restricciones
-
Cinco razones por las que las elecciones en Nicaragua no garantizan derechos humanos
El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril del 2018. Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas.
Mientras el Presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, así como también otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Estas violaciones de derechos humanos han afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, respecto de quienes se ha reportado un impacto diferenciado.
Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos 7 candidatos presidenciales. Algunas de estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante meses y semanas. Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, facilitada por la falta de independencia judicial y por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional, que ha sancionado leyes que violan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a votar y postularse para cargos públicos en elecciones libres y justas.
Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la crisis de derechos humanos.
1. DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS
Desde el 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente desde hace tiempo en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
El Estado nicaragüense debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a y ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad.
2. FALTA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios. Frecuentemente, las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección. La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección.
Asimismo, las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales.
El Estado nicaragüense debegarantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral.
3. VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA
Las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Como parte de esta táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación.
Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.
Además, el gobierno sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de la comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo investigaciones administrativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautación de sus bienes. En este preocupante escenario, no sólo se violan los derechos de los profesionales y medios atacados, sino que también se ve limitado el acceso a la información de la población en general, lo cual es clave para el adecuado ejercicio de los derechos políticos.
El Estado nicaragüense debe proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral. Además, debe detener el hostigamiento, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado.
4. VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS
El gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos. A su vez, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos de oposición, impidiéndoles participar de las elecciones.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la“Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde fines de mayo. Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos.
Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantizaría el pleno ejercicio de los derechos políticos.
El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación.
El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.
5. FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA
En respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos. De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma.
A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifiestan y promueven el respeto a los derechos humanos ha continuado.
El reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.
El Estado nicaragüense debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral.
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Human Rights Watch
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
Organización Mundial Contra la Tortura
People in Need
Red Internacional de Derechos Humanos
Women’s Link Worldwide
-
HONDURAS: “Debemos atacar el origen del problema: la entrega de los recursos naturales”
CIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?
El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.
El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.
Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.
Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.
El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.
Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.
En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.
En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.
La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.
En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural.
De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.
¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?
Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.
Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.
En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.
El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.
Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.
Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.
¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?
Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022.
En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.
Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes.
¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?
A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.
En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.
La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.
Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.
¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?
El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.
Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.
En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.
¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?
El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.
Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.
El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
Conozca más sobre el caso Guapinol en susitio web y siga a@Edy_Tabora en Twitter. -
HONDURAS: “La sentencia de la Corte Interamericana marca un antes y un después para las personas LGBTQI+”
CIVICUS conversa con Indyra Mendoza, fundadora ycoordinadora general de la Red Lésbica Cattrachas, una organización lésbica feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Honduras. En marzo de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió unfallo en el caso de Vicky Hernández. Vicky, mujer trans y defensora de derechos humanos, fue asesinada entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, mientras regía un toque de queda a continuación de un golpe de Estado. Su asesinato ocurrió en un contexto de enorme discriminación y violencia, incluso de parte de la fuerza pública, contra las personas LGBTQI+.
¿Cómo fue el proceso que resultó en el fallo de la Corte IDH? ¿Cuál fue el rol de Cattrachas?
El Observatorio de Violencia de la Red Lésbica Cattrachas registró el caso de Vicky y enseguida lo identificó como un potencial caso de litigio estratégico, ya que fue uno de los primeros asesinatos de personas LGBTQI+ tras el golpe de Estado.
Ya antes del golpe de Estado, Cattrachas había identificado un patrón de violencia no letal hacia mujeres trans propiciado por agentes policiales. Y si bien ya habíamos registrado 20 muertes violentas de personas LGBTQI+ ocurridas entre 1998 y 2008, los asesinatos de personas LGBTQI+ se incrementaron tras el golpe de Estado en 2009, en particular el número de mujeres trans asesinadas incrementó. El Observatorio registró un total de 15 muertes violentas de mujeres trans, en su mayoría ocurridas durante toques de queda o estados de excepción decretados ilegalmente por el gobierno, cuando la custodia absoluta de las calles estaba en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.
