Elecciones

• #BEIJING25: “Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida”

  En ocasión del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

  CIVICUS conversa con Pakou Hang, Directora de Programas de Vote Run Lead (Vota Compite Lidera), una organización dedicada a capacitar a mujeres para que se postulen para cargos políticos y ganen la elección, aumentando la representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Fundada en 2014, ya ha alcanzado a más de 36.000 mujeres en los Estados Unidos, casi el 60% de las cuales son mujeres de color y el 20% procede de las zonas rurales. Numerosas graduadas de Vote Run Lead ahora ocupan puestos en ayuntamientos, juntas de condado, cámaras estatales, cortes supremas y en el Congreso de los Estados Unidos.

  

  Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales?

  Se ha avanzado mucho desde 1995, pero todavía queda mucho por hacer y todavía estamos lejos de la equidad. En términos de representación política ha habido algunos avances, pero estos también han sido lentos: a nivel global, a principios de 2019 el 24,3% de los integrantes de los parlamentos nacionales eran mujeres, en comparación con apenas 11,3% en 1995. Solo tres países en todo el mundo alcanzaron o superaron la paridad en sus cámaras bajas o legislativos unicamerales, pero han sido muchos más los que alcanzaron o superaron el umbral del 30%. Hasta el año pasado había también 11 mujeres jefas Estado y 12 jefas de gobierno; y las mujeres ocupaban casi el 21% de los puestos ministeriales, a menudo en las áreas más asociadas a las temáticas de la mujer, tales como acción social y carteras relacionadas con la familia, la niñez, la juventud, la tercera edad y la discapacidad. Así que el resultado final es mixto: se ha avanzado mucho, pero el progreso ha sido lento y está lejos de ser suficiente.

  También ha habido una gran variación entre regiones y países, desde alrededor de 16% de mujeres parlamentarias en la región del Pacífico hasta más del 40% en los países nórdicos. El promedio para las Américas es 30%, pero Estados Unidos se encuentra por debajo del promedio. El Congreso sigue siendo desproporcionadamente dominado por hombres. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población, ocupan solamente el 24% de las bancas. El Congreso también es menos racialmente diverso que el conjunto de la población, ya que el 78% de sus miembros se identifican como blancos, una proporción sustancialmente superior al 60% de la población estadounidense compuesta de personas blancas.

  Según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (Center for American Women and Politics), la situación no es muy diferente a nivel estadual: el 29,2% de los escaños legislativos estaduales y el 18% de las gobernaciones son ocupados por mujeres. Hay menos datos sobre los ejecutivos locales y el grueso de la información disponible refiere a las ciudades más grandes, el 60% de cuyos alcaldes son hombres blancos, a pesar de que estos dan cuenta de apenas el 20% de la población de esas ciudades. Aunque en 2018 más mujeres accedieron a cargos públicos locales, siguió siendo frecuente que los ayuntamientos y las comisiones de los condados incluyesen a una sola o a ninguna mujer.

  Por otro lado, a pesar del relativamente pequeño número de mujeres legisladoras, y especialmente de mujeres de color, el Congreso actual es el más diverso en la historia. Y el grupo de candidatos que se postularon para cargos legislativos en 2020 también fue el más diverso jamás visto. Por supuesto, estos candidatos recibieron fuertes ataques de los medios y de la oposición política. Pero creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva para entender la magnitud del cambio ocurrido. Sin duda que me decepcionó que termináramos con dos hombres blancos y mayores a la cabeza de las dos principales fórmulas presidenciales, pero lo cierto es que ahora también tenemos a una mujer negra y de ascendencia india como vicepresidenta electa, y eso es un avance.

  Recuerdo que cuando se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2020 llamé con la noticia a mi sobrina de nueve años. Ella estaba extasiada. Lo cual me recordó que ella pertenece a una nueva generación de estadounidenses nacidos durante la presidencia de Barack Hussein Obama. Cuando crezca sabrá que Donald Trump fue presidente, pero también sabrá que Trump fue vencido por una mujer negra de ascendencia india. Mientras hablábamos, mi sobrina me dijo: “Ya casi lo logramos, tía”. Y caí en la cuenta de que tenía razón: sí, ya casi estamos.

  ¿Por qué es importante alcanzar la paridad de género en la representación política? ¿Es solo una cuestión de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades, o también tendrá efectos positivos en las instituciones democráticas y en las políticas públicas?

  Una de las principales razones por las cuales necesitamos más mujeres en puestos gubernamentales es que ellas gobiernan en forma diferente de los hombres. Las mujeres en el gobierno son más colaborativas, más civiles, más comunicativas. Son más proclives a trabajar con miembros de otros partidos para solucionar los problemas. Consiguen más dinero para sus localidades, aprueban más leyes, y sus proyectos están más enfocados en las poblaciones más vulnerables como la niñez, la ancianidad y las personas enfermas. Las mujeres amplían la agenda política, más allá de los asuntos tradicionalmente concernientes a las mujeres. Y el resultado son mejores políticas para todas las personas, es decir no solo para las mujeres y las niñas, sino también para los hombres y los niños. Por último, dado que ellas traen a los procesos de formulación de políticas un nuevo conjunto de perspectivas y experiencias de vida, su presencia asegura que las perspectivas de las mujeres no sean dejadas de lado, y que asuntos tales como la violencia de género o el cuidado infantil no sean ignorados. En resumen, las mujeres en puestos gubernamentales tienden a ser más efectivas que los hombres. Y dada la actual situación de estancamiento político e hiperpartidismo, necesitamos hacer las cosas de un modo diferente. Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida.

  Además, la necesidad de mujeres en el poder y en la política se ha vuelto aún más crítica en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el último ciclo electoral los donantes quisieron contribuir a las campañas de las candidatas mujeres más que nunca antes, porque la pandemia los hizo tomar conciencia no solo las numerosas inequidades que atraviesan a nuestra sociedad y al sistema de salud, sino también de la labor sobresaliente que las mujeres, y en particular las mujeres de color, están llevando a cabo en sus comunidades para responder a las necesidades urgentes, cubrir las lagunas de políticas gubernamentales inadecuadas, y abordar los problemas de las comunidades excluidas que han sido desproporcionalmente afectadas por el COVID-19 y la crisis económica. Durante esta crisis, las mujeres han desempeñado roles fundamentales a la hora de mantener conectadas a las comunidades, recolectar y distribuir alimentos y otros bienes básicos para las familias necesitadas, encontrar maneras para apoyar a la actividad económica local y proveer servicios comunitarios ad hoc, entre otras cosas.

  Las investigaciones que analizan las formas en que diversos países han respondido a la pandemia parece mostrar que los países con líderes mujeres tienden a tener menos casos y menos muertes por COVID-19. Parece que las mujeres en el poder han adoptado un estilo de liderazgo transformador que puede resultar más apropiado para el manejo de crisis. Este tipo de liderazgo se centra en las relaciones humanas profundas, la inversión en el equipo de trabajo y el intercambio de conocimientos, la acción ejemplificadora y la motivación de los demás. Estas cualidades son muy útiles en nuestro contexto actual.

  ¿Por qué crees que la representación política de las mujeres en los Estados Unidos sigue siendo tan baja?

  Hay muchas razones por las cuales no tenemos paridad de género en la representación política. En primer lugar, todavía hay demasiadas razones estructurales por las cuales las mujeres no se postulan y no son elegidas. Las mujeres siguen realizando una cantidad desproporcionada de las tareas domésticas y de crianza y la cobertura mediática sigue siendo sexista, ya que se enfoca en las apariencias y en la personalidad de las mujeres más que en sus políticas. Además, las personas que ocupan las estructuras partidarias y cuentan con conocimiento político, redes de contactos y dinero siguen siendo hombres, y a menudo son ellos quienes determinan quién es políticamente viable. Por ejemplo, un hombre joven que estudió desarrollo comunitario en Harvard es considerado más viable que una mujer de mediana edad que ha desarrollado labores de organización comunitaria durante 20 años.

  Paradójicamente, las candidatas mujeres ganan elecciones en aproximadamente las mismas proporciones que sus homólogos masculinos y, según las encuestas, a los votantes les entusiasma la posibilidad de elegir mujeres. Pero la segunda razón por la cuales las mujeres no son electas es simplemente que no se postulan en las mismas cantidades que los hombres, y desde ya que si no compites no puedes ganar.

  ¿Por qué las mujeres no se postulan para cargos públicos? Quizás la razón más generalizada es que las mujeres dudan de sí mismas. No se consideran calificadas. No ven a otras mujeres que se parecen a ellas o que piensan como ellas en esas posiciones de poder y, por lo tanto, es un círculo vicioso. Y no solamente las mujeres dudan de sí mismas, sino que también lo hacen los observadores externos. De hecho, si una determinada posición de poder nunca ha sido ocupada por una mujer, entonces la pregunta que se plantea una y otra vez en los medios, en tono de duda, es: ¿podría una mujer ser elegida? Es una pregunta que escuchamos mucho durante las primarias presidenciales demócratas de 2020.

  También está el hecho de que ciertas cualidades que se consideran positivas en los hombres, como la asertividad o la ambición, adquieren una connotación negativa cuando se aplican a las mujeres. Mientras que sin duda ha habido hombres furiosos y vengativos que fueron elegidos presidente, las mujeres que son percibidas como “enojadas” o “vengativas” son consideradas desagradables y, por lo tanto, descalificadas. Las mujeres candidatas son sometidas a estándares de calificación mucho más altos, a veces por sí mismas, pero más a menudo por otras personas, y como resultado de ello carecemos de paridad de género en nuestra representación política.

  ¿Cuándo se dio cuenta de que, a diferencia de los hombres, las mujeres necesitaban entrenamiento para postularse a un cargo público?

  A pesar de haber estudiado Ciencia Política en la universidad, sentía que la política estadounidense era sucia y corrupta y nunca estuve me involucré en la política electoral. Pero en 2001 mi prima mayor, Mee Moua, decidió postularse para un escaño en el Senado estadual por el distrito Este de Saint Paul en una elección especial. El distrito Este de Saint Paul se estaba convirtiendo rápidamente en un distrito donde las minorías eran mayoría, pero aun así todos sus funcionarios electos, desde el nivel estadual al condado y la ciudad, eran hombres blancos y conservadores. Mi prima se había graduado en una universidad prestigiosa, había ejercido como abogada y había sido presidenta de la Cámara de Comercio Hmong, y decidió postularse después de ser voluntaria por años en numerosas campañas políticas. Sin embargo, como sucede a menudo con las candidatas mujeres, le dijeron que tenía que esperar su turno. Bueno, decidió no hacerlo, y como ningún actor político relevante la ayudó, reunió a nuestros 71 primos hermanos para convertirlos en su ejército de voluntarios y me reclutó a mí como jefa de campaña, porque yo era la única que había estudiado Ciencia Política. Contra todo pronóstico, sin ninguna experiencia política y en medio del invierno de Minnesota, golpeamos puertas, hicimos llamadas telefónicas, movilizamos a los votantes usando estaciones a través de las radios de la colectividad, llevamos a la gente a las urnas y ganamos. Hicimos historia al elegir al primer legislador estadual hmong en la historia de los Estados Unidos y en la historia hmong.

  En un examen retrospectivo, me doy cuenta de que dirigí la campaña basándome puramente en el instinto, alimentado a partir de mi experiencia infantil de ayudar a mis padres, que no hablaban inglés, a moverse en el mundo exterior. Y aunque ganamos, bien podría haber sucedido que enfrentáramos a un adversario mejor organizado y perdiéramos. Recién años más tarde, tras hacer una capacitación política en Camp Wellstone, me di cuenta de que las candidatas mujeres necesitábamos algo diseñado especialmente para nosotras, algo que nos interpelara directamente y nos preparara para los problemas reales que enfrentaríamos en tanto que candidatas mujeres.

  ¿Qué tipo de capacitación ofrece Vote Run Lead, y cómo ayuda a derribar las barreras que mantienen a las mujeres alejadas del poder?

  Vote Run Lead es el programa de liderazgo de mujeres más grande y diverso de los Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 38.000 mujeres para postularse a cargos públicos, incluidas mujeres rurales, mujeres trans, mujeres jóvenes y mujeres negras, indígenas y de color. Más del 55% de nuestras graduadas que compitieron en la elección general de 2020 ganaron, y el 71% de nuestras graduadas que son mujeres de color también fueron electas.

  Las mujeres que entrenamos usualmente deciden postularse a cargos públicos porque identifican algo negativo en sus comunidades y quieren arreglarlo. Pero no ven a mucha gente parecida a ellas en posiciones de poder. Vote Run Lead ofrece varios módulos de capacitación que enseñan a las mujeres todo lo que necesitan saber sobre las campañas, desde dar un discurso, armar un equipo de campaña o elaborar un mensaje, hasta recaudar fondos y motivar a la gente a votar. Pero lo que diferencia a nuestro programa de capacitación es que entrenamos a las mujeres para que se postulen tal como son. Las mujeres a menudo necesitan apoyo para verse a sí mismas como candidatas calificadas, capaces y merecedoras. Les mostramos que no necesitan buscar otra promoción u obtener otro título ya que, de hecho, su historia personal es su mayor activo. Nuestro currículo de capacitación, Run As You Are (Compite Tal Como Eres), les recuerda a las mujeres que ellas son suficiente y que son el tipo de líderes que necesitamos elegir para construir la democracia justa que merecemos.

  ¿Cuál es el perfil “típico” de la mujer que ustedes ayudan a postular? ¿Apoyan a cualquier mujer que quiera competir independientemente de su orientación política?

  No hay una graduada típica de Vote Run Lead. Somos una organización no partidaria, por lo que capacitamos a mujeres de las procedencias más diversas, de todas las profesiones, de todos los partidos políticos, y cualquiera sea nivel su desarrollo político. Nuestros valores están profundamente vinculados con la promoción de mujeres interseccionales y antirracistas comprometidas con la construcción de una democracia más justa y equitativa.

  Dado el fenómeno generalizado de la supresión de votantes en los Estados Unidos, ¿el programa también se orienta a motivar la participación electoral?

  Tradicionalmente, Vote Run Lead no utiliza un programa propio para motivar la participación electoral (GOTV, por sus siglas en inglés) ya que la mayoría de nuestras graduadas están ya sea compitiendo en una elección o trabajando en una campaña. Pero en 2020, cuando los ya elevados niveles de supresión de votantes fueron alimentados por campañas de desinformación y preocupaciones por la seguridad de la salud, Vote Run Lead lanzó un sólido programa GOTV que involucró a nuestras graduadas. Este programa GOTV incluyó ocho módulos de capacitación específicos para motivar la participación electoral, que abarcaron desde cómo responder a la apatía y el cinismo en torno a la elección, hasta cuáles plataformas digitales y herramientas de comunicación usar para promover la participación. También contactamos a más de 200 voluntarias, tuvimos 3.000 conversaciones, hicimos 30.000 llamadas telefónicas y enviamos más de 33.000 mensajes de texto para que nuestras graduadas y sus redes fueran a votar.

  Antes del verano también lanzamos una serie llamada “Tu gabinete de cocina”, con la cual capacitamos a las mujeres sobre cómo recaudar dinero, hacer contacto directo con los votantes e incluso lanzar un plan digital manteniendo la distancia social. Esas guías y seminarios virtuales se pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube y ofrecen consejos en tiempo real e información basada en evidencia.

  El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
  Contáctese con Vote Run Lead a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@VoteRunLead en Twitter.

   

• BOLIVIA: ‘La pandemia se convirtió en un justificativo para estrechar el control informacional’

  CIVICUS conversa sobre el panorama político y el calendario electoral bolivianos en el contexto de la pandemia del COVID-19 con Cristian León, director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360, un proyecto que persigue el fortalecimiento democrático de los gobiernos subnacionales y se implementa en tres países latinoamericanos.Asuntos del Sur es una organización de la sociedad civil de alcance regional, basada en Argentina, que diseña e implementa innovaciones políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Cristian León es también uno de los fundadores, y actualmente también colaborador, de InternetBolivia.org, que defiende los derechos digitales en Bolivia.

• BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

  CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

  Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

  La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

  En todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

  En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

  En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

  Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

  A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

  ¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

  La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

  Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

  Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

  Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

  La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

  Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

  Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

  Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

  Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

  ¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

  En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

  La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

  En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

  La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

  En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

  Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

  Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

  También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

  En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

  En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

  Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

  En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

  Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

  ¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

  La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

  El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

  Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

  El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

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• BRASIL: “Si Bolsonaro continúa como presidente, es una amenaza para la Amazonía y para la humanidad”

  PORTUGUESE

  CIVICUS conversa acerca de la situación del activismo ambiental en Brasil con Daniela Silva, educadora socioambiental popular y cofundadora del Proyecto Aldeas, una iniciativa de educación, arte, cultura y medio ambiente para niños y jóvenes del municipio de Altamira, en el estado brasileño de Pará.

  ¿Qué te llevó a convertirte en activista ambiental?

  Vivo en un territorio que ha sufrido grandes impactos sociales y medioambientales tras la implantación de la central hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingu. Y al igual que miles de personas, entre ellas ribereños, pescadores, indígenas, agricultores, barqueros, mujeres y jóvenes, mi familia y yo también vimos nuestras vidas fuertemente afectadas por el proyecto.

  Vivíamos en un barrio llamado Aparecida, en una comunidad de vecinos solidarios, donde niños y jóvenes jugaban en la calle sin miedo. Cuando una madre salía, dejaba a sus hijos al cuidado de algún vecino. Uno de mis mejores recuerdos es nuestro patio. Era como una granja: teníamos muchos árboles frutales, no necesitábamos dinero para comer fruta. La solidaridad se veía reforzada por el sentimiento de comunidad, que creo que está intrínsecamente ligado al sentimiento de pertenencia a un territorio. Todo esto fue destruido por un proyecto de “desarrollo” que menosprecia la subjetividad de los pueblos y las poblaciones.

  El desplazamiento provocado por la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte alejó a las familias del río Xingu, separando a comunidades que habían convivido durante décadas. Fragmentó los lazos comunitarios. Estos impactos sobre el territorio y la subjetividad tuvieron como consecuencia negativa la desconexión con la naturaleza y con el sentido de pertenencia amazónico. No sentirse parte de la Amazonia es peligroso, porque generalmente la gente solo defiende aquello que ama, conoce y de lo que se siente parte.

  Antes de que se construyera la represa, mi padre trabajaba como alfarero. Junto con mi madre, que trabajaba como funcionaria, criaron a ocho hijos. Todo se acabó con la construcción de la represa. Mi padre se quedó sin trabajo y mis hermanos también. Mi padre empezó a luchar para acceder al derecho a una pensión irrisoria. Mis hermanos se vieron obligados a buscar trabajos esporádicos en la ciudad. Fue un momento difícil. Me di cuenta de que adaptarse a una realidad impuesta es una de las peores violaciones de la dignidad humana.

  Soy activista por los derechos socioambientales y contra el racismo. Desde que era adolescente no he tenido otra opción que luchar. Somos naturaleza y, por lo tanto, tenemos que luchar por la naturaleza para garantizar un presente y un futuro mejores para nosotros y nuestros hijos e hijas.

  ¿Cómo se está movilizando la sociedad civil brasileña en favor del medio ambiente, y qué desafíos enfrenta?

  En la Amazonía hay muchos movimientos ambientales que se movilizan para denunciar los crímenes ambientales del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Pero lamentablemente las instituciones judiciales de nuestro país no han funcionado como lo indica la ley, dejándonos en una situación de vulnerabilidad.

  Muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde hace mucho tiempo en la Amazonia y otros biomas enfrentan el gran desafío de mantenerse, ya que tienen poco acceso a recursos financieros. La mayoría que logra mantenerse lo hace con financiación internacional, ya que en Brasil hay pocos incentivos para movilizar recursos domésticos. De hecho, la asfixia financiera es una de las tácticas que emplea el actual gobierno. Además, vivimos un momento económico muy negativo e inestable, con alta inflación y caída del salario real. En un país sin una cultura de la donación, esto complica aún más las cosas. En consecuencia, escasean los recursos para el mantenimiento de las organizaciones y la seguridad de quienes defienden el medio ambiente.

  Aun así, están surgiendo nuevos grupos y colectivos –como el que yo lidero, el Proyecto Aldeas–- que buscan defender la Amazonía e incluir a jóvenes en el liderazgo de los movimientos en defensa de sus territorios.

  Nuestro desafío es generar un espacio seguro, ya que estamos bajo constante amenaza. Para poder trabajar, hemos establecido alianzas con organizaciones experimentadas que pueden asesorarnos sobre las mejores prácticas para cuidar a nuestro personal, a nuestros socios y aliados e incluso a las comunidades con las que trabajamos. El trabajo en red nos ayuda a adquirir una visión amplia y a crear vínculos fuertes.

   

  ¿Qué piensas de la reciente sentencia del Supremo Tribunal Federal brasileño que reconoce al Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos?

  El Acuerdo de París es sin duda un importante instrumento jurídico, y es bueno que, en tanto que tratado de derechos humanos suscripto por el Estado brasileño, tenga rango constitucional. Pero, al igual que los demás documentos legales de Brasil, incluida la propia Constitución Federal, debe ser llevado a la práctica, especialmente por los funcionarios públicos, que continúan violando los derechos humanos y ambientales independientemente de lo que diga la Constitución brasileña.

  Para que el Acuerdo de París se implemente en el día a día de la sociedad brasileña, también es necesario que se difunda entre quienes más padecen los efectos de la crisis climática: las poblaciones indígenas, los ribereños y la población negra que vive en las periferias. También es importante que la comunidad internacional presione, mediante acciones enérgicas, al gobierno brasileño para que cumpla el acuerdo más allá del papel.

  ¿El resultado de las próximas elecciones supondrá alguna diferencia en relación con tus luchas?

  Las elecciones de octubre son quizás una de las más importantes de la historia de Brasil. Hay mucho en juego en relación con la Amazonía. Bolsonaro, el actual presidente, ha dado rienda suelta a la deforestación, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal en territorios indígenas. También está alentando la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonía.

  Con Bolsonaro no hay diálogo ni participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Si Bolsonaro continúa como presidente, es una amenaza para la Amazonía y sus pueblos, y por lo tanto para la humanidad. Estamos viviendo una crisis climática global y necesitamos que los líderes mundiales se preocupen por elaborar junto con la sociedad civil, la comunidad científica y la comunidad internacional propuestas a corto, medio y largo plazo para afrontarla.

  El avance de la deforestación en la Amazonía debería ser un factor determinante para que nos unamos para derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, pero lamentablemente no lo es. La sociedad brasileña sigue siendo muy ajena a la realidad de la Amazonía. Los grandes centros urbanos de Brasil no reconocen la realidad cotidiana de la selva y sus pueblos. La consecuencia de la ignorancia es la falta de posicionamiento enérgico contra el actual ecocidio del gobierno de Bolsonaro. Afortunadamente, hay muchos movimientos ecologistas de la Amazonía que están intentando perforar esta burbuja para que la sociedad brasileña sepa lo que está ocurriendo y se posicione.

  Ahora bien, aunque entendemos que es de suma importancia derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, también tenemos fuertes críticas a su principal rival, el Partido de los Trabajadores (PT). Al igual que los gobiernos de la derecha, los gobiernos del PT, encabezados por el actual candidato, Lula da Silva, y por su sucesora Dilma Rousseff, también produjeron acciones destructivas del medio ambiente: de hecho, Belo Monte se construyó durante los gobiernos del PT, en violación de la ley y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y ambientales.

  Pero, sin embargo, creemos que con Lula sería posible abrir diálogos y lograr una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales.

  ¿Qué crees que debería ocurrir en la próxima cumbre climática, la COP27, y qué crees que ocurrirá?

  En primer lugar, creo que es muy importante que la COP27 se celebre en territorio africano, ya que las naciones africanas se encuentran entre las más afectadas por la crisis climática provocada por un pequeño grupo de poderosos millonarios blancos. Esto les da la oportunidad de tener una mayor participación en la COP27 y exigir más ayuda a las naciones más ricas que son las causantes de la crisis climática. Espero que esta edición de la COP27 permita llevar a la práctica las promesas y los objetivos acordados. Y que mujeres, niños y adolescentes puedan ser protagonistas activos en este proceso de lucha por la justicia social y ambiental.

  Aunque esta es mi esperanza, sabemos que la COP es un terreno de conversaciones difíciles y que los gobiernos de las grandes naciones carecen de voluntad de enfrentar la realidad del cambio climático, especialmente cuando se trata de invertir financieramente y hacerse cargo de contrarrestar los daños que continúan siendo causados por su estrategia de desarrollo. Seguiremos de cerca todas las negociaciones y acuerdos. Estamos en un punto crítico y no hay tiempo que perder.

  ¿Qué tipo de apoyos de la comunidad internacional necesita el activismo ambiental de Brasil?

  La comunidad internacional es nuestra aliada en la lucha por la justicia climática, social y antirracista. Dar visibilidad al trabajo del activismo y apoyar directa e indirectamente sus luchas es una forma de ayudar. También lo es presionar a gobiernos genocidas y ecocidas como el de Bolsonaro para que respeten los derechos humanos y ambientales. Presten atención a nuestras luchas y escuchen las voces de quienes están en el territorio, en las periferias y a la vanguardia de esta guerra que peleamos a diario.

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• BURUNDI: ‘Elegir nuevos líderes no es sinónimo de democracia’

  CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones en Burundi con un activista de la sociedad civil que por razones de seguridad ha preferido conservar el anonimato.

  El 20 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19, se celebraron en Burundi elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. En marzo, dos meses antes de las elecciones, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (ONU) sobre Burundi lanzó un llamamiento a la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las instituciones regionales, para que unieran fuerzas para alentar al gobierno de Burundi a reabrir los espacios democráticos, civiles y políticos. El día de las elecciones, el presidente de la Comisión de Investigación afirmó que no estaban dadas las condiciones para realizar elecciones libres y creíbles. Segúninformó el CIVICUS Monitor, miembros de la oposición recibieron amenazas de muerte y sufrieron agresiones físicas, además de enfrentar obstáculos administrativos, ya que varias candidaturas fueron rechazadas. El líder de un partido opositor fue asesinado y otros candidatos fueron arrestados bajo acusaciones falsas. El periodismo independiente enfrentó obstáculos sistemáticos, tales como el arresto de periodistas y el bloqueo de las plataformas de redes sociales.

  

  Photo by Spencer Platt/Getty Images

  ¿Se han introducido mayores restricciones al espacio de la sociedad civil como resultado de la respuesta del gobierno de Burundi a la pandemia del COVID-19?

  El espacio cívico en Burundi se ha mantenido cerrado desde abril de 2015, tras los disturbios políticos provocados por la decisión del recientemente fallecido expresidente Pierre Nkurunziza de postularse para un controvertido tercer mandato. Esto provocó una violencia generalizada que dejó al menos 1.200 muertos y obligó a 400.000 personas a huir del país. Sorprendentemente, en marzo de 2020, mientras la pandemia del COVID-19 se propagaba en casi todos los países africanos, las autoridades de Burundi abrieron un espacio para que se llevaran a cabo campañas para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de mayo. Pero cabe concluir que el espacio cívico continúa estando cerrado en términos de las posibilidades de expresión de toda crítica abierta al modo en que se maneja políticamente el país, lo cual incluye las críticas a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia durante el período electoral.

  ¿Qué posición mantuvo la sociedad civil respecto de la decisión de celebrar elecciones durante la pandemia?

  La decisión de las autoridades de Burundi de habilitar la continuidad de las campañas electorales en un período en que muchos otros países africanos estaban tomando medidas de confinamiento para detener la propagación del COVID-19 fue interpretada como una negación de la realidad de la pandemia orientada a salvar los intereses políticos del partido gobernante, el CNDD-FDD (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia), en detrimento de la salud de la población.

  A pesar de los temores de un contagio masivo de COVID-19, una de las razones por las cuales el gobierno se apuró a realizar las elecciones fue la oportunidad de realizar un proceso electoral en ausencia de un número considerable de observadores independientes e internacionales que pudieran denunciar cualquier irregularidad. Dado que la Comisión Electoral Nacional Independiente estaba compuesta principalmente por miembros del partido gobernante, esta decisión puso al gobierno en posición de manipular los resultados de las elecciones tanto como lo quisiera.

  ¿Fue el resultado de las elecciones aceptado por la mayoría de la ciudadanía?

  El 20 de mayo de 2020 el candidato del CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, fue elegido presidente con el 71% de los votos. El partido gobernante también ganó 72 de los 100 escaños en juego en la Asamblea Nacional.

  Tan pronto como la Comisión Electoral anunció estos resultados, partidos de oposición como el Consejo Nacional para la Liberación, que quedó en un distante segundo lugar, declararon a medios extranjeros que las cifras oficiales no eran creíbles y eran el resultado de un fraude masivo. Lo cierto es que las elecciones se realizaron en un contexto de permanente represión de la oposición política, los medios independientes y la sociedad civil. No hubo observadores internacionales porque el gobierno les había advertido que, a causa de la pandemia, quienes vinieran tendrían que permanecer en cuarentena durante 14 días a partir de su llegada.

  Algunos, como la Iglesia Católica, hicieron algunas críticas discretas en relación con los incidentes que marcaron el proceso electoral. Otros susurraron -ya que en Burundi no es fácil hacer críticas abiertas- que los resultados de las elecciones habían sido manipulados. Pero eso fue todo. Miembros poderosos de la comunidad internacional, como los gobiernos de Bélgica y los Estados Unidos, se apresuraron a saludar al presidente electo, y la Comunidad de África Oriental felicitó a Burundi por haber celebrado unas elecciones “pacíficas y exitosas”.

  En mi opinión, los resultados de las elecciones fueron finalmente aceptados porque se temió que habría derramamiento de sangre si el rechazo abierto de los resultados de las elecciones por parte de la oposición fuera seguido de protestas callejeras.

  ¿Qué posibilidades hay de que el resultado de las elecciones conduzca a un mejoramiento de la democracia y el espacio cívico?

  Hay quienes dicen creer que elegir nuevos líderes es sinónimo de democracia. El resultado de las elecciones de mayo de 2020 ayudó a Burundi a cambiar los rostros de los principales líderes y a mostrar que el dictador que nos había gobernado durante 15 años ya no dirige al país. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la campaña electoral, el nombramiento de funcionarios bajo sanciones económicas europeas o estadounidenses por haber cometido abusos de derechos humanos y la retórica política utilizada para retratar a algunos países y a sus líderes como colonialistas muestran que la democracia en Burundi todavía tiene un largo camino por recorrer.

  Sin embargo, algunas medidas de lucha contra la corrupción y otros abusos que ha tomado el presidente Ndayishimiye desde que asumió el cargo nos llevan a creer que la impunidad de que gozaron algunas autoridades locales bajo el gobierno de Nkurunziza podría llegar a su fin.

  Muchos creían que el plan era que el expresidente Nkurunziza siguiera detentando el poder entre bastidores. ¿Han cambiado las perspectivas como resultado de su muerte?

  El expresidente Nkurunziza murió inesperadamente en junio, antes de que asumiera su sucesor. Como ya había un presidente electo, el Tribunal Constitucional decidió que éste debía prestar juramento con dos meses de anticipación.

  Muchos creyeron que la muerte de Nkurunziza permitiría al presidente Ndayishimiye gobernar con total independencia, y así pareció confirmarlo en su discurso inaugural, donde prometió entablar un diálogo amplio sobre todos los temas. Es demasiado pronto para asegurar que el hecho de que Nkurunziza haya quedado fuera de la ecuación permitirá que el nuevo gobierno abra el espacio cívico y para saber si el nuevo presidente aprovechará esta oportunidad. Sin embargo, resulta alentador ver que el nuevo presidente ya se ha reunido con los líderes de otros partidos políticos, con expresidentes de Burundi y con obispos de las iglesias católica y anglicana, y ha prometido promover el diálogo. Estamos ansiosos por corroborar si sus palabras se convertirán en acciones.

