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  • #BEIJING25: “Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida”

    En ocasión del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

    CIVICUS conversa con Pakou Hang, Directora de Programas de Vote Run Lead (Vota Compite Lidera), una organización dedicada a capacitar a mujeres para que se postulen para cargos políticos y ganen la elección, aumentando la representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Fundada en 2014, ya ha alcanzado a más de 36.000 mujeres en los Estados Unidos, casi el 60% de las cuales son mujeres de color y el 20% procede de las zonas rurales. Numerosas graduadas de Vote Run Lead ahora ocupan puestos en ayuntamientos, juntas de condado, cámaras estatales, cortes supremas y en el Congreso de los Estados Unidos.

    Pakou Hang

    Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales?

    Se ha avanzado mucho desde 1995, pero todavía queda mucho por hacer y todavía estamos lejos de la equidad. En términos de representación política ha habido algunos avances, pero estos también han sido lentos: a nivel global, a principios de 2019 el 24,3% de los integrantes de los parlamentos nacionales eran mujeres, en comparación con apenas 11,3% en 1995. Solo tres países en todo el mundo alcanzaron o superaron la paridad en sus cámaras bajas o legislativos unicamerales, pero han sido muchos más los que alcanzaron o superaron el umbral del 30%. Hasta el año pasado había también 11 mujeres jefas Estado y 12 jefas de gobierno; y las mujeres ocupaban casi el 21% de los puestos ministeriales, a menudo en las áreas más asociadas a las temáticas de la mujer, tales como acción social y carteras relacionadas con la familia, la niñez, la juventud, la tercera edad y la discapacidad. Así que el resultado final es mixto: se ha avanzado mucho, pero el progreso ha sido lento y está lejos de ser suficiente.

    También ha habido una gran variación entre regiones y países, desde alrededor de 16% de mujeres parlamentarias en la región del Pacífico hasta más del 40% en los países nórdicos. El promedio para las Américas es 30%, pero Estados Unidos se encuentra por debajo del promedio. El Congreso sigue siendo desproporcionadamente dominado por hombres. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población, ocupan solamente el 24% de las bancas. El Congreso también es menos racialmente diverso que el conjunto de la población, ya que el 78% de sus miembros se identifican como blancos, una proporción sustancialmente superior al 60% de la población estadounidense compuesta de personas blancas.

    Según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (Center for American Women and Politics), la situación no es muy diferente a nivel estadual: el 29,2% de los escaños legislativos estaduales y el 18% de las gobernaciones son ocupados por mujeres. Hay menos datos sobre los ejecutivos locales y el grueso de la información disponible refiere a las ciudades más grandes, el 60% de cuyos alcaldes son hombres blancos, a pesar de que estos dan cuenta de apenas el 20% de la población de esas ciudades. Aunque en 2018 más mujeres accedieron a cargos públicos locales, siguió siendo frecuente que los ayuntamientos y las comisiones de los condados incluyesen a una sola o a ninguna mujer.

    Por otro lado, a pesar del relativamente pequeño número de mujeres legisladoras, y especialmente de mujeres de color, el Congreso actual es el más diverso en la historia. Y el grupo de candidatos que se postularon para cargos legislativos en 2020 también fue el más diverso jamás visto. Por supuesto, estos candidatos recibieron fuertes ataques de los medios y de la oposición política. Pero creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva para entender la magnitud del cambio ocurrido. Sin duda que me decepcionó que termináramos con dos hombres blancos y mayores a la cabeza de las dos principales fórmulas presidenciales, pero lo cierto es que ahora también tenemos a una mujer negra y de ascendencia india como vicepresidenta electa, y eso es un avance.

    Recuerdo que cuando se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2020 llamé con la noticia a mi sobrina de nueve años. Ella estaba extasiada. Lo cual me recordó que ella pertenece a una nueva generación de estadounidenses nacidos durante la presidencia de Barack Hussein Obama. Cuando crezca sabrá que Donald Trump fue presidente, pero también sabrá que Trump fue vencido por una mujer negra de ascendencia india. Mientras hablábamos, mi sobrina me dijo: “Ya casi lo logramos, tía”. Y caí en la cuenta de que tenía razón: sí, ya casi estamos.

    ¿Por qué es importante alcanzar la paridad de género en la representación política? ¿Es solo una cuestión de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades, o también tendrá efectos positivos en las instituciones democráticas y en las políticas públicas?

    Una de las principales razones por las cuales necesitamos más mujeres en puestos gubernamentales es que ellas gobiernan en forma diferente de los hombres. Las mujeres en el gobierno son más colaborativas, más civiles, más comunicativas. Son más proclives a trabajar con miembros de otros partidos para solucionar los problemas. Consiguen más dinero para sus localidades, aprueban más leyes, y sus proyectos están más enfocados en las poblaciones más vulnerables como la niñez, la ancianidad y las personas enfermas. Las mujeres amplían la agenda política, más allá de los asuntos tradicionalmente concernientes a las mujeres. Y el resultado son mejores políticas para todas las personas, es decir no solo para las mujeres y las niñas, sino también para los hombres y los niños. Por último, dado que ellas traen a los procesos de formulación de políticas un nuevo conjunto de perspectivas y experiencias de vida, su presencia asegura que las perspectivas de las mujeres no sean dejadas de lado, y que asuntos tales como la violencia de género o el cuidado infantil no sean ignorados. En resumen, las mujeres en puestos gubernamentales tienden a ser más efectivas que los hombres. Y dada la actual situación de estancamiento político e hiperpartidismo, necesitamos hacer las cosas de un modo diferente. Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida.

    Además, la necesidad de mujeres en el poder y en la política se ha vuelto aún más crítica en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el último ciclo electoral los donantes quisieron contribuir a las campañas de las candidatas mujeres más que nunca antes, porque la pandemia los hizo tomar conciencia no solo las numerosas inequidades que atraviesan a nuestra sociedad y al sistema de salud, sino también de la labor sobresaliente que las mujeres, y en particular las mujeres de color, están llevando a cabo en sus comunidades para responder a las necesidades urgentes, cubrir las lagunas de políticas gubernamentales inadecuadas, y abordar los problemas de las comunidades excluidas que han sido desproporcionalmente afectadas por el COVID-19 y la crisis económica. Durante esta crisis, las mujeres han desempeñado roles fundamentales a la hora de mantener conectadas a las comunidades, recolectar y distribuir alimentos y otros bienes básicos para las familias necesitadas, encontrar maneras para apoyar a la actividad económica local y proveer servicios comunitarios ad hoc, entre otras cosas.

    Las investigaciones que analizan las formas en que diversos países han respondido a la pandemia parece mostrar que los países con líderes mujeres tienden a tener menos casos y menos muertes por COVID-19. Parece que las mujeres en el poder han adoptado un estilo de liderazgo transformador que puede resultar más apropiado para el manejo de crisis. Este tipo de liderazgo se centra en las relaciones humanas profundas, la inversión en el equipo de trabajo y el intercambio de conocimientos, la acción ejemplificadora y la motivación de los demás. Estas cualidades son muy útiles en nuestro contexto actual.

    ¿Por qué crees que la representación política de las mujeres en los Estados Unidos sigue siendo tan baja?

    Hay muchas razones por las cuales no tenemos paridad de género en la representación política. En primer lugar, todavía hay demasiadas razones estructurales por las cuales las mujeres no se postulan y no son elegidas. Las mujeres siguen realizando una cantidad desproporcionada de las tareas domésticas y de crianza y la cobertura mediática sigue siendo sexista, ya que se enfoca en las apariencias y en la personalidad de las mujeres más que en sus políticas. Además, las personas que ocupan las estructuras partidarias y cuentan con conocimiento político, redes de contactos y dinero siguen siendo hombres, y a menudo son ellos quienes determinan quién es políticamente viable. Por ejemplo, un hombre joven que estudió desarrollo comunitario en Harvard es considerado más viable que una mujer de mediana edad que ha desarrollado labores de organización comunitaria durante 20 años.

    Paradójicamente, las candidatas mujeres ganan elecciones en aproximadamente las mismas proporciones que sus homólogos masculinos y, según las encuestas, a los votantes les entusiasma la posibilidad de elegir mujeres. Pero la segunda razón por la cuales las mujeres no son electas es simplemente que no se postulan en las mismas cantidades que los hombres, y desde ya que si no compites no puedes ganar.

    ¿Por qué las mujeres no se postulan para cargos públicos? Quizás la razón más generalizada es que las mujeres dudan de sí mismas. No se consideran calificadas. No ven a otras mujeres que se parecen a ellas o que piensan como ellas en esas posiciones de poder y, por lo tanto, es un círculo vicioso. Y no solamente las mujeres dudan de sí mismas, sino que también lo hacen los observadores externos. De hecho, si una determinada posición de poder nunca ha sido ocupada por una mujer, entonces la pregunta que se plantea una y otra vez en los medios, en tono de duda, es: ¿podría una mujer ser elegida? Es una pregunta que escuchamos mucho durante las primarias presidenciales demócratas de 2020.

    También está el hecho de que ciertas cualidades que se consideran positivas en los hombres, como la asertividad o la ambición, adquieren una connotación negativa cuando se aplican a las mujeres. Mientras que sin duda ha habido hombres furiosos y vengativos que fueron elegidos presidente, las mujeres que son percibidas como “enojadas” o “vengativas” son consideradas desagradables y, por lo tanto, descalificadas. Las mujeres candidatas son sometidas a estándares de calificación mucho más altos, a veces por sí mismas, pero más a menudo por otras personas, y como resultado de ello carecemos de paridad de género en nuestra representación política.

    ¿Cuándo se dio cuenta de que, a diferencia de los hombres, las mujeres necesitaban entrenamiento para postularse a un cargo público?

    A pesar de haber estudiado Ciencia Política en la universidad, sentía que la política estadounidense era sucia y corrupta y nunca estuve me involucré en la política electoral. Pero en 2001 mi prima mayor, Mee Moua, decidió postularse para un escaño en el Senado estadual por el distrito Este de Saint Paul en una elección especial. El distrito Este de Saint Paul se estaba convirtiendo rápidamente en un distrito donde las minorías eran mayoría, pero aun así todos sus funcionarios electos, desde el nivel estadual al condado y la ciudad, eran hombres blancos y conservadores. Mi prima se había graduado en una universidad prestigiosa, había ejercido como abogada y había sido presidenta de la Cámara de Comercio Hmong, y decidió postularse después de ser voluntaria por años en numerosas campañas políticas. Sin embargo, como sucede a menudo con las candidatas mujeres, le dijeron que tenía que esperar su turno. Bueno, decidió no hacerlo, y como ningún actor político relevante la ayudó, reunió a nuestros 71 primos hermanos para convertirlos en su ejército de voluntarios y me reclutó a mí como jefa de campaña, porque yo era la única que había estudiado Ciencia Política. Contra todo pronóstico, sin ninguna experiencia política y en medio del invierno de Minnesota, golpeamos puertas, hicimos llamadas telefónicas, movilizamos a los votantes usando estaciones a través de las radios de la colectividad, llevamos a la gente a las urnas y ganamos. Hicimos historia al elegir al primer legislador estadual hmong en la historia de los Estados Unidos y en la historia hmong.

    En un examen retrospectivo, me doy cuenta de que dirigí la campaña basándome puramente en el instinto, alimentado a partir de mi experiencia infantil de ayudar a mis padres, que no hablaban inglés, a moverse en el mundo exterior. Y aunque ganamos, bien podría haber sucedido que enfrentáramos a un adversario mejor organizado y perdiéramos. Recién años más tarde, tras hacer una capacitación política en Camp Wellstone, me di cuenta de que las candidatas mujeres necesitábamos algo diseñado especialmente para nosotras, algo que nos interpelara directamente y nos preparara para los problemas reales que enfrentaríamos en tanto que candidatas mujeres.

    ¿Qué tipo de capacitación ofrece Vote Run Lead, y cómo ayuda a derribar las barreras que mantienen a las mujeres alejadas del poder?

    Vote Run Lead es el programa de liderazgo de mujeres más grande y diverso de los Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 38.000 mujeres para postularse a cargos públicos, incluidas mujeres rurales, mujeres trans, mujeres jóvenes y mujeres negras, indígenas y de color. Más del 55% de nuestras graduadas que compitieron en la elección general de 2020 ganaron, y el 71% de nuestras graduadas que son mujeres de color también fueron electas.

    Las mujeres que entrenamos usualmente deciden postularse a cargos públicos porque identifican algo negativo en sus comunidades y quieren arreglarlo. Pero no ven a mucha gente parecida a ellas en posiciones de poder. Vote Run Lead ofrece varios módulos de capacitación que enseñan a las mujeres todo lo que necesitan saber sobre las campañas, desde dar un discurso, armar un equipo de campaña o elaborar un mensaje, hasta recaudar fondos y motivar a la gente a votar. Pero lo que diferencia a nuestro programa de capacitación es que entrenamos a las mujeres para que se postulen tal como son. Las mujeres a menudo necesitan apoyo para verse a sí mismas como candidatas calificadas, capaces y merecedoras. Les mostramos que no necesitan buscar otra promoción u obtener otro título ya que, de hecho, su historia personal es su mayor activo. Nuestro currículo de capacitación, Run As You Are (Compite Tal Como Eres), les recuerda a las mujeres que ellas son suficiente y que son el tipo de líderes que necesitamos elegir para construir la democracia justa que merecemos.

    ¿Cuál es el perfil “típico” de la mujer que ustedes ayudan a postular? ¿Apoyan a cualquier mujer que quiera competir independientemente de su orientación política?

    No hay una graduada típica de Vote Run Lead. Somos una organización no partidaria, por lo que capacitamos a mujeres de las procedencias más diversas, de todas las profesiones, de todos los partidos políticos, y cualquiera sea nivel su desarrollo político. Nuestros valores están profundamente vinculados con la promoción de mujeres interseccionales y antirracistas comprometidas con la construcción de una democracia más justa y equitativa.

    Dado el fenómeno generalizado de la supresión de votantes en los Estados Unidos, ¿el programa también se orienta a motivar la participación electoral?

    Tradicionalmente, Vote Run Lead no utiliza un programa propio para motivar la participación electoral (GOTV, por sus siglas en inglés) ya que la mayoría de nuestras graduadas están ya sea compitiendo en una elección o trabajando en una campaña. Pero en 2020, cuando los ya elevados niveles de supresión de votantes fueron alimentados por campañas de desinformación y preocupaciones por la seguridad de la salud, Vote Run Lead lanzó un sólido programa GOTV que involucró a nuestras graduadas. Este programa GOTV incluyó ocho módulos de capacitación específicos para motivar la participación electoral, que abarcaron desde cómo responder a la apatía y el cinismo en torno a la elección, hasta cuáles plataformas digitales y herramientas de comunicación usar para promover la participación. También contactamos a más de 200 voluntarias, tuvimos 3.000 conversaciones, hicimos 30.000 llamadas telefónicas y enviamos más de 33.000 mensajes de texto para que nuestras graduadas y sus redes fueran a votar.

    Antes del verano también lanzamos una serie llamada “Tu gabinete de cocina”, con la cual capacitamos a las mujeres sobre cómo recaudar dinero, hacer contacto directo con los votantes e incluso lanzar un plan digital manteniendo la distancia social. Esas guías y seminarios virtuales se pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube y ofrecen consejos en tiempo real e información basada en evidencia.

    El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con Vote Run Lead a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@VoteRunLead en Twitter.

     

     

  • BOLIVIA: ‘La pandemia se convirtió en un justificativo para estrechar el control informacional’

    CIVICUS conversa sobre el panorama político y el calendario electoral bolivianos en el contexto de la pandemia del COVID-19 con Cristian León, director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360, un proyecto que persigue el fortalecimiento democrático de los gobiernos subnacionales y se implementa en tres países latinoamericanos.Asuntos del Sur es una organización de la sociedad civil de alcance regional, basada en Argentina, que diseña e implementa innovaciones políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Cristian León es también uno de los fundadores, y actualmente también colaborador, de InternetBolivia.org, que defiende los derechos digitales en Bolivia.

     

  • BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

    CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

    Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

    La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

    Bolivia-Protests (2).jpgEn todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

    En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

    En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

    Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

    A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

    ¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

    La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

    Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

    Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

    Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

    La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

    Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

    Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

    Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

    Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

    ¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

    En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

    La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

    En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

    La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

    En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

    Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

    Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

    También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

    En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

    En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

    Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

    En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

    Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

    ¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

    La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

    El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

    Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

    El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con la Fundación Internet Bolivia a través de susitio web y siga a@e_liana en Twitter.

     

  • BURUNDI: ‘Elegir nuevos líderes no es sinónimo de democracia’

    CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones en Burundi con un activista de la sociedad civil que por razones de seguridad ha preferido conservar el anonimato.

    El 20 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19, se celebraron en Burundi elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. En marzo, dos meses antes de las elecciones, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (ONU) sobre Burundi lanzó un llamamiento a la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las instituciones regionales, para que unieran fuerzas para alentar al gobierno de Burundi a reabrir los espacios democráticos, civiles y políticos. El día de las elecciones, el presidente de la Comisión de Investigación afirmó que no estaban dadas las condiciones para realizar elecciones libres y creíbles. Segúninformó el CIVICUS Monitor, miembros de la oposición recibieron amenazas de muerte y sufrieron agresiones físicas, además de enfrentar obstáculos administrativos, ya que varias candidaturas fueron rechazadas. El líder de un partido opositor fue asesinado y otros candidatos fueron arrestados bajo acusaciones falsas. El periodismo independiente enfrentó obstáculos sistemáticos, tales como el arresto de periodistas y el bloqueo de las plataformas de redes sociales.

