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• ‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

  

  ¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

  El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

  La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

  Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

  ¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

  La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

  En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

  ¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

  Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

  Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

  En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

  Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

  Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

  La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

  ¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

  Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

  A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

  Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

  La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

  ¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

  En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

  También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

  ¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

  Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

  También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

  Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

  ¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

  Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

  Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

  El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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• BANGLADESH: “Para hacer frente a las violaciones necesitamos una profunda reforma del sistema legal”

  CIVICUS conversa con Aparajita Sangita, activista bangladesí de derechos humanos y cineasta independiente premiada internacionalmente. Aparajita ha trabajado en varias películas sobre la discriminación de género y los derechos de las mujeres, y ha participado en diversas acciones sociales, tales como proyectos de educación de los niños en situación de calle y bancos de alimentos. En respuesta a su activismo, ha sido acosada por la policía. Por su activismo en las redes sociales también fue demandada por acoso bajo la draconiana Ley de Seguridad Digital. Las acusaciones en su contra fueron retiradas en reacción a las protestas que se produjeron tanto en las calles como en internet.

  

  ¿Qué desencadenó las recientes protestas contra las violaciones en Bangladesh?

  En la noche del 5 de enero de 2020, una estudiante de la Universidad de Dhaka (UD) fue violada tras bajar de un autobús universitario en la zona de Kurmitola de la capital, Dhaka. Los y las estudiantes de la UD se sintieron perturbados por este incidente, que dio lugar a protestas y a la organización de varios actos.

  A pesar de las protestas generalizadas contra la violación, la violencia sexual contra las mujeres persistió e incluso aumentó durante la pandemia de COVID-19.

  El 25 de septiembre, una mujer que visitaba el MC College de Sylhet con su marido fue violada en un albergue del campus por activistas políticos vinculados al partido gobernante. Mientras estallaban protestas en reacción a este hecho, el 4 de octubre se hizo viral en las redes sociales un video en el que se veía cómo abusaban de una mujer en Begumganj, Noakhali. El video mostraba a un grupo de hombres entrar en la casa de la mujer, desnudarla y agredirla físicamente, al tiempo que dejaban todo grabado en video.

  Estos incidentes son apenas algunos de los numerosos casos de violación y violencia sexual contra las mujeres que han circulado por las redes sociales en Bangladesh. Entre los autores de esta violencia se encuentran padres, familiares cercanos, agentes de la ley, funcionarios públicos, líderes políticos y actores religiosos.

  Todo ello gatilló las protestas masivas contra la violación que tuvieron lugar en octubre de 2020, en las que personas de todo el país se unieron para protestar contra la violencia contra las mujeres. El movimiento de protesta contra la violación comenzó en Shahbag, conocida como “la Plaza del Movimiento de Bangladesh”, pero pronto se extendió a todas las ciudades, e incluso a los pueblos, de todo Bangladesh. Entre ellas se contaron Bogra, Brahminbaria, Champainabganj, Chandpur, Dhamirhat (Nowgaon), Faridpur, Gafargaon (Mymensingh), Gopalganj, Jaipurhat, Kurigram, Manikganj, Noakhali, Panchgarh, Rajshahi, Satkhira y Syedpur (Nilphamari).

  En el movimiento de protesta contra la violación confluyeron personas de diferentes ámbitos, como miembros de partidos políticos, escritores, activistas culturales, activistas de las redes sociales, jugadores del equipo nacional de críquet, activistas por los derechos de la mujer y periodistas. Por primera vez en Bangladesh, las mujeres se manifestaron contra las violaciones en plena noche. En Dhaka, marcharon desde Shahbag hasta el Parlamento, portando antorchas y gritando consignas.

  ¿Cuáles eran las principales reivindicaciones de las manifestantes?

  El movimiento de protesta contra la violación planteó nueve demandas para acabar con las violaciones y la violencia sexual. Entre ellas, la introducción de castigos ejemplares para los implicados en violaciones y violencia contra las mujeres en todo Bangladesh y la destitución inmediata del ministro del Interior, que no ha desempeñado su rol de impartir justicia.

  Las manifestantes también exigieron el fin de todos los abusos sexuales y sociales contra las mujeres tribales; la creación de un comité para prevenir el acoso sexual contra las mujeres en todas las organizaciones gubernamentales y en el sector privado, así como en las instituciones educativas, en línea con los fallos del Tribunal Superior; y la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). También instaron a la abolición de las leyes y prácticas que perpetúan las desigualdades de género.

  También se hicieron llamamientos a poner fin al acoso mental de las víctimas durante las investigaciones y a garantizar su seguridad jurídica y social, a incluir a personas expertas en criminalidad y género en los Tribunales de Prevención de la Represión de la Mujer y el Niño, y a crear más tribunales para garantizar la rápida tramitación de los casos.

  Por último, las manifestantes instaron a la modificación del artículo 155(4) y otros artículos pertinentes de la Ley de Evidencia para poner fin a la admisibilidad de las pruebas del carácter de las denunciantes en juicios por violación y a la eliminación de los libros de texto de todo material considerado difamatorio hacia las mujeres o que las describiera como inferiores.

  ¿Cómo respondieron las autoridades a las protestas?

  El 6 de octubre, las manifestantes marcharon desde Shahbag hasta la Oficina del Primer Ministro con banderas negras, pero fueron detenidas por la policía en las cercanías del Hotel Intercontinental. Varios dirigentes y activistas de un organismo estudiantil de izquierdas resultaron heridos por la policía.

  Además, el comunicado emitido por la jefatura de policía el 10 de octubre contenía elementos de vilipendio de los y las manifestantes. En él se afirmaba que determinados sectores intentaban utilizar la protesta “para servir a sus intereses”, socavando la ley y el orden y “creando caos social”. La policía advirtió a los y las manifestantes que evitaran cualquier “actividad antiestatal” y anunció que la policía se comprometía a garantizar la paz y el orden internos a toda costa. Esta declaración provocó pánico entre las personas movilizadas, que temieron ser reprimidas.

  Además de enfrentar represión policial, varias mujeres activistas, entre ellas la líder de la Asociación de Estudiantes de Izquierda, que participaron en el movimiento contra la violación, fueron amenazadas por teléfono y por Facebook Messenger. Algunas de las activistas también fueron amenazadas con la apertura de causas penales contra ellas.

  ¿Qué ha pasado con el movimiento desde entonces? ¿Se ha detenido la campaña?

  Después de que las protestas contra las violaciones y agresiones sexuales se extendieran por todo el país, se modificó la Ley de Prevención de la Represión de Mujeres y Niños. Se impuso la pena de muerte como castigo más severo para la violación. Anteriormente, la pena máxima por violación en Bangladesh era la cadena perpetua. La pena de muerte sólo se aplicaba en casos de violación en grupo, o de violación que provocara la muerte de la víctima.

  A raíz de esto, las protestas se detuvieron, ya que mucha gente pensó que la pena de muerte reduciría los delitos de violación. Sin embargo, muchas defensoras de los derechos de las mujeres insisten en que la pena de muerte no es la respuesta y exigen una reforma profunda del sistema legal y más educación para hacer frente a lo que, según ellas, es una epidemia de violencia contra las mujeres en Bangladesh.

  ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar al movimiento?

  A raíz de los diversos casos de violencia sexual y violación cometidos contra las mujeres, hemos visto surgir un importante movimiento de protesta en el país. Sin embargo, algunas manifestantes y activistas han recibido amenazas por alzar sus voces. La solidaridad de la comunidad internacional es esencial para quienes protestan contra violaciones de derechos humanos y hacen reclamos justos.

  La sociedad de Bangladesh es extremadamente patriarcal, y durante años se han sucedido numerosos intentos de restringir las vidas y las voces de las mujeres. La violación es una expresión de este contexto. Vivir seguras es un derecho fundamental de toda mujer, y es responsabilidad de todas y todos los ciudadanos, así como de la comunidad internacional, garantizar este derecho.

  El espacio cívico en Bangladesh es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

• BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

  CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

  Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

  La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

  En todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

  En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

  En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

  Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

  A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

  ¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

  La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

  Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

  Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

  Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

  La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

  Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

  Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

  Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

  Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

  ¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

  En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

  La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

  En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

  La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

  En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

  Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

  Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

  También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

  En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

  En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

  Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

  En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

  Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

  ¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

  La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

  El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

  Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

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• CHILE: ‘Este histórico momento constituyente es un logro de la ciudadanía’

  CIVICUS conversa con Marcela Guillibrand De la Jara, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile y Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar. La Red de Voluntarios es una plataforma nacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas que promueven el voluntariado.Ahora Nos Toca Participar es una iniciativa de organizaciones sociales agrupadas en el Nuevo Pacto Social (NPS-Chile) que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y a cohesión social mediante la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito sobre la reforma constitucional previsto para octubre de 2020 y en el proceso constituyente que se espera que se inicie con el plebiscito. La campaña se centra en la formación ciudadana, la creación de espacios de diálogo y la generación de propuestas para alimentar el proceso constituyente.

  

  A fines de 2019 se convocó a un referéndum para disparar un eventual proceso constituyente. ¿En qué medida se trató de una victoria de la sociedad movilizada?

  En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse, para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando en nuestro país desde largo tiempo atrás.

  Todo esto fue inicialmente motivado por el descontento de los jóvenes respecto de un alza de 30 pesos (0,33 USD) en el costo de la tarifa del sistema de transporte de la capital de Chile, el Metro. En reacción al aumento se produjeron manifestaciones que primero se tradujeron en la evasión del pago del pasaje pero que eventualmente se hicieron eco en consignas tales como “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al tiempo que llevamos viviendo en democracia – desde la transición que se produjo en 1990 - y al sentimiento compartido por gran parte de la población de que no somos parte de las decisiones que se han venido tomando. Esto fue alimentado por elevados índices de desconfianza en las instituciones, una gran desafección política y la reacción contra un modelo que empujó a nuestro país a una mirada y a una participación más individualista en todos los ámbitos.

  Ante una movilización que no cedía, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de distintos sectores firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con ello se abrió a la ciudadanía la oportunidad de decidir a través de un plebiscito, que se realizará el próximo 25 de octubre, si desea una nueva constitución. Mediante el plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse además sobre el mecanismo que se utilizaría para redactar la nueva constitución: una convención constitucional, un órgano íntegramente elegido para ello, o por una convención mixta constitucional, que estaría compuesta por un 50% de congresistas actuales y un 50% de representantes elegidos para este cometido. Para un gran sector de la sociedad este proceso abre una oportunidad única de elegir de manera libre el Chile que queremos. Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro de la ciudadanía.

  En el marco de este proceso, la sociedad civil también ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso. De imponerse en el plebiscito la opción de redactar una nueva constitución, regirá para la elección de constituyentes la regla de la paridad de género. Sin embargo, ésta solo operará plenamente si se impone la opción de la convención constitucional, ya que todos los integrantes de este órgano serían elegidos en un acto eleccionario. En cambio, en el caso de la convención mixta constitucional, las reglas de paridad operarían para la mitad del cuerpo que será electo, pero no para la mitad constituida por parlamentarios que ya ocupan una banca legislativa.

  ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil chilena frente a la perspectiva de un proceso de reforma constitucional?

  A medida que se acerca la fecha del plebiscito ha aumentado el interés sobre el tema. Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia de COVID-19, y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte. Así y todo, de a poco han manifestado un interés creciente en el tema constitucional. Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación ciudadana de los cuales puedan disponer y articular distintos espacios formativos a través de plataformas digitales y de otros mecanismos para llegar a distintos territorios, tales como las radios o la mensajería de texto.

  En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red Nuevo Pacto Social, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente - que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra plataforma web, www.ahoranostocaparticipar.cl, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole. La idea es que todas las personas que lo deseen puedan encontrar respuestas en estos materiales sobre la constitución y el posible proceso constituyente, de modo de poder participar en el plebiscito de manera libre e informada y así contribuir a lograr la votación más masiva de la historia de Chile.

  A causa de la pandemia, el plebiscito originalmente planeado para abril fue postergado para octubre. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la postergación y la fijación de la nueva fecha?

  El escenario sanitario motivado por la pandemia obligó a las instituciones pertinentes a mover la fecha del plebiscito para octubre. El sector de sociedad civil con el cual nos relacionamos entendió que el cambio era necesario en función de un bien común superior, la salud de las personas. Por el momento damos por hecho que el plebiscito tendrá lugar en octubre, ya que las instituciones que podrían tomar la decisión de moverlo aún no lo han hecho, por lo que seguimos trabajando en función de esa fecha. Actualmente se están discutiendo temas relativos a la implementación del plebiscito, en primer lugar sobre los resguardos sanitarios, pero también sobre cómo promover la participación de la ciudadanía en esta instancia que sin duda tendrá características muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Se han conformado mesas de trabajo intersectoriales para trabajar en el tema. Primero el Senado formó una mesa para recibir recomendaciones y analizar experiencias comparadas con otros países que han estado en nuestra misma situación. Luego el Servicio Electoral dio continuidad a esta mesa, para seguir trabajando en la línea de garantizar un plebiscito seguro y participativo. A esta mesa han sido invitadas distintas OSC, entre ellas Ahora Nos Toca Participar. Junto a estas organizaciones produjimos un documento de recomendaciones que abarca desde los temas sanitarios hasta la regulación de las campañas, pasando por temas de acceso a información y formación ciudadana, que son nuestros temas. Actualmente, esta mesa continúa en funcionamiento.

  ¿Se están tomando medidas para que la participación ciudadana en la campaña y la votación no se vea menoscabada por efecto de la pandemia?