  Al mismo tiempo, sin embargo, recientemente el ministro del Interior ha emitido una resolución para suspender hasta nueva orden el registro de nuevas organizaciones de la sociedad civil e iglesias y el reconocimiento de las nuevas autoridades de las organizaciones. Esta decisión es inconsistente con el cambio que se busca. Si se mantiene, impedirá que la sociedad civil crezca y se convierta en un interlocutor legítimo y públicamente reconocido.

  ¿Qué debería hacer la comunidad internacional para contribuir a mejorar el espacio cívico en Burundi?

  Es difícil establecer unas pocas prioridades, ya que son muchas las cosas que es necesario poner en marcha para que Burundi se convierta en una tierra de libertades. Sin embargo, sería vital involucrar al gobierno de Burundi en un diálogo multidimensional. Es necesario relanzar la cooperación internacional de manera que ésta ayude al gobierno de Burundi a poner fin a la pobreza endémica. La comunidad internacional debe abogar por la repatriación de todas las personas refugiadas, incluidas las que tienen órdenes de arresto del gobierno de Burundi, y garantizar su protección. Y también debe ofrecer su mediación para resolver el conflicto entre Burundi y sus países vecinos, especialmente Ruanda, a fin de facilitar la circulación de personas y bienes y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

  Si se persiguen las prioridades sugeridas, las autoridades de Burundi podrían llegar a darse cuenta de que Burundi no está aislado y que la comunidad internacional no está actuando para sabotear sus intereses, sino en cambio para fortalecer los aspectos positivos de la globalización en todos los ámbitos.

  El espacio cívico en Burundi es calificado de “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

• CHILE: ‘Este histórico momento constituyente es un logro de la ciudadanía’

  CIVICUS conversa con Marcela Guillibrand De la Jara, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile y Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar. La Red de Voluntarios es una plataforma nacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas que promueven el voluntariado.Ahora Nos Toca Participar es una iniciativa de organizaciones sociales agrupadas en el Nuevo Pacto Social (NPS-Chile) que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y a cohesión social mediante la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito sobre la reforma constitucional previsto para octubre de 2020 y en el proceso constituyente que se espera que se inicie con el plebiscito. La campaña se centra en la formación ciudadana, la creación de espacios de diálogo y la generación de propuestas para alimentar el proceso constituyente.

  

  A fines de 2019 se convocó a un referéndum para disparar un eventual proceso constituyente. ¿En qué medida se trató de una victoria de la sociedad movilizada?

  En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse, para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando en nuestro país desde largo tiempo atrás.

  Todo esto fue inicialmente motivado por el descontento de los jóvenes respecto de un alza de 30 pesos (0,33 USD) en el costo de la tarifa del sistema de transporte de la capital de Chile, el Metro. En reacción al aumento se produjeron manifestaciones que primero se tradujeron en la evasión del pago del pasaje pero que eventualmente se hicieron eco en consignas tales como “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al tiempo que llevamos viviendo en democracia – desde la transición que se produjo en 1990 - y al sentimiento compartido por gran parte de la población de que no somos parte de las decisiones que se han venido tomando. Esto fue alimentado por elevados índices de desconfianza en las instituciones, una gran desafección política y la reacción contra un modelo que empujó a nuestro país a una mirada y a una participación más individualista en todos los ámbitos.

  Ante una movilización que no cedía, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de distintos sectores firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con ello se abrió a la ciudadanía la oportunidad de decidir a través de un plebiscito, que se realizará el próximo 25 de octubre, si desea una nueva constitución. Mediante el plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse además sobre el mecanismo que se utilizaría para redactar la nueva constitución: una convención constitucional, un órgano íntegramente elegido para ello, o por una convención mixta constitucional, que estaría compuesta por un 50% de congresistas actuales y un 50% de representantes elegidos para este cometido. Para un gran sector de la sociedad este proceso abre una oportunidad única de elegir de manera libre el Chile que queremos. Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro de la ciudadanía.

  En el marco de este proceso, la sociedad civil también ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso. De imponerse en el plebiscito la opción de redactar una nueva constitución, regirá para la elección de constituyentes la regla de la paridad de género. Sin embargo, ésta solo operará plenamente si se impone la opción de la convención constitucional, ya que todos los integrantes de este órgano serían elegidos en un acto eleccionario. En cambio, en el caso de la convención mixta constitucional, las reglas de paridad operarían para la mitad del cuerpo que será electo, pero no para la mitad constituida por parlamentarios que ya ocupan una banca legislativa.

  ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil chilena frente a la perspectiva de un proceso de reforma constitucional?

  A medida que se acerca la fecha del plebiscito ha aumentado el interés sobre el tema. Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia de COVID-19, y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte. Así y todo, de a poco han manifestado un interés creciente en el tema constitucional. Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación ciudadana de los cuales puedan disponer y articular distintos espacios formativos a través de plataformas digitales y de otros mecanismos para llegar a distintos territorios, tales como las radios o la mensajería de texto.

  En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red Nuevo Pacto Social, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente - que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra plataforma web, www.ahoranostocaparticipar.cl, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole. La idea es que todas las personas que lo deseen puedan encontrar respuestas en estos materiales sobre la constitución y el posible proceso constituyente, de modo de poder participar en el plebiscito de manera libre e informada y así contribuir a lograr la votación más masiva de la historia de Chile.

  A causa de la pandemia, el plebiscito originalmente planeado para abril fue postergado para octubre. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la postergación y la fijación de la nueva fecha?

  El escenario sanitario motivado por la pandemia obligó a las instituciones pertinentes a mover la fecha del plebiscito para octubre. El sector de sociedad civil con el cual nos relacionamos entendió que el cambio era necesario en función de un bien común superior, la salud de las personas. Por el momento damos por hecho que el plebiscito tendrá lugar en octubre, ya que las instituciones que podrían tomar la decisión de moverlo aún no lo han hecho, por lo que seguimos trabajando en función de esa fecha. Actualmente se están discutiendo temas relativos a la implementación del plebiscito, en primer lugar sobre los resguardos sanitarios, pero también sobre cómo promover la participación de la ciudadanía en esta instancia que sin duda tendrá características muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Se han conformado mesas de trabajo intersectoriales para trabajar en el tema. Primero el Senado formó una mesa para recibir recomendaciones y analizar experiencias comparadas con otros países que han estado en nuestra misma situación. Luego el Servicio Electoral dio continuidad a esta mesa, para seguir trabajando en la línea de garantizar un plebiscito seguro y participativo. A esta mesa han sido invitadas distintas OSC, entre ellas Ahora Nos Toca Participar. Junto a estas organizaciones produjimos un documento de recomendaciones que abarca desde los temas sanitarios hasta la regulación de las campañas, pasando por temas de acceso a información y formación ciudadana, que son nuestros temas. Actualmente, esta mesa continúa en funcionamiento.

  ¿Se están tomando medidas para que la participación ciudadana en la campaña y la votación no se vea menoscabada por efecto de la pandemia?

  El actual escenario de pandemia naturalmente nos obliga a tomar resguardos. Por de pronto, el pasado 26 de agosto, se dio inicio al periodo de propaganda electoral, esto es, a la posibilidad de hacer propaganda en lugares públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral, así como también en los medios de comunicación. El debate está teniendo lugar con mucha fuerza en las redes sociales, que dada la necesidad de tomar recaudos, evitar las aglomeraciones y el contacto físico y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad, constituyen hoy el principal espacio de visibilización.

  Cómo hacer para garantizar a todas las personas el derecho a participar el día del plebiscito es algo que ha estado en discusión. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, algunos lugares de nuestro país permanecen en confinamiento, múltiples sectores se encuentran en cuarentena por casos activos y hay comunas que habían iniciado un plan de desconfinamiento pero tuvieron que retroceder ante el rebrote del virus.

  ¿Cómo garantizamos el derecho a la participación de las personas contagiadas de COVID-19? ¿De qué alternativas disponemos? Estas son preguntas que hoy debate tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes que están en condiciones de dar una respuesta a esta demanda. 

  En esta línea, en conjunto con diversas OSC estamos impulsando una serie de recomendaciones que atienden no solamente el aspecto sanitario - para que pacientes con COVID-19 puedan sufragar – sino también cuestiones tales como la garantía del acceso a información oportuna y de formación ciudadana para todas aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la participación por múltiples razones, entre ellas por no contar con canales de información adecuados para recibir los contenidos o porque éstos no se disponibilizaban en diferentes lenguas. En ese sentido, es importante que se hagan los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la participación, no solo a quienes en este momento podrían no estar en condiciones de ejercerlo por razones de salud, sino también a quienes se han encontrado históricamente en una situación más vulnerable, tales como los adultos mayores, los miembros de pueblos originarios, las poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes.

  El espacio cívico en Chile es clasificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

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• CHILE: “Por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay voces antidemocráticas inaceptables”

  

  CIVICUS conversa con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, acerca de las elecciones presidenciales de Chile y el patrón persistente de bajo presentismo electoral. Fundada 23 años atrás, Chile Transparente es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la transparencia de las instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción. 

  ¿Cuáles son las particularidades de este proceso electoral?

  En Chile ha habido últimamente tres votaciones: primero el plebiscito nacional de octubre de 2020, que preguntó a la ciudadanía si quería una nueva constitución y, en caso afirmativo, qué cuerpo debía redactarla; luego las elecciones de convencionales constituyentes en mayo de 2021; y actualmente, con la convención constitucional funcionando, las elecciones presidenciales, que ya han tenido su primera vuelta el 21 de noviembre y tendrán su segunda vuelta el 19 de diciembre.

  Estos procesos electorales han sido bastante particulares porque cado una ha dado resultados bastante distintos en relación con el eje izquierda-derecha. Por un lado se logró una convención constitucional progresista, incluso con un componente importante de una izquierda más dura. Por el otro lado, tanto en las elecciones primarias como en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se impuso en primer lugar un candidato de la derecha más dura, José Antonio Kast, seguido por Gabriel Boric, un candidato progresista que se presenta en coalición con el Partido Comunista.

  El ambiente político está bastante polarizado, pero lo que llama más la atención es que entre el 50% y el 60% de los chilenos no va a votar. Esto vuelve los resultados de las elecciones muy inciertos; además, quien gane lo hará con el 13 o 14% de los votos de todos los electores habilitados. No sorprende que luego se generen enormes corrientes de opinión contrarias al gobierno, ya que éste nunca representa a una mayoría. 

  ¿Por qué vota tan poca gente? 

  Es paradojal, porque en el contexto actual uno hubiese esperado una mayor participación. La elección más importante desde 1988 fue la de convencionales constituyentes de 2021, y la participación no alcanzó el 50%. La única votación que superó ese umbral fue el plebiscito de 2020, con 51%, pero era diferente porque se trataba de un voto por sí o por no. Este bajo presentismo llamó la atención, porque si bien nadie esperaba que concurriera un 80 o 90%, como ocurrió en el plebiscito histórico de 1988 que le dijo “no” a la dictadura de Pinochet, sí se esperaba que la participación estuviera más cerca del 60%.

  Es muy posible que en la segunda vuelta tengamos aún menos participación, aun cuando hay dos opciones muy claras y distintas, lo cual se esperaría que motive a más personas a votar. 

  En Chile hay un problema estructural de baja participación. En parte, eso tiene que ver con que el voto es voluntario, pero también tiene que ver con el escaso atractivo de la oferta política. A pesar de que la oferta ha cambiado mucho y la última reforma en el sistema de elección de parlamentarios ha permitido un mayor pluralismo, esto no ha sido suficiente para motivar a las personas a votar. Las últimas elecciones han sido una montaña rusa muy difícil de analizar; lo único cierto es que hay por lo menos un 50% de la ciudadanía que no se siente representado en el sistema electoral.

  ¿Cómo se podría motivar a la ciudadanía para votar? 

  Ya se están haciendo algunas reformas normativas en ese sentido. El plebiscito nacional de 2022, donde la ciudadanía manifestará si está de acuerdo con la nueva constitución, va a ser con voto obligatorio. Asimismo, la votación se va a organizar en forma georreferenciada, para que la gente tenga su local de votación a una distancia caminable.

  Esto no es un detalle menor: en Chile, los lugares de votación no se asignan en función del lugar de residencia, por lo que la gente, sobre todo la de bajos recursos, tiene que tomar mucho transporte colectivo para llegar a votar. A pesar de que no le cuesta dinero, porque es gratuito, tiene que dedicar el día a ir a votar, cosa que muchos no pueden hacer. Estos cambios tendrán el efecto de aumentar los porcentajes de participación, pero va a ser muy difícil que Chile llegue en el corto plazo a una participación del 80%.

  El gran interrogante que nadie ha podido responder es quién y qué piensa el que no vota. Entre la elección de convencionales constituyentes y la elección presidencial parece haber habido un recambio de votantes. El votante más joven fue a votar en las elecciones para constituyentes, mientras que en las presidenciales tendió a participar el votante más adulto.

  ¿Qué rol desempeña Chile Transparente en el proceso electoral?

  Chile Transparente tiene un sistema de denuncias y protección a víctimas y testigos de la corrupción que ha estado recibiendo denuncias de mal uso de fondos electorales. Hoy en día estamos trancados con una polémica bastante importante que involucra al candidato que salió tercero en la primera ronda de las elecciones presidenciales, Franco Parisi. Es un candidato neopopulista cuya campaña ha tenido un financiamiento opaco.

  También trabajamos para motivar la participación y hemos participado en observaciones de procesos electorales locales que tuvieron que repetirse. Contamos con el apoyo de la Unión Europea para un programa que se llama Convención Transparente, que da a conocer el funcionamiento de la convención relevando ciertos temas que podrían parecer relativamente opacos y que hay que sacar a la luz pública.

  Somos una de las pocas organizaciones del país activas en temas de transparencia y anticorrupción y tenemos un rol muy importante junto con el periodismo de investigación.

  ¿Cómo influyó sobre estas elecciones el movimiento de protesta?

  La elección de constituyentes se alimentó de la fuerza de las protestas de 2019; de hecho, en un momento en la Convención Constitucional reflejó a las personas que estaban protestando. Pero para las elecciones presidenciales, celebradas un año después, solo quedaba la resaca de las protestas, y en los resultados se vieron reflejadas las personas que padecieron o estuvieron en contra de las protestas.

  Hay que entender que el proceso de protestas no ha sido meramente romántico, sino que vino acompañado de muchísima violencia. Entre la pandemia y la violencia, hay personas que no han podido reabrir sus negocios, que no pueden ir a trabajar tranquilas, que lo perdieron todo. Al mismo tiempo, obviamente tenemos una deuda en materia de violaciones a de derechos humanos.

  Estas tensiones se expresaron en las urnas, y seguramente tengamos una segunda vuelta de infarto, que se definirá entre un candidato que representa a una derecha muy dura, distinta de la derecha tradicional que ha gobernado en los últimos años, y un candidato que ha estado en coalición con el Partido Comunista, hasta ahora marginal en un juego político que tendía más hacia el centro.

  ¿Qué ha pasado con el otrora institucionalizado sistema de partidos chileno?

  Indudablemente hay un cansancio con la democracia de los últimos 30 años, independientemente de todos los avances que tuvo el país. Hay grandes sectores que consideran que el consenso centrista de la transición a la denominada “democracia de los acuerdos”, consistente en hacer ciertas cosas “en la medida de lo posible”, no genera soluciones. Esto condujo no solo al estallido social, sino también a una reacción conservadora. Es una situación de manual: a toda revolución le sigue una contrarrevolución.

