el enfado de la población y las protestas por la mala gestión económica
2. La democracia está siendo atacada, pero se siguen consiguiendo cambios positivos
3. A pesar de los ataques, se está avanzando en la lucha contra la desigualdad social
4. La sociedad civil mantiene la presión sobre la acción climática
5. Las crisis actuales ponen de manifiesto las deficiencias del sistema de gobernanza internacional

1. El aumento del coste del combustible y de los alimentos provoca el enfado de la población y las protestas por la mala gestión económica
Los gobiernos de todo el mundo no están protegiendo a la población de los impactos de las subidas masivas de precios agravadas por la invasión rusa de Ucrania. La ira de la población ante un sistema económico disfuncional, la pobreza y la desigualdad económica y la corrupción va en aumento. El resultado son las protestas masivas. En Sri Lanka, las protestas generalizadas contra la mala gestión económica llevaron a la dimisión del primer ministro. En Irán, la gente exige un cambio fundamental mientras los precios de los alimentos se disparan. En Kazajstán, más de 200 personas murieron impunemente tras las protestas por la subida del precio del combustible. Pero la gente seguirá protestando por necesidad, incluso en los muchos países donde las libertades fundamentales están siendo reprimidas y la violencia del Estado resulta inevitable.

2. La democracia está siendo atacada, pero se siguen consiguiendo cambios positivos
Las instituciones y las tradiciones democráticas están siendo cada vez más atacadas. Los golpes de Estado están poniendo en peligro los logros que tanto costó conseguir. Los militares han ganado poder en muchos países, como Burkina Faso y Sudán. En otros, como El Salvador y Túnez, los presidentes electos están eliminando los controles democráticos al poder. Se han celebrado elecciones totalmente fraudulentas en países tan diferentes como Nicaragua y Turkmenistán. Los nacionalistas autocráticos han triunfado en las elecciones de países como Hungría y Filipinas. Pero al mismo tiempo se han producido movilizaciones exitosas para defender la democracia, sobre todo en la República Checa y Eslovenia, donde la gente expulsó a los líderes políticos que fomentaban la división en favor de alternativas nuevas y amplias. Líderes progresistas que prometen avanzar en la justicia social han ganado el poder en países como Chile y Honduras. En muchos contextos, como en Costa Rica y Perú, el sentimiento de insatisfacción que prevalece está llevando a un rechazo de quienes están en el poder y a la voluntad de aceptar a los candidatos que se presentan como outsiders y que prometen disrupción.

3. A pesar de los ataques, se está avanzando en la lucha contra la desigualdad social
En tiempos de turbulencia política, y a pesar de la fuerte presión de los grupos antiderechos, se han logrado avances en la defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQI+. Estados Unidos, donde las fuerzas neoconservadoras se sienten fortalecidas, está cada vez más aislado en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos, ya que otros países de América, como Colombia y México, han flexibilizado las restricciones al aborto gracias a la labor de la sociedad civil. Los políticos oportunistas continúan tratando de sacar provecho político denigrando a las personas LGBTQI+, aunque a nivel mundial se está extendiendo la estandarización de los derechos LGBTQI+. Recientemente, el pueblo suizo votó por abrumadora mayoría a favor de una ley de matrimonio igualitario. Incluso en contextos hostiles, como Jamaica, se han producido importantes avances gracias a la participación de la sociedad civil en los sistemas regionales de derechos humanos. Pero cuando se trata de luchar por los derechos de las personas migrantes, sólo se recibe a las personas refugiadas de Ucrania en Europa con la compasión que merecen estas personas, mientras que el sentimiento predominante a nivel mundial es la hostilidad. A pesar de ello, una nueva generación está impulsando movimientos que promueven la justicia racial y exigen equidad para las personas excluidas.

4. La sociedad civil mantiene la presión sobre la acción climática
Una generación joven y diversa es la misma fuerza social que continúa agitando el cambio climático. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se hacen más frecuentes, el peso de la crisis climática sigue recayendo de forma desproporcionada en las poblaciones más excluidas, que son las que menos han hecho para provocar el problema. Los gobiernos y las empresas no actúan, y los movimientos de la sociedad civil exigen medidas urgentes de reducción de las emisiones para hacer frente a la magnitud del problema, por ejemplo, mediante marchas masivas, huelgas climáticas y desobediencia civil no violenta. Además, aumentan los procesos judiciales relacionados con el clima, que han dado lugar a importantes avances legales, como la sentencia de los Países Bajos que obligó a Shell a comprometerse a reducir sus emisiones. El activismo de los accionistas frente a las empresas de combustibles fósiles y sus financiadores se está intensificando, y los fondos de pensiones reciben cada vez más presiones para desprenderse de los combustibles fósiles.

5. Las crisis actuales ponen de manifiesto las deficiencias del sistema de gobernanza internacional
La guerra de Rusia contra Ucrania es la última crisis, junto con los recientes conflictos en el Sahel, Siria y Yemen, entre otros, que pone de manifiesto el fracaso de las instituciones mundiales a la hora de proteger a las personas y prevenir los conflictos. El Consejo de Seguridad de la ONU está paralizado por el papel de veto de Rusia como uno de sus cinco miembros permanentes, a pesar de que una sesión especial de la Asamblea General de la ONU produjo una resolución de condena de la invasión. Rusia ha sido suspendida, con razón, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero este órgano esencial en materia de derechos humanos sigue estando dominado por Estados que violan los derechos. Para que la ONU pase de ayudar a prevenir las crisis a tratar de reaccionar ante ellas, es necesaria la participación efectiva de la sociedad civil. El mundo actual, caracterizado por la crisis y la volatilidad, necesita una ONU dispuesta a trabajar con la sociedad civil, ya que ésta sigue buscando y asegurando un progreso vital para la humanidad.

Acerca del informe
Este es el undécimo informe anual sobre el estado de la sociedad civil, publicado por la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. El informe de este año tiene un formato más breve y accesible. Se basa en las historias publicadas por nuestra iniciativa de comentarios y análisis continuos, CIVICUS Lens, y en más de 120 entrevistas con activistas, líderes y expertos de la sociedad civil que están cerca de los temas importantes del día.

Acerca de CIVICUS
CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS cuenta con más de 10.000 miembros en todo el mundo.

Andrew Firmin, redactor jefe de CIVICUS
Ines Pousadela, asesora principal en materia de investigación de CIVICUS
Para consultas relacionadas con los medios de comunicación y entrevistas, contactar con 

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, entre las que se incluyen organismos nacionales de todo el mundo, nos unimos en nuestra condena de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, que constituye una flagrante violación del derecho internacional. Condenamos los ataques de las fuerzas rusas contra la población civil y las infraestructuras, que suponen crímenes de guerra.

La alianza global de la sociedad civil CIVICUS se solidariza con el pueblo ucraniano y pide una respuesta internacional rápida, unificada y dirigida a Rusia.

Según la alianza global de la sociedad civil CIVICUS, el brutal asesinato del defensor de los derechos humanos Francisco Vázquez en Morelos, México, perpetrado por hombres armados no identificados, debe empujar a las autoridades a que hagan rendir cuentas a los responsables y a poner fin a estos actos de violencia irracional contra los defensores de los derechos humanos y otros colectivos.

El proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros propicia el cierre del espacio de la sociedad civil en El Salvador, denunció una coalición de diecisiete organizaciones de derechos humanos. El Estado debe garantizar los derechos a la libertad de asociación y a defender derechos humanos, señalaron.

El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa de El Salvador despierta fantasmas conocidos en la región y en el mundo donde este tipo de leyes se están convirtiendo en la herramienta multifuncional de los regímenes autoritarios. Con un texto similar a la restrictiva Ley de Regulación de Agentes Extranjeros vigente en Nicaragua desde octubre de 2020, con la que se ha fomentado la criminalización de la disidencia en ese país gobernado por un régimen autoritario, el proyecto de ley salvadoreño incluye directrices orientadas a controlar, fiscalizar, cancelar la personería jurídica y criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes que trabajan en el país en caso de no cumplir con lo estipulado en la ley. 

Si bien las discusiones e inminente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros fue puesta en pausa el 23 de noviembre de 2021 ante la profunda preocupación expresada por organismos internacionales de derechos humanos y el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que el país necesita de dicha ley y que hay límites a lo que puede cambiar la presión internacional. 

Leyes como la que propone aprobar el Estado de El Salvador son contrarias a los tratados internacionales en materia de derechos humanos por ser violatorios de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos. El proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es un grave indicador del inminente cierre de los espacios de la sociedad civil en El Salvador y representa una amenaza a la labor de promoción de la participación ciudadana y la libertad de expresión, elementos pilares de un sistema democrático.

En este sentido, las organizaciones firmantes recuerdan que el derecho a defender derechos humanos es ampliamente reconocido por los organismos internacionales de protección. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen de manera esencial al fortalecimiento del Estado de Derecho, cuestionando la impunidad y activando los mecanismos que mantienen vivos los sistemas democráticos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes se suman al llamado realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la comunicación realizada por diversos Expertas y Expertos de las Naciones Unidas y urgen a las autoridades legislativas a abstenerse de aprobar la ley propuesta, en cumplimiento con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

Organizaciones firmantes:

1. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos 
2. FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
3. Action Solidarité Tiers Monde (ASTM)
4. Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
5. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
6. CIVICUS
7. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) – Euskadi
8. CooperAcció
9. Diakonia 
10. ForumCiv
11. Front Line Defenders
12. IM Sweden
13. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
14. Mundubat
15. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
16. Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
17. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Óscar Romero” (SICSAL)

• El juicio de los defensores de los derechos humanos de Guapinol comienza hoy, 1 de diciembre, tras dos años de detención ilegal.
• Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS.
• La Organización de Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y exige su liberación.
• Honduras ha sido nombrada recientemente por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
• Honduras es uno de los lugares más peligrosos para las personas que defienden los derechos medioambientales.