    Burundi Elections

    Photo by Spencer Platt/Getty Images

    ¿Se han introducido mayores restricciones al espacio de la sociedad civil como resultado de la respuesta del gobierno de Burundi a la pandemia del COVID-19?

    El espacio cívico en Burundi se ha mantenido cerrado desde abril de 2015, tras los disturbios políticos provocados por la decisión del recientemente fallecido expresidente Pierre Nkurunziza de postularse para un controvertido tercer mandato. Esto provocó una violencia generalizada que dejó al menos 1.200 muertos y obligó a 400.000 personas a huir del país. Sorprendentemente, en marzo de 2020, mientras la pandemia del COVID-19 se propagaba en casi todos los países africanos, las autoridades de Burundi abrieron un espacio para que se llevaran a cabo campañas para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de mayo. Pero cabe concluir que el espacio cívico continúa estando cerrado en términos de las posibilidades de expresión de toda crítica abierta al modo en que se maneja políticamente el país, lo cual incluye las críticas a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia durante el período electoral.

    ¿Qué posición mantuvo la sociedad civil respecto de la decisión de celebrar elecciones durante la pandemia?

    La decisión de las autoridades de Burundi de habilitar la continuidad de las campañas electorales en un período en que muchos otros países africanos estaban tomando medidas de confinamiento para detener la propagación del COVID-19 fue interpretada como una negación de la realidad de la pandemia orientada a salvar los intereses políticos del partido gobernante, el CNDD-FDD (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia), en detrimento de la salud de la población.

    A pesar de los temores de un contagio masivo de COVID-19, una de las razones por las cuales el gobierno se apuró a realizar las elecciones fue la oportunidad de realizar un proceso electoral en ausencia de un número considerable de observadores independientes e internacionales que pudieran denunciar cualquier irregularidad. Dado que la Comisión Electoral Nacional Independiente estaba compuesta principalmente por miembros del partido gobernante, esta decisión puso al gobierno en posición de manipular los resultados de las elecciones tanto como lo quisiera.

    ¿Fue el resultado de las elecciones aceptado por la mayoría de la ciudadanía?

    El 20 de mayo de 2020 el candidato del CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, fue elegido presidente con el 71% de los votos. El partido gobernante también ganó 72 de los 100 escaños en juego en la Asamblea Nacional.

    Tan pronto como la Comisión Electoral anunció estos resultados, partidos de oposición como el Consejo Nacional para la Liberación, que quedó en un distante segundo lugar, declararon a medios extranjeros que las cifras oficiales no eran creíbles y eran el resultado de un fraude masivo. Lo cierto es que las elecciones se realizaron en un contexto de permanente represión de la oposición política, los medios independientes y la sociedad civil. No hubo observadores internacionales porque el gobierno les había advertido que, a causa de la pandemia, quienes vinieran tendrían que permanecer en cuarentena durante 14 días a partir de su llegada.

    Algunos, como la Iglesia Católica, hicieron algunas críticas discretas en relación con los incidentes que marcaron el proceso electoral. Otros susurraron -ya que en Burundi no es fácil hacer críticas abiertas- que los resultados de las elecciones habían sido manipulados. Pero eso fue todo. Miembros poderosos de la comunidad internacional, como los gobiernos de Bélgica y los Estados Unidos, se apresuraron a saludar al presidente electo, y la Comunidad de África Oriental felicitó a Burundi por haber celebrado unas elecciones “pacíficas y exitosas”.

    En mi opinión, los resultados de las elecciones fueron finalmente aceptados porque se temió que habría derramamiento de sangre si el rechazo abierto de los resultados de las elecciones por parte de la oposición fuera seguido de protestas callejeras.

    ¿Qué posibilidades hay de que el resultado de las elecciones conduzca a un mejoramiento de la democracia y el espacio cívico?

    Hay quienes dicen creer que elegir nuevos líderes es sinónimo de democracia. El resultado de las elecciones de mayo de 2020 ayudó a Burundi a cambiar los rostros de los principales líderes y a mostrar que el dictador que nos había gobernado durante 15 años ya no dirige al país. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la campaña electoral, el nombramiento de funcionarios bajo sanciones económicas europeas o estadounidenses por haber cometido abusos de derechos humanos y la retórica política utilizada para retratar a algunos países y a sus líderes como colonialistas muestran que la democracia en Burundi todavía tiene un largo camino por recorrer.

    Sin embargo, algunas medidas de lucha contra la corrupción y otros abusos que ha tomado el presidente Ndayishimiye desde que asumió el cargo nos llevan a creer que la impunidad de que gozaron algunas autoridades locales bajo el gobierno de Nkurunziza podría llegar a su fin.

    Muchos creían que el plan era que el expresidente Nkurunziza siguiera detentando el poder entre bastidores. ¿Han cambiado las perspectivas como resultado de su muerte?

    El expresidente Nkurunziza murió inesperadamente en junio, antes de que asumiera su sucesor. Como ya había un presidente electo, el Tribunal Constitucional decidió que éste debía prestar juramento con dos meses de anticipación.

    Muchos creyeron que la muerte de Nkurunziza permitiría al presidente Ndayishimiye gobernar con total independencia, y así pareció confirmarlo en su discurso inaugural, donde prometió entablar un diálogo amplio sobre todos los temas. Es demasiado pronto para asegurar que el hecho de que Nkurunziza haya quedado fuera de la ecuación permitirá que el nuevo gobierno abra el espacio cívico y para saber si el nuevo presidente aprovechará esta oportunidad. Sin embargo, resulta alentador ver que el nuevo presidente ya se ha reunido con los líderes de otros partidos políticos, con expresidentes de Burundi y con obispos de las iglesias católica y anglicana, y ha prometido promover el diálogo. Estamos ansiosos por corroborar si sus palabras se convertirán en acciones.

    Al mismo tiempo, sin embargo, recientemente el ministro del Interior ha emitido una resolución para suspender hasta nueva orden el registro de nuevas organizaciones de la sociedad civil e iglesias y el reconocimiento de las nuevas autoridades de las organizaciones. Esta decisión es inconsistente con el cambio que se busca. Si se mantiene, impedirá que la sociedad civil crezca y se convierta en un interlocutor legítimo y públicamente reconocido.

    ¿Qué debería hacer la comunidad internacional para contribuir a mejorar el espacio cívico en Burundi?

    Es difícil establecer unas pocas prioridades, ya que son muchas las cosas que es necesario poner en marcha para que Burundi se convierta en una tierra de libertades. Sin embargo, sería vital involucrar al gobierno de Burundi en un diálogo multidimensional. Es necesario relanzar la cooperación internacional de manera que ésta ayude al gobierno de Burundi a poner fin a la pobreza endémica. La comunidad internacional debe abogar por la repatriación de todas las personas refugiadas, incluidas las que tienen órdenes de arresto del gobierno de Burundi, y garantizar su protección. Y también debe ofrecer su mediación para resolver el conflicto entre Burundi y sus países vecinos, especialmente Ruanda, a fin de facilitar la circulación de personas y bienes y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

    Si se persiguen las prioridades sugeridas, las autoridades de Burundi podrían llegar a darse cuenta de que Burundi no está aislado y que la comunidad internacional no está actuando para sabotear sus intereses, sino en cambio para fortalecer los aspectos positivos de la globalización en todos los ámbitos.

    El espacio cívico en Burundi es calificado de “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

     

  • CHILE: ‘Este histórico momento constituyente es un logro de la ciudadanía’

    CIVICUS conversa con Marcela Guillibrand De la Jara, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile y Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar. La Red de Voluntarios es una plataforma nacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas que promueven el voluntariado.Ahora Nos Toca Participar es una iniciativa de organizaciones sociales agrupadas en el Nuevo Pacto Social (NPS-Chile) que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y a cohesión social mediante la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito sobre la reforma constitucional previsto para octubre de 2020 y en el proceso constituyente que se espera que se inicie con el plebiscito. La campaña se centra en la formación ciudadana, la creación de espacios de diálogo y la generación de propuestas para alimentar el proceso constituyente.

    Marcela Guillibrand

    A fines de 2019 se convocó a un referéndum para disparar un eventual proceso constituyente. ¿En qué medida se trató de una victoria de la sociedad movilizada?

    En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse, para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando en nuestro país desde largo tiempo atrás.

    Todo esto fue inicialmente motivado por el descontento de los jóvenes respecto de un alza de 30 pesos (0,33 USD) en el costo de la tarifa del sistema de transporte de la capital de Chile, el Metro. En reacción al aumento se produjeron manifestaciones que primero se tradujeron en la evasión del pago del pasaje pero que eventualmente se hicieron eco en consignas tales como “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al tiempo que llevamos viviendo en democracia – desde la transición que se produjo en 1990 - y al sentimiento compartido por gran parte de la población de que no somos parte de las decisiones que se han venido tomando. Esto fue alimentado por elevados índices de desconfianza en las instituciones, una gran desafección política y la reacción contra un modelo que empujó a nuestro país a una mirada y a una participación más individualista en todos los ámbitos.

    Ante una movilización que no cedía, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de distintos sectores firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con ello se abrió a la ciudadanía la oportunidad de decidir a través de un plebiscito, que se realizará el próximo 25 de octubre, si desea una nueva constitución. Mediante el plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse además sobre el mecanismo que se utilizaría para redactar la nueva constitución: una convención constitucional, un órgano íntegramente elegido para ello, o por una convención mixta constitucional, que estaría compuesta por un 50% de congresistas actuales y un 50% de representantes elegidos para este cometido. Para un gran sector de la sociedad este proceso abre una oportunidad única de elegir de manera libre el Chile que queremos. Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro de la ciudadanía.

    En el marco de este proceso, la sociedad civil también ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso. De imponerse en el plebiscito la opción de redactar una nueva constitución, regirá para la elección de constituyentes la regla de la paridad de género. Sin embargo, ésta solo operará plenamente si se impone la opción de la convención constitucional, ya que todos los integrantes de este órgano serían elegidos en un acto eleccionario. En cambio, en el caso de la convención mixta constitucional, las reglas de paridad operarían para la mitad del cuerpo que será electo, pero no para la mitad constituida por parlamentarios que ya ocupan una banca legislativa.

    ¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil chilena frente a la perspectiva de un proceso de reforma constitucional?

    A medida que se acerca la fecha del plebiscito ha aumentado el interés sobre el tema. Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia de COVID-19, y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte. Así y todo, de a poco han manifestado un interés creciente en el tema constitucional. Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación ciudadana de los cuales puedan disponer y articular distintos espacios formativos a través de plataformas digitales y de otros mecanismos para llegar a distintos territorios, tales como las radios o la mensajería de texto.

    En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red Nuevo Pacto Social, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente - que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra plataforma web, www.ahoranostocaparticipar.cl, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole. La idea es que todas las personas que lo deseen puedan encontrar respuestas en estos materiales sobre la constitución y el posible proceso constituyente, de modo de poder participar en el plebiscito de manera libre e informada y así contribuir a lograr la votación más masiva de la historia de Chile.

    A causa de la pandemia, el plebiscito originalmente planeado para abril fue postergado para octubre. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la postergación y la fijación de la nueva fecha?

    El escenario sanitario motivado por la pandemia obligó a las instituciones pertinentes a mover la fecha del plebiscito para octubre. El sector de sociedad civil con el cual nos relacionamos entendió que el cambio era necesario en función de un bien común superior, la salud de las personas. Por el momento damos por hecho que el plebiscito tendrá lugar en octubre, ya que las instituciones que podrían tomar la decisión de moverlo aún no lo han hecho, por lo que seguimos trabajando en función de esa fecha. Actualmente se están discutiendo temas relativos a la implementación del plebiscito, en primer lugar sobre los resguardos sanitarios, pero también sobre cómo promover la participación de la ciudadanía en esta instancia que sin duda tendrá características muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Se han conformado mesas de trabajo intersectoriales para trabajar en el tema. Primero el Senado formó una mesa para recibir recomendaciones y analizar experiencias comparadas con otros países que han estado en nuestra misma situación. Luego el Servicio Electoral dio continuidad a esta mesa, para seguir trabajando en la línea de garantizar un plebiscito seguro y participativo. A esta mesa han sido invitadas distintas OSC, entre ellas Ahora Nos Toca Participar. Junto a estas organizaciones produjimos un documento de recomendaciones que abarca desde los temas sanitarios hasta la regulación de las campañas, pasando por temas de acceso a información y formación ciudadana, que son nuestros temas. Actualmente, esta mesa continúa en funcionamiento.

    ¿Se están tomando medidas para que la participación ciudadana en la campaña y la votación no se vea menoscabada por efecto de la pandemia?

    El actual escenario de pandemia naturalmente nos obliga a tomar resguardos. Por de pronto, el pasado 26 de agosto, se dio inicio al periodo de propaganda electoral, esto es, a la posibilidad de hacer propaganda en lugares públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral, así como también en los medios de comunicación. El debate está teniendo lugar con mucha fuerza en las redes sociales, que dada la necesidad de tomar recaudos, evitar las aglomeraciones y el contacto físico y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad, constituyen hoy el principal espacio de visibilización.

    Cómo hacer para garantizar a todas las personas el derecho a participar el día del plebiscito es algo que ha estado en discusión. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, algunos lugares de nuestro país permanecen en confinamiento, múltiples sectores se encuentran en cuarentena por casos activos y hay comunas que habían iniciado un plan de desconfinamiento pero tuvieron que retroceder ante el rebrote del virus.

    ¿Cómo garantizamos el derecho a la participación de las personas contagiadas de COVID-19? ¿De qué alternativas disponemos? Estas son preguntas que hoy debate tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes que están en condiciones de dar una respuesta a esta demanda. 

    En esta línea, en conjunto con diversas OSC estamos impulsando una serie de recomendaciones que atienden no solamente el aspecto sanitario - para que pacientes con COVID-19 puedan sufragar – sino también cuestiones tales como la garantía del acceso a información oportuna y de formación ciudadana para todas aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la participación por múltiples razones, entre ellas por no contar con canales de información adecuados para recibir los contenidos o porque éstos no se disponibilizaban en diferentes lenguas. En ese sentido, es importante que se hagan los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la participación, no solo a quienes en este momento podrían no estar en condiciones de ejercerlo por razones de salud, sino también a quienes se han encontrado históricamente en una situación más vulnerable, tales como los adultos mayores, los miembros de pueblos originarios, las poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes.

    El espacio cívico en Chile es clasificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

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  • COREA DEL SUR: “Los activistas y desertores norcoreanos enfrentan presiones cada vez mayores para silenciarlos”

    Ethan Hee Seok ShinCIVICUS conversa con Ethan Hee-Seok Shin, analista legal del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional (TJWG), una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Seúl fundada por defensores de derechos humanos e investigadores de cinco países. Establecida en 2014, es la primera OSC con sede en Corea que centra su trabajo en los mecanismos de justicia transicional en los regímenes más represivos del mundo, entre ellos el de Corea del Norte. TJWG persigue el objetivo de desarrollar métodos prácticos para abordar las violaciones masivas de derechos humanos y promover la justicia para las víctimas antes y después de la transición. Ethan trabaja en el Proyecto Repositorio Central de TJWG, que utiliza una plataforma segura para documentar y publicitar casos de desapariciones forzadas en Corea del Norte. Utiliza acciones legislativas y legales para crear conciencia acerca de la situación de derechos humanos en Corea del Norte.

    ¿Podría contarnos acerca del trabajo que hacen los grupos de la sociedad civil de Corea del Sur en relación con los derechos humanos en Corea del Norte?

    Existe un abanico bastante amplio de OSC que trabajan en temas de derechos humanos en Corea del Norte. TJWG ha estado trabajando para preparar el terreno para la justicia transicional en Corea del Norte, en cumplimiento de su misión central, la documentación de derechos humanos.

    El proyecto insignia de TJWG ha resultado en la publicación de una serie de informes que mapean las ejecuciones públicas en Corea del Norte, basados en entrevistas con personas que se han escapado y que ahora viven en Corea del Sur. Registramos la información geoespacial de los sitios de matanza, los lugares de enterramiento y los lugares de almacenamiento de registros, tales como tribunales e instalaciones de los servicios de seguridad, solicitando a nuestros entrevistados que identifiquen las ubicaciones en Google Earth. La primera edición del informe se publicó en julio de 2017 y se basó en 375 entrevistas, y la segunda edición se lanzó en junio de 2019, tras la realización de 610 entrevistas.

    Actualmente también estamos en el proceso de armar una base de datos en línea, FOOTPRINTS, que registra los secuestros y desapariciones forzadas cometidas en y por Corea del Norte. La plataforma utiliza Uwazi, una tecnología gratuita y de código abierto que permite organizar, analizar y publicar documentos, desarrollada por la OSC HURIDOCS. Cuando se haga pública, FOOTPRINTS ofrecerá una plataforma de fácil acceso y búsqueda para rastrear a las personas capturadas y perdidas en Corea del Norte.

    Aparte del trabajo de documentación y presentación de informes, hemos participado activamente en iniciativas de incidencia nacional e internacional. Junto con otras OSC de derechos humanos, el TJWG redactó y presentó una carta abierta instando a la Unión Europea a fortalecer el lenguaje y las recomendaciones en las resoluciones anuales de derechos humanos adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Corea del Norte. También hemos presentado casos al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y a otros expertos en derechos humanos de la ONU.

