derechos humanos

• ‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

  

  ¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

  El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

  La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

  Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

  ¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

  La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

  En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

  ¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

  Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

  Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

  En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

  Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

  Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

  La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

  ¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

  Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

  A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

  Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

  La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

  ¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

  En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

  También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

  ¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

  Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

  También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

  Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

  ¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

  Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

  Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

  El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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• ANGOLA: “El partido en el poder ve a las elecciones locales como una amenaza”

  Acceda a la entrevista original en portugués aquí

  CIVICUS conversa acerca de la situación en Angola con Pascoal Baptistiny, Director Ejecutivo de MBAKITA - Misión Benéfica Agrícola de Kubango, Inclusión de Tecnologías y Medio Ambiente, una organización de la sociedad civil con sede en la provincia de Cuando Cubango, en el sur de Angola. Fundada en 2002, MBAKITA defiende los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, denuncia la discriminación que padecen y la expropiación de sus tierras, y promueve una sociedad más justa, democrática, participativa, tolerante, solidaria, sana y humana.

   

  ¿Cuál es el estado del espacio cívico en Angola, y cuáles son las principales limitaciones que enfrentan los activistas angoleños?

  La represión del espacio cívico en Angola es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad civil angoleña en la actualidad. Los activistas sufren detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y malos tratos, secuestros, asesinatos, acoso y desapariciones por parte de las fuerzas gubernamentales, la policía y los servicios de inteligencia del Estado. Esta represión ha hecho que muchos angoleños tengan cuidado con lo que dicen en público. Las pocas organizaciones que defienden los derechos humanos en Angola a menudo lo hacen asumiendo grandes riesgos personales y familiares.

  ¿Podría contarnos sobre las restricciones que usted y sus colegas enfrentaron en 2020?

  En 2020, mis colegas de MBAKITA y yo enfrentamos obstáculos destinados a impedir, minimizar, interrumpir y revertir el impacto de las actividades legítimas de la organización, centradas en la crítica, la denuncia y la oposición a las violaciones de derechos y a las posiciones, políticas y acciones gubernamentales ineficaces.

  Entre las diversas formas de restricción que experimentamos se cuentan las restricciones y cancelaciones arbitrarias de manifestaciones y reuniones; la vigilancia; las amenazas, la intimidación, las represalias y los castigos; las agresiones físicas; las campañas de difamación que presentan a los miembros de MBAKITA como “enemigos del Estado” y mercenarios al servicio de intereses extranjeros; el acoso judicial; las multas exorbitantes para la adquisición de medios de transporte; robos en nuestras oficinas y la sustracción de equipos informáticos; el registro y la confiscación de bienes; la destrucción de vehículos; la privación de empleo e ingresos; y la prohibición de viajar.

  Además, 15 activistas fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a malos tratos durante la campaña de prevención del COVID-19. El 1º de mayo mi residencia fue invadida y los guardias fueron atacados con gases lacrimógenos. El 16 de noviembre, dos activistas fueron violadas. Entre las víctimas fatales del año se cuentan tres de nuestros activistas y un manifestante.

  ¿Qué tipo de trabajo realiza MBAKITA? ¿Por qué cree que la organización ha sido atacada?

  MBAKITA es una organización que defiende y promueve los derechos humanos. Trabajamos para promover, proteger y difundir los libertades y derechos humanos universalmente reconocidos, y especialmente los derechos a las libertades de reunión, asociación, manifestación pacífica, expresión y prensa, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, los derechos a la tierra, a una alimentación adecuada, al agua potable y al medio ambiente, y la lucha contra la tortura y los malos tratos.

  Cuestionamos las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de las personas indígenas, étnicas, lingüísticas, LGBTQI+, con discapacidades y migrantes.

  Mi organización utiliza medios pacíficos y no violentos en sus actividades. Sin embargo, hemos enfrentado riesgos incalculables como consecuencia de nuestro trabajo de derechos humanos en las provincias del sur de Angola. 

  MBAKITA es atacada sistemáticamente por varias razones. Primero, porque en 2018 denunció la muerte de cuatro niños durante la Operación Transparencia, una acción contra el tráfico de diamantes y inmigrantes indocumentados llevada a cabo por la policía y las fuerzas armadas angoleñas en el municipio de Mavinga, provincia de Cuando Cubango. En segundo lugar, porque en 2019 denunció el desvío de fondos destinados a apoyar a las víctimas de la sequía en las provincias del sur de Angola por parte de los gobiernos provinciales. Tercero, porque en abril de 2019, dos activistas de la organización denunciaron la apropiación ilegal de tierras por parte de empresarios políticos -generales, diputados y gobernadores- en territorios pertenecientes a las minorías indígenas San y Kuepe y utilizados para la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, que constituyen la dieta de estas poblaciones. Cuarto, porque en febrero de 2020 MBAKITA denunció el desvío de fondos destinados a la compra de material de bioseguridad para la prevención del COVID-19 y el desvío de alimentos destinados al Programa de Asistencia a la Canasta Básica para Grupos Vulnerables. En quinto lugar, porque participamos y llevamos a cabo una campaña de sensibilización sobre el COVID-19, que incluyó la distribución de material de bioseguridad adquirido con fondos de MISEREOR-Alemania. Y, finalmente, porque participamos en todas las manifestaciones realizadas por la sociedad civil angoleña, incluida la más reciente, que tuvo lugar el 9 de enero de 2021, centradas en la lucha contra la corrupción y la exigencia de elecciones locales bajo el lema “Elecciones locales ya, ¡45 años en el poder es mucho!” y del cumplimiento de las promesas electorales de 500.000 puestos de trabajo, la reducción del costo de vida para las familias y la inclusión socioeconómica de las minorías indígenas, entre otras.

  ¿Por qué se cancelaron las elecciones previstas para 2020?

  Por un lado, por la pandemia de COVID-19. Pero al margen de esta pandemia mortal, el gobierno nunca ha estado interesado en celebrar elecciones locales en 2020. El partido en el poder, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), ve a las elecciones locales como una amenaza para el poder central y teme perder el control del poder. Tiene miedo de introducir un elemento de control de los votantes sobre los gobiernos locales, es decir, de participación y control de la ciudadanía sobre la gestión de los fondos públicos. El gobierno piensa que el pueblo despertará a la idea del Estado democrático y el Estado de derecho, es decir, que mucha gente ganará conciencia de sus derechos y deberes. Esto atentaría contra la intención del MPLA, que es perpetuarse en el poder.

  La promesa de la democracia local en Angola ha sido un fracaso. A tres años de gobierno, el presidente João Lourenço no ha cumplido ni el 10% de sus promesas electorales, dejando al 90% de los angoleños en estado de total escepticismo.

  En Angola, el partido que está en el poder desde hace más de 45 años no tolera a las personas libres. Hoy en día, los y las defensoras de derechos humanos pierden puestos de trabajo, pierden el pan para sus hijos, pierden sus carreras e incluso pierden sus vidas si se atreven a ser libres, a desear la democracia y a ejercer la libertad.

  ¿Qué perspectivas hay de que la situación cambie en un futuro próximo?

  Para que la situación cambie, la sociedad civil tiene mucho trabajo por hacer. Las acciones más importantes y urgentes son la adquisición de formación en seguridad individual, institucional y digital, el aprendizaje del idioma inglés, la obtención de estatus de observador ante la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos, la observación y participación en manifestaciones y otros actos públicos, la incidencia y el cabildeo para la legalización de las organizaciones de derechos humanos, la realización de visitas a las cárceles, incluyendo entrevistas con los presos y la recopilación de pruebas de las torturas, malos tratos y condiciones penitenciarias, la observación de los juicios contra activistas en los tribunales inferiores, la recaudación de fondos para la sostenibilidad de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, y el monitoreo de las elecciones locales de 2021 y de las elecciones generales de 2022.

  ¿Qué tipo de apoyo necesitan los y las activistas angoleñas de parte de la sociedad civil internacional para poder continuar haciendo su trabajo?

  Las necesidades son enormes y muy variadas. Los y las activistas necesitan urgentemente protección y seguridad, lo que incluye formación en análisis de riesgos, elaboración de planes de seguridad y formación en mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, así como técnicas para investigar, litigar, documentar, presentar peticiones y denunciar violaciones de los derechos humanos. En concreto, en MBAKITA nos gustaría recibir asistencia técnica para evaluar qué dispositivos de seguridad se podrían implementar para aumentar la protección física de la oficina de la organización y de mi residencia, así como apoyo financiero para la compra de dichos dispositivos, por ejemplo para la adquisición de un sistema de seguridad o una cámara de videovigilancia.