  A esto se suma el problema de la gestión de la migración, que ha provocado un enorme vuelco electoral en todo el país, y sobre todo en el norte. Antes Chile solía votar por la izquierda y ahora votó por dos candidatos – uno de extrema derecha y otro populista - que proponían medidas más duras contra la migración, tales como la construcción de zanjas o la expulsión masiva: nada más alejado de la cultura de los derechos humanos. 

  Al mismo tiempo, a la izquierda le ha faltado una autocrítica. No ha entendido la importancia de responder al malestar con la inseguridad y atender a las víctimas de la violencia. Cuando hay un estallido de violencia, las víctimas de la violencia van a votar por quienes les ofrezcan orden. Como es sabido, en Chile hay desde hace mucho tiempo un conflicto importante con el pueblo indígena mapuche. También ha conflicto con sectores que no son del pueblo mapuche, muchas veces con vínculos con el crimen organizado, que han tomado medidas violentas. En esas zonas, donde se esperaría un voto por la izquierda, ha ocurrido completamente lo contrario. En ciertas localidades donde la violencia está instalada, el candidato conservado ha recibido hasta el 60 o 70% de los votos. 

  ¿Qué implicancias tendría para la sociedad civil del triunfo de uno u otro contendiente en la segunda vuelta? 

  Una parte de la prensa más tradicional busca dar la imagen de que si gana Boric se viene el comunismo, y otra parte afirma que si gana Kast se viene el regreso pinochetista. Sin embargo, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, en los últimos años han florecido los medios alternativos. Incluso hay canales de televisión más pluralistas y canales con líneas editoriales bastante diversas, que tienen visiones más matizadas. 

  Creo que con ambas alternativas hay riesgos, porque ambos candidatos incluyen dentro de sus coaliciones a personas o partidos que buscan limitar el espacio de la sociedad civil, que levantan discursos de que la prensa está financiada por poderes internacionales, de que Chile Transparente sirve a ciertos megapoderes, y promueven teorías conspirativas. Recordemos que el candidato del Partido Comunista que perdió las elecciones primarias contra Boric proponía una intervención de los medios de comunicación. Por su parte, Kast tiene el apoyo de elementos del pinochetismo más duro.

  Sin embargo, de cara a la segunda vuelta los dos candidatos se han corrido al centro para poder captar los votos que les faltan para poder ganar. Los sectores que seguían a la expresidenta Michelle Bachelet, que se oponían a Boric, ahora trabajan con él. Del otro lado del espectro, para atraer a sectores de la derecha liberal, Kast ha debido moderar su discurso.

  Puede que la esperanza esté en que el parlamento actúe como un termorregulador de los dos extremos. Es un parlamento diverso y donde ningún partido tendrá mayoría, por lo cual al que le toque gobernar, tendrá que hacerlo en negociación con el parlamento. Al mismo tiempo, el proceso constituyente, que sigue en marcha, puede producir una constitución de unidad que permitiría al nuevo presidente gobernar. 

  El problema es que por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay algunas voces inaceptables desde el punto de vista democrático. Por ejemplo, dos diputados electos por la extrema derecha recientemente se burlaron de una candidata electa que es transgénero. También desde la izquierda se han expresado posiciones no muy alentadoras en materia derechos humanos. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile acaba de reconocer a Daniel Ortega como presidente legítimo de Nicaragua y sigue reconociendo a Nicolás Maduro en Venezuela.

  El espacio cívico en Chile es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

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• Cinco razones por las que las elecciones en Nicaragua no garantizan derechos humanos

  El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril del 2018.  Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas. 

  Mientras el Presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, así como también otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Estas violaciones de derechos humanos han afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, respecto de quienes se ha reportado un impacto diferenciado.

  Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos 7 candidatos presidenciales. Algunas de estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante meses y semanas. Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos,  facilitada por la falta de independencia judicial y  por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional, que ha sancionado leyes que violan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a votar y postularse para cargos públicos en elecciones libres y justas. 

  Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la  crisis de derechos humanos.

   

  1. DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS

  Desde el 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente desde hace tiempo en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. 

  El Estado nicaragüense debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a y ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad.

   

  2. FALTA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

  Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios. Frecuentemente, las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección. La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección.

  Asimismo, las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales. 

  El Estado nicaragüense debegarantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral.

   

  3. VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

  Las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Como parte de esta táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación. 

  Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.

  Además, el gobierno sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de la comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo investigaciones administrativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautación de sus bienes. En este preocupante escenario, no sólo se violan los derechos de los profesionales y medios atacados, sino que también se ve limitado el acceso a la información de la población en general, lo cual es clave para el adecuado ejercicio de los derechos políticos. 

  El Estado nicaragüense debe proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral. Además, debe detener el hostigamiento, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado.

   

  4. VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS

  El gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos. A su vez, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos de oposición, impidiéndoles participar de las elecciones. 

  En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la“Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde fines de mayo. Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos. 

  Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantizaría el pleno ejercicio de los derechos políticos.

  El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación.

  El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

   

  5. FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA 

  En respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos. De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma. 

  A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifiestan y promueven el respeto a los derechos humanos ha continuado.  

  El reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.

   

  El Estado nicaragüense debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral.

   

  Amnistía Internacional

  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

  CIVICUS

  Human Rights Watch

  Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 

  Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

  Organización Mundial Contra la Tortura

  People in Need

  Red Internacional de Derechos Humanos

  Women’s Link Worldwide

   

• COLOMBIA: “La gente está cansada de la larga hegemonía de élites políticas que son también élites económicas”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones presidenciales en Colombia con Gina Romero, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).

  Fundada en 2008, RedLad promueve el ejercicio pleno de la democracia como una forma de vida en pos del bien común en las Américas. Lo hace mediante acciones de incidencia política en el sistema interamericano de derechos humanos, investigación (Observatorio Ciudadano de Corrupción, Observatorio de Libertad de Religión y Creencia, reporte de 11 países en el CIVICUS Monitor),  apertura de diálogos democráticos al interior de la sociedad civil y de ésta con órganos internacionales, gobiernos, sector privado y otros, fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil latinoamericana mediante formación de liderazgos e incidencia en defensa de los derechos de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

  ¿Cómo evalúas las opciones disponibles en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia?

  Fue muy revelador que los dos candidatos se autodenominaran “antisistema”, se posicionaran contra la política tradicional y fueran ajenos a los partidos políticos tradicionales. La ciudadanía colombiana está cansada de la larga hegemonía de los partidos tradicionales y de ciertas élites políticas que son también élites económicas.

  El candidato derrotado, Rodolfo Hernández, representa a un sector político de derecha, aunque su campaña buscó enfatizar su cercanía con el pueblo abanderándose en la lucha contra la corrupción, pese a que él mismo está siendo investigado por esta causa. El candidato ganador, Gustavo Petro, representa una opción de izquierda. El hecho de que una propuesta de este signo fuera escogida por primera vez en la historia dice mucho sobre las demandas sociales de la ciudadanía, las mismas que se hicieron públicas en la calle desde el 2019.

  Creo que la segunda vuelta no fue un enfrentamiento polarizado entre una extrema derecha y una extrema izquierda, sino más bien un enfrentamiento entre propuestas novedosas (podría decirse populistas) por fuera de la política tradicional, y particularmente en contra de la herencia del expresidente Álvaro Uribe, encarnada en el actual presidente, Iván Duque.

  El hartazgo con la política y con la inequidad social, intensificada por los efectos de la pandemia, hizo una bomba explosiva que se manifestó en las elecciones. Es muy bueno que se haya manifestado por vías democráticas, y no como solía suceder en el pasado, a través de la violencia política.

  ¿Cómo interpretas la llegada de Hernández a la segunda vuelta?

  La llegada de Hernández fue bastante sorpresiva, ya que los candidatos considerados con chances eran Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Su discurso fue de cercanía con la ciudadanía. Hizo una gran campaña en redes sociales, sobre todo TikTok, y se enfocó en los problemas que la gente prioriza sistemáticamente en las encuestas, como la corrupción.

  Hernández era visto como una persona sencilla, que habla de manera muy simple al ciudadano común, mientras que los discursos de otros candidatos sonaban demasiado elevados. Convenció mucho con el argumento de que, por ser millonario, él no robaría como los demás, e incluso rechazaría el pago del salario de presidente. También movilizó a mucha gente que no entiende lo que significa que Colombia se encuentre en un proceso de paz, que votó “no” en el plebiscito de 2016, y que anteriormente había votado por presidentes de derecha como Duque o Uribe.

  A este atractivo se agregaron los grandes errores de las propuestas de centro y al miedo que generaba la figura de Petro, tanto por ser de izquierda como por ir acompañado de una candidata vicepresidencial negra, Francia Márquez, que fue empleada doméstica y se graduó de la universidad a los 39 años. Todo ello contribuyó al éxito de Hernández en la primera vuelta, a pesar de que desconoce completamente la política y no está en condiciones ni de gobernar ni hacer un buen trabajo de oposición.

  ¿Cómo fue la campaña por la segunda vuelta?

  Fue una campaña de emociones fuertes, más que cualquier otra del pasado. Las emociones políticas son lo que finalmente marca el curso de una elección.

  El miedo jugó un gran rol. Mucha gente en Colombia teme a todo proyecto de izquierda. Además, Colombia es un país racista, clasista y misógino, por lo que una figura como la de Márquez también generaba miedo. Conocí pocas personas que votaran a Hernández por él mismo y no por el miedo a Petro. Estas personas describían a Hernández como “el viejito lindo que lucha contra la corrupción y tiene mucho dinero”. Así es como estos populismos de derecha se acercan a la gente.

  La campaña anti-Petro hizo circular desinformación con el único objetivo de generar temor, en forma muy similar a lo que ocurrió en la campaña para el plebiscito por la paz. Entre estos temores infundados se destacó el de que Colombia se convertiría en una nueva Venezuela, ya que Petro querría quedarse eternamente en el poder, como lo hizo en su momento el venezolano Hugo Chávez. La gente lo repetía acríticamente sin caer en la cuenta de que, en Colombia, quien quiso hacer eso fue Uribe, mediante un cambio constitucional en 2004 que le permitió renovar su mandato y quedarse ocho años, tras lo cual intentó hacerlo nuevamente.

  Otra idea asociada al destino de Venezuela fue la del empobrecimiento, la devaluación de la moneda y la hiperinflación. También se habló mucho de la posible reacción empresarial frente a un eventual gobierno de izquierda y de la gran salida de empresas del mercado colombiano que ocurriría en ese caso. Es cierto que el dólar subió la semana posterior a la elección –como ocurrió en Chile cuando ganó Gabriel Boric–, pero el dólar ha venido en aumento en los últimos años y el incremento inicial no ha sido catastrófico.

  También se infundió miedo a la ciudadanía con el uso irresponsable del calificativo “guerrillero” en referencia a Petro, que en el pasado fue militante del M19, una guerrilla hoy desmovilizada. Petro tiene ya una larga carrera política civil y desde hace décadas no tiene nada que ver con ningún grupo al margen de la ley. Pero el estigma sigue instalado, lo cual demuestra lo mucho que Colombia todavía debe avanzar en su proceso de reconciliación.

  La desinformación y la violencia digital también se ensañaron con las dos candidatas mujeres que hubo en esta elección: Ingrid Betancourt, quien compitió en la primera vuelta presidencial, y Márquez. Muchas investigaciones sobre violencia digital sostienen que cuando hay mujeres en política, se utiliza información personal sobre ellas y se tergiversan los datos. Pero en el caso de Márquez hubo un verdadero discurso de odio racializado. Se dijeron cosas horribles sobre ella, tanto por su historia personal y su pasado como mujer muy pobre, como por ser una mujer negra. Se escucharon los peores chistes racistas y misóginos.

  Colombia necesita una profunda reflexión sobre cómo construimos la identidad del otro y sobre cómo reconocernos como un país pluricultural. Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente del continente, y todo el Pacífico colombiano está repleto de población afro e indígena. Pero hay un racismo sistémico que se hizo muy evidente en la campaña.

  En su mayoría, los medios de comunicación tradicionales han hecho mucho mal ya que se hicieron eco del discurso de odio. Una semana antes de la segunda vuelta, por ejemplo, la Revista Semana sacó una portada sensacionalista que preguntaba quién sería electo, si el ingeniero o el exguerrillero. El exguerrillero también es economista, pero allí no se trataba de las profesiones de los candidatos, sino de un mensaje atemorizante. En los últimos meses de campaña Petro debió desmentir muchísimas cosas, mientras Hernández se escondió y se negó a participar en debates. 

  Así, se nos quiso vender la idea de que estábamos “entre la espada y la pared” y debíamos escoger al candidato “menos peor”. Se montó una narrativa pública que decía que como aquí la élite política no estaba representada, toda la oferta disponible era simplemente mala.

  ¿Qué tipo de electorado se volcó hacia cada uno de estos candidatos?

  Existe una superposición bastante cercana entre la Colombia que votó “no” en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, la Colombia que en el pasado eligió a Duque, y la Colombia que ahora votó por Hernández. Es una ciudadanía culturalmente conservadora, que teme al cambio, se ha identificado con élites políticas tradicionales y a la que no han sabido hablarle los procesos de paz y los progresismos políticos. Los votantes de Hernández en las grandes ciudades y otras zonas del país temen a procesos de inclusión de poblaciones vulnerables y casi no incluyen sectores indígenas o afro. De hecho, en los corredores con más población indígena del país ganó Petro con números sin precedentes.

  La Colombia que votó “sí” en el plebiscito coincide con la Colombia que votó por Petro. Se trata de la Colombia de “los márgenes”, que reúne las regiones menos desarrolladas del país. Las grandes ciudades, excepto Medellín, también votaron por Petro. Se trata de una ciudadanía urbana, a la que Márquez define como ciudadanía “de los nadies y las nadies”. La gente que voto a Petro es en gran medida una ciudadanía frustrada, que ha sido afectada como ninguna otra por la corrupción, que no forma parte las élites políticas, y que ha sido históricamente relegada en términos de desarrollo. Son personas tienen poco, que con Petro ven una promesa de mejora. Anteriores candidatos no les habían ofrecido soluciones ciertas a sus problemas, ni siquiera la posibilidad de sentirse involucrados.

  El país está dividido, pero esta no es una división nueva. Los gobiernos pasados no han logrado conciliar las diferencias. Tenemos dos Colombias, con una polarización inmensa: en las elecciones con mayor participación en los últimos 20 años, Petro ganó por apenas 800.000 votos. Eso significa que hay 10 millones de personas que se oponen a los 11 millones de Petro. Petro deberá saber hablarles a estas dos facetas de Colombia y hacer que la Colombia que no lo votó no se sienta relegada.

  ¿Qué expectativas o temores genera el resultado en la sociedad civil?

  Gane quien gane, nuestro trabajo como sociedad civil siempre sigue siendo el mismo. Pero en lo personal, viendo lo que ocurrió cuando Petro fue alcalde de Bogotá, temo que el revanchismo pueda obstaculizar el avance del gobierno. La polarización, el discurso de odio y la manipulación de la institucionalidad pueden tener efectos muy graves. También provoca temor la posible reacción de los mercados ante un gobierno de izquierda. 

  También está el hecho de que Petro es una persona muy pasional, y muchas veces no se comunica de la mejor manera posible; tanto su campaña como la de Hernández atacaron a la prensa cuando les fue crítica. La prensa tiene un rol fundamental, y esto puede ser muy fastidioso para cualquier gobierno, pero es indispensable que tenga garantías suficientes para hacer su labor. Hay temor de que Petro pueda ser muy hostil con la prensa crítica de su gobierno. 

  A las organizaciones que, como RedLad, hacemos incidencia internacional, nos preocupa cómo se posicionará Petro frente a las izquierdas del continente. Actualmente América Latina tiene una izquierda que genera mucha esperanza, que propone cambios, y que es distinta a la izquierda tradicional; esta es la izquierda de Boric en Chile. Pero también está la izquierda de Andrés Manuel López Obrador en México, por no hablar de las izquierdas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que han generado graves crisis de espacio cívico. Creo que Petro está en algún lugar en el medio, y enfrenta el dilema de cómo alinearse. Creo que debe alinearse a una izquierda más propositiva y amigable con el desarrollo.

