Paraguay

 

  • Adopción del Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos por parte de Paraguay

    Aprobación del Informe EPU de Paraguay

    Leída por Inés M. Pousadela

    Gracias, Señor presidente.

    Semillas para la Democracia y CIVICUS celebran que el gobierno de Paraguay haya aceptado las recomendaciones del EPU relativas al espacio para la sociedad civil. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que Paraguay no implementó 13 de las 19 recomendaciones sobre este tema recibidas durante su examen anterior, y apenas implementó parcialmente seis.

    Como lo detalla nuestra presentación, actores tanto estatales como no estatales frecuentemente atacan, intimidan y acosan judicialmente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas – a estos últimos, especialmente cuando informan sobre protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. El ambiente hostil para el periodismo es alimentado desde las más altas esferas políticas. Las personas defensoras indígenas y campesinas y quienes se movilizan por el derecho a la tierra son objeto de ataques a menudo procedentes de empresas de agronegocios; las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ enfrentan ataques mayormente perpetrados por grupos fundamentalistas y anti-derechos. Abundan los ejemplos de personas defensoras del derecho a la tierra que han sufrido atentados contra sus vidas, y algunas han sido asesinadas. La mayoría de las agresiones permanece impune.

    Los y las trabajadoras enfrentan fuertes obstáculos legales para ejercer su libertad de asociación, así como obstáculos de hecho bajo la forma de ataques de actores no estatales, y especialmente de empresas privadas que amenazan con despedirles si intentan organizarse. La ley no protege adecuadamente esta libertad.

    Nuestra presentación también indica que la libertad de expresión se ve amenazada por el uso sistemático de leyes de difamación penal por parte de figuras públicas para intimidar y silenciar al periodismo crítico, especialmente cuando investiga denuncias de corrupción. La deficiente aplicación de la Ley de Acceso a la Información ha restringido la disponibilidad de información que debería ser pública, y se han registrado casos de censura y autocensura.

    El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa obstruido. Las manifestaciones pacíficas, especialmente las del movimiento campesino e indígena y las de las comunidades movilizadas por el derecho a la tierra, son frecuentemente disueltas con fuerza excesiva y suelen arrojar numerosas detenciones y manifestantes heridos, y ocasionalmente víctimas fatales.

    Pedimos al gobierno de Paraguay que adopte medidas proactivas para abordar estos problemas y que implemente las recomendaciones recibidas para crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil.

    Muchas gracias.

    El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor

     

  • Country recommendations on civic space for Universal Periodic Review

    CIVICUS makes joint UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on civil society space in Mozambique, Niger, Paraguay and Singapore

    The United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review is a unique process which involves a review of the human rights records of all 193 UN Member States once every 4.5 years.


    CIVICUS and its partners have submitted joint UN Universal Periodic Review submissions on four countries to the UN Human Rights Council in advance of the 38th UPR session (April-May 2021). The submissions examine the state of civil society in each country, including the promotion and protection of the rights to freedom of association, peaceful assembly and expression and the environment for human rights defenders. We further provide an assessment of the States’ domestic implementation of civic space recommendations received during the second UPR cycle over 4-years ago and provide a number of targeted follow-up recommendations.

    Mozambique- CIVICUS and JOINT – Liga das ONG em Moçambique examine and raise concerns on the deteriorating environment in which journalists and civil society activists operate. Physical attacks, intimidation, arbitrary arrests and threats have become increasingly common, especially for civil society activists and journalists working or reporting on sensitive issues such as the Cabo election monitoring, transparency and accountability, election monitoring, transparency and accountability and corruption.

    Niger (French) - CIVICUS, the West African Human Rights Defenders Network and the Nigerien Network of Human Rights Defenders highlight the level of implementation of the recommendations of received by Niger during its previous review in 2016. Despite constitutional guarantees on freedom of peaceful assembly, expression and association, the Nigerien government has targeted human rights defenders and subjected them to arbitrary arrests and judicial persecution. Peaceful assemblies are repressed and bans are imposed on planned protests while journalists are detained for reporting on issues affecting the state. Restrictive legislation like the 2019 Cyber Crimes Law are used to prosecute representatives of civil society.