  Los activistas agredidos, y especialmente los 15 activistas de MBAKITA que han sido víctimas directas de represión y tortura a manos de las fuerzas gubernamentales, también necesitan asistencia psicológica postraumática. La ayuda financiera nos ayudaría a pagar los honorarios de los abogados que trabajaron por la liberación de seis activistas que fueron encarcelados entre agosto y noviembre de 2020. También nos ayudaría a reponer el equipo de trabajo robado, sin el cual nuestra capacidad de trabajo se ha visto reducida: dos vehículos, ordenadores, tarjetas de memoria, cámara digital y videocámara.

  Para los activistas amenazados de detención arbitraria, secuestro o asesinato, que no tienen otra opción que abandonar rápidamente el país o su región de origen, necesitamos apoyo para el transporte y la estadía. Nuestros activistas también se beneficiarían de intercambios de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, para reforzar sus conocimientos sobre seguridad digital, y para formarse en técnicas periodísticas y audiovisuales y en el aprendizaje del inglés.

  Por último, el funcionamiento de las organizaciones y su sostenibilidad se beneficiarían de la obtención de apoyos para la instalación de servicios de internet y la creación de páginas web seguras, la adquisición de programas informáticos de gestión financiera y recursos para la contratación de personal estable, en condiciones de mantener a sus familias y dedicarse plenamente a la defensa de los derechos humanos.

  El espacio cívico en Angola es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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• ARGENTINA: “El triunfo de Milei expresa el rechazo a la gestión de los últimos gobiernos”

  CIVICUS conversa con Yanina Welp, investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, en las que se impuso un outsider de la ultraderecha libertaria.

  ¿Cómo se explica el triunfo de Javier Milei, un outsider sin estructura?

  El triunfo de Milei, como el de cualquier otro político, no se puede explicar por una sola razón. Hay por lo menos tres grandes explicaciones de su victoria.

  En primer lugar, la situación económica. Además de tener un elevado nivel de pobreza – 40% y creciendo –, Argentina tiene una inflación muy alta, y hace muchos años que la economía no crece. Lo mismo pasa con el empleo formal. Es decir, hay mucha precariedad y mucha gente vive con altos niveles de incertidumbre.

  En segundo lugar, la incapacidad de la clase política para dar respuesta a estas demandas. En los últimos tiempos los gobernantes incluso han actuado con arrogancia. Han aumentado la inseguridad, los escándalos de corrupción y la pasividad de las autoridades ante todos estos problemas. El liderazgo de Milei vino a encarnar el sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Mucha gente lo ha votado porque expresa bien el rechazo de las últimas gestiones, y no necesariamente porque apruebe o adhiera a las políticas que ha propuesto implementar.

  En tercer lugar, el rol de la dirigencia política, y en particular del oficialismo, no solamente por no haber hecho nada frente a esta amenaza sino por haber alentado la candidatura de Milei con el objeto de dividir el voto opositor, pensando que así tenía más posibilidades de ganar. Eso lo hizo primero el peronismo, en la antesala de la primera vuelta, y en la segunda lo hizo el ex presidente Macri poniendo en crisis su propia coalición, Juntos por el Cambio.

  ¿Piensas que el electorado se ha derechizado?

  A diferencia de las propuestas vagas y generales de casi todos los demás candidatos, Milei compitió con un programa muy fuertemente ideológico, que además no paró de explicar durante toda la campaña.

  Sin embargo, cuando se analizan los posicionamientos de la ciudadanía los datos son contradictorios, ante todo porque no hay una noción única y universal de lo que se supone que es ser “de derecha” o “de izquierda”. Por ejemplo, las encuestas muestran una creciente preocupación por el aumento de la inseguridad, pero sería muy elitista pensar que tener esta preocupación es ser de derecha. El aumento de la criminalidad da cuenta de que es una preocupación “real”.

  Es cierto que en este proceso electoral ha aumentado la visión positiva del sector privado frente a la gestión pública, posiblemente por efecto del discurso de Milei pero también porque las últimas gestiones han deteriorado mucho la imagen del Estado. En ese sentido podría hablarse de cierta derechización del electorado. Pero del triunfo de Milei con casi 56% no debería deducirse que más de la mitad del electorado se ha inclinado fuertemente a la derecha, o incluso a la derecha radical, porque muchos lo votaron por encarnar la reacción frente al status quo más que por sus propuestas ideológicas.

  Durante la campaña se planteó que estaba en juego la democracia. ¿Corre peligro la democracia en Argentina?

  La democracia no corre peligro inminente, como ocurría con los golpes de Estado, que la eliminaban de un día para el otro. Hay, sí, señales de erosión de la democracia, pero éstas han estado presentes durante los últimos años. Constantemente se observan avances y retrocesos, tales como intentos de cooptación de la justicia, uso indebido de recursos del Estado y prácticas clientelares.

  En términos generales, las instituciones democráticas en Argentina funcionan. A pesar de las denuncias de la oposición sobre el sistema electoral, las elecciones se desarrollaron con normalidad e incluso los resultados se conocieron muy rápido.

  En cambio, sí hemos visto un retroceso enorme a nivel de debate público. Hay mucha intolerancia y violencia discursiva. Partidarios de las distintas opciones políticas casi no pueden dialogar. Hay mucha agresividad en las redes sociales. Todas estas son señales de alerta de mediana intensidad que, si no son abordadas, abonan el terreno para salidas más violentas y autoritarias.

  ¿Cómo se reconfigurará el escenario político argentino tras esta elección?

  Desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se fue configurando un sistema de coaliciones que a partir de 2007, con Cristina Fernández de Kirchner, fue impulsando mediante la introducción de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Éstas sirvieron para evitar la fragmentación partidaria, pero tuvieron el efecto negativo de erosionar las diferencias programáticas o ideológicas. Las dos coaliciones que se formaron en consecuencia tenían sus propias alas derecha e izquierda, con lo que se difuminó el debate ideológico que fue reemplazado por la clave peronismo-antiperonismo. Eso terminó alentando una polarización de tipo afectivo con alineamientos muy estancos donde se hace cada vez más difícil buscar puntos en común.

  El hecho de que haya ganado las elecciones presidenciales un partido que hace un par de años no existía obligará a las dos grandes coaliciones de las últimas décadas, el oficialismo peronista y la oposición de Juntos por el Cambio, a reconfigurarse profundamente.

  Dentro del peronismo, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner fue la gran perdedora de esta elección. En los últimos tiempos se ha ausentado de la escena política, dejando al peronismo sin un liderazgo claro. El peronismo tiene un fuerte arraigo en sindicatos y organizaciones sociales que tienen una alta dependencia del Estado. Estas organizaciones tienen incentivos para negociar, en caso de que el nuevo gobierno abriera ese espacio. Sin embargo, el discurso inicial de Milei fue completamente en otra dirección, estableciendo que tomará medidas de choque.

  ¿Cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno?

  El nuevo gobierno debería hacer frente a tres grandes desafíos. El primero es estabilizar la economía, es decir, parar la inflación y ordenar el tipo de cambio. En segundo consiste en introducir reformas para incrementar la productividad y solucionar la crisis del empleo formal. Y el tercero es la gobernabilidad. Argentina tiene organizaciones sociales muy fuertes, lo cual tiene aristas tanto positivas como negativas, pero en cualquier caso es una sociedad fuertemente organizada y muy predispuesta al conflicto.

  Estos tres desafíos deben abordarse en forma coordinada y consistente, lo cual es bastante difícil.

  ¿Piensas que el gobierno de Milei podrá hacerles frente?

  Tengo serias dudas de que el nuevo gobierno pueda hacer frente a estos desafíos, no solamente en el terreno de la estabilización y las reformas estructurales, sino también y sobre todo en materia de gobernabilidad. Muchas de las medidas que propone, como la propia dolarización, podrían ser declaradas inconstitucionales. Otras medidas requieren mayorías legislativas que no tiene. La única perspectiva de obtener un apoyo legislativo sustancial pasaba por Juntos por el Cambio, pero con la división de la coalición opositora Milei no tendría quorum en el Congreso.

  Milei no tiene ni una gobernación provincial y casi no tiene intendencias. Sin embargo, el poder subnacional siempre ha sido acomodaticio o pragmático en Argentina. Aun así, algunas de las medidas clave van directamente en contra de los intereses de las provincias, como la de eliminar la coparticipación, es decir, el sistema de distribución de los recursos públicos obtenidos mediante impuestos nacionales que el Estado federal distribuye a las provincias. Luego está el potencial enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires.

  Milei podría intentar gobernar por decreto, pero en ese caso habría una crisis inmediata, y en un eventual juicio político asumiría la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no asegura ningún cambio de estrategia sino algunos elementos negativos añadidos.