  A pesar de que el partido de Petro, Pacto Histórico, obtuvo buena representación en las elecciones legislativas de marzo de 2022, las transformaciones que ha puesto sobre la mesa son bastante amplias y profundas, y para tener éxito necesitarán un gran acuerdo político, algo que es complejo en Colombia. Si no se logra, la ciudadanía que votó por Petro y sus promesas se vería frustrada. Será interesante ver cómo este gobierno, elegido bajo la bandera de las movilizaciones de 2019, responderá a la ciudadanía si se moviliza nuevamente.

  Para que la gran expectativa generada en la ciudadanía no decaiga, el gobierno de Petro deberá marcar algunas victorias tempranas en relación con el avance del proceso de paz y la disminución de asesinatos de líderes sociales. Espero que Petro avance en los compromisos internacionales, que el espacio cívico no se siga reduciendo sino que se amplíe, y que se garanticen las libertades de manifestación y expresión.

  El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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• COREA DEL SUR: “Los activistas y desertores norcoreanos enfrentan presiones cada vez mayores para silenciarlos”

  CIVICUS conversa con Ethan Hee-Seok Shin, analista legal del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional (TJWG), una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Seúl fundada por defensores de derechos humanos e investigadores de cinco países. Establecida en 2014, es la primera OSC con sede en Corea que centra su trabajo en los mecanismos de justicia transicional en los regímenes más represivos del mundo, entre ellos el de Corea del Norte. TJWG persigue el objetivo de desarrollar métodos prácticos para abordar las violaciones masivas de derechos humanos y promover la justicia para las víctimas antes y después de la transición. Ethan trabaja en el Proyecto Repositorio Central de TJWG, que utiliza una plataforma segura para documentar y publicitar casos de desapariciones forzadas en Corea del Norte. Utiliza acciones legislativas y legales para crear conciencia acerca de la situación de derechos humanos en Corea del Norte.

  ¿Podría contarnos acerca del trabajo que hacen los grupos de la sociedad civil de Corea del Sur en relación con los derechos humanos en Corea del Norte?

  Existe un abanico bastante amplio de OSC que trabajan en temas de derechos humanos en Corea del Norte. TJWG ha estado trabajando para preparar el terreno para la justicia transicional en Corea del Norte, en cumplimiento de su misión central, la documentación de derechos humanos.

  El proyecto insignia de TJWG ha resultado en la publicación de una serie de informes que mapean las ejecuciones públicas en Corea del Norte, basados en entrevistas con personas que se han escapado y que ahora viven en Corea del Sur. Registramos la información geoespacial de los sitios de matanza, los lugares de enterramiento y los lugares de almacenamiento de registros, tales como tribunales e instalaciones de los servicios de seguridad, solicitando a nuestros entrevistados que identifiquen las ubicaciones en Google Earth. La primera edición del informe se publicó en julio de 2017 y se basó en 375 entrevistas, y la segunda edición se lanzó en junio de 2019, tras la realización de 610 entrevistas.

  Actualmente también estamos en el proceso de armar una base de datos en línea, FOOTPRINTS, que registra los secuestros y desapariciones forzadas cometidas en y por Corea del Norte. La plataforma utiliza Uwazi, una tecnología gratuita y de código abierto que permite organizar, analizar y publicar documentos, desarrollada por la OSC HURIDOCS. Cuando se haga pública, FOOTPRINTS ofrecerá una plataforma de fácil acceso y búsqueda para rastrear a las personas capturadas y perdidas en Corea del Norte.

  Aparte del trabajo de documentación y presentación de informes, hemos participado activamente en iniciativas de incidencia nacional e internacional. Junto con otras OSC de derechos humanos, el TJWG redactó y presentó una carta abierta instando a la Unión Europea a fortalecer el lenguaje y las recomendaciones en las resoluciones anuales de derechos humanos adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Corea del Norte. También hemos presentado casos al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y a otros expertos en derechos humanos de la ONU.

  En julio de 2020, el gobierno de Corea del Sur revocó el registro de dos OSC y emitió un aviso de revisión administrativa e inspección a grupos “dirigidos por desertores” enfocados en los derechos humanos en Corea del Norte. ¿Por qué está apuntando contra estos grupos?

  El catalizador directo fueron las provocaciones de Corea del Norte de junio de 2020. El 4 de junio, Kim Yo-Jong, hermana del líder supremo Kim Jong-Un y primera subdirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, criticó los “folletos anti-RPDC” [República Popular Democrática de Corea] distribuidos en Corea del Norte por “fugitivos de Corea del Norte” y amenazó con el cese del turismo en el Monte Kumgang, la demolición completa de la región industrial de Kaesong, el cierre de la oficina de enlace intercoreana y la terminación del acuerdo militar de 2018 que creó zonas de amortiguamiento desmilitarizadas, a menos que las autoridades surcoreanas tomaran las “debidas medidas”.

  Apenas cuatro horas después del bombazo matutino de Kim Yo-Jong, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur (MOU) anunció que prepararía un proyecto de ley para prohibir la distribución de folletos a Corea del Norte. Se trató de un cambio radical en la postura de larga data del gobierno, que constantemente había eludido esa legislación por temor a violar la libertad de expresión.

  El 10 de junio de 2020, el MOU anunció que presentaría acusaciones penales contra Park Sang-Hak y Park Jung-Oh, dos desertores de Corea del Norte, por violar el artículo 13 de la Ley de Intercambio y Cooperación Intercoreana, que requiere de aprobación previa para todo intercambio intercoreano de bienes, y que revocaría el reconocimiento legal de sus organizaciones, Luchadores por una Corea del Norte Libre (Fighters For Free North Korea, FFNK) y KuenSaem, por enviar folletos a Corea del Norte mediante el uso de globos aerostáticos y botellas de PET llenas de arroz arrojadas a las corrientes marinas, como ocurrió el 31 de mayo de 2020.

  Si bien el gobierno de Corea del Norte finalmente bajó el tono de su retórica, el gobierno de Corea del Sur comenzó a tomar medidas contra las organizaciones de derechos humanos y los grupos de desertores de Corea del Norte, vistos como un obstáculo para la paz intercoreana.

  El 29 de junio de 2020, el MOU celebró una audiencia y el 17 de julio se apoyó en el artículo 38 del Código Civil, una reliquia de la época autoritaria, para anunciar la revocación del reconocimiento legal de FFNK y KuenSaem por contravenir las condiciones de la obtención de la personería al obstaculizar gravemente la política de reunificación del gobierno, distribuyendo folletos y artículos a Corea del Norte más allá de los objetivos declarados en su estatuto y por fomentar la tensión en la península de Corea.

  El MOU también lanzó “inspecciones comerciales” de otros grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y relocalización de desertores, entre las más de 400 asociaciones reconocidas con autorización del MOU, posiblemente con miras a revocar su reconocimiento legal. El 15 de julio de 2020, la Asociación de Desertores de Corea del Norte recibió un aviso del MOU de que sería inspeccionada por primera vez desde su reconocimiento en 2010. Al día siguiente, las autoridades del MOU informaron a los periodistas que primero realizarían inspecciones comerciales de 25 grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y asentamiento de desertores, 13 de ellos encabezados por desertores norcoreanos, y que otros serían inspeccionados en el futuro. Si bien reconoció que el tema de los folletos fue lo que desencadenó las inspecciones, el MOU agregó que las inspecciones comerciales no se limitarían a las personas involucradas en la campaña de distribución de folletos.

  ¿Cuántos grupos fueron examinados o inspeccionados después de los anuncios?

  Debido al alboroto nacional e internacional suscitado por la naturaleza obviamente discriminatoria de las inspecciones de grupos de derechos humanos y personas escapadas de Corea del Norte, el MOU ha moderado un poco su enfoque y tardíamente ha comenzado a argumentar que está examinando a todas las OSC registradas bajo el MOU.

  El 6 de octubre de 2020, el MOU dijo a los periodistas que había decidido inspeccionar a 109 OSC, sobre un total de 433, por no haber presentado sus informes anuales o por haber presentado documentación incompleta. Según la información proporcionada, 13 de los 109 grupos a inspeccionar están encabezados por personas que huyeron de Corea del Norte; 22 (16 de los cuales trabajan sobre derechos humanos en Corea del Norte y relocalización de desertores, cinco que trabajan en el terreno social y cultural y uno que trabaja en el campo de la política de unificación) ya han sido inspeccionados y ninguno ha revelado motivos serios para que se le retire el reconocimiento; y el MOU tiene la intención de completar la inspección de las 87 OSC restantes para fines de 2020.

  En cualquier caso, el gobierno parece haber logrado ya su objetivo de enviar a Corea del Norte la clara señal de que está listo para dar cabida a sus demandas a cambio de vínculos más estrechos, incluso si eso implica sacrificar algunos principios fundamentales de la democracia liberal. El gobierno también ha enviado una clara señal a los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, y ha tenido el efecto paralizante que cabía esperar.

  ¿Cómo ha respondido la sociedad civil a estas iniciativas del gobierno?

  Lamentablemente, la sociedad civil de Corea del Sur está tan polarizada como su política. Los progresistas actualmente en el gobierno ven a los conservadores como herederos ilegítimos de los colaboradores del régimen colonial japonés entre 1910 y 1945 y del régimen autoritario posterior a la independencia, vigente hasta 1987. El anterior presidente progresista, Roh Moo-Hyun, en el poder entre 2003 y 2008, se suicidó en 2009 durante una investigación de corrupción en su contra, que en general fue considerada políticamente motivada, emprendida por su sucesor conservador. El actual presidente, Moon Jae-In, fue elegido en 2017, en medio de una ola de indignación pública ante el juicio político de su predecesor de derecha por corrupción y abuso de poder.

  La mayoría de las OSC están dominadas por progresistas que están políticamente alineados con el actual gobierno de Moon. Los progresistas apoyan relativamente la agenda de derechos humanos, pero generalmente guardan silencio cuando se trata de los derechos humanos en Corea del Norte, dado su apego al acercamiento intercoreano. Las mismas personas que se expresan ruidosamente en relación con las “mujeres de solaz” japonesas, sometidas a la esclavitud sexual por el Japón imperial antes y durante la Segunda Guerra Mundial, o acerca de los atropellos de la era autoritaria, pasan por alto las actuales atrocidades norcoreanas en nombre de la reconciliación nacional.

  La mayoría de los grupos norcoreanos de derechos humanos se estructuran en torno de desertores norcoreanos y de iglesias cristianas políticamente de derecha que caracterizan apasionadamente a los izquierdistas como títeres norcoreanos. Muchos también adoptan una postura hostil en relación con otros temas contemporáneos de derechos humanos, tales como los derechos de las personas LGBTQI+, lo cual es bastante irónico, ya que el juez australiano Michael Kirby, autor principal del informe de la ONU que en 2014 condenó con firmeza las graves violaciones de derechos humanos en Corea del Norte como crímenes de lesa humanidad, es gay.

  Las OSC establecidas, mayormente progresistas, no han sido objeto de persecución por parte del gobierno encabezado por el presidente Moon; por el contrario, figuras destacadas de la sociedad civil han sido nombradas o elegidas para ocupar varios cargos, o han recibido generosas subvenciones. Hay quienes expresan en privado su consternación y preocupación por las tendencias iliberales del gobierno, pero pocas personas están dispuestas a plantear públicamente el tema a causa de la profunda polarización política.

   

  ¿Se está volviendo más restrictivo el espacio para la sociedad civil - estructurado por las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión - bajo el actual gobierno surcoreano?

  El gobierno de Moon ha mostrado tendencias preocupantemente iliberales en relación con los grupos que considera que se interponen en su camino, tales como los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, que enfrentan presiones cada vez mayores para permanecer en silencio y cesar su labor de incidencia.

  El presidente Moon ha reabierto el diálogo con el gobierno de Corea del Norte para establecer relaciones pacíficas, neutralizar la amenaza nuclear del Norte y allanar el camino para la reunificación familiar, entre otros objetivos loables.

  Sin embargo, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Moon ha empleado una estrategia diplomática que minimiza la preocupación por los derechos humanos. En particular, ni la Declaración de Panmunjom de 2018 entre Corea del Norte y Corea del Sur ni la Declaración Conjunta emitida después de la cumbre Trump-Kim de 2018 en Singapur mencionan las violaciones atroces de derechos humanos cometidas por Corea del Norte.

  En las semanas previas a la reunión del presidente Moon con el líder norcoreano Kim en Panmunjom, se informó que se estaba impidiendo a los activistas desertores norcoreanos llevar a cabo su activismo. En octubre de 2018, Corea del Sur accedió a la demanda de Corea del Norte de excluir a un periodista desertor de la cobertura de una reunión en Corea del Norte. El 7 de julio de 2019 se hizo una entrega extraordinaria a Corea del Norte de dos desertores, dos pescadores presentados como asesinos fugitivos, cinco días después de su llegada y sin siquiera mantener las apariencias del debido proceso.

  El gobierno de Moon también ha recurrido a tácticas iliberales contra otros supuestos opositores. Un hombre que el 24 de noviembre de 2019 había colgado un cartel en el que se burlaba del presidente Moon como “perrito faldero de Xi Jinping” (en referencia al presidente chino) en el campus de la Universidad de Dankook, fue procesado y el 23 de junio de 2020 fue multado por el tribunal por “intrusión en un edificio”, de conformidad con el artículo 319 (1) del Código Penal, pese a que las autoridades universitarias habían dejado claro que no deseaban presentar cargos en su contra por este ejercicio de su libertad de expresión. Muchos criticaron el proceso penal y la condena como un retroceso a los viejos tiempos militares.

  El gobierno también ha tomado medidas para ejercer un control cada vez mayor sobre los fiscales. El ministro de Justicia, Choo Mi-ae, ha atacado a los fiscales que se atrevieron a investigar las acusaciones contra el gobierno por corrupción y abuso de poder, alegando la existencia de una conspiración para socavar al presidente Moon.

  Otra tendencia preocupante es la táctica populista de los políticos del partido gobernante, y en particular del legislador Lee Jae-jung, de utilizar internet para incitar a sus seguidores a participar de acciones de acoso cibernético contra periodistas.

  ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos atacados?

  En abril de 2020, el partido gobernante ganó las elecciones parlamentarias por abrumadora mayoría, obteniendo 180 de los 300 escaños, gracias a su relativo éxito en contener la pandemia de COVID-19. La oposición está desorganizada. En vez de llamarlo a la humildad, todo esto ha envalentonado al gobierno, de modo que es probable que sus tendencias iliberales continúen. Debido a la severa polarización política, es poco probable que los políticos del partido gobernante y sus partidarios presten mucha atención a las críticas internas.

  Es por eso que la voz de la comunidad internacional será fundamental. Para el gobierno es mucho más difícil ignorar las preocupaciones planteadas por las OSC internacionales en tanto que ataques motivados políticamente. Una declaración conjunta o una carta abierta encabezada por CIVICUS sería útil para transmitir con fuerza el mensaje de que los derechos humanos en Corea del Norte realmente preocupan a la comunidad internacional.

  Además, Corea del Sur pronto presentará su quinto informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU de acuerdo con la lista de cuestiones previa a la presentación de informes (LOIPR). Dado que las cuestiones y preocupaciones relativas a Corea del Norte no están incluidas en la LOIPR, sería de gran ayuda que las OSC internacionales unieran sus fuerzas para incluirlas en la discusión oral con los miembros del Comité de Derechos Humanos y en sus observaciones finales.

  A corto plazo, las visitas a Corea del Sur por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos serían excelentes oportunidades para internacionalizar el tema y presionar a nuestro gobierno.

  Incluso los progresistas podrían apoyar una reforma de la ley obsoleta sobre el registro de OSC, por ejemplo, por interés propio, si es que no por principios, en caso de cambio de gobierno.

