violaciones de derechos humanos

 

  • Nicaragua: Llamamiento urgente para detener la persecución judicial del defensor de los DDHH Medardo Mairena Sequeira

    Medardo Mairena Sequeira, que compareció ayer ante el tribunal para hacer frente a los cargos infundados que se le imputaban, fue declarado culpable de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".

     

  • 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: prioridades en materia de incidencia

    El 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se celebrará del 13 de junio al 8 de julio y será una oportunidad para mejorar el espacio cívico y la protección de la sociedad civil, así como para abordar situaciones graves en países concretos. CIVICUS participará en los debates sobre una resolución, así como en un debate sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, ya que el Consejo renueva el crucial mandato de la Relatoría Especial, así como una resolución sobre las manifestaciones pacíficas para promover la rendición de cuentas en caso de violaciones.

    CIVICUS también trabajará para reforzar las normas internacionales sobre libertad de expresión. En cuanto a la situación de los países, CIVICUS planteará la situación de Eritrea, se unirá a los llamamientos para que se mantenga la observación en Sudány pedirá al Consejo que tome medidas para proteger a los rohingya y a otras minorías étnicas dentro y fuera de Myanmar, al tiempo que aborda las graves violaciones de derechos humanos que sigue sufriendo el país.

    Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos podría abordar situaciones especialmente preocupantes en países que no figuran en el programa. En este sentido, CIVICUS insta al Consejo a que aborde el caso de India, que establezca un mecanismo para Rusiaque debería haber sido creado hace tiempo y que aborde la crisis de los derechos de las mujeres en Afganistán.

    La plena participación de la sociedad civil sigue siendo una cuestión fundamental para el Consejo de Derechos Humanos, y CIVICUS anima a los Estados a que garanticen la celebración de consultas con la sociedad civil nacional, regional e internacional, y a que puedan participar plenamente en los debates y negociaciones del Consejo.


    PRIORIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS

    Eritrea

    La situación de los derechos humanos en Eritrea, miembro del Consejo de Derechos Humanos, y su falta de cooperación con los mecanismos internacionales son motivo de gran preocupación. En 2019, el Relator Especial sobre Eritrea estableció "indicadores para evaluar los progresos en materia de derechos humanos". Hasta la fecha, ninguno de ellos se ha cumplido y la impunidad por las violaciones de derechos humanos pasadas y actuales sigue siendo generalizada. CIVICUS se une a otras organizaciones para pedir al Consejo que adopte una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial, que describa y condene claramente las violaciones cometidas por las autoridades eritreas dentro y fuera del país, y que incorpore los indicadores del Relator Especial para lograr mejoras tangibles.

    El espacio cívico en Eritrea está clasificado como « cerrado » por el CIVICUS Monitor.

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    Sudán 

    La situación en Sudán amenaza con empeorar aún más, y para lograr un acuerdo político satisfactorio es necesario que se rindan cuentas. Tras el golpe militar del 25 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó medidas urgentes convocando una sesión especial y adoptando una resolución en la que se pedía al Alto Comisionado que nombrara un experto en derechos humanos para Sudán. El Consejo debe ahora hacer un seguimiento de su acción inicial y garantizar una supervisión continua. CIVICUS se une a otras organizaciones para pedir a los Estados que apoyen una resolución que garantice que el Alto Comisionado informe regularmente sobre la situación de los derechos humanos y que se celebren debates públicos sobre esta cuestión.

    El espacio cívico en Sudán está clasificado como« represivo » por el CIVICUS Monitor.

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    Myanmar

    Quince meses después del golpe de Estado militar, se siguen denunciando graves violaciones de los derechos humanos por parte de la junta militar en Myanmar. Durante esta sesión del Consejo, existirá la oportunidad de plantear cuestiones de interés, incluyendo actualizaciones del Alto Comisionado y del Relator Especial para Myanmar. Es esencial que se mantenga la presión sobre la junta militar y que la comunidad internacional adopte nuevas medidas específicas para hacer frente a los crímenes de la junta. El golpe ha hecho imposible el retorno seguro, voluntario, digno y sostenible de las personas refugiadas rohingya. CIVICUS pide a los Estados que garanticen que la resolución sobre la situación de los musulmanes rohingya y otras minorías en Myanmar refleje estas preocupaciones, que condenen enérgicamente el golpe militar y que pidan la restauración de un gobierno civil elegido democráticamente.

    El espacio cívico en Myanmar está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.

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    Afganistán

    Afganistán vive una crisis de los derechos de las mujeres. Desde agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron el control del país, la situación del reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán se ha deteriorado drásticamente, especialmente en lo que respecta al derecho a la no discriminación, la educación, el empleo, la participación pública, la salud y la salud sexual y reproductiva. Los talibanes también han restringido gravemente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho a la libre circulación de mujeres y niñas. Afganistán es ahora el único país del mundo que prohíbe explícitamente la educación de las niñas. CIVICUS se une a las organizaciones asociadas para pedir un debate urgente sobre Afganistán, con el fin de garantizar que el Consejo aborde la crisis de los derechos de las mujeres en este país de una manera que refleje la gravedad y la urgencia de la situación.

    El espacio cívico en Afganistán está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.

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    Rusia 

    Desde el comienzo de la agresión rusa en Ucrania, la acción de las autoridades contra la sociedad civil rusa se ha intensificado considerablemente. Tras reaccionar brutalmente a las protestas antibélicas en todo el país, las autoridades rusas han reprimido con dureza las libertades civiles, han amenazado y cerrado los medios de comunicación independientes que cubren la guerra en Ucrania y han bloqueado el acceso a las redes sociales y a los portales de los medios de comunicación. La represión rusa de las voces disidentes internas ha eliminado prácticamente todos los controles y equilibrios internos, permitiendo que el país se convierta en un actor desestabilizador no sólo en la región, sino en todo el mundo.
    CIVICUS apoya a los grupos de la sociedad civil rusos e internacionales en su petición al Consejo de que nombre un Relator Especial para examinar la situación de los derechos humanos en Rusia.

    El espacio cívico en Rusia está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.

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    India

    India fue incluida en la lista de vigilancia de CIVICUS en febrero de este año, lo que indica un grave y rápido declive en el respeto al espacio de la sociedad civil. La Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (Foreign Contribution Regulation Act, FCRA) se ha utilizado como arma contra las organizaciones sin ánimo de lucro, en particular no aceptando sus registros y negándoles el acceso a la financiación extranjera. La situación general de los derechos humanos sigue deteriorándose, y muchos defensores y activistas de los derechos humanos siguen encarcelados en virtud de la draconiana Ley de Prevención de Actividades Ilegales (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA) al igual que otras leyes. CIVICUS pide a los Estados que mencionen específicamente el caso de la India en un diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, con especial referencia a la FCRA y la UAPA.

    El espacio cívico en India está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.


    PRIORIDADES TEMÁTICAS

    Libertad de asociación y de reunión pacífica

    En esta sesión se presentará la resolución sobre la libertad de asociación y reunión, que renueva el mandato del Relator Especial sobre la libertad de asociación y reunión. El Relator Especial presentará un informe sobre el acceso limitado a la financiación, que se ha convertido en una amenaza existencial para la sociedad civil. En países como India, El Salvador y Túnez, las actividades de desarrollo económico y los derechos humanos se han visto limitados por las restricciones a la financiación extranjera.

    CIVICUS hace un llamamiento a los Estados para que apoyen la renovación del mandato en una resolución firme que refleje los retos actuales y para que formulen declaraciones durante el debate con el Relator Especial, destacando los países y las situaciones en las que las restricciones al acceso a la financiación se han convertido en una amenaza existencial para la sociedad civil.

    Manifestaciones pacíficas

    La reunión pacífica es un derecho fundamental y las manifestaciones son una forma eficaz y exitosa de defender otros derechos esenciales. La resolución sobre las manifestaciones pacíficas es una oportunidad para reforzar la protección del derecho a manifestarse y los marcos de rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante las manifestaciones, basándose en las normas y estándares existentes, incluida la Observación General 37 sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica emitida por el Comité de Derechos Humanos.