  Milei fue electo con una amplísima mayoría, por lo que cuenta con una gran legitimidad popular. Pero esta mayoría podría ser ficticia, como suele ocurrir con las segundas vueltas, a lo que se le suman la volatilidad e impaciencia de buena parte del electorado argentino. Si logra implementar su programa ultraliberal, único en el mundo, los costos sociales serán altísimos. Y si no lo logra, podría aumentar el desencanto de la ciudadanía con la política y ponerse en cuestión su adhesión a la democracia.

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  El espacio cívico en Argentina es clasificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.

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• ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”

  CIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.

  ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?

  Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.

  Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.

  Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.

  Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.

  En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.

  En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.

  El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.

  La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.

  En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.

  El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.

  En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.

  La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.

  ¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?

  Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.

  El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.

  El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.

  El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.

  ¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?

  En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.

  En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.

  El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.

  La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.

  El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.

  ¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?

  En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.

  Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.

  Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.

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• ASIA: ‘Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado’

  CIVICUS conversa con Gam Shimray, Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (Asian Indigenous Peoples Pact, AIPP) sobre la situación de los grupos Indígenas en Asia durante la pandemia del COVID-19. AIPP es una federación regional de movimientos de pueblos Indígenas de Asia que trabaja para promover y defender los derechos humanos de los pueblos Indígenas, incluyendo derechos territoriales y culturales. Debido a su posición de subordinación y a su distancia respecto de la cultura y la política convencionales, lospueblos Indígenas padecen graves violaciones de derechos humanos, racismo sistémico, discriminación y exclusión. Como resultado de la constante negación de sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, muchas comunidades Indígenas se cuentan entre los grupos más vulnerables y desfavorecidos.

   

  ¿Qué nos puedes contar acerca del trabajo de AIPP?

  El trabajo de AIPP se guía por nuestra creencia en los derechos humanos universales y el derecho inherente a la autodeterminación de todos los pueblos, incluidos los pueblos Indígenas. Los derechos a la autodeterminación y el autogobierno son una necesidad social para lograr una continuidad de los procesos sociales el autodesarrollo Indígena.

  Mientras que nuestro trabajo de incidencia se centra principalmente en los niveles regional y global, a través de nuestros miembros y redes establecemos conexiones con procesos a nivel país. AIPP consolida una posición común de las organizaciones Indígenas para la incidencia global y regional. Para ello, nos enfocamos en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, consolidando los movimientos Indígenas y programando una agenda común para campañas y actividades de incidencia colectivas a nivel nacional.

  AIPP también trabaja en la construcción de liderazgos y promueve un liderazgo distribuido a lo largo de Asia, incluyendo a mujeres, jóvenes y personas con discapacidades.

  ¿Cuál era la situación de los pueblos Indígenas en Asia antes de la pandemia del COVID-19?

  Antes de la pandemia causada por el COVID-19 la situación política en Asia se había ido deteriorando, particularmente en los últimos años. En muchos países asiáticos hemos experimentado ataques crecientes contra la sociedad civil y la restricción del espacio democrático necesario para el debate y la formación de la opinión pública. Algunos intelectuales atribuyeron esta tendencia a la existencia de liderazgos políticos cada vez más apartados de la democracia y los derechos humanos.

  Las transiciones de regímenes autoritarios hacia la democracia que algunos países han experimentado en las últimas décadas, como Filipinas en los años ‘80, Indonesia a finales de los ‘90 y Nepal a comienzos de los 2000, no han culminado. Otros países, como China, Laos y Vietnam, tienen sistemas de partido único de jure, mientras que Camboya tiene uno de facto. En Myanmar, los militares todavía controlan el gobierno, mientras que la tradición tailandesa de gran tolerancia todavía no ha producido un Estado democrático moderno y estable. A su vez, el ascenso del populismo constituye una seria amenaza para estas democracias. En India, la democracia más grande del mundo y probablemente una de las más fuertes en la región, bajo el gobierno populista del Primer Ministro Narendra Modi estamos viendo continuos ataques contra toda institución autónoma, desde la justicia hasta el banco central y la prensa independiente.

  El resultado es que, en los últimos años, la mayoría de los defensores de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas han sido Indígenas. Ellas han perdido sus vidas defendiendo sus derechos, hogares, tierras, territorios y recursos.

  Estos problemas también evidencian la existencia de problemas subyacentes más profundos, referidos a la insuficiente capacidad política e institucional para abordar eficientemente los desafíos que presentan la democracia y los derechos humanos en los países asiáticos. Enfrentamos cuestiones morales y políticas que requieren una evaluación seria de la erosión de los estándares y prácticas de derechos humanos y el debilitamiento de la capacidad política e institucional para responder a los desafíos sociales y políticos del presente. La experiencia de sufrimiento de las personas más pobres durante la pandemia del COVID-19 es evidencia de ello.

  ¿Qué desafíos han enfrentado los grupos y activistas Indígenas durante la pandemia?

  Los problemas y desafíos varían según las diferentes situaciones de los países. Aún así, uno de los principales desafíos se relaciona con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de Asia impusieron cuarentenas en sus países sin mucha preparación, lo cual desencadenó el caos. La situación fue abrumadora y no pudimos responder a las necesidades de activistas, comunidades y trabajadores migrantes.

  Las personas refugiadas, trabajadoras migrantes y apátridas fueron las que más sufrieron. Las que carecían de documentos identidad tuvieron problemas para demostrar su ciudadanía, lo cual debían hacer para recibir ayuda gubernamental. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas carecen de la documentación necesaria y también abundan los errores de registro, y quienes no figuran en el registro nacional no pueden recibir un documento de identidad.

  Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado. Esta situación ha sido peor en India, donde gente del noreste del país fue expulsada de sus hoteles o de las casas que alquilaban, no podían comprar comida, ir a los mercados o usar transporte público. Hubo gente que les escupió y se les detenía sin ningún tipo de explicación. Muchas de estas personas, entre ellas mujeres, fueron golpeadas sin ninguna razón, por lo que mucha gente en ciudades de toda India vive en un estado de temor permanente.

  En algunos países, los gobiernos están aprovechando la situación actual como excusa para emprender campañas militares, acaparar tierras, autorizar grandes proyectos de infraestructura, denegar derechos y debilitar regulaciones y protecciones medioambientales. Muchos activistas y miembros de las comunidades en países como Bangladesh, India, Filipinas y Myanmar fueron asesinados o encarcelados a raíz de acusaciones inventadas. La policía y las fuerzas de seguridad también han impedido que los líderes de las comunidades realizaran tareas de emergencia y ayudaran a comunidades en emergencia alimentaria.

  Estos incidentes son graves y hay muy poco que podamos hacer al respecto, ya que la gente no puede salir a protestar o hacer campaña, y apenas pueden tener acceso a la justicia. En India están permitidas las peticiones electrónicas y los tribunales siguen atendiendo los temas más urgentes mediante videoconferencia, pero muchas comunidades no están familiarizadas con procesos tan complicados y tampoco tienen acceso adecuado a internet.

  ¿Como han respondido ante esta situación AIPP y otras organizaciones de derechos Indígenas?

  Lo primero que hicimos fue comunicarnos con nuestros miembros y redes para juntar información de las bases. También les respondimos a quienes se comunicaron con nosotros en busca de ayuda y apoyo. Nuestra primera acción fue proveer o movilizar asistencia, y en particular alimentos para las personas en situación crítica en diferentes áreas, por intermedio de nuestros miembros. Nuestra ayuda también se concentró en compartir información relativa a las comunidades Indígenas. Esto ha sido necesario porque los niveles de desinformación han sido abrumadores, y han desencadenado reacciones impulsadas por el pánico. Hemos compartido con las comunidades solicitudes y llamamientos solidarios para impulsar respuestas humanitarias y difundir buenas prácticas que las comunidades pueden implementar.

  La situación es complicada porque no se trata solamente de responder a la pandemia. Las comunidades indígenas padecen de muchos problemas subyacentes. Lo mínimo que podíamos hacer era dejar constancia de nuestra protesta y llevar a cabo campañas a través de medios digitales.

  La pandemia del COVID-19 ha desenmascarado muchos problemas y nos plantea nuevos desafíos. Por lo tanto, estamos evaluando y haciendo esfuerzos para dar pasos adicionales para afrontar el impacto de la pandemia en el largo plazo. Con respecto a esto, también hemos formado una alianza regional en respuesta al COVID-19, que se encuentra en proceso de expansión. Pronto tendremos listo nuestro informe preliminar de evaluación regional, que nos va a ayudar a planificar mejor. Ya sabemos que el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades va a ser crucial en el proceso de adaptación a lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.

  ¿Qué otros apoyos necesitarían los grupos Indígenas en este momento?

  El apoyo que las comunidades Indígenas necesitan es enorme, porque los impactos se seguirán sintiendo en el largo plazo. Pero algunas de las necesidades principales son las siguientes.