    En julio de 2020, el gobierno de Corea del Sur revocó el registro de dos OSC y emitió un aviso de revisión administrativa e inspección a grupos “dirigidos por desertores” enfocados en los derechos humanos en Corea del Norte. ¿Por qué está apuntando contra estos grupos?

    El catalizador directo fueron las provocaciones de Corea del Norte de junio de 2020. El 4 de junio, Kim Yo-Jong, hermana del líder supremo Kim Jong-Un y primera subdirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, criticó los “folletos anti-RPDC” [República Popular Democrática de Corea] distribuidos en Corea del Norte por “fugitivos de Corea del Norte” y amenazó con el cese del turismo en el Monte Kumgang, la demolición completa de la región industrial de Kaesong, el cierre de la oficina de enlace intercoreana y la terminación del acuerdo militar de 2018 que creó zonas de amortiguamiento desmilitarizadas, a menos que las autoridades surcoreanas tomaran las “debidas medidas”.

    Apenas cuatro horas después del bombazo matutino de Kim Yo-Jong, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur (MOU) anunció que prepararía un proyecto de ley para prohibir la distribución de folletos a Corea del Norte. Se trató de un cambio radical en la postura de larga data del gobierno, que constantemente había eludido esa legislación por temor a violar la libertad de expresión.

    El 10 de junio de 2020, el MOU anunció que presentaría acusaciones penales contra Park Sang-Hak y Park Jung-Oh, dos desertores de Corea del Norte, por violar el artículo 13 de la Ley de Intercambio y Cooperación Intercoreana, que requiere de aprobación previa para todo intercambio intercoreano de bienes, y que revocaría el reconocimiento legal de sus organizaciones, Luchadores por una Corea del Norte Libre (Fighters For Free North Korea, FFNK) y KuenSaem, por enviar folletos a Corea del Norte mediante el uso de globos aerostáticos y botellas de PET llenas de arroz arrojadas a las corrientes marinas, como ocurrió el 31 de mayo de 2020.

    Si bien el gobierno de Corea del Norte finalmente bajó el tono de su retórica, el gobierno de Corea del Sur comenzó a tomar medidas contra las organizaciones de derechos humanos y los grupos de desertores de Corea del Norte, vistos como un obstáculo para la paz intercoreana.

    El 29 de junio de 2020, el MOU celebró una audiencia y el 17 de julio se apoyó en el artículo 38 del Código Civil, una reliquia de la época autoritaria, para anunciar la revocación del reconocimiento legal de FFNK y KuenSaem por contravenir las condiciones de la obtención de la personería al obstaculizar gravemente la política de reunificación del gobierno, distribuyendo folletos y artículos a Corea del Norte más allá de los objetivos declarados en su estatuto y por fomentar la tensión en la península de Corea.

    El MOU también lanzó “inspecciones comerciales” de otros grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y relocalización de desertores, entre las más de 400 asociaciones reconocidas con autorización del MOU, posiblemente con miras a revocar su reconocimiento legal. El 15 de julio de 2020, la Asociación de Desertores de Corea del Norte recibió un aviso del MOU de que sería inspeccionada por primera vez desde su reconocimiento en 2010. Al día siguiente, las autoridades del MOU informaron a los periodistas que primero realizarían inspecciones comerciales de 25 grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y asentamiento de desertores, 13 de ellos encabezados por desertores norcoreanos, y que otros serían inspeccionados en el futuro. Si bien reconoció que el tema de los folletos fue lo que desencadenó las inspecciones, el MOU agregó que las inspecciones comerciales no se limitarían a las personas involucradas en la campaña de distribución de folletos.

    ¿Cuántos grupos fueron examinados o inspeccionados después de los anuncios?

    Debido al alboroto nacional e internacional suscitado por la naturaleza obviamente discriminatoria de las inspecciones de grupos de derechos humanos y personas escapadas de Corea del Norte, el MOU ha moderado un poco su enfoque y tardíamente ha comenzado a argumentar que está examinando a todas las OSC registradas bajo el MOU.

    El 6 de octubre de 2020, el MOU dijo a los periodistas que había decidido inspeccionar a 109 OSC, sobre un total de 433, por no haber presentado sus informes anuales o por haber presentado documentación incompleta. Según la información proporcionada, 13 de los 109 grupos a inspeccionar están encabezados por personas que huyeron de Corea del Norte; 22 (16 de los cuales trabajan sobre derechos humanos en Corea del Norte y relocalización de desertores, cinco que trabajan en el terreno social y cultural y uno que trabaja en el campo de la política de unificación) ya han sido inspeccionados y ninguno ha revelado motivos serios para que se le retire el reconocimiento; y el MOU tiene la intención de completar la inspección de las 87 OSC restantes para fines de 2020.

    En cualquier caso, el gobierno parece haber logrado ya su objetivo de enviar a Corea del Norte la clara señal de que está listo para dar cabida a sus demandas a cambio de vínculos más estrechos, incluso si eso implica sacrificar algunos principios fundamentales de la democracia liberal. El gobierno también ha enviado una clara señal a los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, y ha tenido el efecto paralizante que cabía esperar.

    ¿Cómo ha respondido la sociedad civil a estas iniciativas del gobierno?

    Lamentablemente, la sociedad civil de Corea del Sur está tan polarizada como su política. Los progresistas actualmente en el gobierno ven a los conservadores como herederos ilegítimos de los colaboradores del régimen colonial japonés entre 1910 y 1945 y del régimen autoritario posterior a la independencia, vigente hasta 1987. El anterior presidente progresista, Roh Moo-Hyun, en el poder entre 2003 y 2008, se suicidó en 2009 durante una investigación de corrupción en su contra, que en general fue considerada políticamente motivada, emprendida por su sucesor conservador. El actual presidente, Moon Jae-In, fue elegido en 2017, en medio de una ola de indignación pública ante el juicio político de su predecesor de derecha por corrupción y abuso de poder.

    La mayoría de las OSC están dominadas por progresistas que están políticamente alineados con el actual gobierno de Moon. Los progresistas apoyan relativamente la agenda de derechos humanos, pero generalmente guardan silencio cuando se trata de los derechos humanos en Corea del Norte, dado su apego al acercamiento intercoreano. Las mismas personas que se expresan ruidosamente en relación con las “mujeres de solaz” japonesas, sometidas a la esclavitud sexual por el Japón imperial antes y durante la Segunda Guerra Mundial, o acerca de los atropellos de la era autoritaria, pasan por alto las actuales atrocidades norcoreanas en nombre de la reconciliación nacional.

    La mayoría de los grupos norcoreanos de derechos humanos se estructuran en torno de desertores norcoreanos y de iglesias cristianas políticamente de derecha que caracterizan apasionadamente a los izquierdistas como títeres norcoreanos. Muchos también adoptan una postura hostil en relación con otros temas contemporáneos de derechos humanos, tales como los derechos de las personas LGBTQI+, lo cual es bastante irónico, ya que el juez australiano Michael Kirby, autor principal del informe de la ONU que en 2014 condenó con firmeza las graves violaciones de derechos humanos en Corea del Norte como crímenes de lesa humanidad, es gay.

    Las OSC establecidas, mayormente progresistas, no han sido objeto de persecución por parte del gobierno encabezado por el presidente Moon; por el contrario, figuras destacadas de la sociedad civil han sido nombradas o elegidas para ocupar varios cargos, o han recibido generosas subvenciones. Hay quienes expresan en privado su consternación y preocupación por las tendencias iliberales del gobierno, pero pocas personas están dispuestas a plantear públicamente el tema a causa de la profunda polarización política.

     

    ¿Se está volviendo más restrictivo el espacio para la sociedad civil - estructurado por las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión - bajo el actual gobierno surcoreano?

    El gobierno de Moon ha mostrado tendencias preocupantemente iliberales en relación con los grupos que considera que se interponen en su camino, tales como los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, que enfrentan presiones cada vez mayores para permanecer en silencio y cesar su labor de incidencia.

    El presidente Moon ha reabierto el diálogo con el gobierno de Corea del Norte para establecer relaciones pacíficas, neutralizar la amenaza nuclear del Norte y allanar el camino para la reunificación familiar, entre otros objetivos loables.

    Sin embargo, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Moon ha empleado una estrategia diplomática que minimiza la preocupación por los derechos humanos. En particular, ni la Declaración de Panmunjom de 2018 entre Corea del Norte y Corea del Sur ni la Declaración Conjunta emitida después de la cumbre Trump-Kim de 2018 en Singapur mencionan las violaciones atroces de derechos humanos cometidas por Corea del Norte.

    En las semanas previas a la reunión del presidente Moon con el líder norcoreano Kim en Panmunjom, se informó que se estaba impidiendo a los activistas desertores norcoreanos llevar a cabo su activismo. En octubre de 2018, Corea del Sur accedió a la demanda de Corea del Norte de excluir a un periodista desertor de la cobertura de una reunión en Corea del Norte. El 7 de julio de 2019 se hizo una entrega extraordinaria a Corea del Norte de dos desertores, dos pescadores presentados como asesinos fugitivos, cinco días después de su llegada y sin siquiera mantener las apariencias del debido proceso.

    El gobierno de Moon también ha recurrido a tácticas iliberales contra otros supuestos opositores. Un hombre que el 24 de noviembre de 2019 había colgado un cartel en el que se burlaba del presidente Moon como “perrito faldero de Xi Jinping” (en referencia al presidente chino) en el campus de la Universidad de Dankook, fue procesado y el 23 de junio de 2020 fue multado por el tribunal por “intrusión en un edificio”, de conformidad con el artículo 319 (1) del Código Penal, pese a que las autoridades universitarias habían dejado claro que no deseaban presentar cargos en su contra por este ejercicio de su libertad de expresión. Muchos criticaron el proceso penal y la condena como un retroceso a los viejos tiempos militares.

    El gobierno también ha tomado medidas para ejercer un control cada vez mayor sobre los fiscales. El ministro de Justicia, Choo Mi-ae, ha atacado a los fiscales que se atrevieron a investigar las acusaciones contra el gobierno por corrupción y abuso de poder, alegando la existencia de una conspiración para socavar al presidente Moon.

    Otra tendencia preocupante es la táctica populista de los políticos del partido gobernante, y en particular del legislador Lee Jae-jung, de utilizar internet para incitar a sus seguidores a participar de acciones de acoso cibernético contra periodistas.

    ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos atacados?

    En abril de 2020, el partido gobernante ganó las elecciones parlamentarias por abrumadora mayoría, obteniendo 180 de los 300 escaños, gracias a su relativo éxito en contener la pandemia de COVID-19. La oposición está desorganizada. En vez de llamarlo a la humildad, todo esto ha envalentonado al gobierno, de modo que es probable que sus tendencias iliberales continúen. Debido a la severa polarización política, es poco probable que los políticos del partido gobernante y sus partidarios presten mucha atención a las críticas internas.

    Es por eso que la voz de la comunidad internacional será fundamental. Para el gobierno es mucho más difícil ignorar las preocupaciones planteadas por las OSC internacionales en tanto que ataques motivados políticamente. Una declaración conjunta o una carta abierta encabezada por CIVICUS sería útil para transmitir con fuerza el mensaje de que los derechos humanos en Corea del Norte realmente preocupan a la comunidad internacional.

    Además, Corea del Sur pronto presentará su quinto informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU de acuerdo con la lista de cuestiones previa a la presentación de informes (LOIPR). Dado que las cuestiones y preocupaciones relativas a Corea del Norte no están incluidas en la LOIPR, sería de gran ayuda que las OSC internacionales unieran sus fuerzas para incluirlas en la discusión oral con los miembros del Comité de Derechos Humanos y en sus observaciones finales.

    A corto plazo, las visitas a Corea del Sur por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos serían excelentes oportunidades para internacionalizar el tema y presionar a nuestro gobierno.

    Incluso los progresistas podrían apoyar una reforma de la ley obsoleta sobre el registro de OSC, por ejemplo, por interés propio, si es que no por principios, en caso de cambio de gobierno.

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  • ESPAÑA: ‘Las reglas de juego de la democracia son usadas para promover una ideología anti-derechos’

    CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones españolas con Núria Valls, presidenta de La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, una plataforma que integra a 29 organizaciones de la sociedad civil de 17 países de Iberoamérica, especializadas en desarrollo humano, social y comunitario. Legalmente constituida en España, la Liga Iberoamericana lleva 20 años trabajando en temas de niñez, juventud, educación y trabajo con una perspectiva de derechos humanos, a través del asesoramiento a gobiernos, el monitoreo y la evaluación de programas y la integración de redes y la incidencia en política pública a nivel local, nacional e internacional. 

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    ¿A qué se debe la inestabilidad política que llevó a España a celebrar dos elecciones en 2019?

    La desafección generalizada respeto del sistema político que se constituyó después de la transición de la dictadura a la democracia en los años ‘70 conllevó un deterioro importante de los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Estos partidos políticos estaban muy acostumbrados al bipartidismo y a gobernar con amplias mayorías. Cuando aparecieron otros partidos en el escenario se volvieron necesarios los pactos y coaliciones, que hasta entonces solo se habían dado en el ámbito local. Se hizo necesario incluir a partidos más minoritarios y a los partidos nacionalistas de las periferias del país, lo cual no siempre comporta buenos réditos electorales.

    Además, el conflicto político en Cataluña había radicalizado las posiciones de los partidos de alcance estatal, que entraron en una especie de “carrera” para demostrar quién es más español. Incluso los partidos de izquierdas no se atreven a tener un discurso de reconocimiento de las pluralidades nacionales en España porque los medios de comunicación, especialmente los de la capital, Madrid, los critican de forma agresiva.

    En las primeras elecciones de 2019, celebradas en mayo, el PSOE se sintió incómodo pactando con los partidos de izquierdas e independistas, que habían apoyado la moción de censura para cambiar el gobierno conservador del PP. A esto se sumaron los egos personales de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, la coalición de izquierda conformada en 2016 por el movimiento político Podemos y varias fuerzas políticas más, que hicieron imposible un pacto en ese momento.

    El PSOE hizo una mala lectura de las encuestas y creyó que unas segundas elecciones le darían la mayoría, y por lo tanto la posibilidad de gobernar en solitario. Ante las elecciones de noviembre la gente se enfadó porque interpretó que a causa de los egos personales de sus líderes los partidos no habían hecho su trabajo, y en cambio nos habían hecho perder tiempo y dinero. Todo ello profundizó aún más el desprestigio de la política.

    ¿Piensas que el partido de extrema derecha Vox se benefició de esta situación?

    Vox es uno de los partidos que más se ha beneficiado de estas segundas elecciones. Dobló su cantidad de votos y pasó a ser el tercer partido más representado, con 52 escaños, detrás de los dos partidos mayoritarios.

    Tradicionalmente en España se consideraba que no había extrema derecha porque el PP aglutinaba a toda la derecha. Pero Vox emergió con mucha fuerza, con un discurso franquista, agresivo, anti-derechos humanos y, por supuesto, presentándose como garante de la unidad de España frente a los separatismos. De hecho, la gestión de la situación de Cataluña ha sido un caldo de cultivo para la aceptación de discursos cada vez más de derechas, justificados en la necesidad de preservar la unidad de España.

    Otro resultado electoral para analizar es que el partido “liberal” Ciudadanos, que no hace mucho pensaba que tenía opción a gobernar, prácticamente desapareció dado lo magro de sus resultados. Ciudadanos había centrado su discurso en el conflicto territorial y en la unidad de España. Los votantes que priorizaban este tema prefirieron a Vox, que tiene una postura más radical.

    A pesar de los buenos resultados obtenidos por Vox, las izquierdas ganaron las elecciones y esta vez sí rápidamente, en apenas 24 horas, se forjó el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, que anteriormente había sido imposible. La ciudadanía no entendió por qué lo que hacía unos meses había sido imposible ahora era posible. Pero lo importante es que se priorizó formación de un gobierno frente a la sensación de inestabilidad y parálisis de los últimos años. Ante este pacto amplio de los partidos de izquierdas, la derecha reaccionó con discursos muy agresivos, fuertemente enraizados en el franquismo.

    Finalmente se logró, gracias a la abstención de los independentistas catalanes, formar un gobierno. No le va a ser fácil gobernar, pero promete ser una experiencia muy interesante y con posibilidades de generar cambios. Será un gobierno muy amplio, con 22 carteras ministeriales, en el que resalta la paridad de género.

    ¿Cómo caracterizarías a Vox como fuerza política y como tendencia ideológica?

    Vox es un partido de extrema derecha que no esconde su discurso xenófobo, anti-derechos humanos y con dos objetivos fundamentales: la unidad y centralización de España y la eliminación de las políticas de género.

    Es un fenómeno preocupante que no solamente se está dando en España. Los partidos de ultraderecha surgen en momentos de frustración de la población ante las desigualdades económicas y sociales en un mundo globalizado. Hay un movimiento internacional – que se extiende por Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y muchos otros países - que pone el foco en estigmatizar y criminalizar la migración y la llamada “ideología de género”. Y habría que analizar el apoyo a estos discursos por parte de algunas congregaciones religiosas.

    Estos partidos utilizan las reglas de juego de la democracia para promover una ideología anti-derechos humanos. Es paradójico que la democracia, que nace bajo los valores de la participación y del respeto de los derechos, sirva en estos momentos para fortalecer y fomentar una ideología totalmente opuesta a esos valores.