    CIVICUS anima a los Estados a apoyar la resolución y su enfoque en la crisis, la adopción de un lenguaje más fuerte sobre la rendición de cuentas, y la protección de los periodistas y observadores de las protestas.

    Derecho a la libertad de expresión

    El derecho a la libertad de expresión es esencial para cualquier sociedad democrática. El derecho a buscar, recibir y difundir información es un aspecto esencial de esta libertad. El hecho de que sigan existiendo interrupciones de Internet en todo el mundo, desde Myanmar a la India y desde Chad a Kazajistán, socava este derecho. A ello se suman los problemas de acceso al espacio digital.

    CIVICUS hace un llamamiento a los Estados para que apoyen una resolución sobre la libertad de expresión que refuerce las normas y estándares que rigen este derecho esencial y proteja el derecho de las personas a expresarse plenamente.

     

  • Afganistán: la ONU y los Estados miembros deben tomar medidas urgentes para proteger a la sociedad civil

    En CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, nos preocupa profundamente la seguridad de las personas que defienden los derechos humanos, de los periodistas y del personal de las organizaciones de la sociedad civil en Afganistán, tras el colapso del gobierno del presidente Ashraf Ghani y la toma del poder por parte de los talibanes.

    Tal y como han solicitado los expertos de la ONU, instamos a los Estados miembros de la ONU a que tomen medidas inmediatas para protegerlos y a que convoquen urgentemente una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Afganistán, que incluya un debate sobre el rápido establecimiento de una misión de investigación para evaluar la situación sobre el terreno e informar sobre ella.

    Los talibanes tienen un historial de abusos contra los derechos humanos, represalias coordinadas contra sus críticos y ataques a civiles con impunidad. Tras la toma de Kabul, las personas que defienden los derechos humanos informaron de que los talibanes habían revelado listas de nombres de representantes de la sociedad civil y de que se habían llevado a cabo redadas en sus domicilios. A las personas defensoras que intentan salir del país también se les ha impedido subir a los aviones, ya que las misiones extranjeras han dado prioridad a la evacuación de sus propios ciudadanos y personal. Los demás se han escondido y temen por su vida.

    El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también expresó su preocupación por los primeros informes según los cuales los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, especialmente dirigidas a las mujeres.

    "La crisis que se está produciendo en Afganistán requiere una respuesta urgente y decidida de la ONU y de los Estados miembro. Deben adoptarse medidas proactivas para garantizar la seguridad y la protección de quienes defienden los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Muchos corren el riesgo de ser objetivo de los talibanes por su trabajo, y hay que hacer esfuerzos para evacuarlos y reubicarlos a ellos y a sus familias", dijo Josef Benedict, investigador del Espacio Cívico de CIVICUS.

    CIVICUS ha documentado los ataques de los talibanes a la sociedad civil en los últimos años. Las personas que defienden los derechos humanos, sobre todo las mujeres, han sido amenazadas en el transcurso de su trabajo y algunas han sido secuestradas y asesinadas. Muchos han tenido que trasladarse por razones de seguridad, aunque los autores no han rendido cuentas. Las recientes negociaciones de paz no han incluido de forma adecuada y efectiva a la sociedad civil, especialmente a las defensoras de los derechos humanos.

    Según la información recopilada por el Comité Afgano de Defensores de los Derechos Humanos (AHRDC), sólo entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 fueron asesinados 17 defensores de los derechos humanos. Más de 200 personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación han denunciado haber recibido graves amenazas. Dadas las actuales condiciones de conflicto e inestabilidad política, estas amenazas han aumentado.

    El llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, el 16 de agosto, para que la comunidad internacional hable al unísono para defender los derechos humanos en Afganistán es un paso en la dirección correcta.

    "El Consejo de Seguridad de la ONU debe aprovechar la oportunidad actual para reanudar rápidamente las estancadas conversaciones de paz en Afganistán y garantizar la representación efectiva de la sociedad civil, especialmente de las mujeres. También debe pedir a los talibanes que respeten la legislación internacional en materia de derechos humanos, protejan a los civiles y pongan fin a las operaciones de represalia", dijo Josef Benedict.

    El CIVICUS Monitor es una plataforma en línea que hace un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Afganistán comorepresivo

     

  • Ante la actual crisis de derechos humanos, el Consejo debe tomar medidas más contundentes

    Consejo de Derechos Humanos 49º período de sesiones

    Pronunciada por Nicola Paccamiccio

    Gracias, señor Presidente.

    Acogemos con satisfacción el informe del Alto Comisionado, y nos hacemos eco en los términos más enérgicos de su conclusión de que el Consejo debe considerar nuevas medidas para reforzar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos.

    Tras meses de intensa represión, la calificación del espacio cívico de Nicaragua bajó el pasado diciembre de "represivo" a "cerrado", la peor calificación posible para el CIVICUS Monitor. Prevalece un ambiente de miedo y violencia.

    En el periodo previo a las elecciones de noviembre, los candidatos de la oposición, así como las personas críticas con el gobierno -incluidos líderes estudiantiles, abogados, defensores y periodistas- fueron detenidos acusados de "actuar para socavar la integridad nacional", en virtud de leyes represivas diseñadas para criminalizar todo tipo de crítica. Este tipo de leyes allanaron el camino hacia unas elecciones ilegítimas.

    Las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua están trabajando en un entorno cada vez más hostil. El gobierno ha seguido cerrando organizaciones mediante la revocación de su estatus legal, en este momento hay más de 60 organizaciones a las que se les ha cancelado su estatus legal, desde grupos humanitarios y de derechos humanos hasta entidades empresariales y académicas. En febrero, decenas de personas encarceladas por motivos políticos fueron condenadas como consecuencia de juicios sumarios y arbitrarios. La situación de las personas encarceladas por motivos políticos sigue siendo grave, especialmente teniendo en cuenta las numerosas denuncias de malos tratos y torturas.

    Las amenazas del gobierno han obligado a un mayor número de periodistas a huir del país en los últimos meses. La vigilancia y la autocensura son habituales. Los reporteros han sido objeto de ataques personales, han sido citados y amenazados con cargos.

    Dadas las continuas y graves violaciones de derechos humanos y la impunidad, así como la falta de voluntad de las autoridades para cooperar y comprometerse con los mecanismos regionales e internacionales, es esencial, tal y como ha concluido el Alto Comisionado, que el Consejo adopte un enfoque más firme ante la crisis de derechos humanos. Pedimos al Consejo que establezca urgentemente un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en esta sesión.

    Gracias.

     

  • Cuba: El gobierno cubano debe inmediatamente terminar la reprensión policial y los ataques en contra de las voces críticas

    La comunidad internacional debe exigir responsabilidad al Gobierno cubano por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes.

     

  • Ecuador: Los derechos humanos están en peligro debido a la represión violenta de las protestas

    Según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales. 

     

  • El llamamiento de la sociedad civil a los estados: estamos juntos en esto, no violemos los derechos humanos mientras hacemos frente al COVID-19

    En un momento en que los gobiernos están adoptando medidas extraordinarias para frenar la propagación del COVID-19, reconocemos y aplaudimos los esfuerzos que están realizando los estados para gestionar el bienestar de sus poblaciones y proteger sus derechos humanos, como el derecho a la vida y a la salud. Sin embargo, instamos a los estados a que apliquen estas medidas en el contexto del estado de derecho: las medidas que se adopten en respuesta al COVID-19 deben basarse en hechos, ser legales, ser necesarias para proteger la salud pública, no ser discriminatorias, temporales y ser proporcionadas.

     

  • El Salvador: No más ataques a la sociedad civil y a las libertades cívicas

    El gobierno prolonga el estado de excepción con detenciones masivas sin precedentes y restricciones a los derechos cívicos.

     

  • La práctica para silenciar voces críticas que lleva a cabo el gobierno requiere un control permanente por parte del Consejo

    Consejo de Derechos Humanos 49º período de sesiones

    Pronunciada por Marysabel Rodriguez Torres, Espacio Público

    Desde Espacio Público y en nombre de las víctimas que acompañamos, reiteramos la importancia de seguir con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela, donde a la crisis institucional aún se suman los efectos sociales y económicos de la pandemia.

