violaciones de derechos humanos
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Nicaragua: Llamamiento urgente para detener la persecución judicial del defensor de los DDHH Medardo Mairena Sequeira
Medardo Mairena Sequeira, que compareció ayer ante el tribunal para hacer frente a los cargos infundados que se le imputaban, fue declarado culpable de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".
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50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: prioridades en materia de incidencia
El 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se celebrará del 13 de junio al 8 de julio y será una oportunidad para mejorar el espacio cívico y la protección de la sociedad civil, así como para abordar situaciones graves en países concretos. CIVICUS participará en los debates sobre una resolución, así como en un debate sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, ya que el Consejo renueva el crucial mandato de la Relatoría Especial, así como una resolución sobre las manifestaciones pacíficas para promover la rendición de cuentas en caso de violaciones.
CIVICUS también trabajará para reforzar las normas internacionales sobre libertad de expresión. En cuanto a la situación de los países, CIVICUS planteará la situación de Eritrea, se unirá a los llamamientos para que se mantenga la observación en Sudány pedirá al Consejo que tome medidas para proteger a los rohingya y a otras minorías étnicas dentro y fuera de Myanmar, al tiempo que aborda las graves violaciones de derechos humanos que sigue sufriendo el país.
Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos podría abordar situaciones especialmente preocupantes en países que no figuran en el programa. En este sentido, CIVICUS insta al Consejo a que aborde el caso de India, que establezca un mecanismo para Rusiaque debería haber sido creado hace tiempo y que aborde la crisis de los derechos de las mujeres en Afganistán.
La plena participación de la sociedad civil sigue siendo una cuestión fundamental para el Consejo de Derechos Humanos, y CIVICUS anima a los Estados a que garanticen la celebración de consultas con la sociedad civil nacional, regional e internacional, y a que puedan participar plenamente en los debates y negociaciones del Consejo.
PRIORIDADES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS
Eritrea
La situación de los derechos humanos en Eritrea, miembro del Consejo de Derechos Humanos, y su falta de cooperación con los mecanismos internacionales son motivo de gran preocupación. En 2019, el Relator Especial sobre Eritrea estableció "indicadores para evaluar los progresos en materia de derechos humanos". Hasta la fecha, ninguno de ellos se ha cumplido y la impunidad por las violaciones de derechos humanos pasadas y actuales sigue siendo generalizada. CIVICUS se une a otras organizaciones para pedir al Consejo que adopte una resolución que prorrogue el mandato del Relator Especial, que describa y condene claramente las violaciones cometidas por las autoridades eritreas dentro y fuera del país, y que incorpore los indicadores del Relator Especial para lograr mejoras tangibles.
El espacio cívico en Eritrea está clasificado como « cerrado » por el CIVICUS Monitor.
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Sudán
La situación en Sudán amenaza con empeorar aún más, y para lograr un acuerdo político satisfactorio es necesario que se rindan cuentas. Tras el golpe militar del 25 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tomó medidas urgentes convocando una sesión especial y adoptando una resolución en la que se pedía al Alto Comisionado que nombrara un experto en derechos humanos para Sudán. El Consejo debe ahora hacer un seguimiento de su acción inicial y garantizar una supervisión continua. CIVICUS se une a otras organizaciones para pedir a los Estados que apoyen una resolución que garantice que el Alto Comisionado informe regularmente sobre la situación de los derechos humanos y que se celebren debates públicos sobre esta cuestión.
El espacio cívico en Sudán está clasificado como« represivo » por el CIVICUS Monitor.
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Myanmar
Quince meses después del golpe de Estado militar, se siguen denunciando graves violaciones de los derechos humanos por parte de la junta militar en Myanmar. Durante esta sesión del Consejo, existirá la oportunidad de plantear cuestiones de interés, incluyendo actualizaciones del Alto Comisionado y del Relator Especial para Myanmar. Es esencial que se mantenga la presión sobre la junta militar y que la comunidad internacional adopte nuevas medidas específicas para hacer frente a los crímenes de la junta. El golpe ha hecho imposible el retorno seguro, voluntario, digno y sostenible de las personas refugiadas rohingya. CIVICUS pide a los Estados que garanticen que la resolución sobre la situación de los musulmanes rohingya y otras minorías en Myanmar refleje estas preocupaciones, que condenen enérgicamente el golpe militar y que pidan la restauración de un gobierno civil elegido democráticamente.
El espacio cívico en Myanmar está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.
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Afganistán
Afganistán vive una crisis de los derechos de las mujeres. Desde agosto de 2021, cuando los talibanes tomaron el control del país, la situación del reconocimiento y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán se ha deteriorado drásticamente, especialmente en lo que respecta al derecho a la no discriminación, la educación, el empleo, la participación pública, la salud y la salud sexual y reproductiva. Los talibanes también han restringido gravemente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho a la libre circulación de mujeres y niñas. Afganistán es ahora el único país del mundo que prohíbe explícitamente la educación de las niñas. CIVICUS se une a las organizaciones asociadas para pedir un debate urgente sobre Afganistán, con el fin de garantizar que el Consejo aborde la crisis de los derechos de las mujeres en este país de una manera que refleje la gravedad y la urgencia de la situación.
El espacio cívico en Afganistán está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.
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Rusia
Desde el comienzo de la agresión rusa en Ucrania, la acción de las autoridades contra la sociedad civil rusa se ha intensificado considerablemente. Tras reaccionar brutalmente a las protestas antibélicas en todo el país, las autoridades rusas han reprimido con dureza las libertades civiles, han amenazado y cerrado los medios de comunicación independientes que cubren la guerra en Ucrania y han bloqueado el acceso a las redes sociales y a los portales de los medios de comunicación. La represión rusa de las voces disidentes internas ha eliminado prácticamente todos los controles y equilibrios internos, permitiendo que el país se convierta en un actor desestabilizador no sólo en la región, sino en todo el mundo.
CIVICUS apoya a los grupos de la sociedad civil rusos e internacionales en su petición al Consejo de que nombre un Relator Especial para examinar la situación de los derechos humanos en Rusia.El espacio cívico en Rusia está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.
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India
India fue incluida en la lista de vigilancia de CIVICUS en febrero de este año, lo que indica un grave y rápido declive en el respeto al espacio de la sociedad civil. La Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (Foreign Contribution Regulation Act, FCRA) se ha utilizado como arma contra las organizaciones sin ánimo de lucro, en particular no aceptando sus registros y negándoles el acceso a la financiación extranjera. La situación general de los derechos humanos sigue deteriorándose, y muchos defensores y activistas de los derechos humanos siguen encarcelados en virtud de la draconiana Ley de Prevención de Actividades Ilegales (Unlawful Activities Prevention Act, UAPA) al igual que otras leyes. CIVICUS pide a los Estados que mencionen específicamente el caso de la India en un diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, con especial referencia a la FCRA y la UAPA.
El espacio cívico en India está clasificado como « represivo » por el CIVICUS Monitor.
PRIORIDADES TEMÁTICAS
Libertad de asociación y de reunión pacífica
En esta sesión se presentará la resolución sobre la libertad de asociación y reunión, que renueva el mandato del Relator Especial sobre la libertad de asociación y reunión. El Relator Especial presentará un informe sobre el acceso limitado a la financiación, que se ha convertido en una amenaza existencial para la sociedad civil. En países como India, El Salvador y Túnez, las actividades de desarrollo económico y los derechos humanos se han visto limitados por las restricciones a la financiación extranjera.
CIVICUS hace un llamamiento a los Estados para que apoyen la renovación del mandato en una resolución firme que refleje los retos actuales y para que formulen declaraciones durante el debate con el Relator Especial, destacando los países y las situaciones en las que las restricciones al acceso a la financiación se han convertido en una amenaza existencial para la sociedad civil.
Manifestaciones pacíficas
La reunión pacífica es un derecho fundamental y las manifestaciones son una forma eficaz y exitosa de defender otros derechos esenciales. La resolución sobre las manifestaciones pacíficas es una oportunidad para reforzar la protección del derecho a manifestarse y los marcos de rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante las manifestaciones, basándose en las normas y estándares existentes, incluida la Observación General 37 sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica emitida por el Comité de Derechos Humanos.
CIVICUS anima a los Estados a apoyar la resolución y su enfoque en la crisis, la adopción de un lenguaje más fuerte sobre la rendición de cuentas, y la protección de los periodistas y observadores de las protestas.