    ¿Cómo ocurrió este giro a la derecha tan solo unos años después de que tanta gente se movilizara con reclamos de justicia económica y social?

    Un elemento de este giro tiene que ver con el enfado de una parte de la población con la política. La corrupción de los partidos ha tenido un gran impacto en la sociedad, que piensa que los políticos solo están en política para enriquecerse. No hay una concepción de la política en sentido amplio bajo el concepto del bien común.

    En particular, hay un sector de jóvenes que ven su futuro muy difícil, con muy pocas expectativas y que piensan que votar a Vox es una opción antisistema. Es el voto de los que piensan que la migración les va a quitar el trabajo y los recursos del estado y que las políticas de género son exageradas. Vox utiliza muy bien las redes sociales con mensajes directos y muchas veces basados en falsedades, pero que van calando en la población.

    El conflicto territorial de España con Cataluña también ha sido un catalizador de este enfado. El mensaje de “A por ellos” con los que se despedía a los policías del resto de España que iban a Cataluña para evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017, y que después fue reforzado por el mensaje del Rey, despertó un sentimiento anti-catalán. El bloque de derechas, y especialmente Vox, se ha apropiado la defensa de la monarquía frente a los partidos de izquierdas republicanos.

    Desde la sociedad civil, ¿cómo se está viviendo este proceso? ¿Piensas que el espacio para la sociedad civil se está degradando en España?

    A la sociedad civil organizada nos ha cogido un poco desprevenidos. Por una parte, no creíamos que el apoyo electoral a Vox fuera tan fuerte, y por otra parte hemos tenido un debate sobre si debíamos responderles, y por tanto darles más repercusión mediática, o si lo mejor era ignorarlos. Predominó la segunda opción, también entre los partidos políticos. Y la estrategia de ignorarlos contribuyó al aumento de los votos de Vox. No hubo nadie que respondiera a sus expresiones de forma contundente y con argumentos claros.

    Ahora el debate de la sociedad civil gira en torno de la necesidad de defender de forma clara y contundente los derechos humanos y contestar cualquier expresión que vulnere o estigmatice a cualquier colectivo.

    En los territorios donde está gobernando junto con el PP y Ciudadanos, tales como Andalucía, Madrid y Murcia, una de las primeras acciones de Vox ha sido presionar para que se acaben las ayudas a las organizaciones que trabajan con mujeres o con colectivos vulnerables.

    Estamos en un momento de riesgo de retroceso en las libertades y por tanto es necesario trabajar más unidos que nunca como sociedad civil. Hay que desarrollar una estrategia de comunicación clara para llegar a toda la ciudadanía. Muchas veces desde la sociedad civil estamos muy encerrados en nosotros mismos y nos cuesta llevar nuestro mensaje más allá de nuestro círculo.

    Otra estrategia de la derecha, especialmente de Vox y el PP, es utilizar la justicia para dirimir desacuerdos políticos. Gran parte de la justicia en España todavía está muy ideologizada, ya que sigue habiendo muchos jueces conservadores, herederos del régimen franquista. Como consecuencia ha habido muchas sentencias en contra de la libertad de expresión en las redes, incluida la censura de temas musicales. Y también ha habido muchas personas condenadas por manifestarse públicamente, especialmente en Cataluña.

    ¿Cómo ha evolucionado la situación de Cataluña desde el referéndum de 2017?

    El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue un acto de empoderamiento de una parte de la población catalana que participó de forma muy activa, con un importante sentimiento colectivo de desobediencia civil, para conseguir un futuro mejor frente un estado que hizo todo lo posible para que no se celebrara. La violenta represión estatal durante el referéndum y las fechas posteriores incrementaron el sentimiento colectivo de una parte importante de la población a favor de la independencia, y especialmente a favor del derecho a decidir mediante elecciones.

    A partir del referéndum, la represión contra los independentistas catalanes se incrementó, y el estado hizo uso de toda su maquinaria policial y judicial. Además, puso en marcha el artículo 155 de la Constitución, que dota al estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan obligaciones constitucionales o legales o atenten gravemente contra el “interés general” de España. Mediante el artículo 155 se suspendió la autonomía de Cataluña desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 2 de junio de 2018, cuando se celebraron nuevas elecciones regionales. Esto supuso prácticamente un año de paralización política, financiera y administrativa en Cataluña.

    Anteriormente, el 16 de octubre del 2017, los líderes de las dos entidades civiles independentistas catalanas más representativas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, habían sido encarcelados por mediar en una manifestación espontánea y pacifica delante de un edificio de la Generalitat, el gobierno catalán, donde la policía estaba haciendo un registro. Se les encarceló preventivamente, sin posibilidad de salir en libertad antes del juicio.

    A partir de estas detenciones aumentó la represión judicial hacia el gobierno de Cataluña, que culminó con la detención del vicepresidente y cinco ministros del gobierno más la presidenta del Parlamento de Cataluña, todos los cuales fueron puestos en prisión preventiva antes del juicio. Por su parte, el presidente de la Generalitat se exilió en Bélgica junto con cuatro ministros más, y dos políticas se exiliaron en Suiza. El gobierno de España hizo declaraciones afirmando que había descabezado al movimiento independentista.

    Todo este proceso judicial y represivo complicó aún más la situación política en Cataluña. La sentencia del 14 de octubre del 2019, que condenó a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión, por un total de 100 años, hizo estallar nuevas protestas callejeras.

    A diferencia de todas las manifestaciones independentistas desde 2012, estas últimas protestas provocaron muchos disturbios y fueron enfrentadas con represión policial. Además, los jóvenes fueron protagonistas y adoptaron una actitud más radical frente a la represión. En ese contexto surgió el movimiento anónimo Tsunami Democrático. Inspirado en las protestas de Hong Kong, este movimiento convoca a través de las redes sociales a grandes movilizaciones pacíficas en diversos sitios, como la frontera o el aeropuerto. La policía ha intentado descubrir quien está detrás, pero es un momento de empoderamiento colectivo de la sociedad civil independentista.

    En la actualidad, tras las últimas elecciones en España donde el PSOE y Unidas Podemos necesitaron la abstención del partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña para poder hacer gobierno, el panorama es otro. El gobierno se ha comprometido a hacer una mesa de diálogo con el gobierno de Cataluña y a llevar los acuerdos de esta mesa a la votación de la ciudadanía. No va a ser fácil porque los partidos de derecha, utilizando los recursos judiciales a su alcance, están intentando boicotear este proceso. Hay que hacer un esfuerzo para buscar una solución para los presos independentistas que facilite una solución política y pacífica y permita iniciar un proceso de diálogo real.

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  • ESTADOS UNIDOS: “La elección de 2020 es un mandato político y moral contra el fascismo”

    CIVICUS conversa sobre la supresión de votantes y sus implicancias para la democracia en Estados Unidos con Yael Bromberg, asesora principal en el área de derechos electorales en la Fundación Andrew Goodman, una organización que trabaja para convertir a las voces de los jóvenes -uno de los grupos de votantes más subrepresentados de los Estados Unidos- en una poderosa fuerza para la democracia. La Fundación fue establecida en 1966 para perpetuar el espíritu y la misión de Andy Goodman, quien en 1964 se unió a Freedom Summer, un proyecto para registrar a los afroamericanos para votar y así desmantelar la segregación y la opresión, y fue asesinado por el Ku Klux Klan en su primer día en Mississippi. La Fundación apoya iniciativas de desarrollo del liderazgo juvenil, accesibilidad del voto y justicia social en casi un centenar de instituciones de educación superior en todo el país.

    Yael Bromberg

    Para un observador externo es confuso que un país que se promueve a sí mismo como el paradigma de la democracia ponga barreras que limitan el derecho al voto de millones de sus ciudadanos. ¿Podría contarnos un poco más acerca del fenómeno de la supresión de votantes en Estados Unidos?

    Es cierto que Estados Unidos se ha promocionado a sí mismo como un modelo de democracia. Como ciudadana inmigrante y naturalizada cuyos abuelos sobrevivieron al Holocausto y a los gulags soviéticos, aprecio el carácter único de algunas de las libertades que se disfrutan en este país. Por ejemplo, si bien nuestro sistema judicial se encuentra actualmente bajo seria amenaza debido a la politización y la polarización de la magistratura, generalmente ha resistido el tipo de corrupción que está enraizado en otros países. Aunque nuestro sistema legal está en tensión y hay ciertas prácticas arraigadas, como la extrema impunidad policial, que deben ser abordadas, nuestro sistema legislativo puede, si lo desea, colmar las brechas que ha dejado el poder judicial. Pese a que la inyección de grandes cantidades de dinero, incluido dinero de oscura procedencia, ha ahogado a nuestra política, los más serios defensores de la democracia, que han resistido a cosas mucho peores, nos enseñan que la democracia es un viaje largo y persistente más que un destino. Sí, en este país tenemos problemas sistémicos que requieren una reforma profunda, y las vidas de personas de carne y hueso se resienten a causa de las disfuncionalidades de la tiranía de una minoría. Pero también contamos con los principios fundacionales de los Estados Unidos – la libertad y la igualdad - y la posibilidad de realizar nuestro ideal.

    En la época fundacional de esta nación, solo los hombres blancos que eran propietarios tenían derecho al voto. Mediante el proceso de ratificación constitucional se abolió la esclavitud y se concedió el derecho de voto a los hombres liberados. Persistieron leyes injustas, tales como las pruebas de alfabetismo y los impuestos electorales, utilizados para evitar que las minorías raciales votaran. Esto se combinó con otras leyes de la era de Jim Crow que ofrecían razones arbitrarias para encarcelar a esclavos liberados y obligarlos a regresar a los campos de trabajo, privándolos del derecho al voto cuando eran liberados. La resistencia popular aumentó en la medida en que la violencia física y política del sistema de segregación se fue poniendo en evidencia en la década de 1960, y resultó en leyes más fuertes y nuevas enmiendas constitucionales.

    Hoy en día la supresión de votantes equivale a la situación del zorro que guarda el gallinero. Quienes tienen el privilegio de definir las leyes determinan quiénes están adentro y quiénes quedan afuera. Por ejemplo, las leyes estrictas de identificación de votantes que van más allá de exigir una prueba de identidad estándar se extendieron por todo el país tras la elección de Obama como presidente. Alabama estableció reglas estrictas de identificación de votantes y luego cerró las oficinas de emisión de licencias de conducir, adonde se podían obtener tales identificaciones, en extensas zonas rurales del estado donde reside la población negra. Los políticos trazan los límites de sus distritos para asegurar el futuro de su propio partido y sus futuras oportunidades personales de ocupación de cargos. No hay lugares de votación en los campus universitarios, donde se concentran los jóvenes. Incluso durante una pandemia global, el voto por correo sigue sin ser un derecho universal. Mientras que un estado, Nueva Jersey, establece por lo menos diez urnas por ciudad para recolectar las boletas enviadas por correo, otro, el de Texas, recurrió exitosamente a los tribunales para limitar las urnas a una por condado. Para empeorar las cosas, cuando estas leyes son llevadas a los tribunales, éstos no siempre fallan a favor de los votantes.

    La temporada electoral de 2020 ha sido particularmente sorprendente. El poder judicial federal parece obsesionado con la idea de que los cambios de última hora en las reglas electorales conducen a la supresión de votantes, incluso cuando se trata de leyes que amplían el acceso al voto. Esto desafía la lógica. Si una ley limita el acceso, se entiende. Pero si una ley simplemente amplía el acceso, no está claro dónde está el perjuicio para los votantes.

    La pregunta que surge naturalmente de nuestro paradigma es: si Estados Unidos realmente es un ejemplo de democracia, entonces ¿por qué tenemos tanto miedo de abrazar las primeras tres palabras de nuestra Constitución: “Nosotros el pueblo”?

    ¿Considera que la supresión de votantes ha sido un tema crucial en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020?

    Absolutamente. Las elecciones presidenciales de 2020 arrojan por lo menos cinco conclusiones importantes: 1) Nuestros gobiernos estaduales pueden ampliar fácilmente el acceso a las urnas de manera segura, entre otras cosas extendiendo los períodos de votación anticipada y las oportunidades para votar por correo; 2) Los votantes de todos los partidos aprovechan estos mecanismos y se benefician de ellos, como lo demuestra el récord de participación electoral de este año; 3) La expansión y la modernización electorales no conducen al fraude electoral; 4) Este año los votantes se sintieron motivados a votar a pesar de los obstáculos discriminatorios y arbitrarios que se interpusieron en su camino; 5) El mito del fraude electoral, más que la evidencia real y sistémica de fraude, ha surgido como una amenaza significativa tanto para proteger el acceso a las urnas como para mantener la confianza pública en nuestro sistema electoral.

    En 2013, la Corte Suprema eliminó una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Esa salvaguarda exigía que los estados con un historial demostrado de supresión de votantes obtuvieran aprobación antes de modificar sus leyes electorales. Eliminada la salvaguarda, se abrieron las compuertas para la supresión de votantes. El número de lugares de votación se redujo: entre 2012 y 2018 se cerraron 1.700 lugares de votación, 1.100 de ellos entre las elecciones de mitad de período de 2014 y las de 2018. Se aprobaron leyes estrictas de identificación de votantes, lo que dificultó el acceso al voto de las personas pobres, de color y jóvenes. Otras medidas, como la depuración de los registros estaduales de votantes y la rezonificación de los distritos electorales, diluyeron aún más el poder de voto. Es importante tener en cuenta que todo esto sucede a costa de los contribuyentes, quienes pagan la cuenta de un poder judicial tapado de casos acumulados y los costos de los litigios del partido gobernante; y a costa de los votantes, que se ven obligados a aceptar los resultados de un sistema electoral amañado, aunque en el futuro la legislación que suprime votantes podría ser revocada.

    La cantinela mentirosa del fraude electoral ha provocado una regresión de los derechos en todos los ámbitos. No hay razón alguna para que, especialmente en medio de una pandemia, el acceso al voto por correo no sea universal. Sin embargo, ocho estados solo permitieron votar por correo a los votantes que superaban cierta edad, pero no a los votantes más jóvenes. La pandemia no discrimina y nuestro sistema electoral tampoco debería hacerlo. De manera similar, el Servicio Postal de los Estados Unidos repentinamente se politizó cuando se fue haciendo cada vez más evidente que la gente votaría por correo en cantidades sin precedentes. Se reanudaron las discusiones sobre su privatización y se ordenó desmantelar costosas máquinas clasificadoras de correo sin otro motivo que el de suprimir el voto. A continuación de la elección, la campaña de Trump causó mucho daño en su intento de deslegitimar los resultados, a pesar de que no se encontró evidencia alguna de fraude electoral en las más de 50 demandas judiciales que impugnaron el resultado de las elecciones. Le hizo al país un flaco favor, ya que convenció a una proporción sustancial de las bases de uno de los grandes partidos políticos de cuestionar el resultado de una elección que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad había declarado como “la más segura en la historia de Estados Unidos”.

    Mientras ocurría todo esto, la pandemia también impulsó una expansión del acceso en aspectos clave. Incluso algunos estados gobernados por republicanos lideraron la expansión del período de votación anticipada y el acceso a sistemas de votación por correo. Debemos tomar esto como una oportunidad de aprendizaje para impulsar una modernización electoral con sentido común, de modo que no se trate de una ocurrencia única asociada a la pandemia. El COVID-19 ha normalizado la modernización electoral, que pasó de ser un tema marginal propio del progresismo a convertirse en un tema de la agenda compartida, que empodera a los votantes de todo el espectro político. Además, si bien las interminables demandas sin fundamento interpuestas por la campaña de Trump pueden calar en cierto segmento de votantes, cabe preguntarnos si harán que el poder judicial finalmente se convenza de que no hay fraude electoral generalizado. Esto es importante porque invariablemente veremos que a raíz de estas elecciones se introducirán nuevas leyes estaduales de supresión de votantes, como ocurrió tras la elección de Obama en 2008, las cuales ciertamente serán desafiadas en los tribunales. Quizás esta vez el poder judicial responda a tales desafíos de manera diferente, a la luz de la revisión del proceso electoral de 2020.

    Por persistentes que fueran los esfuerzos de supresión de votantes, la respuesta en este ciclo fue abrumar al sistema con más participación electoral. Como era de esperarse, la participación electoral alcanzó niveles inéditos. Las estimaciones iniciales indican que la participación de los jóvenes en este ciclo fue incluso mayor que en 1971, cuando la edad para votar se redujo a 18 años y el registro de potenciales votantes se expandió repentinamente. Simplemente no podemos permitirnos el nivel de apatía electoral que hemos tenido en el pasado. En 2016 se produjeron victorias por márgenes muy estrechos en tres estados clave: Michigan, por 0,2%, Pensilvania, por 0,7% y Wisconsin, por 0,8%. La supresión de votantes ciertamente puede hacer la diferencia en competencias con márgenes tan estrechos. Sin embargo, no debemos olvidar el poder del voto: alrededor del 43% de los votantes habilitados no votó en 2016. Las estimaciones más recientes indican que aproximadamente el 34% de los votantes habilitados, es decir aproximadamente uno de cada tres, no votó en 2020. ¿Cómo podemos mantener esta nueva tasa récord de participación electoral, e incluso mejorarla, cuando la opción por el fascismo ya no esté en juego en las urnas?

    ¿Podría contarnos acerca del trabajo de la Fundación Andrew Goodman en la intersección entre los dos grandes temas del derecho al voto y el racismo sistémico?