    De forma causal, el aumento de las restricciones a los derechos civiles y políticos busca silenciar las denuncias; el cierre de medios de comunicación, la detención arbitraria de personas por expresarse, o los constantes bloqueos en internet impiden la libre circulación de contenidos.

    Insistimos en la necesidad de garantizar el acceso a la información pública destacado por la Oficina en su informe previo, como una condición necesaria para el control social de la gestión pública a fin de superar la emergencia humanitaria compleja.

    La reciente decisión del Comité de Derechos Humanos que dictamina la violación de la libertad de información ante la negativa del Estado venezolano a dar cuenta de la gestión de medicinas, reveló una vez más la opacidad como práctica común, que termina afectando el conjunto de derechos, como la salud.

    Exhortamos a que la documentación, así como la asistencia y el apoyo a las víctimas escalen en el país. Apoyamos la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y agradecemos sigan manteniendo especial atención sobre la situación en Venezuela, dentro y fuera del territorio.

    Muchas gracias.

     

  • Las organizaciones de la sociedad civil exigen a Túnez que elimine todas las restricciones impuestas al espacio cívico, así como a los organismos independientes y que se restablezca el Estado de Derecho

    Más de 100 organizaciones de la sociedad civil suscriben la declaración que reclama el fin de las restricciones en Túnez.

     

  • Más de 100 fundaciones y donantes mundiales se comprometen a mantener la solidaridad con la sociedad civil palestina tras la prohibición por parte de Israel de seis importantes organizaciones de derechos humanos

    Los líderes filantrópicos instan a los gobiernos a defender la democracia y los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil contra las políticas represivas.

     

  • MÉXICO: “El problema de la inseguridad es central, pero no se resuelve con militarización”

    CIVICUS conversa acerca de la militarización de la seguridad en México y sus implicancias para la sociedad civil con Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez-Centro Prodh.

    El Centro Prodhes una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana fundada en 1988 por la Compañía de Jesús con el objetivo de defender a víctimas de violaciones graves de derechos humanos e impulsar cambios estructurales que permitan a todas las personas en México gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de sus derechos humanos. Su trabajo se enfoca específicamente en personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión.

     

  • México: Criminalización y detención arbitraria de la defendora de derechos humanos Kenia Hernández

    A:

    Sr. Andrés Manuel López Obrador

    Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

    Dr. Adán Augusto

    Secretario de Gobernación

    Sra. Evelyn Salgado Pineda

    Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero

    Sr. Alfredo del Mazo

    Gobernador Constitucional del Estado de México

    Sr. Alejandro Gertz Manero

    Fiscal General de la República

     

    En Ginebra-París, a 11 de mayo de 2022

    Reciban un cordial saludo desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio), un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH; de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras); Front Line Defenders (FLD); CIVICUS; y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

    En esta ocasión, el Observatorio, la IM-Defensoras, FLD, CIVICUS y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra honda preocupación por la continuidad de la criminalización y la detención arbitraria de la Sra. Kenia Inés Hernández Montalván, así como por los actos de discriminación basados en su género y pertenencia al pueblo indígena amuzga en el marco de los procesos judiciales en su contra.

    Las organizaciones firmantes han emitido reiterados llamados a las autoridades de México solicitando la liberación y el fin de los procedimientos judiciales contra la Sra. Kenia Hernández, en tanto que consideran que su detención responde a un contexto de criminalización de la protesta social y de las personas defensoras de los derechos humanos en Guerrero y en el conjunto del territorio mexicano.

    La Sra. Kenia Hernández, mujer indígena amuzga y abogada originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, es defensora de los derechos de las mujeres, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas. En sus roles como coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive”; co-fundadora y miembro del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero” (MOLPEG), la Sra. Kenia Hernández acompaña a sobrevivientes de violencia machista y a familiares de víctimas de feminicidio, defiende los derechos de las personas injustamente recluidas y las afectadas por las actividades de empresas extractivas multinacionales en el territorio mexicano. No obstante, es precisamente por su legítima labor en defensa de los derechos humanos que la Sra. Kenia Hernández se encuentra recluida en aislamiento en el Centro Penal de Máxima Seguridad del estado de Morelos desde octubre de 2020. Hasta la fecha, se le ha negado por cuestiones burocráticas tanto el acceso a sus representantes legales, así como la participación presencial en las audiencias de los diferentes procesos judiciales en su contra, argumentando su carácter de presa de máxima seguridad. Además, a la Sra. Kenia Hernández también se le ha negado el derecho a recibir visitas de sus familiares bajo argumentos relacionados con la prevención de la Covid-19. Por todos estos hechos, la Sra. Kenia Hernández emprendió dos huelgas de hambre de dos meses cada una en mayo y otra en octubre de 2021, lo cual ha profundizado su condición de vulnerabilidad y riesgo. 

    El Observatorio, la IM-Defensoras, FLD, CIVICUS y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México han acompañado con profunda consternación los procesos de criminalización que se han llevado a cabo contra la Sra. Kenia Hernández desde junio de 2020 por la supuesta comisión de delitos de “ataques a las vías de comunicación en pandilla” y “robo con violencia con uso de arma”, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. De las nueve causas penales que se están desarrollando en su contra, dos de ellas se están dirimiendo a nivel local, en el Estado de México y las otras siete a nivel federal en las entidades de Guerrero, Guanajuato y Morelos. La Sra. Kenia Hernández ha sido condenada en dos de los casos a 11 años y 3 meses, y a 10 años y seis meses de cárcel, respectivamente. Ambas sentencias se encuentran en fase de apelación.

    Estos procesos de criminalización, vinculados a empresas extractivas multinacionales, tiene por objetivo castigar y poner fin al legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos que lleva a cabo la Sra. Kenia Hernández, y particularmente su participación pacífica en manifestaciones que exigían la aparición con vida del abogado defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, la libertad de los defensores de los derechos humanos e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y la protección a mujeres víctimas de violencia machista en la región de la Costa Chica, en Guerrero.

    Cabe destacar que la condición de defensora de derechos humanos de la Sra. Kenia Hernández ha sido reconocida tanto por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que fue incorporada en 2019 debido a amenazas de muerte que recibió por su labor; así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha hecho reiterados llamados a respetar su derecho al debido proceso

    Las organizaciones firmantes de esta carta expresan preocupación por la discriminación basada en su condición de mujer indígena a la que está sujeta la Sra. Kenia Hernández. A lo largo de las audiencias, la defensora de derechos humanos solicitó en reiteradas ocasiones que se le facilitara interpretación en idioma amuzgo, lo que fue desestimado por el juez a cargo del caso, al considerar que, por haber estudiado y hablar castellano, no era necesaria la traducción, vulnerando así el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La solicitud de aplicar la perspectiva de género a lo largo de los procedimientos judiciales presentada por la Sra. Kenia Hernández fue igualmente desestimada por el juez, argumentando que ésta era solo aplicable a “mujeres sumisas” o que habían sido víctimas de violencia de género en el entorno doméstico.

    Asimismo, la privación arbitraria de libertad de la Sra. Kenia Hernández, en cuanto madre y único sustento de sus hijos menores de edad, vulnera las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok), particularmente las Reglas 4, 26 y 64, las cuales requieren que las mujeres detenidas sean enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas; la facilitación por todos los medios razonables del contacto con sus familiares, incluidos sus hijos; y la preferencia por imponer sentencias no privativas de la libertad a mujeres que tengan hijos a cargo. 

    Las organizaciones firmantes asisten con preocupación a las restricciones al derecho a la protesta social, así como al uso indebido del derecho penal utilizado contra la Sra. Kenia Hernández, y urgen a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias a poner fin a su detención arbitraria y a los numerosos procesos de criminalización en su contra. 

    Las organizaciones firmantes esperan también que se garantice el derecho a un juicio justo e imparcial, con perspectiva de género y teniendo en cuenta las especificidades culturales en cuanto mujer indígena de la Sra. Kenia Hernández durante la totalidad de los procesos judiciales en su contra.

    Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a su entera disposición si precisan información adicional.