  El actual escenario de pandemia naturalmente nos obliga a tomar resguardos. Por de pronto, el pasado 26 de agosto, se dio inicio al periodo de propaganda electoral, esto es, a la posibilidad de hacer propaganda en lugares públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral, así como también en los medios de comunicación. El debate está teniendo lugar con mucha fuerza en las redes sociales, que dada la necesidad de tomar recaudos, evitar las aglomeraciones y el contacto físico y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad, constituyen hoy el principal espacio de visibilización.

  Cómo hacer para garantizar a todas las personas el derecho a participar el día del plebiscito es algo que ha estado en discusión. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, algunos lugares de nuestro país permanecen en confinamiento, múltiples sectores se encuentran en cuarentena por casos activos y hay comunas que habían iniciado un plan de desconfinamiento pero tuvieron que retroceder ante el rebrote del virus.

  ¿Cómo garantizamos el derecho a la participación de las personas contagiadas de COVID-19? ¿De qué alternativas disponemos? Estas son preguntas que hoy debate tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes que están en condiciones de dar una respuesta a esta demanda. 

  En esta línea, en conjunto con diversas OSC estamos impulsando una serie de recomendaciones que atienden no solamente el aspecto sanitario - para que pacientes con COVID-19 puedan sufragar – sino también cuestiones tales como la garantía del acceso a información oportuna y de formación ciudadana para todas aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la participación por múltiples razones, entre ellas por no contar con canales de información adecuados para recibir los contenidos o porque éstos no se disponibilizaban en diferentes lenguas. En ese sentido, es importante que se hagan los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la participación, no solo a quienes en este momento podrían no estar en condiciones de ejercerlo por razones de salud, sino también a quienes se han encontrado históricamente en una situación más vulnerable, tales como los adultos mayores, los miembros de pueblos originarios, las poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes.

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• CHILE: ‘Hay un rechazo estructural hacia la forma de gobernar de todas las décadas anteriores’

  En octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Nicole Romo, directora del área de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, una red de más de 200 organizaciones de la sociedad civil de Chile que trabajan para combatir la pobreza y la exclusión. En conjunto, las organizaciones miembros trabajan con más de 900.000 usuarios y cuentan con unos 11.000 trabajadores y más de 17.000 voluntarios.

  ¿Por qué estalló la movilización en Chile, y qué hizo que las protestas escalaran como lo hicieron?

  El estallido social en Chile se produjo luego de décadas en que se fue profundizando un modelo de desarrollo que se concentró en generar riquezas, las cuales fueron distribuidas por años sin equidad y justicia. Se profundizaron políticas sociales individuales, cortoplacistas y asistencialistas que dañaron profundamente la cohesión social y el sentido comunitario y colectivo del bienestar, políticas de vivienda que segregaron a los chilenos en territorios “de ricos” y territorios “para pobres” donde el acceso a bienes y servicios también quedó distribuido de la misma manera, un sistema de pensiones que tiene como consecuencia un grave empobrecimiento en la vejez, falta de acceso a la salud de manera oportuna y con adecuados estándares de calidad, y un sistema de educación que también segrega y otorga oportunidades diametralmente distintas a ricos y pobres.

  En este contexto, la frase “no son treinta pesos, son treinta años”, que se escuchó mucho en las protestas, explica muy bien el sentir de la ciudadanía, puesto que si bien este movimiento social comenzó con la evasión masiva del pago del transporte público por parte de los estudiantes (tras un alza de 30 pesos chilenos) el verdadero malestar se ha acumulado por más de 30 años, y a pesar de reiteradas manifestaciones por diversas demandas sociales, nunca había sido escuchado y ni siquiera visibilizado. El estallido social del 18 de octubre de 2019 es la acumulación de un rechazo estructural hacia el gobierno y la forma de gobernar de todas las décadas anteriores.

  ¿Qué actitud han tomado la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en relación con la protesta?

  La movilización nacional que estamos viviendo ha dejado en evidencia de manera nítida que tenemos dos Chiles habitando en un mismo territorio, dos Chiles que no se conocen y no se encuentran. Esta división expresa brutalmente la diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen privilegios y quienes no los tienen. Nuestro país se pasó las últimas décadas convenciéndose de que los logros están basados en el mérito individual, que solo el esfuerzo de cada cual es garantía de movilidad social, cuando en realidad y en base a diversos estudios eso no es cierto en absoluto.

  Frente a esto, los datos de distintas encuestas muestran una alta aprobación de la ciudadanía hacia las demandas sociales. Sin embargo, lo que genera una mayor división son los actos de violencia, y especialmente aquellos que han afectado infraestructura pública y privada, como saqueos, la destrucción de comercios y la quema de locales comerciales y otros tipos de servicios, así como la violencia de los agentes del Estado que han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos.

  ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas?

  El gobierno ha tenido un cuestionable manejo de este conflicto, con el foco puesto principalmente en la agenda de seguridad, criminalizando la protesta, con una agenda legislativa centrada en la sanción de la protesta, lo cual revela que no se ha comprendido la naturaleza de la movilización nacional, como tampoco sus demandas y urgencias.

  La agenda social propuesta por el gobierno es débil. No apunta a generar cambios radicales en la estructura existente, que profundiza la inequidad y no garantiza los derechos de todas las personas. Los avances y contenidos de la agenda social liderada por el gobierno no están a la altura de las demandas y de la urgencia de ‘estas. Sus numerosas iniciativas y medidas suponen mejoras acotadas, necesarias pero que no tocan la estructura que genera las inequidades en nuestro país; por lo tanto, no hacen sino duplicar la misma política pública cortoplacista que no está basada en un enfoque de derechos y se centra en el individuo más que en las necesidades de miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

  Los últimos informes hablan de decenas de muertos y centenares de heridos. ¿Podrías describir el alcance de la represión y de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas?

  Desde que comenzó el estallido social en Chile se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. Estas violaciones han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, pero el Estado ha tendido a relativizarlas.

  Para nosotros es fundamental reiterar que en todo momento debe haber un respeto irrestricto de los derechos humanos, y que cada caso de violación debe ser investigado y debe haber sanciones y reparación para cada una de las víctimas. La sociedad civil es clave en el seguimiento y la vigilancia de estos procesos, para garantizar que sean transparentes y resulten en la asunción de responsabilidad por parte del Estado.

  Los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que en el 48% de los casos observados de detenciones, las personas detenidas se estaban manifestando pacíficamente (más allá de que estuvieran o no ocupando la calzada). Asimismo, se utilizaron gases en forma indiscriminada en el 56% de los casos observados, y en el 60% de los casos observados se apreció falta de gradualidad en el uso de fuerza, que sobrevino sin previo aviso y en ausencia de diálogo. Se registraron en los hospitales 2.727 casos de personas adultas heridas, así como 211 casos de niños, niñas y adolescentes, y 241 personas resultaron con lesiones oculares. También se constató una serie de violaciones de derechos humanos contra las personas detenidas y retenidas en comisarías. La más frecuente de estas fue el uso excesivo de la fuerza durante la detención, con 751 casos. En total, se registraron 190 casos de acoso o violencia sexual, 171 de ellos correspondientes a desnudamientos.

  ¿Cómo han respondido la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil ante la represión estatal y las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas?

  Hemos respondido sin miedo. Ciudades completas han gritado sin miedo en protesta por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos meses. Muchísimas personas han levantado material testimonial para visibilizar el nivel de exposición y violencia en que se encontraron durante las protestas.

  Desde la sociedad civil la respuesta ha sido variada, pero en general todas las organizaciones han llamado a la no violencia, a la generación de nuevos espacios de diálogo y de encuentro conducentes al fortalecimiento de una sociedad con mayor justicia social y equidad. Sin lugar a dudas, la sociedad civil tomó un lugar preponderante, incitando a estos espacios de encuentro y ayudando a relevar las demandas ciudadanas. Lo hizo a través de la creación de una gran red de redes llamada Nuevo Pacto Social, que reúne a más de 600 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por la búsqueda de soluciones reales a las demandas de fondo.

  Desde la Comunidad de Organizaciones solidarias sostenemos el principio de no violencia y desde el primer día del estallido social manifestamos la necesidad de respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Si bien nuestro ámbito de acción es otro, creemos que este estallido visibilizó la urgencia de reestructurar las fuerzas policiales. Creemos fielmente en los datos entregados desde el Institución Nacional de Derechos Humanos, y sabemos que su trabajo es consciente y riguroso, al igual que el informe entregado por Amnistía Internacional, por lo que, como organizaciones de la sociedad civil, apoyaremos desde nuestro ámbito de acción todas las acciones tendientes a la reparación de los derechos vulnerados durante el estallido social.

  ¿Qué medidas inmediatas debería tomar el gobierno de Chile para superar esta crisis? ¿Qué chances hay de que ello ocurra y se alcance una solución duradera?

  Una salida duradera requeriría de un proceso largo de construcción y cambios, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

  Las medidas de corto plazo y mediano plazo tienen relación con la agenda social, que tiene tres dimensiones. La primera es la mejora de la calidad de vida a través de medidas en temas tales como salud, educación y pensiones. La segunda dimensión abarca medidas para terminar con los abusos de las élites económicas y políticas y cerrar las brechas de aplicación de justicia ante delitos cometidos por integrantes de la élite económica y ciudadanos comunes, quienes enfrentan sanciones completamente distintas: “clases de ética” para los primeros y cárcel efectiva para los segundos. La tercera dimensión refiere a la recaudación de los recursos que el Estado necesita para llevar adelante una agenda social profunda y contundente. Chile requiere una reforma tributaria que permita aumentar la recaudación y de un sistema con mayor eficiencia en la gestión.

  El eje de largo plazo pasa por el proceso constituyente, cuyos principales hitos ya están establecidos: plebiscito de entrada, elección de representantes, plebiscito de cierre. Sin embargo, aún no se han logrado condiciones que garanticen una participación transversal y representativa, paridad de género, cuotas para minorías y candidaturas independientes. Sin estas condiciones, la legitimidad del proceso constituyente se verá severamente debilitada.

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• CHILE: ‘Se ha producido un despertar ciudadano de dimensiones históricas’

  En octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Soledad Fátima Muñoz, activista chilena y fundadora del programa de mentoría y festival feministaCurrent Symposium.  (Foto de Kati Jenson)

  ¿Cómo fue que lo que empezó con un pequeño aumento en el precio del boleto del metro se convirtió en una movilización de dimensiones sin precedentes?

  Lo primero que hay que aclarar es que esto no se debe tan solo a un aumento del precio del boleto del metro, ni tampoco es una protesta aislada. Las movilizaciones en contra de los abusos derivados del sistema neoliberal han sido constantes en Chile durante años. Entre ellas se destacaron las protestas masivas contra el sistema de pensiones privatizadas, contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y contra la Ley de Pesca, las protestas feministas y del movimiento impulsado bajo la consigna “Ni Una Menos”, las movilizaciones por la deuda histórica con los profesores, las protestas estudiantiles en 2006 y 2011, y las recientes movilizaciones de alumnos en contra de la llamada Ley de Aula Segura. A esto se le suma la indignación por la represión estatal sistemática de los pueblos originarios en Wallmapu, las muertes de Camilo Catrillanca y Macarena Valdés, y el encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao y el Lonko Alberto Curamil, entre otros presos políticos. En combinación con el descontento generacional ante la impunidad de los culpables de las torturas, desapariciones y homicidios de miles de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet, esto produjo un ambiente propicio para un despertar ciudadano de dimensiones históricas. Tras años de abusos, el pueblo chileno despertó y quiere una nueva constitución, ya que la actual fue creada durante la dictadura y está diseñada para promover la desigualdad social.

  La gran diferencia entre la protesta actual y todas las anteriores pasa por las acciones del gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y el toque de queda, y con ello desató una represión de Carabineros y militares contra el pueblo chileno que solo es comparable con los crímenes perpetrados durante la dictadura.

  Las protestas no tienen un único ente organizador ni una consigna política específica, sino que hay muchas iniciativas independientes que hacen llamados a reunirse y manifestar, a través de las redes sociales o por distintos canales de información independiente. Algunas de las demandas generalizadas reclaman el llamado a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. También se reclama una estatización de los servicios básicos y la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos el cobre, el litio y el agua. Hay también demandas de democracia directa y plebiscitos vinculantes, penalización de la corrupción político-empresarial, reivindicación de los pueblos originarios y respeto de la soberanía plurinacional del territorio, y salud, educación y pensiones dignas. A ello se suman algunas demandas más específicas, tales como el aumento del salario mínimo a $500.000 (unos 650 dólares estadounidenses), la reducción de los sueldos de los legisladores y el alza de los impuestos a los más ricos.

  Estos fueron los reclamos por los cuales empezó el movimiento, pero ante la represión desmedida del Estado, la ciudadanía hoy pide también la renuncia y el enjuiciamiento de Sebastián Piñera y de las personas involucradas en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en el pasado mes.

  Se ha reportado una veintena de muertos durante la represión de las movilizaciones, además de gran cantidad de personas heridas y bajo arresto. ¿Podrías describir las violaciones de derechos cometidas contra los manifestantes?

  Es difícil dimensionar en este minuto las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Sebastián Piñera, ya que – al igual que ocurría en la dictadura - hay miles de detenidos incomunicados. Es por eso que cuando se las llevan detenidas en las calles, las personas gritan su nombre, apellido y cédula de identidad. Las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile son de 335 acciones judiciales, 489 víctimas representadas, 6.199 personas detenidas (726 de ellas menores de edad) y 2.365 personas heridas registradas en hospitales. Pero es difícil asegurar la veracidad de estas cifras ya que las instituciones que las difunden pueden haberse visto presionadas por el gobierno.