  En primer lugar, necesitamos establecer grupos locales de respuesta rápida a la pandemia con fondos asignados y con un equipo de funcionarios designados para coordinar con autoridades provinciales o estaduales y organizaciones de la sociedad civil para monitorear la situación en las comunidades Indígenas y proveerles el apoyo que necesiten. El equipo de respuesta también debe coordinar con las autoridades correspondientes para atender las necesidades especiales de las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades en las comunidades Indígenas.

  En segundo lugar, necesitamos asegurar que las autoridades locales y provinciales reciban pautas e instrucciones apropiadas en relación con las medidas que deben tomarse para que los pueblos Indígenas puedan afrontar el COVID-19 y cumplir la cuarentena.

  El tercer lugar, es crucial crear conciencia y asegurar el acceso a los servicios de salud. Por eso es importante preparar materiales informativos en formatos amigables para las comunidades, que expliquen con claridad la naturaleza de la enfermedad, las medidas de cuarentena y contención y las pruebas virales, de modo de derribar los mitos acerca del virus. Se necesita coordinación entre los trabajadores del departamento de salud y los sanadores tradicionales para garantizar que los sistemas de conocimiento Indígenas estén integrados en los mecanismos de respuesta. Se deberían fomentar estrategias de cuarentena localizadas y separadas que promuevan un ambiente natural y de participación de la comunidad. También se pueden preparar centros de atención para casos de COVID-19 manejadas por sanadores y enfermeros de las comunidades.

  En áreas remotas se deberían desplegar unidades móviles de salud que incluyan a sanadores tradicionales y trabajadores de la salud. Se debería prestar particular atención a aquellas áreas donde hay más trabajadores migrantes que han retornado a sus hogares. También se debería facilitar el acceso al testeo y proveer instalaciones para que estas personas puedan hacer la cuarentena. También se debería proveer acceso a servicios de salud en caso de emergencia, incluido el transporte. El acceso al agua para limpiar y beber es otra necesidad crítica que se debería asegurar.

  Asegurar la seguridad alimentaria, el nivel de ingresos y el sustento económico también es crucial dados los niveles de desnutrición que existen en muchas regiones Indígenas. Por lo menos en los próximos seis meses va a ser sumamente necesario distribuir en forma gratuita raciones alimenticias para todas las personas, independientemente de si tienen cédula de identidad o son clasificadas como migrantes.

  Por último, es urgente fortalecer los medios de subsistencia basados en la producción forestal no maderable (PFNM) mediante la creación de mecanismos institucionales efectivos de recolección, almacenamiento, adquisición y venta. En Asia hay una alta dependencia de la PFNM. Se debería proveer apoyo financiero y logístico a las comunidades para que puedan generar una fuente de ingreso sustentable. Las comunidades que viven en áreas protegidas deben tener acceso a los bosques por motivos de subsistencia.

  ¿Que lecciones han aprendido sobre la situación de los pueblos Indígenas durante la pandemia?

  Durante la pandemia la situación ha sido abrumadora, y las medias impuestas por los gobiernos han desencadenado actos de violencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Centenares de personas pobres han muerto de hambre, y las que se aventuraron a salir por efecto de la desesperación han sido atacadas brutalmente por la policía.

  El impacto potencial parecía bastante sombrío y si no hubiésemos puesto nuestra confianza en la gente y en las comunidades, nuestros esfuerzos no hubiesen sido muy exitosos. Los servicios de asistencia en emergencia debían ser eficientes y la clave de nuestro éxito en países como Malasia o Tailandia ha sido depositar nuestra confianza en el trabajo de los voluntarios de las comunidades. Todos los recursos que fue posible generar les fueron transferidos a ellos y ellos reportaron las acciones y actividades que llevaban a cabo por teléfono o por otros medios que tuvieran a disposición.

  Además, por lo que pudimos ver, muchas comunidades respondieron muy bien a la situación iniciando cuarentenas en los pueblos, regulando las visitas, poniendo a los retornados en cuarentena o implementando medidas de distanciamiento social aun con poca información o sin los recursos apropiados. También hubo miedo, pero las comunidades lo fueron superando y fueron mejorando sus respuestas. Las comunidades no solo recibieron asistencia de nuestra parte o de otras fuentes: algunas de ellas también aportaron alimentos para otras comunidades más necesitadas. La mayoría de estas comunidades han trabajado con nosotros en el pasado y han podido gestionar exitosamente sus sistemas de producción alimentaria y sus recursos naturales. No estaban preocupadas por escasez de alimentos; por el contrario, sus líderes aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia de la importancia de mejorar la producción local y el manejo sustentable de los recursos. Personalmente, esto ha sido inspirador.

  También nos hemos sentido inspirados por comunidades que se organizaron y usaron prácticas curativas y medicinas locales para mejorar la inmunidad y la resistencia a la enfermedad o establecieron sistemas de intercambio de alimentos con poca o casi nada de ayuda de parte del Estado, cuando los programas estatales no funcionaban o no llegaban a tiempo. Lo que es más importante, esto demostró que la devolución de atribuciones y el empoderamiento de las comunidades pueden ser más efectivos a la hora de afrontar una crisis si se entrega a las instituciones locales autónomas los recursos y el apoyo necesarios.

  Las respuestas espontáneas de las comunidades se fueron dando de forma casi natural porque se trata de comunidades que históricamente se han autogobernado. De aquí en adelante, si confía en la gente y empodera a las comunidades el Estado podrá lidiar de forma más eficiente con cualquier crisis de salud pública y con sus impactos en el largo plazo.

  Contáctese con el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia a través de susitio web o de su perfil deFacebook, y siga a@aippneten Twitter.

• BANGLADESH: “Para hacer frente a las violaciones necesitamos una profunda reforma del sistema legal”

  CIVICUS conversa con Aparajita Sangita, activista bangladesí de derechos humanos y cineasta independiente premiada internacionalmente. Aparajita ha trabajado en varias películas sobre la discriminación de género y los derechos de las mujeres, y ha participado en diversas acciones sociales, tales como proyectos de educación de los niños en situación de calle y bancos de alimentos. En respuesta a su activismo, ha sido acosada por la policía. Por su activismo en las redes sociales también fue demandada por acoso bajo la draconiana Ley de Seguridad Digital. Las acusaciones en su contra fueron retiradas en reacción a las protestas que se produjeron tanto en las calles como en internet.

  

  ¿Qué desencadenó las recientes protestas contra las violaciones en Bangladesh?

  En la noche del 5 de enero de 2020, una estudiante de la Universidad de Dhaka (UD) fue violada tras bajar de un autobús universitario en la zona de Kurmitola de la capital, Dhaka. Los y las estudiantes de la UD se sintieron perturbados por este incidente, que dio lugar a protestas y a la organización de varios actos.

  A pesar de las protestas generalizadas contra la violación, la violencia sexual contra las mujeres persistió e incluso aumentó durante la pandemia de COVID-19.

  El 25 de septiembre, una mujer que visitaba el MC College de Sylhet con su marido fue violada en un albergue del campus por activistas políticos vinculados al partido gobernante. Mientras estallaban protestas en reacción a este hecho, el 4 de octubre se hizo viral en las redes sociales un video en el que se veía cómo abusaban de una mujer en Begumganj, Noakhali. El video mostraba a un grupo de hombres entrar en la casa de la mujer, desnudarla y agredirla físicamente, al tiempo que dejaban todo grabado en video.

  Estos incidentes son apenas algunos de los numerosos casos de violación y violencia sexual contra las mujeres que han circulado por las redes sociales en Bangladesh. Entre los autores de esta violencia se encuentran padres, familiares cercanos, agentes de la ley, funcionarios públicos, líderes políticos y actores religiosos.

  Todo ello gatilló las protestas masivas contra la violación que tuvieron lugar en octubre de 2020, en las que personas de todo el país se unieron para protestar contra la violencia contra las mujeres. El movimiento de protesta contra la violación comenzó en Shahbag, conocida como “la Plaza del Movimiento de Bangladesh”, pero pronto se extendió a todas las ciudades, e incluso a los pueblos, de todo Bangladesh. Entre ellas se contaron Bogra, Brahminbaria, Champainabganj, Chandpur, Dhamirhat (Nowgaon), Faridpur, Gafargaon (Mymensingh), Gopalganj, Jaipurhat, Kurigram, Manikganj, Noakhali, Panchgarh, Rajshahi, Satkhira y Syedpur (Nilphamari).

  En el movimiento de protesta contra la violación confluyeron personas de diferentes ámbitos, como miembros de partidos políticos, escritores, activistas culturales, activistas de las redes sociales, jugadores del equipo nacional de críquet, activistas por los derechos de la mujer y periodistas. Por primera vez en Bangladesh, las mujeres se manifestaron contra las violaciones en plena noche. En Dhaka, marcharon desde Shahbag hasta el Parlamento, portando antorchas y gritando consignas.