    Atentamente,

    • Organización Mundial Contra la Tortura, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
    • FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
    • CIVICUS
    • Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
    • Front Line Defenders (FLD)
    • Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

    Notas:

    1- Alerta Urgente de IM-Defensoras del 10 de febrero de 2022 disponible aquí; Alertas Urgentes de FLD disponibles aquí; Entrevista de CIVICUS al abogado de Kenia Hernández, Antonio Lara Duque del 9 de marzo de 2022, disponible aquí.

       

     

     

     

     

  • Nicaragua: solicitamos al Consejo que establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en su próxima Sesión

    Actualización de la Alta Comisionada acerca de la situación en Nicaragua emitida en el período entre sesiones.

    Por Debora Leao, investigadora en el programa CIVICUS

     

  • No puede haber desarrollo sostenible sin respeto de los derechos humanos

    FRENCH

     

    • La sociedad civil internacional pide a los gobiernos que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo
    • Los Estados que no vinculan el desarrollo sostenible con la legislación para restringir las libertades de la sociedad civil son contrarios al espíritu de la Agenda 2030
    • Los gobiernos deben abrir canales de comunicación con los grupos de la sociedad civil para convertirlos en socios al mismo nivel para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

    Los grupos de la sociedad civil de todo el mundo contribuyen de manera significativa al desarrollo, por ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden alcanzarse plenamente si continúan los ataques contra la sociedad civil y contra las personas que defienden los derechos humanos.

    Este es el claro mensaje que han enviado representantes de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. En mayo de 2019, más de 60 representantes de la sociedad civil de 25 países se reunieron en Johannesburgo, Sudáfrica, para discutir las implicaciones que tienen para el desarrollo sostenible las restricciones de la libertad de reunión y asociación. Estas reflexiones de la reunión de Johannesburgo son compartidas por muchos otros grupos en todo el mundo.

    Como adelanto y preparación para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) -la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión del Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- que se celebrará del 9 al 18 de julio en Nueva York, los representantes de la sociedad civil abajo firmantes hacen un llamamiento a los gobiernos para que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo.

    El HLPF 2019 se celebra en un momento en que los ataques hacia los representantes de la sociedad civil han alcanzado proporciones alarmantes. Los informes revelan que la sociedad civil está siendo gravemente atacada en 111 países, incluidos los que van a presentar avances para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como parte del Examen Nacional Voluntario (VNR), con un aumento de los casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos que ejercen su derecho a reunirse de manera pacífica.

     

    Al analizar la relación entre la libertad de reunión y asociación, el desarrollo socioeconómico y los derechos humanos, los participantes en la reunión de Johannesburgo expresaron su profunda preocupación por las frecuentes agresiones que sufren por parte de agentes estatales y no estatales, y por el alto nivel de impunidad de que gozan los autores de esos actos.

    Como representantes de la sociedad civil, observamos con preocupación que nuestros gobiernos hacen una distinción entre los derechos humanos y el desarrollo, considerando a menudo a los activistas y líderes comunitarios que participan en actividades de derechos humanos como perturbadores y distantes de las cuestiones de desarrollo. De hecho, las autoridades los han acusado de tener tendencias contrarias al desarrollo, mientras que los actores de la sociedad civil tienen interés en el progreso de la sociedad y son socios de pleno derecho para el desarrollo.

    Esta brecha a menudo significa que los gobiernos ejercen demasiado control sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que trabajan en connivencia con actores no estatales, incluyendo empresas privadas, para implementar su estrategia y alcanzar los ODS, pero que a menudo ignoran los puntos de vista de la sociedad civil cuando lanzan proyectos de desarrollo. Si bien la mayoría de los defensores de los derechos humanos son el blanco de sus campañas, los que defienden los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y los derechos de los indígenas son los más afectados y, por lo tanto, los que tienen más probabilidades de ser silenciados.

    Pocos días antes de que el HLPF diera comienzo, dos defensores de los derechos humanos -Ryan Hubilla y Nelly Bagasala del grupo filipino de derechos humanos Karapatan- fueron brutalmente asesinados por ejercer su trabajo. Previamente a los asesinatos, el personal de Karapatan había estado sometido a vigilancia por parte de militares y policía.

    En el HLPF se analizarán seis de los ODS, incluidos los que tienen por objeto promover la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, la lucha contra el cambio climático, la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y el acceso a la justicia para las instituciones inclusivas y responsables. Las cuestiones que se abordarán estos días están desafortunadamente en el centro de las constantes restricciones y represalias que ejercen los agentes estatales y no estatales.

    Sólo en 2019, fueron reprimidas de manera violenta las manifestaciones pacíficas contra el aumento del coste de la vida y las crecientes desigualdades en Sudán, Zimbabue, Nicaragua y Venezuela; se bloquearon las manifestaciones estudiantiles en Liberia; y se reprimieron de manera violenta las manifestaciones que tuvieron lugar en Camerún contra los procesos judiciales deficientes. En Rusia, el 12 de junio de 2019, 530 manifestantes fueron arrestados y detenidos tras exigir responsabilidades por el arresto, detención y liberación arbitrarios del periodista Ivan Golunov.

    En América Latina y el Caribe han aumentado los ataques, el hostigamiento y la persecución de los defensores de los derechos ambientales. En Colombia, por ejemplo, las fuerzas paramilitares siguen atacando a activistas que trabajan por el derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas, y algunos, como Robinson López, han sido asesinados. Estos son sólo algunos de los ejemplos del verdadero malestar político en muchas partes del mundo, que tiene consecuencias muy graves para las personas afectadas.

    Los Estados a menudo tienen una visión muy limitada del desarrollo, en los casos en que lo ven como la construcción de infraestructura y la explotación de los recursos naturales. En esas situaciones se dirigen específicamente a aquellos que expresan su preocupación por la falta de consulta a las comunidades, sobre los proyectos de infraestructura o el impacto en el medio ambiente, cuando las empresas anteponen los beneficios a los intereses de la comunidad mediante la explotación de los recursos naturales. Del mismo modo, los gobiernos tampoco relacionan el desarrollo sostenible con el uso de leyes restrictivas que socavan el trabajo de la sociedad civil de diversas maneras no democráticas.

    El Foro de Alto Nivel sobre Políticas de Desarrollo es una oportunidad para invertir estas tendencias, ya que pone de relieve la complementariedad y la interdependencia entre estos actores asociados para el desarrollo. El tema de 2019 "Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad" reafirma el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de las capacidades respectivas (CBDR-RC) en un momento en que está claro que los gobiernos no pueden alcanzar los ODS por sí solos. Por lo tanto, debemos insistir en que no puede haber desarrollo significativo sin derechos humanos. Los grupos de la sociedad civil que trabajan en diferentes esferas temáticas hacen contribuciones importantes al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio no pueden alcanzarse plenamente si los ataques contra la sociedad civil y las personas que defienden los derechos humanos continúan impunes. Los legisladores deben entender que los defensores de los derechos humanos no se oponen al gobierno, sino que más bien apoyan y aplican las leyes que no violan los derechos humanos.

    Siete defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones como el desarrollo económico, el desarrollo comunitario, las iniciativas de lucha contra la corrupción y los derechos de las mujeres y las niñas viven actualmente en Zimbabue bajo estrictas condiciones de libertad bajo fianza, tras haber sido detenidos a su regreso de Maldivas por participar en un taller formativo.  

    La libertad de reunión y asociación es crucial para el trabajo de todos los grupos de la sociedad civil, incluidas las asociaciones formales e informales, y permite a personas de diversos orígenes colaborar de manera efectiva. Aunque los gobiernos a veces cambian para mejor, y no siempre aplican plenamente las leyes restrictivas, es esencial que estas leyes represivas sean modificadas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en todo momento.