En el caso de Vicky, Cattrachas tuvo conocimiento de que no se había practicado autopsia, contactó a la familia y corroboró que se habían llevado a cabo muy pocas diligencias investigativas. El 23 de diciembre de 2012 Cattrachas presentó la petición inicial por el asesinato de Vicky ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; posteriormente se sumaría Robert F. Kennedy Human Rights, una organización de derechos humanos de los Estados Unidos. La Comisión emitió su informe de fondo, que estableció que había habido violaciones de derechos humanos, el 7 de diciembre de 2018 y envió el caso a la Corte IDH el 30 de abril de 2019. La audiencia pública se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre de 2020.
Finalmente, el 26 de marzo de 2021 la Corte IDH dictó una sentencia que declaró al Estado de Honduras responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, la privacidad, la libertad de expresión y el nombre en perjuicio de Vicky. Dictaminó además que el Estado de Honduras incumplió con la obligación establecida en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém Do Pará. Por otra parte, la Corte IDH estableció que la muerte de Vicky no fue investigada con la debida diligencia, por lo que condenó a Honduras por la violación del debido proceso, la protección judicial y la obligación establecida en el artículo 7.b de dicha Convención. Por último, la Corte declaró que se había violado el derecho a la integridad personal de las familiares de Vicky. La sentencia fue notificada el 28 de junio de 2021, a 12 años de consumados el golpe de Estado y el transfemicidio de Vicky Hernández.
La resolución de este caso fue excepcional. ¿A qué se debió esta excepción?
La resolución fue excepcional debido a las múltiples interseccionalidades de violencia presentes en la vida de Vicky. Vicky era una mujer trans, hondureña, joven, defensora de derechos humanos, trabajadora sexual, que vivía con VIH, contaba con escasos recursos económicos y en algún momento de su vida había sido migrante a causa de la precariedad laboral. El caso de Vicky es el primer caso de violencia letal en contra de una persona LGBTQI+ que se dio en la intersección de dos contextos relevantes: el golpe de Estado de 2009 y el contexto de violencia estructural que las personas LGBTQI+, y en particular las mujeres trans, viven en Honduras.
El caso permitió a la Corte reiterar estándares sobre el derecho a la identidad de género, la igualdad y no discriminación, e insistir en que, en contextos de violencia, subordinación y discriminación históricas, en este caso contra las personas trans, los compromisos internacionales imponen al Estado una responsabilidad reforzada. Asimismo, mediante una interpretación evolutiva la Corte estableció que las mujeres trans son mujeres, y por ende están protegidas por la Convención de Belém Do Pará.
¿Cuál es la significación de este fallo para las personas LGBTQI+ en Honduras?
La sentencia en el caso de Vicky marca un antes y un después, ya que establece garantías de no repetición que deben transformarse en políticas públicas a favor de las personas LGBTQI+.
Las medidas que establece la sentencia incluyen el establecimiento de una beca educativa para personas trans, que llevará el nombre de Vicky Hernández, la puesta en marcha de un plan de formación, sensibilización y capacitación para cuerpos de seguridad, la adopción de protocolos para el diagnóstico, la recopilación de datos, el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra personas LGBTQI+, y la adopción de un procedimiento para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad y en los registros públicos. Este procedimiento debe guiarse por los estándares de la Opinión Consultiva 24/17, lo cual implica que no requerirá de ninguna ley, debe ser expedito, no requiere exámenes patologizantes, no debe existir un registro histórico de los cambios y debe ser, en la medida de lo posible, gratuito.
A más de una década del asesinato de Vicky Hernández, ¿cuál es la situación de las personas LGBTQI+ en Honduras?
Las personas LGBTQI+ en Honduras nos enfrentamos a limitaciones constitucionales y legales basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género que nos prohíben el acceso al matrimonio igualitario así como al reconocimiento del matrimonio celebrado en el extranjero, la unión de hecho, la adopción, la visita íntima en centros penitenciarios, el cambio de nombre basado en la identidad de género y la donación de sangre. Específicamente en relación con el cambio de nombre, la sentencia de la Corte IDH en el caso de Vicky manda al Estado a establecer un procedimiento adecuado y efectivo para poder reconocer la identidad de las personas trans.
Honduras es el país con la tasa de muertes violentas de personas LGBTQI+ más alta de Latinoamérica y el Caribe. Desde el transfemicidio de Vicky a la fecha han asesinado a 388 personas LGBTQI+ en Honduras y una persona se encuentra desaparecida; 221 de esas personas son gays, 112 son trans y 46 lesbianas; tan solo 83 casos han sido judicializados, resultando en 11 sentencias absolutorias y 34 sentencias condenatorias, lo cual refleja un 91% de impunidad.