Tras más de dos años en prisión preventiva, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) van a ser juzgados este 1 de diciembre de 2021 en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

" Las autoridades hondureñas siguen adelante con el juicio, a pesar de que grupos de la sociedad civil de Honduras y miembros de la comunidad internacional han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la prolongada detención y la persecución judicial de los ocho defensores de los derechos humanos. El proceso judicial ha sido irregular hasta ahora, y los defensores de los derechos humanos deben ser puestos en libertad inmediatamente", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente. En octubre de 2021, Honduras fue nombrada por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

" Honduras sigue ignorando las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y transmite un mensaje contradictorio sobre sus compromisos en materia de derechos humanos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", continuó David.

Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y lucha por su liberación.

CIVICUS hace un llamamiento al nuevo gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor.

Los líderes filantrópicos instan a los gobiernos a defender la democracia y los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil contra las políticas represivas.

El 17 de noviembre de 2021, once organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos^[1]presentaron un escrito de amicus curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras, rechazando la injusta y extensa detención preventiva de los activistas de derechos humanos conocidos como los defensores del Medio Ambiente del Río Guapinol. Los Defensores han pasado más de dos años en prisión preventiva por hechos relacionados con una protesta pacífica para proteger las fuentes de agua del Parque Nacional Carlos Escaleras. El escrito argumenta que la extensa detención preventiva ha violado los derechos humanos constitucionales e internacionales de los defensores. Pese a ello, los tribunales hondureños han rechazado repetidamente los intentos de liberar a los defensores, como ocurrió recientemente mediante una decisión del Tribunal de Sentencia de Trujillo del 27 de octubre de 2021. El juicio del caso está programado ser conocido por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba a partir del 1 de diciembre de 2021.

El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril del 2018.  Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas. 

Mientras el Presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, así como también otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Estas violaciones de derechos humanos han afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, respecto de quienes se ha reportado un impacto diferenciado.

Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos 7 candidatos presidenciales. Algunas de estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante meses y semanas. Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos,  facilitada por la falta de independencia judicial y  por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional, que ha sancionado leyes que violan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a votar y postularse para cargos públicos en elecciones libres y justas. 

Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la  crisis de derechos humanos.

1. DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS

Desde el 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente desde hace tiempo en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. 

El Estado nicaragüense debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a y ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad.

2. FALTA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios. Frecuentemente, las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección. La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección.

Asimismo, las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales. 

El Estado nicaragüense debe garantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral.

3. VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Como parte de esta táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación. 

Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.

Además, el gobierno sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de la comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo investigaciones administrativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautación de sus bienes. En este preocupante escenario, no sólo se violan los derechos de los profesionales y medios atacados, sino que también se ve limitado el acceso a la información de la población en general, lo cual es clave para el adecuado ejercicio de los derechos políticos. 

El Estado nicaragüense debe proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral. Además, debe detener el hostigamiento, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado.

4. VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS

El gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos. A su vez, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos de oposición, impidiéndoles participar de las elecciones. 

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde fines de mayo. Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos. 

Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantizaría el pleno ejercicio de los derechos políticos.

El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación.

El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

5. FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA 

En respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos. De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma. 

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifiestan y promueven el respeto a los derechos humanos ha continuado.  

El reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.

El Estado nicaragüense debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral.

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CIVICUS

Human Rights Watch

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Organización Mundial Contra la Tortura

People in Need

Red Internacional de Derechos Humanos

Women’s Link Worldwide

- Hoy se cumplen exactamente dos años desde que los defensores de los derechos humanos de Guapinol fueron encarcelados
- Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS
- Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y pide su liberación
- Este mes de agosto, han ampliado ilegalmente su detención a seis meses más
- Honduras es uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos medioambientales

Desde hace dos años, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) están en prisión preventiva en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

"No hay absolutamente ninguna base para que Honduras detenga a los ocho defensores de los derechos humanos y los siga manteniendo en prisión preventiva. A pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, incluidos los de los organismos de las Naciones Unidas, para que sean liberados, las autoridades hondureñas siguen haciendo caso omiso del Estado de derecho y los mantienen retenidos desde hace dos años", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente.

"La continua detención de los defensores de los derechos humanos de Guapinol viola los derechos humanos regionales e internacionales de Honduras y expone a los defensores a graves riesgos de salud en el contexto de una pandemia mundial", continuó David.

Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y pide su liberación.

CIVICUS hace un llamamiento al gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor

La alianza global de la sociedad civil CIVICUS se muestra seriamente preocupada por la prolongada detención del defensor de los derechos humanos nicaragüense, Medardo Mairena Sequeira. Medardo fue detenido hace un mes durante una oleada de arrestos de activistas y personas que manifestaron su deseo de presentar su candidatura a la Presidencia en el contexto de las elecciones presidenciales, previstas para noviembre de 2021.

“El presidente Daniel Ortega lleva demasiado tiempo utilizando los mecanismos del Estado en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la oposición política, con el fin de reprimir la libertad de expresión y prolongar su permanencia en el poder. Ahora, a pocos meses de las elecciones de noviembre de 2021, este recrudecimiento de la represión pretende silenciar a la oposición política para garantizar su victoria cuando los nicaragüenses voten. La comunidad internacional debe tomar medidas ahora para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos”, ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y de campañas de CIVICUS.

Además de Medardo, entre los detenidos se encuentran los dirigentes sindicales Freddy Navas Lopes, Pablo Morales y Pedro Joaquín Mena. La mayoría de los detenidos están acusados de complicidad en el secuestro y asesinato de policías en 2018 durante las protestas multitudinarias que recorrieron Nicaragua ese año. Las autoridades afirman que están investigando a los detenidos por incitación a la injerencia extranjera y violación de la soberanía nacional.

Asimismo, la policía realizó una redada en el domicilio de las líderes feministas Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, a las que arrestó. Ambas son miembros del partido de la oposición “Unamos”. Los dirigentes y miembros de Unamos han sido, desde hace varios meses, víctimas de detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Las autoridades también han prohibido viajar a otros miembros de la oposición política y de la sociedad civil, además de congelar sus cuentas bancarias.

Contexto

Desde 2018, el gobierno del presidente Ortega ha desencadenado una crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la oposición política han sido víctimas de actos de intimidación, arrestos y detenciones por parte de agentes de seguridad. En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una Resolución en respuesta a las violaciones de derechos humanos que renueva y refuerza el escrutinio de Nicaragua. En febrero de 2021, también se incluyó a Nicaragua en la Lista de Vigilancia (Monitor Watch List) de CIVICUS, a causa de la preocupación suscitada por el rápido deterioro del espacio cívico del país. A unos meses de las elecciones de noviembre, las autoridades han aumentado sus ataques contra miembros de la oposición política, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

El espacio cívico de Nicaragua se clasifica como "represivo" por el CIVICUS Monitor, nuestra plataforma en línea que evalúa el estado de las libertades cívicas en todos los países.

*Crédito de la foto: Jorge Mejía peralta

Declaración en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

 Leída por: Óscar Eduardo Ramírez, Campaña Defender la Libertad

Como se enfatiza en el informe de la Relatora saliente, la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas y, si no se toman acciones de carácter urgente, nos enfrentaremos a una epidemia de asesinatos perpetrados por la policía a una escala sin precedentes. 

🚨#SOSColombiaDDHH
Hacemos un llamamiento al gobierno de @IvanDuque para que detenga inmediatamente los brutales ataques y asesinatos de manifestantes.
Aquí nuestra declaración: https://t.co/8hjek6eaRS pic.twitter.com/0UEHxFqkhG

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) May 5, 2021

Las autoridades colombianas deben dejar de reprimir brutalmente a las personas que protestan e investigar los asesinatos, ataques y uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares contra los manifestantes, dijo la alianza global de la sociedad civilCIVICUS. 

Desde el 28 de abril, los colombianos han salido a las calles para exigir justicia social y oponerse a una reforma tributaria. Las protestas tienen lugar en un contexto de creciente desigualdad y violencia, provocadas por el fracaso en la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y exacerbadas por la pandemia. Los manifestantes han sido fuertemente reprimidos  por la policía en varias ciudades    del país. Los militares han sido desplegados para vigilar las protestas, lo cual solo está permitido en casos excepcionales y de forma temporal de acuerdo con el derecho internacional.

El domingo 2 de mayo, el presidente de la República Iván Duque Márquez retiró el polémico proyecto de ley de reforma tributaria, pero las protestas han continuado. La semana pasada el DANE  (el organismo de estadísticas de Colombia) anunció que la pobreza aumentó en 2020, afectando a casi la mitad de la población.  La creciente desigualdad ha intensificado los disturbios y la violencia en el país. 

Las organizaciones de la sociedad civil en Colombia han condenado graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la represión violenta de las protestas, el asesinato y desaparición de manifestantes, los abusos sexuales, la detención arbitraria y el uso de armas de fuego.

El uso de la violencia contra los manifestantes se produce en un contexto de fuerte estigmatización contra los manifestantes. La sociedad civil en Colombia ha  condenado los  pronunciamientos del gobierno nacional y local contra la movilización,  que comparó a los manifestantes con "vándalos" y  sugirió que están vinculados a grupos armados ilegales.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijo  que mientras estaban en una misión de verificación la noche del 3 de mayo, la policía abrió fuego contra los manifestantes, al parecer matando e hiriendo a varias personas en la ciudad de Cali. Grupos de derechos humanos que acompañaban al ACNUDH fueron atacados, amenazados y recibieron disparos por parte de la policía. Así lo  confirmó  la representante del ACNUDH en Colombia, Juliette de Rivero, quien agregó que ninguno de los miembros de la misión resultó herido.