    En vista de estas restricciones, instamos a los Estados a:

    • Modificar y/o derogar las leyes y reglamentos restrictivos que afectan a la sociedad civil, así como a las libertades de asociación y reunión y garantizar que cumplan con las normas internacionales de derechos humanos;
    • Firmar, ratificar o adherirsea acuerdos que protejan a los defensores de derechos humanos y les garanticen un entorno propicio para sus realizar sus actividades;
    • Poner fin a la práctica de atacar a los defensores de los derechos humanos, activistas comunitarios y otros representantes de la sociedad civil, abstenerse de ponerles etiquetas falsas y garantizar que, como cualquier otro ciudadano, sus derechos sean respetados y protegidos;
    • Establecer canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que la sociedad civil sea considerada y tratada como un socio de pleno derecho en la consecución de los mismos;
    • Asegurar que los derechos humanos a todos los niveles estén en el centro de todas las iniciativas de desarrollo y asegurar sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia y a instituciones responsables y la reducción de las desigualdades.

    Firmantes:

    • A Common Future
    • Action Foundation Common Initiative Group
    • Action pour le Developpement
    • AgriBiz Home
    • ASSAUVET/NGO
    • Action for Improvement of Food child and Mother (AFICM)
    • Alliance for Community Action
    • Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
    • AfriYAN
    • Association of citizens PLANT
    • AL-Shafaa Organisation
    • ANSA-EAP
    • Agency for Peoples Empowerment, Sierra Leone, Limited (APEM SL LTD)
    • Act Mara Diocese – Mugumu Safe House
    • Adolescents Initiatives Support Organization (AISO)
    • ADD International
    • Action Aid
    • Action for Rural Aid Empowerment
    • Actions for Democracy and Local Governance (ADLG)
    • Active Women Foundation
    • Agape Aids Control Program
    • Ahadi Forum Tanzania (AFTA)
    • Arusha Non-Governmental Organisation Network (ANGONET)
    • ARUWE
    • Association for Non-Governmental Organisation Zanzibar (ANGOZA)
    • Association of Rare Blood Donor (ARBD)
    • Balkan Civil Society Development Network
    • Business and Human Rights Tanzania (BHRT)
    • Biharamulo Community FM Radio (BCFM)
    • Biharamulo NGOs Network Forum
    • Biharamulo Originating Social Economic Development Association (BOSEDA)
    • Biharamulo Social Economic Development Association (BISEDEA)
    • BINGOS FORUM
    • Civic Initiatives
    • Centre for Peace and Justice
    • Civil Society Development Foundation
    • COSADER- Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développent Rural
    • Community Centre for Integrated Development
    • Consortium of Ethiopian Rights Organizations (CERO)
    • CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation
    • Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)
    • Centre for Community Regeneration and Development (CCREAD-Cameroon)
    • Centre for Financial Inclusion and Sustainable Development (CenFISD)
    • Children's Assurance Program Sierra Leone (CAP-SL)
    • Centre for Social Policy Development
    • Caricuao Propone
    • Center for Agrarian Reform and Rural Development
    • Concerned Citizens of Abra for Good Government, Inc.(CCAGG)
    • CODE-NGO
    • Centre of Youth Dialogue (CYD)
    • Civic and Legal Aid Organization (CILAO)
    • CSYM HUDUMA*the Christian Spiritual Youth Ministry
    • Collaboration for Development and Humanitarian Action Inc
    • CESOPE
    • CHIFU KIMWELI FOOTBALL CLUB
    • Child Watch
    • Children Dignity Forum
    • Christian Education and Development Organisation (CEDO)
    • Civic and Legal Aid Organisations
    • Community Development Initiatives Support Organisation (COSIDO)
    • Community Focus Tanzania
    • Community for Educators and Legal Assistance
    • Community Support Initiatives-Tanzania
    • Crisis Resolving Centre
    • C-SEMA
    • CWCA
    • Discourage Youths from Encourages Poverty
    • Derecho, Ambiente, y Recursos Naturales
    • David Chanyeghea-New Age Foundation
    • Dawning Hope
    • Dignity Kwanza Community Solutions
    • Door of Hope to Women and Youth in Tanzania
    • DUNGONET (NGO’S NETWORK FOR DODOMA)
    • Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone (EEHRSL)
    • Education and English for You
    • Empower Society, Transform Lives (ESTL)
    • Equality for Growth
    • Fundamental human Rights & Rural Development Association FHRRDA
    • Faidika Aidika Wote Pamoja (FAWOPA)
    • FAWETZ
    • FICOFAWE WOMEN EMPOWERMENT
    • FIDELIS Yunde-Youth Movement for Change
    • Free Mind Foundation
    • Fondation Lucienne SALLA
    • Global Vision
    • GEARS Initiative
    • Gidion Kaino Mandesi Dolased
    • Girls Education Support Initiatives
    • GIYEDO
    • Gospel Communication Network of Tanzania
    • Growth Dimensions Africa
    • Global youth clan Sierra Leone chapter
    • GLOBAL MEDIA FOUNDATION
    • Glow Movement, South Africa
    • Global Vision
    • HURISA
    • HuMENA for Human Rights and Sustainable Development
    • Human rights Center Memorial and OVD-Info
    • HakaConnect.org
    • HAKI CATALYST
    • HAKI ELIMU
    • HAKI MADINI
    • HAKI RASILIMALI
    • HAKI ARDHI
    • Happy Children Tanzania Organisation
    • HILDA S. DADU-PHLI
    • HIMS ARUSHA
    • Human Rights National Association of Educators for World Peace
    • Humanity Aid for Development Organisation
    • HURUMA Organisation
    • Initiative for Good Governance and Transparence in Tanzania (IGT)
    • IHAN (International Humanitarian Activists Network) / JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
    • Initiative Africaine Pour le Developpement Durable
    • International Center for Environmental Education and Community Development (ICENECDEV)
    • INTRAC
    • ISDO RWANDA
    • ISRAEL ILUNDE –YPC
    • Just Fair
    • JAMII Media Limited
    • John Seka-Seka and Associates Advocates
    • JUKWAA LA KATIBA TANZANIA
    • JUMA KAPIPI
    • Jumuiya Ya Kuelimisha Athari Za Madawa Ya Kulevya Ukimwi Na Mimba Katika Mdogo (JUKAMKUM)
    • JUMUIYA YA KUELIMISHA ATHARI ZA MADAWA YA KULEVYA UKIMWI NA MIMBA KATIKA UMRI MDOGO (JUKAMKUM)
    • JUMUIYA YA KUENDELEZA UFUGAJI NYUKI NA UHIFADHI MAZINGIRA (JUKUNUM)
    • JUMUIYA YA KULINDA NA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO MKOANI (JUKUWAM)
    • JUMUIYA YA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO SHRHIYA YA OLE (JUKUHAWA),
    • JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE)
    • JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE),
    • JUMUIYA YA MAENDELEO YA WAVUVI WA KOJANI (KOFDO)
    • JUMUIYA YA MAENDELEO ZIWANI (JUMAJZI)
    • JUMUIYA YA OWEDE
    • JUMUIYA YA TUMAINI JIPYA PEMBA(TUJIPE)
    • JUMUIYA YA TUSISHINDWE DEVELOPMENT ORGANISATION PEMBA (TUDOPE)
    • JUMUIYA YA WASAIDIZI WA SHERIA PEMBA (JUWASPE)
    • KARAPATAN
    • Kagera Human Rights Defenders and Legal Aid Support Organisation
    • Kabataang Gabay sa Positibong Pamumuhay (KGPP) Inc.,
    • Kadesh International
    • Khpal Kore Organization
    • KUTAFITI-The Social Science Centre for African Development
    • KARENY MASASI
    • Kigoma Paralegal Aid Centre (KIPACE)
    • Kigoma Ujiji Non-Governmental Organisation Network (KIUNGONET)
    • Kigoma Women Development
    • KIKUNDI CHA USHINDI
    • KIWOHEDE
    • KOK Foundation
    • Lawyers for Human Rights
    • LARETOK-LE-SHERIA NA HAKI ZA BINADAMU NGORONGORO (LASHEHABINGO)
    • Legal and Human Rights Centre (LHRC)
    • Lindi Regional Press Club (LRPC)
    • Lindi Women Paralegal Aid Centre (LIWOPAC)
    • Liwale FARMERS Association (LIFA)
    • Migrant workers Association of Lesotho (MWA-Ls)