Derecho a la libertad de expresión
El derecho a la libertad de expresión es esencial para cualquier sociedad democrática. El derecho a buscar, recibir y difundir información es un aspecto esencial de esta libertad. El hecho de que sigan existiendo interrupciones de Internet en todo el mundo, desde Myanmar a la India y desde Chad a Kazajistán, socava este derecho. A ello se suman los problemas de acceso al espacio digital.
CIVICUS hace un llamamiento a los Estados para que apoyen una resolución sobre la libertad de expresión que refuerce las normas y estándares que rigen este derecho esencial y proteja el derecho de las personas a expresarse plenamente.
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Afganistán: la ONU y los Estados miembros deben tomar medidas urgentes para proteger a la sociedad civil
⚠️#Afganistán: La ONU y los Estados miembros deben tomar medidas urgentes para proteger a la sociedad civil del país. Los #Talibanes ya han empezado a asaltar casas de activistas. Nos preocupa la situación de las mujeres y niñas. Lean nuestra declaración: https://t.co/e8ojANzLzG pic.twitter.com/ttJa9AVNzP
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) August 20, 2021En CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, nos preocupa profundamente la seguridad de las personas que defienden los derechos humanos, de los periodistas y del personal de las organizaciones de la sociedad civil en Afganistán, tras el colapso del gobierno del presidente Ashraf Ghani y la toma del poder por parte de los talibanes.
Tal y como han solicitado los expertos de la ONU, instamos a los Estados miembros de la ONU a que tomen medidas inmediatas para protegerlos y a que convoquen urgentemente una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Afganistán, que incluya un debate sobre el rápido establecimiento de una misión de investigación para evaluar la situación sobre el terreno e informar sobre ella.
Los talibanes tienen un historial de abusos contra los derechos humanos, represalias coordinadas contra sus críticos y ataques a civiles con impunidad. Tras la toma de Kabul, las personas que defienden los derechos humanos informaron de que los talibanes habían revelado listas de nombres de representantes de la sociedad civil y de que se habían llevado a cabo redadas en sus domicilios. A las personas defensoras que intentan salir del país también se les ha impedido subir a los aviones, ya que las misiones extranjeras han dado prioridad a la evacuación de sus propios ciudadanos y personal. Los demás se han escondido y temen por su vida.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos también expresó su preocupación por los primeros informes según los cuales los talibanes están imponiendo severas restricciones a los derechos humanos en las zonas bajo su control, especialmente dirigidas a las mujeres.
"La crisis que se está produciendo en Afganistán requiere una respuesta urgente y decidida de la ONU y de los Estados miembro. Deben adoptarse medidas proactivas para garantizar la seguridad y la protección de quienes defienden los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Muchos corren el riesgo de ser objetivo de los talibanes por su trabajo, y hay que hacer esfuerzos para evacuarlos y reubicarlos a ellos y a sus familias", dijo Josef Benedict, investigador del Espacio Cívico de CIVICUS.
CIVICUS ha documentado los ataques de los talibanes a la sociedad civil en los últimos años. Las personas que defienden los derechos humanos, sobre todo las mujeres, han sido amenazadas en el transcurso de su trabajo y algunas han sido secuestradas y asesinadas. Muchos han tenido que trasladarse por razones de seguridad, aunque los autores no han rendido cuentas. Las recientes negociaciones de paz no han incluido de forma adecuada y efectiva a la sociedad civil, especialmente a las defensoras de los derechos humanos.
Según la información recopilada por el Comité Afgano de Defensores de los Derechos Humanos (AHRDC), sólo entre septiembre de 2020 y mayo de 2021 fueron asesinados 17 defensores de los derechos humanos. Más de 200 personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación han denunciado haber recibido graves amenazas. Dadas las actuales condiciones de conflicto e inestabilidad política, estas amenazas han aumentado.
El llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, el 16 de agosto, para que la comunidad internacional hable al unísono para defender los derechos humanos en Afganistán es un paso en la dirección correcta.
"El Consejo de Seguridad de la ONU debe aprovechar la oportunidad actual para reanudar rápidamente las estancadas conversaciones de paz en Afganistán y garantizar la representación efectiva de la sociedad civil, especialmente de las mujeres. También debe pedir a los talibanes que respeten la legislación internacional en materia de derechos humanos, protejan a los civiles y pongan fin a las operaciones de represalia", dijo Josef Benedict.
El CIVICUS Monitor es una plataforma en línea que hace un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Afganistán comorepresivo.
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Ante la actual crisis de derechos humanos, el Consejo debe tomar medidas más contundentes
Consejo de Derechos Humanos 49º período de sesiones
Pronunciada por Nicola Paccamiccio
Gracias, señor Presidente.
Acogemos con satisfacción el informe del Alto Comisionado, y nos hacemos eco en los términos más enérgicos de su conclusión de que el Consejo debe considerar nuevas medidas para reforzar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos.
Tras meses de intensa represión, la calificación del espacio cívico de Nicaragua bajó el pasado diciembre de "represivo" a "cerrado", la peor calificación posible para el CIVICUS Monitor. Prevalece un ambiente de miedo y violencia.
En el periodo previo a las elecciones de noviembre, los candidatos de la oposición, así como las personas críticas con el gobierno -incluidos líderes estudiantiles, abogados, defensores y periodistas- fueron detenidos acusados de "actuar para socavar la integridad nacional", en virtud de leyes represivas diseñadas para criminalizar todo tipo de crítica. Este tipo de leyes allanaron el camino hacia unas elecciones ilegítimas.
Las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua están trabajando en un entorno cada vez más hostil. El gobierno ha seguido cerrando organizaciones mediante la revocación de su estatus legal, en este momento hay más de 60 organizaciones a las que se les ha cancelado su estatus legal, desde grupos humanitarios y de derechos humanos hasta entidades empresariales y académicas. En febrero, decenas de personas encarceladas por motivos políticos fueron condenadas como consecuencia de juicios sumarios y arbitrarios. La situación de las personas encarceladas por motivos políticos sigue siendo grave, especialmente teniendo en cuenta las numerosas denuncias de malos tratos y torturas.
Las amenazas del gobierno han obligado a un mayor número de periodistas a huir del país en los últimos meses. La vigilancia y la autocensura son habituales. Los reporteros han sido objeto de ataques personales, han sido citados y amenazados con cargos.
Dadas las continuas y graves violaciones de derechos humanos y la impunidad, así como la falta de voluntad de las autoridades para cooperar y comprometerse con los mecanismos regionales e internacionales, es esencial, tal y como ha concluido el Alto Comisionado, que el Consejo adopte un enfoque más firme ante la crisis de derechos humanos. Pedimos al Consejo que establezca urgentemente un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en esta sesión.
Gracias.
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Cuba: El gobierno cubano debe inmediatamente terminar la reprensión policial y los ataques en contra de las voces críticas
La comunidad internacional debe exigir responsabilidad al Gobierno cubano por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias ilegales de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes.
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Ecuador: Los derechos humanos están en peligro debido a la represión violenta de las protestas
Según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales.
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El llamamiento de la sociedad civil a los estados: estamos juntos en esto, no violemos los derechos humanos mientras hacemos frente al COVID-19
En un momento en que los gobiernos están adoptando medidas extraordinarias para frenar la propagación del COVID-19, reconocemos y aplaudimos los esfuerzos que están realizando los estados para gestionar el bienestar de sus poblaciones y proteger sus derechos humanos, como el derecho a la vida y a la salud. Sin embargo, instamos a los estados a que apliquen estas medidas en el contexto del estado de derecho: las medidas que se adopten en respuesta al COVID-19 deben basarse en hechos, ser legales, ser necesarias para proteger la salud pública, no ser discriminatorias, temporales y ser proporcionadas.
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El Salvador: No más ataques a la sociedad civil y a las libertades cívicas
El gobierno prolonga el estado de excepción con detenciones masivas sin precedentes y restricciones a los derechos cívicos.
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EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS: “Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas”
CIVICUSconversa sobre el proceso para desarrollar un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos y el rol de la sociedad civil con Ivette González, directora de Vinculación Estratégica, Campañas de Incidencia y Relaciones Públicas de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).PODER es una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y dedicada a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos, así como a fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.
¿Por qué es tan importante contar con un tratado sobre empresas y derechos humanos?
Vivimos en un mundo prácticamente regido por el capital. Desde que se ha consolidado este modelo económico hegemónico, capitalista y patriarcal, ha quedado en evidencia que quien tiene el capital es quien manda.