En una semana de protestas, las organizaciones que hacen monitoreo han documentado cientos de violaciones de los derechos humanos. Hasta el 3 de mayo, el Defensor del Pueblo de Colombia había  registrado al menos 19 muertos desde el inicio de las protestas, y la sociedad civil informó de más casos que aún no han sido confirmados. El  grupo de derechos humanos Defender la Libertad dice que  unas  300 personas resultaron heridas y casi un millar de manifestantes fueron detenidos.  El grupo de la sociedad civil  Temblores  también documentó nueve casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 56 denuncias de desapariciones durante las protestas. La Fundación  por la Libertad de Prensa (FLIP) también  documentó  70 ataques contra los medios de comunicación.

"Lo que estamos viendo ahora es una escalada de violencia del gobierno Duque contra la movilización social, que cada vez es más letal. La introducción de acciones de "ayuda militar" ha legalizado el uso de la fuerza militar para reprimir el legítimo derecho a protestar y manifestarse pacíficamente", dijo Gina Romero, de la Red para la Democracia-Redlad de América Latina y el Caribe.

"CIVICUS recuerda al gobierno de Colombia que la libertad de reunión pacífica es un derecho humano fundamental articulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) de las Naciones Unidas. El derecho a reunirse para expresar puntos de vista colectivos es una piedra angular de una sociedad libre y abierta",  dijo Natalia Gómez Peña, Oficial de Promoción y Campañas de CIVICUS para América Latina.

"Incluso si una asamblea incluye participantes violentos, los estándares internacionales de derechos humanos no permite a las autoridades usar fuerza excesiva contra los manifestantes. Al usar la fuerza, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y sus oficiales no deben usar armas de fuego para dispersar a las multitudes y no pueden usar indiscriminadamente armas no letales como gases lacrimógenos", continuó Gómez Peña.  

CIVICUS hace un llamado al gobierno colombiano para que garantice el derecho a la manifestación pacífica, la libertad de expresión, la seguridad, la vida y la integridad de todas las personas que participan en la huelga nacional.

Colombia es calificada como REPRIMIDA  por el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que mide el estado de las libertades cívicas, incluyendo las libertades de expresión, reunión y asociación, en todos los países.

Entrevistas

Las entrevistas están disponibles con:

• Natalia Gómez Peña, Oficial de Promoción y Campañas de CIVICUS para AméricaLatina;
• Gina Romero, de la Red para la Democracia de América Latina y el Caribe-Redlad.

Póngase en contacto con:   o 

ACERCA DE CIVICUS

CIVICUS es una alianza global de organizaciones y activistas de la sociedad civil, dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS cuenta con más de 10.000 miembros en todo el mundo.

La comunidad internacional debe exigir responsabilidad al Gobierno cubano por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes.

Veinticinco años después de la ratificación de la Plataforma de Acción de Beijing, y un año después de que mujeres de todo el mundo participaran en la Huelga Mundial de Mujeres, la justicia de género sigue sin ser una realidad para la mayoría de las mujeres.Type a message. A pesar de que numerosas movilizaciones masivas han sido lideradas por mujeres en todo el mundo y de que hemos presenciado múltiples campañas e intervenciones políticas lideradas por mujeres de la sociedad civil, activistas y abogadas, la lucha de las mujeres por conseguir la plena igualdad continúa.

El gobierno de #Honduras no ha implementado la mayoría de las recomendaciones de la #ONU para proteger a la sociedad civil y continúa siendo uno de los países más peligrosos para activistas y periodistas.@inespousadela presenta nuestra declaración en el #HRC46 @REDLADoficial pic.twitter.com/8D8g0orRGe

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) March 17, 2021

Declaración en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos - Adopción de resultados para Honduras

Gracias, Señor presidente.

CIVICUS, ASONOG y RedLad celebran el compromiso del gobierno de Honduras con el proceso del EPU. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que desde su anterior revisión Honduras no ha implementado 19 de las 30 recomendaciones recibidas en relación con el espacio cívico, y que sólo ha implementado parcialmente ocho.

Como detalla nuestra presentación, la legislación hondureña limita la libertad de asociación de los trabajadores. Además, para quienes trabajan en temas políticamente sensibles el disfrute de esta libertad está limitado en la práctica, a menudo como resultado de la intervención de actores no estatales. Aunque ha habido cambios positivos en el marco legal, la labor de las OSC siguió viéndose perjudicada por factores extralegales. La acción de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de la tierra, así como de estudiantes y personas defensoras LGBTQI+, también es obstaculizada por la criminalización, la persecución penal, el acoso y la vigilancia. Aunque Honduras estableció un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, no ha logrado asegurar su efectividad. Sus altos y persistentes niveles de violencia hacen de Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para la labor de derechos humanos y el periodismo.

Como también lo documenta nuestro informe, el Código Penal de 2019 mantuvo los delitos de calumnia e injuria, que siguieron siendo utilizados contra periodistas, y el derecho de acceso a la información consagrado legalmente continuó restringido por la llamada Ley de Secretos Oficiales.

El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa sometido a barreras legales y de hecho. Las manifestaciones pacíficas, en particular las de los movimientos estudiantiles, indígenas, campesinos y ambientales, son a menudo disueltas de forma arbitraria y violenta. Persiste el vacío legal en cuanto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad por los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos.

Acogemos con beneplácito las recomendaciones realizadas a Honduras en este ciclo para abordar estas preocupaciones y pedimos al Gobierno de Honduras que tome medidas proactivas para implementarlas, de modo de crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil. Además, pedimos a los Estados que hicieron dichas recomendaciones que aseguren un seguimiento de su implementación.

Muchas gracias.

El espacio cívico en Honduras está calificado como represivo por el CIVICUS Monitor 

Declaración en el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Este Consejo ha identificado las restricciones a las libertades fundamentales como una señal de alarma de una inminente crisis de derechos humanos. Cinco países han sido destacados en la última lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, la cual pone el punto de mira un grupo de países en los que se ha producido un rápido declive del respeto al espacio cívico.

Entre ellos se encuentra Myanmar, donde un golpe militar ha provocado la muerte de al menos 50 manifestantes y la detención arbitraria de más de mil activistas, manifestantes y políticos, mientras que los periodistas son objeto de ataques diarios.

En Nicaragua se ha producido una represión sistemática de las manifestaciones. Los defensores de derechos humanos, los periodistas y los presuntos opositores políticos sufren criminalización y acoso. Además, una reciente oleada de leyes represivas obstaculiza aún más el espacio cívico.

En Polonia, las autoridades y los grupos de extrema derecha han respondido con una fuerza excesiva a los meses de protestas desencadenadas por la prohibición casi total del aborto. Desde 2015 se han aprobado leyes y reformas que socavan la independencia judicial y el Estado de derecho. Asimismo, la libertad de los medios de comunicación está amenazada.

En Rusia se han producido agresiones a gran escala contra las reuniones pacíficas y los periodistas durante las masivas protestas pacíficas a nivel nacional. Más de 10.000 manifestantes han sido detenidos.

En Togo, donde el espacio cívico se ha visto limitado desde 2017, la detención de un periodista y de sindicalistas y la suspensión de un periódico son ejemplos recientes que ponen de manifiesto el deterioro del respeto a las libertades cívicas.

El Consejo no puede cumplir sus mandatos de protección o prevención a menos que esté preparado para tomar medidas significativas en situaciones que muestren tales señales de alerta. Pedimos que el Consejo lleve a cabo un examen más riguroso de Myanmar y Nicaragua en este periodo de sesiones, y que preste la debida atención a Polonia, Rusia y Togo para evitar el deterioro de la situación sobre el terreno.

Las líderes de la sociedad civil, las activistas, las manifestantes y las defensoras de derechos humanos son esenciales para dar forma a la vida pública, a través de campañas, protestas e intervenciones políticas. En todo el mundo, las mujeres y las niñas están en primera línea de la movilización: por la igualdad, por procesos democráticos significativos, por su libertad de expresión, por espacios más seguros y por un medio ambiente protegido, entre otras cosas. El tema de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65) de este año, que se celebra del 15 al 26 de marzo de 2021, es Mujeres en la vida pública: Igualdad de participación en la toma de decisiones.

Reconociendo la importante labor de las mujeres activistas en todo el mundo, desde CIVICUS, y en colaboración con sus miembros y socios, hemos propuesto las siguientes acciones:

• Mostrar perfiles de mujeres que se movilizan, que son activas en las protestas y en la sociedad civil, así como su papel en la vida pública;
• Formular recomendaciones a los organismos multilaterales y a los gobiernos para conseguir alcanzar los ODS5 y ODS16, a partir de las realidades vividas por las mujeres;
• Continuar incidiendo para que las mujeres que trabajan en la sociedad civil tengan acceso a una participación efectiva, a una adecuada dotación de recursos, trabajos de atención y que su trabajo sea visibilizado.

¿Cómo puedes participar?

A partir de nuestra campaña “16 Días de Activismo”, desde CIVICUS presentaremos historias inspiradoras, amplificaremos las voces de nuestra comunidad de miembros, pondremos especial atención a las mujeres defensoras de los derechos humanos que se encuentran en peligro y continuaremos compartiendo cómo la Covid-19 está afectando al derecho de las mujeres a protestar.