  ¿Cuáles eran las principales reivindicaciones de las manifestantes?

  El movimiento de protesta contra la violación planteó nueve demandas para acabar con las violaciones y la violencia sexual. Entre ellas, la introducción de castigos ejemplares para los implicados en violaciones y violencia contra las mujeres en todo Bangladesh y la destitución inmediata del ministro del Interior, que no ha desempeñado su rol de impartir justicia.

  Las manifestantes también exigieron el fin de todos los abusos sexuales y sociales contra las mujeres tribales; la creación de un comité para prevenir el acoso sexual contra las mujeres en todas las organizaciones gubernamentales y en el sector privado, así como en las instituciones educativas, en línea con los fallos del Tribunal Superior; y la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). También instaron a la abolición de las leyes y prácticas que perpetúan las desigualdades de género.

  También se hicieron llamamientos a poner fin al acoso mental de las víctimas durante las investigaciones y a garantizar su seguridad jurídica y social, a incluir a personas expertas en criminalidad y género en los Tribunales de Prevención de la Represión de la Mujer y el Niño, y a crear más tribunales para garantizar la rápida tramitación de los casos.

  Por último, las manifestantes instaron a la modificación del artículo 155(4) y otros artículos pertinentes de la Ley de Evidencia para poner fin a la admisibilidad de las pruebas del carácter de las denunciantes en juicios por violación y a la eliminación de los libros de texto de todo material considerado difamatorio hacia las mujeres o que las describiera como inferiores.

  ¿Cómo respondieron las autoridades a las protestas?

  El 6 de octubre, las manifestantes marcharon desde Shahbag hasta la Oficina del Primer Ministro con banderas negras, pero fueron detenidas por la policía en las cercanías del Hotel Intercontinental. Varios dirigentes y activistas de un organismo estudiantil de izquierdas resultaron heridos por la policía.

  Además, el comunicado emitido por la jefatura de policía el 10 de octubre contenía elementos de vilipendio de los y las manifestantes. En él se afirmaba que determinados sectores intentaban utilizar la protesta “para servir a sus intereses”, socavando la ley y el orden y “creando caos social”. La policía advirtió a los y las manifestantes que evitaran cualquier “actividad antiestatal” y anunció que la policía se comprometía a garantizar la paz y el orden internos a toda costa. Esta declaración provocó pánico entre las personas movilizadas, que temieron ser reprimidas.

  Además de enfrentar represión policial, varias mujeres activistas, entre ellas la líder de la Asociación de Estudiantes de Izquierda, que participaron en el movimiento contra la violación, fueron amenazadas por teléfono y por Facebook Messenger. Algunas de las activistas también fueron amenazadas con la apertura de causas penales contra ellas.

  ¿Qué ha pasado con el movimiento desde entonces? ¿Se ha detenido la campaña?

  Después de que las protestas contra las violaciones y agresiones sexuales se extendieran por todo el país, se modificó la Ley de Prevención de la Represión de Mujeres y Niños. Se impuso la pena de muerte como castigo más severo para la violación. Anteriormente, la pena máxima por violación en Bangladesh era la cadena perpetua. La pena de muerte sólo se aplicaba en casos de violación en grupo, o de violación que provocara la muerte de la víctima.

  A raíz de esto, las protestas se detuvieron, ya que mucha gente pensó que la pena de muerte reduciría los delitos de violación. Sin embargo, muchas defensoras de los derechos de las mujeres insisten en que la pena de muerte no es la respuesta y exigen una reforma profunda del sistema legal y más educación para hacer frente a lo que, según ellas, es una epidemia de violencia contra las mujeres en Bangladesh.

  ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar al movimiento?

  A raíz de los diversos casos de violencia sexual y violación cometidos contra las mujeres, hemos visto surgir un importante movimiento de protesta en el país. Sin embargo, algunas manifestantes y activistas han recibido amenazas por alzar sus voces. La solidaridad de la comunidad internacional es esencial para quienes protestan contra violaciones de derechos humanos y hacen reclamos justos.

  La sociedad de Bangladesh es extremadamente patriarcal, y durante años se han sucedido numerosos intentos de restringir las vidas y las voces de las mujeres. La violación es una expresión de este contexto. Vivir seguras es un derecho fundamental de toda mujer, y es responsabilidad de todas y todos los ciudadanos, así como de la comunidad internacional, garantizar este derecho.

  El espacio cívico en Bangladesh es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

• BOLIVIA: ‘Empoderamos a los jóvenes para que ellos lideren el movimiento por el clima’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa conRodrigo Meruvia, coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al cuidado y conservación del medio ambiente. Basada en Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha impulsa iniciativas de investigación, extensión y desarrollo, a partir de la cooperación con otras OSC, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas.

  ¿Cuál es el principal problema ambiental en el contexto en que ustedes trabajan?

  El tema central es el cambio climático, un fenómeno planetario que está teniendo impactos en todos los niveles, sobre las poblaciones y sus sistemas productivos y alimentarios, y sobrepasa las capacidades locales e institucionales. Entre otras cosas, este fenómeno se refleja en un aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos y en la profundidad de sus impactos.

  Nosotros trabajamos con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales al cambio climático, así como la conciencia de las ciudades en relación con el modo en que los patrones de consumo afectan las visiones de desarrollo de muchas comunidades en el área rural. En ese sentido trabajamos, primero, viendo cómo el cambio climático impacta en zonas de pequeña producción familiar de subsistencia y generando mecanismos para ayudar a aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Por otro lado, trabajamos tanto en las comunidades rurales como en las ciudades empoderando a los jóvenes, capacitándolos en temas técnicos pero también de estrategia y liderazgo, para que puedan ser propositivos y generar alternativas en temas tales como la deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero. Los alentamos a generar proyectos para sus entornos inmediatos y propiciamos redes y puentes con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, para dar soporte en la implementación de las iniciativas.

  Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con universidades de Cochabamba en el tema del transporte alternativo, con el objetivo de generar ciclorutas entre los diferentes campus universitarios que hay en la ciudad, para que los jóvenes puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte libre de emisiones en condiciones seguras. Para eso se están generando aplicaciones para teléfonos móviles que indican las rutas más seguras y se están estableciendo parqueos para las bicicletas, entre otras cosas. También se está trabajando en la educación de los conductores de automóviles, no solo con la universidad sino también con el municipio y algunas empresas privadas están interesadas en este tema. 

  ¿Hubo en Bolivia movilizaciones por el cambio climático durante 2019?

  Si, en el mes de setiembre, cuando fueron las movilizaciones por el clima a nivel global, se sumaron también las principales ciudades de Bolivia. En Cochabamba, nosotros apoyamos al movimiento de jóvenes, apoyándoles para que pudieran ser ellos quienes lideraran el movimiento por el clima. Los apoyamos a nivel logístico y con respaldo institucional, porque todavía en nuestras ciudades todavía hay una falta de confianza en los jóvenes. Nosotros los impulsamos sin por ello convertirnos en voceros del movimiento. Generamos un proceso de capacitación en diferentes temas para darles los fundamentos y las bases conceptuales, para que pudieran dar cuenta de las razones de la movilización y que no fuera solo ir a una marcha con apenas una consigna. La idea es que fueran multiplicadores de información acertada tanto sobre las causas como sobre los efectos a nivel local del cambio climático global.

  Para eso hicimos varios talleres para jóvenes. Capacitamos en forma directa a unos 100 jóvenes, y en forma indirecta hemos llegado después a aproximadamente 1400.

  ¿La movilización por el clima en Bolivia replicó las demandas globales, o tuvo componentes locales específicos?

  En Bolivia, las manifestaciones tuvieron demandas relacionadas principalmente con los incendios forestales que vienen de la mano de la expansión de la frontera agrícola. La principal demanda fue la derogación de las leyes que benefician a la agroindustria, descuidando la protección de los bosques.

  La ley boliviana no protege a los bosques, sino más bien al contrario. A mediados de 2019, apenas unos meses antes de los grandes incendios forestales de ese año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de los departamentos de Beni y Santa Cruz, y habilitó las quemas controladas. En otras palabras, la ley da rienda suelta cualquier propietario interesado en expandir su espacio de producción, ya sea ganadera o agrícola. Lamentablemente esta ha sido hasta ahora la posición del Estado, y en nuestra experiencia el hecho de que el gobierno fuera de izquierda o de derecha no ha hecho ninguna diferencia. Más allá de la ideología de partido del gobierno de turno, están los intereses sectoriales de la agroindustria que son mucho más permanentes y amplios, ya que involucran no solo a actores locales sino también a empresas transnacionales.