Cuando las empresas influyen directamente sobre las decisiones de los poderes estatales, ya sea del poder ejecutivo, del legislativo o del judicial, o sobre otros actores tales como organismos internacionales o entidades bancarias que deberían funcionar en beneficio público, poniéndolas en cambio al servicio del beneficio privado y exclusivo de unas cuantas personas y priorizando la generación y acumulación de riqueza por sobre los derechos humanos, se produce un fenómeno al que llamamos “captura corporativa”. Este fenómeno se observa en todos los continentes y resulta en el debilitamiento del Estado y sus instituciones. Es necesario recuperar la fuerza del Estado y el tratado sobre empresas y derechos humanos podría contribuir a ello.
El instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, busca poner freno a las violaciones de múltiples derechos humanos por parte de las empresas, tales como los derechos a la salud, la libertad, la privacidad o el acceso a la información, y a la impunidad con que operan y que les permite destruir el medio ambiente, territorios, familias y comunidades enteras.
Toda empresa debe operar con debida diligencia en derechos humanos para identificar, prevenir, abordar y reparar abusos y violaciones, como ciclo continuo de gestión y abarcando desde el planteamiento del proyecto, la inversión, las operaciones, fusiones, cadenas de valor y suministro, relaciones con clientes y proveedores, y cualquier otra actividad que pudiera generar impactos negativos sobre los derechos, incluyendo a los territorios. El tratado sirve para que los Estados, en tanto que principales sujetos de obligaciones para proteger los derechos humanos, exijan a las empresas el cumplimiento de sus responsabilidades y lo monitoreen.
Asimismo, este tratado internacional sería un avance único en el sentido de que abarcaría las actividades extraterritoriales de las empresas, por ejemplo, las actividades de empresas cuyas matrices pueden estar en algún país del norte global pero que pueden tener operaciones en el sur global. Por el momento, en muchas ocasiones y jurisdicciones las empresas solamente se autorregulan y no responden por sus abusos y violaciones de derechos humanos ni por la destrucción de la vida y del planeta. Hay algunos Estados que están avanzando en regulaciones y políticas, pero hay aún vacíos a nivel internacional. Queremos que este tratado aborde la gran brecha existente en el derecho internacional que permite la impunidad de los crímenes corporativos.
¿Qué avances ha habido en la negociación del tratado?
En la octava sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, celebrada del 24 al 28 de octubre de 2022, se produjeron desarrollos interesantes. Si bien no hay una línea de tiempo y un plazo estricto para producir la versión final del tratado, una de las personas expertas convocadas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental para el desarrollo del instrumento propuso el año 2025 para concluir las negociaciones. Ese es el plazo que se espera poder cumplir si los Estados tienen voluntad política para generar consensos. Y por lo pronto, se observa que algunos Estados que en el pasado fueron reticentes a participar ahora están teniendo un poco más de interés.
Por ahora el borrador cuenta con 24 artículos, los primeros 13 de los cuales se discutieron en la última sesión. Las discusiones incluyeron temas centrales como la definición de los derechos de las víctimas y su protección y la definición del propósito y el alcance del tratado, es decir, si debe de incluir solamente a las empresas transnacionales o también a otras empresas. El Estado mexicano, por ejemplo, sostiene que este instrumento debe abarcar todas las actividades que tengan un carácter transnacional. También se ha discutido acerca de la prevención de daños y el acceso a reparaciones, así como acerca de la responsabilidad legal, la jurisdicción que abordará la denuncia, los plazos de prescripción y la cooperación judicial internacional, entre otros temas.
Algunos Estados han hecho aportes para mejorar el contenido en negociación. Por el contrario, otros Estados buscan minimizar el alcance del tratado en algunos aspectos, por ejemplo en lo que se refiere a protecciones a pueblos y comunidades indígenas, salvaguardas ambientales y derechos de las mujeres y la niñez, entre otros.
Hay Estados que apoyan las nuevas propuestas del presidente relator, el embajador de Ecuador, pero gran parte de la sociedad civil considera que, en su mayoría, van en detrimento de lo alcanzado durante siete años hasta 2021, y le quita fuerza al tratado. Promueven la asimetría de poder entre Estados del norte y el sur, así como entre las empresas y las personas y comunidades titulares de derechos. El tercer borrador revisado es el que reconocemos como legítimo y sobre el que se consideramos que se deben continuar las negociaciones.
¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil?
Decenas de OSC están impulsando un tratado efectivo. Entre ellas se cuentan PODER, junto con la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 OSC, movimientos sociales y activistas de 75 países, y muchas otras alianzas, movimientos y articulaciones como la Alianza para eltratado, Feministas por un Tratado Vinculante y la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad.
Por supuesto que en la sociedad civil hay diversidad de opiniones en varios temas, pero estamos de acuerdo en la necesidad de regular la actividad empresarial con una perspectiva de derechos humanos. Hemos identificado los elementos que debe de contener este tratado y las condiciones para su implementación. Y tratamos de ponerle urgencia al proceso, que va demasiado lento, mientras que las violaciones de derechos humanos y los ataques contra personas defensoras no se detienen, sino que aumentan cada año.
La sociedad civil ha hecho incidencia con los y las tomadoras de decisiones para que se abrieran espacios de discusión con la sociedad civil. PODER, junto con la Red-DESC, en particular, ha insistido en la participación constructiva y proactiva de los Estados del sur global en el proceso, y específicamente de América Latina. También trabajamos para integrar una perspectiva de género e interseccional tanto en el proceso como en el texto; un ejemplo ha sido la propuesta de utilizar la política exterior feminista de México.
La sociedad civil parte de la convicción de que no es posible desarrollar un tratado legítimo si no se coloca en el centro de todo el proceso la participación de los y las titulares de derechos – personas y comunidades rurales afectadas, pueblos indígenas, sindicatos independientes, personas LGBTQI+ y personas en situación de vulnerabilidad, entre otras.
¿Cuáles son las probabilidades de que la versión final del tratado satisfaga las expectativas de la sociedad civil y cumpla con su cometido?
Esperamos que el tratado contribuya a acabar con la impunidad corporativa y que los Estados asuman su obligación de proteger los derechos humanos frente a la actividad empresarial. Que se eviten abusos y violaciones, se reparen daños y se asegure que estas situaciones no se repitan.
Aunque existen procesos establecidos para el desarrollo de tratados internacionales, este es un tratado inusual y debe ser tratado como tal, por lo que deben hacerse los cambios que sean necesarios tanto en el proceso como en el contenido para que sea realmente efectivo.
La satisfacción completa de las expectativas de la sociedad civil requeriría de un cambio de paradigma basado en el principio de que las empresas tienen una función social y que sus operaciones no deben rebasar ciertos límites para tener una vida digna y un medio ambiente limpio sano y sostenible. Sabemos que no lograremos concretar todas nuestras aspiraciones con un tratado, con Planes Nacionales de Acción y con regulaciones y normativas, aun cuando éstas sean correctamente implementadas. Pero todos estos son pasos importantes para intentar equilibrar la balanza, limitando el poder que el sistema económico global ha otorgado a las corporaciones empresariales.
Si bien el tratado difícilmente satisfaga todas nuestras expectativas, las OSC que estamos exigiendo el máximo nivel de exigencia para este tratado seguiremos haciéndolo hasta el final. Seguiremos llevando propuestas de personas expertas y de las comunidades y grupos afectados que luchan por la justicia y la reparación de los daños que viven en carne propia, abriendo espacios para que sus voces sean escuchadas y permanezcan en el centro de las negociaciones en todo momento e incluyendo en las consultas sobre el texto a personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente.
Este tratado no debería negociarse a puertas cerradas ni exclusivamente con el sector privado, pues ello repetiría el mismo ciclo de opacidad y de privilegio que nos ha traído hasta aquí, y solo contribuiría a mantener un statu quo insostenible.
Contáctese con PODER a través de susitio web o su perfil deFacebook, y siga a@ProjectPODER en Twitter.
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Guatemala: Se deben respetar los derechos fundamentales en vísperas de las elecciones presidenciales
CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, expresa su profunda preocupación por los crecientes ataques y restricciones a las libertades democráticas y cívicas en vísperas de las elecciones presidenciales del 25 de junio en Guatemala. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que garanticen la libertad y la seguridad de las personas para participar en el proceso político sin sufrir intimidación alguna antes, durante ni después de las elecciones.
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La práctica para silenciar voces críticas que lleva a cabo el gobierno requiere un control permanente por parte del Consejo
Consejo de Derechos Humanos 49º período de sesiones
Pronunciada por Marysabel Rodriguez Torres, Espacio Público
Desde Espacio Público y en nombre de las víctimas que acompañamos, reiteramos la importancia de seguir con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela, donde a la crisis institucional aún se suman los efectos sociales y económicos de la pandemia.