Te invitamos a lo siguiente:

1. Durante la CSW65, del 15 al 26 de marzo de 2021, habla de tu trabajo en las redes sociales - como defensora de los derechos humanos, activista, manifestante - utilizando los hashtags #Wedefend #SheDefends #PublicLife #CSW65
2. Sigue y etiqueta a @CIVICUSespanol o @CIVICUSalliance (Twitter | Facebook) cuando publiques algo durante la CSW65. Promoveremos y compartiremos tantas actividades como podamos.
3. Comparte historias de defensoras de los derechos humanos detenidas arbitrariamente como parte de nuestra campaña #StandAsMyWitness rellenando este formulario para compartir casos documentados de defensoras de los derechos humanos actualmente detenidas.

Leer más

Historias impactantes de mujeres activistas y periodistas que se enfrentan al acoso en Internet. CIVICUS se ha asociado con Global Voices para producir esta serie de artículos: https://civicus.org/index.php/media-resources/op-eds/4951-harassment-goes-virtual-women-activists-and-journalists-speak

Cómo las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mayores riesgos debido a su género, por Masana Ndinga-Kanga http://www.ipsnews.net/2019/05/women-human-rights-defenders-face-greater-risks-gender/

INFORME: En defensa de la humanidad: Las defensoras de los derechos humanos y la lucha contra su silenciamiento https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/3791-in-defence-of-humanity-women-human-rights-defenders-and-the-struggle-against-silencing

Declaración en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 46º período de sesiones;

Agradecemos a la Mision de Determinacion de los hechos por esta oportuna actualización, que asegura que la situación de derechos humanos en Venezuela continúe siendo documentada oportunamente. La Oportunidad de sostener espacios de diálogo más frecuentes ayuda a garantizar un seguimiento independiente y continuo de la implementación de las recomendaciones anteriores.

A pesar de las reiteradas condenas de organismos e instituciones internacionales, las ejecuciones extrajudiciales continuan en Venezuela. Expresamos nuestra preocupacion por los recientes hechos ocurridos en La Vega ,Caracas, donde al menos 650 agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas fueron desplegados debido a presuntos enfrentamientos entre pandillas y policías. Al menos 14 personas fueron asesinadas durante la operación. Las organizaciones de derechos humanos refutan enérgicamente que las muertes fueron el resultado del enfrentamientos. Las pruebas y los testimonios de testigos muestran que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.

Además, la situación del espacio cívico continúa deteriorándose. En medio de la pandemia, las protestas no cesaron. Las organizaciones locales documentaron 412 incidentes en los que manifestantes fueron reprimidos por fuerzas de seguridad pública y grupos paramilitares en 2020. Al menos 415 personas fueron detenidas y 150 heridas. Esto refuerza el patrón de represión y uso excesivo de la fuerza contra quienes toman las calles para reclamar sus derechos.

Continúa la criminalización de defensores de derechos humanos. Estamos profundamente preocupados por la detención de activistas de Azul Positivo, una organización humanitaria que ha estado brindando ayuda humanitaria a comunidades vulnerables en Zulia, particularmente a personas que viven con el VIH / SIDA.

La rendición de cuentas y el fin de la impunidad son fundamentales para proteger a las personas que trabajan en el pais. Le pedimos a la Mision cómo los estados miembros del Consejo pueden apoyar al pueblo de Venezuela impulsando procesos de rendición de cuentas.

El CIVICUS Monitor califica el estado de las libertades cívicas en Nicaragua como REPRESIVO.

Declaración en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Amaru Ruiz, Fundación del Río

La crisis en Nicaragua persiste hasta la fecha, la represión sistemática de las manifestaciones ha suprimido efectivamente las movilizaciones, debido a esto el monitor Civicus ha incluido a Nicaragua en la lista de países de la Lista de Vigilancia. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos se enfrentan a la criminalización y el acoso de agentes de seguridad y grupos civiles pro-gubernamentales. A fines de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que aún había más de 100 presos políticos en Nicaragua. 

Si bien cientos de presos políticos fueron liberados en 2019 y 2020, muchos de ellos aún están siendo sometidos a vigilancia, represalias y re-encarcelamiento. En los últimos meses ha habido un aumento en el uso de cargos penales comunes, como posesión de drogas y armas, para condenar a quienes se perciben como opositores al gobierno mientras niegan su condición de presos políticos.  

Las autoridades nicaragüenses han tratado de silenciar a la prensa independiente, incluso mediante la detención de periodistas y el estrangulamiento. Desde finales de 2020, los legisladores pro-gubernamentales han incrementado los ataques contra la sociedad civil, promulgando una serie de leyes diseñadas para reducir el espacio para las libertades de asociación, reunión y expresión. Este es el caso de la "Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Delitos Cibernéticos y una reforma al Código Penal del país que permite la prisión preventiva sin cargos por hasta 90 días. 

El informe sobre libertad de asociación realizado por Fundación del Rio y Fundación Popolna, puso de manifiesto el proceso de deterioro sistemático del ambiente habilitante para las diversas formas de organizaciones sociales, con patrones de falta de acceso a la justicia y el debido proceso. Esta situación está conduciendo a un eventual cierre forzoso de varias las organizaciones civiles nicaragüense y la salida del país de organizaciones internacionales que no están dispuestas a someterse al marco legal de criminalización que se ha institucionalizado. 

Con las elecciones aun sin garantias y programadas para finales de este año, nos preocupa seriamente que la represión se intensifique, poniendo a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general en mayor riesgo. 

Los estados miembros del Consejo de derechos humanos deben apoyar una resolución firme que exija un mayor monitoreo por parte del alto comisionado para promover los procesos de rendición de cuentas y evitar que la situación se deteriore aún más a medida que Nicaragua se dirige hacia las elecciones. 

Calificación de su espacio cívico: 'Reprimido' del CIVICUS Monitor

La reciente, continuada e injustificada detención de cinco miembros de la ONG venezolana "Azul Positivo" es un hecho más de una serie de amenazas, hostigamientos, ataques, restricciones, represalias y procesos penales contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas, que se ha intensificado desde noviembre de 2020. En los últimos meses y semanas, agentes del Estado han entrado por la fuerza en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil; se han proferido amenazas públicas contra las personas defensoras que han interactuado con los mecanismos de derechos humanos, se han congelado las cuentas bancarias de las ONG y se han emitido órdenes de detención contra lxs trabajadorxs humanitarixs.

11 países empeoran en el informe global sobre libertades cívicas

• Un creciente número de personas viven en países ‘cerrados’, ‘represivos’ y ‘obstruidos’
• Los países que han sufrido retrocesos incluyen Estados Unidos, Ecuador, Chile e Costa Rica
• Las principales violaciones incluyen: detención de personas manifestantes, censura y ataques a periodistas
• Las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica se deterioraron durante la pandemia de COVID-19

Las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión continúan deteriorándose en todo el mundo, de acuerdo con un informe global publicado por el CIVICUS Monitor, una investigación colaborativa que da seguimiento a las libertades fundamentales en 196 países. El nuevo informe, El poder ciudadano bajo ataque 2020, muestra que el número de personas que viven en países con restricciones significativas del espacio cívico continúa aumentando año tras año.

El 87% de la población mundial vive en países con un espacio cívico calificado como ‘cerrado’, ‘represivo’ u ‘obstruido’ -un aumento de más del 4% respecto al año anterior. Más de un cuarto de estas personas vive en países con la peor calificación, ‘cerrado’, países donde regularmente se permite a actores estatales y no estatales encarcelar, herir y asesinar a personas por intentar ejercer sus libertades fundamentales. China, Arabia Saudita, Turkmenistán y otros 20 países se encuentran dentro de esta categoría.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto grave en las libertades cívicas a nivel mundial. En tiempos de crisis, el espacio para el diálogo abierto y constructivo entre los gobiernos y la sociedad civil, así como el acceso a información oportuna y confiable, son fundamentales. Sin embargo, nuestra investigación demuestra que los gobiernos han tomado un rumbo diferente y están usando la pandemia como una oportunidad para introducir o implementar restricciones adicionales a las libertades cívicas.

Nuestros datos muestran que la detención de personas manifestantes y el uso excesivo de la fuerza son las tácticas más comunes utilizadas por las autoridades en el poder para restringir el derecho a la reunión pacífica. Si bien esta violación de derechos ya era común el año anterior, las autoridades han hecho uso de la pandemia como excusa para restringir mucho más este derecho. Censura, ataques a periodistas, y el acoso e intimidación contra personas defensoras de los derechos humanos fueron tácticas habituales documentadas a lo largo del año.

“Utilizar la detención como principal táctica para restringir las protestas solamente demuestra la hipocresía de los gobiernos que emplean la COVID-19 como pretexto para reprimir protestas -es más probable que el virus se propague en espacios confinados como las cárceles”, declaró Marianna Belalba Barrero, Investigadora principal sobre espacio cívico de CIVICUS. “Nuestra investigación refleja una profundización de la crisis del espacio cívico en todo el mundo y resalta cómo los gobiernos están utilizando la pandemia como una excusa para restringir mucho más los derechos, por ejemplo, a través de la aprobación de legislación para penalizar la expresión”.

Este año, once países han empeorado y solo dos han mejorado su calificación. El CIVICUS Monitor está particularmente preocupado por las restricciones al espacio cívico en las Américas, donde cuatro países empeoraron su calificación: Costa Rica, Chile, Ecuador y los Estados Unidos. Asimismo, resulta alarmante el deterioro del espacio cívico en África Occidental, donde cuatro países -Costa de Marfil, Guinea, Níger y Togo- pasaron de ‘obstruido’ a ‘represivo’.