  El INDH, específicamente, perdió parte de su credibilidad cuando su director negó en un programa de televisión abierta la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Eso es simplemente una mentira, ya que la propia institución se ha querellado en contra del actuar de Carabineros y militares. Se constataron más de 200 casos de mutilación ocular por el uso desmedido de perdigones por parte de Carabineros y maltratos, violencia sexual y torturas en los centros de detención. A esto se sumó el caso del Liceo 7 de Santiago, donde un carabinero disparó en contra de las estudiantes que se encontraban dentro del recinto. Se han efectuado allanamientos en domicilios privados y detenciones desde automóviles sin acreditamientos policial.

  A esta represión uniformada se agrega la acción de un grupo de ciudadanos que se autoproclaman “chalecos amarillos” y dicen que su misión es mantener el orden cívico y proteger la labor de Carabineros, pero en realidad son un grupo violento de ultraderecha. Entre ellos se encuentra un tal John Cobin, quien disparó un arma de fuego contra un manifestante a plena luz del día en las calles ocupadas del balneario de Reñaca y pertenece a la Liga del Sur, una organización de supremacistas blancos de California.

  ¿Qué acciones inmediatas debería adoptar el gobierno de Chile para salvaguardar los derechos civiles y las libertades democráticas?

  A un mes del inicio de las manifestaciones, el gobierno se ha caracterizado por no escuchar a la ciudadanía, y en cambio ha respondido con mayor violencia. En la madrugada del 15 de noviembre los parlamentarios llegaron a un acuerdo político entre cuatro paredes, autodenominado “Acuerdo de Paz” que daría paso a una nueva Constitución. El acuerdo garantiza una “hoja en blanco” para que haya una discusión libre y establece el llamado a una convención constituyente a través de un plebiscito público. Pero parte de la ciudadanía movilizada no está conforme con los plazos ni con el quórum (de dos tercios) establecido para la toma de decisiones del órgano constituyente, ya que piensa que reencauzará el actual proceso democrático a un sistema diseñado para proteger a la clase política y evitar que las voces minoritarias adquieran poder.

  Pienso que lo más importante en este minuto es la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, de las comunidades en mayor riesgo social, que no solo son las más afectadas por el sistema neoliberal, sino que también son el epicentro de la violencia descriteriada de los Carabineros y las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello fue la comunidad de Lo Hermida, en Peñalolén, que tras el anuncio de las autoridades de no construir las viviendas dignas que les habían prometido se tomaron la viña de Cousiño-Macul. La represión de Carabineros no tardó en llegar, y en una noche hubo más de 200 personas heridas, dos de ellas con trauma ocular severo. Además, Carabineros ingresó y lanzó gas pimienta dentro de hogares donde había personas de la tercera edad y menores.

  Es hora de que el gobierno de Sebastián Piñera detenga la represión, deje en libertad a los más de 6.000 manifestantes que hoy se encuentran en centros de detención, asuma las consecuencias de sus acciones, y - por primera vez en la historia de Chile desde Pinochet - acabe con la impunidad ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El gobierno de Piñera deberá responder ante la ley por los más de 20 personas muertas y 200 con mutilaciones oculares, las torturas a menores y los abusos sexuales contra mujeres, hombres y personas de género no binario, ya que todo esto fue consecuencia de la pésima administración de su gobierno, y se hubiese evitado, por lo menos en parte, si desde un principio hubiera mantenido un diálogo directo con la población. En ese sentido, la consigna en las calles es “Sin justicia no hay paz”.

  ¿Piensas que las movilizaciones en Chile forman parte de tendencias más amplias a nivel regional?

  Lo que está pasando en Chile es estructuralmente internacional, ya que se deriva de las medidas de austeridad perpetradas por el neoliberalismo. El sistema socioeconómico actual del país tiene sus raíces en el colonialismo europeo y fue consagrado con el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Específicamente, con un grupo de estudiantes de las élites chilenas que a mediados de la década del ’50 se formaron en Estados Unidos en la ideología del monetarismo extremo y el neoliberalismo, bajo la tutela de Milton Friedman y Arnold Harberger. Estos alumnos - apodados “Chicago Boys” - sirvieron como ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura, instalando medidas de privatización extrema. Estas medidas fueron incorporadas y naturalizadas por una población en estado de shock y represión.

  Las consecuencias de esa privatización se traducen en abusos de las corporaciones multinacionales que son habilitados por gobiernos en todo el mundo. En Chile, un buen ejemplo de ello es el caso expuesto por la periodista Meera Karunananthan en un artículo publicado en The Guardian en 2017. La autora explica que Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) es el mayor inversionista en Aguas del Valle, Essbio y Esval, que controla el 41% del sistema de agua y saneamiento en Chile. Esto es posible porque la Constitución chilena habilita la propiedad privada de las aguas, lo cual ha dejado a comunidades enteras en situación de sequía y sin el amparo de la ley. Sin embargo, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano; eso significa que en Chile los derechos humanos se violentan no solo a través de la represión policial sino también a través del sostenimiento de un sistema económico injusto y abusivo.

  El ejemplo citado es uno solo dentro de la gran cadena de abusos internacionales perpetrados por corporaciones que, como la empresa canadiense Barrick Gold y la empresa estatal de Noruega Statkraft, continúan abusando de las políticas del Estado subsidiario chileno y atentando en contra de nuestro planeta. Es por eso que debemos crear conciencia a nivel internacional para que se respeten las decisiones del pueblo de Chile y se brinde protección a sus pueblos originarios, sin los bloqueos ni las intervenciones políticas que resguardan al capital extranjero y perpetúan la destrucción de nuestro medio ambiente.

  ¿Qué apoyos necesita la sociedad civil chilena de la sociedad civil internacional en este proceso?

  En estos momentos es importante reconocer y crear conciencia internacional en torno de los abusos en contra de la clase obrera, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y las minorías sexuales. Personalmente he aprendido mucho en el curso de estas movilizaciones. Una de las cosas más subversivas que está impulsando la ciudadanía es el rechazo del binarismo derecha/izquierda que ha afectado severamente a las sociedades latinoamericanas y que ha sido utilizado por los gobiernos neoliberales como excusa para reprimir a la gente trabajadora.  El predominio de una política ciudadana no identificada con ninguna posición dogmática en el espectro derecha/izquierda hizo que el gobierno no pudiera identificar un enemigo ideológico y que acabara declarándole la guerra a su propio pueblo.

  La prensa establecida, nacional e internacional, está tergiversado los hechos y construyendo una narrativa en contra de la población movilizada. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy estamos equipados de cámaras en nuestros celulares y podemos informar directamente. Invito a la gente del mundo a informarse a través de canales independientes y de la sociedad civil para saber realmente lo que está ocurriendo.

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• CHILE: “La propuesta de constitución refleja la división del país en vez de ser un instrumento para su unión”

  CIVICUS conversa con Patricia Reyes, directora de la Fundación Multitudes, acerca del proceso para redactar una nueva constitución para Chile luego de que la propuesta anterior fuera rechazada en un referéndum en septiembre de 2022.

  La Fundación Multitudes es una organización de la sociedad civil dedicada a generar espacios y crear capacidades en la sociedad civil para que pueda participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones.

  ¿Por qué necesita Chile una nueva constitución?

  El proceso constituyente en que Chile ha estado sumido desde 2022 fue una respuesta a una crisis social y política de larga data que estalló en octubre de 2019. Ante la irrupción de demandas sociales de mayor protección, equidad y garantía de derechos sociales básicos como la educación, la salud y la seguridad social, que en algunos casos se expresaron con violencia inusitada, todos los sectores políticos acordaron iniciar un proceso constituyente.

  En un primer momento se desarrolló un proceso inclusivo que produjo una propuesta de constitución que incorporó estándares adecuados de protección de derechos para un estado democrático y social. Pero la propuesta no logró reunir la adhesión de los sectores más conservadores y fue rechazada en referéndum, en gran medida a causa de errores cometidos en el proceso. Estos se debieron sobre todo a la inexperiencia política de los miembros de la comisión constituyente, que eran en su mayoría independientes sin vínculos con los partidos políticos. Ellos pasaron por alto la necesidad de lograr acuerdos amplios que representaran todos los sectores de la sociedad, y especialmente a los actores políticos tradicionales. También influyeron la incorporación de algunos cambios drásticos en la organización política y la incapacidad de comunicar adecuadamente a la ciudadanía los beneficios del nuevo texto constitucional.

  Tras el rechazo de la propuesta, las demandas sociales que habían disparado el proceso seguían vigentes, y la Constitución actual continuaba siendo tan ineficaz para resolverlas como lo era cuando ocurrió el estallido social. Para resolver nuestros problemas de convivencia democrática necesitamos un nuevo pacto social que nos una en torno a un proyecto institucional común. Por eso se recomenzó el proceso constituyente, esta vez con una dinámica más tradicional, que ha arrojado una nueva propuesta que deberá ser sometida nuevamente al voto de la ciudadanía.

  ¿Cuán diferente es esta nueva propuesta de la que surgió de la Convención Constitucional de 2021?

  La actual propuesta es mucho más cercana a la Constitución vigente, es decir, introduce cambios más modestos. En comparación con la anterior, pienso que retrocede en algunos derechos ya conquistados, especialmente por grupos tradicionalmente relegados como las mujeres. Tampoco introduce un reconocimiento para otros segmentos vulnerables de la población, como niños, adolescentes y pueblos indígenas. Pero sí comparte con la anterior la reafirmación de la libertad de empresa y el mantenimiento de la concepción de un Estado subsidiario.

  Los dos procesos han sido bastante diferentes porque en el primer caso el órgano constituyente incluyó a muchos ciudadanos elegidos por voto popular e independientes de los partidos políticos, mientras que en el segundo se trató de un Consejo de Expertos nombrado por las dos cámaras del Congreso y un Consejo Constitucional elegido popularmente, pero constituido mayormente por miembros propuestos por los partidos políticos que van desde el centro hasta la ultraderecha.

  Sin embargo, en algo sí se parecen las propuestas resultantes de ambos procesos: las dos han sido consideradas de carácter partisano, es decir, alineadas con los intereses de un bando político determinado. Reflejan la división del país en vez de ser un instrumento para su unión.

  ¿Qué cambios introduciría el nuevo proyecto en la Constitución vigente?

  El texto en general reproduce la institucionalidad vigente, salvo por la disminución del número de parlamentarios, y contiene los mismos derechos ya consagrados en la Constitución actual. Tiene muchas de sus fortalezas y también padece muchas de las mismas debilidades.

  El proyecto tiene también varios artículos que han generado polémica por la forma regresiva en que se los podría interpretar. Por ejemplo, en materia de derechos reproductivos las disposiciones constitucionales podrían permitir que se declare inconstitucional la norma que permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto.

  Asimismo, la incorporación de un órgano especial para la lucha contra la corrupción podría entrar en conflictos de competencia con la actual Contraloría General de la República. También se incluirían algunas herramientas populistas para permitir la expulsión inmediata de migrantes indocumentados, así como algunas exenciones impositivas – cuestión que generalmente no pertenece a un texto constitucional – y algunas disposiciones de gran sensibilidad, como la posibilidad de beneficiar a enfermos terminales con reclusión domiciliaria, que podría beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

  En lo positivo, se crearía una Defensoría de Víctimas y se avanzaría en la descentralización, otorgando mayores facultades a los gobiernos locales.

  ¿Cómo se posicionan los distintos sectores frente al plebiscito de salida?

  Los partidos de derecha mayoritariamente aprueban el proyecto, mientras que los de izquierda lo rechazan y en el centro hay una gran diversidad de opiniones, con algunos militando por el apruebo y otros por el rechazo.

  Pero la última palabra la tiene la ciudadanía, que atraviesa un momento que ha sido definido como de agotamiento constitucional. Por lo largo y polémico que ha sido el proceso y por la falta de acuerdos transversales, en general hay mucha apatía e indecisión, así como posiciones encontradas. Por el momento las encuestas arrojan una mayoría de rechazos, pero la votación es el 17 de diciembre, por lo que todavía falta bastante, y sigue habiendo mucha gente que aún no tiene decidido su voto.

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• Cinco razones por las que las elecciones en Nicaragua no garantizan derechos humanos

  El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril del 2018.  Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas. 

  Mientras el Presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, así como también otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Estas violaciones de derechos humanos han afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, respecto de quienes se ha reportado un impacto diferenciado.

  Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos 7 candidatos presidenciales. Algunas de estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante meses y semanas. Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos,  facilitada por la falta de independencia judicial y  por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional, que ha sancionado leyes que violan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a votar y postularse para cargos públicos en elecciones libres y justas. 

  Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la  crisis de derechos humanos.

   

  1. DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS

  Desde el 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente desde hace tiempo en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. 

  El Estado nicaragüense debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a y ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad.

   

  2. FALTA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

  Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios. Frecuentemente, las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección. La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección.

  Asimismo, las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales. 

  El Estado nicaragüense debegarantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral.

   

  3. VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

  Las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Como parte de esta táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación. 

  Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.

  Además, el gobierno sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de la comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo investigaciones administrativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautación de sus bienes. En este preocupante escenario, no sólo se violan los derechos de los profesionales y medios atacados, sino que también se ve limitado el acceso a la información de la población en general, lo cual es clave para el adecuado ejercicio de los derechos políticos. 

  El Estado nicaragüense debe proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral. Además, debe detener el hostigamiento, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado.