    Paraguay (Spanish) - CIVICUS and Semillas para la Democracia address concerns regarding the growing hostility, stigmatisation and criminalisation faced by HRDs, and particularly by the members of peasant, Indigenous, trade union and student movements, as well as by journalists reporting on protests, organised crime, corruption and human rights abuses. Along with the restrictions on the freedom of expression that result from the use of criminal defamation statutes and economic pressures from both private and public actors, the submission further examines the multiple ways in which dissent is stifled in the streets, as protests are prevented through the application of legislation imposing undue time and place restrictions and authorisation requirements, protesters are criminalised under the Penal Code, and demonstrations are violently suppressed by the security forces.

    CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.

    Singapore - CIVICUS and The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) highlight ongoing use of restrictive laws, including defamation laws, to criminalise criticism of the authorities by HRDs and critics and the draconian restrictions on peaceful assembly. It also documents new laws that have been deployed to restrict media freedom and freedom of expression online and to harass the political opposition, journalists and civil society.


    Civic space in Mozambique, Niger, Paraguay, and Singapore are rated as Obstructed by the CIVICUS Monitor.

    See all of our UPR submissions here.

     

  • Paraguay - Recomendaciones sobre el espacio cívico para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos

    CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

    El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.


    CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.


    Lea las recomendaciones completas: 
    https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf 

     

  • Paraguay - Recomendaciones sobre el espacio cívico para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos (2)

    CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

    El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.


    CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.


    Lea las recomendaciones completas: 
    https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf 

     

  • PARAGUAY: ‘As long as land remains in private hands, conflict will continue '

    CIVICUS speaks with Alicia Amarilla, national coordinator of the Organisation of Peasant and Indigenous Women (CONAMURI) in Paraguay about conflicts over land rights between the state, the private sector and Indigenous communities. CONAMURI is a Paraguayan organisation of Indigenous and peasant women that has been working for 22 years to defend and promote their rights and seek solutions to situations of poverty, exclusion and discrimination based on ethnicity and gender.

     

  • PARAGUAY: “Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar”

    CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

    AliciaAmarilla

    ¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

    Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

    La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

    Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

    A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

    ¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

    Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

    La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

    ¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

    La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

    Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

    ¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

    CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

    También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

    ¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

    La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

    El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

    En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

    Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

    Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

    El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

    Póngase en contacto con CONAMURI a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@Conamuri en Twitter.

     

  • Paraguay: Recomendaciones sobre el espacio cívico para el Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos

    CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay

    El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.


    CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.


    Lea las recomendaciones completas: 
    https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf 

     

  • Paraguay's Adoption of the Universal Periodic Review on Human Rights

    Universal Periodic Review on Human Rights -- Outcome Adoption for Paraguay

    Delivered by Inés M. Pousadela

    Thank you, Madame President.

    Semillas para la Democracia and CIVICUS welcome the government of Paraguay’s acceptance of UPR recommendations pertaining the space for civil society. However, our joint UPR submission documents that Paraguay did not implement 13 of the 19 such recommendations it received during its previous review, and only partially implemented six.

    As detailed in our submission, both state and non-state actors frequently attack, intimidate and judicially harass human rights defenders and journalists, particularly when reporting on protests, organised crime, corruption and human rights abuses; the hostile environment for journalists is fuelled from the highest political levels. Defenders of Indigenous and peasant communities and land rights activists are targeted in attacks often linked to agribusiness corporations; women’s and LGBTQI+ rights defenders face attacks perpetrated mostly by fundamentalist anti-rights groups. Examples abound of land rights defenders who suffered attempts on their lives, and some have been killed. Most aggressions remain unpunished.

    Workers face strong legal obstacles to exercise their freedom of association, as well as de facto obstacles and direct attacks from non-state actors, notably private companies that threaten to fire them if they try to organise. The law does not adequately protect this freedom.

    Our submission also shows that the freedom of expression is threatened by the systematic use of criminal defamation statutes by public figures to intimidate and silence critical journalists, especially when they investigate allegations of corruption. The deficient implementation of the Access to Information Law has restricted access to information that should be public, and instances of censorship as well as self-censorship have been recorded.

    The exercise of freedom of peaceful assembly remains obstructed. Peaceful demonstrations, particularly by the peasant and Indigenous movement and communities mobilising for land rights, are frequently broken up with excessive force, typically leading to people being arrested or injured, and occasionally resulting in fatalities.

    We call on the Government of Paraguay to take proactive measures to address these concerns and implement recommendations to create and maintain, in law and in practice, an enabling environment for civil society.

    We thank you.


    Civic space in Paraguay is rated as obstructed by the CIVICUS Monitor.