En suma, las personas LGBTQI+ no solo nos enfrentamos a obstáculos legales grandes, sino también a un contexto de violencia letal muy alto y a la falta de acceso a la justicia.
El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Cattrachas a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CATTRACHAS en Twitter. -
MYANMAR: “Casi todos los detenidos nos dicen que fueron golpeados”
CIVICUS conversa con Manny Maung, investigador en Myanmar de Human Rights Watch (HRW), acerca de la situación de derechos humanos en Myanmar. Anteriormente Manny fue periodista y pasó muchos años viviendo y trabajando en Myanmar.
Myanmar sigue figurando en la lista de vigilancia de CIVICUS, que incluye a países que recientemente han experimentado rápido deterioro de sus libertades cívicas. En Myanmar los militares tomaron el poder mediante un golpe de estado el 1º de febrero de 2021, arrestaron a los líderes civiles de los gobiernos nacional y estaduales y lanzaron una brutal represión contra el movimiento de protesta en todo el país. Más de seis meses más tarde, el asalto al espacio cívico continúa. Miles de personas han sido detenidas y encarceladas arbitrariamente. Muchas enfrentan acusaciones infundados y se han denunciado torturas y malos tratos durante los interrogatorios, así como muertes bajo custodia.
¿Cuál es la situación de las libertades cívicas en Myanmar a más de cinco meses del golpe?
Desde el golpe militar del 1º de febrero, hemos asistido a un rápido deterioro de la situación. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y cientos han sido asesinadas, mientras que muchas más están escondidas e intentan evitar ser detenidas. HRW ha determinado que los militares han cometido contra la población abusos que equivalen a crímenes contra la humanidad, por lo que es evidente que la situación para la sociedad civil es extremadamente peligrosa, ya que las libertades cívicas se han vuelto inexistentes.
¿Sigue activo el movimiento de desobediencia civil (MDC) a pesar de la represión?
Se siguen realizando protestas a diario, aunque son más pequeñas y ad hoc. Se producen protestas relámpago en todo Myanmar, no solamente en las principales ciudades. Pero estas manifestaciones están ahora algo acalladas, no sólo por la violenta represión de las fuerzas de seguridad, sino también por la devastadora tercera oleada de infecciones por COVID-19. Se han dictado cientos de órdenes de detención contra los líderes de las protestas, incluidos casi 600 médicos que han participado en o liderado el MDC. Periodistas, abogados y líderes de la sociedad civil han sido objeto de ataques, al igual que cualquiera que sea considerado un líder de la protesta o de la huelga. En algunos casos, si las autoridades no encuentran a la persona que pretenden detener, arrestan a sus familiares como forma de castigo colectivo.
¿Cuál es la situación de los manifestantes que han sido detenidos y encarcelados?
Casi todas las personas con las que hablamos que fueron detenidas o acorraladas durante la represión generalizada de las protestas nos cuentan que fueron golpeadas cuando fueron detenidas o mientras estaban retenidas en centros de interrogatorio militares. Un adolescente describió que le golpearon tan fuerte con la culata de un rifle que se desmayó entre entre una y otra paliza. También describió cómo le obligaron a meterse en una fosa y le enterraron hasta el cuello mientras tenía los ojos vendados, todo ello porque las autoridades sospechaban que era un líder de la protesta. Otros han relatado las graves palizas que les propinaron mientras estaban esposados a una silla, que les fueron negados agua y alimentos, que se les privó del sueño y que sufrieron violencia sexual o amenazas de violación.
Muchos de los manifestantes que siguen detenidos no han tenido realmente un juicio. Algunos han sido acusados y condenados, pero se trata de un número pequeño comparado con los miles que están esperando que sus casos avancen. Muchos de los detenidos que ya han salido de la cárcel nos dicen que han tenido un contacto mínimo, si es que han tenido alguno, con sus abogados. Pero los abogados que los representan también corren riesgos. Al menos seis abogados que defienden a presos políticos han sido detenidos, tres de ellos mientras representaban a un cliente en un proceso judicial.