   

  4. VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS

  El gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos. A su vez, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos de oposición, impidiéndoles participar de las elecciones. 

  En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la“Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde fines de mayo. Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos. 

  Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantizaría el pleno ejercicio de los derechos políticos.

  El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación.

  El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

   

  5. FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA 

  En respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos. De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma. 

  A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifiestan y promueven el respeto a los derechos humanos ha continuado.  

  El reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.

   

  El Estado nicaragüense debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral.

   

  Amnistía Internacional

  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

  CIVICUS

  Human Rights Watch

  Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 

  Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

  Organización Mundial Contra la Tortura

  People in Need

  Red Internacional de Derechos Humanos

  Women’s Link Worldwide

   

• COLOMBIA: ‘La ciudadanía está indignada y cansada de las políticas que la han sumido en la pobreza’

  CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

  

  ¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

  En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

  Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

  Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

  ¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

  Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

  Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

  ¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

  El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

  En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

  En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

  Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

  ¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

  El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

  Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

  El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

  Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

  Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

  En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

  El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

  En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

  Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

  ¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

  En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

  Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

  ¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

  Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

  ¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

  Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

  Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

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• COLOMBIA: ‘La protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con un joven estudiante colombiano, activo en el movimiento climático, que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. Además de movilizarse en el marco de movimiento #FridaysForFuture, el entrevistado forma parte de Hijos del Postconflicto, un colectivo creado recientemente para visibilizar las experiencias de la gente en los territorios y defender el proceso de paz en Colombia. En la convergencia entre diversas luchas, el entrevistado enfatiza la defensa del proceso de paz como clave para preservar el medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

  

  ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el problema ambiental más urgente en Colombia?

  El problema ambiental más urgente es la deforestación. Las tasas de deforestación en Colombia son altísimas, y la situación no ha mejorado desde la firma de los acuerdos de paz. Eso se debe a que, en tiempos de conflicto armado, las guerrillas colombianas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían dominio de gran parte del territorio selvático de Colombia. Por supuesto que nadie se metía en ese territorio: no llegaban las multinacionales ni las petroleras; tampoco llegaba la ganadería. Con la firma de los acuerdos de paz y la retirada de las guerrillas se acentuó el problema que ha tenido Colombia desde la década del ’50: la distribución de las tierras.

  Colombia tiene una distribución de la tierra extremadamente regresiva; la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Con la retirada de la guerrilla y la llegada de las multinacionales el acaparamiento de tierras se ha acentuado. Muchas tierras son apropiadas, deforestadas y utilizadas para la cría de ganado, y la población local continúa siendo desplazada.

  Al mismo tiempo sigue habiendo grupos armados al margen de la ley que continúan activos, sobre todo grupos paramilitares de extrema derecha, aunque también queda la guerrilla, más pequeña, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las FARC que decidieron no acoplarse al proceso de paz. Estos grupos armados están disputando el territorio para hacerse del dominio de los cultivos de coca y expandirlos, provocando mayor deforestación.

  En consecuencia, tanto la continuidad del conflicto en algunos territorios como su finalización en otros influyen directamente sobre la deforestación. El proceso de paz contiene una serie de mecanismos para contrarrestar la deforestación, pero sus efectos dependerán de que efectivamente se lo implemente. En ese sentido, la protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz.

  ¿Qué mecanismos contemplados en los acuerdos de paz permitirían detener la deforestación?

  Los acuerdos de paz incluyen dos puntos específicos para frenar la deforestación. El primero es la reforma rural integral, que pretende distribuir el campo colombiano y respetar los usos asignados al suelo – por ejemplo, que si es para uso agrícola, no sea utilizado para ganadería. El segundo punto es el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que apunta a resolver el problema de las drogas. Es importante entender que muchas familias campesinas pobres se han visto obligadas a cultivar coca para sobrevivir; a través de este programa el Estado les ofrece incentivos económicos para que hagan una transición hacia otros cultivos sustentables. 

  ¿De qué modo colabora el activismo juvenil con la efectiva implementación de los acuerdos de paz?

  La lucha por la paz se da en todos los frentes. Nosotros hacemos tres cosas: nos movilizamos en las calles en defensa del proceso de paz; hacemos pedagogía para que la gente entienda porqué el proceso de paz es tan importante; y trabajamos en distintos espacios haciendo incidencia política.

  El contexto para este trabajo es bastante difícil. Ni bien asumió el poder, el presidente Iván Duque objetó el proceso de paz e intentó modificar todos los aspectos con los que no estaba de acuerdo o que según él no eran justos, lo cual en definitiva supondría desactivar el proceso que resultó de los acuerdos y volver a comenzar desde cero. Esto no fue una sorpresa: toda su campaña giró en torno del proceso de paz y se basó en la difusión de mentiras acerca del proceso de paz. Ganó las elecciones manipulando el temor de la gente, a la que le aseguró que los acuerdos consagraban la impunidad. Trató de asustarnos diciéndonos que si ganaba la izquierda nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. También mintió en relación con sus planes para las industrias extractivas: llegó a asegurar que no se autorizaría la exploración y explotación petroleras por medio de fracking, pero a fines de diciembre de 2019 hizo púbico un proyecto de decreto para habilitar el fracking.

  En tanto que activista por la paz y el medio ambiente en Colombia ¿has tenido alguna participación en el movimiento global por la justicia climática?

  Sí, con un pequeño grupo nos sumamos a la iniciativa Fridays for Future. Nuestra participación se limitó a una serie de acciones y plantones para dar inicio al movimiento climático en el país.

  Nos ha sido bastante difícil generar movilización en torno de la crisis climática global. Ante todo, hay mucha ignorancia. En Colombia la mayoría de las personas no tiene idea de lo que les están haciendo; de hecho, el actual presidente se aprovechó de ello para difundir mentiras, hacer una campaña de desinformación y ganar las elecciones. En un país donde la educación pública es muy mala y solamente la gente rica puede estudiar es muy fácil mentir y que te crean. Entonces, el primer problema es la ignorancia. A eso se suma el miedo: en Colombia a la gente le da miedo hablar, organizarse y manifestarse. Los colombianos vivimos una increíble zozobra debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ambientales. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos en general, y para los líderes ambientalistas en particular.

  Todo esto ha limitado la movilización por el clima. Hubo algunas acciones sueltas, pero no una gran marcha nacional de alto impacto. Por eso nos sorprendió que se produjera una movilización escolar masiva en el sur del país, en el departamento del Huila, donde menos esperábamos una movilización debido a las dinámicas complejas de seguridad que se viven en esos territorios. Logramos ponernos en contacto con los jóvenes que se movilizaron en Huila y juntos participamos de un encuentro nacional que realizamos en el departamento del Caquetá, también conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí logramos articular el trabajo con las comunidades que viven en territorio amazónico y hasta el momento seguimos en el proceso para elevar las consignas amazónicas e iniciar una resistencia en defensa de nuestra selva.

  Actualmente estamos empezando a sumarnos todos los colectivos ambientales en un mismo frente climático. Esperamos que esto inspire a los que tienen miedo para que también se sumen.

  ¿Han tenido alguna participación en foros internacionales sobre el clima?

  Hemos estado en un encuentro latinoamericano de Fridays for Future que se hizo en Chile con el apoyo de 350.org. Fue un encuentro de defensores del clima para generar lazos latinoamericanos e impulsar el movimiento a nivel regional. Nos ayudó bastante encontrar jóvenes de otras partes de la región que también estaban movilizándose, ver que podíamos unirnos y sentir que teníamos apoyos internacionales para hacer nuestro trabajo. Esto nos dio algo de esperanza.

  Fue después de esa reunión que empezamos a tratar de formar una red ambientalista nacional, viajando a la mayor cantidad de territorios y sumando a jóvenes de otras regiones del país. Todavía nos falta mucho por construir, pero estamos creciendo exponencialmente, porque cuando sumamos a un colectivo, ese mismo colectivo tiene llegada a otros tres o otros cuatro colectivos más. Todo el año 2019 nos hemos centrado en este proceso, recorriendo territorios, comunicando nuestro mensaje a la gente y haciendo lazos. Creemos que la próxima vez tal vez sí podamos movilizarnos a nivel nacional. Lo haremos el 24 de abril de 2020, cuando se realice la próxima huelga global.

  ¿Qué clase de apoyos necesitarían para poder hacer en 2020 la movilización que no pudieron hacer en 2019?

  Nuestra oportunidad en este momento es el paro nacional, la serie de manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades colombianas a partir de noviembre de 2019. En un país donde a la gente le da miedo hablar, el 21 de noviembre del año pasado salieron a la calle millones de personas, en una de las movilizaciones más grandes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad única. En el marco de estas protestas, el movimiento ambientalista también ha puesto sus propuestas y demandas. Tal vez no podamos movilizar a la gente específicamente por el clima, pero podemos aprovechar estas movilizaciones masivas y sumar nuestros temas. Si hay gente dispuesta a movilizarse, podemos acercarnos para contarles lo que está pasando en relación con el medio ambiente y comunicarles nuestras demandas para que vean que también les conciernen y se movilicen por ellas. Así es como logramos que el comité de paro incluyera entre sus demandas la declaración de la emergencia climática en Colombia. Este ha sido un avance muy grande.

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• COLOMBIA: “La gente está cansada de la larga hegemonía de élites políticas que son también élites económicas”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones presidenciales en Colombia con Gina Romero, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).

  Fundada en 2008, RedLad promueve el ejercicio pleno de la democracia como una forma de vida en pos del bien común en las Américas. Lo hace mediante acciones de incidencia política en el sistema interamericano de derechos humanos, investigación (Observatorio Ciudadano de Corrupción, Observatorio de Libertad de Religión y Creencia, reporte de 11 países en el CIVICUS Monitor),  apertura de diálogos democráticos al interior de la sociedad civil y de ésta con órganos internacionales, gobiernos, sector privado y otros, fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil latinoamericana mediante formación de liderazgos e incidencia en defensa de los derechos de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

  ¿Cómo evalúas las opciones disponibles en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia?

  Fue muy revelador que los dos candidatos se autodenominaran “antisistema”, se posicionaran contra la política tradicional y fueran ajenos a los partidos políticos tradicionales. La ciudadanía colombiana está cansada de la larga hegemonía de los partidos tradicionales y de ciertas élites políticas que son también élites económicas.

  El candidato derrotado, Rodolfo Hernández, representa a un sector político de derecha, aunque su campaña buscó enfatizar su cercanía con el pueblo abanderándose en la lucha contra la corrupción, pese a que él mismo está siendo investigado por esta causa. El candidato ganador, Gustavo Petro, representa una opción de izquierda. El hecho de que una propuesta de este signo fuera escogida por primera vez en la historia dice mucho sobre las demandas sociales de la ciudadanía, las mismas que se hicieron públicas en la calle desde el 2019.

  Creo que la segunda vuelta no fue un enfrentamiento polarizado entre una extrema derecha y una extrema izquierda, sino más bien un enfrentamiento entre propuestas novedosas (podría decirse populistas) por fuera de la política tradicional, y particularmente en contra de la herencia del expresidente Álvaro Uribe, encarnada en el actual presidente, Iván Duque.

  El hartazgo con la política y con la inequidad social, intensificada por los efectos de la pandemia, hizo una bomba explosiva que se manifestó en las elecciones. Es muy bueno que se haya manifestado por vías democráticas, y no como solía suceder en el pasado, a través de la violencia política.

  ¿Cómo interpretas la llegada de Hernández a la segunda vuelta?

  La llegada de Hernández fue bastante sorpresiva, ya que los candidatos considerados con chances eran Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Su discurso fue de cercanía con la ciudadanía. Hizo una gran campaña en redes sociales, sobre todo TikTok, y se enfocó en los problemas que la gente prioriza sistemáticamente en las encuestas, como la corrupción.

  Hernández era visto como una persona sencilla, que habla de manera muy simple al ciudadano común, mientras que los discursos de otros candidatos sonaban demasiado elevados. Convenció mucho con el argumento de que, por ser millonario, él no robaría como los demás, e incluso rechazaría el pago del salario de presidente. También movilizó a mucha gente que no entiende lo que significa que Colombia se encuentre en un proceso de paz, que votó “no” en el plebiscito de 2016, y que anteriormente había votado por presidentes de derecha como Duque o Uribe.

  A este atractivo se agregaron los grandes errores de las propuestas de centro y al miedo que generaba la figura de Petro, tanto por ser de izquierda como por ir acompañado de una candidata vicepresidencial negra, Francia Márquez, que fue empleada doméstica y se graduó de la universidad a los 39 años. Todo ello contribuyó al éxito de Hernández en la primera vuelta, a pesar de que desconoce completamente la política y no está en condiciones ni de gobernar ni hacer un buen trabajo de oposición.

  ¿Cómo fue la campaña por la segunda vuelta?

  Fue una campaña de emociones fuertes, más que cualquier otra del pasado. Las emociones políticas son lo que finalmente marca el curso de una elección.

  El miedo jugó un gran rol. Mucha gente en Colombia teme a todo proyecto de izquierda. Además, Colombia es un país racista, clasista y misógino, por lo que una figura como la de Márquez también generaba miedo. Conocí pocas personas que votaran a Hernández por él mismo y no por el miedo a Petro. Estas personas describían a Hernández como “el viejito lindo que lucha contra la corrupción y tiene mucho dinero”. Así es como estos populismos de derecha se acercan a la gente.