Existe una creciente preocupación sobre el declive de los derechos democráticos y civiles en Europa, donde Eslovenia también empeoró su calificación. El empeoramiento de las condiciones del espacio en Asia sigue siendo motivo de preocupación, donde Filipinas pasa de ‘obstruido’ a ‘represivo’. Oriente Medio y África del Norte, una región donde la mayoría de los países se encuentran en la categoría ‘cerrado’, agrega un país más a la lista, Irak, que pasa de ‘represivo’ a ‘cerrado’.

Con mejoras limitadas pero esperanzadoras, la República Democrática del Congo y Sudán mejoraron su calificación, pasando en ambos casos de ‘cerrado’ a ‘represivo’.

“En la mayoría de las regiones, la situación de las libertades cívicas es sombría este año. En una época en la que los derechos cívicos son más necesarios que nunca para exigir cuentas a los gobiernos, el espacio para hacerlo se encuentra cada vez más restringido. Es crucial que los gobiernos progresistas trabajen de cerca con las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil para detener este declive y ejercer resistencia contra las fuerzas autoritarias”, afirmó Belalba Barreto.

Sin dejarse intimidar por las restricciones, las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil continúan operando, adaptándose y resistiendo. Las protestas masivas fueron a menudo un factor clave que generó cambios positivos. En Chile, las protestas masivas forzaron al gobierno a realizar un referéndum para el cambio de la constitución. En los Estados Unidos, algunos Estados se comprometieron a desmontar o realizar reformas estructurales a sus fuerzas policiales tras las protestas del movimiento Black Lives Matter. Mientras en Malawi, meses de protesta dieron como resultado una histórica repetición de las elecciones presidenciales y la transición de poder.

Más de veinte organizaciones colaboran en el CIVICUS Monitor con el objetivo de proporcionar una base empírica para llevar a cabo acciones destinadas a mejorar el espacio cívico en todos los continentes. El Monitor ha publicado más de 500 actualizaciones sobre el espacio cívico en el último año, las que se analizan en El poder Ciudadano Bajo Ataque 2020. El espacio cívico de 196 países se clasifica como cerrado, reprimido, obstruido, estrecho o abierto, siguiendo una metodología que combina varias fuentes de datos sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión. 

Hoy, en el #DiaDeLosDerechosHumanos hacemos un llamamiento a las autoridades cubanas para detener la represión de los artivistas que reclaman sus derechos civiles y liberar a quienes se encuentran actualmente detenidos o bajo arresto domiciliario.https://t.co/BeKlJMiBFo pic.twitter.com/LtxlWWR1An

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 10, 2020

Las autoridades cubanas deben detener la represión de activistas por los derechos civiles y liberar a quienes se encuentran actualmente detenidos o bajo arresto domiciliario, sostiene la alianza global de la sociedad civil CIVICUS.

16 Días de Activismo que comienzan anualmente el 25 de noviembre y se extienden hasta el 10 de diciembre, este año completan un año caracterizado por una pandemia global que afectó a las familias, las economías y todos los aspectos de la sociedad mundial. En todo el mundo las mujeres dieron un paso al frente cuando los gobiernos y las empresas no lograban actuar. Luego de un año extremadamente duro, en el evento 16 Días de Activismo la Alianza Global de la Sociedad Civil CIVICUS celebra historias inspiradoras de mujeres: activistas involucradas en la protesta, defensoras de los derechos humanos de las mujeres detrás las rejas y organizaciones de mujeres en todo el mundo que trabajan para mitigar los niveles de violencia de género que crecieron durante la pandemia.

CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.

CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.

Lea las recomendaciones completas: 
https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf 

Las autoridades hondureñas deben actuar para proteger a los defensores del medio ambiente en la comunidad de Guapinol e investigar las amenazas y el acoso contra ellos, según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. El 14 de octubre de 2020, Arnold Joaquín Morazán Erazo, una de las 32 personas criminalizadas por protestar contra un proyecto minero en la zona, fue asesinado por pistoleros desconocidos en su casa de Guapinol.

El asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo ocurrió en momentos en que están por iniciarse nuevas audiencias judiciales en el caso Guapinol y se desarrolla en un contexto de extrema violencia contra la comunidad y los defensores y defensoras de derechos huamnos. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), una organización que ha estado trabajando por la protección del río Guapinol, ha denunciado que estos eventos son parte de una campaña para desestabilizar a la comunidad y provocar miedo con la esperanza de poner fin a la resistencia al proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Aunque Arnold Joaquín no era miembro de la CMDBCP había participado activamente en las protestas contra el proyecto minero en 2018. Días antes del asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo, la CMDBCP denunció un aumento de la vigilancia e intimidación por parte del ejército y la policía en Guapinol ; este patrón de acoso ha persistido después de su asesinato.

CMDBCP también ha denunciado hostigamientos y amenazas online contra el comité y defensores de derechos humanos de la zona. Se ha informado de estas campañas de difamación a la Fiscalía de Derechos Humanos, que hasta ahora no ha iniciado una investigación.

“Los Defensores del Agua de Guapinol sufren continuamente estigmatización y acoso por su trabajo de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Las autoridades hondureñas deben garantizar una investigación inmediata y exhaustiva sobre las amenazas contra los defensores del medio ambiente y hacer más para proteger sus vidas ”, dijo Natalia Gómez, Oficial de Campañas e incidencia para América Latina de CIVICUS.

El 15 de octubre el equipo legal de los #DefensoresDelAgua de Guapinol presentó una nueva solicitud de audiencia para revisar la detención de 8 defensores encarcelados. CIVICUS hace un llamado a las autoridades hondureñas para que los pongan en libertad y garanticen el derecho a la protesta pacífica y de asociación.

Antecedentes

El 7 de septiembre de 2018, decenas de guardias de seguridad armados de la empresa minera Los Pinares acudieron para intimidar un campamento pacífico en la comunidad de Guapinol que había sido instalado para manifestarse contra una mina de óxido de hierro que opera ilegalmente en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Tras la protesta pacífica, 13 defensores de Guapinol fueron acusados ​​de incendio provocado y privación ilegal de libertad. El 1 de septiembre de 2019, un juez ordenó la prisión preventiva de 8 defensores. Los 8 defensores han estado en la cárcel durante más de un año a pesar de que sus cargos (incendio provocado agravado y privación injusta de libertad) no suelen dar lugar a encarcelamiento.

El caso de los #DefensoresDelAgua de Guapinol es parte de la campaña #ConvierteteEnMiTestigo de CIVICUS, que pide la liberación inmediata de los defensores de derechos humanos y el fin de su persecución. También pide a los estados, autoridades y corporaciones multinacionales que garanticen actividades pacíficas de derechos humanos, sin temor a represalias e intimidación.

Para obtener más información sobre las violaciones del espacio cívico, visite la página del país de Honduras en el Monitor CIVICUS

ACERCA DE CIVICUS

CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS tiene más de 10,000 miembros en todo el mundo.

El CIVICUS Monitor es una plataforma participativa en línea que monitorea las libertades cívicas, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión, en 196 países de todo el mundo.

La “recuperación” del Covid-19 debe impulsar la lucha contra la desigualdad

CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.

CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.

Lea las recomendaciones completas: 
https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf 

En respuesta a la elección de Cuba para su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos, 85 organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos y libertad de expresión en conjunto con medios independientes de comunicación emitieron la siguiente declaración:  

Nos preocupa profundamente la decisión de otorgarle a Cuba una nueva oportunidad para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos.  Esto no sólo recompensa el pobre historial de Cuba en materia de derechos humanos, sino que también socava la integridad del Consejo para responsabilizar a los gobiernos abusivos por sus acciones en la región y en todo el mundo.  

Las naciones que tienen el honor de integrar el Consejo deben comprometerse con el derecho internacional de los derechos humanos. Los miembros del Consejo deben asegurarse de que Cuba no eluda la responsabilidad de su propia conducta ni utilice su asiento para debilitar estas normas internacionales. Como organizaciones dedicadas a la protección y promoción de derechos humanos estaremos vigilantes, monitoreando las acciones de Cuba dentro del Consejo, certificando que los derechos humanos y las libertades fundamentales están siendo respetados y protegidos.  

Antecedentes  

En octubre 13 de 2020, en la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional otorgó a Cuba un nuevo asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Desde su fundación en 2006, Cuba ocupó, en cuatro mandatos, uno de los ocho puestos del Consejo de Derechos Humanos correspondientes a América Latina y el Caribe. En los 12 años de Cuba en el Consejo, el país solo apoyó 66 de las 205 resoluciones aprobadas en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo.   

En los tres ciclos del Examen Periódico Universal Cuba ha recibido severos señalamientos sobre violaciones a la libertad de asociación y expresión, persecución política, detenciones arbitrarias, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero, ausencia de independencia judicial, censura, control de Internet y escasa pluralidad de medios de comunicación. En julio de 2020, estas violaciones incluso se manifestaron públicamente en el Consejo de Derechos Humanos cuando el representante cubano y sus aliados censuraron al defensor de derechos humanos, Ariel Ruiz Urquiola, mediante constantes interrupciones mientras hablaba sobre los crímenes cometidos contra él y su hermana por el gobierno cubano. 

  Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al país al Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos por delitos de carácter político, no ha logrado ingresar a la isla desde 1989. Cuba es también el único país de la América que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990.   

En el informe “Libertad en el Mundo 2020” de Freedom House, Cuba obtuvo una puntuación de 14 puntos de un posible de 100 con respecto a las libertades civiles y políticas, la más baja de América Latina. En 2019, el informe “El estado de la democracia en el mundo” de International IDEA declaró que Cuba se ubica entre el 25 por ciento más bajo del mundo en participación de la sociedad civil, y que es el único país de la región que no ha dado pasos significativos hacia una transición democrática en las últimas cuatro décadas. Clasificado como un régimen autoritario, en la posición 143 de los 167 países del “Índice de Democracia 2019” de The Economist Intelligence Unit, Cuba también ha obtenido múltiples clasificaciones bajas por parte de organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión. Por ejemplo, en su informe más reciente, Human Rights Watch destacó la continua represión del gobierno cubano y el castigo de la disidencia y la crítica pública a través de palizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos laborales arbitrarios. 

