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• Honduras : Libertad para los defensores de los derechos humanos de Guapinol detenidos arbitrariamente desde hace dos años

  - Hoy se cumplen exactamente dos años desde que los defensores de los derechos humanos de Guapinol fueron encarcelados
  - Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS
  - Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y pide su liberación
  - Este mes de agosto, han ampliado ilegalmente su detención a seis meses más
  - Honduras es uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos medioambientales

  Desde hace dos años, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) están en prisión preventiva en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

  Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

  "No hay absolutamente ninguna base para que Honduras detenga a los ocho defensores de los derechos humanos y los siga manteniendo en prisión preventiva. A pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, incluidos los de los organismos de las Naciones Unidas, para que sean liberados, las autoridades hondureñas siguen haciendo caso omiso del Estado de derecho y los mantienen retenidos desde hace dos años", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

  El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

  El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente.

  "La continua detención de los defensores de los derechos humanos de Guapinol viola los derechos humanos regionales e internacionales de Honduras y expone a los defensores a graves riesgos de salud en el contexto de una pandemia mundial", continuó David.

  Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y pide su liberación.

  CIVICUS hace un llamamiento al gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

  Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor

• MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”

  CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.

  María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.

  ¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?

  En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.

  México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.