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En noviembre de 2023, personas del Mundo Mayoritario y organizaciones comunitarias publicaron una carta dirigida a sus socios internacionales detallando cinco principios para lograr una mayor inclusión en las reuniones sobre desarrollo liderado por la comunidad local. La carta pide a los organizadores y patrocinadores de dichas reuniones que:

Declaración oral

Consejo de Derechos Humanos de la ONU- 55° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Diálogo interactivo Diálogo interactivo con el Alto Comisionado sobre Venezuela

Pronunciado por Marysabel Rodríguez

Gracias Señor Presidente,

La persecución gubernamental es más brutal, esta vez ante unas elecciones, momentos en los que la violencia estatal aumenta.

El abuso de poder como castigo sigue hacia personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, liderazgos sociales, gremiales, políticos e info ciudadanos.

Carlos Salazar, trabajador jubilado de la empresa estatal PDVSA, está detenido y fue sometido a desaparición forzada por más de 20 días, tras difundir un video que mostró a Alex Saab, funcionario procesado por lavado de dinero, caminando por un centro comercial.

La censura aumenta ante la proximidad de las elecciones. El gobierno prohibió la cobertura de las primarias opositoras, bajo la excusa de que era un acto ilegal, negando también la libre asociación.

Al menos 12 radios fueron cerradas en 2023, bajo procesos arbitrarios que no garantizan el derecho a la defensa. Entre enero y febrero de 2024, suman ocho emisoras cerradas. Los apagones de electricidad y los bloqueos de medios digitales se mantienen.

Hubo al menos 10 detenciones en 2023 por “instigación al odio”, la mayoría contra liderazgos sindicales y sociales, por difundir información de interés público o cuestionar al gobierno.

Exhortamos con urgencia a este Consejo a fortalecer el mandato de la Oficina del Alto Comisionado y el de la Misión de Determinación. Restar mecanismos de seguimiento deja a la población aún más indefensa, en especial frente a un proceso electoral sin garantías para las libertades civiles básicas.

Gracias.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU- 55° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Diálogo interactivo sobre el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua

Pronunciado por Amaru Ruiz Aleman

Gracias, Sr. presidente.

CIVICUS y la Fundación del Río, felicitan el trabajo del Grupo de Experto en la elaboración del informe, consideramos que estos esfuerzos de investigación son sumamente valiosos para que la comunidad internacional siga actualizándose sobre las diversas violaciones de derechos humanos que existen en Nicaragua.

Reconocemos los esfuerzos de la Santa Sede para la liberación de 19 sacerdotes nicaragüenses y celebramos su liberación, sin embargo, aún existen 121 personas presas políticas, incluyendo 10 indígenas Mayangna y 2 indígenas Miskitu. Queremos resaltar que la persecución a las personas defensores tanto en Nicaragua continúa, más de 27 indígenas tienen orden de captura por labor como guardabosques comunitarios. 

La situación del espacio cívico en el país sigue siendo crítica y se deteriora aún más debido al esfuerzo concertado del gobierno por detener toda forma de opinión disidente. Se ha revivido el Ministerio del Interior como órgano de control y persecución a la ciudadanía nicaragüense. Desde finales del 2018, el Ministerio del Interior ha cancelado la personalidad jurídica de más de 3,549 organizaciones no gubernamentales, 55 de estas han sido canceladas este año.

La situación empeora aún más por la negativa del gobierno a cooperar y comprometerse con los organismos internacionales de derechos humanos. El informe del Grupo de Experto sigue mostrando como las violaciones de derechos humanos siguen afectando al pueblo nicaragüense. 

Muchas gracias.

CIVICUS hace un llamamiento a las autoridades de Guinea Ecuatorial para que liberen inmediatamente a Anacleto Micha Ndong Nlang. El abogado, activista de derechos humanos y miembro de la plataforma cívica Guinea Ecuatorial También Es Nuestra lleva detenido injustamente desde el 26 de enero.

Con motivo de la inauguración de la COP28 dentro de un mes en Dubai, 346 organizaciones de la sociedad civil piden a las autoridades emiratíes, a la ONU y a los Estados Partes que garanticen una COP inclusiva y liberen a las personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran encarceladas en los EAU. En una carta abierta, se insta a la organización de la COP a que considere a la ciudadanía de a pie, incluyendo a las comunidades excluidas, como protagonistas de la COP28, que reunirá a más de 70.000 personas del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023.

JOHANNESBURGO - En vísperas del tercer aniversario de la detención de la defensora mexicana de los derechos humanos Kenia Inés Hernández, la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS pide a las autoridades del país que la liberen sin demora. La policía detuvo por primera vez a Hernández el 18 de octubre de 2020. Es una defensora de las mujeres sobrevivientes de la violencia machista, así como de las comunidades indígenas y sus tierras, reconocida internacionalmente.

"Como ocurre con muchos defensores y defensoras de los derechos humanos en México, las autoridades han perseguido a Kenia Hernández por su trabajo de apoyo a las personas marginadas, y no por ningún motivo legal", ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y campañas de CIVICUS. "Lleva demasiado tiempo en la cárcel por una condena falsa y debe ser puesta en libertad inmediatamente para que pueda volver con su familia".

Hernández fue declarada culpable en marzo de 2022 de "robo con agravantes" y condenada a 11 años y 3 meses de prisión tras un juicio con graves irregularidades que no cumplió las normas internacionales. Las autoridades impidieron repetidamente a Hernández acceder a sus representantes legales y participar de forma presencial en algunas instancias de su caso.

Hernández, que cumplió 34 años el pasado septiembre, es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y cofundadora y miembro del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero. CIVICUS incluye a Hernández en la campaña Conviértete en mi testigo (Stand As My Witness), que aboga por la liberación de activistas y personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran encarceladas en todo el mundo.

"El encarcelamiento continuado de Hernández es una estrategia de las autoridades para impedir que realice su legítima labor de defensa de los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas", ha manifestado Kode. "No hay pruebas de que haya cometido delito alguno".

Desde su detención, la salud de Hernández se ha deteriorado debido a las condiciones insalubres de la prisión, y en 2021 inició una huelga de hambre para protestar por su injusta detención y el trato deficiente que recibía. Su experiencia es sintomática de cómo México ataca a quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y restringe el espacio cívico. El CIVICUS Monitor, que evalúa el espacio cívico en todo el mundo, califica a México como " represivo", un escalón por encima de su peor clasificación "cerrado".

Para solicitar entrevistas, pueden dirigirse a:    

CIVICUS es una alianza mundial de organizaciones y activistas de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Una comunidad internacional de personas informadas, inspiradas y comprometidas con los retos a los que se enfrenta la humanidad. Se fundó en 1993 y desde 2002 tiene su sede en Johannesburgo (Sudáfrica), además de otras sedes en todo el mundo. Somos una alianza con más de 15.000 miembros en más de 175 países.

Presidente de la República de Guatemala
Alejandro Giammattei
Ciudad de Guatemala
Guatemala

Desde el Foro de ONG Internacionales en Guatemala FONGI, integrado por más de 30 organizaciones y la alianza CIVICUS, alianza mundial de más de 10,000 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y activistas de 175 países de todo el mundo, le escribimos para expresarle nuestra profunda preocupación por la escalada de represión de las protestas pacíficas y para pedirle que actúe urgentemente.

En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 20 de agosto de 2023, la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS pide a las autoridades guatemaltecas que respeten el Estado de derecho y los valores democráticos para evitar una crisis política. Guatemala se encuentra actualmente en un precipicio, ya que algunos partidos políticos han impugnado el resultado de la primera de las elecciones celebradas el 25 de junio de 2023.

Recibimos con satisfacción el anuncio oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral con los resultados de la primera vuelta en medio de tensiones crecientes. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por los continuos esfuerzos de los partidos políticos y sus aliados en el sector judicial para alterar estos resultados electorales. Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten plenamente la integridad del proceso electoral y el resultado de la primera ronda de votaciones, que ha sido seguida de cerca por observadores nacionales e internacionales.

Las elecciones se han celebrado en un ambiente en el que se ha atacado el Estado de Derecho, se ha cuestionado la independencia del poder judicial y se han impuesto restricciones a periodistas y defensores de los derechos humanos por el trabajo que realizan.

Para preservar la integridad del proceso electoral, es fundamental que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto se celebre en estricto cumplimiento de la ley. Debe respetarse plenamente el orden constitucional, y las autoridades deben crear un entorno en el que las personas participen sin temor a represalias.

CIVICUS hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que:

1. Garantice el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de la población en el marco de las elecciones presidenciales.
2. Retire inmediata e incondicionalmente los cargos contra todos los defensores de los derechos humanos, líderes sindicales y periodistas.
3. Investigue y exija cuentas a todos los funcionarios del gobierno o agentes no estatales que perpetren actos de intimidación y hostigamiento contra defensores de los derechos humanos y periodistas y se abstenga de continuar la persecución a funcionarios judiciales por defender los derechos humanos y luchar contra la corrupción.

Antecedentes

En julio de 2022, CIVICUS, Acción Ciudadana y Redlad presentaron el Examen Periódico Universal de la ONU de Guatemala, en el que se señalaba la extrema violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas, que siguen sufriendo ataques, hostigamiento, estigmatización y asesinatos. Actores estatales y no estatales han intensificado los ataques con impunidad. El informe denuncia además casos de acoso judicial contra funcionarios de justicia y periodistas y la reducción gradual del espacio para una prensa libre e independiente.

Como resultado de estos acontecimientos, el espacio cívico en Guatemala está actualmente clasificado como "reprimido" por el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que realiza un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 53ª Sesión

Aprobación del Informe EPU

Pronunciada por Humberto Mendez Ramos

Saludos desde la Asociación por los Derechos Humanos (APRODEH). Después del periodo del conflicto armado interno y dictadura que vivió el Perú entre el 80 y el 2000, el país no experimentaba un escenario tan critico en el cual los derechos humanos y la misma democracia fueran sometidas y vulneradas por una alianza autoritaria y anti-derechos que tiene el Parlamento como su centro de poder.

Consecuencias de esa concentración de poder, han sido no solo la grave crisis política y de represión que vivimos desde diciembre de 2022 y que produjo 49 muertos por acción de las fuerzas del orden, sino también la captura de las instituciones democráticas como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, entre otras, que aseguraban mínimos de democracia y ejercicio de derechos en el país.