  Creemos que la causa de los incendios es ante todo antrópica, ya que se los inicia para expandir la frontera agrícola. Así se han quemado alrededor de cinco millones y medio de hectáreas. Para dar una idea de las dimensiones del desastre: lo que se ha quemado en las tierras bajas de Bolivia equivale casi a la extensión del territorio de Guatemala. Y no solo se pierde masa boscosa, sino que se degrada todo el hábitat, desaparecen las fuentes de agua de ciertas comunidades y los efectos se extienden más allá de Bolivia, ya que se generan bioclimas y cambian las precipitaciones.

  Entendemos que el fenómeno que nos afecta es parte de un problema mayor, que este año se expresó en incendios en la Amazonia brasileña, en países africanos y en Australia. Hay lluvias insuficientes a raíz del cambio climático y los bosques se vuelven mucho más propensos a quemarse. Esto, sumado a las políticas de expansión agrícola, sobre todo para sembrar soja (que además es transgénica), vuelve a estos lugares mucho más vulnerables. Las consecuencias las padece no solamente la población que vive en el territorio donde suceden estos incidentes, que es afectada en forma directa, sino también la población en general.

  En paralelo con esto, enfatizamos también el tema de la deforestación urbana. En Cochabamba tenemos aproximadamente 200 muertes por año a causa de problemas respiratorios. Es una de las ciudades con el aire más contaminado en Latinoamérica, así que este también fue uno de los pedidos específicos de nuestras movilizaciones, más allá de que nos sumamos al llamado global a la acción definitiva y efectiva por parte de los gobiernos.

  ¿Han tenido la experiencia de participar en procesos internacionales relacionados con el cambio climático?

  Hemos participado desde el nivel local preparando a jóvenes para que pudieran tomar parte de los procesos internacionales de negociación, principalmente en las reuniones de a COP, la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

  Comenzamos haciendo una convocatoria en diversas instituciones que trabajan con jóvenes, y haciendo un diagnóstico para identificar quiénes estaban preparados y comprometidos para abordar el tema del cambio climático, y luego fuimos haciendo selecciones en función de los temas que íbamos trabajando. Dimos talleres en temas que iban desde el abordaje conceptual y técnico del tema del cambio climático hasta la gestión de proyectos medioambientales, pasando por las características del proceso de negociación, las estrategias para participar, y entrenamiento para expresarse de manera adecuada dentro de estos eventos. Fue un proceso largo pero dio muy buenos resultados, porque ya tenemos líderes en los nueve departamentos que están capacitados para ir a debatir y mostrar al mundo las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Bolivia.

  Lamentablemente, el cambio de último momento de la sede de la COP 25 a España – ya que no pudo realizarse en Santiago de Chile dado el contexto de protestas y represión - nos desinfló, porque teníamos una buena preparación y un posicionamiento muy fuerte que no pudimos llevar al evento. Esto nos afectó no solamente en Bolivia, sino más en general a nivel de Latinoamérica, donde se estaba preparando algo muy grande para compartir en Chile. El cambio de sede y la poca anticipación con que fue decidido nos complicó mucho en términos económicos y logísticos. En el caso de Bolivia se sumaron también los problemas resultantes de los recientes conflictos sociopolíticos, y todo esto impidió que nuestra estrategia ante la COP se hiciera efectiva.

  Sin embargo, no queremos desaprovechar la motivación existente y el trabajo de construcción que se ha hecho a lo largo de aproximadamente un año y medio, y seguimos trabajando en la preparación de líderes jóvenes. Nuestro objetivo es apuntalar la capacidad de los jóvenes para generar propuestas e iniciativas, tanto a nivel técnico como a nivel político, no solo en sus regiones sino también en espacios internacionales.

  ¿Crees que lo decepcionante de los resultados de la COP 25 estuvieron vinculados con la ausencia de muchos actores que estaban preparados para influir sobre la agenda pero no pudieron participar?

  Pienso que sí. Sin desmerecer el trabajo que hicieron los países y las organizaciones que sí participaron, creo que acabó siendo un evento muy improvisado, y que si se hubiese hecho en Chile como estaba planeado, los resultados podrían haber sido un poco más significativos y positivos gracias a la presencia e interlocución de los jóvenes. Bolivia iba a contar por primera vez con la participación de un grupo de jóvenes reconocidos por el Estado que iban a llevar el mandato de un proceso colectivo desarrollado en los nueve departamentos del país a lo largo de cuatro o cinco foros previos.

  Sin embargo, intentamos tomar este revés con una actitud constructiva, y aprovecharemos el tiempo extra que tendremos para prepararnos. Entretanto ya contamos con estos jóvenes que están en condiciones de ir a expresar sus demandas y propuestas adonde sea necesario, ya sea en Inglaterra, donde tendrá lugar la COP 26, como en cualquier otro evento internacional que se presente.

  El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

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• Carta colectiva sobre Colombia: La COVID-19 no puede servir de tapadera para atacar a líderes sociales

  📝Carta colectiva sobre #Colombia:
  La #COVID19 no puede servir de tapadera para atacar a líderes(as) sociales.
  Recomendaciones:
  🔸Implementar el Acuerdo de Paz
  🔸Involucrar a la sociedad civil para proteger los derechos
  🔸Investigar la impunidad
  + info: https://t.co/qSTfuCGLYx pic.twitter.com/j6aIa3Ltbg

  — CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) July 8, 2020

  El Estado colombiano debe acoger las recomendaciones de la CIDH en materia de líderes sociales incluso durante la pandemia COVID-19

  En su informe reciente, la CIDH destaca de manera crucial  la importancia de reconocer el derecho a defender derechos y el rol fundamental de líderes y lideresas sociales en Colombia, especialmente en el contexto actual de emergencia generalizada

  El informe Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita en noviembre de 2018 al país, destaca que la labor realizada por estas personas es fundamental para la existencia plena del Estado de Derecho y constituye un pilar indispensable para el fortalecimiento y consolidación de la democracia. Cuando se impide la defensa de los derechos humanos, no sólo se afecta una vida o comunidad particular; las agresiones contra líderes y lideresas sociales afectan la cohesión y continuidad de la organización social a una escala mayor. 

  Los líderes y lideresas sociales cumplen un rol fundamental en el mantenimiento del tejido social en sus comunidades, a menudo bajo condiciones precarias de seguridad. En el actual escenario de la pandemia por COVID-19, las recomendaciones de la CIDH cobran especial relevancia para salvaguardar su trabajo. Cómo aseguró Erlendy Cuero, lideresa social y Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES),en la serie de Dejusticia sobre pandemia y desigualdad, #DelMiedoALaAcción, “los homicidios, las amenazas y la persecución han aumentado porque estamos en una situación en la que el acompañamiento para algunos líderes con medidas de protección se ha minimizado y quienes no tienen medidas de seguridad están desprotegidos”. A esto último se suma que los líderes, quienes deben permanecer en su residencia por causa del coronavirus, se enfrentan a un mayor riesgo pues son ubicados con mayor facilidad.

  La vulnerabilidad es más alta para líderes y lideresas en zonas alejadas de los centros urbanos. En este escenario, la adopción de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado colombiano en estas zonas es aún más indispensable. 

  Las recomendaciones claves de la Comisión Interamericana para Colombia incluyen: 

  • “Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades”
  • “Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente”
  • “Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes”
  • “Adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las autoridades o terceras personas manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigarles y perjudicar la labor de personas defensoras; y asegurar la aplicación de las debidas sanciones en caso que ocurra”
  • “Continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales”
  • “aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos de las personas defensoras y líderes y asegurando su efectividad en zonas rurales alejadas”;  y 
  • “acordar las medidas de protección para enfrentar la situación de riesgo escuchando y consultando con las personas defensoras a fin de concretar una intervención oportuna, especializada y proporcional al riesgo que se pudiera enfrentar y con un enfoque diferencial”. 
  • “fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos”

  Las organizaciones firmantes hacemos especial énfasis en el reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana del derecho a defender derechos humanos y su llamado al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Final de Paz, tal como lo han ordenado los jueces constitucionales en las sentencias de tutela confirmando #ElDerechoADefenderDerechos presentada por diversos líderes y organizaciones sociales del país, a finales de 2019. 

  ARTICLE 19
  Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
  Asociación Minga
  Amnesty International
  Business & Human Rights Resource Centre 
  CIVICUS
  Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar
  Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
  Dejusticia 
  Espacio Público
  Front Line Defenders (FLD)
  Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)
  International Land Coalition - LAC (ILC LAC)
  International Service for Human RIghts (ISHR)
  International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
  Latin America Working Group (LAWG)
  Not1More (N1M)
  Presbyterian Peace Fellowship
  Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD)
  Robert F. Kennedy Human Rights 
  Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
  Washington Office on Latin America (WOLA)

• CHILE: “La propuesta de constitución refleja la división del país en vez de ser un instrumento para su unión”

  CIVICUS conversa con Patricia Reyes, directora de la Fundación Multitudes, acerca del proceso para redactar una nueva constitución para Chile luego de que la propuesta anterior fuera rechazada en un referéndum en septiembre de 2022.