    • Monna ka Khomo (Lesotho Herd boys Ass.)
    • My Future Matters
    • Manyara Early Childhood Development Network
    • Mauritius Council of Social Service (MACOSS)
    • Media Education Centre
    • Magata Primary Cooperative Society
    • Manyara Regional Civil Society Network (MACSNET)
    • Mapambano Centre for Children
    • MAWAZO DANIEL-NYDT
    • Mbeya Hope for Orphans
    • Mbeya Paralegal Aid Centre (MBEPACE)
    • MBEYA WOMEN
    • MCHOMORO AIDS COMBAT GROUP
    • Media Association for Indigenous and Pastoralist Communities
    • Media Support Tanzania
    • MICHAEL REUBEN NTIBIKEMA-ELIMU MWANGAZA TANZANIA
    • MICHEWENI ISLAMIC DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND AIDS CONTROL(MIDECAC)
    • MIKONO YETU CENTRE FOR CREATIVITY AND INNOVATION (MIKONO YETU)
    • Morogoro Paralegal Centre (MPLC)        
    • MSICHANA INITIATIVES
    • Mtwara NGOs Network (MTWANGONET)
    • Mtwara Paralegal Centre
    • MTWARA YOUTH ANTI AIDS GROUP
    • MUKEMBA GROUP MAENDELEO
    • MUSSA JUMA-MISA TANZANIA
    • MWANAMKE NA UONGOZI
    • National Council of NGOS (NACONGO)
    • NNATIONAL Union of Mine and Energy Workers of Tanzania (NUMET)
    • NEEMA KITUNDU-FAWETZ
    • NETWO
    • New Family Organisation
    • New Hope Winners Foundation (NHNWF)                                                       
    • NGUVUMALI Community Development of Environment
    • NICAS NIBENGO- BASE FOR EDUCATION DISSEMINATION
    • NOMADIC PASTORALIST DEVELOPMENT ORGANIZATION(NOPADEO)
    • NTABYMA
    • NYAKITONTO YOUTH FOR DEVELOPMENT TANZANIA
    • Nelson Nohashi Ministry
    • New Horizon Global
    • NGO World and Danube
    • ONG Les BA TISSEURS
    • Outreach Social Care Project, Democratic Republic of Congo (DRC)
    • Open Mind Tanzania
    • Organisation for Rural Self-Help Initiatives (ORSHI)
    • Plant Protection and Regulatory Services Directorate
    • Population and Development Society
    • PEN Kenya
    • PAMOJA DAIMA (PADA)
    • Paralegal Primary Justice (PPJ)
    • Peace Relief Organisation (PRO)
    • PEMBA Association for Civil Society Organisation (PASCO)
    • PEMBA EAST ZONE ENVIROMENT ASSOCIATION (PEZEA)
    • PEMBA ISLAND RELIEF ORGANIZATION (PIRO)
    • PEMCO
    • Peoples Development Forum (PDF)
    • Peoples Health Movement Tanzania (PHM)
    • PINGOS FORUM
    • Policy Curiosity Society
    • Poverty Alleviation in Tanga (POVATA)
    • Promotion and Women Development Association (POWDA)
    • PROSPERUS HEALTH LIFE INITIATIVES
    • PWAAT
    • RAFIKI Social Development Organisation
    • REHEMA JOSPHEPH-CENTA
    • Resource Advocacy Initiative (RAI)
    • RIEFP
    • ROWODO
    • RUANGWA Organisation for Poverty Alleviation (ROPA)
    • Rural Woman Development Initiative (RUWODI)
    • Rainbow Pride Foundation
    • Recycle Up!
    • RESEAU DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE LEADERSHIP AU TCHAD, Chad
    • RESPECT CAMEROON
    • Salum Mbaruok
    • Sikhula Sonke Early Childhood Development
    • SPEDYA-Africa
    • Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)
    • Sujag sansar orgnaition
    • Sustainable Social Development Organization (SSDO)
    • SADELINE HEALTH CARE TRUST
    • Safe Space for Children and Youth Women Tanzania (SSCYWT)
    • SAHRiNGON
    • SAKALE Development Foundation
    • SAUTI YA HAKI TANZANIA
    • SAUTI YA WANAWAKE UKELEWE
    • Save the Mother and Children of Central Tanzania (SMCCT)
    • SAWABI BIHARAMULO
    • Service Health and Development for People
    • SHALOM OPHARNAGE CARE CENTER
    • SHAMILA MSHANGAMA
    • SHIMAWAMI
    • SHIRIKA LA BINADAMU NANDANGALA
    • SHIVYAWATA
    • SHUKURU PAUL-HRC
    • SOPHIA KOMBA-CAGBV
    • SORF DODOMA
    • Sports Development Aid Lindi
    • Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA)
    • The Tahrir Institute for Middle East Policy
    • The Maldivian Democracy Network
    • Tai Tanzania
    • Tanzania Agricultural Modernization Association (TAMA)
    • Tanzania Development Trust
    • TEACH
    • The Need Today
    • The Youth Voice Of SA
    • Tim Africa Aid Ghana
    • Transparence_RD Congo
    • Trio Uganda, United Kingdom
    • TUKELAKANG ENTETE FOUNDATION / YAYASAN TUKELAKANG ENTETE
    • Trag Foundation
    • TAMHA Paralegal Aid
    • TANDAHIMBA Women Association
    • TANGA Paralegal Aid
    • TANGIABLE INITIATIVES FOR LOCAL DEVELOPMENT TANZANIA
    • Tanzania Association of NGOs (TANGO)
    • Tanzania Centre for Research for Research and Information on Pastoralism (TCRIP)
    • Tanzania Citizen Information Bureau
    • Tanzania Hone Economic Association (TAHEA) BIHARAMULO
    • Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC)
    • Tanzania Legal Knowledge and Aid Centre
    • Tanzania media Woman’s Association (TAMWA)
    • Tanzania Media Women’s Association
    • Tanzania Network for Legal Providers (TANLAP)
    • Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS (TNW+)
    • TANZANIA Pastoralist Community Forum (TPCF)
    • Tanzania Peace Legal Aid and Justice
    • Tanzania Tobacco Control Forum
    • Tanzania Widows Association (TAWIA)
    • Tanzania Women Empowerment in Action (TAWEA)
    • Tanzania Women Teachers Association
    • Tanzania Youth Potential Association
    • TAWASANET
    • TAWEDO
    • TAWLA
    • TECDEN
    • TEN/MET
    • TGNP MTANDAO
    • The African for Civil Society (TACS)
    • The African Institute for Comparative and International Law (AICIL)
    • The Development for Accountability in Tanzania
    • The Foundation of Human Health and Social Development (HUHESO)
    • The Life Hood Children and Development Society (LICHIDE)
    • The Organisation of Journalists Against Drug Abuse and Crimes in Tanzania (OJADACT)
    • The Voice of the Marginalised Community
    • TNRF
    • Tree of Hope
    • TUNDURU PARALEGAL CENTRE (TUPACE)
    • TUPACE
    • TUSHIRIKI
    • TUWAANDAE WATOTO
    • TYVA
    • Union for Promotion / Protection, Human Rights Defense and the Environment-UPDDHE/GL Democratic Republic of Congo (DRC)
    • UNODC, Canada
    • UMMY NDERIANANGAB-SHIVYAWATA
    • UMOJA WA VIKUNDI VYA UZALISHAJI MALI NA UELIMISHAJI RIKA MAGU (UVUUMA)    
    • UMOJA WA WAWEZESHAJI KIOO
    • Under the Same Sun (UTSS)
    • UTPC
    • UTTI MWANGA’MBA-CWCA
    • UVINZA NGOS NETWORK (UNON)
    • Volunteer Activists
    • VIJANA ASSEMBLY
    • Vital Projection Limited
    • Voice of the Voiceless
    • Volunteer for Youth in Health and Development (VOYOHEDE)
    • Victoria Quade, New Zealand
    • Women for Social Progress, Mongolia
    • WAHAMAZA
    • WAJIBU Institute of Accountability
    • WALIO KATIKA MAPAMBANO NA AIDS TANZANIA(WAMATA)
    • WASOMI VOICE FOUNDATION
    • WGNRR AFRICA
    • Widows and Orphaned Development Organisation
    • WILDAF
    • WOFATA
    • WOMEN ACTION TOWARDS ENTRP.DEVELOPMENT
    • WOMEN DIGNITY
    • Women Legal Aid Centre (WLAC)
    • Women Life Foundation
    • Women Wake-Up (WOWAP)                    
    • Women’s Promotion Centre (WPC)
    • Women’s Empowerment in Action
    • WOTE INITIATIVES
    • WOTE SAWA YOUTH DOMESTIC WORKERS
    • WOVUCTA
    • Youth Against Aids Poverty
    • Young League Pakistan, Pakistan
    • Youth Africa and Peace Democratic Republic of Congo (DRC)
    • YOUTH ASSOCIATION OF SIERRA LEONE, Sierra Leone
    • Youth Harvest Foundation Ghana
    • Youth Partnership for Peace and Development, Sierra Leone
    • AND ONE
    • ZAFELA
    • ZAHRA SALEHE-ICCAO
    • ZAITUNI NJIVU- ZAINA FOUNDATION
    • Zanzibar Aids Association and Support for Orphans (ZASO)
    • Zanzibar Association for Children Advancement (ZACA)
    • Zanzibar Children Rights Forum
    • Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organization (ZAFAYCO)
    • Zanzibar Legal Service Center