Si bien nuestra democracia ha sido imperfecta en estos cuatro quinquenios, pues diversos territorios experimentaron escenarios de conflictividad social que también produjo la muerte de más de medio centenar entre el 2012 al 2021, las reglas mininas de convivencia democrática, como la independencia de poderes para la investigación y sanción de estos casos de vulneración de derechos nunca estuvo amenazada o en riesgo de existir, como sí lo está hoy en favor de la impunidad.

Este escenario de progresivo autoritarismo, camino a consolidar un nuevo tipo de dictadura, nos preocupa no sólo por la eliminación de la independencia de poderes o la imposición de la impunidad frente a los casos de muerte producidos recientemente, sino a la amenaza y riesgo de poder vivir un nuevo escenario de amplia represión y un Estado anti derechos como el que tuvimos en la década de los noventa y que implicó amplias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

Bajo este contexto, solicitamos a las instituciones internacionales estar alertas y vigilantes ante el reinicio de movilizaciones que se van a producir desde el diecinueve de julio en adelante.

Muchas gracias.

Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 53ª Sesión

Diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado sobre Venezuela

Pronunciada por CIVICUS y Espacio Público 

Gracias Señor Presidente,

En Venezuela continúa la persecución hacia quienes critiquen a las autoridades.

Leonardo Azócar y Daniel Romero, trabajadores de la empresa estatal SIDOR fueron detenidos desde el 11 de junio pasado; acusados de boicot e instigación al odio. Junto a 20 trabajadores fueron procesados por ejercer el derecho a huelga.

Javier Tarazona, director de la organización FundaRedes, cumple dos años detenido este 3 de julio, acusado de “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”.

Desde el 2022, 19 personas fueron perseguidas bajo la “ley contra el odio”. Desde el 2017, hay un total de 83 víctimas de esta “ley”.

El hostigamiento judicial sigue tras la excarcelación a través de medidas cautelares excesivas e ilegales.

Ana Belen Tovar es procesada desde 2019 por una publicación con información de interés público sobre un alto funcionario. Su audiencia fue diferida 11 veces en 4 años, el proceso sigue a pesar de la falta de pruebas.

La incertidumbre regulatoria sobre los medios de comunicación es un mecanismo de control. Esto facilitó el cierre de 81 emisoras radiales en 2022 y de al menos 5 en lo que va de año, además de varios programas suspendidos por presiones gubernamentales. Los apagones de electricidad y los bloqueos de medios digitales se mantienen.

Exhortamos al Consejo a mantener su atención sobre Venezuela y preguntamos al Alto Comisionado qué debe hacer el Consejo para evitar nuevas restricciones, que socavan las garantías para futuros procesos electorales.

Gracias.

CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, expresa su profunda preocupación por los crecientes ataques y restricciones a las libertades democráticas y cívicas en vísperas de las elecciones presidenciales del 25 de junio en Guatemala. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que garanticen la libertad y la seguridad de las personas para participar en el proceso político sin sufrir intimidación alguna antes, durante ni después de las elecciones.

La sociedad civil se enfrenta a un mundo lleno de desafíos en 2023. Múltiples conflictos y crisis, incluidos conflictos económicos y graves reveses en las instituciones democráticas, están intensificando las amenazas a los derechos humanos. El programa para la sociedad civil es enorme.

Este es el mundo que ha sido captado por el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2023.

CONSULTAR EL INFORME

Se están cometiendo abusos contra los derechos humanos a gran escala en Ucrania, los derechos de las mujeres han sido pisoteados en Afganistán y los derechos de las personas LGBTQI+ están siendo atacados en Uganda y otros países africanos. El gobierno militar se ha normalizado en países como Mali, Myanmar y Sudán, y la democracia ha sido socavada por líderes autocráticos en El Salvador, India y Túnez, entre otros. Incluso estados supuestamente democráticos, como Australia y el Reino Unido, están socavando el derecho vital a protestar.

Pero la sociedad civil sigue esforzándose por marcar una diferencia crucial en la vida de las personas. Es la fuerza detrás de una oleada de avances hacia el respeto al derecho al aborto en América Latina, más recientemente en Colombia, y en los avances para con los derechos LGBTQI+ en países tan diversos como Barbados, México y Suiza. Las protestas masivas en respuesta al alto costo de la vida han ganado concesiones en materia de política económica en países como Ecuador y Panamá, mientras que la organización sindical ha cobrado mayor impulso al hacer que empresas de grandes marcas como Amazon y Starbucks rindan cuentas. El progreso en la financiación de los daños y pérdidas causados por el cambio climático se produjo después de una amplia campaña de incidencia de la sociedad civil. Los eventos del año pasado muestran que la sociedad civil, así como el espacio para que la sociedad civil actúe, son más necesarios que nunca.

Resultados clave

La sociedad civil desempeña roles clave en la respuesta a conflictos y crisis humanitarias, por lo cual se enfrenta a represalias

La sociedad civil está desempeñando un papel vital en situaciones de conflicto y crisis, incluyendo los conflictos en Etiopía, Siria y Ucrania. Esto lo hace brindando servicios esenciales, ayudando y defendiendo a las víctimas, monitoreando los derechos humanos y recopilando evidencia de violaciones para hacer que los responsables rindan cuentas. Sin embargo, por hacer esto, la sociedad civil está siendo atacada.

Los catastróficos fracasos del sistema de gobernanza global subrayan la urgencia de la reforma

Con demasiada frecuencia, ante los conflictos y crisis que han marcado el mundo en el último año, las instituciones internacionales no han ofrecido más que palabras. Las instituciones multilaterales han quedado en evidencia por la invasión de Rusia a Ucrania. Es hora de tomar en serio las propuestas de la sociedad civil para hacer que las Naciones Unidas sean más democráticas, comenzando con el nombramiento de un campeón de la sociedad civil.

La ciudadanía se moviliza masivamente en respuesta a las crisis económicas, revelando en el proceso problemas más profundos

Al provocar una subida masiva de los precios de los combustibles y los alimentos, la guerra de Rusia contra Ucrania se convirtió en un factor clave de la crisis inflacionaria global.  Esto desencadenó una ola masiva de protestas exigiendo justicia económica en al menos 133 países, desde Argentina hasta Indonesia y desde Ghana hasta Kazajstán. La sociedad civil está proponiendo ideas económicas progresistas, conectándose con otras luchas por los derechos, incluso por la justicia climática, de género, racial y social.

El derecho a la protesta está siendo atacado, incluso en las democracias más establecidas

Muchos estados, que no quieren o no pueden conceder las demandas más profundas de las protestas, han respondido con violencia en países como Irán, Sierra Leona y Sri Lanka. El derecho a la protesta está siendo atacado en todo el mundo, tanto cuando la gente se moviliza para pedir justicia económica como cuando lo hace por la democracia, los derechos humanos, o la acción por el medio ambiente. Los grupos de la sociedad civil se esfuerzan por defender los derechos a manifestarse.

La democracia está siendo erosionada de diversas formas, inclusive desde adentro por parte de líderes electos

Los conflictos económicos y la inseguridad están allanando el terreno para el surgimiento de líderes autoritarios. En contextos más democráticos, hay distintas tendencias hacia una mayor aceptación de la extrema derecha y el populismo. En condiciones volátiles, la sociedad civil está trabajando para resistir la regresión y seguir abogando por una democracia inclusiva, pluralista y participativa.

La desinformación está sesgando el discurso público, socavando la democracia y alimentando el odio 

La desinformación se está movilizando, particularmente en los conflictos y durante las elecciones, para sembrar la polarización, normalizar el extremismo y atacar los derechos. Los estados autoritarios poderosos y los grupos de extrema derecha son fuentes clave, y las empresas de redes sociales no están haciendo nada para desafiar un problema que, a fin de cuentas, es beneficioso para su modelo de negocio. La sociedad civil necesita forjar un esfuerzo global conjunto y multifacético para contrarrestar la desinformación.

Los movimientos por los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ están logrando avances contra todo pronóstico 

Ante las adversidades, la sociedad civil continúa impulsando el progreso en los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Sin embargo, los avances han convertido a la sociedad civil en el blanco de una feroz reacción violenta. La sociedad civil está trabajando para resistir los intentos de revertir los logros y conseguir apoyo público para garantizar que el cambio legal se vea respaldado por un cambio social.

La sociedad civil es la principal fuerza impulsora de la acción por el clima 

La sociedad civil sigue siendo la fuerza que hace saltar las alarmas sobre la triple amenaza del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. La sociedad civil está instando a la acción utilizando todas las tácticas disponibles, desde la protesta callejera y la acción directa hasta el litigio y la defensa en los escenarios nacionales y mundiales. Pero el poder del lobby de los combustibles fósiles permanece intacto y las restricciones a las protestas climáticas están aumentando. La sociedad civil se esfuerza por encontrar nuevas formas de comunicar la urgente necesidad de actuar.

La sociedad civil se reinventa para adaptarse a un mundo en cambio permanente

En el contexto de presiones sobre el espacio cívico y enormes desafíos globales, la sociedad civil está creciendo, diversificándose y ampliando su repertorio de tácticas. Aprovechando las fortalezas representadas por su diversidad, adaptabilidad y creatividad, la sociedad civil sigue evolucionando. Gran parte de la energía radical de la sociedad civil proviene de pequeños grupos informales, a menudo formados y dirigidos por mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Es necesario apoyarlos y nutrirlos.

Acerca de este informe

Este es el informe número 12 de nuestra serie que se publica anualmente y explora las tendencias sobre la acción de la sociedad civil en todos los niveles y en todos los ámbitos. Se basa en nuestra iniciativa de análisis permanente lanzada en enero de 2022, CIVICUS Lens. Se nutre directamente en las voces de la sociedad civil afectada y responde a los principales problemas y desafíos del día, a partir de más de 180 entrevistas de la sociedad civil publicadas a lo largo del año.

Acerca de CIVICUS

CIVICUS es una alianza global de activistas y organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS tiene más de 15,326 miembros en más de 189 países de todo el mundo.

Los países y representantes de la sociedad civil del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) listadas abajo expresan su profunda preocupación por los informes de presunta vigilancia digital ilegal contra periodistas, activistas y otras personas defensoras de derechos humanos en México, como se destaca en una carta firmada por el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil que lideran el proceso de OGP en México, y validado por Citizen Lab. Reiteramos la invitación al gobierno mexicano para que proporcione una respuesta formal, en caso de que así lo decida, de conformidad con las directrices del Protocolo de Respuesta Rápida.