  La Fundación Multitudes es una organización de la sociedad civil dedicada a generar espacios y crear capacidades en la sociedad civil para que pueda participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones.

  ¿Por qué necesita Chile una nueva constitución?

  El proceso constituyente en que Chile ha estado sumido desde 2022 fue una respuesta a una crisis social y política de larga data que estalló en octubre de 2019. Ante la irrupción de demandas sociales de mayor protección, equidad y garantía de derechos sociales básicos como la educación, la salud y la seguridad social, que en algunos casos se expresaron con violencia inusitada, todos los sectores políticos acordaron iniciar un proceso constituyente.

  En un primer momento se desarrolló un proceso inclusivo que produjo una propuesta de constitución que incorporó estándares adecuados de protección de derechos para un estado democrático y social. Pero la propuesta no logró reunir la adhesión de los sectores más conservadores y fue rechazada en referéndum, en gran medida a causa de errores cometidos en el proceso. Estos se debieron sobre todo a la inexperiencia política de los miembros de la comisión constituyente, que eran en su mayoría independientes sin vínculos con los partidos políticos. Ellos pasaron por alto la necesidad de lograr acuerdos amplios que representaran todos los sectores de la sociedad, y especialmente a los actores políticos tradicionales. También influyeron la incorporación de algunos cambios drásticos en la organización política y la incapacidad de comunicar adecuadamente a la ciudadanía los beneficios del nuevo texto constitucional.

  Tras el rechazo de la propuesta, las demandas sociales que habían disparado el proceso seguían vigentes, y la Constitución actual continuaba siendo tan ineficaz para resolverlas como lo era cuando ocurrió el estallido social. Para resolver nuestros problemas de convivencia democrática necesitamos un nuevo pacto social que nos una en torno a un proyecto institucional común. Por eso se recomenzó el proceso constituyente, esta vez con una dinámica más tradicional, que ha arrojado una nueva propuesta que deberá ser sometida nuevamente al voto de la ciudadanía.

  ¿Cuán diferente es esta nueva propuesta de la que surgió de la Convención Constitucional de 2021?

  La actual propuesta es mucho más cercana a la Constitución vigente, es decir, introduce cambios más modestos. En comparación con la anterior, pienso que retrocede en algunos derechos ya conquistados, especialmente por grupos tradicionalmente relegados como las mujeres. Tampoco introduce un reconocimiento para otros segmentos vulnerables de la población, como niños, adolescentes y pueblos indígenas. Pero sí comparte con la anterior la reafirmación de la libertad de empresa y el mantenimiento de la concepción de un Estado subsidiario.

  Los dos procesos han sido bastante diferentes porque en el primer caso el órgano constituyente incluyó a muchos ciudadanos elegidos por voto popular e independientes de los partidos políticos, mientras que en el segundo se trató de un Consejo de Expertos nombrado por las dos cámaras del Congreso y un Consejo Constitucional elegido popularmente, pero constituido mayormente por miembros propuestos por los partidos políticos que van desde el centro hasta la ultraderecha.

  Sin embargo, en algo sí se parecen las propuestas resultantes de ambos procesos: las dos han sido consideradas de carácter partisano, es decir, alineadas con los intereses de un bando político determinado. Reflejan la división del país en vez de ser un instrumento para su unión.

  ¿Qué cambios introduciría el nuevo proyecto en la Constitución vigente?

  El texto en general reproduce la institucionalidad vigente, salvo por la disminución del número de parlamentarios, y contiene los mismos derechos ya consagrados en la Constitución actual. Tiene muchas de sus fortalezas y también padece muchas de las mismas debilidades.

  El proyecto tiene también varios artículos que han generado polémica por la forma regresiva en que se los podría interpretar. Por ejemplo, en materia de derechos reproductivos las disposiciones constitucionales podrían permitir que se declare inconstitucional la norma que permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto.

  Asimismo, la incorporación de un órgano especial para la lucha contra la corrupción podría entrar en conflictos de competencia con la actual Contraloría General de la República. También se incluirían algunas herramientas populistas para permitir la expulsión inmediata de migrantes indocumentados, así como algunas exenciones impositivas – cuestión que generalmente no pertenece a un texto constitucional – y algunas disposiciones de gran sensibilidad, como la posibilidad de beneficiar a enfermos terminales con reclusión domiciliaria, que podría beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

  En lo positivo, se crearía una Defensoría de Víctimas y se avanzaría en la descentralización, otorgando mayores facultades a los gobiernos locales.

  ¿Cómo se posicionan los distintos sectores frente al plebiscito de salida?

  Los partidos de derecha mayoritariamente aprueban el proyecto, mientras que los de izquierda lo rechazan y en el centro hay una gran diversidad de opiniones, con algunos militando por el apruebo y otros por el rechazo.

  Pero la última palabra la tiene la ciudadanía, que atraviesa un momento que ha sido definido como de agotamiento constitucional. Por lo largo y polémico que ha sido el proceso y por la falta de acuerdos transversales, en general hay mucha apatía e indecisión, así como posiciones encontradas. Por el momento las encuestas arrojan una mayoría de rechazos, pero la votación es el 17 de diciembre, por lo que todavía falta bastante, y sigue habiendo mucha gente que aún no tiene decidido su voto.

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• COLOMBIA: ‘La ciudadanía está indignada y cansada de las políticas que la han sumido en la pobreza’

  CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

  

  ¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

  En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

  Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

  Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

  ¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

  Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

  Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

  ¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

  El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

  En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

  En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

  Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

  ¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

  El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

  Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

  El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

  Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

  Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

  En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

  El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

  En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

  Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

  ¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

  En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

  Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

  ¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

  Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

  ¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

  Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

  Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

  El espacio cívico en Colombia es clasificado como ‘represivo’ por elCIVICUS Monitor.
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• COLOMBIA: ‘La protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz’

  Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con un joven estudiante colombiano, activo en el movimiento climático, que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. Además de movilizarse en el marco de movimiento #FridaysForFuture, el entrevistado forma parte de Hijos del Postconflicto, un colectivo creado recientemente para visibilizar las experiencias de la gente en los territorios y defender el proceso de paz en Colombia. En la convergencia entre diversas luchas, el entrevistado enfatiza la defensa del proceso de paz como clave para preservar el medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

  

  ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el problema ambiental más urgente en Colombia?

  El problema ambiental más urgente es la deforestación. Las tasas de deforestación en Colombia son altísimas, y la situación no ha mejorado desde la firma de los acuerdos de paz. Eso se debe a que, en tiempos de conflicto armado, las guerrillas colombianas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían dominio de gran parte del territorio selvático de Colombia. Por supuesto que nadie se metía en ese territorio: no llegaban las multinacionales ni las petroleras; tampoco llegaba la ganadería. Con la firma de los acuerdos de paz y la retirada de las guerrillas se acentuó el problema que ha tenido Colombia desde la década del ’50: la distribución de las tierras.

  Colombia tiene una distribución de la tierra extremadamente regresiva; la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Con la retirada de la guerrilla y la llegada de las multinacionales el acaparamiento de tierras se ha acentuado. Muchas tierras son apropiadas, deforestadas y utilizadas para la cría de ganado, y la población local continúa siendo desplazada.

  Al mismo tiempo sigue habiendo grupos armados al margen de la ley que continúan activos, sobre todo grupos paramilitares de extrema derecha, aunque también queda la guerrilla, más pequeña, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las FARC que decidieron no acoplarse al proceso de paz. Estos grupos armados están disputando el territorio para hacerse del dominio de los cultivos de coca y expandirlos, provocando mayor deforestación.

  En consecuencia, tanto la continuidad del conflicto en algunos territorios como su finalización en otros influyen directamente sobre la deforestación. El proceso de paz contiene una serie de mecanismos para contrarrestar la deforestación, pero sus efectos dependerán de que efectivamente se lo implemente. En ese sentido, la protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz.

  ¿Qué mecanismos contemplados en los acuerdos de paz permitirían detener la deforestación?

  Los acuerdos de paz incluyen dos puntos específicos para frenar la deforestación. El primero es la reforma rural integral, que pretende distribuir el campo colombiano y respetar los usos asignados al suelo – por ejemplo, que si es para uso agrícola, no sea utilizado para ganadería. El segundo punto es el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que apunta a resolver el problema de las drogas. Es importante entender que muchas familias campesinas pobres se han visto obligadas a cultivar coca para sobrevivir; a través de este programa el Estado les ofrece incentivos económicos para que hagan una transición hacia otros cultivos sustentables. 