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• ECUADOR: “La sociedad civil debe poner en evidencia el valor agregado de su participación”

  CIVICUS conversa con Estefanía Terán, directora de incidencia de Grupo Faro, acerca del rol de la sociedad civil organizada en las elecciones presidenciales de Ecuador y los retos que la sociedad civil enfrenta en la actualidad. Grupo Faro es un centro de investigación y acción independiente del Ecuador que genera evidencia para incidir en la política pública y promover la transformación y la innovación social.

  

  ¿Qué roles desempeña la sociedad civil ecuatoriana durante los procesos electorales?

  No hay mucho acercamiento de los partidos políticos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para nutrir sus propuestas. Si bien algunas recurren a OSC en busca de información, otras contratan a consultoras privadas. Esto ocurre porque muy pocas organizaciones políticas tienen dentro de sus estructuras un equipo y/o las herramientas necesarias para desarrollar planes de gobierno de calidad, con contenidos claros, que respondan a las necesidades de la población o de sus votantes, y cuyo diagnóstico parta de un ejercicio de investigación riguroso, objetivo y técnico.

  Durante las elecciones las OSC desarrollan iniciativas para promover el voto informado. Así, construyen plataformas web u otras herramientas comunicacionales para visibilizar desde una perspectiva ciudadana las propuestas de los distintos contendientes. Mediante este trabajo, en las últimas elecciones se organizaron las iniciativas con criterios ideológicos y en términos de su respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, con el propósito de poner en evidencia el cómo de las ofertas, que en general solo enuncian el qué, se desarrollan foros y debates entre los y las candidatas.

  Grupo FARO forma parte del grupo de OSC que promueven el voto informado; en ese marco desarrollamos la iniciativa Ecuador Decide. Esta iniciativa, que es activada en tiempos de elecciones desde 2017 y ya ha sido implementada en cuatro oportunidades, tiene el objetivo de propiciar un ejercicio del voto basado en las propuestas programáticas de los distintos candidatos y candidatas y de las organizaciones políticas que los respaldan. Para ello, recopila, difunde y analiza los contenidos de todos sus planes de gobierno.

  En las elecciones de 2021, Grupo FARO analizó los planes de gobierno de todos los y las candidatos presidenciales. Encontramos que, de las 1500 propuestas identificadas bajo 16 temas de relevancia nacional, solo el 55,5% contenía información sobre cómo iban a ser ejecutadas, y únicamente el 26,7% explicaba a quién estaban dirigidas.

  Además, a partir de nuestra experiencia organizando debates entre candidatos y candidatas durante las elecciones seccionales, asistimos al Consejo Nacional Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales, que a partir de la reforma al Código de la Democracia de febrero de 2020 pasaron a ser obligatorios.

  ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la baja calidad de los planes de gobierno?

  La baja calidad de los planes de gobierno, que hace que no sean instrumentos adecuados para informar a la población sobre las posturas de los diferentes candidatos, candidatas y organizaciones políticas, responde a la falta de exigibilidad y reglamentación de parte del organismo rector, que no exige que estos documentos cumplan con estándares mínimos y puedan ser comparables entre sí. De hecho, hemos analizado algunos planes de gobierno de tres páginas y otros de más de cien. Además, en muchos casos difieren del discurso del o la candidata o incluyen propuestas ajenas a su ámbito de competencia. Por esto, no es común que los electores accedan a estos instrumentos para informarse, y, por ende, no tiene otro propósito que cumplir con un requisito formal para registrar la candidatura. Esto último contradice el hecho de que una de las causales para solicitar revocatoria de mandato de autoridades de elección popular es el incumplimiento de su plan de gobierno.

  El alto grado de generalidad de las propuestas contenidas en los planes de gobierno hace que el discurso de campaña de los candidatos apunte al votante mediano, y que estratégicamente los candidatos no se diferencien. Esto fragmenta las preferencias de los electores y genera complicaciones, tales como el estrechísimo margen entre el segundo y el tercer lugar en las últimas elecciones, entre los candidatos Guillermo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades, y Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Ello hizo que quien ganó en segunda vuelta fuera alguien que en la primera vuelta no había alcanzado ni el 20% del voto total: llegó al poder por efecto de un voto obligatorio, con muy baja legitimidad, y un alto riesgo de enfrentar problemas de gobernabilidad en el mediano plazo.

  ¿Qué desafíos enfrenta la sociedad civil ecuatoriana bajo el nuevo gobierno?

  A pesar de que no se identificaron propuestas específicas en relación con la promoción de la participación de la sociedad civil, el presidente Lasso ha procurado emitir un mensaje amigable y de colaboración. Sin embargo, debido a su origen empresarial, el gobierno tiende a equiparar a la sociedad civil con el sector privado. Esto decanta en dos retos para la sociedad civil. El primero es diferenciarse del sector privado y el segundo es trabajar de forma armoniosa con éste. Para esto debe promover un ejercicio de reflexión sobre el rol actual de la sociedad civil y poner en evidencia el valor que su involucramiento agrega a la gestión pública. Además, debe insistir en que esta participación no se circunscriba a unas pocas organizaciones afines al gobierno, sino que sea abierta e inclusiva, plural y diversa.

  Lo anterior implica, por un lado, avanzar en un proceso de fortalecimiento organizacional de la sociedad civil para el trabajo colaborativo entre sí y con otros actores. Y, por otro lado, iniciar un proceso de aprendizaje y de generación de confianza con el sector privado. Hay una gran oportunidad para que la sociedad civil organizada contribuya a que el aporte de las empresas a lo social se haga desde la transparencia, con rectoría pública y en base a principios internacionales de funcionamiento efectivo de alianzas público-privadas sociales que garanticen proyectos o acciones de calidad, y que vayan más allá del beneficio corporativo.

  La antesala para el desarrollo de las alianzas previamente mencionadas es la promulgación de una ley mínima para las OSC que nos dé seguridad jurídica y nos proteja de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Al momento estamos normadas por un decreto ejecutivo y bajo una lógica de concesión y control, y no de registro y corresponsabilidad. Lograr la promulgación de una ley que contribuya a la construcción de un ambiente habilitante y de fomento de la participación es otro de los desafíos que tenemos como sector en este periodo de gobierno. Grupo FARO, en alianza con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y otras organizaciones aliadas, promueve una propuesta de ley mínima que, en la anterior Asamblea Nacional, llegó hasta la instancia del desarrollo de un informe para segundo debate.

   

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• ESPAÑA: ‘Las reglas de juego de la democracia son usadas para promover una ideología anti-derechos’

  CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones españolas con Núria Valls, presidenta de La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, una plataforma que integra a 29 organizaciones de la sociedad civil de 17 países de Iberoamérica, especializadas en desarrollo humano, social y comunitario. Legalmente constituida en España, la Liga Iberoamericana lleva 20 años trabajando en temas de niñez, juventud, educación y trabajo con una perspectiva de derechos humanos, a través del asesoramiento a gobiernos, el monitoreo y la evaluación de programas y la integración de redes y la incidencia en política pública a nivel local, nacional e internacional. 

  

  ¿A qué se debe la inestabilidad política que llevó a España a celebrar dos elecciones en 2019?

  La desafección generalizada respeto del sistema político que se constituyó después de la transición de la dictadura a la democracia en los años ‘70 conllevó un deterioro importante de los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Estos partidos políticos estaban muy acostumbrados al bipartidismo y a gobernar con amplias mayorías. Cuando aparecieron otros partidos en el escenario se volvieron necesarios los pactos y coaliciones, que hasta entonces solo se habían dado en el ámbito local. Se hizo necesario incluir a partidos más minoritarios y a los partidos nacionalistas de las periferias del país, lo cual no siempre comporta buenos réditos electorales.

  Además, el conflicto político en Cataluña había radicalizado las posiciones de los partidos de alcance estatal, que entraron en una especie de “carrera” para demostrar quién es más español. Incluso los partidos de izquierdas no se atreven a tener un discurso de reconocimiento de las pluralidades nacionales en España porque los medios de comunicación, especialmente los de la capital, Madrid, los critican de forma agresiva.

  En las primeras elecciones de 2019, celebradas en mayo, el PSOE se sintió incómodo pactando con los partidos de izquierdas e independistas, que habían apoyado la moción de censura para cambiar el gobierno conservador del PP. A esto se sumaron los egos personales de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, la coalición de izquierda conformada en 2016 por el movimiento político Podemos y varias fuerzas políticas más, que hicieron imposible un pacto en ese momento.

  El PSOE hizo una mala lectura de las encuestas y creyó que unas segundas elecciones le darían la mayoría, y por lo tanto la posibilidad de gobernar en solitario. Ante las elecciones de noviembre la gente se enfadó porque interpretó que a causa de los egos personales de sus líderes los partidos no habían hecho su trabajo, y en cambio nos habían hecho perder tiempo y dinero. Todo ello profundizó aún más el desprestigio de la política.

  ¿Piensas que el partido de extrema derecha Vox se benefició de esta situación?

  Vox es uno de los partidos que más se ha beneficiado de estas segundas elecciones. Dobló su cantidad de votos y pasó a ser el tercer partido más representado, con 52 escaños, detrás de los dos partidos mayoritarios.

  Tradicionalmente en España se consideraba que no había extrema derecha porque el PP aglutinaba a toda la derecha. Pero Vox emergió con mucha fuerza, con un discurso franquista, agresivo, anti-derechos humanos y, por supuesto, presentándose como garante de la unidad de España frente a los separatismos. De hecho, la gestión de la situación de Cataluña ha sido un caldo de cultivo para la aceptación de discursos cada vez más de derechas, justificados en la necesidad de preservar la unidad de España.

  Otro resultado electoral para analizar es que el partido “liberal” Ciudadanos, que no hace mucho pensaba que tenía opción a gobernar, prácticamente desapareció dado lo magro de sus resultados. Ciudadanos había centrado su discurso en el conflicto territorial y en la unidad de España. Los votantes que priorizaban este tema prefirieron a Vox, que tiene una postura más radical.

  A pesar de los buenos resultados obtenidos por Vox, las izquierdas ganaron las elecciones y esta vez sí rápidamente, en apenas 24 horas, se forjó el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, que anteriormente había sido imposible. La ciudadanía no entendió por qué lo que hacía unos meses había sido imposible ahora era posible. Pero lo importante es que se priorizó formación de un gobierno frente a la sensación de inestabilidad y parálisis de los últimos años. Ante este pacto amplio de los partidos de izquierdas, la derecha reaccionó con discursos muy agresivos, fuertemente enraizados en el franquismo.

  Finalmente se logró, gracias a la abstención de los independentistas catalanes, formar un gobierno. No le va a ser fácil gobernar, pero promete ser una experiencia muy interesante y con posibilidades de generar cambios. Será un gobierno muy amplio, con 22 carteras ministeriales, en el que resalta la paridad de género.

  ¿Cómo caracterizarías a Vox como fuerza política y como tendencia ideológica?

  Vox es un partido de extrema derecha que no esconde su discurso xenófobo, anti-derechos humanos y con dos objetivos fundamentales: la unidad y centralización de España y la eliminación de las políticas de género.

  Es un fenómeno preocupante que no solamente se está dando en España. Los partidos de ultraderecha surgen en momentos de frustración de la población ante las desigualdades económicas y sociales en un mundo globalizado. Hay un movimiento internacional – que se extiende por Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y muchos otros países - que pone el foco en estigmatizar y criminalizar la migración y la llamada “ideología de género”. Y habría que analizar el apoyo a estos discursos por parte de algunas congregaciones religiosas.

  Estos partidos utilizan las reglas de juego de la democracia para promover una ideología anti-derechos humanos. Es paradójico que la democracia, que nace bajo los valores de la participación y del respeto de los derechos, sirva en estos momentos para fortalecer y fomentar una ideología totalmente opuesta a esos valores.

  ¿Cómo ocurrió este giro a la derecha tan solo unos años después de que tanta gente se movilizara con reclamos de justicia económica y social?

  Un elemento de este giro tiene que ver con el enfado de una parte de la población con la política. La corrupción de los partidos ha tenido un gran impacto en la sociedad, que piensa que los políticos solo están en política para enriquecerse. No hay una concepción de la política en sentido amplio bajo el concepto del bien común.

  En particular, hay un sector de jóvenes que ven su futuro muy difícil, con muy pocas expectativas y que piensan que votar a Vox es una opción antisistema. Es el voto de los que piensan que la migración les va a quitar el trabajo y los recursos del estado y que las políticas de género son exageradas. Vox utiliza muy bien las redes sociales con mensajes directos y muchas veces basados en falsedades, pero que van calando en la población.

  El conflicto territorial de España con Cataluña también ha sido un catalizador de este enfado. El mensaje de “A por ellos” con los que se despedía a los policías del resto de España que iban a Cataluña para evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017, y que después fue reforzado por el mensaje del Rey, despertó un sentimiento anti-catalán. El bloque de derechas, y especialmente Vox, se ha apropiado la defensa de la monarquía frente a los partidos de izquierdas republicanos.

  Desde la sociedad civil, ¿cómo se está viviendo este proceso? ¿Piensas que el espacio para la sociedad civil se está degradando en España?

  A la sociedad civil organizada nos ha cogido un poco desprevenidos. Por una parte, no creíamos que el apoyo electoral a Vox fuera tan fuerte, y por otra parte hemos tenido un debate sobre si debíamos responderles, y por tanto darles más repercusión mediática, o si lo mejor era ignorarlos. Predominó la segunda opción, también entre los partidos políticos. Y la estrategia de ignorarlos contribuyó al aumento de los votos de Vox. No hubo nadie que respondiera a sus expresiones de forma contundente y con argumentos claros.

  Ahora el debate de la sociedad civil gira en torno de la necesidad de defender de forma clara y contundente los derechos humanos y contestar cualquier expresión que vulnere o estigmatice a cualquier colectivo.

  En los territorios donde está gobernando junto con el PP y Ciudadanos, tales como Andalucía, Madrid y Murcia, una de las primeras acciones de Vox ha sido presionar para que se acaben las ayudas a las organizaciones que trabajan con mujeres o con colectivos vulnerables.

  Estamos en un momento de riesgo de retroceso en las libertades y por tanto es necesario trabajar más unidos que nunca como sociedad civil. Hay que desarrollar una estrategia de comunicación clara para llegar a toda la ciudadanía. Muchas veces desde la sociedad civil estamos muy encerrados en nosotros mismos y nos cuesta llevar nuestro mensaje más allá de nuestro círculo.

  Otra estrategia de la derecha, especialmente de Vox y el PP, es utilizar la justicia para dirimir desacuerdos políticos. Gran parte de la justicia en España todavía está muy ideologizada, ya que sigue habiendo muchos jueces conservadores, herederos del régimen franquista. Como consecuencia ha habido muchas sentencias en contra de la libertad de expresión en las redes, incluida la censura de temas musicales. Y también ha habido muchas personas condenadas por manifestarse públicamente, especialmente en Cataluña.

  ¿Cómo ha evolucionado la situación de Cataluña desde el referéndum de 2017?

  El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue un acto de empoderamiento de una parte de la población catalana que participó de forma muy activa, con un importante sentimiento colectivo de desobediencia civil, para conseguir un futuro mejor frente un estado que hizo todo lo posible para que no se celebrara. La violenta represión estatal durante el referéndum y las fechas posteriores incrementaron el sentimiento colectivo de una parte importante de la población a favor de la independencia, y especialmente a favor del derecho a decidir mediante elecciones.

  A partir del referéndum, la represión contra los independentistas catalanes se incrementó, y el estado hizo uso de toda su maquinaria policial y judicial. Además, puso en marcha el artículo 155 de la Constitución, que dota al estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan obligaciones constitucionales o legales o atenten gravemente contra el “interés general” de España. Mediante el artículo 155 se suspendió la autonomía de Cataluña desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 2 de junio de 2018, cuando se celebraron nuevas elecciones regionales. Esto supuso prácticamente un año de paralización política, financiera y administrativa en Cataluña.