El tema de los informes es muy relevante para los valores de OGP descritos en la Declaración de Gobierno Abierto, que incluyen “proteger la capacidad de las organizaciones sin fines de lucro y de la sociedad civil para operar de manera consistente con nuestro compromiso con la libertad de expresión, asociación y opinión”. La participación cívica requiere un entorno propicio para la libertad de expresión y la libertad de asociación, que respete el derecho de todas las personas a tener opiniones sin interferencias, y el derecho a la privacidad. Por lo tanto, las actividades ilegales de vigilancia digital son incompatibles con los principios de gobierno abierto, disminuyen la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos y socavan la seguridad de estos grupos y el papel fundamental que desempeñan.

Reconocemos el compromiso de OGP del gobierno de México para establecer “controles democráticos sobre las intervenciones de comunicaciones privadas”, y alentamos a las partes interesadas del gobierno, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y otras agencias de seguridad relevantes, a utilizar el proceso OGP para priorizar su implementación. Reconocemos los esfuerzos realizados hasta el momento por el Secretario Salcedo, Secretario de la Función Pública, para avanzar en el diálogo entre la sociedad civil y los actores estatales para lograr las reformas previstas en el compromiso. Alentamos además al gobierno a fortalecer los controles democráticos para evitar la vigilancia digital injustificada de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos.

El Comité Directivo de OGP está dispuesto a brindar el apoyo necesario, incluyendo para identificar necesidades y oportunidades de colaboración, y facilitar el diálogo. En caso de que las partes interesadas mexicanas lo consideren fructífero, respetuosamente ofrecemos a dos de nuestros miembros, uno de la sociedad civil y otro del gobierno, para trabajar con los miembros del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y el gobierno mexicano, incluidas las agencias de seguridad relevantes, para continuar avanzando en el diálogo y cocrear un cronograma concreto para la implementación exitosa del compromiso de OGP de México “Controles democráticos en las intervenciones de comunicaciones privadas”.

Firman: 
Gobierno de Canadá
Gobierno de Estonia
Gobierno de Italia
Gobierno de Kenia
Gobierno de Nigeria
Gobierno del Reino Unido
Natalia Carfi, Open Data Charter
Anabel Cruz, ICD Uruguay
Aidan Eyakuze, Twaweza
Eka Gigauri, Transparency International Georgia
Blair Glencorse, Accountability Lab
Lysa John, CIVICUS
Lucy McTernan, Scottish Open Government Partnership
Stephanie Muchai, International Lawyers Project
Luben Panov, European Center for Not-for-Profit Law
Doug Rutzen, International Center for Not-for-Profit Law
Barbara Schreiner, Water Integrity Network

Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 52ª Sesión

Diálogo interactivo sobre la actualización oral del Alto Comisionado sobre Venezuela

Pronunciada por Marysabel Rodríguez

En Venezuela no existen garantías para la libertad de expresión, la protesta pacífica y el derecho a la asociación. La violación a las libertades civiles afectan la exigencias de los derechos económicos y sociales.

En 2022, al menos 80 emisoras radiales fueron cerradas por órdenes del gobierno. La gestión arbitraria y poco transparente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones dejó en incertidumbre jurídica a la mayoría de las emisoras desde hace años.

La “ley contra el odio” se sigue usando hacia personas por expresarse. Al menos 11 detenciones arbitrarias se registraron el año pasado.

La protesta social es reprimida. En jornadas recientes, trabajadores públicos y docentes fueron hostigados, despedidos y amenazados. Se penaliza la huelga laboral; en enero, 18 trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana fueron detenidos y procesados judicialmente por exigir mejores condiciones laborales.

Dos iniciativas legales para regular el derecho a la asociación avanzan actualmente. De aprobarse, consolidarán la criminalización hacia personas, colectivos y organizaciones dedicadas a labores sociales, humanitarias y de derechos humanos. Ninguno de los proyectos de ley es de acceso público ni se han dado a conocer de manera oficial.

Exhortamos a este Consejo a mantener la atención sobre Venezuela; consolidar la presencia de la oficina del Alto Comisionado en el país, apoyar el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos y toda iniciativa que evite mayores restricciones al espacio cívico en el país.

Muchas gracias.

Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

Declaración oral

Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 52ª Sesión

ID con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua

Pronunciada por Amaru Ruiz

Gracias, Señor presidente.

Recibimos con gran satisfacción la liberación de 222 presos políticos, pero nos alarma la decisión de desterrarlos y despojarlos de la ciudadanía nicaragüense, así como a otros 95 críticos del gobierno, periodistas y defensores de los derechos humanos, y la confiscación de sus bienes. Yo soy uno de esos 317 ciudadanos que ahora son apátridas. No olvidemos a los 38 presos políticos que siguen detenidos arbitrariamente por el gobierno, entre ellos Monseñor Rolando Álvarez.

El estado del espacio cívico en el país es calamitoso y se deteriora aún más debido al esfuerzo concertado del gobierno para sofocar toda forma de opinión disidente. Desde principios de 2022, el Ministerio del Interior ha cancelado la personería jurídica de más de 3.200 organizaciones no gubernamentales, lo que representa el 45% de las existentes antes de abril de 2018.

La situación empeora aún más por la total negativa del gobierno a cooperar y comprometerse con los organismos internacionales de derechos humanos. Las numerosas recomendaciones recibidas por el Gobierno para que ponga fin a la impunidad de los abusos graves y desista de utilizar las detenciones arbitrarias como medio para reprimir la disidencia, han sido vergonzosa y deliberadamente ignoradas por el Gobierno. El gobierno también ha hecho caso omiso de los llamamientos para derogar los marcos jurídicos que violan los derechos civiles y políticos.

A la luz de las terribles violaciones de derechos humanos y de la impunidad, así como de la falta de cooperación, los mandatos del Grupo de Expertos y de la OACNUDH son más importantes que nunca, ya que siguen siendo los únicos mecanismos capaces de reunir pruebas de las violaciones de derechos humanos, informar sobre ellas y formular recomendaciones para que se tomen las medidas necesarias. Instamos al Consejo a que renueve el mandato del Grupo de Expertos por dos años y amplíe el mandato de la OACNUDH.

Le damos las gracias.

Honduras: a un mes del asesinato de 2 defensores del río Guapinol, más de 100 organizaciones de derechos humanos llaman a cumplir con obligaciones internacionales para garantizar el acceso a la justicia y medidas de no repetición

Desde la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS, mostramos nuestra satisfacción por la liberación de las 222 personas presas políticas que habían sido detenidas y declaradas culpables de acusaciones falsas por las autoridades nicaragüenses. Su liberación es un paso en la dirección correcta, y debe ir seguida del cese de todas las restricciones al espacio cívico. Si bien nos alegramos por las personas que han quedado en libertad y por sus familias, nos siguen preocupando los 38 presos políticos que continúan recluidos en condiciones degradantes en el sistema penitenciario del país.

Las redes regionales de organizaciones de la sociedad civil Alianza Regional por la Libre Expresión e Información; Civicus,  IFEX-ALC y Voces del Sur exhortamos a la comunidad internacional a rechazar abiertamente la nueva iniciativa legislativa que habilita la criminalización de organizaciones y actividades legítimas de la sociedad civil venezolana protegidas por el derecho humano a la libertad de asociación.

El pasado 24 de enero, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”. Desde su presentación ante el parlamento se plantea un discurso estigmatizante que ubica a las organizaciones civiles que hacen trabajo social, humanitario y de promoción de derechos humanos como “enemigas de la patria”.

Venezuela atraviesa desde hace varios años una crisis estructural con impacto negativo en la garantía de derechos sociales, económicos, civiles y políticos, y con consecuencias a nivel regional por el desplazamiento de millones de personas en condición crítica hacia otros países del continente. Esta situación ha sido atendida por organizaciones de la sociedad civil a través de asistencia social y humanitaria, cuyo trabajo se vería restringido a través de esta ley.

A la fecha de publicación de este comunicado, el proyecto de ley no es de acceso público. Una vez presentada, la propuesta se aprobó de forma inmediata; la Asamblea Nacional no discutió la normativa ni cumplió el proceso establecido en la Constitución para el tratamiento de los proyectos de ley. 

En Venezuela las organizaciones  están sometidas a una serie de registros y cumplen con sus compromisos fiscales. Es el Estado el que impide de facto que nuevas organizaciones se registren o actualicen su documentación al paralizar los procesos en los registros públicos.

La propuesta legal otorga facultades al Poder Ejecutivo de supervisar, inspeccionar, controlar y sancionar a las organizaciones y sujetos obligados, a través de atribuciones legislativas y de fiscalización. Tales capacidades someten la existencia de las organizaciones a la discrecionalidad de los intereses del gobierno de turno, lo que vulnera la autonomía e independencia. Además, el proyecto impone la obligatoriedad de proporcionar “datos sobre la constitución, estatutos, actividades que realizan, proveniencia, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento”, en un contexto donde se ha utilizado información de este tipo para perseguir y criminalizar sectores críticos al gobierno. La transparencia es un pilar fundamental del trabajo de la sociedad civil y se ejerce como una buena práctica, sin embargo la obligatoriedad contenida en la ley debe estar enmarcada en garantías institucionales claras, que respeten y protejan de manera efectiva la libertad de asociación.

Pedimos a la comunidad internacional su apoyo con acciones que eviten que esta y otras legislaciones similares en la región sigan proliferando, ya que solo buscan mermar el espacio cívico en nuestros países. Tales iniciativas alimentan narrativas estigmatizantes e incentivan más acciones de este tipo por parte de sectores de poder con motivaciones cada vez menos democráticas. De aprobarse esta ley, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela estaría bajo una seria amenaza, lo que aumentaría las restricciones en un espacio cívico ya estrecho en el país. 

Una democracia saludable requiere el trabajo de la sociedad civil; personas, organizaciones, movimientos y colectivos para contener el avance de políticas que buscan mermar sus bases, desnaturalizando mecanismos legítimos que al vaciarlos de contenido y convertirlos en  instrumentos para conservar y aumentar el poder lo único que logran es sacrificar a quienes ejercen de manera legítima sus derechos.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

Desde CIVICUS expresamos nuestra preocupación por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas que se manifiestan en Perú tras la destitución del ex presidente Pedro Castillo. Hacemos un llamamiento a las autoridades del país para que eliminen las restricciones indebidas al espacio cívico y garanticen que las personas puedan ejercer plenamente sus libertades fundamentales en el contexto de la crisis política.

Declaración conjunta durante el Diálogo Interactivo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre Nicaragua
Orador: Juan Carlos Arce

Doy esta declaración en nombre de 34 organizaciones nicaragüenses e internacionales, de las cuales 12 conforman el Colectivo 46/2, coalición que monitorea la cooperación de Nicaragua con el sistema de derechos humanos de la ONU.