¿Cómo ha afectado al MDC la interrupción de los servicios de internet y televisión?
La prohibición de la televisión por satélite se ha sumado a las restricciones del acceso a la información. La Junta alegó que las “organizaciones ilegales y las organizaciones de noticias” estaban emitiendo por satélite programas que amenazaban la seguridad del Estado. Pero las prohibiciones parecen dirigirse principalmente a los canales de noticias extranjeros que emiten por satélite en Myanmar, entre ellos dos emisoras independientes en lengua birmana, Voz Democrática de Birmania y Mizzima, a las que la Junta revocó sus licencias de medios en marzo. Los cortes de internet también han dificultado el acceso a la información y la comunicación en tiempo real.
Los cortes generalizados de internet son una forma de castigo colectivo. Dificultan el acceso a la información y las comunicaciones necesarias para la vida cotidiana, y resultan especialmente disruptivos durante la crisis y la pandemia de COVID-19. Las restricciones también dan cobertura a los abusos de derechos humanos y complican los esfuerzos para documentar las violaciones.
¿Por qué ha aumentado la violencia en las zonas étnicas, y cuáles son sus blancos preferidos?
En algunas partes del país el golpe provocó la reanudación de los combates entre grupos étnicos armados y el ejército. El estado de Rakhine parece ser la excepción, ya que allí el Ejército de Arakan ha negociado un alto el fuego y las protestas contra los militares no han sido tan ruidosas ni generalizadas. Otros grupos étnicos armados, como el Ejército por la Independencia de Kachin y el Ejército de Liberación Nacional de Karen (KNLA), han acogido con satisfacción la resistencia frente a los militares y están proporcionando refugio a quienes huyen de los militares en los territorios que controlan. Los renovados enfrentamientos entre el ejército y el KNLA han dado lugar a diversas violaciones de derechos humanos de la población civil y han desplazado a miles de personas en la frontera entre Tailandia y Myanmar.
¿Qué opina de la respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la situación de Myanmar?
La ASEAN ha intentado utilizar los canales diplomáticos, pero esta situación no es la habitual. Los militares se han hecho con el poder y han estado cometiendo crímenes contra su propio pueblo, una población civil que ya ha expresado su preferencia en las elecciones. Tras meses de negociaciones inútiles, la ASEAN debería estar preparada para imponer sanciones a Myanmar. Como naciones independientes, los Estados miembros de la ASEAN deben actuar juntos e imponer sanciones selectivas a Myanmar para garantizar que los militares dejen de actuar con total impunidad.
La reacción del general Min Aung Hlaing, que se ha autoproclamado primer ministro, ante el plan de consenso de cinco puntos propuesto por la ASEAN, muestra su absoluto desprecio por la diplomacia regional y pone de manifiesto que sólo responderá a demostraciones de fuerza, tales como la de cortar su acceso y el de los militares a ingresos del exterior mediante la imposición de sanciones.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil e impulsar el retorno a la democracia?
HRW recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. El CSNU y países influyentes como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, India, Tailandia y la Unión Europea deberían aplicar sanciones coordinadas para presionar a la junta. El CSNU también debería aprobar una resolución para prohibir la venta de armas a Myanmar.
En cuanto a las organizaciones internacionales de la sociedad civil, deben seguir defendiendo a los miembros de la sociedad civil que actualmente se encuentran escondidos o detenidos arbitrariamente. Esto significa seguir presionando para que se reconozca la gravedad de la crisis política y humanitaria en Myanmar y presionar a los gobiernos para que actúen en beneficio del pueblo de Myanmar.
El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
Siga a @mannymaung en Twitter.
-
Venezuela: Las restricciones al espacio cívico continúan sin cesar, mientras el gobierno no cumple sus compromisos
Presentada por Carlos Correa, Espacio Público
Gracias, Sr. Presidente.
En los últimos cinco años, Venezuela promovió restricciones injustificadas al espacio cívico, incluyendo los derechos a reunirse pacíficamente y a la libertad de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas en 2016, implementó parcialmente 7.
Se ha reprimido el espacio para la sociedad civil. A pesar de aceptar las recomendaciones para garantizar la libertad de expresión en línea, las restricciones continúan. Venezuela se comprometió a velar por el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y personal humanitario, pero la persecución judicial sigue. Las autoridades adoptan un discurso descalificador que busca justificar los ataques al ejercicio de la libertad de asociación y expresión.