De forma causal, el aumento de las restricciones a los derechos civiles y políticos busca silenciar las denuncias; el cierre de medios de comunicación, la detención arbitraria de personas por expresarse, o los constantes bloqueos en internet impiden la libre circulación de contenidos.
Insistimos en la necesidad de garantizar el acceso a la información pública destacado por la Oficina en su informe previo, como una condición necesaria para el control social de la gestión pública a fin de superar la emergencia humanitaria compleja.
La reciente decisión del Comité de Derechos Humanos que dictamina la violación de la libertad de información ante la negativa del Estado venezolano a dar cuenta de la gestión de medicinas, reveló una vez más la opacidad como práctica común, que termina afectando el conjunto de derechos, como la salud.
Exhortamos a que la documentación, así como la asistencia y el apoyo a las víctimas escalen en el país. Apoyamos la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y agradecemos sigan manteniendo especial atención sobre la situación en Venezuela, dentro y fuera del territorio.
Muchas gracias.
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Las organizaciones de la sociedad civil exigen a Túnez que elimine todas las restricciones impuestas al espacio cívico, así como a los organismos independientes y que se restablezca el Estado de Derecho
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil suscriben la declaración que reclama el fin de las restricciones en Túnez.
🇹🇳President Kaïs Saïed has, in the past year, implemented several decisions aimed at consolidating power in the hands of the executive!
— CIVICUS (@CIVICUSalliance) March 22, 2022
🚨Are we witnessing a gradual slide towards authoritarianism in #Tunisia❓
More info at https://t.co/smyRBBd4Af
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Más de 100 fundaciones y donantes mundiales se comprometen a mantener la solidaridad con la sociedad civil palestina tras la prohibición por parte de Israel de seis importantes organizaciones de derechos humanos
Los líderes filantrópicos instan a los gobiernos a defender la democracia y los derechos humanos protegiendo a la sociedad civil contra las políticas represivas.
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MÉXICO: “Cuando el activismo climático amenaza intereses poderosos, es catalogado al mismo nivel que el terrorismo y el narcotráfico”
CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?
En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.
México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.
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MÉXICO: “El problema de la inseguridad es central, pero no se resuelve con militarización”
CIVICUS conversa acerca de la militarización de la seguridad en México y sus implicancias para la sociedad civil con Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez-Centro Prodh.
El Centro Prodhes una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana fundada en 1988 por la Compañía de Jesús con el objetivo de defender a víctimas de violaciones graves de derechos humanos e impulsar cambios estructurales que permitan a todas las personas en México gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de sus derechos humanos. Su trabajo se enfoca específicamente en personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión.
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México: Criminalización y detención arbitraria de la defendora de derechos humanos Kenia Hernández
A:
Sr. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Dr. Adán Augusto
Secretario de Gobernación
Sra. Evelyn Salgado Pineda
Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero
Sr. Alfredo del Mazo
Gobernador Constitucional del Estado de México
Sr. Alejandro Gertz Manero
Fiscal General de la República
En Ginebra-París, a 11 de mayo de 2022
Reciban un cordial saludo desde el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio), un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH; de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras); Front Line Defenders (FLD); CIVICUS; y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.
En esta ocasión, el Observatorio, la IM-Defensoras, FLD, CIVICUS y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra honda preocupación por la continuidad de la criminalización y la detención arbitraria de la Sra. Kenia Inés Hernández Montalván, así como por los actos de discriminación basados en su género y pertenencia al pueblo indígena amuzga en el marco de los procesos judiciales en su contra.
Las organizaciones firmantes han emitido reiterados llamados a las autoridades de México solicitando la liberación y el fin de los procedimientos judiciales contra la Sra. Kenia Hernández, en tanto que consideran que su detención responde a un contexto de criminalización de la protesta social y de las personas defensoras de los derechos humanos en Guerrero y en el conjunto del territorio mexicano.
La Sra. Kenia Hernández, mujer indígena amuzga y abogada originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, es defensora de los derechos de las mujeres, de la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas. En sus roles como coordinadora del “Colectivo Libertario Zapata Vive”; co-fundadora y miembro del “Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero” (MOLPEG), la Sra. Kenia Hernández acompaña a sobrevivientes de violencia machista y a familiares de víctimas de feminicidio, defiende los derechos de las personas injustamente recluidas y las afectadas por las actividades de empresas extractivas multinacionales en el territorio mexicano. No obstante, es precisamente por su legítima labor en defensa de los derechos humanos que la Sra. Kenia Hernández se encuentra recluida en aislamiento en el Centro Penal de Máxima Seguridad del estado de Morelos desde octubre de 2020. Hasta la fecha, se le ha negado por cuestiones burocráticas tanto el acceso a sus representantes legales, así como la participación presencial en las audiencias de los diferentes procesos judiciales en su contra, argumentando su carácter de presa de máxima seguridad. Además, a la Sra. Kenia Hernández también se le ha negado el derecho a recibir visitas de sus familiares bajo argumentos relacionados con la prevención de la Covid-19. Por todos estos hechos, la Sra. Kenia Hernández emprendió dos huelgas de hambre de dos meses cada una en mayo y otra en octubre de 2021, lo cual ha profundizado su condición de vulnerabilidad y riesgo.
El Observatorio, la IM-Defensoras, FLD, CIVICUS y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México han acompañado con profunda consternación los procesos de criminalización que se han llevado a cabo contra la Sra. Kenia Hernández desde junio de 2020 por la supuesta comisión de delitos de “ataques a las vías de comunicación en pandilla” y “robo con violencia con uso de arma”, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses. De las nueve causas penales que se están desarrollando en su contra, dos de ellas se están dirimiendo a nivel local, en el Estado de México y las otras siete a nivel federal en las entidades de Guerrero, Guanajuato y Morelos. La Sra. Kenia Hernández ha sido condenada en dos de los casos a 11 años y 3 meses, y a 10 años y seis meses de cárcel, respectivamente. Ambas sentencias se encuentran en fase de apelación.
Estos procesos de criminalización, vinculados a empresas extractivas multinacionales, tiene por objetivo castigar y poner fin al legítimo trabajo en defensa de los derechos humanos que lleva a cabo la Sra. Kenia Hernández, y particularmente su participación pacífica en manifestaciones que exigían la aparición con vida del abogado defensor de derechos humanos Arnulfo Cerón, la libertad de los defensores de los derechos humanos e integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) y la protección a mujeres víctimas de violencia machista en la región de la Costa Chica, en Guerrero.
Cabe destacar que la condición de defensora de derechos humanos de la Sra. Kenia Hernández ha sido reconocida tanto por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que fue incorporada en 2019 debido a amenazas de muerte que recibió por su labor; así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que ha hecho reiterados llamados a respetar su derecho al debido proceso.
Las organizaciones firmantes de esta carta expresan preocupación por la discriminación basada en su condición de mujer indígena a la que está sujeta la Sra. Kenia Hernández. A lo largo de las audiencias, la defensora de derechos humanos solicitó en reiteradas ocasiones que se le facilitara interpretación en idioma amuzgo, lo que fue desestimado por el juez a cargo del caso, al considerar que, por haber estudiado y hablar castellano, no era necesaria la traducción, vulnerando así el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La solicitud de aplicar la perspectiva de género a lo largo de los procedimientos judiciales presentada por la Sra. Kenia Hernández fue igualmente desestimada por el juez, argumentando que ésta era solo aplicable a “mujeres sumisas” o que habían sido víctimas de violencia de género en el entorno doméstico.
Asimismo, la privación arbitraria de libertad de la Sra. Kenia Hernández, en cuanto madre y único sustento de sus hijos menores de edad, vulnera las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas (Reglas de Bangkok), particularmente las Reglas 4, 26 y 64, las cuales requieren que las mujeres detenidas sean enviadas a centros de reclusión cercanos a su hogar teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas; la facilitación por todos los medios razonables del contacto con sus familiares, incluidos sus hijos; y la preferencia por imponer sentencias no privativas de la libertad a mujeres que tengan hijos a cargo.
Las organizaciones firmantes asisten con preocupación a las restricciones al derecho a la protesta social, así como al uso indebido del derecho penal utilizado contra la Sra. Kenia Hernández, y urgen a las autoridades mexicanas a tomar las medidas necesarias a poner fin a su detención arbitraria y a los numerosos procesos de criminalización en su contra.
Las organizaciones firmantes esperan también que se garantice el derecho a un juicio justo e imparcial, con perspectiva de género y teniendo en cuenta las especificidades culturales en cuanto mujer indígena de la Sra. Kenia Hernández durante la totalidad de los procesos judiciales en su contra.