Nuestro léxico carece de términos apropiados para caracterizar el sufrimiento que el pueblo nicaragüense ha atravesado desde la represión a las protestas de abril de 2018, y la gravedad y amplitud de la crisis de derechos humanos a manos del gobierno en Nicaragua.

Con más de 150.000 nicaragüenses en el exilio, los nicaragüenses son la tercera población más grande que solicitó asilo durante el primer semestre de 2022, después de los venezolanos y ucranianos según el ACNUR.

Las elecciones municipales del 6 de noviembre resultaron en el control absoluto por el partido gobernante sobre los 153 municipios del país, en un proceso “caracterizado por la represión a las voces disidentes y la restricción indebida de los derechos políticos y las libertades civiles”, según la OACNUDH. Los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte siguen expuestos a ataques generalizados por colonos armados en sus territorios, con 90 ataques documentados desde 2018, incluyendo 32 asesinatos, según organizaciones locales. Con la cancelación de la personería jurídica de más de 2500 organizaciones de la sociedad civil, ONU y CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) han denunciado un “claro patrón de represión del espacio cívico” en contra de las voces disidentes, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, actores de la sociedad civil, académicos, estudiantes e integrantes de la Iglesia Católica. Hoy día, el gobierno detiene a cerca de 235 personas presas políticas, en condiciones inhumanas.

Ante ello, la negativa excepcional del gobierno a cooperar con los organismos de derechos humanos de la ONU es condenable. Los dos comités de órganos de tratado de la ONU contra la tortura denunciaron de forma inédita la negativa del gobierno a cooperar, mientras las autoridades también rechazaron revisiones por cuatro otros comités de derechos humanos de la ONU en el último año. Expertos de la ONU de cinco mandatos de “Procedimientos Especiales” también emitieron reiteradas solicitudes de visitas al país, sin recibir respuesta. El análisis de la sociedad civil con base en información de la ONU y del sistema Inter-Americano también denota la falta de implementación absoluta por el gobierno de las 14 recomendaciones de la resolución 49/3 de este Consejo de Derechos Humanos. Por estas razones, lanzamos hoy nuestro llamado global a una resolución sobre Nicaragua que renueve por un período de dos años el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, y el mandato de monitoreo de la OACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos).

Hacemos un llamado a todos los gobiernos para que apoyen dicha resolución en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos, y refuercen su enfoque interseccional, prestando especial atención a la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas migrantes y desplazadas a la fuerza, las personas detenidas por razones políticas, y a los familiares de las víctimas.

¡Libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua!

Organizaciones firmantes:

• Colectivo 46/2: Centre for Civil and Political Rights (CCPR Centre)
• Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
• Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más
• IFEX-ALC International Federation for Human Rights (FIDH)
• International Network of Human Rights Europe (RIDHE)
• International Service for Human Rights (ISHR)
• Mesoamerican Women Rights Defenders Initiative (IM-Defensoras)
• The International Institute on Race, Equality and Human Rights
• Unidad de Defensa Jurídica (UDJ)
• Urnas Abiertas
• World Organisation Against Torture (OMCT)

Otras organizaciones:

• CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation
• Diakonia Due Process of Law Foundation (DPLF)
• FIAN International
• Global Centre for the Responsibility to Protect
• International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
• International Commission of Jurists (ICJ)
• Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI)
• Protection International Mesoamérica
• The International Institute on Race, Equality and Human Rights
• The Washington Office on Latin America (WOLA)
• Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala (UDEFEGUA)
• Women's Link Worldwide

Nicaragua Lucha, incluyendo organizaciones miembros:

• Acción Penal
• Articulación de Movimientos Sociales
• Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX)
• Organización Víctimas de Abril (OVA)
• Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN)
• Popol Na
• Unidad de Registro (UDR)
• Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses

Actualización del Alto Comisionado acerca de la situación en Nicaragua

🇳🇮#SOSNicaragua: Nos preocupa el creciente número de desplazados forzosos y los + de 240 presos políticos recluidos en condiciones degradantes y tratados cruelmente en las cárceles del país.
¡Pedimos urgentemente la libertad de todxs lxs presxs políticxs! https://t.co/07AZzoF28z pic.twitter.com/mBpfAoBcSV

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 15, 2022

Leída por Amaru Ruiz Aleman

Hago esta declaración en nombre de la Asociación Red Local, miembro de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONGs.

Expresamos nuestra preocupación por la situación de los más de 240 presas y presos políticos que se encuentran en condiciones degradantes y reciben tratos crueles en diversos centros carcelarios del país.

En las elecciones municipales recientes el gobierno de Ortega se aseguró el control de forma arbitraria y poco transparente de los 153 municipios del país, restringiendo de esta forma, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos nicaragüenses.

Debido las diversas violaciones a los Derechos Humanos, más de 150.000 nicaragüenses viven en el exilio sin poder regresar a Nicaragua y más de 3206 organizaciones de la sociedad civil y 55 medios de comunicación han sido cancelados en un esfuerzo concertado del gobierno de Nicaragua por eliminar todas las voces que opinan y piensan diferente.

Solicitamos a los miembros de este Consejo apoyen y refuercen la resolución sobre Nicaragua en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de marzo 2023 para dar continuidad al esfuerzo del Grupo de Expertos y el mandato de supervisión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Con especial atención en las restricciones del espacio cívico, las condiciones las personas presas políticas y la situación de las familias desplazadas forzosamente.

¡Libertad para todas los presos y presas políticas en Nicaragua!

En el Día de los Pueblos Indígenas, que se celebra este 9 de agosto, la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS insta a las autoridades mexicanas a liberar de forma inmediata e incondicional a la activista indígena por el derecho a la tierra Kenia Hernández, y a liberar a todos los activistas indígenas que se encuentran encarcelados por su labor de protección y defensa de los derechos humanos.

Según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales. 

Publicado a mediados de 2022, el Informe sobre el estado de la sociedad civil refleja un momento de inmensa agitación y confrontación. La guerra ilícita de Rusia contra Ucrania ha asolado la vida de millones de personas y también está repercutiendo en todo el mundo, ya que el aumento de los precios de los alimentos y el combustible está aumentando la miseria de las comunidades ya afectadas por los efectos de la pandemia y las condiciones meteorológicas extremas causadas por el cambio climático.

No obstante, el informe considera esperanzadoras las numerosas movilizaciones por el cambio en todo el mundo: las protestas masivas, las campañas y los movimientos populares por la justicia, y las numerosas iniciativas de base que defienden los derechos y ayudan a los más necesitados. La sociedad civil está luchando por todos los medios disponibles para lograr un cambio.

Cinco tendencias clave

El informe identifica cinco tendencias fundamentales de relevancia mundial:

1. El aumento del coste del combustible y de los alimentos provoca el enfado de la población y las protestas por la mala gestión económica
2. La democracia está siendo atacada, pero se siguen consiguiendo cambios positivos
3. A pesar de los ataques, se está avanzando en la lucha contra la desigualdad social
4. La sociedad civil mantiene la presión sobre la acción climática
5. Las crisis actuales ponen de manifiesto las deficiencias del sistema de gobernanza internacional

1. El aumento del coste del combustible y de los alimentos provoca el enfado de la población y las protestas por la mala gestión económica
Los gobiernos de todo el mundo no están protegiendo a la población de los impactos de las subidas masivas de precios agravadas por la invasión rusa de Ucrania. La ira de la población ante un sistema económico disfuncional, la pobreza y la desigualdad económica y la corrupción va en aumento. El resultado son las protestas masivas. En Sri Lanka, las protestas generalizadas contra la mala gestión económica llevaron a la dimisión del primer ministro. En Irán, la gente exige un cambio fundamental mientras los precios de los alimentos se disparan. En Kazajstán, más de 200 personas murieron impunemente tras las protestas por la subida del precio del combustible. Pero la gente seguirá protestando por necesidad, incluso en los muchos países donde las libertades fundamentales están siendo reprimidas y la violencia del Estado resulta inevitable.

2. La democracia está siendo atacada, pero se siguen consiguiendo cambios positivos
Las instituciones y las tradiciones democráticas están siendo cada vez más atacadas. Los golpes de Estado están poniendo en peligro los logros que tanto costó conseguir. Los militares han ganado poder en muchos países, como Burkina Faso y Sudán. En otros, como El Salvador y Túnez, los presidentes electos están eliminando los controles democráticos al poder. Se han celebrado elecciones totalmente fraudulentas en países tan diferentes como Nicaragua y Turkmenistán. Los nacionalistas autocráticos han triunfado en las elecciones de países como Hungría y Filipinas. Pero al mismo tiempo se han producido movilizaciones exitosas para defender la democracia, sobre todo en la República Checa y Eslovenia, donde la gente expulsó a los líderes políticos que fomentaban la división en favor de alternativas nuevas y amplias. Líderes progresistas que prometen avanzar en la justicia social han ganado el poder en países como Chile y Honduras. En muchos contextos, como en Costa Rica y Perú, el sentimiento de insatisfacción que prevalece está llevando a un rechazo de quienes están en el poder y a la voluntad de aceptar a los candidatos que se presentan como outsiders y que prometen disrupción.

3. A pesar de los ataques, se está avanzando en la lucha contra la desigualdad social
En tiempos de turbulencia política, y a pesar de la fuerte presión de los grupos antiderechos, se han logrado avances en la defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTQI+. Estados Unidos, donde las fuerzas neoconservadoras se sienten fortalecidas, está cada vez más aislado en lo que respecta a los derechos sexuales y reproductivos, ya que otros países de América, como Colombia y México, han flexibilizado las restricciones al aborto gracias a la labor de la sociedad civil. Los políticos oportunistas continúan tratando de sacar provecho político denigrando a las personas LGBTQI+, aunque a nivel mundial se está extendiendo la estandarización de los derechos LGBTQI+. Recientemente, el pueblo suizo votó por abrumadora mayoría a favor de una ley de matrimonio igualitario. Incluso en contextos hostiles, como Jamaica, se han producido importantes avances gracias a la participación de la sociedad civil en los sistemas regionales de derechos humanos. Pero cuando se trata de luchar por los derechos de las personas migrantes, sólo se recibe a las personas refugiadas de Ucrania en Europa con la compasión que merecen estas personas, mientras que el sentimiento predominante a nivel mundial es la hostilidad. A pesar de ello, una nueva generación está impulsando movimientos que promueven la justicia racial y exigen equidad para las personas excluidas.