    La misión de la Fundación Andrew Goodman es convertir las voces y los votos de los jóvenes en una fuerza poderosa de la democracia. Nuestro programa Vote Everywhere (Vota en Todas Partes) es un movimiento nacional no partidista de participación cívica y justicia social liderado por jóvenes, con presencia en campus de todo el país. El programa proporciona capacitación, recursos y acceso a una red de pares, en tanto que nuestros Embajadores Andrew Goodman registran a votantes jóvenes, derriban barreras para el voto y abordan importantes problemas de justicia social. Estamos en casi 100 campus de todo el país y tenemos presencia en un amplio abanico de campus, incluidas instituciones que sirven a personas de color, tales como colegios y universidades históricamente afroamericanos.

    Lo poderoso de la organización y el voto de los jóvenes es que atraviesa todos los clivajes: sexo, raza, origen nacional e incluso pertenencia partidaria. Esta situación se originó en la historia de la expansión del voto juvenil en 1971, cuando se ratificó la 26ª Enmienda a la Constitución, que redujo la edad para votar a 18 años y prohibió la discriminación por edad en el acceso al derecho al voto. Fue la enmienda que se ratificó más rápidamente en toda la historia de Estados Unidos, en gran medida debido a que recibió un apoyo casi unánime más allá de las divisiones partidarias. Hubo un reconocimiento de que los votantes jóvenes ayudan a mantener la brújula moral del país, como lo manifestó el entonces presidente Richard Nixon durante la ceremonia de firma de la enmienda.

    El legado de Andrew Goodman está directamente relacionado con las luchas de solidaridad entre comunidades para el mejoramiento del conjunto. A lo largo de la década de 1960, los estudiantes universitarios negros del sur se sentaron valientemente ante los mostradores de locales propiedad de blancos en un acto político de protesta por la integración y la igualdad. En mayo de 1964, jóvenes estadounidenses de todo el país se desplazaron hacia el sur en ocasión del Freedom Summer (Verano de la Libertad), para registrar votantes negros y abolir el sistema segregacionista de Jim Crow. Tres jóvenes activistas de derechos civiles fueron asesinados por el Ku Klux Klan con el apoyo de la oficina del alguacil del condado: Andy Goodman y Mickey Schwerner, dos hombres judíos procedentes de Nueva York, de apenas 20 y 24 años, y James Chaney, un hombre negro de Mississippi, de tan solo 21 años. Sus historias tocaron una fibra sensible que ayudó a galvanizar el apoyo para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Se trata de una historia acerca del poder de unos jóvenes visionarios que luchan por su futuro, la solidaridad y el poder que es posible construir a partir de la confluencia y el trabajo conjunto de estadounidenses de diferentes orígenes.

    Los activistas jóvenes lideraron varios movimientos de justicia social de la década de 1960, tal como lo hacen hoy. Cuando este país respondió y promulgó reformas críticas, los jóvenes finalmente utilizaron su propio derecho al voto cuando fueron enviados a la muerte al comienzo de la interminable guerra de Vietnam. Hoy en día, los jóvenes lideran el llamado a la justicia climática, el control de armas, la dignidad humana para nuestras comunidades negras e inmigrantes y el acceso a la educación superior. Son quienes más tienen para ganar o perder en las elecciones, porque son quienes heredarán el futuro. Reconocen, particularmente a la luz de los cambios demográficos que ha experimentado el país, que el tema del derecho al voto de la juventud es un tema de justicia racial. En la medida en que podamos ver al voto de los jóvenes como un factor unificador, ya que todos los votantes hemos sido jóvenes alguna vez, tendremos la esperanza de inyectar algo de sentido común en un sistema controvertido y polarizado.

    El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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  • ETIOPÍA: “Las elecciones de junio de 2021 son una cuestión de vida o muerte para la democracia”

    CIVICUS conversa con Mesud Gebeyehu acerca del conflicto político en la región de Tigray, en Etiopía, y sobre las próximas y muy disputadas elecciones nacionales etíopes, que tendrán lugar en junio de 2021 en medio de la pandemia y de un prolongado estado de emergencia. Mesud es Director Ejecutivo del Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos (CEHRO) y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Mesud también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de OSC de Etiopía, un órgano estatutario creado para coordinar la autorregulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Etiopía.

     

  • Hay que reimaginar la democracia para conseguir una vida mejor para todos

    Por Mandeep Tiwana es director de programas en la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS

    El comienzo de 2019 es la ocasión para muchos de nosotros de reflexionar sobre el año que acaba de terminar, considerar la situación actual y tomar resoluciones para conseguir un cambio con vistas al futuro. Si realizásemos este ejercicio respecto a nuestras comunidades y pudiésemos replantearnos el tipo de democracia en que vivimos y la manera en que la experimentamos ¿a qué se parecería? y ¿cómo sería?

    Leer en: Equal Times

     

     

  • HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’

    CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.

    El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola deprotestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.

    Patrick Poon

    ¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?

    La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.

    La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.

    La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.

    La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.

    Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.

    ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?

    La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.

    ¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?

    Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.

    En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.

    El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.

    ¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?

    La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

    La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.

    El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

     

  • KIRGUISTÁN: “La decisión de la ciudadanía en el referéndum será clave para nuestro futuro”

    Ulugbek AzimovCIVICUS y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos (International Partnership for Human Rights) conversan con Ulugbek Azimov, experto legal de la Fundación para la Prosperidad Jurídica (Legal Prosperity Foundation), acerca de las protestas que tuvieron lugar en Kirguistán en octubre de 2020 y los acontecimientos políticos que se produjeron a continuación. La Fundación para la Prosperidad Jurídica (ex Grupo Juvenil de Derechos Humanos) es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente que desde 1995 promueve los derechos humanos y los principios democráticos en Kirguistán. La organización lleva a cabo programas educativos, realiza un monitoreo de derechos humanos, interactúa con los mecanismos internacionales de derechos humanos y promueve el respeto de los derechos humanos en el contexto de las reformas legales.

    A menudo se habla de Kirguistán como la única democracia de Asia Central. ¿Qué tan cerca de la verdad está esta caracterización?

    Es cierto que a principios de la década de 1990, es decir, en los primeros años de independencia, la democracia brotó y comenzó a desarrollarse en Kirguistán. En comparación con otros países de la región, Kirguistán se caracterizó por tener un mayor nivel de participación ciudadana, una sociedad civil más desarrollada y condiciones más favorables para el funcionamiento y la participación de los partidos políticos en el proceso político. Por este motivo, Kirguistán fue calificado como una “isla de democracia” en Asia Central.

    Sin embargo, en los 30 años transcurridos desde la independencia, Kirguistán ha enfrentado graves problemas. Los intentos de los expresidentes de preservar y reforzar su poder presionando a la oposición, persiguiendo a los medios de comunicación y al periodismo independiente, restringiendo la libertad de expresión, utilizando los recursos públicos en su beneficio, sobornando a los votantes y falsificando los resultados de las elecciones, han provocado grandes convulsiones políticas en varias oportunidades. En los últimos 15 años, el gobierno ha sido derrocado tres veces, en las llamadas revoluciones de los Tulipanes, de abril y de octubre, producidas en 2005, 2010 y 2020, respectivamente. Dos expresidentes se vieron obligados a huir del país, y el tercero debió dimitir antes de tiempo.

    Desgraciadamente, a cada revuelta le siguió un proceso que socavó los logros democráticos anteriores. Por lo tanto, no es de extrañar que Freedom House haya calificado sistemáticamente a Kirguistán como “parcialmente libre” en su índice anual de Libertad en el Mundo. Además, en la última medición publicada este año, Kirguistán fue degradado a la categoría de “no libre” debido a las consecuencias de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020, que se vieron empañadas por graves violaciones. Así, Kirguistán se encuentra ahora en la misma categoría en la que se hallaban otros países de Asia Central desde hacía muchos años.

    ¿Se impusieron restricciones relacionadas con la pandemia en el período que precedió a las elecciones de 2020?

    En respuesta al rápido aumento de los casos de COVID-19 en la primavera de 2020, las autoridades kirguisas adoptaron medidas de emergencia e impusieron el confinamiento en la capital, Bishkek, y en varias otras regiones del país, lo cual redundó en restricciones del derecho a la libertad de circulación y otros derechos relacionados. Se prohibieron todos los actos públicos, incluidos los de naturaleza política.

    Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia también suscitaron preocupación porque impusieron restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información. Las autoridades apretaron fuertemente las tuercas a las voces críticas en respuesta a las críticas generalizadas a los gobernantes, incluido el entonces presidente Sooronbai Jeenbekov, por su incapacidad para luchar eficazmente contra la pandemia. Las autoridades policiales persiguieron a blogueros y comentaristas de las redes sociales con posiciones críticas, los visitaron en sus domicilios y mantuvieron con ellos conversaciones “profilácticas”. En algunos casos, se detuvo a usuarios de redes sociales por publicar información supuestamente falsa sobre la pandemia y se les obligó a disculparse públicamente bajo la amenaza de ser procesados.

    La ley sobre “manipulación de la información”, que el Parlamento aprobó en junio de 2020, es especialmente preocupante. Aunque los promotores de la ley afirmaron que su único objetivo era abordar el problema de las cuentas falsas en redes sociales, desde el principio quedó claro que se trataba de un intento de las autoridades de introducir la censura en internet y clausurar sitios molestos en vísperas de las elecciones. Tras una avalancha de críticas por parte de la comunidad de medios de comunicación y de personas defensoras de derechos humanos, el entonces presidente Jeenbekov se negó a firmar la ley y en agosto de 2020 la devolvió al parlamento para que la revisara. Desde entonces, la ley ha permanecido en el parlamento.

    ¿Qué fue lo que desencadenó las manifestaciones postelectorales de octubre de 2020? ¿Quiénes protestaron y por qué?

    El principal motivo de las protestas de octubre de 2020, que volvieron a provocar un cambio en el poder, fue el descontento de la población con los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de octubre.

    De los 16 partidos que competían por escaños en el parlamento, sólo cinco superaron el umbral electoral del 7%, requerido para entrar en el parlamento. Aunque el entonces presidente Jeenbekov declaró públicamente que no apoyaba a ningún partido, el más votado, Birimdik (Unidad), estaba vinculado con él, ya que entre los candidatos se contaban su hermano y otros integrantes de la élite gobernante. El partido que quedó en segundo lugar, Mekenim Kirguistán (Patria Kirguisa), también era considerado progubernamental y estaba asociado a la familia del ex alto funcionario del servicio de aduanas Raiymbek Matraimov, implicado en una investigación mediática de alto nivel sobre corrupción, publicada en noviembre de 2019. El gobierno de Jeenbekov ignoró las conclusiones de esta investigación y no inició una causa penal contra Matraimov, a pesar de los llamamientos públicos en este sentido.

    Era previsible que Birimdik y Mekenim Kirguistán obtuvieran buenos resultados en las elecciones, dado el uso de recursos públicos y la aparente compra de votos a favor de sus candidatos. Estos dos partidos, que competían en las elecciones parlamentarias por primera vez, obtuvieron casi la mitad de los votos y, por lo tanto, la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios. Los métodos utilizados por los dos partidos ganadores para asegurarse el control del parlamento provocaron la indignación de otros partidos políticos que compitieron en las elecciones, de sus votantes e incluso de personas sin identidad partidaria.

    Las elecciones se celebraron en un contexto de creciente descontento con las dificultades sociales y económicas causadas por la pandemia, así como de un creciente sentimiento antigubernamental entre la ciudadanía.

    Las elecciones “sucias”, caracterizadas por un nivel de violaciones sin precedentes, se convirtieron en un catalizador de los acontecimientos posteriores. Las protestas comenzaron inmediatamente después del anuncio de los resultados provisorios al final de la jornada electoral, el 4 de octubre, y continuaron durante todo el día siguiente. La juventud desempeñó en ellas un rol decisivo: la mayoría de quienes salieron a la calle a protestar y se reunieron en la plaza central de la capital eran jóvenes. Por desgracia, la mayoría de las personas heridas, así como el manifestante que murió durante las manifestaciones de octubre, también eran jóvenes.

    ¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a las protestas?

    Las autoridades tuvieron la oportunidad de tomar el control de la situación y resolverla pacíficamente, pero no la aprovecharon. Recién en la noche del 5 de octubre el entonces presidente Jeenbekov anunció que se reuniría con los líderes de los diferentes partidos que habían participado de las elecciones. Fijó una reunión para la mañana del 6 de octubre, pero resultó ser demasiado tarde, ya que en la noche del 5 de octubre las protestas pacíficas en Bishkek se convirtieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que terminaron con la toma de la Casa Blanca, sede de la presidencia y el parlamento, y otros edificios públicos por parte de los manifestantes. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Como consecuencia de los enfrentamientos, murió un joven de 19 años y más de 1.000 personas, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, requirieron atención médica; más de 600 policías resultaron heridos. Durante los disturbios también sufrieron daños coches de policía, ambulancias, cámaras de vigilancia y otros bienes materiales, por un valor estimado de más de 17 millones de soms (unos 200.000 dólares estadounidenses).

    ¿Lograron las elecciones presidenciales anticipadas celebradas en enero de 2021 resolver los problemas planteados por las protestas?

    La principal demanda de las protestas era la anulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020 y la celebración de nuevas elecciones justas. Esta demanda se satisfizo en parte el 6 de octubre de 2020, cuando la Comisión Electoral Central (CEC) declaró inválidos los resultados de las elecciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado nueva fecha para las elecciones parlamentarias. La CEC las programó inicialmente para el 20 de diciembre de 2020, pero el parlamento respondió adoptando rápidamente una ley que suspendía las elecciones a la espera de una revisión de la Constitución y ampliaba el mandato de los miembros del parlamento saliente hasta el 1º de junio de 2021.

    En su evaluación de esta ley, la Comisión de Venecia -un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por personas independientes expertas en derecho constitucional- concluyó que durante el actual periodo de transición el parlamento debería ejercer funciones limitadas y abstenerse de aprobar medidas extraordinarias, tales como reformas constitucionales. Sin embargo, el parlamento saliente ha continuado su labor con normalidad y ha convocado a un referéndum constitucional a celebrarse en abril de 2021. El presidente recientemente electo, Sadyr Japarov, ha sugerido la celebración de nuevas elecciones parlamentarias en otoño de 2021, lo cual significaría que los integrantes del parlamento saliente continuarían en sus puestos incluso después del 1º de junio de 2021.

    En respuesta a otras demandas de los manifestantes, en octubre de 2020 se modificó la legislación electoral del país para reducir el umbral electoral para obtener representación parlamentaria de siete a tres puntos porcentuales y se redujo la tarifa de inscripción de candidatura de cinco millones a un millón de soms (unos 12.000 dólares). Estas modificaciones apuntaron a facilitar la participación de un mayor número de partidos, incluidos los más nuevos, y para promover el pluralismo y la competencia.

    Los manifestantes también expresaron resentimiento por las inadecuadas medidas adoptadas para luchar contra la corrupción. Reclamaron que las autoridades llevaran ante la justicia a los funcionarios corruptos, y en particular a Matraimov, y exigieran la devolución al Estado de los bienes robados. En su discurso para los manifestantes antes de ser presidente, Japarov prometió que Matraimov sería detenido y castigado.

    A decir verdad, Japarov cumplió su palabra. Después de que Japarov llegara al poder, en octubre de 2020, Matraimov fue detenido en relación con una investigación sobre tramas de corrupción en el servicio de aduanas, se declaró culpable y aceptó compensar el daño devolviendo más de 2.000 millones de soms (unos 24 millones de dólares). Posteriormente, un tribunal local lo condenó, pero le impuso una pena atenuada bajo la forma de una multa de 260.000 soms (unos 3.000 dólares) y levantó las órdenes de congelamiento de sus bienes, por haber cooperado con la investigación. Esta sentencia extremadamente indulgente provocó la indignación de la opinión pública. El 18 de febrero de 2021, Matraimov fue otra vez detenido bajo nuevas acusaciones de lavado de dinero, pero al cabo de unos días fue trasladado desde el centro de detención preventiva donde se encontraba a una clínica privada para recibir tratamiento por problemas de salud. Tras ello, muchos calificaron a las medidas anticorrupción del actual gobierno como “populistas”.

    En enero de 2021 la ciudadanía kirguisa también votó en un referéndum constitucional. ¿Cuáles fueron sus resultados y qué consecuencias tendrán para la calidad de la democracia?

    Según los resultados del referéndum, que tuvo lugar el mismo día que las elecciones presidenciales de enero de 2021, el 84% de los votantes apoyó la transición de un sistema de gobierno parlamentario a uno presidencialista.

    Sobre la base de la experiencia comparada, muchos abogados y activistas de la sociedad civil no ven este cambio como algo negativo per se, siempre que vaya acompañado de un sistema de frenos y contrapesos que funcione bien. Sin embargo, les preocupa seriamente que las autoridades intenten llevar a cabo la transición a un ritmo injustificadamente rápido utilizando enfoques y métodos cuestionables que no se corresponden con principios generalmente aceptados ni con las normas y procedimientos legales establecidos.

    El primer proyecto de constitución que preveía un sistema de gobierno presidencial, presentado en noviembre de 2020, fue apodado “khanstitución”, en referencia a los históricos gobernantes autocráticos de Asia Central. Sus críticos acusaron a Japarov, que ha defendido este cambio desde que asumió el cargo en octubre de 2020, de intentar usurpar el poder.