  Anteriormente, el 16 de octubre del 2017, los líderes de las dos entidades civiles independentistas catalanas más representativas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, habían sido encarcelados por mediar en una manifestación espontánea y pacifica delante de un edificio de la Generalitat, el gobierno catalán, donde la policía estaba haciendo un registro. Se les encarceló preventivamente, sin posibilidad de salir en libertad antes del juicio.

  A partir de estas detenciones aumentó la represión judicial hacia el gobierno de Cataluña, que culminó con la detención del vicepresidente y cinco ministros del gobierno más la presidenta del Parlamento de Cataluña, todos los cuales fueron puestos en prisión preventiva antes del juicio. Por su parte, el presidente de la Generalitat se exilió en Bélgica junto con cuatro ministros más, y dos políticas se exiliaron en Suiza. El gobierno de España hizo declaraciones afirmando que había descabezado al movimiento independentista.

  Todo este proceso judicial y represivo complicó aún más la situación política en Cataluña. La sentencia del 14 de octubre del 2019, que condenó a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión, por un total de 100 años, hizo estallar nuevas protestas callejeras.

  A diferencia de todas las manifestaciones independentistas desde 2012, estas últimas protestas provocaron muchos disturbios y fueron enfrentadas con represión policial. Además, los jóvenes fueron protagonistas y adoptaron una actitud más radical frente a la represión. En ese contexto surgió el movimiento anónimo Tsunami Democrático. Inspirado en las protestas de Hong Kong, este movimiento convoca a través de las redes sociales a grandes movilizaciones pacíficas en diversos sitios, como la frontera o el aeropuerto. La policía ha intentado descubrir quien está detrás, pero es un momento de empoderamiento colectivo de la sociedad civil independentista.

  En la actualidad, tras las últimas elecciones en España donde el PSOE y Unidas Podemos necesitaron la abstención del partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña para poder hacer gobierno, el panorama es otro. El gobierno se ha comprometido a hacer una mesa de diálogo con el gobierno de Cataluña y a llevar los acuerdos de esta mesa a la votación de la ciudadanía. No va a ser fácil porque los partidos de derecha, utilizando los recursos judiciales a su alcance, están intentando boicotear este proceso. Hay que hacer un esfuerzo para buscar una solución para los presos independentistas que facilite una solución política y pacífica y permita iniciar un proceso de diálogo real.

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• ESPAÑA: “La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social”

  CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas LGBTQI+ en el contexto preelectoral conEmilio de Benito, vocal de Salud y Mayores del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM).

  Fundada en 1986, COGAM es una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja por la igualdad de las personas LGBTQI+. Es una de las entidades fundadoras de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España y una de las impulsoras del matrimonio igualitario, legalizado en 2005.

  ¿Qué cambios se han producido en la situación de las personas LGBTQI+ en España en los últimos años?

  Con la aprobación, en marzo de este año, de la Ley Trans, la situación en España es, al menos sobre el papel, una de las mejores del mundo. La Ley Trans establece la libre determinación del sexo registral con la sola voluntad de la persona, prohíbe las terapias de conversión e impone medidas para la diversidad en la educación y el empleo.

  Sin embargo, tenemos un problema: el aumento de los discursos de odio propagados por la ultraderecha, representada por Vox, e incluso por el más tradicional partido conservador, el Partido Popular (PP). La campaña para estas elecciones se ha visto plagada de expresiones de homofobia y transfobia. Hemos visto a políticos negarse a dirigirse a personas trans de manera consistente con su identidad de género y amenazar con abolir leyes que han consagrado derechos, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley Trans. Esto se ha visto reflejado en un aumento del acoso contra las personas LGBTQI+ tanto en las aulas como en la calle. Según datos oficiales, el año pasado, los delitos de odio en España aumentaron 45%, aunque es posible que la cifra real sea bastante mayor, porque la gente no siempre denuncia. La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social.

  ¿Por qué los derechos de las personas LGBTQI+ se han transformado en un tema de campaña?

  El último año se ha debatido mucho sobre la Ley Trans, que se aprobó en febrero. Es por eso que varios partidos políticos han incluido el tema en su agenda. Esta ley es posiblemente la más chocante para la extrema derecha y afecta a muy poca gente, por lo que aún si no la intentan derogar, seguro la intentarán modificar. Es decir, en el mejor de los casos se volverá a necesitar un diagnóstico médico que patologice la transexualidad, y a los menores no se los atenderá o se les pondrán trabas.

  En cuanto a la Ley de Matrimonio Igualitario, dudo que el PP sea capaz de derogarla, aunque Vox sí lo reclama. En cambio, es más probable que busquen poner obstáculos a la adopción o a la filiación del hijo de tu pareja.

  Lamentablemente, también hay un rechazo muy fuerte de la Ley Trans por parte de algunos feminismos de izquierda, que le han dado una ventaja adicional a la derecha. Yo creo, sin embargo, que se trata de un debate filosófico más que legal. Podemos debatir cuanto queramos qué es lo que hace que nos identifiquemos como hombres o como mujeres, pero aun así debemos reconocer el derecho de cada persona a expresar su identidad.

  ¿Está el movimiento LGBTQI+ alineado con alguna opción política en estas elecciones?

  Nosotros no nos alineamos con ningún partido político, pero sí que advertimos que hay partidos, como Vox, con mensajes y propuestas que atentan contra nuestros derechos. Esto no ha estado exento de controversias. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España se ha montado una campaña para llamar a no votar a la derecha, pero hay quienes se han manifestado en desacuerdo porque en principio se puede ser de derecha en lo económico sin ser homofóbico. Pero en ese caso, ambas cosas coinciden.

  Pedro Zerolo, un activista gay muy importante que impulsó en su momento el matrimonio igualitario, solía decir que os derechos no solo hay que conquistarlos y disfrutarlos, sino también defenderlos. Claramente ahora estamos en el punto en que debemos defender nuestras conquistas.

  De modo que todos los colectivos LGBTQI+ hemos intervenido en la campaña electoral. Lo hemos hecho durante el Orgullo de Madrid, que es uno de los más importantes del mundo no solamente por su extensión –dura cuatro días– y por la cantidad de gente que convoca, incluida mucha gente que no es del colectivo, sino también porque incluye numerosas actividades culturales y sociales. También hemos participado en debates con partidos políticos: en COGAM, por ejemplo, tuvimos un debate con representantes de cuatro partidos. No todos eran partidos de izquierda, aunque son éstos los que siempre quieren reunirse con nosotros, escucharnos y saber nuestra opinión. Pero a la extrema derecha no la invitamos, ya que no tiene sentido que le demos voz.

  ¿Cuáles son los posibles escenarios post-electorales?

  El PP se ha opuesto a todas las leyes que reconocieron derechos de las personas LGBTQI+ y las mujeres, e incluso las han llevado al Tribunal Constitucional. Pero cuando éste ha concluido que esas leyes no infringen ninguna norma constitucional, los gobiernos del PP no las han derogado. Sin embargo, es posible que ataque la Ley Trans. Uno de los grandes logros de esta ley es que escucha a los menores de edad. Cuando los menores saben perfectamente quiénes son y quieren ser, no tiene sentido reprimirlos hasta que sean mayores de edad. Pasa lo mismo con el aborto: antes las menores de 16 años tenían que contar con permiso de sus padres, pero luego este requisito se eliminó porque hay casos, por ejemplo de incesto, en que era problemático. Creo que con los menores van a intentar volver atrás en estos derechos.

  También podrían volver a exigirles a las mujeres trans dos años de tratamiento psicológico de diagnóstico. A los hombres trans directamente los han borrado el debate, como si no existieran. Hay demasiada preocupación por lo que podría llegar a pasar si una mujer trans entra a un vestuario femenino, pero a nadie le preocupa lo que le puede pasar a un hombre trans en el gimnasio.

  En el terreno de educación es posible que ocurran retrocesos muy graves, por ejemplo que se nos quite la posibilidad de explicar la realidad de las personas LGBTQI+ en las escuelas. Para un adolescente o preadolescente LGBTQI+ es fundamental que alguien le diga que lo que le pasa no es frecuente, pero tampoco es anormal, y que puede ser feliz. Pero este mensaje lo están tratando de borrar.

  Incluso estructuras como las consejerías de igualdad, los organismos de igualdad de los gobiernos locales y regionales, en muchos sitios están desapareciendo o diluyéndose, rebautizados como “organismos de familia” cuando pasan a manos de la extrema derecha. Lógicamente, cuando las OSC del colectivo LGBTQI+ precisemos apoyo del Estado para nuestras campañas, la respuesta va a ser muy floja, si es que la hay.

  El movimiento LGBTQI+ ha impulsado importantes cambios legales. ¿De qué manera ha trabajado para conseguir el apoyo de la opinión pública?

  La mayoría de las organizaciones LGBTQI+ en España somos actores políticos y no solamente asistenciales. Hacemos incidencia con partidos, diputados y funcionarios. Pero en mi opinión, nuestra principal labor pasa por la creación de visibilidad.

  Los eventos del Orgullo que se celebran en España, pero especialmente los de Madrid, Barcelona y Valencia, nos dan una visibilidad que hace que el resto de la población se nos acerque. Ahora tenemos una senadora trans. Hacemos campañas en medios. Usamos en forma especialmente intensiva las redes sociales porque nos permiten dos cosas: una, llegar a las y los adolescentes y preadolescentes LGBTQI+; y dos, proyectar una imagen proactiva y positiva a toda la sociedad.

  Pero somos conscientes de que la visibilidad también nos expone. Todos los años tras los eventos del Orgullos hay una pareja de chicos que, al regresar de Chueca, el barrio donde se concentra el Orgullo de Madrid, a sus barrios a las afueras les pegan en cuanto salen del metro. Siempre pasa, porque vuelven del centro sintiéndose los reyes del mundo. Han estado felices, integrados, libres. En esa euforia no se dan cuenta de que han entrado en una zona peligrosa, donde el mensaje de odio ha calado hondo. Y en estos días hay menos reparo en insultarte. Hace unos años la gente no lo hacía o lo hacía por lo bajo, pero ahora están envalentonados, lo hacen como presumiendo.

  ¿Qué clase de vínculos mantienen con organizaciones LGBTQI+ a nivel internacional?

  A nivel nacional en España nos organizamos en la Federación Estatal, la cual mantiene relaciones con ILGA, la Asociación Internacional LGBTI. Varias organizaciones españolas también están muy enfocadas en América Latina y otros países de habla hispana como Guinea Ecuatorial. En esta excolonia española en África, por ejemplo, acaban de lanzar una campaña.

  Otra forma de colaboración pasa por el trabajo con personas migrantes LGBTQI+ procedentes de Latinoamérica. Los principales grupos de población extranjera en España son de Rumania, Marruecos y luego de Venezuela, Colombia y Ecuador. Somos un sitio de refugio. Es fácil culturalmente, y además muchos tienen antecedentes españoles, lo que les facilita la estancia y les puede incluso dar acceso a la nacionalidad. En esto desempeñamos un papel claro. De hecho, como nuestras webs están en español son muy fácilmente consultables por las organizaciones de Latinoamérica y nuestros mensajes les llegan sin ninguna barrera.

  Sin embargo, tal y como está la situación, es más usual que nosotros hagamos campaña para apoyar a otros, y no que otros nos apoyen a nosotros. En Europa, por ejemplo, somos uno de los países que está relativamente bien, por lo que parece lógico que el foco esté puesto en países como Hungría y Polonia. Pero en todo caso, trabajar a nivel europeo es lo más operativo para resistir frente a la reacción conservadora, para que los países que incumplan leyes o retiren derechos reciban la presión de la Unión Europea.

  ¿Cómo ves el futuro?

  Ahora mismo, en esta encrucijada, lo veo con temor. Fui adolescente en la época de la dictadura de Franco y lo viví con miedo. Ahora le temo a la idea de que podamos volver a eso.

  En las últimas décadas muchas personas nos han aceptado, pero no todas lo han hecho por las mismas razones. Mucha gente lo ha hecho porque no se atrevía a manifestar su rechazo, porque estaba mal visto. Pero ahora los sectores en que el rechazo está bien visto están creciendo.

  El otro día en un debate público a una chica trans miembro de un partido la llamaron “enferma crónica”. Los parlamentarios autonómicos se empeñan en dirigirse a las diputadas trans en masculino. Hasta hace poco quien pensaba estas cosas se las callaba porque no estaban bien vistas y se temía el rechazo social. Pero ahora hay un público envalentonado para expresar su odio. Y esto continuará al margen de lo que pase en las elecciones, porque los sectores que defienden el odio tienen una presencia pública que trasciende al parlamento. Por eso temo por el destino de las leyes igualitarias, pero más le temo a la calle.

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  El espacio cívico en España es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

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• ESTADOS UNIDOS: “La elección de 2020 es un mandato político y moral contra el fascismo”

  CIVICUS conversa sobre la supresión de votantes y sus implicancias para la democracia en Estados Unidos con Yael Bromberg, asesora principal en el área de derechos electorales en la Fundación Andrew Goodman, una organización que trabaja para convertir a las voces de los jóvenes -uno de los grupos de votantes más subrepresentados de los Estados Unidos- en una poderosa fuerza para la democracia. La Fundación fue establecida en 1966 para perpetuar el espíritu y la misión de Andy Goodman, quien en 1964 se unió a Freedom Summer, un proyecto para registrar a los afroamericanos para votar y así desmantelar la segregación y la opresión, y fue asesinado por el Ku Klux Klan en su primer día en Mississippi. La Fundación apoya iniciativas de desarrollo del liderazgo juvenil, accesibilidad del voto y justicia social en casi un centenar de instituciones de educación superior en todo el país.

  

  Para un observador externo es confuso que un país que se promueve a sí mismo como el paradigma de la democracia ponga barreras que limitan el derecho al voto de millones de sus ciudadanos. ¿Podría contarnos un poco más acerca del fenómeno de la supresión de votantes en Estados Unidos?

  Es cierto que Estados Unidos se ha promocionado a sí mismo como un modelo de democracia. Como ciudadana inmigrante y naturalizada cuyos abuelos sobrevivieron al Holocausto y a los gulags soviéticos, aprecio el carácter único de algunas de las libertades que se disfrutan en este país. Por ejemplo, si bien nuestro sistema judicial se encuentra actualmente bajo seria amenaza debido a la politización y la polarización de la magistratura, generalmente ha resistido el tipo de corrupción que está enraizado en otros países. Aunque nuestro sistema legal está en tensión y hay ciertas prácticas arraigadas, como la extrema impunidad policial, que deben ser abordadas, nuestro sistema legislativo puede, si lo desea, colmar las brechas que ha dejado el poder judicial. Pese a que la inyección de grandes cantidades de dinero, incluido dinero de oscura procedencia, ha ahogado a nuestra política, los más serios defensores de la democracia, que han resistido a cosas mucho peores, nos enseñan que la democracia es un viaje largo y persistente más que un destino. Sí, en este país tenemos problemas sistémicos que requieren una reforma profunda, y las vidas de personas de carne y hueso se resienten a causa de las disfuncionalidades de la tiranía de una minoría. Pero también contamos con los principios fundacionales de los Estados Unidos – la libertad y la igualdad - y la posibilidad de realizar nuestro ideal.

  En la época fundacional de esta nación, solo los hombres blancos que eran propietarios tenían derecho al voto. Mediante el proceso de ratificación constitucional se abolió la esclavitud y se concedió el derecho de voto a los hombres liberados. Persistieron leyes injustas, tales como las pruebas de alfabetismo y los impuestos electorales, utilizados para evitar que las minorías raciales votaran. Esto se combinó con otras leyes de la era de Jim Crow que ofrecían razones arbitrarias para encarcelar a esclavos liberados y obligarlos a regresar a los campos de trabajo, privándolos del derecho al voto cuando eran liberados. La resistencia popular aumentó en la medida en que la violencia física y política del sistema de segregación se fue poniendo en evidencia en la década de 1960, y resultó en leyes más fuertes y nuevas enmiendas constitucionales.