4. La sociedad civil mantiene la presión sobre la acción climática
Una generación joven y diversa es la misma fuerza social que continúa agitando el cambio climático. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos se hacen más frecuentes, el peso de la crisis climática sigue recayendo de forma desproporcionada en las poblaciones más excluidas, que son las que menos han hecho para provocar el problema. Los gobiernos y las empresas no actúan, y los movimientos de la sociedad civil exigen medidas urgentes de reducción de las emisiones para hacer frente a la magnitud del problema, por ejemplo, mediante marchas masivas, huelgas climáticas y desobediencia civil no violenta. Además, aumentan los procesos judiciales relacionados con el clima, que han dado lugar a importantes avances legales, como la sentencia de los Países Bajos que obligó a Shell a comprometerse a reducir sus emisiones. El activismo de los accionistas frente a las empresas de combustibles fósiles y sus financiadores se está intensificando, y los fondos de pensiones reciben cada vez más presiones para desprenderse de los combustibles fósiles.

5. Las crisis actuales ponen de manifiesto las deficiencias del sistema de gobernanza internacional
La guerra de Rusia contra Ucrania es la última crisis, junto con los recientes conflictos en el Sahel, Siria y Yemen, entre otros, que pone de manifiesto el fracaso de las instituciones mundiales a la hora de proteger a las personas y prevenir los conflictos. El Consejo de Seguridad de la ONU está paralizado por el papel de veto de Rusia como uno de sus cinco miembros permanentes, a pesar de que una sesión especial de la Asamblea General de la ONU produjo una resolución de condena de la invasión. Rusia ha sido suspendida, con razón, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero este órgano esencial en materia de derechos humanos sigue estando dominado por Estados que violan los derechos. Para que la ONU pase de ayudar a prevenir las crisis a tratar de reaccionar ante ellas, es necesaria la participación efectiva de la sociedad civil. El mundo actual, caracterizado por la crisis y la volatilidad, necesita una ONU dispuesta a trabajar con la sociedad civil, ya que ésta sigue buscando y asegurando un progreso vital para la humanidad.

Acerca del informe
Este es el undécimo informe anual sobre el estado de la sociedad civil, publicado por la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. El informe de este año tiene un formato más breve y accesible. Se basa en las historias publicadas por nuestra iniciativa de comentarios y análisis continuos, CIVICUS Lens, y en más de 120 entrevistas con activistas, líderes y expertos de la sociedad civil que están cerca de los temas importantes del día.

Acerca de CIVICUS
CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS cuenta con más de 10.000 miembros en todo el mundo.

Andrew Firmin, redactor jefe de CIVICUS
Ines Pousadela, asesora principal en materia de investigación de CIVICUS
Para consultas relacionadas con los medios de comunicación y entrevistas, contactar con 

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, entre las que se incluyen organismos nacionales de todo el mundo, nos unimos en nuestra condena de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, que constituye una flagrante violación del derecho internacional. Condenamos los ataques de las fuerzas rusas contra la población civil y las infraestructuras, que suponen crímenes de guerra.

La alianza global de la sociedad civil CIVICUS se solidariza con el pueblo ucraniano y pide una respuesta internacional rápida, unificada y dirigida a Rusia.

Según la alianza global de la sociedad civil CIVICUS, el brutal asesinato del defensor de los derechos humanos Francisco Vázquez en Morelos, México, perpetrado por hombres armados no identificados, debe empujar a las autoridades a que hagan rendir cuentas a los responsables y a poner fin a estos actos de violencia irracional contra los defensores de los derechos humanos y otros colectivos.

El proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros propicia el cierre del espacio de la sociedad civil en El Salvador, denunció una coalición de diecisiete organizaciones de derechos humanos. El Estado debe garantizar los derechos a la libertad de asociación y a defender derechos humanos, señalaron.

El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa de El Salvador despierta fantasmas conocidos en la región y en el mundo donde este tipo de leyes se están convirtiendo en la herramienta multifuncional de los regímenes autoritarios. Con un texto similar a la restrictiva Ley de Regulación de Agentes Extranjeros vigente en Nicaragua desde octubre de 2020, con la que se ha fomentado la criminalización de la disidencia en ese país gobernado por un régimen autoritario, el proyecto de ley salvadoreño incluye directrices orientadas a controlar, fiscalizar, cancelar la personería jurídica y criminalizar a las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes que trabajan en el país en caso de no cumplir con lo estipulado en la ley. 

Si bien las discusiones e inminente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros fue puesta en pausa el 23 de noviembre de 2021 ante la profunda preocupación expresada por organismos internacionales de derechos humanos y el cuerpo diplomático acreditado en El Salvador, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que el país necesita de dicha ley y que hay límites a lo que puede cambiar la presión internacional. 

Leyes como la que propone aprobar el Estado de El Salvador son contrarias a los tratados internacionales en materia de derechos humanos por ser violatorios de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos. El proyecto de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es un grave indicador del inminente cierre de los espacios de la sociedad civil en El Salvador y representa una amenaza a la labor de promoción de la participación ciudadana y la libertad de expresión, elementos pilares de un sistema democrático.

En este sentido, las organizaciones firmantes recuerdan que el derecho a defender derechos humanos es ampliamente reconocido por los organismos internacionales de protección. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que las personas defensoras de derechos humanos contribuyen de manera esencial al fortalecimiento del Estado de Derecho, cuestionando la impunidad y activando los mecanismos que mantienen vivos los sistemas democráticos.

Por todo ello, las organizaciones firmantes se suman al llamado realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como a la comunicación realizada por diversos Expertas y Expertos de las Naciones Unidas y urgen a las autoridades legislativas a abstenerse de aprobar la ley propuesta, en cumplimiento con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

Organizaciones firmantes:

1. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos 
2. FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
3. Action Solidarité Tiers Monde (ASTM)
4. Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
5. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
6. CIVICUS
7. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) – Euskadi
8. CooperAcció
9. Diakonia 
10. ForumCiv
11. Front Line Defenders
12. IM Sweden
13. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
14. Mundubat
15. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
16. Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
17. Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina “Óscar Romero” (SICSAL)

• El juicio de los defensores de los derechos humanos de Guapinol comienza hoy, 1 de diciembre, tras dos años de detención ilegal.
• Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS.
• La Organización de Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y exige su liberación.
• Honduras ha sido nombrada recientemente por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
• Honduras es uno de los lugares más peligrosos para las personas que defienden los derechos medioambientales.

Tras más de dos años en prisión preventiva, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) van a ser juzgados este 1 de diciembre de 2021 en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

" Las autoridades hondureñas siguen adelante con el juicio, a pesar de que grupos de la sociedad civil de Honduras y miembros de la comunidad internacional han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la prolongada detención y la persecución judicial de los ocho defensores de los derechos humanos. El proceso judicial ha sido irregular hasta ahora, y los defensores de los derechos humanos deben ser puestos en libertad inmediatamente", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente. En octubre de 2021, Honduras fue nombrada por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

" Honduras sigue ignorando las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y transmite un mensaje contradictorio sobre sus compromisos en materia de derechos humanos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", continuó David.

Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y lucha por su liberación.

CIVICUS hace un llamamiento al nuevo gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor.

Los líderes filantrópicos instan a los gobiernos a defender la democracia y los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil contra las políticas represivas.

El 17 de noviembre de 2021, once organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos^[1]presentaron un escrito de amicus curiae ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras, rechazando la injusta y extensa detención preventiva de los activistas de derechos humanos conocidos como los defensores del Medio Ambiente del Río Guapinol. Los Defensores han pasado más de dos años en prisión preventiva por hechos relacionados con una protesta pacífica para proteger las fuentes de agua del Parque Nacional Carlos Escaleras. El escrito argumenta que la extensa detención preventiva ha violado los derechos humanos constitucionales e internacionales de los defensores. Pese a ello, los tribunales hondureños han rechazado repetidamente los intentos de liberar a los defensores, como ocurrió recientemente mediante una decisión del Tribunal de Sentencia de Trujillo del 27 de octubre de 2021. El juicio del caso está programado ser conocido por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba a partir del 1 de diciembre de 2021.

El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril del 2018.  Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas. 

Mientras el Presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, así como también otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Estas violaciones de derechos humanos han afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, respecto de quienes se ha reportado un impacto diferenciado.

Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos 7 candidatos presidenciales. Algunas de estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante meses y semanas. Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos,  facilitada por la falta de independencia judicial y  por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional, que ha sancionado leyes que violan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a votar y postularse para cargos públicos en elecciones libres y justas. 

Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la  crisis de derechos humanos.

1. DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS

Desde el 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente desde hace tiempo en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. 

El Estado nicaragüense debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a y ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad.

2. FALTA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios. Frecuentemente, las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección. La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección.

Asimismo, las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales. 

El Estado nicaragüense debe garantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral.

3. VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

Las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Como parte de esta táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación. 

Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.

Además, el gobierno sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de la comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo investigaciones administrativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautación de sus bienes. En este preocupante escenario, no sólo se violan los derechos de los profesionales y medios atacados, sino que también se ve limitado el acceso a la información de la población en general, lo cual es clave para el adecuado ejercicio de los derechos políticos. 

El Estado nicaragüense debe proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral. Además, debe detener el hostigamiento, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado.

4. VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS

El gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos. A su vez, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos de oposición, impidiéndoles participar de las elecciones. 

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde fines de mayo. Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos. 

Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantizaría el pleno ejercicio de los derechos políticos.

El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación.

El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

5. FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA 

En respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos. De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma. 

A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifiestan y promueven el respeto a los derechos humanos ha continuado.  

El reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.

El Estado nicaragüense debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral.

Amnistía Internacional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CIVICUS

Human Rights Watch

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Organización Mundial Contra la Tortura

People in Need

Red Internacional de Derechos Humanos

Women’s Link Worldwide

- Hoy se cumplen exactamente dos años desde que los defensores de los derechos humanos de Guapinol fueron encarcelados
- Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS
- Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y pide su liberación
- Este mes de agosto, han ampliado ilegalmente su detención a seis meses más
- Honduras es uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos medioambientales

Desde hace dos años, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) están en prisión preventiva en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

"No hay absolutamente ninguna base para que Honduras detenga a los ocho defensores de los derechos humanos y los siga manteniendo en prisión preventiva. A pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, incluidos los de los organismos de las Naciones Unidas, para que sean liberados, las autoridades hondureñas siguen haciendo caso omiso del Estado de derecho y los mantienen retenidos desde hace dos años", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente.