Agradeciendo de antemano su atención, quedamos a su entera disposición si precisan información adicional.
Atentamente,
- Organización Mundial Contra la Tortura, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- FIDH, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- CIVICUS
- Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
- Front Line Defenders (FLD)
- Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Notas:
1- Alerta Urgente de IM-Defensoras del 10 de febrero de 2022 disponible aquí; Alertas Urgentes de FLD disponibles aquí; Entrevista de CIVICUS al abogado de Kenia Hernández, Antonio Lara Duque del 9 de marzo de 2022, disponible aquí.
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NACIONES UNIDAS: ‘Los temas pendientes del tratado vinculante sobre empresas y DDHH son políticos’
CIVICUS conversa sobre el proceso para elaborar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos con Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos.¿Por qué es tan importante contar con un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos?
El proceso para desarrollar este tratado surge de la convicción de que se necesita un instrumento legalmente vinculante que regule las obligaciones de las empresas y, sobre todo, facilite el acceso a la justicia para las víctimas de sus abusos. El objetivo es incorporar protecciones a los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial.
Un tratado internacional permitiría trascender las limitaciones jurisdiccionales de los Estados. El capital transnacional opera más allá de fronteras. Una enorme cantidad de empresas en la mayoría de los sectores opera con cadenas de suministro globales. Cuando en algún lugar de esas cadenas ocurren abusos es muy difícil para las víctimas acceder a la justicia, ya que no contamos con mecanismos de justicia que transciendan las fronteras. Las operaciones de las empresas son transnacionales, pero la justicia no.
Desde ya que los países tienen que tomar medidas a nivel doméstico, fortalecer sus regulaciones, mejorar sus leyes y desarrollar política pública y planes de acción para asegurar la protección efectiva de los derechos humanos. Y también las empresas deben adoptar compromisos para mejorar sus prácticas. El tratado que se está negociando formaría parte de un conjunto de medidas que son complementarias, no excluyentes.
El proceso del tratado comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la creación de ungrupo intergubernamental de trabajo de composición abierta que recibió el mandato de negociar y acordar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el marco del derecho internacional de los derechos humanos.
¿Qué rol está desempeñando el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos?
ElGrupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos es un procedimiento especial de la ONU instituido porresolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011, con el mandato de promover, difundir y aplicar losPrincipios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Su mandato ha sido sucesivamente renovado en 2014, 2017 y 2020. Está integrado por cinco expertos y expertas independientes, en su mayoría académicos y con representación geográfica equilibrada. Yo formo parte del Grupo de Trabajo desde 2021. Los otros cuatro integrantes actuales son de Australia, Nigeria, Polonia y Tailandia. Tres de los cinco somos mujeres.
Si bien no tenemos ninguna autoridad para tomar decisiones en cuanto al Tratado, el Grupo de Trabajo desempeña un rol importante. Participamos de casi todas las sesiones de negociación a través de mesas de debate y de discusión, y emitimos opiniones técnicas. Hemos hecho comentarios sobre el articulado y fomentamos la participación proactiva de los Estados de las distintas regiones del mundo.
Una de las premisas de los Principios Rectores es el desarrollo de medidas que se puedan combinar con el fin de abordar los problemas que existen en el terreno de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. Un instrumento legalmente vinculante es justamente una de esas medidas necesarias.
El Grupo de Trabajo ha sido muy claro en dar un mensaje favorable al proceso de negociación del tratado.
¿Qué avances se han producido en la negociación del tratado?
En laentrevista anterior que tuvimos en el año 2018, el proceso llevaba cuatro años. En ese momento estaba por comenzar en Ginebra la cuarta sesión de negociaciones sobre la base del ‘borrador cero’. Y yo aún no formaba parte del Grupo de Trabajo. Han pasado ya cuatro años más, y en la sesión de octubre de 2022, la octava, se discutió el tercer borrador, surgido previo a las negociaciones de 2021.
La pandemia afectó los procesos de negociación, en parte porque se perdió el contacto cara a cara por mucho tiempo. Los representantes y delegados en Ginebra, por ejemplo, no pudieron reunirse en persona por más de un año, por lo que las posibilidades de intercambios se vieron muy limitadas. A su vez, la pandemia afectó la participación de la sociedad civil y demás sectores en estos debates. Los procesos se ralentizaron y por lo tanto se extendieron.
Actualmente se sigue discutiendo el tercer borrador, y aparentemente Ecuador, que preside el Grupo de Trabajo intergubernamental, ha dicho que no va a traer otro borrador nuevo a la mesa, sino que se seguirán realizando cambios, modificaciones y adendas a este tercer borrador. Eventualmente, todos estos ajustes permitirán llegar a un borrador final.
El borrador actual ha avanzado mucho en temas tales como la mención de grupos vulnerables, mujeres, infancias y pueblos indígenas. También se ha ido aclarando su alcance, que fue un tema muy duro en las negociaciones. En general, la sociedad civil tiene la postura de priorizar a las transnacionales, mientras que el borrador actual propone que todas las empresas estén bajo el paraguas del tratado. Esta última es la postura compartida por nuestro Grupo de Trabajo. Varios temas se han desatorado, aunque aún quedan muchas cosas por resolver.
¿Cuáles son los temas pendientes de resolución?
Hay muchas discusiones que son más políticas que técnicas. Algunos Estados y el sector privado han manifestado que el texto es demasiado prescriptivo y rígido. La sociedad civil ha manifestado que quiere más clarificaciones y especificidades sobre algunos temas como la definición de las cortes donde se dirimirían los casos enmarcados en el tratado y la consideración de la perspectiva de las víctimas, ya que la carga de la prueba sigue siendo un tema polémico. En este punto el Grupo de Trabajo ha sido muy claro: los Estados tienen la obligación de facilitar el acceso a la justicia y eliminar las barreras y obstáculos de acceso a la justicia por parte de las víctimas.
Si bien la Unión Europea (UE) y Estados Unidos participan de este proceso, les falta convencimiento sobre el rumbo del texto. La UE tiene una participación muy activa, pero observo posturas divergentes entre sus Estados miembros. Muchos países, como Francia, lo apoyan, pero la UE en conjunto tiene reservas.
Uno de los grandes triunfos que vivió el proceso en sus inicios fue que China no lo bloqueó, sino que se abstuvo. Lo mismo ocurrió con India. Esto ocurrió, en parte, porque se suponía que el tratado sería sobre empresas transnacionales. A China no le ha gustado la ampliación del alcance del tratado a todas las empresas, y últimamente ha tenido una postura bastante cerrada.
Los Estados africanos han participado muy poco en las últimas dos rondas de negociación. Creemos que Sudáfrica, que fue co-líder con Ecuador cuando se negoció la resolución que inició el proceso, tampoco se encuentra satisfecha con la ampliación del enfoque más allá de las empresas transnacionales. Incluso, Ecuador convocó recientemente a la formación de un grupo de “amigos de la presidencia” y África es la única región sin miembros participantes.
América Latina está participando bastante proactivamente, si bien la región ha experimentado muchos cambios políticos, incluyendo en el propio Ecuador, que posiblemente influyan sobre las posturas en las negociaciones.
En suma, hay discusiones técnicas sobre los artículos, pero la mayoría de los temas pendientes son discusiones sobre todo políticas. Por esta razón, creo que el proceso llevará varios años más.
¿Piensas que la versión final del tratado satisfará las expectativas de la sociedad civil?
Mi deseo es que no nos quedemos con un tratado que enuncie buenas intenciones sin colocar reglas claras. Como ocurre en todas las negociaciones de esta naturaleza, seguramente algunos de los temas que reclama la sociedad civil queden pendientes. Hay muchísimas cosas para acomodar: las perspectivas de los Estados, las expectativas de las empresas y del sector privado en general, y los reclamos de la sociedad civil y de todas las personas titulares de derechos.
Yo esperaría un texto bastante bueno, que de alguna manera refleje el carácter del proceso, que contó con una sociedad civil y movimientos sociales muy fuertes. Desde mi perspectiva, el proceso se ha sostenido, además de por compromiso de los Estados para negociar, por el impulso de la sociedad civil y el diálogo entre todos los actores.
Mi expectativa es intermedia. Con cierta cautela en cuanto al alcance del articulado, pienso que el tratado contendrá algunos elementos que satisfagan a la sociedad civil, particularmente a las víctimas.
¿Qué trabajo habrá que hacer una vez que el tratado sea aprobado?
Para empezar, creo que falta mucho para que este tratado se apruebe. Puede que esto todavía lleve varios años más. Hay un largo camino por recorrer en las negociaciones y en lo que respecta al contenido del texto.
