Consejo de Derechos Humanos

 

  • Adopción del Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos por parte de Paraguay

    Aprobación del Informe EPU de Paraguay

    Leída por Inés M. Pousadela

    Gracias, Señor presidente.

    Semillas para la Democracia y CIVICUS celebran que el gobierno de Paraguay haya aceptado las recomendaciones del EPU relativas al espacio para la sociedad civil. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que Paraguay no implementó 13 de las 19 recomendaciones sobre este tema recibidas durante su examen anterior, y apenas implementó parcialmente seis.

    Como lo detalla nuestra presentación, actores tanto estatales como no estatales frecuentemente atacan, intimidan y acosan judicialmente a personas defensoras de derechos humanos y periodistas – a estos últimos, especialmente cuando informan sobre protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. El ambiente hostil para el periodismo es alimentado desde las más altas esferas políticas. Las personas defensoras indígenas y campesinas y quienes se movilizan por el derecho a la tierra son objeto de ataques a menudo procedentes de empresas de agronegocios; las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ enfrentan ataques mayormente perpetrados por grupos fundamentalistas y anti-derechos. Abundan los ejemplos de personas defensoras del derecho a la tierra que han sufrido atentados contra sus vidas, y algunas han sido asesinadas. La mayoría de las agresiones permanece impune.

    Los y las trabajadoras enfrentan fuertes obstáculos legales para ejercer su libertad de asociación, así como obstáculos de hecho bajo la forma de ataques de actores no estatales, y especialmente de empresas privadas que amenazan con despedirles si intentan organizarse. La ley no protege adecuadamente esta libertad.

    Nuestra presentación también indica que la libertad de expresión se ve amenazada por el uso sistemático de leyes de difamación penal por parte de figuras públicas para intimidar y silenciar al periodismo crítico, especialmente cuando investiga denuncias de corrupción. La deficiente aplicación de la Ley de Acceso a la Información ha restringido la disponibilidad de información que debería ser pública, y se han registrado casos de censura y autocensura.

    El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa obstruido. Las manifestaciones pacíficas, especialmente las del movimiento campesino e indígena y las de las comunidades movilizadas por el derecho a la tierra, son frecuentemente disueltas con fuerza excesiva y suelen arrojar numerosas detenciones y manifestantes heridos, y ocasionalmente víctimas fatales.

    Pedimos al gobierno de Paraguay que adopte medidas proactivas para abordar estos problemas y que implemente las recomendaciones recibidas para crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil.

    Muchas gracias.

    El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor

     

  • Honduras: Adopción del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos

    Declaración en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

    Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos - Adopción de resultados para Honduras


    Gracias, Señor presidente.

    CIVICUS, ASONOG y RedLad celebran el compromiso del gobierno de Honduras con el proceso del EPU. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que desde su anterior revisión Honduras no ha implementado 19 de las 30 recomendaciones recibidas en relación con el espacio cívico, y que sólo ha implementado parcialmente ocho.

    Como detalla nuestra presentación, la legislación hondureña limita la libertad de asociación de los trabajadores. Además, para quienes trabajan en temas políticamente sensibles el disfrute de esta libertad está limitado en la práctica, a menudo como resultado de la intervención de actores no estatales. Aunque ha habido cambios positivos en el marco legal, la labor de las OSC siguió viéndose perjudicada por factores extralegales. La acción de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de la tierra, así como de estudiantes y personas defensoras LGBTQI+, también es obstaculizada por la criminalización, la persecución penal, el acoso y la vigilancia. Aunque Honduras estableció un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, no ha logrado asegurar su efectividad. Sus altos y persistentes niveles de violencia hacen de Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para la labor de derechos humanos y el periodismo.

    Como también lo documenta nuestro informe, el Código Penal de 2019 mantuvo los delitos de calumnia e injuria, que siguieron siendo utilizados contra periodistas, y el derecho de acceso a la información consagrado legalmente continuó restringido por la llamada Ley de Secretos Oficiales.

    El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa sometido a barreras legales y de hecho. Las manifestaciones pacíficas, en particular las de los movimientos estudiantiles, indígenas, campesinos y ambientales, son a menudo disueltas de forma arbitraria y violenta. Persiste el vacío legal en cuanto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad por los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos.

    Acogemos con beneplácito las recomendaciones realizadas a Honduras en este ciclo para abordar estas preocupaciones y pedimos al Gobierno de Honduras que tome medidas proactivas para implementarlas, de modo de crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil. Además, pedimos a los Estados que hicieron dichas recomendaciones que aseguren un seguimiento de su implementación.

    Muchas gracias.


    El espacio cívico en Honduras está calificado como represivo por el CIVICUS Monitor 

     

  • NACIONES UNIDAS: “Al sistema de derechos humanos existente hay que criticarlo sin dejar de defenderlo”

    CIVICUS conversa acerca con Brian Schapira,Director de Relaciones Institucionales del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una fundación basada en Argentina.que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos. Con foco en el apoyo a quienes sufren restricciones severas a sus libertades civiles y políticas, CADAL promueve la solidaridad democrática internacional en colaboración con activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo.

     

  • Venezuela: Continúan los ataques a los derechos humanos

    Declaración en la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

    CIVICUS agradece a la Alta Comisionada su informe, que muestra el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela y la falta de implementación efectiva de las recomendaciones formuladas en el último informe.

    Desde CIVICUS manifestamos nuestra preocupación por la legislación reciente que restringe el derecho de asociación en Venezuela. Una nueva ordenanza de mayo de 2021 introduce elementos que pueden utilizarse para criminalizar el trabajo de la sociedad civil. Un nuevo proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional limitaría el financiamiento internacional a la sociedad civil. Esta legislación continuaría restringiendo el funcionamiento de las OSC en el país y, en particular, tendría un impacto devastador en aquellas organizaciones que trabajan para brindar la asistencia humanitaria que tanto necesitan en el país.

    Las restricciones a la libertad de expresión continúan en Venezuela, con ejemplos recientes de ataques contra medios como el allanamiento y toma del diario El Nacional y el caso del CNP en Sucre, cuya oficina fue incendiada. Los ataques digitales continúan aumentando en el país con 153 medios de comunicación afectados por la censura digital en Venezuela en 2020.

    Mientras la gente sigue saliendo a las calles en el contexto de una terrible situación socioeconómica, las fuerzas de seguridad siguen haciendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Organizaciones locales informaron que durante el primer trimestre de 2021, 23 manifestaciones fueron reprimidas y una persona asesinada.

    Nos hacemos eco de las observaciones de la Alta Comisionada en su declaración de marzo de que `` la reducción del espacio cívico tiene 'un efecto paralizador en todos los que participan en actividades legítimas y esenciales' '. Solicitamos a la Alta Comisionada, en el contexto de su informe en curso, que establezca formas concretas en las que la comunidad internacional puede apoyar a los que están sobre el terreno.


    El espacio cívico en Venezuela está calificado como Represivo por el CIVICUS Monitor