     

  • Nuevo informe revela el alcance de la represión de los medios y de las violaciones a los derechos humanos en Guinea Ecuatorial

    Un nuevo informe ha revelado el alcance de la represión de los medios de comunicación y de los derechos humanos en la nación centroafricana de Guinea Ecuatorial, a menudo descrita como uno de los países con mayor censura del mundo.Titulado «El Silencio no significa consentimiento: el terrible estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial», el informe fue publicado en junio por la organización local de derechos humanos, EG Justice, y la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS. Dicho documento describe cómo los medios son controlados por el presidente Teodoro Obiang Nguema y su familia. El presidente Nguema es el jefe de Estado más antiguo de África y el líder político con más años en activo de todo el mundo, miembros de la realeza aparte.


    Hay muy pocos medios de comunicación independientes en el país. Los periodistas, incluidos aquellos que trabajan para los medios de comunicación estatales, suelen ser señalados como objetivos por sus críticas al presidente o a su familia. El gobierno lleva a cabo un control estricto sobre la información transmitida por los medios de comunicación y ha prohibido la publicación de imágenes de manifestaciones en otros países. El gobierno controla la capacidad de los ciudadanos para acceder a la información mediante la imposición de restricciones en Internet y a páginas web que a veces se muestran críticas con las autoridades.
    «El gobierno de Guinea Ecuatorial ha militarizado al Estado y utiliza los medios de comunicación como una herramienta para difundir su propaganda, evitando al mismo tiempo que aquellos con puntos de vista diferentes se expresen», afirmó Tutu Alicante, director de EG Justice.


    «Debido a que nadie exige cuentas al gobierno ni a sus agentes, los niveles de impunidad son altos y el ciclo de abusos contra los derechos humanos continúa», declaró Alicante.
    El presidente Nguema y el partido gobernante, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), utilizan las elecciones para legitimar su permanencia en el poder. Se organizan elecciones periódicamente, pero a menudo en condiciones muy restrictivas y caracterizadas por altos niveles de represión contra miembros de la oposición política y contra activistas políticos. A menudo los líderes de los partidos políticos son arrestados justo antes de una elección o se les prohíbe impugnarla.


    Si bien la Constitución permite la libertad de asociación y de reunión, la legislación limita en gran medida el proceso de inscripción de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y el gobierno se niega a reconocer a los sindicatos. A veces se suspenden las organizaciones de la sociedad civil y se procede a la detención de sus miembros y dirigentes de forma arbitraria, se les agrede físicamente y son objeto de persecución judicial.
    «Durante las últimas cuatro décadas, el gobierno del PDGE ha suprimido los derechos humanos. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional se centre en el estado de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial y haga que sus líderes rindan cuentas», expresó David Kode, jefe de reivindicaciones y campañas de CIVICUS.


    Por lo general, se permiten las manifestaciones organizadas por los seguidores del partido gobernante, mientras que las organizadas por la sociedad civil o por los organismos profesionales son reprimidas u obstaculizadas de forma violenta. Debido a las restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, muchos prefieren autocensurarse mientras que otros han huido al exilio.
    CIVICUS y EG Justice han solicitado al gobierno la creación de un entorno favorable para que los ciudadanos participen en los procesos políticos sin temor a la intimidación ni a las represalias.


    FIN.
    Para más información o para concertar entrevistas, escriba a:
    David Kode

     

  • Pakistán: la sociedad civil mundial pide la liberación inmediata de Mohammed Ismail y el cese de toda forma de acoso e intimidación

    Novedad sobre el caso a 26 de noviembre de 2019: 


    Los miembros abajo firmantes de CIVICUS, la alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) exigen la liberación inmediata del profesor Mohammed Ismail de la detención preventiva en Pakistán y el cese de toda forma de acoso e intimidación y amenazas contra él y su familia.

    Mohammed Ismail es miembro desde hace tiempo de AGNA, una red de 90 asociaciones nacionales y plataformas regionales de todo el mundo. Él es el punto focal del Foro de ONG de Pakistán (PNF), un organismo que agrupa a otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Pakistán. Su hija, Gulalai Ismail, es una defensora de los derechos humanos que se ha enfrentado a la persecución de las autoridades por defender los derechos de las mujeres y las niñas, y por intentar poner fin a las violaciones de los derechos humanos contra el grupo étnico pastún. Tras este episodio, se le ha concedido asilo en los Estados Unidos de América.

    En julio de 2019, en aplicación de la Ley Antiterrorista, Mohammed Ismail fue acusado de cargos en relación con el trabajo legítimo de derechos humanos de su hija, Gulalai Ismail. El 24 de octubre de 2019, fue asaltado fuera de la Corte de Peshawar por hombres vestidos con uniformes militares negros, que lo obligaron a subir a un vehículo negro. Estuvo en paradero desconocido hasta la mañana del 25 de octubre, cuando compareció, bajo la custodia de la Agencia Federal de Investigaciones de Pakistán, ante un magistrado judicial y se le acusó de cargos adicionales en virtud de la Ley de Delitos Electrónicos de Pakistán. Sigue detenido y las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas han sido rechazadas por los tribunales.

    Además, estamos profundamente preocupados por los informes fidedignos que hemos recibido sobre las condiciones deplorables en las que se mantiene al profesor Ismail detenido, que puede considerarse como trato cruel, inhumano y degradante. Le ha sido denegada la atención médica, a pesar de tener múltiples problemas de salud, incluido un trastorno neurológico, discos dislocados en la espalda, dolores renales y altos niveles de creatinina. También se le ha negado atención médica para tratar su hipertensión.

    Antes de su detención, Mohammed Ismail y su familia habían sido objeto de actos de intimidación, incluyendo al menos tres redadas en su hogar familiar en Islamabad, así como amenazas de daños físicos a la hermana menor de Gulalai Ismail.

    Las acusaciones contra Mohammed Ismail son infundadas y parecen haber sido presentadas por las autoridades para silenciarlo a él y a Gulalai. Este acoso e intimidación judicial resaltan el ambiente hostil para los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores en Pakistán que ejercen su libertad de expresión y expresan sus críticas al estado.

    Nosotros, miembros de CIVICUS y AGNA, pedimos a las autoridades de Pakistán que liberen al Profesor Ismail de forma inmediata e incondicional y pongan fin a todos los actos de acoso contra el Profesor Mohammed Ismail, Gulalai Ismail y su familia y retiren todos los cargos en su contra. También solicitamos a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar que todos los defensores de derechos humanos en Pakistán puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin ningún impedimento o temor a represalias.