Una vez que el tratado se apruebe, se deberá impulsar su ratificación. Recordemos que los tratados internacionales solo entran en vigor cuando una cierta cantidad de Estados los ratifican, y que solo quedan obligados por ellos los Estados que los ratifican. Aquí es donde yo veo un enorme desafío. Ojalá que una vez que lleguemos a buen puerto, con un texto bueno y abarcativo, el proceso de ratificarlo no sea tan lento y pausado.
Para esto necesitaremos una sociedad civil fuerte que empuje a los Estados a ratificar el tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. Nuevamente esperaría que este proceso fuese largo y arduo, ya que el tema de la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial es bastante espinoso, puesto que hay muchos intereses de por medio. Lo que se viene será un gran desafío para todos los actores involucrados.
Siga a@fernanda_ho y a@WGBizHRs en Twitter.
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Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As
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Nicaragua: solicitamos al Consejo que establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en su próxima Sesión
Actualización de la Alta Comisionada acerca de la situación en Nicaragua emitida en el período entre sesiones.
Por Debora Leao, investigadora en el programa CIVICUS
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No puede haber desarrollo sostenible sin respeto de los derechos humanos
- La sociedad civil internacional pide a los gobiernos que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo
- Los Estados que no vinculan el desarrollo sostenible con la legislación para restringir las libertades de la sociedad civil son contrarios al espíritu de la Agenda 2030
- Los gobiernos deben abrir canales de comunicación con los grupos de la sociedad civil para convertirlos en socios al mismo nivel para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los grupos de la sociedad civil de todo el mundo contribuyen de manera significativa al desarrollo, por ello, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden alcanzarse plenamente si continúan los ataques contra la sociedad civil y contra las personas que defienden los derechos humanos.
Este es el claro mensaje que han enviado representantes de las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. En mayo de 2019, más de 60 representantes de la sociedad civil de 25 países se reunieron en Johannesburgo, Sudáfrica, para discutir las implicaciones que tienen para el desarrollo sostenible las restricciones de la libertad de reunión y asociación. Estas reflexiones de la reunión de Johannesburgo son compartidas por muchos otros grupos en todo el mundo.
Como adelanto y preparación para el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) -la plataforma central de las Naciones Unidas para el seguimiento y la revisión del Programa 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- que se celebrará del 9 al 18 de julio en Nueva York, los representantes de la sociedad civil abajo firmantes hacen un llamamiento a los gobiernos para que sitúen los derechos humanos en el centro de las cuestiones de desarrollo.
El HLPF 2019 se celebra en un momento en que los ataques hacia los representantes de la sociedad civil han alcanzado proporciones alarmantes. Los informes revelan que la sociedad civil está siendo gravemente atacada en 111 países, incluidos los que van a presentar avances para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como parte del Examen Nacional Voluntario (VNR), con un aumento de los casos de asesinatos de defensores de los derechos humanos que ejercen su derecho a reunirse de manera pacífica.
Al analizar la relación entre la libertad de reunión y asociación, el desarrollo socioeconómico y los derechos humanos, los participantes en la reunión de Johannesburgo expresaron su profunda preocupación por las frecuentes agresiones que sufren por parte de agentes estatales y no estatales, y por el alto nivel de impunidad de que gozan los autores de esos actos.
Como representantes de la sociedad civil, observamos con preocupación que nuestros gobiernos hacen una distinción entre los derechos humanos y el desarrollo, considerando a menudo a los activistas y líderes comunitarios que participan en actividades de derechos humanos como perturbadores y distantes de las cuestiones de desarrollo. De hecho, las autoridades los han acusado de tener tendencias contrarias al desarrollo, mientras que los actores de la sociedad civil tienen interés en el progreso de la sociedad y son socios de pleno derecho para el desarrollo.
Esta brecha a menudo significa que los gobiernos ejercen demasiado control sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que trabajan en connivencia con actores no estatales, incluyendo empresas privadas, para implementar su estrategia y alcanzar los ODS, pero que a menudo ignoran los puntos de vista de la sociedad civil cuando lanzan proyectos de desarrollo. Si bien la mayoría de los defensores de los derechos humanos son el blanco de sus campañas, los que defienden los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y los derechos de los indígenas son los más afectados y, por lo tanto, los que tienen más probabilidades de ser silenciados.
Pocos días antes de que el HLPF diera comienzo, dos defensores de los derechos humanos -Ryan Hubilla y Nelly Bagasala del grupo filipino de derechos humanos Karapatan- fueron brutalmente asesinados por ejercer su trabajo. Previamente a los asesinatos, el personal de Karapatan había estado sometido a vigilancia por parte de militares y policía.
En el HLPF se analizarán seis de los ODS, incluidos los que tienen por objeto promover la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre ellos, la lucha contra el cambio climático, la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y el acceso a la justicia para las instituciones inclusivas y responsables. Las cuestiones que se abordarán estos días están desafortunadamente en el centro de las constantes restricciones y represalias que ejercen los agentes estatales y no estatales.
Sólo en 2019, fueron reprimidas de manera violenta las manifestaciones pacíficas contra el aumento del coste de la vida y las crecientes desigualdades en Sudán, Zimbabue, Nicaragua y Venezuela; se bloquearon las manifestaciones estudiantiles en Liberia; y se reprimieron de manera violenta las manifestaciones que tuvieron lugar en Camerún contra los procesos judiciales deficientes. En Rusia, el 12 de junio de 2019, 530 manifestantes fueron arrestados y detenidos tras exigir responsabilidades por el arresto, detención y liberación arbitrarios del periodista Ivan Golunov.
En América Latina y el Caribe han aumentado los ataques, el hostigamiento y la persecución de los defensores de los derechos ambientales. En Colombia, por ejemplo, las fuerzas paramilitares siguen atacando a activistas que trabajan por el derecho a la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas, y algunos, como Robinson López, han sido asesinados. Estos son sólo algunos de los ejemplos del verdadero malestar político en muchas partes del mundo, que tiene consecuencias muy graves para las personas afectadas.
Los Estados a menudo tienen una visión muy limitada del desarrollo, en los casos en que lo ven como la construcción de infraestructura y la explotación de los recursos naturales. En esas situaciones se dirigen específicamente a aquellos que expresan su preocupación por la falta de consulta a las comunidades, sobre los proyectos de infraestructura o el impacto en el medio ambiente, cuando las empresas anteponen los beneficios a los intereses de la comunidad mediante la explotación de los recursos naturales. Del mismo modo, los gobiernos tampoco relacionan el desarrollo sostenible con el uso de leyes restrictivas que socavan el trabajo de la sociedad civil de diversas maneras no democráticas.
El Foro de Alto Nivel sobre Políticas de Desarrollo es una oportunidad para invertir estas tendencias, ya que pone de relieve la complementariedad y la interdependencia entre estos actores asociados para el desarrollo. El tema de 2019 "Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad" reafirma el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de las capacidades respectivas (CBDR-RC) en un momento en que está claro que los gobiernos no pueden alcanzar los ODS por sí solos. Por lo tanto, debemos insistir en que no puede haber desarrollo significativo sin derechos humanos. Los grupos de la sociedad civil que trabajan en diferentes esferas temáticas hacen contribuciones importantes al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio no pueden alcanzarse plenamente si los ataques contra la sociedad civil y las personas que defienden los derechos humanos continúan impunes. Los legisladores deben entender que los defensores de los derechos humanos no se oponen al gobierno, sino que más bien apoyan y aplican las leyes que no violan los derechos humanos.
Siete defensores de los derechos humanos que trabajan en cuestiones como el desarrollo económico, el desarrollo comunitario, las iniciativas de lucha contra la corrupción y los derechos de las mujeres y las niñas viven actualmente en Zimbabue bajo estrictas condiciones de libertad bajo fianza, tras haber sido detenidos a su regreso de Maldivas por participar en un taller formativo.
La libertad de reunión y asociación es crucial para el trabajo de todos los grupos de la sociedad civil, incluidas las asociaciones formales e informales, y permite a personas de diversos orígenes colaborar de manera efectiva. Aunque los gobiernos a veces cambian para mejor, y no siempre aplican plenamente las leyes restrictivas, es esencial que estas leyes represivas sean modificadas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en todo momento.