Hoy al menos 45 portales de noticias están bloqueados en Venezuela. Entre enero y abril de este año 2022, 43 periodistas fueron víctimas de restricciones ilegítimas para hacer su trabajo. Mientras este proceso del EPU estaba en curso, se anunció un proyecto de ley para controlar los fondos de la cooperación internacional. En el último año, al menos 8 personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas y se mantienen procesos penales en su contra.
Lamentamos que Venezuela haya aceptado 27 de las 53 recomendaciones que recibió sobre el espacio cívico durante este tercer ciclo.
Señor Presidente, Espacio Público y CIVICUS hacen un llamado al Gobierno de Venezuela para que tome medidas concretas para abordar estas preocupaciones, incluyendo: la derogación de las restricciones legales indebidas a la sociedad civil y a la prensa, la restitución de los medios de comunicación cerrados injustificadamente, el cese de la censura, así como la liberación de todas las personas detenidas por expresarse y defender derechos.
Muchas gracias.
-
ZAMBIA: "Las prácticas electorales observadas hasta ahora no indican buenas lecciones para la región"
CIVICUS conversa con McDonald Chipenzi, Director Ejecutivo de la iniciativa Servicios de Gobernanza, Elecciones, Incidencia e Investigación (GEARS, Governance, Elections, Advocacy, Research Services) y presidente del Consejo de ONG de Zambia, acerca del estado del espacio cívico en vísperas de las cruciales elecciones generales que se celebrarán el 12 de agosto de 2021.¿Cuál es la situación del espacio cívico y las libertades de los medios de comunicación antes de las elecciones?
El espacio cívico y mediático en Zambia sigue siendo frágil y se ha ido reduciendo a causa de restricciones legales. Esto se ha visto agravado por el estallido de la pandemia de COVID-19 y la imposición de nuevas normas y directrices que han aumentado las restricciones a la libertad de movimiento y a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de la ciudadanía. Esto ha resultado en una ineficaz participación de la ciudadanía en los asuntos públicos nacionales.
Las normas y directrices relativas al COVID-19 han agravado el ya delicado y restringido estado del espacio cívico, mediático y político en Zambia. Estas restricciones son el resultado de la aplicación selectiva de leyes arcaicas, como la Ley de Orden Público de 1955, y de leyes recientemente promulgadas, como la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelitos de 2021, cuyo objetivo es interceptar, vigilar e interferir en las conversaciones, la correspondencia y las comunicaciones de la ciudadanía, incluso sin orden judicial. Esta nueva ley, que se considera destinada a reducir el espacio cívico virtual, ha infundido temor en la ciudadanía, disuadiéndola de participar efectivamente en forma virtual. Como resultado, muchas personas han optado por permanecer en silencio o han abandonado plataformas virtuales como WhatsApp y Facebook.
El espacio de los medios de comunicación también sigue marcado por la intimidación y el acoso como resultado de leyes restrictivas y de las acciones de las élites gobernantes. El cierre de Prime TV, una cadena de televisión privada, en marzo de 2021, tuvo un efecto paralizador en la comunidad de los medios de comunicación. La mayoría de ellos temen ahora acoger voces críticas y líderes de la oposición. Temen perder la publicidad del gobierno y otras oportunidades de negocios. Los actores más cercanos a los poderes fácticos también se distancian de los medios de comunicación que dan cabida a las voces críticas.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad civil de cara a las elecciones?
La principal preocupación de la sociedad civil es la seguridad de todos los involucrados, ya que la policía no se compromete a proporcionar seguridad a todos por igual. La policía se ha mostrado reacia a hacer frente a la violencia perpetuada por las élites del partido gobernante, e incluso ha contribuido a ella. Se teme que el día de las elecciones, cuando algunos partidos sientan que están perdiendo en algunos distritos electorales, realicen acciones disruptivas para obligar a repetir la votación, lo cual podría beneficiarles.
Otra preocupación es la posibilidad de que se produzca un corte de internet, de los servicios de telefonía móvil y de las redes sociales, especialmente después de la votación, para tratar de ocultar los resultados.