    Signatarios
     
    Areen Abu al rob, PCS Palestine
    Ronja Ievers, Hui E! Community Aotearoa
    Sophie Kange, Uganda National NGO Forum
    Marisa Gomez Crespo, Plataforma de ONG de accion social
    Ilina Neshikj, Balkan Civil Society Development Network
    Mpho Tapela, Botswana Council of NGO’s
    Siaka Coulibaly, RESOCIDE
    Siale ILOLAHIA, PIANGO
    Kai Klandorf, Network of Estonian Non-profit Organizations
    Analia Bettoni, Instituto de Comunicación y Desarrollo
    Addys Then Marte, Alianza ONG
    Lavea Peseta. L.Nafo'i, Samoa Umbrella Non Government Organization
    Jitram Lama, NGO Federation Nepal
    Oyebisi Seyi, Nigeria Network of NGOs
    Jane Salmonson, Scotland’s International Development Alliance
    Maja Stojanovic, Civic Initiatives, Serbia
    Vertti Kiukas, SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

     

  • Preocupación grave por las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y la falta de rendición de cuentas de los autores

    Su excelencia António Guterres

    Secretario general de las Naciones Unidas

    405 East 42nd Street, Nueva York, NY,

    10017, Estados Unidos, 30

    Por correo electrónico: y

    Estimado secretario general:

    Las organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones aquí firmantes nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre la continua erosión del Estado de derecho y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), están llevando a cabo una campaña sostenida contra las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y la oposición política, y están silenciando cualquier voz alternativa.

    Las instituciones independientes, como el poder judicial y otros organismos públicos, están controladas por el gobierno, lo que hace imposible que el presidente Ortega y su administración rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que perpetúan. El gobierno ha ignorado en reiteradas ocasiones las recomendaciones regionales e internacionales para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos y, si no se toman medidas con urgencia, no quedará ningún margen para que la sociedad civil y las voces independientes puedan actuar. En concreto, nos preocupan las siguientes cuestiones:

    Cancelación sin precedentes de organizaciones de la sociedad civil y restricciones a la libertad de asociación

    Nos preocupa que, en los últimos cuatro años, las autoridades nicaragüenses han atacado sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil y han ilegalizado más de 400 ONG acusándolas de socavar el régimen, de actuar como «agentes extranjeros» o de no presentar estados financieros. El número y tipo de organizaciones afectadas no tiene precedentes e incluye organizaciones que prestan una asistencia muy necesaria para mejorar la salud infantil, organizaciones que trabajan en proyectos de desarrollo para comunidades rurales y grupos excluidos y marginados y organizaciones de ayuda humanitaria. Por ejemplo, en 2021 cancelaron la personería jurídica del Colectivo de Mujeres Matagalpan, que prestó una atención muy necesaria a mujeres, niños, niñas, bibliotecas y hogares comunitarios durante más de tres décadas. Otro ejemplo es la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia, que agrupó a organizaciones dedicadas a promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante más de tres décadas.

    También se han visto afectadas muchas organizaciones de derechos humanos, grupos ecologistas, asociaciones profesionales, instituciones culturales y educativas y organizaciones religiosas. El ataque a estas organizaciones ha sido precedido y respaldado por una serie de decretos auspiciados por el FSLN. Por ejemplo, en mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó cuatro decretos legislativos que conllevaron la cancelación de la personería jurídica de 94 organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Las autoridades han seguido cometiendo este tipo de actos, apropiándose de los bienes de algunas organizaciones, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

    Para restringir aún más el derecho a la libertad de asociación, las autoridades promulgaron el 6 de mayo de 2022 la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Esta ley impone restricciones adicionales para el registro de organizaciones y otorga al gobierno la facultad de exigir información sobre las actividades, la financiación y los beneficiarios de las mismas. Las autoridades nicaragüenses están facultadas para autorizar las actividades de las organizaciones antes de que se lleven a cabo y las organizaciones tienen prohibido participar en actividades políticas, lo cual se define en términos generales.

    Criminalización de los medios de comunicación independientes y ataques contra periodistas

    Nos preocupa la constante censura de los medios de comunicación independientes y las intimidaciones y detenciones de periodistas. Desde el 2018, se han cerrado más de 20 medios de comunicación y al menos 120 periodistas han huido de Nicaragua para evitar las represalias del Estado. El 10 de junio de 2022, el periodista Juan Lorenzo Holmann, del diario La Prensa, fue condenado a nueve años de prisión por «lavado de dinero». Fue arrestado en agosto de 2021. El 16 de febrero, el periodista Miguel Mendoza fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos políticos tras ser declarado culpable de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «difusión de noticias falsas».

    Persecución judicial, intimidación y detención de las personas defensoras de los derechos humanos y miembros de partidos políticos

    El régimen del FSLN ha mantenido una campaña de represión, persecución y detención de personas defensoras de los derechos humanos, activistas miembros de la oposición política y personas críticas con el gobierno. En el periodo previo a las elecciones, decenas de personas defensoras de los derechos humanos y de la oposición política fueron detenidas y acusadas de delitos relacionados con la seguridad en virtud del Código Penal y el derecho soberano. En su mayoría, los juicios de las personas detenidas se caracterizan por ser irregulares y, en muchos casos, no se celebran en los tribunales, sino en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la cárcel también conocida como El Chipote.

    La mayoría de los juicios se apresuran y las sentencias de los detenidos se dictan sin el debido proceso. Entre los condenados se encuentra el activista Yader Parajón, que exigía justicia para las víctimas de la represión gubernamental y fue declarado culpable de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» el 2 de febrero de 2022. Ana Margarita Vijil, activista feminista y expresidenta del grupo opositor Unamis, fue condenada el 2 de febrero de 2022. La persecución y detención de activistas continúa pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las condiciones deplorables e inhumanas a las que son sometidos, incluidas las de las mujeres. Debido a estas restricciones, el Monitor CIVICUS califica el espacio cívico de Nicaragua como Cerrado.

    Por tanto, le pedimos que inste al gobierno de Nicaragua a:

    1. Revertir todas las políticas y leyes restrictivas utilizadas para ilegalizar las organizaciones de la sociedad civil y crear un entorno propicio para que puedan actuar sin temor a sufrir represalias.
    2. Levantar todas las restricciones y organizaciones de la sociedad civil impuestas por el gobierno para que puedan seguir realizando sus actividades.
    3. Poner en libertad a todas las personas defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política, activistas y detenidos y retirar todos los cargos en su contra.      
    4. Tomar medidas para revisar la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro junto con la sociedad civil, para modificar sus disposiciones restrictivas.
    5. Respetar en todo momento el Estado de derecho y garantizar la independencia del poder judicial y de las instituciones del Estado.
    6. Respetar los derechos de los miembros de la oposición política y sus partidarios y crear un entorno propicio para la participación política.

     

  • Violaciones en curso de los derechos fundamentales requieren un seguimiento continuo por parte del Consejo

    Presentación del informe de la ACNUDH

    Presentada por Carlos Correa, Espacio Público

    Desde Espacio Público y CIVICUS reiteramos que se siga con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela. La crisis se mantiene con severas consecuencias para las personas más vulnerables.

    La violación a las libertades civiles impacta en la garantía de los derechos económicos y sociales. Las restricciones a la libertad y circulación de información buscan impedir la crítica legítima a la gestión pública. Se mantienen bloqueos ilegales de medios digitales en un ecosistema dominado por radios y televisoras sometidas a controles estatales.

    Un proveedor de servicios de telefonía e internet privado informó que en el año 2021 más de millón y medio de líneas fueron intervenidas. y desde el 2016, más de 1300 portales web fueron bloqueados Se revela un patrón de vigilancia masiva que viola el derecho a la privacidad.

    La sociedad civil está igualmente en peligro y los nominales "nuevos espacios de diálogo" no han hecho mucho por apaciguar esta situación. El proyecto de ley de cooperación internacional restringiría los fondos y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Las personas defensoras de los derechos humanos siguen siendo intimidadas, criminalizadas y detenidas arbitrariamente.

    Exhortamos a mantener la atención sobre Venezuela; extender la resolución 45/20 que permite este informe, consolidar la presencia de la oficina de la Alta Comisionada en el país, apoyar la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y toda iniciativa para acompañar las víctimas en su búsqueda de justicia.

    Muchas gracias.