  La campaña anti-Petro hizo circular desinformación con el único objetivo de generar temor, en forma muy similar a lo que ocurrió en la campaña para el plebiscito por la paz. Entre estos temores infundados se destacó el de que Colombia se convertiría en una nueva Venezuela, ya que Petro querría quedarse eternamente en el poder, como lo hizo en su momento el venezolano Hugo Chávez. La gente lo repetía acríticamente sin caer en la cuenta de que, en Colombia, quien quiso hacer eso fue Uribe, mediante un cambio constitucional en 2004 que le permitió renovar su mandato y quedarse ocho años, tras lo cual intentó hacerlo nuevamente.

  Otra idea asociada al destino de Venezuela fue la del empobrecimiento, la devaluación de la moneda y la hiperinflación. También se habló mucho de la posible reacción empresarial frente a un eventual gobierno de izquierda y de la gran salida de empresas del mercado colombiano que ocurriría en ese caso. Es cierto que el dólar subió la semana posterior a la elección –como ocurrió en Chile cuando ganó Gabriel Boric–, pero el dólar ha venido en aumento en los últimos años y el incremento inicial no ha sido catastrófico.

  También se infundió miedo a la ciudadanía con el uso irresponsable del calificativo “guerrillero” en referencia a Petro, que en el pasado fue militante del M19, una guerrilla hoy desmovilizada. Petro tiene ya una larga carrera política civil y desde hace décadas no tiene nada que ver con ningún grupo al margen de la ley. Pero el estigma sigue instalado, lo cual demuestra lo mucho que Colombia todavía debe avanzar en su proceso de reconciliación.

  La desinformación y la violencia digital también se ensañaron con las dos candidatas mujeres que hubo en esta elección: Ingrid Betancourt, quien compitió en la primera vuelta presidencial, y Márquez. Muchas investigaciones sobre violencia digital sostienen que cuando hay mujeres en política, se utiliza información personal sobre ellas y se tergiversan los datos. Pero en el caso de Márquez hubo un verdadero discurso de odio racializado. Se dijeron cosas horribles sobre ella, tanto por su historia personal y su pasado como mujer muy pobre, como por ser una mujer negra. Se escucharon los peores chistes racistas y misóginos.

  Colombia necesita una profunda reflexión sobre cómo construimos la identidad del otro y sobre cómo reconocernos como un país pluricultural. Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente del continente, y todo el Pacífico colombiano está repleto de población afro e indígena. Pero hay un racismo sistémico que se hizo muy evidente en la campaña.

  En su mayoría, los medios de comunicación tradicionales han hecho mucho mal ya que se hicieron eco del discurso de odio. Una semana antes de la segunda vuelta, por ejemplo, la Revista Semana sacó una portada sensacionalista que preguntaba quién sería electo, si el ingeniero o el exguerrillero. El exguerrillero también es economista, pero allí no se trataba de las profesiones de los candidatos, sino de un mensaje atemorizante. En los últimos meses de campaña Petro debió desmentir muchísimas cosas, mientras Hernández se escondió y se negó a participar en debates. 

  Así, se nos quiso vender la idea de que estábamos “entre la espada y la pared” y debíamos escoger al candidato “menos peor”. Se montó una narrativa pública que decía que como aquí la élite política no estaba representada, toda la oferta disponible era simplemente mala.

  ¿Qué tipo de electorado se volcó hacia cada uno de estos candidatos?

  Existe una superposición bastante cercana entre la Colombia que votó “no” en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, la Colombia que en el pasado eligió a Duque, y la Colombia que ahora votó por Hernández. Es una ciudadanía culturalmente conservadora, que teme al cambio, se ha identificado con élites políticas tradicionales y a la que no han sabido hablarle los procesos de paz y los progresismos políticos. Los votantes de Hernández en las grandes ciudades y otras zonas del país temen a procesos de inclusión de poblaciones vulnerables y casi no incluyen sectores indígenas o afro. De hecho, en los corredores con más población indígena del país ganó Petro con números sin precedentes.

  La Colombia que votó “sí” en el plebiscito coincide con la Colombia que votó por Petro. Se trata de la Colombia de “los márgenes”, que reúne las regiones menos desarrolladas del país. Las grandes ciudades, excepto Medellín, también votaron por Petro. Se trata de una ciudadanía urbana, a la que Márquez define como ciudadanía “de los nadies y las nadies”. La gente que voto a Petro es en gran medida una ciudadanía frustrada, que ha sido afectada como ninguna otra por la corrupción, que no forma parte las élites políticas, y que ha sido históricamente relegada en términos de desarrollo. Son personas tienen poco, que con Petro ven una promesa de mejora. Anteriores candidatos no les habían ofrecido soluciones ciertas a sus problemas, ni siquiera la posibilidad de sentirse involucrados.

  El país está dividido, pero esta no es una división nueva. Los gobiernos pasados no han logrado conciliar las diferencias. Tenemos dos Colombias, con una polarización inmensa: en las elecciones con mayor participación en los últimos 20 años, Petro ganó por apenas 800.000 votos. Eso significa que hay 10 millones de personas que se oponen a los 11 millones de Petro. Petro deberá saber hablarles a estas dos facetas de Colombia y hacer que la Colombia que no lo votó no se sienta relegada.

  ¿Qué expectativas o temores genera el resultado en la sociedad civil?

  Gane quien gane, nuestro trabajo como sociedad civil siempre sigue siendo el mismo. Pero en lo personal, viendo lo que ocurrió cuando Petro fue alcalde de Bogotá, temo que el revanchismo pueda obstaculizar el avance del gobierno. La polarización, el discurso de odio y la manipulación de la institucionalidad pueden tener efectos muy graves. También provoca temor la posible reacción de los mercados ante un gobierno de izquierda. 

  También está el hecho de que Petro es una persona muy pasional, y muchas veces no se comunica de la mejor manera posible; tanto su campaña como la de Hernández atacaron a la prensa cuando les fue crítica. La prensa tiene un rol fundamental, y esto puede ser muy fastidioso para cualquier gobierno, pero es indispensable que tenga garantías suficientes para hacer su labor. Hay temor de que Petro pueda ser muy hostil con la prensa crítica de su gobierno. 

  A las organizaciones que, como RedLad, hacemos incidencia internacional, nos preocupa cómo se posicionará Petro frente a las izquierdas del continente. Actualmente América Latina tiene una izquierda que genera mucha esperanza, que propone cambios, y que es distinta a la izquierda tradicional; esta es la izquierda de Boric en Chile. Pero también está la izquierda de Andrés Manuel López Obrador en México, por no hablar de las izquierdas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que han generado graves crisis de espacio cívico. Creo que Petro está en algún lugar en el medio, y enfrenta el dilema de cómo alinearse. Creo que debe alinearse a una izquierda más propositiva y amigable con el desarrollo.

  A pesar de que el partido de Petro, Pacto Histórico, obtuvo buena representación en las elecciones legislativas de marzo de 2022, las transformaciones que ha puesto sobre la mesa son bastante amplias y profundas, y para tener éxito necesitarán un gran acuerdo político, algo que es complejo en Colombia. Si no se logra, la ciudadanía que votó por Petro y sus promesas se vería frustrada. Será interesante ver cómo este gobierno, elegido bajo la bandera de las movilizaciones de 2019, responderá a la ciudadanía si se moviliza nuevamente.

  Para que la gran expectativa generada en la ciudadanía no decaiga, el gobierno de Petro deberá marcar algunas victorias tempranas en relación con el avance del proceso de paz y la disminución de asesinatos de líderes sociales. Espero que Petro avance en los compromisos internacionales, que el espacio cívico no se siga reduciendo sino que se amplíe, y que se garanticen las libertades de manifestación y expresión.

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• COLOMBIA: “La juventud vive un sentimiento de querer cambiarlo todo”

  CIVICUS conversa acerca de las protestas que comenzaron en Colombia en abril de 2021, en reacción a un alza de impuestos, con una joven activista social y de derechos humanos que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. La entrevistada pertenece a una red de organizaciones y activistas jóvenes que promueve la solidaridad, la organización y la lucha de los sectores excluidos y tiene presencia en la capital, Bogotá, y en la ciudad de Medellín.

  ¿Cuáles fueron las causas de las protestas? ¿Qué reclaman los manifestantes?

  La reforma tributaria fue apenas la gota que derramó el vaso, ya que se sumó a un cúmulo de problemas. En las asambleas en que participamos se recogieron cientos de reivindicaciones y reclamos de toda índole, desde tapar huecos en las calles de un barrio hasta tumbar el gobierno del presidente Iván Duque y hacer justicia frente a los llamados “falsos positivos”, es decir, casos de civiles asesinados por las fuerzas militares y presentados como parte del conflicto armado. Lo que vivía la juventud era un sentimiento de querer cambiarlo todo, de no querer seguir viviendo como antes.

  Pero a pesar de la diversidad de demandas, algunas aglutinan más a los jóvenes populares. Pienso que, en materia económica, la juventud de los sectores populares reclama empleo y oportunidades de salir adelante, y en materia política estos jóvenes, en particular los que conformaron algunas de las primeras líneas de las protestas, reclaman dignidad, dejar de ser humillados. Nada agrupa más a estos jóvenes que su odio profundo a la policía, como representante principal de los ultrajes y humillaciones que viven a diario. Se sienten como parias sin futuro económico, sin esperanzas de conseguir un trabajo más allá del rebusque diario para sobrevivir, rechazados por la sociedad y perseguidos como delincuentes por la policía por el hecho de ser jóvenes y pobres.

  Los sectores estudiantiles, también jóvenes pero más intelectuales, algunos de clase media, también fueron una fuerza significativa en las protestas, pero tendieron a enfatizar demandas contra la represión política y la violación de los derechos humanos, los “falsos positivos”, los asesinatos de líderes sociales y la criminalización de la protesta.

  ¿En qué se diferencian estas protestas de las ocurridas en años precedentes? ¿Guardan alguna línea de continuidad con aquéllas?

  En el fondo, los móviles son los mismos de las protestas de 2019 y 2020. En las protestas de 2019 pesó más la crisis del desempleo y el hambre, mientras que en las de 2020 se impuso más el tema de la represión, el no querer seguir siendo humillados y asesinados. Las que estallaron en abril de 2021 combinaron los móviles de las dos oleadas precedentes, porque no solamente ninguno de los dos problemas había sido atacado de raíz, sino que ni siquiera se habían ofrecido paliativos; al contrario, la crisis económica se agudizó y la represión política se mantuvo.

  Tal vez una diferencia sea que las últimas protestas han recibido mayor atención internacional, lo cual responde a la fuerza con que el pueblo colombiano salió a las calles. La protesta tuvo una amplia legitimidad en sectores que generalmente no se movilizan. La crisis y la asfixia económica y política era tal que sectores como el de los comerciantes medianos e incluso grandes apoyaron las protestas. La masividad de las protestas también obligó a todos, desde artistas hasta congresistas, a tomar partido.

  Hubo colombianos en el exterior que hicieron protestas en sus respectivos países planteando lo que les contaban sus familiares en el país. Tal vez algunos piensen que la mayor atención internacional se debió a la represión, pero yo soy más de la idea de que fue la cantidad de sectores medios que se movilizaron lo que magnificó el mensaje. La represión ha estado muy presente en ciclos anteriores y también frente a las protestas del sector campesino. Creo que lo determinante en este caso ha sido la diversidad de capas sociales que apoyaron la protesta.

  ¿Cómo ha reaccionado el gobierno a las protestas?

  En general, primero reprimiéndolas violentamente, luego deslegitimándolas utilizando los medios de comunicación para atacar a algunos sectores, y en particular a la juventud, y finalmente intentando dividirlas para desmovilizar a algunos sectores y dejar aislada a la juventud popular. Para esto último el gobierno entabló varias negociaciones con un autoproclamado Comité Nacional del Paro, y también llevó a cabo negociaciones a nivel local intentando contener o calmar a algunos sectores.

  Particularmente a nivel local, incluso en localidades con gobiernos que se dicen de centro e independientes, el gobierno conformó mesas de diálogo que no solucionan nada, donde se escuchan los reclamos pero no se ofrece nada concreto para responder a las demandas. Muchos gobiernos locales se lavaron las manos de la represión, culpando de ella solo al gobierno central, pero hicieron todo lo que estuvo a su alcance para desmovilizar las protestas, enviando representantes para calmar a los manifestantes y prometiendo a la gente que si dejaba de protestar escucharían sus demandas, cosa que no habían hecho durante todo el año precedente.

  La violencia de algunos grupos parece haberse vuelto un problema. ¿Cómo lidiaron con esto las organizaciones y activistas de la sociedad civil?

  La violencia ha sido una reacción muchas veces espontanea frente a la represión. Enfrentar con el juicio y el regaño al joven que está tirando una piedra no sirve para nada, excepto para radicalizarlo más y ganarse su desconfianza. Para poder cambiar esta violencia hay que empezar por entenderla y por distinguirla y no ponerla en el mismo nivel que la violencia del Estado. No se trata de que la violencia sea deseable; de hecho, desvíe la iniciativa de buena parte de los jóvenes. Pero interponerse entre ellos y el Comando de Atención Inmediata - la unidad policial que actúa en los perímetros urbanos – para tratar de detenerlos acaba teniendo un efecto más de psicología inversa que de disuasión o educación.

  En mi experiencia, las organizaciones de la sociedad civil que no extienden la mano a esos jóvenes ni les ofrecen espacios alternativos de politización y concientización, los aíslan y pierden la capacidad de influir sobre ellos. Nuestra organización ha lidiado con esto mediante la estrategia de evitar partir del juicio negativo y, en cambio, aproximarnos desde el entendimiento y procurar ir generando espacios alternativos para la participación política y la organización de los jóvenes.