Una tercera preocupación es la pandemia de COVID-19, que se temió que se extendería si los partidos políticos celebraban mítines. Según el Ministerio de Salud y la Comisión Electoral de Zambia (CEZ), los mítines fueron considerados potenciales eventos de superdifusión de la COVID-19, por lo que se recomendó su prohibición. Esto afectó sobre todo a la oposición, ya que los funcionarios del partido gobernante continuaron utilizando las inauguraciones e inspecciones de proyectos de desarrollo como excusa para hacer campaña.
Hay que tener en cuenta que el grupo de trabajo sobre COVID-19 formado por la CEZ para desarrollar las directrices estuvo dominado por las instituciones gubernamentales. De las 14 instituciones representadas, nueve eran gubernamentales, y hubo apenas tres espacios para los medios de comunicación y dos para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de género y agua y saneamiento.
Para prevenir la violencia y mantenerla bajo control en caso de que se produzca, la sociedad civil trabaja con la policía, alentándola a ser más profesional y ética, y con los partidos políticos, para que proporcionen orientación a sus cuadros. También está haciendo un llamamiento al presidente de la República para que libere a la policía para que pueda enfrentarse a los delincuentes independientemente de su filiación partidaria.
En cuanto a la posibilidad de un corte de los medios de comunicación y de internet, las organizaciones de la sociedad civil han enviado peticiones al presidente de la República para que se abstenga de interrumpir el servicio de internet o las redes sociales durante y después de las elecciones.
Para estas elecciones, la Iniciativa GEARS desarrolló la llamada “estrategia Ing'ombe Ilede”, que permitirá recolectar los resultados electorales en caso de un corte de internet. Se ha designado un lugar común para que los coordinadores de circunscripción y de provincia que participan en las elecciones compartan sus documentos sin necesidad de reunirse. Esta estrategia está inspirada en las antiguas tácticas comerciales utilizadas en un lugar llamado Ing'ombe Ilede, situado en el valle de Gwembe, en una provincia del sur de Zambia. Creemos que esta estrategia ayudará a sortear un posible corte de internet, sobre el cual ya ha advertido el gobierno.
¿Está aumentando la polarización en vísperas de las elecciones? ¿Qué efectos tendrán las elecciones sobre la división social y política?
Las elecciones han polarizado al país, ya que los políticos del partido gobernante están utilizando el regionalismo y el tribalismo para ganar votos en sus supuestos bastiones. El impacto de esto será una profunda división después de las elecciones, especialmente si el partido gobernante gana las elecciones, ya que marginará a quienes considere que no lo apoyaron en las elecciones. Los grupos o regiones percibidos como baluartes del principal partido de oposición ya han sido marginados y discriminados en términos de oportunidades económicas y de desarrollo, incluido el reparto de cargos políticos en el gobierno.
Las oportunidades de empleo y negocios también son un coto de quienes son percibidos como partidarios del partido gobernante. Los mercados y las estaciones de autobuses están en manos de partidarios del partido gobernante y no de los ayuntamientos. Esto ha reducido el espacio cívico de muchos ciudadanos que sobreviven gracias al comercio en los mercados y las estaciones de autobús, ya que les ha llevado a adoptar la llamada “estrategia de la sandía”, así designada porque dicha fruta es verde (el color del partido gobernante) por fuera y roja (el color de la oposición) por dentro. Esto les permite sobrevivir en esos mercados, paradas de autobús y estaciones y paradas de taxi. Esta situación puede agravarse si el partido gobernante mantiene el poder.
¿Cuál es la situación de la economía, y cómo influirá en las decisiones de los votantes?
El estado de la economía zambiana no es bueno, sino que afecta a muchos ciudadanos de a pie. La moneda local, el kwacha, ha seguido depreciándose frente a las principales divisas convertibles. El costo de vida se ha cuadruplicado y los precios de los productos básicos se han disparado. Los pobres apenas consiguen vivir mientras las élites políticas gobernantes duermen encima del dinero debido a la excesiva corrupción y al abuso de los recursos del Estado en ausencia de controles y rendición de cuentas. Los pobres comen para vivir, no viven para comer. Esto tendrá un fuerte impacto en las zonas periurbanas de las principales ciudades, como Lusaka y los pueblos de Copperbelt.