En vista de estas restricciones, instamos a los Estados a:
- Modificar y/o derogar las leyes y reglamentos restrictivos que afectan a la sociedad civil, así como a las libertades de asociación y reunión y garantizar que cumplan con las normas internacionales de derechos humanos;
- Firmar, ratificar o adherirsea acuerdos que protejan a los defensores de derechos humanos y les garanticen un entorno propicio para sus realizar sus actividades;
- Poner fin a la práctica de atacar a los defensores de los derechos humanos, activistas comunitarios y otros representantes de la sociedad civil, abstenerse de ponerles etiquetas falsas y garantizar que, como cualquier otro ciudadano, sus derechos sean respetados y protegidos;
- Establecer canales de comunicación entre el Estado y la sociedad civil sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que la sociedad civil sea considerada y tratada como un socio de pleno derecho en la consecución de los mismos;
- Asegurar que los derechos humanos a todos los niveles estén en el centro de todas las iniciativas de desarrollo y asegurar sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia y a instituciones responsables y la reducción de las desigualdades.
Firmantes:
- A Common Future
- Action Foundation Common Initiative Group
- Action pour le Developpement
- AgriBiz Home
- ASSAUVET/NGO
- Action for Improvement of Food child and Mother (AFICM)
- Alliance for Community Action
- Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
- AfriYAN
- Association of citizens PLANT
- AL-Shafaa Organisation
- ANSA-EAP
- Agency for Peoples Empowerment, Sierra Leone, Limited (APEM SL LTD)
- Act Mara Diocese – Mugumu Safe House
- Adolescents Initiatives Support Organization (AISO)
- ADD International
- Action Aid
- Action for Rural Aid Empowerment
- Actions for Democracy and Local Governance (ADLG)
- Active Women Foundation
- Agape Aids Control Program
- Ahadi Forum Tanzania (AFTA)
- Arusha Non-Governmental Organisation Network (ANGONET)
- ARUWE
- Association for Non-Governmental Organisation Zanzibar (ANGOZA)
- Association of Rare Blood Donor (ARBD)
- Balkan Civil Society Development Network
- Business and Human Rights Tanzania (BHRT)
- Biharamulo Community FM Radio (BCFM)
- Biharamulo NGOs Network Forum
- Biharamulo Originating Social Economic Development Association (BOSEDA)
- Biharamulo Social Economic Development Association (BISEDEA)
- BINGOS FORUM
- Civic Initiatives
- Centre for Peace and Justice
- Civil Society Development Foundation
- COSADER- Collectif des ONG pour la Sécurité Alimentaire et le Développent Rural
- Community Centre for Integrated Development
- Consortium of Ethiopian Rights Organizations (CERO)
- CIVICUS, World Alliance for Citizen Participation
- Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR)
- Centre for Community Regeneration and Development (CCREAD-Cameroon)
- Centre for Financial Inclusion and Sustainable Development (CenFISD)
- Children's Assurance Program Sierra Leone (CAP-SL)
- Centre for Social Policy Development
- Caricuao Propone
- Center for Agrarian Reform and Rural Development
- Concerned Citizens of Abra for Good Government, Inc.(CCAGG)
- CODE-NGO
- Centre of Youth Dialogue (CYD)
- Civic and Legal Aid Organization (CILAO)
- CSYM HUDUMA*the Christian Spiritual Youth Ministry
- Collaboration for Development and Humanitarian Action Inc
- CESOPE
- CHIFU KIMWELI FOOTBALL CLUB
- Child Watch
- Children Dignity Forum
- Christian Education and Development Organisation (CEDO)
- Civic and Legal Aid Organisations
- Community Development Initiatives Support Organisation (COSIDO)
- Community Focus Tanzania
- Community for Educators and Legal Assistance
- Community Support Initiatives-Tanzania
- Crisis Resolving Centre
- C-SEMA
- CWCA
- Discourage Youths from Encourages Poverty
- Derecho, Ambiente, y Recursos Naturales
- David Chanyeghea-New Age Foundation
- Dawning Hope
- Dignity Kwanza Community Solutions
- Door of Hope to Women and Youth in Tanzania
- DUNGONET (NGO’S NETWORK FOR DODOMA)
- Economic Empowerment and Human Rights Sierra Leone (EEHRSL)
- Education and English for You
- Empower Society, Transform Lives (ESTL)
- Equality for Growth
- Fundamental human Rights & Rural Development Association FHRRDA
- Faidika Aidika Wote Pamoja (FAWOPA)
- FAWETZ
- FICOFAWE WOMEN EMPOWERMENT
- FIDELIS Yunde-Youth Movement for Change
- Free Mind Foundation
- Fondation Lucienne SALLA
- Global Vision
- GEARS Initiative
- Gidion Kaino Mandesi Dolased
- Girls Education Support Initiatives
- GIYEDO
- Gospel Communication Network of Tanzania
- Growth Dimensions Africa
- Global youth clan Sierra Leone chapter
- GLOBAL MEDIA FOUNDATION
- Glow Movement, South Africa
- Global Vision
- HURISA
- HuMENA for Human Rights and Sustainable Development
- Human rights Center Memorial and OVD-Info
- HakaConnect.org
- HAKI CATALYST
- HAKI ELIMU
- HAKI MADINI
- HAKI RASILIMALI
- HAKI ARDHI
- Happy Children Tanzania Organisation
- HILDA S. DADU-PHLI
- HIMS ARUSHA
- Human Rights National Association of Educators for World Peace
- Humanity Aid for Development Organisation
- HURUMA Organisation
- Initiative for Good Governance and Transparence in Tanzania (IGT)
- IHAN (International Humanitarian Activists Network) / JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
- Initiative Africaine Pour le Developpement Durable
- International Center for Environmental Education and Community Development (ICENECDEV)
- INTRAC
- ISDO RWANDA
- ISRAEL ILUNDE –YPC
- Just Fair
- JAMII Media Limited
- John Seka-Seka and Associates Advocates
- JUKWAA LA KATIBA TANZANIA
- JUMA KAPIPI
- Jumuiya Ya Kuelimisha Athari Za Madawa Ya Kulevya Ukimwi Na Mimba Katika Mdogo (JUKAMKUM)
- JUMUIYA YA KUELIMISHA ATHARI ZA MADAWA YA KULEVYA UKIMWI NA MIMBA KATIKA UMRI MDOGO (JUKAMKUM)
- JUMUIYA YA KUENDELEZA UFUGAJI NYUKI NA UHIFADHI MAZINGIRA (JUKUNUM)
- JUMUIYA YA KULINDA NA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO MKOANI (JUKUWAM)
- JUMUIYA YA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO SHRHIYA YA OLE (JUKUHAWA),
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE)
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA ELIMU KWA WATOTO PEMBA (JUMAEWAPE),
- JUMUIYA YA MAENDELEO YA WAVUVI WA KOJANI (KOFDO)
- JUMUIYA YA MAENDELEO ZIWANI (JUMAJZI)
- JUMUIYA YA OWEDE
- JUMUIYA YA TUMAINI JIPYA PEMBA(TUJIPE)
- JUMUIYA YA TUSISHINDWE DEVELOPMENT ORGANISATION PEMBA (TUDOPE)
- JUMUIYA YA WASAIDIZI WA SHERIA PEMBA (JUWASPE)
- KARAPATAN
- Kagera Human Rights Defenders and Legal Aid Support Organisation
- Kabataang Gabay sa Positibong Pamumuhay (KGPP) Inc.,
- Kadesh International
- Khpal Kore Organization
- KUTAFITI-The Social Science Centre for African Development
- KARENY MASASI
- Kigoma Paralegal Aid Centre (KIPACE)
- Kigoma Ujiji Non-Governmental Organisation Network (KIUNGONET)
- Kigoma Women Development
- KIKUNDI CHA USHINDI
- KIWOHEDE
- KOK Foundation
- Lawyers for Human Rights
- LARETOK-LE-SHERIA NA HAKI ZA BINADAMU NGORONGORO (LASHEHABINGO)
- Legal and Human Rights Centre (LHRC)
- Lindi Regional Press Club (LRPC)
- Lindi Women Paralegal Aid Centre (LIWOPAC)
- Liwale FARMERS Association (LIFA)
- Migrant workers Association of Lesotho (MWA-Ls)
- Monna ka Khomo (Lesotho Herd boys Ass.)
