Según la alianza global de la sociedad civil CIVICUS, el brutal asesinato del defensor de los derechos humanos Francisco Vázquez en Morelos, México, perpetrado por hombres armados no identificados, debe empujar a las autoridades a que hagan rendir cuentas a los responsables y a poner fin a estos actos de violencia irracional contra los defensores de los derechos humanos y otros colectivos.
Francisco era un defensor del derecho al agua y miembro de un grupo de activistas que se oponen a la construcción de una central termoeléctrica en Huexca. Fue asesinado el 14 de febrero de 2022 cuando se encontraba trabajando en una finca. Un día antes había denunciado amenazas de muerte contra él.
El asesinato de Francisco fue precedido por el brutal asesinato de la defensora de los derechos humanos Ana Luisa Garduño Juárez en la ciudad de Temixco, Morelos, por un individuo desconocido. Ana Luisa Garduño es la fundadora del colectivo "Ana Karen Vive", una asociación que exige justicia por el feminicidio de su hija, Ana Karen Huicochea, al igual que por otras víctimas de feminicidio en México. Con frecuencia, estos asesinatos han ido precedidos de amenazas, actos de intimidación y acoso a las víctimas y sus familias, y las autoridades han hecho poco por investigar estos crímenes, a pesar de haber sido denunciados.
“Las autoridades mexicanas no pueden continuar mostrándose indiferentes ante los brutales asesinatos de personas pacíficas que defienden los derechos humanos. Deben investigar de forma imparcial el brutal asesinato de Francisco Vázquez, Ana Luisa Garduño y otros similares y llevar a los culpables ante la justicia.” Declara David Kode, responsable de incidencia política y campañas de CIVICUS.
El brutal asesinato de Francisco es similar al del defensor de los derechos ambientales e indígenas Samir Flores, que se oponía a la construcción de la misma termoeléctrica que Francisco y fue asesinado unos días antes de la celebración de un referéndum sobre dicho proyecto, el 20 de febrero de 2019. Samir era un defensor de los derechos humanos y productor de una radio comunitaria que se manifestaba en contra del Proyecto Integral Morelos. Desde principios de 2022, cuatro periodistas -José Luis Gamboa Arenas, Lourdes Maldonado, Alfonso Margarito Martínez Esquivel y Roberto Toledo- han sido asesinados en México por hacer su trabajo.
“México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos y del periodismo. Es necesario que las autoridades mexicanas tomen acciones contundentes para impedir que vuelvan a producirse estos crímenes.” Continúa David Kode.
La plataforma digital CIVICUS Monitor, dedicada al seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, califica el espacio cívico mexicano (espacio para la sociedad civil) como “represivo”.
Antecedentes
En los últimos años, se ha producido un notable aumento en el número de asesinatos de defensores de los derechos humanos y periodistas en México. Las mujeres defensoras de los derechos humanos, incluyendo las que denuncian los feminicidios, han sido especialmente perseguidas, así como los periodistas que son asesinados por el trabajo que realizan. El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado en 2012, ha logrado avances significativos en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y ha proporcionado casas de seguridad a algunas de ellas a lo largo de los años. Sin embargo, el trabajo del Mecanismo se ha visto gravemente afectado por la falta de financiación. Las autoridades no suelen llevar a cabo investigaciones adecuadas cuando las personas que defienden los derechos humanos son objeto de ataques por parte de agentes estatales y no estatales, y la falta de rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos alimenta la impunidad.