La población rural, por su parte, puede que no se vea tan afectada por la situación de la economía, ya que la mayoría recogió buenas cosechas en las últimas temporadas de lluvias y también se benefició de un plan de transferencias sociales en efectivo dirigido a las personas mayores y e sectores vulnerables, que ahora se ha convertido en una herramienta de campaña. Además, los votantes rurales tienden a ser conservadores y a votar por los partidos políticos tradicionales preferidos por sus antepasados.
Zambia ha sido conocida como un bastión de la democracia en la región. ¿Qué impacto tendrán estas elecciones sobre la democracia, tanto en Zambia como en la región?
Esta elección es clave para el desarrollo de una tendencia regional sobre el manejo electoral. Si se gestiona muy mal y desemboca en el caos, puede influir negativamente en la región, ya que los líderes de la mayoría de los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) suelen copiarse unos a otros. Al tratarse de una de las pocas elecciones celebradas en la región durante la pandemia de COVID-19 tras las históricas elecciones de Malawi, Zambia tiene la oportunidad de demostrar que sigue siendo el bastión de la democracia en la SADC.
Sin embargo, las prácticas observadas hasta ahora no indican buenas lecciones para la región. Por ejemplo, la cancelación de mítines y otras actividades de campaña, principalmente dirigidas contra la oposición, mientras el partido gobernante y los funcionarios públicos siguen realizando sus campañas, es una muy mala lección para la democracia, la competencia justa y la credibilidad de las elecciones. La aplicación selectiva del código de conducta electoral por parte de la autoridad electoral es también un muy mal ejemplo para la región. Por lo tanto, la región tendrá que separar las buenas prácticas de las malas. Sin embargo, la mayoría de las instituciones electorales y los líderes políticos se inclinan más por las malas prácticas y dejan de lado las buenas, ya que aquellas benefician a los titulares del poder.
¿Qué pueden hacer los grupos regionales y globales de la sociedad civil para apoyar a la sociedad civil zambiana durante este periodo de elecciones y tras ellas?
La sociedad civil regional y global tiene un rol importante que desempeñar para garantizar que en Zambia prevalezca la paz y que después de las elecciones no se produzcan intimidaciones y acosos dirigidos contra el movimiento de la sociedad civil. Es necesario vigilar los acontecimientos postelectorales, especialmente en lo que respecta a las maniobras para reducir el espacio cívico. A pocos días de las elecciones, el 9 de agosto, el Secretario Permanente del Ministerio de Información y Radiodifusión, Amos Malupenga, emitió un comunicado en el que advertía a la ciudadanía que el gobierno podría cortar internet antes de las elecciones, lo cual supone una amenaza directa para el disfrute de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en línea de la ciudadanía durante y después de las elecciones.
El ejército y otras fuerzas de defensa, además de la policía, se han desplegado en las calles de todo el país con el pretexto de sofocar cualquier posible acto de violencia política y electoral. Esto puede dar lugar a abusos que socaven el espacio cívico físico. Por lo tanto, el espacio cívico y político tanto físico como virtual continuarán constantemente bajo amenaza del establishment durante y después de las elecciones, como lo han estado antes.
La sociedad civil y los medios de comunicación críticos son blancos potenciales de intimidación y acoso tras las elecciones; de ahí la necesidad de que la sociedad civil global y regional apoye a la sociedad civil de Zambia con estrategias para contrarrestar las represalias que tras las elecciones pueda imponerles la maquinaria estatal. Si el gobierno actual gana, su categorización, marginación y discriminación de las organizaciones de la sociedad civil según su filiación partidaria real o percibida empeorará tras las elecciones.
Dado que el proceso de derogación de la Ley de ONG sigue en curso, el periodo postelectoral podría ser testigo de la adopción de un nuevo enfoque para completarlo.
Se necesitarán estrategias de solidaridad y fondos legales para ayudar a quienes puedan ser incriminados y acusados bajo leyes arcaicas. Es necesario seguir desafiando la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelitos, la Ley de Orden Público y la Ley de ONG. Para ello, es necesario que la sociedad civil regional y global apoye, defienda, promueva y proteja el espacio cívico y mediático en Zambia antes, durante y después de las elecciones.
El espacio cívico en Zambia es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con GEARS a través de su página de Facebook y siga a @GearsZambia en Twitter.