- My Future Matters
- Manyara Early Childhood Development Network
- Mauritius Council of Social Service (MACOSS)
- Media Education Centre
- Magata Primary Cooperative Society
- Manyara Regional Civil Society Network (MACSNET)
- Mapambano Centre for Children
- MAWAZO DANIEL-NYDT
- Mbeya Hope for Orphans
- Mbeya Paralegal Aid Centre (MBEPACE)
- MBEYA WOMEN
- MCHOMORO AIDS COMBAT GROUP
- Media Association for Indigenous and Pastoralist Communities
- Media Support Tanzania
- MICHAEL REUBEN NTIBIKEMA-ELIMU MWANGAZA TANZANIA
- MICHEWENI ISLAMIC DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND AIDS CONTROL(MIDECAC)
- MIKONO YETU CENTRE FOR CREATIVITY AND INNOVATION (MIKONO YETU)
- Morogoro Paralegal Centre (MPLC)
- MSICHANA INITIATIVES
- Mtwara NGOs Network (MTWANGONET)
- Mtwara Paralegal Centre
- MTWARA YOUTH ANTI AIDS GROUP
- MUKEMBA GROUP MAENDELEO
- MUSSA JUMA-MISA TANZANIA
- MWANAMKE NA UONGOZI
- National Council of NGOS (NACONGO)
- NNATIONAL Union of Mine and Energy Workers of Tanzania (NUMET)
- NEEMA KITUNDU-FAWETZ
- NETWO
- New Family Organisation
- New Hope Winners Foundation (NHNWF)
- NGUVUMALI Community Development of Environment
- NICAS NIBENGO- BASE FOR EDUCATION DISSEMINATION
- NOMADIC PASTORALIST DEVELOPMENT ORGANIZATION(NOPADEO)
- NTABYMA
- NYAKITONTO YOUTH FOR DEVELOPMENT TANZANIA
- Nelson Nohashi Ministry
- New Horizon Global
- NGO World and Danube
- ONG Les BA TISSEURS
- Outreach Social Care Project, Democratic Republic of Congo (DRC)
- Open Mind Tanzania
- Organisation for Rural Self-Help Initiatives (ORSHI)
- Plant Protection and Regulatory Services Directorate
- Population and Development Society
- PEN Kenya
- PAMOJA DAIMA (PADA)
- Paralegal Primary Justice (PPJ)
- Peace Relief Organisation (PRO)
- PEMBA Association for Civil Society Organisation (PASCO)
- PEMBA EAST ZONE ENVIROMENT ASSOCIATION (PEZEA)
- PEMBA ISLAND RELIEF ORGANIZATION (PIRO)
- PEMCO
- Peoples Development Forum (PDF)
- Peoples Health Movement Tanzania (PHM)
- PINGOS FORUM
- Policy Curiosity Society
- Poverty Alleviation in Tanga (POVATA)
- Promotion and Women Development Association (POWDA)
- PROSPERUS HEALTH LIFE INITIATIVES
- PWAAT
- RAFIKI Social Development Organisation
- REHEMA JOSPHEPH-CENTA
- Resource Advocacy Initiative (RAI)
- RIEFP
- ROWODO
- RUANGWA Organisation for Poverty Alleviation (ROPA)
- Rural Woman Development Initiative (RUWODI)
- Rainbow Pride Foundation
- Recycle Up!
- RESEAU DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LE LEADERSHIP AU TCHAD, Chad
- RESPECT CAMEROON
- Salum Mbaruok
- Sikhula Sonke Early Childhood Development
- SPEDYA-Africa
- Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL)
- Sujag sansar orgnaition
- Sustainable Social Development Organization (SSDO)
- SADELINE HEALTH CARE TRUST
- Safe Space for Children and Youth Women Tanzania (SSCYWT)
- SAHRiNGON
- SAKALE Development Foundation
- SAUTI YA HAKI TANZANIA
- SAUTI YA WANAWAKE UKELEWE
- Save the Mother and Children of Central Tanzania (SMCCT)
- SAWABI BIHARAMULO
- Service Health and Development for People
- SHALOM OPHARNAGE CARE CENTER
- SHAMILA MSHANGAMA
- SHIMAWAMI
- SHIRIKA LA BINADAMU NANDANGALA
- SHIVYAWATA
- SHUKURU PAUL-HRC
- SOPHIA KOMBA-CAGBV
- SORF DODOMA
- Sports Development Aid Lindi
- Trade Union Congress of Swaziland (TUCOSWA)
- The Tahrir Institute for Middle East Policy
- The Maldivian Democracy Network
- Tai Tanzania
- Tanzania Agricultural Modernization Association (TAMA)
- Tanzania Development Trust
- TEACH
- The Need Today
- The Youth Voice Of SA
- Tim Africa Aid Ghana
- Transparence_RD Congo
- Trio Uganda, United Kingdom
- TUKELAKANG ENTETE FOUNDATION / YAYASAN TUKELAKANG ENTETE
- Trag Foundation
- TAMHA Paralegal Aid
- TANDAHIMBA Women Association
- TANGA Paralegal Aid
- TANGIABLE INITIATIVES FOR LOCAL DEVELOPMENT TANZANIA
- Tanzania Association of NGOs (TANGO)
- Tanzania Centre for Research for Research and Information on Pastoralism (TCRIP)
- Tanzania Citizen Information Bureau
- Tanzania Hone Economic Association (TAHEA) BIHARAMULO
- Tanzania Human Rights Defenders Coalition (THRDC)
- Tanzania Legal Knowledge and Aid Centre
- Tanzania media Woman’s Association (TAMWA)
- Tanzania Media Women’s Association
- Tanzania Network for Legal Providers (TANLAP)
- Tanzania Network of Women Living with HIV and AIDS (TNW+)
- TANZANIA Pastoralist Community Forum (TPCF)
- Tanzania Peace Legal Aid and Justice
- Tanzania Tobacco Control Forum
- Tanzania Widows Association (TAWIA)
- Tanzania Women Empowerment in Action (TAWEA)
- Tanzania Women Teachers Association
- Tanzania Youth Potential Association
- TAWASANET
- TAWEDO
- TAWLA
- TECDEN
- TEN/MET
- TGNP MTANDAO
- The African for Civil Society (TACS)
- The African Institute for Comparative and International Law (AICIL)
- The Development for Accountability in Tanzania
- The Foundation of Human Health and Social Development (HUHESO)
- The Life Hood Children and Development Society (LICHIDE)
- The Organisation of Journalists Against Drug Abuse and Crimes in Tanzania (OJADACT)
- The Voice of the Marginalised Community
- TNRF
- Tree of Hope
- TUNDURU PARALEGAL CENTRE (TUPACE)
- TUPACE
- TUSHIRIKI
- TUWAANDAE WATOTO
- TYVA
- Union for Promotion / Protection, Human Rights Defense and the Environment-UPDDHE/GL Democratic Republic of Congo (DRC)
- UNODC, Canada
- UMMY NDERIANANGAB-SHIVYAWATA
- UMOJA WA VIKUNDI VYA UZALISHAJI MALI NA UELIMISHAJI RIKA MAGU (UVUUMA)
- UMOJA WA WAWEZESHAJI KIOO
- Under the Same Sun (UTSS)
- UTPC
- UTTI MWANGA’MBA-CWCA
- UVINZA NGOS NETWORK (UNON)
- Volunteer Activists
- VIJANA ASSEMBLY
- Vital Projection Limited
- Voice of the Voiceless
- Volunteer for Youth in Health and Development (VOYOHEDE)
- Victoria Quade, New Zealand
- Women for Social Progress, Mongolia
- WAHAMAZA
- WAJIBU Institute of Accountability
- WALIO KATIKA MAPAMBANO NA AIDS TANZANIA(WAMATA)
- WASOMI VOICE FOUNDATION
- WGNRR AFRICA
- Widows and Orphaned Development Organisation
- WILDAF
- WOFATA
- WOMEN ACTION TOWARDS ENTRP.DEVELOPMENT
- WOMEN DIGNITY
- Women Legal Aid Centre (WLAC)
- Women Life Foundation
- Women Wake-Up (WOWAP)
- Women’s Promotion Centre (WPC)
- Women’s Empowerment in Action
- WOTE INITIATIVES
- WOTE SAWA YOUTH DOMESTIC WORKERS
- WOVUCTA
- Youth Against Aids Poverty
- Young League Pakistan, Pakistan
- Youth Africa and Peace Democratic Republic of Congo (DRC)
- YOUTH ASSOCIATION OF SIERRA LEONE, Sierra Leone
- Youth Harvest Foundation Ghana
- Youth Partnership for Peace and Development, Sierra Leone
- AND ONE
- ZAFELA
- ZAHRA SALEHE-ICCAO
- ZAITUNI NJIVU- ZAINA FOUNDATION
- Zanzibar Aids Association and Support for Orphans (ZASO)
- Zanzibar Association for Children Advancement (ZACA)
- Zanzibar Children Rights Forum
- Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organization (ZAFAYCO)
- Zanzibar Legal Service Center
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