  ¿Qué roles ha desempeñado tu organización en el marco de las protestas?

  Nuestra organización tuvo un rol activo: organizó la participación en las protestas de jóvenes y familias en los barrios donde desarrolla trabajo comunitario y promovió una campaña de solidaridad con los manifestantes para recoger apoyo económico y otros recursos, tales como primeros auxilios, apoyo en las ollas comunitarias e incidencia en derechos humanos para auxiliar a diferentes focos de protesta en las ciudades de Bogotá y de Medellín.

  En Bogotá dio apoyo para reclamar información sobre personas desaparecidas y participó en campañas de solidaridad con los heridos. En Medellín realizó jornadas de ollas comunitarias y reparación de techos y otros daños causados por las protestas en los barrios cercanos a los mayores puntos de protestas en la ciudad. Finalmente, durante las protestas desarrolló actividades de concientización y promovió el involucramiento de jóvenes manifestantes en procesos más duraderos de construcción social y comunitaria.

  ¿Qué impactos consideran que tendrá este ciclo de protestas y represión sobre las próximas elecciones?

  A mi forma de ver, las protestas aumentaron el capital político del ex alcalde de Bogotá y excandidato a presidente por la izquierda, Gustavo Petro. El gobierno no dio ninguna respuesta real a las demandas de las protestas y la gente sigue buscando alternativas, y – aunque nuestra organización no tiene ningún interés ni intención de hacerle campaña - creo que Petro es la única opción disponible. Para las próximas elecciones esperaría un mayor índice de participación juvenil, y no me extrañaría para nada el triunfo de Petro.

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• COLOMBIA: “Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Colombia con un grupo de integrantes de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, quienes respondieron a nuestras preguntas en forma colectiva. La FCSPP es una organización que promueve el respeto y la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en Colombia, con el foco en los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, trato digno, juicio justo e imparcial y otros derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en protestas. La Campaña Defender la Libertad es una red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

  ¿Cuáles son las principales causas de las recientes protestas en Colombia?

  Desde nuestra lectura, las razones que impulsan las protestas en Colombia son diversas. A la injusticia tributaria, reflejada en propuesta presentada por el gobierno nacional para recaudar más impuestos, se sumó su pésimo manejo de la crisis sanitaria y de las crisis económica, ecológica y socioambiental exacerbadas por la pandemia. En el contexto de la pandemia, una demanda clave pasó por el ineficiente manejo del sistema de salud colombiano y la necesidad de una reforma con foco en la protección de quienes trabajan en el sector sanitario y de atención integral y preventiva a la población en general. También pasaron a primer plano el ineficiente manejo del sistema público de pensiones y los reclamos por la ausencia de políticas públicas que promuevan el acceso equitativo de la juventud colombiana a una educación gratuita y de calidad, así como a empleos de calidad.

  Además, a las injusticias socioecológicas provocadas por la política minero-energética promotora de megaproyectos extractivos depredadores se sumó la falta de compromiso del gobierno nacional para firmar el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales, acompañada de una ola que no cede de homicidios y otros ataques contra liderazgos sociales, comunitarios, ambientales, territoriales, comunales y de derechos humanos. Esta violencia se ve perpetuada por la impunidad garantizada por el sistema judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos dentro de la fuerza pública y el Estado en general.

  Las protestas también han resaltado la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, la cual en vez de ser protegida, es estigmatizada y atacada por el Estado.

  ¿Qué conexión mantienen estas protestas con las que ocurrieron en años anteriores?

  Las protestas actuales se colocan en directa continuidad con las protestas del año 2020, dado que la pandemia generó un paréntesis extendido durante el cual se impidió que la protesta social se desarrollara físicamente. Durante ese período, sin embargo, las problemáticas estructurales que motivan las protestas sociales no se olvidaron ni mucho menos desaparecieron, sino que por el contrario a menudo se profundizaron y se agravaron.

  ¿Cómo han respondido las autoridades a las protestas?

  La Policía Nacional ha respondido con una avanzada violenta, desproporcionada y en varios casos ilícita, contra las personas manifestantes. Según datos de la Campaña Defender la Libertad, desde el 28 de abril hasta el 21 de julio de 2021 esta violencia dejó 87 personas civiles asesinadas en el marco de protestas, 28 de ellas atribuibles a la fuerza pública, siete a civiles no identificados y 46 a agresores no identificados. En ese lapso, 1905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) y civiles no identificados. Asimismo, 326 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, 106 fueron víctimas de violencias basadas en género, y 3.365 personas fueron detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, lo que dio lugar a 1.603 denuncias por abuso de poder y violencia policial. Estas cifras evidencian la poca disposición al diálogo de las autoridades y la forma en que es violado el derecho a la protesta social en el país. Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida.

  Estas vulneraciones de derechos no se producen solamente en el momento de la protesta social sino que también se extienden a las instituciones que deben atender, sistematizar datos y dar seguimiento a las violaciones. Hemos documentado casos de personas heridas que no han sido atendidas en hospitales y centros médicos. Asimismo, los registros de personas desaparecidas de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía divergen ampliamente; al 5 de junio la Defensoría registraba 89 personas desaparecidas en el marco de las protestas, mientras que la Fiscalía registraba 129. Esto demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones estatales que deben desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y oportuno a las vulneraciones de derechos humanos.

  ¿Qué efectos tuvo la represión sobre los manifestantes?

  Luego de que los medios de comunicación difundieran algunos casos, en especial de homicidios y violencia sexual cometida presuntamente por la fuerza pública, la ciudadanía siguió manifestándose en actos de solidaridad y memoria colectiva. También, con el objeto de coordinar acciones, informar a la ciudadanía, debatir y establecer reivindicaciones comunes claras, se realizaron tres Asambleas Nacionales Populares, dos de carácter presencial – una en Bogotá, del 6 al 8 de junio, y otra en Cali, del 17 al 20 de julio- y una tercera de manera virtual, el 15 de agosto. Todas ellas tuvieron amplia participación popular, de organizaciones y movimientos sociales. En localidades, municipios y ciudades también se hicieron discusiones para plantear intereses, necesidades y propuestas. Esto demuestra la disposición de la ciudadanía que ha estado protestando al diálogo permanente con instancias gubernamentales para plantear sus exigencias.

   

  ¿Cómo se ha podido sostener la movilización durante varios meses? ¿Se espera que las protestas continúen?

  En algunos territorios los manifestantes encontraron una serie de condiciones que les permitieron reunirse pacíficamente y originar nuevos procesos organizativos mediante el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación. Estos procesos se basaron en relaciones de solidaridad previamente constituidas, no solamente en las organizaciones sino también en la sociedad civil no organizada, que se movilizó no únicamente en las marchas pacíficas, sino también a través del envío de donaciones no perecederas, insumos médicos básicos, elementos de protección y otras formas de apoyo a las juventudes movilizadas en lo que actualmente se conoce como “las primeras líneas”.

  La movilización se ha sostenido gracias a formas de organización nuevas y creativas que lograron distribuir roles en medio de las álgidas jornadas de represión policial, con personas encargadas de sostener barreras defensivas con escudos improvisados o relativamente elaborados, otras a cargo de devolver los gases lacrimógenos y elementos de disuasión usados por la policía, otras encargadas de dar primeros auxilios médicos, psicosociales, emocionales y jurídicos a quienes los necesitaran, y otras desempeñando roles de cuidado, proporcionando alimentación e hidratación a los manifestantes. El resultado fue el surgimiento de espacios tales como “Puerto Resistencia” en Cali y el “Espacio Humanitario Al Calor de la Olla” en Bogotá, que se replicaron en otros puntos de resistencia en el país. En estos espacios confluyen tejidos interorganizativos e intergeneracionales que a través del diálogo y encuentros asamblearios construyen consensos y priorizan acciones itinerantes adaptables al contexto de cada territorio.

  Es de esperar que las protestas continúen, toda vez que éstas no se han surgido únicamente de los históricos epicentros de convocatorias, como las centrales obreras y sindicatos profesorales, sino que hay múltiples epicentros de convocatorias en las ciudades y carreteras del país que logran movilizar ciudadanías diversas organizadas, en proceso de organizarse y no organizadas con diversas motivaciones o coyunturas particulares que las impulsan a salir a las calles. Se vienen fechas históricas que seguramente generarán movilización, tal vez no con una constancia diaria como ocurrió entre abril y julio, pero sí con acciones que mantendrán vivas las exigencias visibilizadas tanto en las Mesas Nacionales de Diálogo del Comité Nacional de Paro como en otros espacios promovidos por la sociedad civil a nivel local y municipal.

  ¿Cómo han afectado a las manifestaciones los ataques de grupos civiles armados?

  La Campaña ha documentado múltiples situaciones en que civiles armados atacan a manifestantes, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. Varias de las agresiones registradas fueron cometidas por civiles en compañía de miembros de la fuerza pública, quienes no realizaron ninguna acción para detenerlos, sino que más bien los apoyaron. Varios de estos civiles se autodenominan “defensores de la propiedad privada”.

  Un claro ejemplo de ello, tomado de los registros del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña, ocurrió en Cali en la tarde del 9 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional, junto a varios civiles movilizados en camionetas, atacaron a la Guardia Indígena, un grupo de resistencia civil movilizado en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. El ataque dejó diez personas heridas, una de ellas en estado de gravedad tras recibir un doble impacto de bala en el estómago. Otro caso registrado por el SIAP sucedió en Cali el 6 de mayo; en esta oportunidad, personas armadas vestidas de civil se bajaron de un camión y dispararon contra manifestantes. Como resultado de los reclamos de la ciudadanía para que el Ejército los detuviera, el interior del camión fue revisado y se encontró una chaqueta de la policía, y cuando se revisaron las placas del automotor se determinó que era propiedad policial.

  En otros casos, los civiles armados actúan sin presencia de la policía. Es importante mencionar la presencia de grupos paramilitares: en sectores donde hubo un aumento de la movilización se encontraron grafitis y panfletos de grupos paramilitares como las Águilas Negras y las Autodefensas Unidas de Colombia, destinados a amedrentar a la población para disuadirla de participar en la protesta.

  ¿Cómo ha respondido el gobierno a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

  En las declaraciones públicas en que se refirió a las recomendaciones de la CIDH, el presidente Iván Duque estigmatizó una vez más el ejercicio del derecho a la protesta social y subrayó los efectos de los cortes de ruta sobre los derechos a la movilidad y el trabajo. El Gobierno se amparó en la Constitución para rechazar la propuesta de separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y se mostró a la defensiva frente a la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento de los derechos humanos.

  Muy a pesar de las recomendaciones, las vulneraciones de derechos humanos no cesaron. A partir del 7 de julio de 2021, día en que se conocieron públicamente las recomendaciones de la CIDH, la Campaña registró 152 detenciones, en su mayoría arbitrarias, 92 personas heridas por el accionar del ESMAD, la Policía Nacional y civiles armados, cuatro casos de violencias basadas en género, 29 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, 72 denuncias por abuso y violencia policial y 29 allanamientos. Esto ocurrió a pesar de que las movilizaciones habían disminuido en intensidad y frecuencia; buena parte de estas violaciones se concentró en la jornada del 20 de julio. Pero se observó un cambio de estrategia represiva, ya que aumentaron drásticamente los casos de allanamientos.

  ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar a la sociedad civil colombiana?

  La sociedad civil internacional puede apoyarnos a través de campañas como SOS Colombia, pero de manera permanente, no circunscripta a los momentos álgidos de represión. También podrían ayudarnos dando acompañamiento a los países garantes del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016 en la revisión exhaustiva de la ejecución de los recursos para la construcción de paz, y apoyando a las organizaciones que han denunciado el abuso policial y estatal a través de estrategias investigativas, comunicativas y de incidencia política en organismos internacionales de derechos humanos y espacios de incidencia para dar mayor visibilidad a la crisis social, humanitaria y ecológica que enfrenta Colombia.

  El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@CSPP_ en Twitter. Contáctese con la Campaña Defender la Libertad a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@DefenderLiberta en Twitter.

   

• Colombia: El gobierno debe poner fin a la violencia contra quienes se manifiestan

  Declaración en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

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   Leída por: Óscar Eduardo Ramírez, Campaña Defender la Libertad

  Como se enfatiza en el informe de la Relatora saliente, la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas y, si no se toman acciones de carácter urgente, nos enfrentaremos a una epidemia de asesinatos perpetrados por la policía a una escala sin precedentes. 

• COSTA RICA: “Las protestas pusieron en evidencia problemas estructurales irresueltos”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Costa Rica con Carlos Berríos Solórzano, cofundador de laAsociación Agentes de Cambio-Nicaragua e integrante de laRed Previos (Red Juvenil Centroamericana). Junto con otros activistas de Centroamérica, recientemente ha fundado el Centro para Cultura de Paz en Centroamérica. Originario de Nicaragua, Carlos es activista juvenil y defensor de derechos humanos. Ha participado en investigaciones sobre migraciones, participación política de jóvenes, integración regional y derechos humanos, y actualmente es maestrante en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica.

  

  ¿Cuáles fueron las causas que desencadenaron la ola de protestas a fines de septiembre de 2020?

  Las principales causas de las protestas que se iniciaron el 30 de septiembre de 2020 estuvieron relacionadas con el anuncio del gobierno del presidente Carlos Alvarado, hecho público el 17 de septiembre, de que solicitaría financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares para encarar la recuperación económica post-COVID-19 e invertir en el sector público. Costa Rica llevaba casi 20 años sin solicitar financiamiento a dicho organismo. La propuesta implicaba un eventual aumento de impuestos en un país donde el costo de vida ya es alto. De hecho, recientemente la legislación de finanzas públicas había aplicado un aumento de impuestos que vino a encarecer los impuestos elevados que ya se pagaban.