  Hoy en día la supresión de votantes equivale a la situación del zorro que guarda el gallinero. Quienes tienen el privilegio de definir las leyes determinan quiénes están adentro y quiénes quedan afuera. Por ejemplo, las leyes estrictas de identificación de votantes que van más allá de exigir una prueba de identidad estándar se extendieron por todo el país tras la elección de Obama como presidente. Alabama estableció reglas estrictas de identificación de votantes y luego cerró las oficinas de emisión de licencias de conducir, adonde se podían obtener tales identificaciones, en extensas zonas rurales del estado donde reside la población negra. Los políticos trazan los límites de sus distritos para asegurar el futuro de su propio partido y sus futuras oportunidades personales de ocupación de cargos. No hay lugares de votación en los campus universitarios, donde se concentran los jóvenes. Incluso durante una pandemia global, el voto por correo sigue sin ser un derecho universal. Mientras que un estado, Nueva Jersey, establece por lo menos diez urnas por ciudad para recolectar las boletas enviadas por correo, otro, el de Texas, recurrió exitosamente a los tribunales para limitar las urnas a una por condado. Para empeorar las cosas, cuando estas leyes son llevadas a los tribunales, éstos no siempre fallan a favor de los votantes.

  La temporada electoral de 2020 ha sido particularmente sorprendente. El poder judicial federal parece obsesionado con la idea de que los cambios de última hora en las reglas electorales conducen a la supresión de votantes, incluso cuando se trata de leyes que amplían el acceso al voto. Esto desafía la lógica. Si una ley limita el acceso, se entiende. Pero si una ley simplemente amplía el acceso, no está claro dónde está el perjuicio para los votantes.

  La pregunta que surge naturalmente de nuestro paradigma es: si Estados Unidos realmente es un ejemplo de democracia, entonces ¿por qué tenemos tanto miedo de abrazar las primeras tres palabras de nuestra Constitución: “Nosotros el pueblo”?

  ¿Considera que la supresión de votantes ha sido un tema crucial en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020?

  Absolutamente. Las elecciones presidenciales de 2020 arrojan por lo menos cinco conclusiones importantes: 1) Nuestros gobiernos estaduales pueden ampliar fácilmente el acceso a las urnas de manera segura, entre otras cosas extendiendo los períodos de votación anticipada y las oportunidades para votar por correo; 2) Los votantes de todos los partidos aprovechan estos mecanismos y se benefician de ellos, como lo demuestra el récord de participación electoral de este año; 3) La expansión y la modernización electorales no conducen al fraude electoral; 4) Este año los votantes se sintieron motivados a votar a pesar de los obstáculos discriminatorios y arbitrarios que se interpusieron en su camino; 5) El mito del fraude electoral, más que la evidencia real y sistémica de fraude, ha surgido como una amenaza significativa tanto para proteger el acceso a las urnas como para mantener la confianza pública en nuestro sistema electoral.

  En 2013, la Corte Suprema eliminó una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Esa salvaguarda exigía que los estados con un historial demostrado de supresión de votantes obtuvieran aprobación antes de modificar sus leyes electorales. Eliminada la salvaguarda, se abrieron las compuertas para la supresión de votantes. El número de lugares de votación se redujo: entre 2012 y 2018 se cerraron 1.700 lugares de votación, 1.100 de ellos entre las elecciones de mitad de período de 2014 y las de 2018. Se aprobaron leyes estrictas de identificación de votantes, lo que dificultó el acceso al voto de las personas pobres, de color y jóvenes. Otras medidas, como la depuración de los registros estaduales de votantes y la rezonificación de los distritos electorales, diluyeron aún más el poder de voto. Es importante tener en cuenta que todo esto sucede a costa de los contribuyentes, quienes pagan la cuenta de un poder judicial tapado de casos acumulados y los costos de los litigios del partido gobernante; y a costa de los votantes, que se ven obligados a aceptar los resultados de un sistema electoral amañado, aunque en el futuro la legislación que suprime votantes podría ser revocada.

  La cantinela mentirosa del fraude electoral ha provocado una regresión de los derechos en todos los ámbitos. No hay razón alguna para que, especialmente en medio de una pandemia, el acceso al voto por correo no sea universal. Sin embargo, ocho estados solo permitieron votar por correo a los votantes que superaban cierta edad, pero no a los votantes más jóvenes. La pandemia no discrimina y nuestro sistema electoral tampoco debería hacerlo. De manera similar, el Servicio Postal de los Estados Unidos repentinamente se politizó cuando se fue haciendo cada vez más evidente que la gente votaría por correo en cantidades sin precedentes. Se reanudaron las discusiones sobre su privatización y se ordenó desmantelar costosas máquinas clasificadoras de correo sin otro motivo que el de suprimir el voto. A continuación de la elección, la campaña de Trump causó mucho daño en su intento de deslegitimar los resultados, a pesar de que no se encontró evidencia alguna de fraude electoral en las más de 50 demandas judiciales que impugnaron el resultado de las elecciones. Le hizo al país un flaco favor, ya que convenció a una proporción sustancial de las bases de uno de los grandes partidos políticos de cuestionar el resultado de una elección que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad había declarado como “la más segura en la historia de Estados Unidos”.

  Mientras ocurría todo esto, la pandemia también impulsó una expansión del acceso en aspectos clave. Incluso algunos estados gobernados por republicanos lideraron la expansión del período de votación anticipada y el acceso a sistemas de votación por correo. Debemos tomar esto como una oportunidad de aprendizaje para impulsar una modernización electoral con sentido común, de modo que no se trate de una ocurrencia única asociada a la pandemia. El COVID-19 ha normalizado la modernización electoral, que pasó de ser un tema marginal propio del progresismo a convertirse en un tema de la agenda compartida, que empodera a los votantes de todo el espectro político. Además, si bien las interminables demandas sin fundamento interpuestas por la campaña de Trump pueden calar en cierto segmento de votantes, cabe preguntarnos si harán que el poder judicial finalmente se convenza de que no hay fraude electoral generalizado. Esto es importante porque invariablemente veremos que a raíz de estas elecciones se introducirán nuevas leyes estaduales de supresión de votantes, como ocurrió tras la elección de Obama en 2008, las cuales ciertamente serán desafiadas en los tribunales. Quizás esta vez el poder judicial responda a tales desafíos de manera diferente, a la luz de la revisión del proceso electoral de 2020.

  Por persistentes que fueran los esfuerzos de supresión de votantes, la respuesta en este ciclo fue abrumar al sistema con más participación electoral. Como era de esperarse, la participación electoral alcanzó niveles inéditos. Las estimaciones iniciales indican que la participación de los jóvenes en este ciclo fue incluso mayor que en 1971, cuando la edad para votar se redujo a 18 años y el registro de potenciales votantes se expandió repentinamente. Simplemente no podemos permitirnos el nivel de apatía electoral que hemos tenido en el pasado. En 2016 se produjeron victorias por márgenes muy estrechos en tres estados clave: Michigan, por 0,2%, Pensilvania, por 0,7% y Wisconsin, por 0,8%. La supresión de votantes ciertamente puede hacer la diferencia en competencias con márgenes tan estrechos. Sin embargo, no debemos olvidar el poder del voto: alrededor del 43% de los votantes habilitados no votó en 2016. Las estimaciones más recientes indican que aproximadamente el 34% de los votantes habilitados, es decir aproximadamente uno de cada tres, no votó en 2020. ¿Cómo podemos mantener esta nueva tasa récord de participación electoral, e incluso mejorarla, cuando la opción por el fascismo ya no esté en juego en las urnas?

  ¿Podría contarnos acerca del trabajo de la Fundación Andrew Goodman en la intersección entre los dos grandes temas del derecho al voto y el racismo sistémico?

  La misión de la Fundación Andrew Goodman es convertir las voces y los votos de los jóvenes en una fuerza poderosa de la democracia. Nuestro programa Vote Everywhere (Vota en Todas Partes) es un movimiento nacional no partidista de participación cívica y justicia social liderado por jóvenes, con presencia en campus de todo el país. El programa proporciona capacitación, recursos y acceso a una red de pares, en tanto que nuestros Embajadores Andrew Goodman registran a votantes jóvenes, derriban barreras para el voto y abordan importantes problemas de justicia social. Estamos en casi 100 campus de todo el país y tenemos presencia en un amplio abanico de campus, incluidas instituciones que sirven a personas de color, tales como colegios y universidades históricamente afroamericanos.

  Lo poderoso de la organización y el voto de los jóvenes es que atraviesa todos los clivajes: sexo, raza, origen nacional e incluso pertenencia partidaria. Esta situación se originó en la historia de la expansión del voto juvenil en 1971, cuando se ratificó la 26ª Enmienda a la Constitución, que redujo la edad para votar a 18 años y prohibió la discriminación por edad en el acceso al derecho al voto. Fue la enmienda que se ratificó más rápidamente en toda la historia de Estados Unidos, en gran medida debido a que recibió un apoyo casi unánime más allá de las divisiones partidarias. Hubo un reconocimiento de que los votantes jóvenes ayudan a mantener la brújula moral del país, como lo manifestó el entonces presidente Richard Nixon durante la ceremonia de firma de la enmienda.

  El legado de Andrew Goodman está directamente relacionado con las luchas de solidaridad entre comunidades para el mejoramiento del conjunto. A lo largo de la década de 1960, los estudiantes universitarios negros del sur se sentaron valientemente ante los mostradores de locales propiedad de blancos en un acto político de protesta por la integración y la igualdad. En mayo de 1964, jóvenes estadounidenses de todo el país se desplazaron hacia el sur en ocasión del Freedom Summer (Verano de la Libertad), para registrar votantes negros y abolir el sistema segregacionista de Jim Crow. Tres jóvenes activistas de derechos civiles fueron asesinados por el Ku Klux Klan con el apoyo de la oficina del alguacil del condado: Andy Goodman y Mickey Schwerner, dos hombres judíos procedentes de Nueva York, de apenas 20 y 24 años, y James Chaney, un hombre negro de Mississippi, de tan solo 21 años. Sus historias tocaron una fibra sensible que ayudó a galvanizar el apoyo para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Se trata de una historia acerca del poder de unos jóvenes visionarios que luchan por su futuro, la solidaridad y el poder que es posible construir a partir de la confluencia y el trabajo conjunto de estadounidenses de diferentes orígenes.

  Los activistas jóvenes lideraron varios movimientos de justicia social de la década de 1960, tal como lo hacen hoy. Cuando este país respondió y promulgó reformas críticas, los jóvenes finalmente utilizaron su propio derecho al voto cuando fueron enviados a la muerte al comienzo de la interminable guerra de Vietnam. Hoy en día, los jóvenes lideran el llamado a la justicia climática, el control de armas, la dignidad humana para nuestras comunidades negras e inmigrantes y el acceso a la educación superior. Son quienes más tienen para ganar o perder en las elecciones, porque son quienes heredarán el futuro. Reconocen, particularmente a la luz de los cambios demográficos que ha experimentado el país, que el tema del derecho al voto de la juventud es un tema de justicia racial. En la medida en que podamos ver al voto de los jóvenes como un factor unificador, ya que todos los votantes hemos sido jóvenes alguna vez, tendremos la esperanza de inyectar algo de sentido común en un sistema controvertido y polarizado.

  El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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• ETIOPÍA: “Las elecciones de junio de 2021 son una cuestión de vida o muerte para la democracia”

  CIVICUS conversa con Mesud Gebeyehu acerca del conflicto político en la región de Tigray, en Etiopía, y sobre las próximas y muy disputadas elecciones nacionales etíopes, que tendrán lugar en junio de 2021 en medio de la pandemia y de un prolongado estado de emergencia. Mesud es Director Ejecutivo del Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos (CEHRO) y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Mesud también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de OSC de Etiopía, un órgano estatutario creado para coordinar la autorregulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Etiopía.

• Guatemala: Se deben respetar los derechos fundamentales en vísperas de las elecciones presidenciales

  

  CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, expresa su profunda preocupación por los crecientes ataques y restricciones a las libertades democráticas y cívicas en vísperas de las elecciones presidenciales del 25 de junio en Guatemala. Hacemos un llamamiento a las autoridades para que garanticen la libertad y la seguridad de las personas para participar en el proceso político sin sufrir intimidación alguna antes, durante ni después de las elecciones.

• GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”

  CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.

  Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.

  ¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?

  En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.

  En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.

  ¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?

  En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.

  Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.

  No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.

  La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.

  Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.

  Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.

  ¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?

  Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.

  Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.

  ¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?

  La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.

  Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.

  El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.

  Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.

  ¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?

  La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.

  En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.

  La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

  Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.

  ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?

  Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.

  El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.

  El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.

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  El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• Guatemala: Llamado a respetar el Estado de Derecho antes de la segunda vuelta de las elecciones

  

  En vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 20 de agosto de 2023, la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS pide a las autoridades guatemaltecas que respeten el Estado de derecho y los valores democráticos para evitar una crisis política. Guatemala se encuentra actualmente en un precipicio, ya que algunos partidos políticos han impugnado el resultado de la primera de las elecciones celebradas el 25 de junio de 2023.

  Recibimos con satisfacción el anuncio oficial por parte del Tribunal Supremo Electoral con los resultados de la primera vuelta en medio de tensiones crecientes. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por los continuos esfuerzos de los partidos políticos y sus aliados en el sector judicial para alterar estos resultados electorales. Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que respeten plenamente la integridad del proceso electoral y el resultado de la primera ronda de votaciones, que ha sido seguida de cerca por observadores nacionales e internacionales.

  Las elecciones se han celebrado en un ambiente en el que se ha atacado el Estado de Derecho, se ha cuestionado la independencia del poder judicial y se han impuesto restricciones a periodistas y defensores de los derechos humanos por el trabajo que realizan.

  Para preservar la integridad del proceso electoral, es fundamental que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de agosto se celebre en estricto cumplimiento de la ley. Debe respetarse plenamente el orden constitucional, y las autoridades deben crear un entorno en el que las personas participen sin temor a represalias.

  CIVICUS hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que:

  1. Garantice el ejercicio de los derechos cívicos y políticos de la población en el marco de las elecciones presidenciales.
  2. Retire inmediata e incondicionalmente los cargos contra todos los defensores de los derechos humanos, líderes sindicales y periodistas.
  3. Investigue y exija cuentas a todos los funcionarios del gobierno o agentes no estatales que perpetren actos de intimidación y hostigamiento contra defensores de los derechos humanos y periodistas y se abstenga de continuar la persecución a funcionarios judiciales por defender los derechos humanos y luchar contra la corrupción.

  Antecedentes

  En julio de 2022, CIVICUS, Acción Ciudadana y Redlad presentaron el Examen Periódico Universal de la ONU de Guatemala, en el que se señalaba la extrema violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas, que siguen sufriendo ataques, hostigamiento, estigmatización y asesinatos. Actores estatales y no estatales han intensificado los ataques con impunidad. El informe denuncia además casos de acoso judicial contra funcionarios de justicia y periodistas y la reducción gradual del espacio para una prensa libre e independiente.

  Como resultado de estos acontecimientos, el espacio cívico en Guatemala está actualmente clasificado como "reprimido" por el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que realiza un seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo.

• Hay que reimaginar la democracia para conseguir una vida mejor para todos

  Por Mandeep Tiwana es director de programas en la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS

  El comienzo de 2019 es la ocasión para muchos de nosotros de reflexionar sobre el año que acaba de terminar, considerar la situación actual y tomar resoluciones para conseguir un cambio con vistas al futuro. Si realizásemos este ejercicio respecto a nuestras comunidades y pudiésemos replantearnos el tipo de democracia en que vivimos y la manera en que la experimentamos ¿a qué se parecería? y ¿cómo sería?

  Leer en: Equal Times

   

• HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’

  CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.

  El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola deprotestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.

  

  ¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?

  La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.

  La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.

  La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.

  La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.

  Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.

  ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?

  La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.

  ¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?

  Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.

  En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.

  El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.

  ¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?

  La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

  La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.

  El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.