En 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que en Cuba “persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones”. Asimismo, en su informe de 2020 sobre la situación de derechos humanos en Cuba, la CIDH identificó un patrón común en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento empleado por la policía y por agentes de la Seguridad del Estado. Según organizaciones como Prisoners Defenders y Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay entre 125 y 138 presos políticos en Cuba en octubre de 2020.  

El país sigue estando, año tras año, entre los peores calificados en materia de libertad de prensa en América Latina, y ocupa el puesto 171 de los 180 países analizados en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras (RSF). El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluye a Cuba en una lista de los 10 países con mayor nivel de censura del planeta. 

Firmantes:

1. 14yMedio
2. AC Consorcio, Desarrollo, Justicia
3. ADNCuba
4. Alas Tensas
5. Alianza Democrática Oriental
6. Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
7. Árbol Invertido
8. Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
9. Asociación Cubana de Pequeños Emprendedores (ACPE)
10. Asociación Cubana para la Divulgación del Islam
11. Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP)
12. Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)
13. CADAL
14. Centro Cubano de Derechos Humanos
15. Centro de Justicia y Paz - Cepaz 
16. Christian Solidarity Worldwide (CSW)
17. CIVICUS
18. Civil Rights Defenders
19. Club de Escritores y Artistas de Cuba
20. Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba (CPIC)
21. Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH)
22. Comité de Ciudadanos por la Integración Racial 
23. Comunidad Judía Sefardita Bnei Anusim de Cuba
24. Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba
25. Corriente Agramontista (agrupación de abogados independientes cubanos)
26. CubaLex
27. CubaNet 
28. Cultura Democrática
29. Delibera Organización
30. Demo Amlat 
31. Demóngeles
32. Diario de Cuba
33. Editorial Hypermedia
34. Espacio Público (Venezuela)
35. Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela 
36. Federación Venezolana de Estudiantes de Ciencias Políticas
37. Foro Penal 
38. Forum 2000 Foundation
39. Freedom House
40. Frente Democrático Estudiantil 
41. Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador).
42. Fundación Nacional de Estudios Jurídico, Políticos y Sociales  
43. Hearts on Venezuela
44. Instar
45. Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP)
46. Instituto La Rosa Blanca
47. Instituto Patmos
48. Instituto Político para la Libertad (IPL)
49. Inventario
50. Justicia, Encuentro y Perdón 
51. Juventud Activa Cuba Unida
52. La Hora de Cuba
53. Libertad Cuba Lab
54. Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC)
55. Ministerio Internacional Apostólico y Profético “Viento Recio”
56. Ministerio Mujer a Mujer
57. Movimiento para la Libertad de Expresión (MOLE) 
58. Movimiento San Isidro
59. Museo de la Disidencia en Cuba 
60. Observatorio Cubano de Derechos Humanos
61. Observatorio de Libertad Académica (OLA)  
62. OtroLunes - Revista Hispanoamericana de Cultura
63. Outreach Aid to the Americas, Inc. (OAA)
64. Palabra Abierta
65. PEN America
66. PEN Argentina
67. PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio
68. PEN Internacional
69. PEN Nicaragua
70. People in Need (PIN)
71. People in Need Slovakia
72. Prisoners Defenders
73. Programa Cuba 
74. Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
75. Puente a la Vista 
76. Red Apostólica Internacional Fuego y Dinámica RAIFD
77. Red de Cultura Inclusiva
78. Red Defensora de la Mujer (REDAMU)
79. Red Femenina de Cuba 
80. Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD)
81. Robert F. Kennedy Human Rights
82. Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC)
83. Tremenda Nota
84. Un Mundo Sin Mordaza
85. Yucabyte 

Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso por legisladores del partido gobernante de Nicaragua restringiría severamente las libertades de asociación y expresión si se convierte en ley, dijo hoy la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. Introducida el 22 de septiembre, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros exigiría que las personas y organizaciones que reciban fondos del exterior se registren como “agentes extranjeros”. A los registrados como tales se les prohibiría participar en actividades relacionadas con la política interna.

Esta legislación otorgaría al gobierno amplios poderes discrecionales para controlar y amordazar a la sociedad civil, incluido el poder de congelar los activos de organizaciones y personas clasificadas como "agentes extranjeros" que no se registren en un plazo de 60 días. También prohibiría las donaciones anónimas, exigiría a las personas y organizaciones que presenten informes mensuales detallados sobre el financiamiento y el uso de recursos, y permitiría al gobierno cancelar el registro de organizaciones que no cumplan con los requisitos.

Una legislación similar implementada en otros países, incluida Rusia, ha tenido un efecto paralizador en el espacio cívico, lo que ha llevado al cierre de muchas organizaciones y al descrédito de los activistas de la sociedad civil. CIVICUS hace un llamado al Congreso de Nicaragua para que rechace el proyecto de ley y garantice un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los personas defensoras de derechos humanos.

“Esta ley obstaculizaría significativamente el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y contribuiría a la estigmatización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses han reprimido las protestas pacíficas, han buscado silenciar las voces críticas y ahora están intentando quitarle el derecho a las personas a asociarse libremente ”, dijo Natalia Gómez, Oficial de Campañas y Defensa de CIVICUS.

Antecedentes

En abril de 2018, las protestas generalizadas por la reforma al sistema de derechos sociales desencadenaron una crisis en Nicaragua que persiste hasta la fecha. Las violaciones durante esta crisis han dejado más de 300 manifestantes muertos y más de 100.000 personas desplazadas por la fuerza. Si bien las movilizaciones masivas han disminuido, la persecución y criminalización de la disidencia política ha continuado. Los políticos de la oposición, los periodistas independientes y los personas defensoras de los derechos humanos se han enfrentado al acoso sistemático por parte de agentes de seguridad y de grupos civiles favorables al régimen.

Para obtener más información sobre las violaciones del espacio cívico, visite la página del país de Nicaragua en el Monitor CIVICUS.

ACERCA DE CIVICUS

CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS tiene más de 10,000 miembros en todo el mundo.

El CIVICUS Monitor es una plataforma participativa en línea que monitorea las libertades cívicas, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión, en 196 países de todo el mundo.

La juventud actual está generando cambios sociales profundos sobre temáticas cruciales para nuestras sociedades desde diferentes lugares. Sin embargo, los recursos para sostener su trabajo se quedan muy cortos. ¿A ti también te ha pasado que tienes un proyecto liderado por jóvenes, que está generando gran impacto social, pero no encuentras financiamiento para sostenerlo? ¿Has tocado puertas de gobiernos, empresas, donantes y otras organizaciones sociales pero el apoyo que recibes es insuficiente? ¿Te has preguntado “qué más puedo hacer”?

Acompáñanos el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, a una conversación en vivo por Instagram con un par de jóvenes activistas que te darán inspiración para explorar nuevas formas de financiar la acción social liderada por jóvenes. Nuestras invitadas serán Bonnie y Jime, investigadoras, activistas y artistas que conforman La Múcura, un creativo grupo de música que también se dedica al activismo y a la investigación social en América Latina.

Bonnie y Jime tienen una historia muy particular. Hace unos años, se subieron a su Tractomúcura, un vehículo Land Rover Defender 1995, y cumplieron un sueño que habían tejido junto a otros jóvenes: viajar a través de Suramérica para documentar cómo otros grupos de jóvenes utilizan el arte para la transformación social. No tenían un subsidio, una beca, un contrato ni apoyo estable de donantes para costear el proyecto… Pero esto no les detuvo. Armaron una estrategia de autofinanciamiento que incluyó conciertos, trueques con otros jóvenes, búsqueda de pequeños patrocinios y consultorías, entre otros. El resultado fue muy productivo: el viaje duró tres años, crearon muchas conexiones con otros grupos y produjeron varias investigaciones, un álbum de música y hasta un libro.

¿Cómo lo lograron? ¿Qué retos y oportunidades encontraron para autofinanciarse? ¿Qué recomiendan a jóvenes en busca de recursos? Bonnie y Jime contestarán estas preguntas en la transmisión en vivo, compartirán cómo la crisis del COVID-19 ha impactado su trabajo y nos ofrecerán un breve pero maravilloso concierto.

¡Te esperamos!

Instagram live chat: Expande tu imaginación para financiar el activismo juvenil

Invitadas: Bonnie y Jime, La Múcura
Moderadora: Xiomara Acevedo, directora de Barranquilla+20
Cuándo: Miércoles 12 de agosto, 2020
Hora: 11:00 CDMX y Colombia / 10:00 Centroamérica / 13:00 Buenos Aires 
Dónde: Instagram  @CivicusAlliance

Mientras tanto...

• Lee la historia completa sobre el viaje de Bonnie y Jime en la página 34 de esta guía de movilización de recursos para jóvenes líderes y para donantes que publicamos recientemente. 

• Descubre y disfruta de la música Surquizofónica de La Múcura y síguelas en Instagram y en Facebook.

• 197 organizaciones de derechos humanos firman una carta para exigir a los Estados que pongan fin al encarcelamiento y al acoso que sufren las personas que defienden los  derechos humanos. 
• Instamos a los Estados a que pongan fin a los nuevos arrestos y detenciones de defensores que se están produciendo durante la pandemia del COVID-19, con el aumento de riesgo que ello supone
• Lanzamiento de la campaña "Conviértete en mi testigo" el 18 de julio, Día de Nelson Mandela, con la participación de defensores de los derechos humanos de todo el mundo.