  Además del aumento de los impuestos sobre la renta y los bienes inmuebles, la propuesta de acuerdo con el FMI incluía nuevos impuestos a las transacciones bancarias y a la renta global. También proponía fusionar algunas instituciones públicas y vender otras, como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores.

  El gobierno anunció su propuesta en forma unilateral, totalmente inconsulta, cuando una negociación de tales dimensiones y con tales implicaciones trasciende con mucho lo económico y debería estar sujeta a negociaciones políticas y a la participación de las principales fuerzas sociales. Las consecuencias de acordar o no acordar con el FMI deben estar sujetas a un debate público que en este caso no tuvo lugar inicialmente.

  ¿Quiénes salieron a protestar, y qué demandaban?

  Principalmente salieron a protestar los sindicatos, la clase trabajadora y los servidores públicos, así como los movimientos sociales y estudiantiles. La principal demanda era que el gobierno suspendiera la propuesta de solicitar financiamiento al FMI y abandonara la idea de privatizar empresas públicas y aumentar la carga impositiva.

  Si bien las protestas tuvieron un componente ciudadano, tanto en las calles como en la agenda pública se destacó su componente sectorial. Las organizaciones sindicales suelen identificar más rápido que el resto el impacto de los acuerdos de financiamiento con el FMI sobre sus agendas y luchas.

  La sociedad civil también denunció las intenciones del Ejecutivo, alertó sobre las consecuencias, se dedicó a educar a la población y a abrir el debate y apoyó la movilización.

  ¿Cómo respondió el gobierno a las protestas?

  El gobierno de alguna forma respondió en el marco de los estándares internacionales para la dispersión de manifestaciones masivas; de hecho, muchos policías resultaron heridos como resultado de agresiones de pobladores que cerraron carreteras en puntos importantes, incluidos los principales pasos fronterizos con Panamá. Con el paso de los días las tensiones fueron escalando y se observaron quemas de vehículos y enfrentamientos con palos y gases lacrimógenos entre manifestantes y efectivos policiales. Las fuerzas de seguridad respondieron en forma bastante proporcionada a las manifestaciones violentas, de modo que no cabe hablar de un uso desproporcionado de fuerza por parte de las autoridades.

  Para neutralizar la situación ante unas protestas que no cedían, el gobierno primero anunció, el 4 de octubre, que daría marcha atrás con su propuesta, pero exigió a los manifestantes que cesaran los bloqueos como condición para dialogar con ellos. Los manifestantes, por su parte, pusieron condiciones para levantar los bloqueos – en particular, que el gobierno se comprometiera por escrito a no acudir al FMI durante el resto de su mandato y que descartara vender activos estatales y aumentar los impuestos. Las manifestaciones continuaron, y en respuesta el gobierno hizo pública su estrategia de negociación con el FMI y se abrió a la recepción de comentarios de todos los sectores. El 11 de octubre el gobierno anunció un “diálogo social” a nivel nacional y territorial, en el que 25 representantes de diversos sectores - empresarios, trabajadores, mujeres, iglesias, estudiantes universitarios y agricultores, entre otros - presentarían sus propias propuestas para solventar la crisis económica profundizada por la pandemia de COVID-19. La pregunta planteada era muy concreta: “¿cómo lograr una mejora permanente de al menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del Gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB), mediante una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos?”

  ¿Consiguieron los manifestantes que se atendiera alguna de sus demandas?

  A pesar del intenso proceso de diálogo con diversos sectores y de los valiosos aportes volcados en este proceso, las demandas de fondo no han sido atendidas, aunque según el gobierno están siendo consideradas dentro de la institucionalidad para darles la atención que ameritan.

  Las protestas se reanudaron precisamente porque el proceso de diálogo no mostraba resultados y las autoridades mostraban una escasa voluntad política en términos de cumplimiento. Esto se reflejó en el anuncio de que el gobierno continuaría con la solicitud de financiamiento.

  En efecto, tras el proceso de diálogo el Ejecutivo se mantuvo firme en su propuesta de solicitar financiamiento al FMI. Retrospectivamente, en vistas de estos resultados, la sociedad civil evaluó que el llamado al diálogo social no había sido otra cosa que una estrategia de desmovilización.

  Costa Rica suele ser presentado como un caso modelo de estabilidad, orden, equidad social y cultura democrática. ¿Se trata acaso de un espejismo?

  Si bien es cierto que Costa Rica goza de una institucionalidad robusta en comparación con sus vecinos de Centroamérica, que ha resultado en estabilidad económica y social, al mismo tiempo sigue sin atender profundas desigualdades sociales en las zonas más vulnerables del país. Los problemas sociales están desatendidos a causa de la falta de voluntad política y de la existencia de unos niveles de corrupción que, sin ser “escandalosos” en comparación con los niveles internacionales, permea las estructuras políticas y económicas del país y permite a la clase política y a la élite económica coludir para repartirse el Estado. 

  Las protestas pusieron en evidencia problemas estructurales irresueltos en Costa Rica. En ellas se sumaron demandas inmediatas insatisfechas y problemas estructurales relativos al reparto de la riqueza, la evasión fiscal del gran capital y el control de las élites económicas sobre el aparato estatal, que se materializa en la desigualdad social de personas migrantes, indígenas, afrodescendientes y rurales.

  El espacio cívico en Costa Rica es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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• CUBA: ‘Los disidentes son millones; no hay calabozos para tanta gente’

  CIVICUS conversa con Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El Observatorio es una plataforma proactiva de la sociedad civil para promover cambios no violentos, y combina el análisis riguroso de la conflictividad con la capacitación y el empoderamiento de la ciudadanía para que reclame por sus derechos.

  

  Protesta exitosa en el barrio de El Cerro, La Habana, en reclamo de la restauración de los servicios de luz y agua, 13 de septiembre de 2017.

  El CIVICUS Monitor califica al espacio para la sociedad civil – el espacio cívico - en Cuba como ‘cerrado’, indicativo de un régimen de control total donde es difícil imaginar siquiera la existencia de protestas. ¿Coincides con este diagnóstico?

  Absolutamente. Cuba es una sociedad cerrada, anclada en el estalinismo no solo en lo político sino también en lo económico, ya que el estado asfixia o bloquea las iniciativas y el talento emprendedor de la ciudadanía, lo cual se conoce como “bloqueo interno”. El estado niega la autonomía individual y aplasta toda asociación independiente para mantener a la sociedad balcanizada. Así cree poder asegurar el control estatal sobre la conducta ciudadana.

  En la década del noventa del pasado siglo, tras caer la Unión Soviética, era evidente que Cuba tendría que hacer una transición para sostenerse. El ecosistema geopolítico que la sustentaba con infinitos y masivos subsidios se derrumbó junto con el comunismo del Este de Europa. Todos pensamos, y no porque creyésemos que era el llamado “fin de la Historia”, que la única transición posible era hacia alguna modalidad de sociedad abierta, democracia política y economía de mercado. Podía ser más o menos socialdemócrata o liberal, pero siempre apoyada en esos pilares. Algunos intentamos empujar esa transición desde posiciones reformistas. Nos equivocamos.

  Al final, la transición que ocurrió no fue la que preconizaba el marxismo hacia el comunismo, ni la de Francis Fukuyama al estado liberal y la sociedad de mercado. Fue hacia el estado mafioso transnacional. No se trata de endilgarle otra etiqueta peyorativa; es la realidad que arroja el análisis de los cambios ocurridos en la estructuración del poder y las clases sociales, los instrumentos de dominación y los mecanismos de creación y distribución de riquezas. Ha ocurrido un verdadero cambio en el ADN del régimen de gobernanza.

  El poder real está hoy más alejado que nunca del Partido Comunista de Cuba y ubicado en una cúpula inasible que representa menos del 0,5 % de la población, en un país que ha roto incluso con la ideología del pacto social comunista que vendía la idea de sumisión basada en el compromiso con derechos sociales básicos a cambio de la supresión de todos los demás.

  A comienzos de 2019 se dio un proceso de reforma constitucional, pero este no generó ningún cambio significativo en materia de apertura del espacio cívico. Se proyectó externamente una imagen de cambios que contrasta con la realidad interna de estancamiento. Algunas frases colocadas en un discurso o en la propia nueva Constitución han servido para alimentar eternas esperas de que los líderes – que la ciudadanía no controla – se iluminen por sí solos y generen el cambio necesario. Así distraen también la atención de la opinión pública internacional de la monstruosidad nacida de la colusión con Venezuela.

  ¿Cómo calificarías las actuales condiciones para el ejercicio de la protesta en Cuba? ¿Existe más espacio para la presentación de demandas que no son vistas como políticas?

  No hay mayor espacio político, legal, ni institucional para el ejercicio de la protesta, pero la ciudadanía está creándolo con su praxis. Todos los derechos que proclama la Constitución están subordinados a la normatividad que establecen leyes y regulaciones complementarias. Al final, la Constitución no es la “Ley de Leyes”, sino un texto sometido a las restantes leyes y normas. Un ejemplo de ello es el Código Penal, que contiene el concepto fascista de “peligrosidad predelictiva” por el cual una persona puede pasar hasta cuatro años en la cárcel sin haber cometido un delito. Sin embargo, la conflictividad y las protestas se han incrementado.

  El gobierno ha cambiado sus tácticas represivas respecto de los opositores políticos para proyectar una imagen más benévola hacia el exterior. En lugar de largas condenas de cárcel hay miles de detenciones arbitrarias de corta duración. En vez de hacer actos de repudio frente a un local de reuniones ahora paralizan la reunión antes de que suceda, deteniendo a los activistas en sus casas. En lugar de negarle el pasaporte o condenar a cárcel a un activista por haber asistido a una reunión en el exterior, ahora le impiden montarse en el avión. Si llevan a un opositor a juicio no lo hacen ya sobre la base de acusaciones de subversión política sino por supuestamente haber cometido un delito común o ser socialmente “peligroso”.

  Por otra parte, los ciudadanos cubanos – más de la mitad de los cuales viven actualmente en condiciones de pobreza según respetados economistas radicados en la isla – tienen urgencias existenciales que se agravan y no pueden esperar por un cambio de gobierno o de régimen para resolverlas. En otro contexto serían “problemas personales”, pero en un régimen de gobernanza estatista, que hace depender todas las soluciones de las instituciones estatales y bloquea toda solución autónoma, sea de la ciudadanía o del sector privado, se convierten en conflictos sociales y económicos de los ciudadanos contra el estado.

  En este punto es necesario establecer una diferencia entre oposición y disidencia. Opositores son aquellos que asumen de forma abierta, ya sea individual o colectivamente, una postura contestaria y política al gobierno. El disidente, por su parte, es quien siente un profundo malestar e inconformidad con el régimen de gobernanza porque bloquea sus necesidades básicas y sueños de prosperidad. El disidente social tiende a no manifestarse de forma pública si no cree que con eso va a lograr que le concedan alguna demanda concreta. Pero si su situación es angustiosa pasa – a menudo de forma espontánea – de la queja y el lamento privados a la protesta pública.

  En los últimos dos años se han incrementado de manera notable las protestas por motivos sociales y económicos que no pueden ampararse legalmente en un inexistente derecho de manifestación pública, pero que el estado ha preferido en muchos casos apaciguar antes que enfrentar con la fuerza. Dado el nivel de deterioro de las condiciones de vida – y de la aún más deteriorada legitimidad de las autoridades y de la ideología oficial comunista –, la sociedad cubana asemeja una pradera seca que cualquier chispa puede incendiar.

  La dominación de la elite de poder ha estado basada más en el control de la psicología social que en los propios recursos del aparato represivo. Después del Gran Terror de los sesenta, setenta y ochenta, con un paredón de fusilamiento que no cesaba y condenas de 30 años por cuestiones insignificantes, tres generaciones han sido educadas en la falsa premisa de que “esto no hay quien lo pueda tumbar ni arreglar”. Esa ha sido la idea fuerza de una pedagogía de la sumisión que ahora ha entrado en crisis.

  ¿A qué se debe ese cambio?

  Los factores que más han incidido en el actual cambio de perspectiva y actitud ciudadana han sido, por una parte, el quiebre del monopolio de la información por las nuevas tecnologías digitales, la muerte del caudillo y el traspaso gradual de poder a personas sin legitimidad histórica para justificar sus incompetencias. Por otra parte, el agravamiento acelerado de las condiciones de vida y de toda la infraestructura del país convierte la cotidianidad en un cerco de penurias. Colapsan los sistemas de salud y educación, el abastecimiento de alimentos, medicinas, gas de cocinar y gasolina, el servicio de transporte. Pero también colapsan cientos de edificios multifamiliares y la gente pierde su tiempo reclamando, esperando por años una nueva vivienda o la reparación de la que tenían. Muchos también pierden la vida entre los escombros del derrumbe.

  En ese contexto el disidente social, hasta entonces latente y silencioso, sale a la luz pública a manifestar su descontento y exigir sus derechos básicos sociales. Reclama ni más ni menos que el derecho a la dignidad, a condiciones dignas de existencia. Y no son miles como los opositores, son millones. No hay suficientes calabozos para tanta gente.

  ¿Cómo surgió el Observatorio Cubano de Conflictos?