    El proyecto de constitución otorgaba al presidente poderes prácticamente ilimitados, al tiempo que reducía al mínimo el estatus y los poderes del parlamento, poniendo en peligro los frenos y contrapesos y aumentando el riesgo de abusos del poder presidencial. También preveía un complicado procedimiento de destitución mediante juicio político que sería imposible de aplicar en la práctica. Además, aunque no mencionaba el principio del Estado de Derecho ni una sola vez, el texto se refería repetidamente a valores y principios morales. Se excluyeron muchas disposiciones de la actual Constitución que garantizan los derechos humanos y las libertades públicas.

    Debido a las duras críticas que recibió el proyecto constitucional, las autoridades se vieron obligadas a abandonar sus planes iniciales de someterlo a referéndum el mismo día de las elecciones presidenciales de enero de 2021 y acordaron organizar un debate más amplio. Para ello, convocaron a una llamada conferencia constitucional, cuyos miembros trabajaron durante dos meses y medio, a pesar de las acusaciones de que sus actividades eran ilegítimas. A principios de febrero de 2021, la conferencia constitucional presentó sus recomendaciones al parlamento.

    Hay que reconocer que, como resultado del debate y las propuestas presentadas por la conferencia constitucional, se mejoraron algunas partes del proyecto original. Por ejemplo, se restableció la referencia al principio del Estado de Derecho y se introdujeron importantes modificaciones en las secciones sobre derechos humanos y libertades, incluso en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación independientes y el derecho de acceso a la información. Pero el borrador se mantuvo prácticamente sin cambios en lo que respecta al otorgamiento de poderes ilimitados al presidente.

    En marzo de 2021, el parlamento aprobó una ley sobre la celebración de un referéndum sobre el proyecto constitucional revisado, fijando la fecha para el 11 de abril de 2021. Esto desató una nueva ola de indignación entre políticos, abogados y activistas de la sociedad civil, que señalaron que esto iba en contra del procedimiento establecido para la reforma constitucional y advirtieron nuevamente que la concentración de poder en manos del presidente podría dar lugar a un gobierno autoritario. Estas preocupaciones también fueron expresadas en un dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, emitido en marzo de 2021 a petición de la Defensoría del Pueblo de Kirguistán.

    El proyecto de constitución contiene otras dos disposiciones problemáticas. Una de ellas permite imponer restricciones a toda manifestación que contradiga los “valores morales y éticos” o “la conciencia pública del pueblo de la República Kirguisa”. Estos conceptos no están definidos ni regulados, por lo que podrían interpretarse de forma diferente en cada caso, lo que crea el riesgo de una interpretación excesivamente amplia y subjetiva y de una aplicación arbitraria. Esto, a su vez, podría dar lugar a restricciones excesivas de los derechos humanos y las libertades públicas, incluidos los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión.

    La otra disposición obliga a partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones públicas a garantizar la transparencia de sus actividades financieras y económicas. En el contexto de recientes intentos de intensificar el control sobre las OSC, es preocupante que esta disposición se utilice para presionarlas. El mismo día en que el parlamento votó a favor de la celebración de un referéndum sobre el proyecto de constitución, algunos legisladores acusaron a las OSC de socavar los “valores tradicionales” y de suponer una amenaza para el Estado. 

    Los y las activistas de la sociedad civil siguen reclamando que se disuelva el actual parlamento, que a su juicio ha perdido su legitimidad, y que el presidente convoque rápidamente nuevas elecciones. Con este fin están movilizándose en este momento y, si no se satisfacen sus demandas, planean recurrir a los tribunales con una demanda por usurpación de poderes.

    El presidente, sin embargo, ha desestimado todas las preocupaciones expresadas sobre la reforma constitucional. Ha asegurado que Kirguistán seguirá siendo un país democrático, que se respetará la libertad de expresión y la seguridad personal de los periodistas, y que no habrá más persecuciones políticas.

    La ciudadanía de Kirguistán debe tomar una decisión. El próximo referéndum sobre el actual proyecto de constitución puede convertirse en un nuevo punto de inflexión en la historia de Kirguistán, y la decisión que tome la ciudadanía será clave para las perspectivas futuras de estabilidad y prosperidad.

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  • MALAUI: ‘La sociedad civil espera que la agenda del nuevo gobierno priorice los derechos humanos’

    CIVICUS conversa con Michael Kaiyatsa, Director Ejecutivo interino del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (Centre for Human Rights and Rehabilitation,CHRR), sobre las recientes elecciones presidenciales de Malaui, celebradas en el contexto de la pandemia del COVID-19 y resultaron en un cambio de gobierno. El CHRR es una organización de la sociedad civil (OSC) que apoya y promueve la democracia y los derechos humanos en Malaui. Su misión es contribuir a la protección, promoción y consolidación de la buena gobernanza mediante el empoderamiento de las comunidades rurales y urbanas para que ejerzan sus derechos. Fundada en 1995 por antiguos estudiantes exiliados que regresaron al país atraídos por la promesa de una nueva democracia, opera a través de dos programas principales: Movilización y Empoderamiento Comunitario y Monitoreo y Capacitación en Derechos Humanos.

     

  • POLONIA: “La crisis de la democracia y los derechos humanos se agravará”

    CIVICUS conversa con Małgorzata Szuleka sobre las recientes elecciones presidenciales de Polonia, celebradas durante la pandemia de COVID-19, y sobre el uso que hizo el partido gobernante de la retórica anti-LGBTQI+ para movilizar a su electorado. Małgorzata es abogada de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) de Polonia, una de las organizaciones de derechos humanos más grandes y antiguas tanto de Polonia como de la región. HFHR Polonia representa a víctimas de abusos de derechos humanos en procesos judiciales, realiza investigaciones y monitorea las violaciones de los derechos humanos. Desde 2015 ha hecho un activo seguimiento de las crecientes violaciones del estado de derecho en Polonia. Trabaja con organizaciones aliadas en Europa del Este, Asia Central, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

    Małgorzata Szuleka

    Tras su reprogramación, las elecciones polacas se realizaron en junio y julio de 2020. ¿Cuál fue la posición de la sociedad civil respecto de la celebración de elecciones durante la pandemia de COVID-19?

    Originalmente las elecciones estaban programadas para mayo de 2020 y organizarlas planteaba un gran problema legal porque no existía un mecanismo legal para posponerlas. La única forma de reprogramarlas era declarar el estado de emergencia, según lo dispone la Constitución. No se pueden organizar elecciones durante un estado de emergencia o dentro de los 90 días siguientes a su finalización. Desde una perspectiva constitucional, una declaración oficial de que el país estaba experimentando una epidemia le hubiera dado al gobierno la prerrogativa de imponer el estado de emergencia. Esto hubiera extendido automáticamente el mandato del presidente hasta que se pudieran programar elecciones regulares, una vez superada la epidemia. Sin embargo, el gobierno no siguió este procedimiento. Las elecciones se reprogramaron y la segunda vuelta entre los dos principales candidatos se reailzó el 12 de julio de 2020 sobre la base de argumentos legales muy dudosos. Sin embargo, esto no fue cuestionado ni por la mayoría gubernamental ni por la oposición.

    Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) primero presionaron al gobierno para que hiciera correctamente el llamado a las elecciones, instándolo a declarar un estado de emergencia. Cuando esto no ocurrió, las OSC intentaron plantear el tema del monitoreo internacional, principalmente en términos de equidad y financiamiento de la campaña. El problema era que se esperaba que las elecciones fueran libres pero no justas. Los medios públicos se inclinaron por el presidente Andrzej Duda, el candidato apoyado por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS), y fueron extremadamente críticos y bastante poco profesionales en relación con todo candidato de oposición. Aunque no se había declarado el estado de emergencia, muchos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el acceso a la información, estaban limitados. Estas eran las principales preocupaciones.

    También se presentó el problema de que la Corte Suprema confirmó la validez de las elecciones. El 12 de julio, el presidente Duda fue reelegido para un segundo mandato por un margen estrecho. Recibió el 51% de los votos, mientras que su contendiente de la opositora Coalición Cívica recibió el 49%. El presentismo apenas superó 68% y se presentaron más de 5.800 denuncias de irregularidades en el proceso. La Corte Suprema dictaminó que 92 de esas denuncias estaban justificadas pero no habían influido en el resultado final, por lo que declaró válidos los resultados. Lamentablemente, esta decisión pasó completamente por alto el problema de los fundamentos constitucionales y legales sobre la base de los cuales se habían convocado estas elecciones.

    ¿Se adoptaron medidas para proteger a la gente durante la campaña y el proceso de votación? ¿Tuvo la pandemia algún impacto sobre la participación?

    La organización de la campaña implicó medidas sanitarias en materia de distanciamiento social y uso de mascarillas. Pero estas disposiciones no fueron completamente respetadas por ambas partes. Con fines de campaña, el gobierno relajó algunas restricciones; por ejemplo, aunque el uso de mascarillas faciales era obligatorio, se publicaron fotografías en las que el primer ministro no la llevaba puesta en público. También fue preocupante el hecho de que muchas autoridades participaran en la campaña electoral junto con el presidente Duda. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas por políticos del partido gobernante. El centro de seguridad gubernamental, responsable de la coordinación y la información en caso de emergencias o catástrofes naturales, envió mensajes de texto masivos el día de las elecciones. Cada votante recibió un mensaje que decía que las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad podrían votar sin hacer cola. Esto pudo haber sido utilizado para movilizar al electorado del partido gobernante. Este es solo un ejemplo, pero podría ser indicativo del rol desempeñado por las instituciones estatales para inclinar el campo de juego a favor del partido PiS.

    ¿Fue equitativa la cobertura de los medios durante las elecciones?

    La cobertura de los medios públicos fue absolutamente injusta. El resto de la cobertura, mayormente por parte de medios privados, fue bastante buena; definitivamente no fue tan mala como la de los medios públicos, que fue utilizada para hacer propaganda y realzó la campaña del presidente Duda.

    Uno de los reclamos electorales presentados ante la Corte Suprema se refería específicamente a la cobertura mediática. Manifestó que la televisión pública apoyaba al presidente al tiempo que desacreditaba sistemáticamente a su rival, y que las instituciones y funcionarios públicos violaron reiteradamente el código de conducta al apoyar a uno solo de los candidatos. Pero el problema en relación con el mecanismo de los reclamos electorales es que requiere que se demuestre no solo que la supuesta irregularidad ocurrió, sino también que ella tuvo un impacto sobre los resultados electorales. En elecciones presidenciales como esta, esto es algo muy difícil de probar. Además, el código electoral no regula la labor de los medios de comunicación, por lo que es difícil sostener legalmente que los medios de comunicación deben operar de manera diferente. Y en caso de hacerlo, también es difícil probar que la cobertura (o la falta de cobertura) recibida de un medio por un candidato en particular haya resultado en un determinado resultado electoral. Esto es algo que intuitivamente podemos suponer, particularmente ante resultados tan ajustados, pero es muy difícil crear un argumento legal sólido.

    ¿Qué implicancias tiene la reelección del presidente Duda para la democracia y los derechos humanos en Polonia?

    Representa la continuidad de una tendencia muy preocupante. De todos los posibles temas de campaña, el presidente Duda escogió avivar la homofobia. La campaña tuvo lugar en el marco de un proceso de larga data de retroceso del estado de derecho, en medio de una crisis de las relaciones entre Polonia y la UE, durante un enorme desafío sanitario y al borde de una crisis económica que nos afectará a todas y todos los polacos. Pero ninguno de estos temas se convirtió en el foco de la campaña electoral y la discusión pública. El presidente Duda habló sobre todo de que las personas LGBTQI+ representan una amenaza para nuestra herencia tradicional cristiana, equiparando la homosexualidad con la pedofilia. El tema destiló en la narrativa divisiva, indignante y deshumanizante del partido PiS. Fue una movida muy pragmática de los astutos propagandistas del PiS porque movilizó al núcleo mismo del electorado. De repente, los grupos y comunidades LGBTQI+ se convirtieron en el chivo expiatorio de todo lo que está mal en Polonia. Es indignante lo que se politizó este tema y la forma en que se lo utilizó para deshumanizar a esta minoría. Fue un espectáculo doloroso y desgarrador.

    Y esto no se terminó con la campaña. El presidente Duda es apenas un representante del partido PiS, por lo que dirá lo que sea necesario para mantenerlo alineado. No es más que una cuestión de cálculo y lucha interna de poder. En junio, el partido PiS apuntó contra la población LGBTQI+. En julio, apuntó contra las víctimas de violencia doméstica al iniciar un debate sobre la retirada del Convenio de Estambul. En agosto, propuso un sistema de registro de las OSC que reciben financiamiento del exterior. Ahora no sé quién será su próximo enemigo. No se trata solamente de que la actual mayoría gobernante sea homofóbica, sino también de que todo el tiempo necesita tener un enemigo con el que confrontar o a quien culpar.

    Acabamos de entrar en una fase en la que no habrá elecciones por tres años, por lo que cabe esperar una gran consolidación del poder que permita al gobierno hacer todo lo que quiera: crear presión sobre las OSC, polarizar aún más a los medios de comunicación, atacar a grupos minoritarios y escalar el conflicto con la UE, entre otras cosas. Cabe esperar que todo esto ocurra durante los próximos tres años. Lo único que podría detenerlos es la evaluación pragmática de si se trata de algo que responde a la necesidad del momento o si acaso podría haber alguna otra cosa más importante. Pero creo que la crisis de la democracia y los derechos humanos en Polonia se profundizará.

    El espacio cívico en Polonia es clasificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.

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  • REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Puede que tengamos por delante una época de cambios positivos’

    CIVICUS conversa sobre las elecciones recientemente celebradas en la República Dominicana, en el contexto de la pandemia del COVID-19, conHamilk Chahin, coordinador del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral, y Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG. El Manifiesto Ciudadano, una iniciativa multiactor liderada por la sociedad civil, fue lanzado en diciembre de 2019 para monitorear las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2020 e impulsar la consolidación de las instituciones democráticas. Alianza ONG es una red que abarca a 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de República Dominicana. Fundada en 1995, se dedica a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, la capacitación y la socialización de información, la incidencia política, y el fomento de la solidaridad y el voluntariado.

    Ya antes del estallido de la pandemia del COVID-19, el panorama electoral se presentaba complicado. ¿Cuál era la situación hacia marzo de 2020?

    DominicanRepublic FlagEn los últimos años el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha acumulado mucho poder en todas las instituciones del Estado, afectando la calidad de la democracia. El mismo partido se reeligió varios períodos y las élites políticas se acomodaron en sus sitios y se acostumbraron a ejercer el poder para su propio beneficio y en desmedro de los intereses de la colectividad. De a poco e inadvertidamente, la sociedad también fue aceptando esta situación. Ayudó en ese sentido el manejo excepcionalmente eficiente de los mecanismos de comunicación por parte de los sucesivos gobiernos. Sumado a buenas alianzas internacionales y buena fortuna en el manejo económico, el andamiaje publicitario y propagandístico facilitó la perpetuación del gobierno.

    Afortunadamente hay en toda sociedad un germen que es prácticamente imposible desarraigar: la sociedad civil. Puede que por momentos permanezca latente o en hibernación, pero en algún momento algo ocurre que la lleva a ponerse en movimiento. En nuestro caso, fue la extrema confianza de nuestros gobernantes de tener el poder asegurado, que los llevó a prácticas cada vez más descaradas, hasta el punto de que la ciudadanía, que en su mayoría llevaba mucho tiempo tolerándolas, en un determinado momento dijo basta y entró en estado de efervescencia. La primera manifestación importante de este hartazgo fue el Movimiento Marcha Verde, iniciado en enero de 2017.

    Surgida al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluyó a un amplio espectro de OSC y se centró en la movilización callejera. Todo comenzó con una modesta caminata de protesta que organizamos a través de una OSC llamada Foro Ciudadano, que dio inicio a un gran fenómeno de movilización cuyo principal logro fue romper la indiferencia ciudadana, sacar a la clase media de esa zona de confort desde donde criticaba sin pasar a la acción. Los partidos de oposición comenzaron a montarse en esa dinámica, pero desde su certeza de que tenía todos los resortes del poder asegurados, el gobierno al principio le dio poca importancia. Sin embargo, el fenómeno fue mucho más allá de marchar: se recolectaron firmas, se hicieron encuentros comunitarios, se promovieron muchas formas de movilización. Fue un despertar cuyo motor fue la dignidad. La ciudadanía perdió el miedo de expresarse y esto desconcertó al gobierno.

    ¿Cómo comenzó el proceso electoral de 2020, y cómo se formó el Manifiesto Ciudadano?

    El comienzo del proceso electoral fue también el inicio del fin del actual gobierno. En octubre de 2019 se hicieron las elecciones primarias de los partidos políticos; fueron las primeras que se realizaban bajo una nueva legislación electoral y de partidos políticos, y fueron administradas por la Junta Central Electoral (JCE). Mientras que el PLD optó por primarias abiertas, permitiendo la participación de todos los votantes habilitados, el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo primarias cerradas, permitiendo la participación de sus afiliados. De las internas del PRM surgió claramente la candidatura de Luis Abinader, que acabaría siendo electo presidente. En contraste, en las internas del PLD el candidato Gonzalo Castillo se impuso por una pequeña diferencia sobre el tres veces presidente Leonel Fernández.