📝Carta colectiva sobre #Colombia:
La #COVID19 no puede servir de tapadera para atacar a líderes(as) sociales.
Recomendaciones:
🔸Implementar el Acuerdo de Paz
🔸Involucrar a la sociedad civil para proteger los derechos
🔸Investigar la impunidad
+ info: https://t.co/qSTfuCGLYx pic.twitter.com/j6aIa3Ltbg

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) July 8, 2020

El Estado colombiano debe acoger las recomendaciones de la CIDH en materia de líderes sociales incluso durante la pandemia COVID-19

En su informe reciente, la CIDH destaca de manera crucial  la importancia de reconocer el derecho a defender derechos y el rol fundamental de líderes y lideresas sociales en Colombia, especialmente en el contexto actual de emergencia generalizada

El informe Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita en noviembre de 2018 al país, destaca que la labor realizada por estas personas es fundamental para la existencia plena del Estado de Derecho y constituye un pilar indispensable para el fortalecimiento y consolidación de la democracia. Cuando se impide la defensa de los derechos humanos, no sólo se afecta una vida o comunidad particular; las agresiones contra líderes y lideresas sociales afectan la cohesión y continuidad de la organización social a una escala mayor. 

Los líderes y lideresas sociales cumplen un rol fundamental en el mantenimiento del tejido social en sus comunidades, a menudo bajo condiciones precarias de seguridad. En el actual escenario de la pandemia por COVID-19, las recomendaciones de la CIDH cobran especial relevancia para salvaguardar su trabajo. Cómo aseguró Erlendy Cuero, lideresa social y Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES),en la serie de Dejusticia sobre pandemia y desigualdad, #DelMiedoALaAcción, “los homicidios, las amenazas y la persecución han aumentado porque estamos en una situación en la que el acompañamiento para algunos líderes con medidas de protección se ha minimizado y quienes no tienen medidas de seguridad están desprotegidos”. A esto último se suma que los líderes, quienes deben permanecer en su residencia por causa del coronavirus, se enfrentan a un mayor riesgo pues son ubicados con mayor facilidad.

La vulnerabilidad es más alta para líderes y lideresas en zonas alejadas de los centros urbanos. En este escenario, la adopción de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado colombiano en estas zonas es aún más indispensable. 

Las recomendaciones claves de la Comisión Interamericana para Colombia incluyen: 

• “Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades”
• “Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente”
• “Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes”
• “Adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las autoridades o terceras personas manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigarles y perjudicar la labor de personas defensoras; y asegurar la aplicación de las debidas sanciones en caso que ocurra”
• “Continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales”
• “aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos de las personas defensoras y líderes y asegurando su efectividad en zonas rurales alejadas”;  y 
• “acordar las medidas de protección para enfrentar la situación de riesgo escuchando y consultando con las personas defensoras a fin de concretar una intervención oportuna, especializada y proporcional al riesgo que se pudiera enfrentar y con un enfoque diferencial”. 
• “fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos”

Las organizaciones firmantes hacemos especial énfasis en el reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana del derecho a defender derechos humanos y su llamado al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Final de Paz, tal como lo han ordenado los jueces constitucionales en las sentencias de tutela confirmando #ElDerechoADefenderDerechos presentada por diversos líderes y organizaciones sociales del país, a finales de 2019. 

ARTICLE 19
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Minga
Amnesty International
Business & Human Rights Resource Centre 
CIVICUS
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Dejusticia 
Espacio Público
Front Line Defenders (FLD)
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)
International Land Coalition - LAC (ILC LAC)
International Service for Human RIghts (ISHR)
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Latin America Working Group (LAWG)
Not1More (N1M)
Presbyterian Peace Fellowship
Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD)
Robert F. Kennedy Human Rights 
Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
Washington Office on Latin America (WOLA)

Articulo completo

Es necesario que los gobiernos adopten medidas para apoyar y defender a la sociedad civil

Las repercusiones económicas, sociales y políticas de la pandemia COVID-19 han sido de una magnitud extraordinaria. Necesitamos elaborar planes de recuperación para ampliar los derechos, lograr economías más justas, nivelar las desigualdades, reducir la crisis climática y crear instituciones internacionales viables. La sociedad civil -que incluye un amplio espectro de grupos cívicos, como ONG, organizaciones benéficas, grupos de voluntarios, consorcios, fundaciones y asociaciones, sindicatos, empresas sociales, proveedores de cuidados y agencias de asistencia social- debe considerarse una fuerza decisiva para que el mundo supere la crisis de una manera que suponga un punto de inflexión con respecto a las políticas económicas, políticas y sociales que ya venían siendo un fracaso para muchos. Ha llegado el momento de que los gobiernos actúen de acuerdo con sus obligaciones internacionales e inviertan en un esfuerzo cívico constante en favor de la reconstrucción.

Este documento sirve de guía práctica acerca de las medidas que los gobiernos pueden y deben adoptar para apoyar y fortalecer la sociedad civil, en el marco de las actividades de recuperación y reconstrucción de la COVID-19. El documento recoge información sobre iniciativas que se han puesto en marcha en todo el mundo y ofrece otras propuestas para apoyar esos esfuerzos basándose en los conocimientos de las redes de la sociedad civil en más de 80 países, incluidas las evaluaciones realizadas por el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA), la Charities Aid Foundation (Fundación de Ayuda Caritativa) y CIVICUS.

Confiamos en que este material sirva como una invitación para que los responsables de la formulación de políticas y los organismos gubernamentales revisen y mejoren las medidas en favor de la sociedad civil. En cuanto a los grupos de la sociedad civil, prevemos que se intensificarán los trabajos para asegurar las medidas de apoyo que necesitamos en todos los países.

Recomendamos las siguientes medidas para apoyar y fortalecer la sociedad civil como parte de los planes de respuesta y recuperación en el marco de la COVID-19:

• Eliminar las restricciones; potenciar el valor y las contribuciones de la sociedad civil

• Ayudar a la sociedad civil a cumplir y reducir los gastos de funcionamiento

• Flexibilizar los requisitos reglamentarios

• Incluir a la sociedad civil en los fondos de estímulo y en las subvenciones destinadas a la COVID-19

• Crear la infraestructura necesaria para impulsar la labor de la sociedad civil

• Promover la capacidad de la sociedad civil para desarrollar alternativas sostenibles

 La sociedad civil ha estado al frente de la respuesta mundial a la pandemia, prestando  servicios para salvar vidas, compartiendo información y coordinando las acciones necesarias para reforzar la rendición de cuentas y lograr respuestas en materia de políticas que respondan a las necesidades. Sin embargo, varios países han utilizado la pandemia para legitimar numerosas restricciones injustificadas a las libertades civiles y/o para excluir deliberadamente a la sociedad civil de los esfuerzos de planificación y actuación. Entre ellas figuran unos índices de censura sin precedentes, ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos, el uso de la violencia auspiciada por el Estado para frenar las críticas y las violaciones generalizadas del derecho a la intimidad.

Ahora más que nunca es preciso que los gobiernos reconozcan que se necesita una sociedad civil diversa, dinámica y con capacidad de adaptación para que las medidas de emergencia superen la prueba de proporcionalidad y necesidad. Aunque se haya proclamado oficialmente el estado de emergencia, deben respetarse derechos fundamentales como el derecho a la vida y a no ser sometido a torturas ni a tratos degradantes, así como el derecho a expresar la disidencia democrática. Por ello, los gobiernos pueden y deben esforzarse más en destacar el papel de la sociedad civil en las actividades de respuesta y recuperación. Trabajar con la sociedad civil ayuda a los gobiernos y a las empresas a comprender mejor las realidades del terreno y a desarrollar intervenciones que respondan de manera significativa a los factores de desigualdad y malestar social.

En Ecuador, por ejemplo, una página web oficial informa sobre las actividades que está realizando la sociedad civil en todo el país. También se han creado plataformas similares en Italia, Francia y Ucrania. En Etiopía también se han registrado iniciativas para difundir la labor de la sociedad civil a través de la televisión.

Las autoridades locales son particularmente efectivas a la hora de invitar a la sociedad civil a compartir su trabajo a través de las plataformas disponibles y de facilitar a otros sectores de la sociedad formas de apoyar y ampliar estos esfuerzos. Esto supone eliminar las restricciones impuestas a los medios de comunicación locales y permitirles trabajar con otros grupos de la sociedad civil para reforzar la confianza y el compromiso del público. La escasa información sobre las organizaciones de la sociedad civil afecta directamente a la apropiación de la población local de las causas y limita el carácter estratégico y sostenible del sector.

El apoyo a los gastos de funcionamiento es una forma directa de fortalecer la sociedad civil, en particular los grupos que trabajan en la primera línea. Mediante un apoyo flexible y sin restricciones a los gastos de funcionamiento, las organizaciones pueden invertir en infraestructura y funciones que les permitan mejorar su impacto y sostenibilidad. Asimismo, disponer de apoyo operacional les permite adaptarse y responder rápidamente durante las situaciones de crisis.

En Lituania, por ejemplo, las asociaciones y fundaciones que alquilan sus propiedades al municipio o a entidades controladas por éste se han beneficiado de una exención o reducción en los pagos de alquiler y de las sanciones impuestas por el retraso en los pagos. En Letonia y el Líbano se han anunciado medidas similares. En Zimbabwe, las regulaciones estatales dictaron que  los propietarios y los bancos concedieran un período de gracia durante el confinamiento para el pago de alquileres e hipotecas, así como una exención para las importaciones de productos relacionados con la COVID-19, como los EPIS y equipos de prueba. Asimismo, se ha observado la entrega de suministros y activos físicos esenciales en Malaui y Namibia. No obstante, la existencia de esas medidas debe complementarse con una comunicación oportuna y transparente. La adopción de medidas de ayuda sin una comunicación eficaz impide que los grupos más necesitados conozcan y accedan a esas ayudas.