  El Observatorio Cubano de Conflictos es una idea surgida en Cuba de un grupo de mujeres que antes habían creado el Movimiento Dignidad. Al nacer, este movimiento tenía como misión denunciar las leyes de peligrosidad predelictiva (es decir, leyes que permiten a las autoridades acusar y detener gente considerada proclive a cometer delitos, e imponerles sentencias de hasta cuatro años de prisión) y los abusos en el sistema penitenciario contra los presos de cualquier categoría, fuesen políticos o no.

  Desde un inicio fue un proyecto innovador. No se concibió a sí mismo como organización ni partido político, sino como un movimiento, fluido y sin jerarquías, descentralizado totalmente en sus acciones, sin una ideología que resultara excluyente de otras.

  Esas mujeres recogieron por dos años información sobre las cárceles y acerca de la aplicación de las leyes de peligrosidad predelictiva. Su trabajo dentro de Cuba permitió elaborar informes al Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Ellas ponen la letra “D” (de dignidad), que identifica identifica su movimiento, en lugares públicos como recordatorio para la policía política de que no ha podido aplastarlas.

  Sin embargo, la misión original del Movimiento Dignidad era demasiado puntual para un movimiento que llevaba por nombre un concepto tan amplio. La lucha del ciudadano cubano hoy es primordialmente por condiciones dignas de vida, por el respeto integral a su dignidad humana. Así fue como el Movimiento Dignidad amplió su misión para, sin abandonar su objetivo inicial, apoyar también a grupos de ciudadanos en sus demandas sociales y económicas. Para combatir la psicología de la sumisión y sustituirla por otra basada en la idea de que se puede luchar y vencer, el Movimiento Dignidad tiene hoy un instrumento específico: el Observatorio Cubano de Conflictos.

  ¿Podrías contarnos cómo trabaja el Observatorio?

  La filosofía en que se basa el Observatorio es que la vida no se debe malgastar esperando un milagro o dádiva de los poderosos; hay que ganar cada día batallas al statu quo. En tan solo un año hemos acompañado exitosamente a una treintena de conflictos sociales de diverso tipo que llevaban décadas sin resolverse y en los que se lograron las concesiones solicitadas al estado.

  Lo más significativo ha sido que cuando las autoridades se dieron cuenta de que esos ciudadanos estaban listos mentalmente para pasar a manifestaciones públicas de protesta decidieron concederles lo que reclamaban, para prevenir la explosión y adjudicarse el resultado, aunque éste nunca se habría alcanzado sin la presión ciudadana. Prefirieron una solución win-win puntual al peligro de contagio viral de las protestas en una población harta de promesas incumplidas. Cada victoria popular demuestra a la población que el camino es protestar y exigir, no rogar y esperar.

  El método es sencillo: generar un reclamo colectivo con un número crítico de peticionarios que se identifiquen y lo suscriban; y enviar negociadores a solicitar una solución, aclarando que no se aceptarán respuestas negativas, dilatorias o que no identifiquen a la persona responsable de su implementación. De forma paralela se filtra la información a las redes sociales y medios digitales especializados en el tema de Cuba. Ese es el camino a recorrer por las vías establecidas de forma constructiva. Lo nuevo aquí es que se hace saber que si no se llega a un acuerdo y se verifica su implementación, hay disposición a asumir acciones públicas no violentas de diverso tipo.

  El espacio cívico en Cuba es clasificado como ‘cerrado’ por el CIVICUS Monitor.
  Contáctese con el Observatorio Cubano de Conflictos a través de su página web y su perfil de Facebook, o siga a @conflictoscuba en Twitter.

• Ecuador: Los derechos humanos están en peligro debido a la represión violenta de las protestas

  Según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales. 

• El gobierno de Honduras debe poner fin a la represión violenta de las protestas pacíficas

  📢 Desde @CIVICUSespanol condenamos y exigimos el fin de la brutal represión ejercida contra las protestas pacíficas en #Honduras por parte de las fuerzas de seguridad de @JuanOrlandoH.
  Por el momento, se cuentan 3⃣personas muertas y 2⃣0⃣heridas.
  + Info: https://t.co/hsnGKNcVlG pic.twitter.com/MVv70MOEGT

  — CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) June 26, 2019

  26 de junio de 2019

  El gobierno reprime violentamente las protestas ciudadanas en Honduras

  • Tres personas muertas y otras 20 heridas en una brutal represión de protestas en Honduras
  • Alianza de la sociedad civil condena la dura represión de las manifestaciones en Honduras y la decisión del gobierno de utilizar fuerzas militares para controlar las protestas
  • Los defensores y defensoras del país se enfrentan a un entorno extremadamente peligroso por la violencia y la criminalización
• ESLOVENIA: “El gobierno ha aprovechado la pandemia para restringir la protesta”

  CIVICUS conversa acerca del reciente giro a la derecha producido en Eslovenia con Brankica Petković, investigadora y directora de proyectos del Instituto para la Paz de Liubliana. Fundado en 1991, el Instituto para la Paz -Instituto de Estudios Sociales y Políticos Contemporáneos- es una institución de investigación independiente y sin ánimo de lucro que utiliza la investigación y la incidencia para promover los principios y las prácticas de una sociedad abierta, el pensamiento crítico, la igualdad, la responsabilidad, la solidaridad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Trabaja en colaboración con otras organizaciones y con la ciudadanía nivel local, regional e internacional.

• GUATEMALA: “El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia”

  CIVICUS conversa con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), acerca de la inminente inauguración del nuevo presidente, a la que se llega tras 100 días de movilización en reclamo del respeto de la voluntad popular.

  Fundada en el año 2000, UDEFEGUA es una organización de la sociedad civil dedicada a documentar, verificar y registrar agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.

   

  ¿Cuál fue la relevancia de la elección de Bernardo Arévalo como presidente, y a qué se deben las enormes resistencias que ha enfrentado?

  El 29 de diciembre de 2023 se cumplieron 27 años de la firma de los acuerdos de paz que siguieron a los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala. Ese conflicto se cobró más de 200.000 víctimas directas y dejó secuelas enormes en la sociedad guatemalteca. Los acuerdos de paz establecían una agenda de transformación estructural para eliminar las causas del conflicto. En cambio, los últimos tres gobiernos – y en particular el del actual presidente, Alejandro Giammattei – no hicieron otra cosa que gestar una grave regresión autoritaria.

  Las elecciones presidenciales de junio y agosto de 2023 pretendían consolidar este retroceso autoritario y terminar de sepultar la agenda de la paz y la construcción democrática.

  En la primera vuelta de la elección presidencial compitieron más de 20 partidos, mayoritariamente de derecha y extrema derecha e identificados con los sectores que han capturado al Estado, es decir, muy vinculados a la élite económica, política y militar y al crimen organizado.

  El solo hecho de que se llevara a cabo la elección fue un hito en sí mismo. Que, además, el candidato ganador tuviera una clara perspectiva democrática y progresista lo hizo aún más remarcable. La victoria de Bernardo Arévalo representa el repudio de la sociedad a la élite política corrupta. Nos encontrábamos ante una encrucijada histórica, entre un pasado autoritario y un futuro posible de construcción de un Estado democrático.

  Ello explica las enormes resistencias que ha debido enfrentar el presidente electo. Bernardo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo luego de la revolución de octubre de 1944 y artífice de la llamada primavera democrática de esos años. Su legado sigue muy presente: fue entonces cuando el derecho del sufragio se amplió a las mujeres, se dictó el código de trabajo y se instituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, se transformó el Estado.

  Hoy cumplimos 79 años de estar dominados por grupos particulares interesados en mantener los privilegios de un pequeño segmento de la población, que se resisten a que un gobierno de este talante llegue al poder. Sin embargo, aunque muy poderosos, estos grupos son minoritarios y por fin da la impresión de que estarían comenzando a perder los privilegios de que han disfrutado siempre.

  ¿Ha estado en riesgo la democracia en Guatemala?

  Los últimos gobiernos han roto por completo la legalidad. El gobierno saliente prácticamente produjo un quiebre del estado de derecho. Un indicador de ello, que hemos identificado como parte del contexto de agresión a personas defensoras de derechos humanos, es la violación del principio republicano de independencia de poderes. Los tres órganos del Estado guatemalteco, ejecutivo, legislativo y judicial, fue capturados por elites mafiosas.

  Los repetidos intentos de violentar la voluntad popular expresada en las urnas no hicieron más que agravar la situación. El Ministerio Público y la Fiscalía han presionado al Tribunal Supremo Electoral para que revierta los resultados electorales, llevando a cabo cuatro allanamientos ilegales y arbitrarios contra el Tribunal.

  Es importante remarcar que misiones nacionales e internacionales de observación electoral, incluidas las de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, corroboraron la transparencia del proceso y afirmaron que las denuncias de fraude carecen de fundamentos.

  El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia, y frente a ello la ciudadanía se ha movilizado. A partir del 2 de octubre se convocó a un paro nacional por tiempo indefinido para exigir el respecto de la voluntad popular. El 9 de enero se cumplieron 100 días de resistencia pacífica, encabezada por los pueblos originarios e indígenas, en defensa de la democracia.

  ¿Cuáles fueron las particularidades de estas protestas?

  A las protestas convocadas por autoridades ancestrales indígenas de los pueblos originarios se han sumado numerosas expresiones ciudadanas espontáneas. En el pasado, las capas medias urbanas y mestizas se oponían a los procesos de movilización de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, en cambio, las protestas lideradas por los pueblos indígenas han sido acompañadas y legitimadas por amplios sectores de la sociedad. Este hecho rompió con una larga tradición de prejuicio y discriminación racial de la sociedad urbana y mestiza hacia los pueblos indígenas, y resultó en manifestaciones masivas y muy extendidas en el territorio nacional.

  Las protestas lograron aglutinar a los 23 pueblos que conforman Guatemala. Amplios sectores de la sociedad llevaron a cabo bloqueos de carreteras en los principales puntos de tránsito del país. El tránsito de alimentos y de servicios médicos o de asistencia no se vieron obstruidos, ya que los manifestantes les liberaron el paso.

  Los bloqueos fueron una manifestación de alegría ciudadana sin precedentes. La ciudadanía retomó y recuperó el espacio público, hubo bailes en las calles tomadas, juegos de fútbol, clases de yoga y de ajedrez.

  Una característica central de las protestas fue su carácter pacífico. Frente a las provocaciones de actores externos y de la policía nacional, la ciudadanía respondió con acciones no violentas. Durante 100 días mantuvo una concentración frente a la sede central del Ministerio Público. Los manifestantes no dejaron su lugar y continuaron reclamando la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por sus reiterados intentos de anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo.

  ¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno?

  El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, tiene ante sí importantes retos. Aunque controlará el Poder Ejecutivo, el Legislativo sigue altamente capturado por las mafias. De 160 parlamentarios, alrededor de 130 pertenecen a grupos que integran lo que en Guatemala es popularmente conocido como el “pacto de corruptos”. Lo mismo sucede con el sistema de justicia.

  Bernardo Arévalo tiene el enorme reto de reconstruir la institucionalidad pública. La corrupción y la impunidad han llegado a niveles tales que servicios tan esenciales como sacar un documento de identidad se han convertido en un suplicio. Se debe reconstruir la infraestructura para que los ciudadanos podamos acceder de manera gratuita a servicios esenciales como la salud y la educación y se ponga freno a la larga lista de violaciones de derechos humanos que sufre la población guatemalteca.

  Otro gran reto es generar un proceso sistemático y permanente de diálogo con la sociedad civil. En particular, se debe dar reconocimiento a los pueblos indígenas, históricamente relegados y vulnerados por el Estado guatemalteco, como sujetos políticos centrales.

  El gobierno del Movimiento Semilla tendrá tan solo cuatro años para dar respuestas a estos desafíos. Esperamos que su mandato funcione como un período de transición que dé inicio a un largo período de gobiernos que respondan a los intereses de la mayoría de la población.

  ¿Qué cambios en la situación de las personas defensoras de derechos humanos cabe esperar a partir del cambio de gobierno?

  En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Defensor de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, iniciado a raíz del asesinato de un defensor en el año 2004. Nuestra petición a la Corte fue que se incluyera como medida de reparación la construcción de una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos. La Corte aceptó esta solicitud y la incluyó en su resolución, imponiendo cinco parámetros para el diseño de dicha política pública.

  Pero los esfuerzos de construcción de esta política quedaron truncos y al día de hoy solamente contamos con un documento borrador. Por lo tanto, será una responsabilidad central del nuevo gobierno culminar este proceso y comprometerse no solo a aprobar la política sino también a volcar los recursos necesarios para su implementación.

  Otra de sus responsabilidades en esta materia consistirá en impulsar una agenda legislativa para desmantelar toda la legislación criminalizadora que fue aprobada en los últimos años. Este proceso debe ir de la mano con un ejercicio activo de las instituciones encargadas de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

  ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar el proceso de construcción democrática en Guatemala?

  El riesgo de ruptura constitucional sigue presente. El nuevo gobierno deberá enfrentar a una de las oligarquías más conservadoras y atrasadas del continente, responsable del delito de genocidio. Quitarles sus privilegios a estos sectores no será tarea fácil.

  Por lo tanto, el continuo acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional serán sumamente necesarios. El intercambio de información y buenas prácticas, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la asistencia técnica serían formas cruciales de respaldo.

  El 14 de enero, fecha de la asunción presidencial, comienza un período de transición democrática que promete dejar atrás la corrupción y la ilegalidad. Tanto el nuevo gobierno como la sociedad civil guatemalteca necesitarán de todo el apoyo posible para conseguirlo.

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  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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