    Las elecciones primarias del partido de gobierno fueron mucho más que un proceso de selección de candidaturas: en ellas se jugaba el poder del presidente, Danilo Medina. En el poder desde 2012, Medina había sido reelecto en 2016, y había hecho algunos infructuosos intentos de reformar la constitución para volver a reelegirse. En tanto que presidente de su partido, Leonel Fernández se había opuesto a estas maniobras, de modo que no obtuvo el apoyo de Medina cuando presentó su candidatura. Fue evidente el uso de los recursos del Estado en apoyo del delfín de Medina; como consecuencia de esto el PLD se fracturó y Fernández pasó a integrar el bloque de oposición. Fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación. Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería de la elección nacional.

    En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto Ciudadano, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso, laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y sobre todo, hicimos incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos convirtió en interlocutor directo de la JCE.

    ¿Para cuándo estaban programadas las elecciones?

    El ciclo electoral incluía una serie de elecciones: las municipales, programadas para febrero, y las nacionales, tanto presidenciales como legislativas, inicialmente programadas para mayo. En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual, completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso, el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.

    Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones municipales en todo el país.

    Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de febrero, día de la independencia, hubo una manifestación multitudinaria para exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. La diáspora dominicana en distintos países del mundo organizó manifestaciones solidarias en apoyo a la democracia en su país.

    Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque de queda.

    En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas sanitarias necesarias. Afortunadamente los medios de comunicación facilitaron los espacios necesarios a las OSC; tuvimos una buena plataforma comunicacional.

    Dado que las elecciones tuvieron lugar durante la pandemia, ¿se tomaron medidas para limitar el riesgo de contagio?

    Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica, porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de protección, y medidas de distanciamiento físico.

    La verdad, el gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante, pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música, todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse utilizados para controlar efectivamente la pandemia.

    ¿Qué posibilidades tuvo la oposición de hacer campaña en el marco de la emergencia sanitaria?

    Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como “quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.

    La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.

    Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con grandes operaciones de propaganda.

    Con todo a su favor, ¿cómo se explica que el gobierno perdiera las elecciones?

    Efectivamente, el candidato del PRM, Luis Abinader, se impuso en primera vuelta, con más del 52% de los votos, mientras que el candidato del gobierno quedó segundo con el 37% y el expresidente Fernández llegó al 9%. La división del partido gobernante como resultado de las denuncias de fraude en las primarias tuvo efecto, porque de haber estado el partido unido y no afectado por ese escándalo los resultados podrían haber sido otros.

    Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25 años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas. La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los cacerolazos.

    El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización de la democracia.

    El espacio cívico en República Dominicana es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • RUSIA: “Cabe esperar que el activismo de derechos humanos aumente en reacción a la represión”

    CIVICUS conversa con Leonid Drabkin, uno de los coordinadores de OVD-Info, una organización de la sociedad civil (OSC) de derechos humanos independiente que documenta y asiste a víctimas de persecución política en Rusia. A través de su línea telefónica de asistencia directa y otras fuentes, OVD-Info reúne información sobre las detenciones de manifestantes y otros casos de persecución política, publica noticias y coordina la asistencia legal para los detenidos.

     

  • SERBIA: “La crisis política se profundizará porque una gran porción de la ciudadanía carece de representación”

    CIVICUS conversa con Ivana Teofilović acerca de las causas de las recientes protestas y la reacción del gobierno frente a ellas, así como sobre las elecciones celebradas en Serbia durante la pandemia de COVID-19. Ivana es coordinadora de programas de políticas públicas en Civic Initiatives, una asociación ciudadana serbia que persigue el objetivo de fortalecer la sociedad civil a través de la educación cívica, la promoción de valores y prácticas democráticos y la creación de oportunidades para la participación ciudadana.

    Ivana Teofilovic

    ¿Por qué estallaron en Serbia protestas durante la pandemia de COVID-19, y cómo reaccionó el gobierno?

    La causa inmediata de la reunión masiva y espontánea de ciudadanos en julio de 2020 fue el anuncio de la introducción de un nuevo toque de queda, es decir, una nueva prohibición de todo movimiento durante 72 horas. En cuanto terminó la conferencia de prensa del presidente, la gente descontenta comenzó a reunirse frente a la Asamblea Nacional en la capital, Belgrado. Si bien el motivo inmediato fue el descontento ante el manejo de la crisis del COVID-19, la ciudadanía también quiso manifestar su insatisfacción con muchas otras medidas gubernamentales y sus impactos, y en particular con las condiciones en que se habían desarrollado las recientes elecciones parlamentarias.

    En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia de forma injustificada en decenas de casos y se extralimitaron en el uso de sus facultades legales. Su respuesta violenta frente a reuniones pacíficas espontáneas fue una grave violación del derecho a la libertad de reunión pacífica y una amenaza injustificada para la integridad física de un gran número de manifestantes. Las protestas estuvieron marcadas por el empleo de una gran cantidad de gas lacrimógeno, que fue arrojado indiscriminadamente contra las masas de manifestantes pacíficos. En consecuencia, en los días posteriores muchos manifestantes experimentaron problemas de salud. Aparte del hecho de que se utilizaron cantidades injustificadamente grandes, la atención pública se centró en el hecho de que el gas lacrimógeno utilizado estaba vencido.

    Los medios de comunicación y la propia ciudadanía también informaron y documentaron muchos casos de abuso policial, incluido el de tres jóvenes que estaban tranquilamente sentados en un banco y fueron golpeados repetidamente con una porra por un agente de gendarmería. En otro incidente, un joven fue derribado al suelo y golpeado con porras por 19 agentes, pese a que había dos miembros de la Defensoría del Pueblo de guardia en la cercanías, precisamente para monitorear la conducta de la policía. Un gran número de individuos de civil provocaron más disturbios y actos de violencia. En su momento no se pudo determinar si se trataba de policías de civil o de miembros de fuerzas parapoliciales o de bandas criminales, pero luego numerosas pistas parecieron indicar que eran bandas delictivas vinculadas con las autoridades y que operaban bajo sus órdenes.

    Los medios también desempeñaron un rol muy importante en las protestas. En este contexto, muchos trabajadores de los medios de comunicación se comportaron profesionalmente e informaron objetivamente sobre las protestas, convirtiéndose a menudo en víctimas de la brutalidad policial o de ataques de personas infiltradas entre los manifestantes para incitar disturbios. Según la Asociación de Periodistas de Serbia (NUNS), por lo menos 28 periodistas fueron agredidos mientras cubrían las protestas y 14 sufrieron lesiones físicas, que en seis casos requirieron atención médica urgente. Según un comunicado de NUNS, el herido más grave fue Zikica Stevanovic, periodista de la agencia de noticias Beta.

    Sin embargo, los medios de comunicación cercanos al gobierno ignoraron o distorsionaron la imagen real de la protesta, difundiendo mentiras sobre quién la había organizado o financiado y quiénes habían participado en ella e ignorando o negando casos evidentes de abuso policial. Los periodistas, analistas y activistas de la sociedad civil que apoyaron públicamente las protestas y hablaron críticamente sobre el gobierno y el presidente fueron a menudo el blanco de campañas sensacionalistas y fueron difamados por los ocupantes de altos cargos políticos en un intento de desacreditar su trabajo.

    También se utilizaron en su contra medidas burocráticas, por ejemplo mediante su inclusión en una lista compilada por la Dirección de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Finanzas para exigir a los bancos que examinen todas las transacciones financieras realizadas por ellos durante el año pasado. Las asociaciones e individuos afectados publicaron un comunicado conjunto con más de 270 firmas para pedir a las autoridades que hicieran públicas urgentemente las razones de la sospecha de que estas organizaciones e individuos podían estar involucrados en acciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. También dejaron claro que estas presiones no los disuadirían de seguir luchando por una Serbia libre y democrática.

    La reacción violenta de la policía, el uso indiscriminado de la fuerza, la cobertura sesgada y las represalias gubernamentales motivaron aún más a la ciudadanía a protestar. En consecuencia, la gente salió a las calles en cantidades aún mayores en los días siguientes. Las protestas también comenzaron a tener lugar en otras ciudades serbias además de Belgrado, tales como Kragujevac, Nis, Novi Sad y Smederevo.

    ¿Ha experimentado la sociedad civil desafíos adicionales para continuar haciendo su trabajo bajo la pandemia?

    Bajo el estado de emergencia impuesto en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero también después de levantado el estado de emergencia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentaron numerosas dificultades que obstaculizaron enormemente su trabajo. Durante las primeras semanas del estado de emergencia, algunas OSC que brindan servicios a grupos vulnerables no pudieron realizar sus actividades debido a la prohibición de circular, dificultad que solo se superó de manera gradual y parcial a medida que se fueron otorgando permisos especiales a ciertas categorías de personas.

    Otro desafío fue el planteado por el Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos, adoptado en respuesta a los impactos económicos de la pandemia. Este reglamento no extendía la exención del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos, bienes de consumo y servicios donados al sector humanitario y sin fines de lucro para apoyar a grupos socialmente vulnerables. Por este motivo, un grupo de OSC envió al Ministerio de Hacienda una propuesta para ampliar la exención del IVA.

    El mayor desafío para las OSC fue la sostenibilidad financiera, que se vio especialmente amenazada por la suspensión del concurso para proyectos co-financiados de importancia pública, a nivel tanto nacional como local. Además, si bien no eran suficientemente claras en lo que respecta a las OSC, las disposiciones del Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos excluían inequívocamente las iniciativas ciudadanas informales y, por lo tanto, ponían en peligro su supervivencia.

    Además, el derecho a la libertad de expresión estuvo especialmente en peligro durante la pandemia. Los desafíos incluyeron restricciones enfrentadas por la prensa para asistir a las conferencias de prensa del Gabinete de Crisis y hacer preguntas, el desprecio expesado por funcionarios de órganos e instituciones gubernamentales hacia los representantes de los medios y la persecución de los medios de comunicación que expresaron críticas durante la pandemia. Estas restricciones abrieron las puertas a la difusión de información no verificada. La falta de información oportuna y objetiva resultó en una mayor propagación del pánico y dejó en evidencia que, además de una pandemia, Serbia enfrentaba una “infodemia”.

    ¿Qué opina la sociedad civil de la respuesta del gobierno a la pandemia y las condiciones en que se celebraron las últimas elecciones?

    A pesar de la posición muy desfavorable en que se encontraron, las OSC desempeñaron un rol significativo durante la crisis del COVID-19. Las OSC también jugaron un importante rol correctivo de las acciones de gobierno, ya que presentaron numerosas propuestas de calidad para superar la crisis. En muchas situaciones fueron las OSC, debido a su mejor capacitación, las que asumieron las funciones de determinados servicios gubernamentales. La impresión predominante es que el Estado no estaba preparado para la crisis y, por lo tanto, no tenía capacidad suficiente para responder adecuadamente.

    Por su carácter cerrado, el gobierno esgrimió la necesidad de actuar con velocidad y eficiencia como pretexto para eludir el diálogo. En la adopción de determinadas medidas se produjeron frecuentes violaciones de las leyes, la constitución y los derechos de la ciudadanía, y en particular del derecho de los periodistas a hacer su trabajo. Las medidas económicas no fueron adoptadas de manera oportuna y efectiva, lo cual puso en peligro a muchas OSC y a sus activistas, y en última instancia tuvo su mayor impacto sobre la ciudadanía en tanto que usuaria de los servicios de las OSC.

    En cuanto a las elecciones parlamentarias, que se celebraron el 21 de junio tras ser aplazadas de su fecha original del 26 de abril, aún queda sin respuesta la pregunta acerca de la responsabilidad del gobierno para conducir un proceso electoral bajo la pandemia. Se sospecha que la decisión de realizar las elecciones fue motivada políticamente e irresponsable. Esta impresión se vio reforzada por el hecho de que, en las semanas posteriores a las elecciones, el número de infecciones y muertes por COVID-19 aumentó drásticamente. Daría la impresión de que los esfuerzos realizados por algunas OSC para crear las condiciones para el desarrollo de elecciones libres y democráticas no dieron los resultados deseados.

    ¿Cuáles fueron los principales obtáculos que impidieron que las elecciones fueran libres y justas?

    Más allá de la pandemia, la principal preocupación respecto de las elecciones fue que estuvieron dominadas por el partido gobernante, a través de la presión sobre el periodismo y los medios de comunicación críticos y el control de los principales medios de comunicación, que carecen de diversidad de opiniones y cobertura equilibrada y son utilizados con fines de campaña.

    La cobertura de los medios durante la campaña electoral fue un poco más equilibrada que en las elecciones anteriores, ya que el gobierno quería demostrar el carácter infundado de los reclamos de la ciudadanía y la oposición política respecto de las malas condiciones para la competencia electoral y la captura de los medios de comunicación. En principio, los candidatos recibieron igual trato por parte de los medios públicos, aunque los funcionarios públicos que hacían campaña a diario recibieron mucha cobertura adicional. Además, los miembros de la oposición que habían decidido boicotear las elecciones, y por lo tanto no presentaron candidatos, carecieron de espacio para presentar sus argumentos en la televisión nacional.

    El trato desigual hacia los candidatos fue especialmente visible en los canales de televisión comerciales de alcance nacional, que brindaron apoyo logístico al partido gobernante y a sus socios de coalición. Este problema se vio agravado por la actitud pasiva del Organismo Regulador de Medios Electrónicos (REM), que jugó un papel casi imperceptible durante la campaña electoral. En mayo de 2020, el REM cambió su metodología de seguimiento de la representación mediática de los actores políticos, contando cada mención de una opción política como prueba de representación mediática. De ahí la conclusión de que la opositora Alianza por Serbia era el partido más representado. Pero en verdad la Alianza por Serbia, que boicoteó las elecciones, no recibió ninguna cobertura en la televisión nacional; en realidad, fue el blanco más frecuente de los ataques del partido gobernante y sus medios aliados. En ese sentido, otro problema de fondo es el marco normativo desigual: las regulaciones del REM relativas a los servicios de medios públicos son legalmente vinculantes, pero las relativas a las emisoras comerciales están redactadas bajo la forma de recomendaciones y no tienen efectos vinculantes, y no existen salvaguardas efectivas contra las violaciones.

    ¿Qué implicancias tienen los resultados de las elecciones para el futuro de la democracia y los derechos humanos en Serbia?

    El gobernante Partido Progresista Serbio, que en verdad es un partido de derechas, obtuvo más del 60% de los votos y se quedó con unos 190 escaños parlamentarios, sobre un total de 250. Su socio de coalición, el Partido Socialista de Serbia, quedó en segundo lugar, con aproximadamente 10% de los votos, sumando unos 30 escaños a la coalición. En consecuencia, la Asamblea Nacional se quedó sin representantes de la oposición, abriendo un espacio adicional para el ejercicio de un poder ilimitado y sin obstáculos legales por parte del partido gobernante. Los últimos cuatro años son prueba de que la mera presencia de la oposición en el parlamento no es una barrera suficiente contra la arbitrariedad, ya que el gobierno ha perfeccionado mecanismos que le permiten vaciar de sentido a los procedimientos parlamentarios y restringir la libertad de expresión de los representantes de la oposición. Sin embargo, algunos legisladores de la oposición, a través de sus iniciativas, apariciones públicas y propuestas, habían logrado llamar la atención sobre los numerosos escándalos y las violaciones de la ley cometidas por los funcionarios.

    Las protestas que siguieron a las elecciones parecen señalar en dirección de una mayor polarización y una profundización de la crisis política, ya que una gran porción de la ciudadanía carece de representación y se siente privada del derecho a elegir a sus representantes sin temor mediante elecciones libres y democráticas. Los más recientes intentos de lidiar con la sociedad civil, el periodismo y destacadas personalidades críticas mediante la promoción de investigaciones sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo hablan de una polarización cada vez más profunda. El desarrollo de los derechos humanos requiere de coordinación y cooperación entre las OSC y los órganos gubernamentales, así como de consenso social y voluntad política, por lo que ciertamente esto no está contribuyendo a mejorar la situación de los derechos humanos en Serbia. Por el contrario, está provocando una crisis cada vez más grave, el agravamiento de las desigualdades e injusticias y protestas más frecuentes.

    El espacio cívico en Serbia es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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  • SINGAPUR: ‘La oposición recibió cobertura desfavorable de los medios estatales y le costó llegar al votante’

    CIVICUS conversa con el defensor de derechos humanos Jolovan Wham sobre las recientes elecciones de Singapur, celebradas en el marco de la pandemia del COVID-19. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de leyes restrictivas contra activistas de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados, medios de comunicación independientes en línea y miembros de la oposición política de Singapur, que son criminalizados, por ejemplo mediante demandas por difamación y acusaciones de desacato a la autoridad judicial.

    Jolovan Wham

    ¿Ha habido algún desacuerdo sobre si las elecciones debían celebrarse, o sobre cuándo o cómo debían tener lugar?

    Sí. Los partidos de oposición se opusieron en gran medida porque la pandemia del COVID-19 no había amainado y la realización de las elecciones podría representar una amenaza para la salud pública. También les preocupaba que no se permitieran manifestaciones físicas y recorridos de puerta en puerta, lo cual obstaculizaría sus esfuerzos de campaña.

    Y, de hecho, resultó más difícil conectarse cara a cara con los votantes cuando era necesario mantener una distancia de un metro durante las caminatas y las visitas de puerta en puerta. Todos tuvieron que dar sus discursos y conectarse con los votantes en línea.

    Se introdujeron algunos cambios para que las elecciones se llevaran a cabo en el contexto de la pandemia. El período de votación se extendió dos horas más en previsión de colas más largas a causa del distanciamiento social. Pero no se discutió la posibilidad de votar por internet. Y es posible que las personas mayores o con problemas de salud no participaran por temor a infectarse con COVID-19.