Es también un momento clave e para que los gobiernos avancen y desarrollen mecanismos financieros nuevos e innovadores para apoyar a la sociedad civil en este periodo. 

La revisión del régimen del IVA, la exención de impuestos y la mejora de los incentivos fiscales para las donaciones -no sólo para intervenciones relacionadas con la crisis, sino también para todas las demás causas- son iniciativas que deben recibir un mayor respaldo en este momento. Otra posibilidad es la de destinar el reajuste de impuestos, fondos e instrumentos de inversión para apoyar las intervenciones de la sociedad civil. Un ejemplo de ello es la asignación de impuestos indirectos: el IVA recaudado en la compra de equipos de protección personal se utiliza para apoyar a los trabajadores sanitarios de primera línea en el Reino Unido. Se ha sabido que en el Oriente Medio algunos gobiernos han ofrecido préstamos en lugar de asistencia directa a la sociedad civil.

Resulta imprescindible que todos los lugares cuenten con una cartera de instrumentos, tanto financieros como no financieros, que responda a la demanda y ayude a la sociedad civil a aumentar su capacidad de recuperación financiera.

En diversos países se han registrado medidas para que las asociaciones y fundaciones registradas gocen de una mayor flexibilidad en los procedimientos administrativos, incluyendo cambios en materia de adquisiciones, gastos, presentación de informes, concesión de subvenciones y contratación. Por ejemplo, adaptar los requisitos de presentación de informes administrativos y de proyectos puede ser un método rápido y eficaz de dar tregua a los grupos de la sociedad civil. Algunos ejemplos son las medidas para actualizar la financiación de proyectos, la cooperación y los acuerdos de representación en Malaui y México.

En algunos países también se han adoptado disposiciones para flexibilizar los requisitos contables y fiscales. En Alemania, por ejemplo, se ha flexibilizado la gestión de las donaciones, así como la contabilidad de las pérdidas y las disminuciones de capital. En otros países se han aplicado exenciones parciales a los impuestos que deben pagar las ONG.

Lamentablemente, la sociedad civil está ausente de las medidas destinadas a apoyar sistemáticamente la recuperación social y económica de la pandemia. En la mayoría de los contextos, esas medidas parecen haber sido elaboradas únicamente teniendo en cuenta las empresas, pese a que la sociedad civil de todos los países necesita urgentemente un apoyo fiscal adaptado, que incluya medidas de apoyo a los ingresos y subvenciones.

Es preciso ampliar las medidas existentes destinadas a la recuperación de empresas para incluir a la sociedad civil, y acompañarlas de intervenciones que respondan a las necesidades específicas de los colectivos pequeños y grandes, formales e informales, que existen en el amplio espectro de la sociedad civil.

Entre los ejemplos existentes de medidas de recuperación para la sociedad civil se encuentran el paquete de estímulo de 750 millones de libras esterlinas del Gobierno del Reino Unido y el paquete de apoyo de 700 millones de euros para la sociedad civil, las artes y el sector cultural de Austria. A menor escala, en Irlanda se ha introducido un Fondo de Estabilidad de 35 millones de euros para apoyar las necesidades urgentes de financiación y, en Rusia se ha creado un Fondo de Subvenciones Presidenciales que incluye 3.000 millones de rublos (unos 39 millones de euros) para las ONG.

Además, se han creado planes de ayudas salariales y de acceso al crédito en Argentina, Australia, Francia y los Países Bajos. Canadá ha asignado fondos especiales para servicios destinados a grupos vulnerables como las mujeres y los ancianos, mientras que Irlanda ha establecido un fondo para la innovación social en los proyectos de recuperación.

Los datos de Sudáfrica indican diversas medidas de apoyo a la sociedad civil adoptadas por el Gobierno, las fundaciones privadas y las empresas. Diversos organismos como la CAF Southern Africa (CAF de África meridional), el Grupo Mergon y el Departamento de Desarrollo Social de Western Cape Province (la Provincia del Cabo Occidental) han puesto en marcha fondos dirigidos a ONG que ofrecen la posibilidad de que el público apoye los objetivos de financiación. La Comisión Nacional de Loterías ha destinado 150 millones de rands sudafricanos (más de 7 millones y medio de euros) como medida de ayuda para las ONG, mientras que se espera que el Fondo de Solidaridad del Presidente asista a las ONG que estén prestando servicios relacionados con los objetivos del fondo ( prevención, detección, atención y apoyo).

En términos generales, es posible y necesario adoptar una mayor variedad de medidas para incitar a las empresas, las instituciones filantrópicas y el público en general a que apoyen la labor de la sociedad civil.

Este es el momento propicio para que los gobiernos creen mecanismos de mayor alcance para apoyar y reforzar la sociedad civil, como la financiación a medio y largo plazo de  redes u organizaciones de coordinación y el desarrollo de plataformas para compartir conocimientos, estrategias y recursos que promuevan la cohesión y la colaboración, en lugar de la competencia. Las empresas transnacionales pueden contribuir a los esfuerzos de la sociedad civil mediante plataformas de donación y contribuciones a los salarios, del mismo modo que las instituciones filantrópicas pueden (y están) aprovechando los activos y las donaciones para crear nuevas fuentes de recursos básicos y flexibles para la sociedad civil.

En este sentido, Portugal e Italia han recurrido a los servicios nacionales de voluntarios y jóvenes para movilizar el apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil. En Bélgica, un Fondo de Solidaridad COVID-19 permite a los empleados de la UE contribuir a las organizaciones de la sociedad civil. Algunos países, entre ellos Letonia y los Países Bajos, han establecido exenciones fiscales para las donaciones hechas a la sociedad civil. En Sierra Leona, una plataforma gubernamental permitió a la sociedad civil interactuar con el Presidente y los ministros implicados en las actividades relacionadas con la COVID-19, ofreciendo a sus representantes acceso directo y coordinación con los Ministerios de Salud, Finanzas y con el Equipo de Respuesta a las Emergencias sobre la COVID-19. En Malawi, el grupo de trabajo nacional sobre COVID-19 incluyó, entre otros, a representantes de ONG, instituciones académicas, gubernamentales y religiosas, aprovechando así la experiencia y las redes de los diferentes sectores de la sociedad civil para este fin.

Necesitamos que los gobiernos de más países desarrollen mayores incentivos para que las sociedades inviertan en la sociedad civil. Los gobiernos deben ser un socio activo a la hora de fomentar el compromiso público con la sociedad civil, defendiendo el impacto que está logrando e intercambiando información sobre la forma en que se asignan y utilizan los fondos públicos. En términos más generales, necesitamos que éste sea un momento catalizador para las asociaciones y campañas intersectoriales destinadas a desarrollar movimientos locales de solidaridad dentro de los países y entre ellos.

La sociedad civil es indispensable en los enfoques de reconstrucción centrados en las personas que respondan a las exigencias de un cambio positivo. Las alianzas efectivas entre el gobierno y la sociedad civil propician respuestas mejor coordinadas en momentos críticos, gracias a las cuales ambos actores pueden colaborar para evaluar y mitigar los riesgos de una crisis en diferentes poblaciones. Para ello, necesitamos que la sociedad civil participe plenamente en las consultas y los espacios de toma de decisiones de las múltiples partes interesadas que diseñan alternativas sociales y económicas para un mundo post-COVID. Se debe reconocer una sociedad civil capacitada, conectada y con los recursos adecuados como una fuerza con carácter duradero.

Redistribuir el poder y fomentar la solidaridad será fundamental para las reformas estructurales que debemos lograr en la economía mundial. Esto incluye un impulso sistemático que reste  importancia al crecimiento del PIB como indicador clave del rendimiento y, que dé prioridad, en su lugar, al bienestar como medida esencial.

Los tan esperados cambios transformadores, como el fin de las salidas netas de fondos y de otros recursos de los países del Sur a los del Norte, para que los primeros puedan disponer de más recursos acumulados que les permitan alcanzar el derecho al desarrollo sostenible de sus pueblos, exigen una gran dosis de apoyo público y político. El fortalecimiento de la sociedad civil y la ampliación de las libertades cívicas deben formar parte de la completa recuperación mundial que necesitamos para salir de la pandemia.

Para más información:

AGNA: https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
Charities Aid Foundation: https://www.cafonline.org
CIVICUS: https://www.civicus.org

Las organizaciones y medios de comunicación abajo firmantes respaldamos la petición y exhortamos a actores internacionales a exigir al Gobierno cubano el fin inmediato de la vigilancia en línea contra personas que expresan sus opiniones y el cese de la persecución a periodistas y activistas de derechos humanos.

Organizaciones que apoyan a los derechos humanos, la libertad de prensa y los periodistas están exigiendo a los mecanismos de las Naciones Unidas y a sus miembros que ayuden a salvar la vida de cuatro periodistas condenados a muerte en abril de 2020 en la capital, Saná, acusados ​​de "espiar" y "difundir noticias falsas". De los otros seis periodistas en el mismo caso que el juez ordenó que fueran liberados tras cinco años de detención, solo uno ha sido liberado hasta el momento. Las autoridades de facto en Saná, los hutíes, deben revocar de inmediato las condenas de muerte y que liberen a los otros nueve periodistas que han sido condenados en violación de su derecho a la libertad de expresión.

Las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y repudio respecto a la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba, la cual se ha visto agravada desde principios de este año y particularmente a partir de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.