"La continua detención de los defensores de los derechos humanos de Guapinol viola los derechos humanos regionales e internacionales de Honduras y expone a los defensores a graves riesgos de salud en el contexto de una pandemia mundial", continuó David.

Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y pide su liberación.

CIVICUS hace un llamamiento al gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor

La alianza global de la sociedad civil CIVICUS se muestra seriamente preocupada por la prolongada detención del defensor de los derechos humanos nicaragüense, Medardo Mairena Sequeira. Medardo fue detenido hace un mes durante una oleada de arrestos de activistas y personas que manifestaron su deseo de presentar su candidatura a la Presidencia en el contexto de las elecciones presidenciales, previstas para noviembre de 2021.

“El presidente Daniel Ortega lleva demasiado tiempo utilizando los mecanismos del Estado en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la oposición política, con el fin de reprimir la libertad de expresión y prolongar su permanencia en el poder. Ahora, a pocos meses de las elecciones de noviembre de 2021, este recrudecimiento de la represión pretende silenciar a la oposición política para garantizar su victoria cuando los nicaragüenses voten. La comunidad internacional debe tomar medidas ahora para evitar un mayor deterioro de los derechos humanos”, ha declarado David Kode, responsable de incidencia política y de campañas de CIVICUS.

Además de Medardo, entre los detenidos se encuentran los dirigentes sindicales Freddy Navas Lopes, Pablo Morales y Pedro Joaquín Mena. La mayoría de los detenidos están acusados de complicidad en el secuestro y asesinato de policías en 2018 durante las protestas multitudinarias que recorrieron Nicaragua ese año. Las autoridades afirman que están investigando a los detenidos por incitación a la injerencia extranjera y violación de la soberanía nacional.

Asimismo, la policía realizó una redada en el domicilio de las líderes feministas Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, a las que arrestó. Ambas son miembros del partido de la oposición “Unamos”. Los dirigentes y miembros de Unamos han sido, desde hace varios meses, víctimas de detenciones y encarcelamientos arbitrarios. Las autoridades también han prohibido viajar a otros miembros de la oposición política y de la sociedad civil, además de congelar sus cuentas bancarias.

Contexto

Desde 2018, el gobierno del presidente Ortega ha desencadenado una crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua. Las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la oposición política han sido víctimas de actos de intimidación, arrestos y detenciones por parte de agentes de seguridad. En marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó una Resolución en respuesta a las violaciones de derechos humanos que renueva y refuerza el escrutinio de Nicaragua. En febrero de 2021, también se incluyó a Nicaragua en la Lista de Vigilancia (Monitor Watch List) de CIVICUS, a causa de la preocupación suscitada por el rápido deterioro del espacio cívico del país. A unos meses de las elecciones de noviembre, las autoridades han aumentado sus ataques contra miembros de la oposición política, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

El espacio cívico de Nicaragua se clasifica como "represivo" por el CIVICUS Monitor, nuestra plataforma en línea que evalúa el estado de las libertades cívicas en todos los países.

*Crédito de la foto: Jorge Mejía peralta

Declaración en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

 Leída por: Óscar Eduardo Ramírez, Campaña Defender la Libertad

Como se enfatiza en el informe de la Relatora saliente, la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas y, si no se toman acciones de carácter urgente, nos enfrentaremos a una epidemia de asesinatos perpetrados por la policía a una escala sin precedentes. 

🚨#SOSColombiaDDHH
Hacemos un llamamiento al gobierno de @IvanDuque para que detenga inmediatamente los brutales ataques y asesinatos de manifestantes.
Aquí nuestra declaración: https://t.co/8hjek6eaRS pic.twitter.com/0UEHxFqkhG

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) May 5, 2021

Las autoridades colombianas deben dejar de reprimir brutalmente a las personas que protestan e investigar los asesinatos, ataques y uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares contra los manifestantes, dijo la alianza global de la sociedad civilCIVICUS. 

Desde el 28 de abril, los colombianos han salido a las calles para exigir justicia social y oponerse a una reforma tributaria. Las protestas tienen lugar en un contexto de creciente desigualdad y violencia, provocadas por el fracaso en la implementación de los acuerdos de paz de 2016 y exacerbadas por la pandemia. Los manifestantes han sido fuertemente reprimidos  por la policía en varias ciudades    del país. Los militares han sido desplegados para vigilar las protestas, lo cual solo está permitido en casos excepcionales y de forma temporal de acuerdo con el derecho internacional.

El domingo 2 de mayo, el presidente de la República Iván Duque Márquez retiró el polémico proyecto de ley de reforma tributaria, pero las protestas han continuado. La semana pasada el DANE  (el organismo de estadísticas de Colombia) anunció que la pobreza aumentó en 2020, afectando a casi la mitad de la población.  La creciente desigualdad ha intensificado los disturbios y la violencia en el país. 

Las organizaciones de la sociedad civil en Colombia han condenado graves violaciones a los derechos humanos, incluido el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la represión violenta de las protestas, el asesinato y desaparición de manifestantes, los abusos sexuales, la detención arbitraria y el uso de armas de fuego.

El uso de la violencia contra los manifestantes se produce en un contexto de fuerte estigmatización contra los manifestantes. La sociedad civil en Colombia ha  condenado los  pronunciamientos del gobierno nacional y local contra la movilización,  que comparó a los manifestantes con "vándalos" y  sugirió que están vinculados a grupos armados ilegales.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) dijo  que mientras estaban en una misión de verificación la noche del 3 de mayo, la policía abrió fuego contra los manifestantes, al parecer matando e hiriendo a varias personas en la ciudad de Cali. Grupos de derechos humanos que acompañaban al ACNUDH fueron atacados, amenazados y recibieron disparos por parte de la policía. Así lo  confirmó  la representante del ACNUDH en Colombia, Juliette de Rivero, quien agregó que ninguno de los miembros de la misión resultó herido.

En una semana de protestas, las organizaciones que hacen monitoreo han documentado cientos de violaciones de los derechos humanos. Hasta el 3 de mayo, el Defensor del Pueblo de Colombia había  registrado al menos 19 muertos desde el inicio de las protestas, y la sociedad civil informó de más casos que aún no han sido confirmados. El  grupo de derechos humanos Defender la Libertad dice que  unas  300 personas resultaron heridas y casi un millar de manifestantes fueron detenidos.  El grupo de la sociedad civil  Temblores  también documentó nueve casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública y 56 denuncias de desapariciones durante las protestas. La Fundación  por la Libertad de Prensa (FLIP) también  documentó  70 ataques contra los medios de comunicación.

"Lo que estamos viendo ahora es una escalada de violencia del gobierno Duque contra la movilización social, que cada vez es más letal. La introducción de acciones de "ayuda militar" ha legalizado el uso de la fuerza militar para reprimir el legítimo derecho a protestar y manifestarse pacíficamente", dijo Gina Romero, de la Red para la Democracia-Redlad de América Latina y el Caribe.

"CIVICUS recuerda al gobierno de Colombia que la libertad de reunión pacífica es un derecho humano fundamental articulado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) de las Naciones Unidas. El derecho a reunirse para expresar puntos de vista colectivos es una piedra angular de una sociedad libre y abierta",  dijo Natalia Gómez Peña, Oficial de Promoción y Campañas de CIVICUS para América Latina.

"Incluso si una asamblea incluye participantes violentos, los estándares internacionales de derechos humanos no permite a las autoridades usar fuerza excesiva contra los manifestantes. Al usar la fuerza, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y sus oficiales no deben usar armas de fuego para dispersar a las multitudes y no pueden usar indiscriminadamente armas no letales como gases lacrimógenos", continuó Gómez Peña.  

CIVICUS hace un llamado al gobierno colombiano para que garantice el derecho a la manifestación pacífica, la libertad de expresión, la seguridad, la vida y la integridad de todas las personas que participan en la huelga nacional.

Colombia es calificada como REPRIMIDA  por el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que mide el estado de las libertades cívicas, incluyendo las libertades de expresión, reunión y asociación, en todos los países.

Entrevistas

Las entrevistas están disponibles con:

• Natalia Gómez Peña, Oficial de Promoción y Campañas de CIVICUS para AméricaLatina;
• Gina Romero, de la Red para la Democracia de América Latina y el Caribe-Redlad.

Póngase en contacto con:   o 

ACERCA DE CIVICUS

CIVICUS es una alianza global de organizaciones y activistas de la sociedad civil, dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS cuenta con más de 10.000 miembros en todo el mundo.

La comunidad internacional debe exigir responsabilidad al Gobierno cubano por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes.

Veinticinco años después de la ratificación de la Plataforma de Acción de Beijing, y un año después de que mujeres de todo el mundo participaran en la Huelga Mundial de Mujeres, la justicia de género sigue sin ser una realidad para la mayoría de las mujeres.Type a message. A pesar de que numerosas movilizaciones masivas han sido lideradas por mujeres en todo el mundo y de que hemos presenciado múltiples campañas e intervenciones políticas lideradas por mujeres de la sociedad civil, activistas y abogadas, la lucha de las mujeres por conseguir la plena igualdad continúa.

El gobierno de #Honduras no ha implementado la mayoría de las recomendaciones de la #ONU para proteger a la sociedad civil y continúa siendo uno de los países más peligrosos para activistas y periodistas.@inespousadela presenta nuestra declaración en el #HRC46 @REDLADoficial pic.twitter.com/8D8g0orRGe

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) March 17, 2021

Declaración en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos - Adopción de resultados para Honduras

Gracias, Señor presidente.

CIVICUS, ASONOG y RedLad celebran el compromiso del gobierno de Honduras con el proceso del EPU. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que desde su anterior revisión Honduras no ha implementado 19 de las 30 recomendaciones recibidas en relación con el espacio cívico, y que sólo ha implementado parcialmente ocho.

Como detalla nuestra presentación, la legislación hondureña limita la libertad de asociación de los trabajadores. Además, para quienes trabajan en temas políticamente sensibles el disfrute de esta libertad está limitado en la práctica, a menudo como resultado de la intervención de actores no estatales. Aunque ha habido cambios positivos en el marco legal, la labor de las OSC siguió viéndose perjudicada por factores extralegales. La acción de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de la tierra, así como de estudiantes y personas defensoras LGBTQI+, también es obstaculizada por la criminalización, la persecución penal, el acoso y la vigilancia. Aunque Honduras estableció un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, no ha logrado asegurar su efectividad. Sus altos y persistentes niveles de violencia hacen de Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para la labor de derechos humanos y el periodismo.