    ¿Cuál era la situación de las libertades cívicas antes de las elecciones?

    El control del partido gobernante, el Partido de Acción Popular (PAP), sobre todas las instituciones públicas es un importante problema en materia de libertad cívica. Significa que puede dar forma al discurso político de acuerdo con su agenda y establecer las reglas de juego que más le convengan. Por ejemplo, el departamento electoral, que traza los distritos electorales, depende del primer ministro. La mayoría de los grupos de sociedad civil temen involucrarse en las elecciones de manera significativa por las consecuencias de ser percibidos como “partidistas”. Si una asociación de la sociedad civil es vinculada con un partido de oposición, puede perder fondos, apoyo y recursos para su trabajo.

    Un reciente informe del grupo Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) por los Derechos Humanos documentó fallas estructurales que impidieron que la elección fuera justa. Entre ellas se contaban los amplios poderes del primer ministro sobre todo el proceso electoral y la ausencia de controles efectivos. El contexto en que la ciudadanía de Singapur podía ejercer su derecho a participar en la vida pública estaba muy restringido. Los principales candidatos de la oposición habían sido objeto de demandas por parte de miembros del PAP, y los votantes de distritos liderados por la oposición temían sufrir represalias si no votaban por el PAP. Las libertades fundamentales, que están intrínsecamente vinculadas a la existencia de elecciones libres, son limitadas ya que el gobierno controla los medios de comunicación y usa leyes restrictivas contra voces críticas y disidentes.

    ¿Cómo afectó esto a las posibilidades de la oposición?

    Los candidatos y partidos opositores tuvieron que depender únicamente de las redes sociales para difundir su mensaje, debido a la cobertura desfavorable que recibieron de los medios estatales. También tuvieron dificultades para llegar a los votantes debido al monopolio, la manipulación y el control ejercidos por el PAP sobre sindicatos y organizaciones y grupos de base de todo el país, a lo que se sumaron las dificultades involucradas en la organización de manifestaciones físicas en el contexto de la pandemia.

    Las elecciones se celebraron el 10 de julio. El PAP obtuvo 83 escaños parlamentarios, pero también experimentó un revés, ya que la oposición logró avances menores pero históricos. El Partido de los Trabajadores, el único partido de oposición con presencia en el parlamento, aumentó sus escaños de seis a 10, el mejor resultado obtenido por la oposición desde la independencia. El voto popular obtenido por el PAP cayó al 61%.

    ¿Cuáles fueron los principales temas en torno de los cuales giró la campaña?

    Para el PAP, la campaña se centró en la difamación de los candidatos de la oposición, acusándolos de vender falsedades y de tener agendas nefastas, y se enfocó en desacreditarlos. También se usó la táctica del miedo: se transmitió al electorado la idea de que solo el PAP podría sacar a los singapurenses de la pandemia del COVID-19 y que la presencia de más representantes de la oposición en el parlamento frustraría estos esfuerzos.

    Los partidos de oposición, por otro lado, se centraron en transmitir al electorado el mensaje de que estaban al borde de ser eliminados del parlamento, ya que contaban con menos de 10 escaños sobre un total de casi 90. Otras cuestiones clave planteadas por la oposición fueron el alto costo de vida y la inmigración.

    El espacio cívico en Singapur es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

     

  • SRI LANKA: ‘El control de los medios le dio al gobierno una gran ventaja’

    CIVICUS conversa con Sandun Thudugala, Director de Programas de Law and Society Trust (LST), acerca de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Sri Lanka el 5 de agosto de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19. LST es una organización de investigación y defensa legal fundada en 1982 en Colombo, Sri Lanka, con el objetivo de promover reformas legales para mejorar el acceso a la justicia, la judicialización de los derechos y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

    Ante las elecciones de agosto de 2020, el CIVICUS Monitordocumentó el hecho de que abogados de derechos humanos y periodistas estaban siendo sujetos a arrestos, amenazas y acoso. Uninforme del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, publicado en mayo de 2020, también mostró que la sociedad civil enfrentaba desafíos para registrarse y operar y diversas barreras para el ejercicio del derecho de protesta.

    Sandun Thudugala

    ¿Cuál era la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil antes de las elecciones?

    Como ocurre en muchos otros países, en Sri Lanka la situación de las libertades cívicas y el espacio para la sociedad civil siempre ha sido precaria. Incluso bajo el gobierno anterior, que se suponía que apoyaba más a la sociedad civil y a la agenda de derechos humanos, continuaron los esfuerzos para introducir nuevas leyes draconianas para controlar la sociedad civil y socavar las libertades básicas en nombre de la lucha contra el terrorismo.

    La situación empeoró con la elección de Gotabaya Rajapaksa como nuevo presidente en noviembre de 2019. Su campaña electoral, basada en las ideas de la supremacía del budismo cingalés, la sociedad disciplinada y la seguridad nacional, recibió el apoyo de una abrumadora mayoría, y en particular de la comunidad budista cingalesa. El resultado fue interpretado como un mandato otorgado al gobierno para que pudiera socavar las libertades básicas y el espacio cívico en nombre de la seguridad nacional y el desarrollo.

    Ha habido indicios de una mayor militarización de todos los aspectos de la sociedad y del debilitamiento de las instituciones democráticas, como el nombramiento de miembros de las Fuerzas Especiales Presidenciales, que solo rinden cuentas al presidente, en puestos clave de gobierno. También se ha transmitido un claro mensaje de falta de voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales, incluida la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el gobierno anterior había apoyado y perseguía el objetivo de promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka tras el conflicto interno desarrollado entre 1983 y 2009. Lo mismo se observa en relación con los mecanismos nacionales de derechos humanos.

    Han aumentado la vigilancia de las actividades de la sociedad civil y los arrestos de activistas activos en las redes sociales. Esto ha reflejado claramente el intento de socavar las libertades y el espacio cívico ante las elecciones. La situación se vio agravada por la pandemia del COVID-19. La necesidad de hacer frente al virus ha sido utilizada como excusa para incrementar la militarización y la concentración de poder en manos del presidente.

    ¿Cuáles fueron los principales temas de campaña?

    El gobierno, encabezado por el recientemente electo presidente Rajapaksa, del partido Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), quería alcanzar la mayoría de los dos tercios en el Parlamento para estar en condiciones de reformar la actual constitución y otorgar poderes adicionales al presidente. Ese ha sido el principal objetivo de la campaña electoral del SLPP. La necesidad de un gobierno fuerte para proteger las aspiraciones de la mayoría budista cingalesa, defender la soberanía nacional y fomentar el desarrollo económico fueron, por consiguiente, algunos de los principales temas de su campaña. La popularidad que tenía el presidente tras su victoria en las elecciones presidenciales fue utilizada para movilizar a los votantes en apoyo del SLPP.

    Los principales partidos de la oposición estaban divididos, y en la campaña electoral sus conflictos internos fueron más prominentes que sus mensajes electorales. Una de sus principales promesas fue brindar asistencia económica a las personas pobres que habían resultado más afectadas por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento.

    Durante la campaña electoral ninguno de los partidos principales puso de relieve cuestiones centrales tales como la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza democrática, la justicia para las víctimas de la guerra, y la búsqueda de soluciones de más largo plazo para los problemas étnicos o las causas fundamentales de la pobreza rural, el endeudamiento y la desigualdad.

    ¿Hubo alguna discusión acerca de la conveniencia de realizar las elecciones en el contexto de la pandemia?

    El gobierno quería llevar a cabo las elecciones lo antes posible. Estaba dispuesto a realizarlas en abril de 2020, tal como estaba previsto, aun cuando estábamos en lo peor de la pandemia. Casi todos los partidos de la oposición se opusieron a la celebración de elecciones en abril. Posteriormente, la Comisión Electoral decidió posponerlas hasta agosto de 2020 debido a los riesgos para la salud que podría conllevar su realización. En agosto la situación había mejorado considerablemente, por lo que no hubo una gran oposición a la realización de las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de agosto.

    Hasta donde yo sé, no se consideró la posibilidad de habilitar el voto vía internet para esta elección. No creo que Sri Lanka tenga la infraestructura y la capacidad para ofrecer esa opción en este momento. Más del 70% de los votantes habilitados emitieron sus votos y, con excepción de las personas que todavía se encontraban en centros de cuarentena, no experimentaron obstáculos significativos a la hora de votar. Aunque sí hubo incidentes cuando algunas fábricas privadas negaron a sus empleados el permiso para ir a votar.

    ¿Fue posible desarrollar una campaña “normal” en el contexto de la pandemia?

    La Comisión Electoral publicó una serie de pautas sanitarias e impuso controles importantes sobre la campaña electoral. No se permitieron grandes mítines o reuniones, pero el gobierno y los principales partidos de la oposición violaron estas pautas sanitarias al organizar abiertamente actos públicos y otras reuniones, y no enfrentaron ninguna repercusión. Quedó claro que los partidos con mayor poder contaban con una clara ventaja que les permitía eludir ciertas reglas. Además, los candidatos de los principales partidos políticos, que tenían más dinero para invertir en campañas en medios electrónicos y en redes sociales, corrieron con una clara ventaja sobre los demás.

    Gracias a su control sobre los medios estatales y al apoyo que recibió de la mayoría de los medios privados, tanto electrónicos como impresos, el gobierno tuvo una clara ventaja sobre la oposición durante la campaña electoral. Los partidos políticos más pequeños de la oposición se encontraron en la posición más desventajosa, ya que no obtuvieron ningún espacio significativo de aire ni de publicidad en los principales medios de comunicación.

    Esto seguramente afectó los resultados de las elecciones, en las que el SLPP, liderado por el presidente Rajapaksa y por su hermano, el expresidente Mahinda Rajapaksa, obtuvo 145 escaños parlamentarios sobre un total de 225. El partido opositor Samagi Jana Balavegaya, establecido a principios de 2020 como resultado de un desprendimiento del Partido Nacional Unido, de derecha, obtuvo 54 escaños. El partido Illankai Tamil Arasu Kadchi, que representa a la minoría étnica tamil, obtuvo 10 escaños, y otros 16 escaños se dividieron entre 12 partidos más pequeños. En consecuencia, el 9 de agosto el hermano del presidente fue designado Primer Ministro de Sri Lanka por cuarta vez.

    ¿Pudo la sociedad civil desempeñar algún rol significativo en el proceso electoral?

    Aparte de participar en el monitoreo de las elecciones, la participación de la sociedad civil independiente en el proceso electoral fue mínima. Este fue un cambio drástico en comparación con las elecciones de 2015, en las cuales la sociedad civil desempeñó un rol clave en la promoción de una agenda de buena gobernanza y reconciliación en el marco de la campaña electoral. Las divisiones dentro de la oposición y el contexto del COVID-19 dificultaron el efectivo involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Algunas organizaciones intentaron producir un discurso sobre la importancia de proteger la 19a enmienda a la Constitución, que limitaba los poderes presidenciales al tiempo que fortalecía el papel del parlamento y las instituciones independientes y los procesos de rendición de cuentas, pero no obtuvieron espacios significativos para discutir estos temas en los medios de comunicación ni en ningún otro espacio público.

    El espacio cívico en Sri Lanka es calificado de “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con Law and Society Trust a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@lstlanka y a@SandunThudugala en Twitter.

     

  • SWEDEN: ‘Swedish civil society needs to defend democracy at the grassroots level on a daily basis’

    Anna Carin HallAs part of our 2018 report on the theme of reimagining democracy, we are interviewing civil society activists and leaders about their work to promote democratic practices and principles, the challenges they encounter and the victories they score. Following Sweden’s September election, CIVICUS speaks to Anna-Carin Hall, press officer at Kvinna till Kvinna (Woman to Woman), a Swedish civil society foundation that seeks to strengthenthe role of women in conflict regions by collaborating with women’s organisations and supporting their work to promote women’s rights and peace. Its advocacy focuses on six thematic areas: safe meeting places, the empowerment of women’s rights defenders, increasing women’s power, women’s participation in peace processes, power over one’s body and security for all.

    Sweden’s September election saw support fall for the established centre-left and centre-right parties and rise for the far-right Sweden Democrats. What factors lie behind this result, and what broader trends do you think it points to?

    First, I must emphasise that my answers reflect my own personal opinions rather than those of the organisation I work for. Kvinna till Kvinna is a politically and ideologically independent organisation and has only taken one single standpoint regarding the elections – against what we see as the Sweden Democrats’ anti-feminist policy.

    That said, the drop in support for social democratic parties, for example, is an ongoing trend all over Europe, and not just in Sweden, so one answer could be that this global trend towards a more traditional, nationalist and authoritarian climate finally got hold of Sweden, too.

    Part of the explanation is, as always, fear of globalisation, as traditional jobs move out of Sweden as a result of cost-efficiency thinking, and a large influx of migrants over a short time span, particularly in 2015, create a heavy pressure on the Swedish welfare system, including education and health services, as well as housing shortages.

    Before the election there was also public discussion about the gap between urban and rural areas in Sweden, and around health services shutting down in remote areas. Support for the Sweden Democrats is more common in regions with low education, low income and high unemployment.

    Nevertheless, the Swedish economy is still very strong, and Swedes are in no way suffering economically because of heavy immigration. But large migration centres set up in the countryside have altered the makeup of the population very quickly, causing tension in these places. Additionally, long-term studies in Sweden have shown that for many decades public opinion has been less pro-immigrant than the policies of the dominant parties, and the Sweden Democrats are now being able to capitalise on this.

    Apart from the economy, insecurity issues have also been used to stir anti-immigrant sentiment. A rising level of spectacular shootings among criminal gangs in some immigrant-dominated suburbs has attracted the attention of both Swedish and international media – one of those events was even mentioned by US President Donald Trump, who incorrectly implied that it had been a terrorist attack – and alt-right websites have used these politically a lot.

    Longer term, do you expect support for far-right causes to continue rise, or do you think it has peaked?

    There are different views on this. Some analysts say that the Sweden Democrats have become popular because the other parties in parliament have tried to shut them out. As a result, the Sweden Democrats and their supporters have been able to play the role of victims and claim that the political elite does not care for the views of the common people. Some therefore argue that the Sweden Democrats should be included in the government, and refer to the case of Finland, where Sannfinnlandarna, a nationalist party, reached the government and showed themselves unfit to govern, as a result of which support for them rapidly dropped. This is suggested as one potentially easy way to get the Sweden Democrats off the agenda.

    Several analysts have predicted that the Sweden Democrats will rise a bit more in the next election and will then start to lose popularity. The explanation for this would be that the right turn in the Western world will eventually fade out - but this is really just an assumption, with not much in terms of facts to support it.

    Are these trends indicative of rising currents of xenophobia and racism? If so, how have the more mainstream political parties responded to these and how have they impacted on rights-oriented civil society?

    There is a discussion in Swedish media right now regarding whether support for the Sweden Democrats is driven mainly by xenophobia and racism. Some opinion-makers claim this is the case, but there are surveys pointing towards the fact that Swedes think that the problem is failed integration, rather than immigration itself. Swedish society hasn´t been able to provide immigrant groups with proper education in Swedish, guidance about the Swedish community, decent jobs and so on.

    The change in the political climate manifests itself in, for example, more outspoken discussion of the costs of immigration and its impact on the Swedish welfare system. We can also see a more vivid discussion around cultural or traditional behaviour, such as honour crimes, with some claiming that for too long Sweden has not taken a strong stand against this and avoided several conflictive issues around immigration and integration that were considered culturally sensitive.

    The normalisation of the Sweden Democrats, a party that originated in the Neo-Nazi movement of the 1970s and 1980s, has also led to a louder alt-right Neo-Nazi movement in Sweden, which though still low in numbers, gets a lot of media attention. Several alt-right media outlets are spreading fake news about crime rates among immigrants. Alt-right groups are also making threats, spreading hatred and running smear campaigns in social media. This climate may very well lead to self-censorship among pro-immigration, feminist and LGBTQI groups.

    Mainstream parties have responded to all of this by moving towards a more moderate immigration policy and placing higher demands on immigrants – for instance, by introducing new requirements that they must meet in order to receive social aid and subsidies. Rights-oriented civil society groups are still trying to raise their voices in favour of a generous immigration policy based on humanitarian values, but they aren’t getting much attention these days.

    How is civil society working to combat xenophobia, racism and right-wing populism in Sweden, and what else could it do to build support for human rights and social justice?

    Open racism and xenophobia are in no way tolerated by the vast majority of Swedes, and several local rallies have been staged against racism and the Neo-Nazi movement both before and after the elections. Rights-oriented civil society has prepared for a long time to counter these trends, but stills needs the support of large groups of everyday people to have an impact on official discourse and the public conversation.

    Swedes take great pride in their open society and will likely defend the free press, the freedom of speech and gender equality, among other values. Threats and hatred against immigrants, journalists, feminists and LGBTQI activists get much attention in the media and several political actions have been organised to prevent them from happening. So, if a right-wing government forms with silent or open parliamentary support from the Sweden Democrats, we will likely see a lot of strong reactions from the political and cultural establishment as well as from civil society.

    In the long run, Swedish civil society needs to work to defend democracy at the grassroots level on a daily basis, and maybe it also needs to go to the barricades to build opinion and change what could turn out to be a dangerous course of history.

    Civic space in Sweden is rated as ‘open’ by the CIVICUS Monitor.

    Get in touch with Kvinna till Kvinna through its website and Facebook page or follow@Kvinna_t_Kvinna on Twitter.

     

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