Como también lo documenta nuestro informe, el Código Penal de 2019 mantuvo los delitos de calumnia e injuria, que siguieron siendo utilizados contra periodistas, y el derecho de acceso a la información consagrado legalmente continuó restringido por la llamada Ley de Secretos Oficiales.

El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa sometido a barreras legales y de hecho. Las manifestaciones pacíficas, en particular las de los movimientos estudiantiles, indígenas, campesinos y ambientales, son a menudo disueltas de forma arbitraria y violenta. Persiste el vacío legal en cuanto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad por los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos.

Acogemos con beneplácito las recomendaciones realizadas a Honduras en este ciclo para abordar estas preocupaciones y pedimos al Gobierno de Honduras que tome medidas proactivas para implementarlas, de modo de crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil. Además, pedimos a los Estados que hicieron dichas recomendaciones que aseguren un seguimiento de su implementación.

Muchas gracias.

El espacio cívico en Honduras está calificado como represivo por el CIVICUS Monitor 

Declaración en el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Este Consejo ha identificado las restricciones a las libertades fundamentales como una señal de alarma de una inminente crisis de derechos humanos. Cinco países han sido destacados en la última lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, la cual pone el punto de mira un grupo de países en los que se ha producido un rápido declive del respeto al espacio cívico.

Entre ellos se encuentra Myanmar, donde un golpe militar ha provocado la muerte de al menos 50 manifestantes y la detención arbitraria de más de mil activistas, manifestantes y políticos, mientras que los periodistas son objeto de ataques diarios.

En Nicaragua se ha producido una represión sistemática de las manifestaciones. Los defensores de derechos humanos, los periodistas y los presuntos opositores políticos sufren criminalización y acoso. Además, una reciente oleada de leyes represivas obstaculiza aún más el espacio cívico.

En Polonia, las autoridades y los grupos de extrema derecha han respondido con una fuerza excesiva a los meses de protestas desencadenadas por la prohibición casi total del aborto. Desde 2015 se han aprobado leyes y reformas que socavan la independencia judicial y el Estado de derecho. Asimismo, la libertad de los medios de comunicación está amenazada.

En Rusia se han producido agresiones a gran escala contra las reuniones pacíficas y los periodistas durante las masivas protestas pacíficas a nivel nacional. Más de 10.000 manifestantes han sido detenidos.

En Togo, donde el espacio cívico se ha visto limitado desde 2017, la detención de un periodista y de sindicalistas y la suspensión de un periódico son ejemplos recientes que ponen de manifiesto el deterioro del respeto a las libertades cívicas.

El Consejo no puede cumplir sus mandatos de protección o prevención a menos que esté preparado para tomar medidas significativas en situaciones que muestren tales señales de alerta. Pedimos que el Consejo lleve a cabo un examen más riguroso de Myanmar y Nicaragua en este periodo de sesiones, y que preste la debida atención a Polonia, Rusia y Togo para evitar el deterioro de la situación sobre el terreno.

Las líderes de la sociedad civil, las activistas, las manifestantes y las defensoras de derechos humanos son esenciales para dar forma a la vida pública, a través de campañas, protestas e intervenciones políticas. En todo el mundo, las mujeres y las niñas están en primera línea de la movilización: por la igualdad, por procesos democráticos significativos, por su libertad de expresión, por espacios más seguros y por un medio ambiente protegido, entre otras cosas. El tema de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65) de este año, que se celebra del 15 al 26 de marzo de 2021, es Mujeres en la vida pública: Igualdad de participación en la toma de decisiones.

Reconociendo la importante labor de las mujeres activistas en todo el mundo, desde CIVICUS, y en colaboración con sus miembros y socios, hemos propuesto las siguientes acciones:

• Mostrar perfiles de mujeres que se movilizan, que son activas en las protestas y en la sociedad civil, así como su papel en la vida pública;
• Formular recomendaciones a los organismos multilaterales y a los gobiernos para conseguir alcanzar los ODS5 y ODS16, a partir de las realidades vividas por las mujeres;
• Continuar incidiendo para que las mujeres que trabajan en la sociedad civil tengan acceso a una participación efectiva, a una adecuada dotación de recursos, trabajos de atención y que su trabajo sea visibilizado.

¿Cómo puedes participar?

A partir de nuestra campaña “16 Días de Activismo”, desde CIVICUS presentaremos historias inspiradoras, amplificaremos las voces de nuestra comunidad de miembros, pondremos especial atención a las mujeres defensoras de los derechos humanos que se encuentran en peligro y continuaremos compartiendo cómo la Covid-19 está afectando al derecho de las mujeres a protestar.

Te invitamos a lo siguiente:

1. Durante la CSW65, del 15 al 26 de marzo de 2021, habla de tu trabajo en las redes sociales - como defensora de los derechos humanos, activista, manifestante - utilizando los hashtags #Wedefend #SheDefends #PublicLife #CSW65
2. Sigue y etiqueta a @CIVICUSespanol o @CIVICUSalliance (Twitter | Facebook) cuando publiques algo durante la CSW65. Promoveremos y compartiremos tantas actividades como podamos.
3. Comparte historias de defensoras de los derechos humanos detenidas arbitrariamente como parte de nuestra campaña #StandAsMyWitness rellenando este formulario para compartir casos documentados de defensoras de los derechos humanos actualmente detenidas.

Leer más

Historias impactantes de mujeres activistas y periodistas que se enfrentan al acoso en Internet. CIVICUS se ha asociado con Global Voices para producir esta serie de artículos: https://civicus.org/index.php/media-resources/op-eds/4951-harassment-goes-virtual-women-activists-and-journalists-speak

Cómo las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mayores riesgos debido a su género, por Masana Ndinga-Kanga http://www.ipsnews.net/2019/05/women-human-rights-defenders-face-greater-risks-gender/

INFORME: En defensa de la humanidad: Las defensoras de los derechos humanos y la lucha contra su silenciamiento https://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/3791-in-defence-of-humanity-women-human-rights-defenders-and-the-struggle-against-silencing

Declaración en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 46º período de sesiones;

Agradecemos a la Mision de Determinacion de los hechos por esta oportuna actualización, que asegura que la situación de derechos humanos en Venezuela continúe siendo documentada oportunamente. La Oportunidad de sostener espacios de diálogo más frecuentes ayuda a garantizar un seguimiento independiente y continuo de la implementación de las recomendaciones anteriores.

A pesar de las reiteradas condenas de organismos e instituciones internacionales, las ejecuciones extrajudiciales continuan en Venezuela. Expresamos nuestra preocupacion por los recientes hechos ocurridos en La Vega ,Caracas, donde al menos 650 agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas fueron desplegados debido a presuntos enfrentamientos entre pandillas y policías. Al menos 14 personas fueron asesinadas durante la operación. Las organizaciones de derechos humanos refutan enérgicamente que las muertes fueron el resultado del enfrentamientos. Las pruebas y los testimonios de testigos muestran que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.

Además, la situación del espacio cívico continúa deteriorándose. En medio de la pandemia, las protestas no cesaron. Las organizaciones locales documentaron 412 incidentes en los que manifestantes fueron reprimidos por fuerzas de seguridad pública y grupos paramilitares en 2020. Al menos 415 personas fueron detenidas y 150 heridas. Esto refuerza el patrón de represión y uso excesivo de la fuerza contra quienes toman las calles para reclamar sus derechos.

Continúa la criminalización de defensores de derechos humanos. Estamos profundamente preocupados por la detención de activistas de Azul Positivo, una organización humanitaria que ha estado brindando ayuda humanitaria a comunidades vulnerables en Zulia, particularmente a personas que viven con el VIH / SIDA.

La rendición de cuentas y el fin de la impunidad son fundamentales para proteger a las personas que trabajan en el pais. Le pedimos a la Mision cómo los estados miembros del Consejo pueden apoyar al pueblo de Venezuela impulsando procesos de rendición de cuentas.

El CIVICUS Monitor califica el estado de las libertades cívicas en Nicaragua como REPRESIVO.

Declaración en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de Amaru Ruiz, Fundación del Río

La crisis en Nicaragua persiste hasta la fecha, la represión sistemática de las manifestaciones ha suprimido efectivamente las movilizaciones, debido a esto el monitor Civicus ha incluido a Nicaragua en la lista de países de la Lista de Vigilancia. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los opositores políticos se enfrentan a la criminalización y el acoso de agentes de seguridad y grupos civiles pro-gubernamentales. A fines de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que aún había más de 100 presos políticos en Nicaragua. 

Si bien cientos de presos políticos fueron liberados en 2019 y 2020, muchos de ellos aún están siendo sometidos a vigilancia, represalias y re-encarcelamiento. En los últimos meses ha habido un aumento en el uso de cargos penales comunes, como posesión de drogas y armas, para condenar a quienes se perciben como opositores al gobierno mientras niegan su condición de presos políticos.  

Las autoridades nicaragüenses han tratado de silenciar a la prensa independiente, incluso mediante la detención de periodistas y el estrangulamiento. Desde finales de 2020, los legisladores pro-gubernamentales han incrementado los ataques contra la sociedad civil, promulgando una serie de leyes diseñadas para reducir el espacio para las libertades de asociación, reunión y expresión. Este es el caso de la "Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Delitos Cibernéticos y una reforma al Código Penal del país que permite la prisión preventiva sin cargos por hasta 90 días. 

El informe sobre libertad de asociación realizado por Fundación del Rio y Fundación Popolna, puso de manifiesto el proceso de deterioro sistemático del ambiente habilitante para las diversas formas de organizaciones sociales, con patrones de falta de acceso a la justicia y el debido proceso. Esta situación está conduciendo a un eventual cierre forzoso de varias las organizaciones civiles nicaragüense y la salida del país de organizaciones internacionales que no están dispuestas a someterse al marco legal de criminalización que se ha institucionalizado. 

Con las elecciones aun sin garantias y programadas para finales de este año, nos preocupa seriamente que la represión se intensifique, poniendo a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad civil en general en mayor riesgo. 

Los estados miembros del Consejo de derechos humanos deben apoyar una resolución firme que exija un mayor monitoreo por parte del alto comisionado para promover los procesos de rendición de cuentas y evitar que la situación se deteriore aún más a medida que Nicaragua se dirige hacia las elecciones. 

Calificación de su espacio cívico: 'Reprimido' del CIVICUS Monitor

La reciente, continuada e injustificada detención de cinco miembros de la ONG venezolana "Azul Positivo" es un hecho más de una serie de amenazas, hostigamientos, ataques, restricciones, represalias y procesos penales contra las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos venezolanas, que se ha intensificado desde noviembre de 2020. En los últimos meses y semanas, agentes del Estado han entrado por la fuerza en las oficinas de las organizaciones de la sociedad civil; se han proferido amenazas públicas contra las personas defensoras que han interactuado con los mecanismos de derechos humanos, se han congelado las cuentas bancarias de las ONG y se han emitido órdenes de detención contra lxs trabajadorxs humanitarixs.

11 países empeoran en el informe global sobre libertades cívicas

• Un creciente número de personas viven en países ‘cerrados’, ‘represivos’ y ‘obstruidos’
• Los países que han sufrido retrocesos incluyen Estados Unidos, Ecuador, Chile e Costa Rica
• Las principales violaciones incluyen: detención de personas manifestantes, censura y ataques a periodistas
• Las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica se deterioraron durante la pandemia de COVID-19

Las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión continúan deteriorándose en todo el mundo, de acuerdo con un informe global publicado por el CIVICUS Monitor, una investigación colaborativa que da seguimiento a las libertades fundamentales en 196 países. El nuevo informe, El poder ciudadano bajo ataque 2020, muestra que el número de personas que viven en países con restricciones significativas del espacio cívico continúa aumentando año tras año.

El 87% de la población mundial vive en países con un espacio cívico calificado como ‘cerrado’, ‘represivo’ u ‘obstruido’ -un aumento de más del 4% respecto al año anterior. Más de un cuarto de estas personas vive en países con la peor calificación, ‘cerrado’, países donde regularmente se permite a actores estatales y no estatales encarcelar, herir y asesinar a personas por intentar ejercer sus libertades fundamentales. China, Arabia Saudita, Turkmenistán y otros 20 países se encuentran dentro de esta categoría.

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto grave en las libertades cívicas a nivel mundial. En tiempos de crisis, el espacio para el diálogo abierto y constructivo entre los gobiernos y la sociedad civil, así como el acceso a información oportuna y confiable, son fundamentales. Sin embargo, nuestra investigación demuestra que los gobiernos han tomado un rumbo diferente y están usando la pandemia como una oportunidad para introducir o implementar restricciones adicionales a las libertades cívicas.

Nuestros datos muestran que la detención de personas manifestantes y el uso excesivo de la fuerza son las tácticas más comunes utilizadas por las autoridades en el poder para restringir el derecho a la reunión pacífica. Si bien esta violación de derechos ya era común el año anterior, las autoridades han hecho uso de la pandemia como excusa para restringir mucho más este derecho. Censura, ataques a periodistas, y el acoso e intimidación contra personas defensoras de los derechos humanos fueron tácticas habituales documentadas a lo largo del año.

“Utilizar la detención como principal táctica para restringir las protestas solamente demuestra la hipocresía de los gobiernos que emplean la COVID-19 como pretexto para reprimir protestas -es más probable que el virus se propague en espacios confinados como las cárceles”, declaró Marianna Belalba Barrero, Investigadora principal sobre espacio cívico de CIVICUS. “Nuestra investigación refleja una profundización de la crisis del espacio cívico en todo el mundo y resalta cómo los gobiernos están utilizando la pandemia como una excusa para restringir mucho más los derechos, por ejemplo, a través de la aprobación de legislación para penalizar la expresión”.

Este año, once países han empeorado y solo dos han mejorado su calificación. El CIVICUS Monitor está particularmente preocupado por las restricciones al espacio cívico en las Américas, donde cuatro países empeoraron su calificación: Costa Rica, Chile, Ecuador y los Estados Unidos. Asimismo, resulta alarmante el deterioro del espacio cívico en África Occidental, donde cuatro países -Costa de Marfil, Guinea, Níger y Togo- pasaron de ‘obstruido’ a ‘represivo’.

Existe una creciente preocupación sobre el declive de los derechos democráticos y civiles en Europa, donde Eslovenia también empeoró su calificación. El empeoramiento de las condiciones del espacio en Asia sigue siendo motivo de preocupación, donde Filipinas pasa de ‘obstruido’ a ‘represivo’. Oriente Medio y África del Norte, una región donde la mayoría de los países se encuentran en la categoría ‘cerrado’, agrega un país más a la lista, Irak, que pasa de ‘represivo’ a ‘cerrado’.

Con mejoras limitadas pero esperanzadoras, la República Democrática del Congo y Sudán mejoraron su calificación, pasando en ambos casos de ‘cerrado’ a ‘represivo’.

“En la mayoría de las regiones, la situación de las libertades cívicas es sombría este año. En una época en la que los derechos cívicos son más necesarios que nunca para exigir cuentas a los gobiernos, el espacio para hacerlo se encuentra cada vez más restringido. Es crucial que los gobiernos progresistas trabajen de cerca con las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil para detener este declive y ejercer resistencia contra las fuerzas autoritarias”, afirmó Belalba Barreto.

Sin dejarse intimidar por las restricciones, las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil continúan operando, adaptándose y resistiendo. Las protestas masivas fueron a menudo un factor clave que generó cambios positivos. En Chile, las protestas masivas forzaron al gobierno a realizar un referéndum para el cambio de la constitución. En los Estados Unidos, algunos Estados se comprometieron a desmontar o realizar reformas estructurales a sus fuerzas policiales tras las protestas del movimiento Black Lives Matter. Mientras en Malawi, meses de protesta dieron como resultado una histórica repetición de las elecciones presidenciales y la transición de poder.

Más de veinte organizaciones colaboran en el CIVICUS Monitor con el objetivo de proporcionar una base empírica para llevar a cabo acciones destinadas a mejorar el espacio cívico en todos los continentes. El Monitor ha publicado más de 500 actualizaciones sobre el espacio cívico en el último año, las que se analizan en El poder Ciudadano Bajo Ataque 2020. El espacio cívico de 196 países se clasifica como cerrado, reprimido, obstruido, estrecho o abierto, siguiendo una metodología que combina varias fuentes de datos sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión. 

Hoy, en el #DiaDeLosDerechosHumanos hacemos un llamamiento a las autoridades cubanas para detener la represión de los artivistas que reclaman sus derechos civiles y liberar a quienes se encuentran actualmente detenidos o bajo arresto domiciliario.https://t.co/BeKlJMiBFo pic.twitter.com/LtxlWWR1An

— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 10, 2020

Las autoridades cubanas deben detener la represión de activistas por los derechos civiles y liberar a quienes se encuentran actualmente detenidos o bajo arresto domiciliario, sostiene la alianza global de la sociedad civil CIVICUS.

16 Días de Activismo que comienzan anualmente el 25 de noviembre y se extienden hasta el 10 de diciembre, este año completan un año caracterizado por una pandemia global que afectó a las familias, las economías y todos los aspectos de la sociedad mundial. En todo el mundo las mujeres dieron un paso al frente cuando los gobiernos y las empresas no lograban actuar. Luego de un año extremadamente duro, en el evento 16 Días de Activismo la Alianza Global de la Sociedad Civil CIVICUS celebra historias inspiradoras de mujeres: activistas involucradas en la protesta, defensoras de los derechos humanos de las mujeres detrás las rejas y organizaciones de mujeres en todo el mundo que trabajan para mitigar los niveles de violencia de género que crecieron durante la pandemia.

CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.

CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.

Lea las recomendaciones completas: 
https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf 

Las autoridades hondureñas deben actuar para proteger a los defensores del medio ambiente en la comunidad de Guapinol e investigar las amenazas y el acoso contra ellos, según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. El 14 de octubre de 2020, Arnold Joaquín Morazán Erazo, una de las 32 personas criminalizadas por protestar contra un proyecto minero en la zona, fue asesinado por pistoleros desconocidos en su casa de Guapinol.

El asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo ocurrió en momentos en que están por iniciarse nuevas audiencias judiciales en el caso Guapinol y se desarrolla en un contexto de extrema violencia contra la comunidad y los defensores y defensoras de derechos huamnos. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), una organización que ha estado trabajando por la protección del río Guapinol, ha denunciado que estos eventos son parte de una campaña para desestabilizar a la comunidad y provocar miedo con la esperanza de poner fin a la resistencia al proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Aunque Arnold Joaquín no era miembro de la CMDBCP había participado activamente en las protestas contra el proyecto minero en 2018. Días antes del asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo, la CMDBCP denunció un aumento de la vigilancia e intimidación por parte del ejército y la policía en Guapinol ; este patrón de acoso ha persistido después de su asesinato.

CMDBCP también ha denunciado hostigamientos y amenazas online contra el comité y defensores de derechos humanos de la zona. Se ha informado de estas campañas de difamación a la Fiscalía de Derechos Humanos, que hasta ahora no ha iniciado una investigación.

“Los Defensores del Agua de Guapinol sufren continuamente estigmatización y acoso por su trabajo de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Las autoridades hondureñas deben garantizar una investigación inmediata y exhaustiva sobre las amenazas contra los defensores del medio ambiente y hacer más para proteger sus vidas ”, dijo Natalia Gómez, Oficial de Campañas e incidencia para América Latina de CIVICUS.

El 15 de octubre el equipo legal de los #DefensoresDelAgua de Guapinol presentó una nueva solicitud de audiencia para revisar la detención de 8 defensores encarcelados. CIVICUS hace un llamado a las autoridades hondureñas para que los pongan en libertad y garanticen el derecho a la protesta pacífica y de asociación.

Antecedentes

El 7 de septiembre de 2018, decenas de guardias de seguridad armados de la empresa minera Los Pinares acudieron para intimidar un campamento pacífico en la comunidad de Guapinol que había sido instalado para manifestarse contra una mina de óxido de hierro que opera ilegalmente en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

Tras la protesta pacífica, 13 defensores de Guapinol fueron acusados ​​de incendio provocado y privación ilegal de libertad. El 1 de septiembre de 2019, un juez ordenó la prisión preventiva de 8 defensores. Los 8 defensores han estado en la cárcel durante más de un año a pesar de que sus cargos (incendio provocado agravado y privación injusta de libertad) no suelen dar lugar a encarcelamiento.

El caso de los #DefensoresDelAgua de Guapinol es parte de la campaña #ConvierteteEnMiTestigo de CIVICUS, que pide la liberación inmediata de los defensores de derechos humanos y el fin de su persecución. También pide a los estados, autoridades y corporaciones multinacionales que garanticen actividades pacíficas de derechos humanos, sin temor a represalias e intimidación.

Para obtener más información sobre las violaciones del espacio cívico, visite la página del país de Honduras en el Monitor CIVICUS

ACERCA DE CIVICUS

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