  ¿De qué modo colabora el activismo juvenil con la efectiva implementación de los acuerdos de paz?

  La lucha por la paz se da en todos los frentes. Nosotros hacemos tres cosas: nos movilizamos en las calles en defensa del proceso de paz; hacemos pedagogía para que la gente entienda porqué el proceso de paz es tan importante; y trabajamos en distintos espacios haciendo incidencia política.

  El contexto para este trabajo es bastante difícil. Ni bien asumió el poder, el presidente Iván Duque objetó el proceso de paz e intentó modificar todos los aspectos con los que no estaba de acuerdo o que según él no eran justos, lo cual en definitiva supondría desactivar el proceso que resultó de los acuerdos y volver a comenzar desde cero. Esto no fue una sorpresa: toda su campaña giró en torno del proceso de paz y se basó en la difusión de mentiras acerca del proceso de paz. Ganó las elecciones manipulando el temor de la gente, a la que le aseguró que los acuerdos consagraban la impunidad. Trató de asustarnos diciéndonos que si ganaba la izquierda nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. También mintió en relación con sus planes para las industrias extractivas: llegó a asegurar que no se autorizaría la exploración y explotación petroleras por medio de fracking, pero a fines de diciembre de 2019 hizo púbico un proyecto de decreto para habilitar el fracking.

  En tanto que activista por la paz y el medio ambiente en Colombia ¿has tenido alguna participación en el movimiento global por la justicia climática?

  Sí, con un pequeño grupo nos sumamos a la iniciativa Fridays for Future. Nuestra participación se limitó a una serie de acciones y plantones para dar inicio al movimiento climático en el país.

  Nos ha sido bastante difícil generar movilización en torno de la crisis climática global. Ante todo, hay mucha ignorancia. En Colombia la mayoría de las personas no tiene idea de lo que les están haciendo; de hecho, el actual presidente se aprovechó de ello para difundir mentiras, hacer una campaña de desinformación y ganar las elecciones. En un país donde la educación pública es muy mala y solamente la gente rica puede estudiar es muy fácil mentir y que te crean. Entonces, el primer problema es la ignorancia. A eso se suma el miedo: en Colombia a la gente le da miedo hablar, organizarse y manifestarse. Los colombianos vivimos una increíble zozobra debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ambientales. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos en general, y para los líderes ambientalistas en particular.

  Todo esto ha limitado la movilización por el clima. Hubo algunas acciones sueltas, pero no una gran marcha nacional de alto impacto. Por eso nos sorprendió que se produjera una movilización escolar masiva en el sur del país, en el departamento del Huila, donde menos esperábamos una movilización debido a las dinámicas complejas de seguridad que se viven en esos territorios. Logramos ponernos en contacto con los jóvenes que se movilizaron en Huila y juntos participamos de un encuentro nacional que realizamos en el departamento del Caquetá, también conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí logramos articular el trabajo con las comunidades que viven en territorio amazónico y hasta el momento seguimos en el proceso para elevar las consignas amazónicas e iniciar una resistencia en defensa de nuestra selva.

  Actualmente estamos empezando a sumarnos todos los colectivos ambientales en un mismo frente climático. Esperamos que esto inspire a los que tienen miedo para que también se sumen.

  ¿Han tenido alguna participación en foros internacionales sobre el clima?

  Hemos estado en un encuentro latinoamericano de Fridays for Future que se hizo en Chile con el apoyo de 350.org. Fue un encuentro de defensores del clima para generar lazos latinoamericanos e impulsar el movimiento a nivel regional. Nos ayudó bastante encontrar jóvenes de otras partes de la región que también estaban movilizándose, ver que podíamos unirnos y sentir que teníamos apoyos internacionales para hacer nuestro trabajo. Esto nos dio algo de esperanza.

  Fue después de esa reunión que empezamos a tratar de formar una red ambientalista nacional, viajando a la mayor cantidad de territorios y sumando a jóvenes de otras regiones del país. Todavía nos falta mucho por construir, pero estamos creciendo exponencialmente, porque cuando sumamos a un colectivo, ese mismo colectivo tiene llegada a otros tres o otros cuatro colectivos más. Todo el año 2019 nos hemos centrado en este proceso, recorriendo territorios, comunicando nuestro mensaje a la gente y haciendo lazos. Creemos que la próxima vez tal vez sí podamos movilizarnos a nivel nacional. Lo haremos el 24 de abril de 2020, cuando se realice la próxima huelga global.

  ¿Qué clase de apoyos necesitarían para poder hacer en 2020 la movilización que no pudieron hacer en 2019?

  Nuestra oportunidad en este momento es el paro nacional, la serie de manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades colombianas a partir de noviembre de 2019. En un país donde a la gente le da miedo hablar, el 21 de noviembre del año pasado salieron a la calle millones de personas, en una de las movilizaciones más grandes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad única. En el marco de estas protestas, el movimiento ambientalista también ha puesto sus propuestas y demandas. Tal vez no podamos movilizar a la gente específicamente por el clima, pero podemos aprovechar estas movilizaciones masivas y sumar nuestros temas. Si hay gente dispuesta a movilizarse, podemos acercarnos para contarles lo que está pasando en relación con el medio ambiente y comunicarles nuestras demandas para que vean que también les conciernen y se movilicen por ellas. Así es como logramos que el comité de paro incluyera entre sus demandas la declaración de la emergencia climática en Colombia. Este ha sido un avance muy grande.

  El espacio cívico en Colombia es clasificado como ‘represivo’ por elCIVICUS Monitor.
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• COLOMBIA: “La juventud vive un sentimiento de querer cambiarlo todo”

  CIVICUS conversa acerca de las protestas que comenzaron en Colombia en abril de 2021, en reacción a un alza de impuestos, con una joven activista social y de derechos humanos que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. La entrevistada pertenece a una red de organizaciones y activistas jóvenes que promueve la solidaridad, la organización y la lucha de los sectores excluidos y tiene presencia en la capital, Bogotá, y en la ciudad de Medellín.

  ¿Cuáles fueron las causas de las protestas? ¿Qué reclaman los manifestantes?

  La reforma tributaria fue apenas la gota que derramó el vaso, ya que se sumó a un cúmulo de problemas. En las asambleas en que participamos se recogieron cientos de reivindicaciones y reclamos de toda índole, desde tapar huecos en las calles de un barrio hasta tumbar el gobierno del presidente Iván Duque y hacer justicia frente a los llamados “falsos positivos”, es decir, casos de civiles asesinados por las fuerzas militares y presentados como parte del conflicto armado. Lo que vivía la juventud era un sentimiento de querer cambiarlo todo, de no querer seguir viviendo como antes.

  Pero a pesar de la diversidad de demandas, algunas aglutinan más a los jóvenes populares. Pienso que, en materia económica, la juventud de los sectores populares reclama empleo y oportunidades de salir adelante, y en materia política estos jóvenes, en particular los que conformaron algunas de las primeras líneas de las protestas, reclaman dignidad, dejar de ser humillados. Nada agrupa más a estos jóvenes que su odio profundo a la policía, como representante principal de los ultrajes y humillaciones que viven a diario. Se sienten como parias sin futuro económico, sin esperanzas de conseguir un trabajo más allá del rebusque diario para sobrevivir, rechazados por la sociedad y perseguidos como delincuentes por la policía por el hecho de ser jóvenes y pobres.

  Los sectores estudiantiles, también jóvenes pero más intelectuales, algunos de clase media, también fueron una fuerza significativa en las protestas, pero tendieron a enfatizar demandas contra la represión política y la violación de los derechos humanos, los “falsos positivos”, los asesinatos de líderes sociales y la criminalización de la protesta.

  ¿En qué se diferencian estas protestas de las ocurridas en años precedentes? ¿Guardan alguna línea de continuidad con aquéllas?

  En el fondo, los móviles son los mismos de las protestas de 2019 y 2020. En las protestas de 2019 pesó más la crisis del desempleo y el hambre, mientras que en las de 2020 se impuso más el tema de la represión, el no querer seguir siendo humillados y asesinados. Las que estallaron en abril de 2021 combinaron los móviles de las dos oleadas precedentes, porque no solamente ninguno de los dos problemas había sido atacado de raíz, sino que ni siquiera se habían ofrecido paliativos; al contrario, la crisis económica se agudizó y la represión política se mantuvo.

  Tal vez una diferencia sea que las últimas protestas han recibido mayor atención internacional, lo cual responde a la fuerza con que el pueblo colombiano salió a las calles. La protesta tuvo una amplia legitimidad en sectores que generalmente no se movilizan. La crisis y la asfixia económica y política era tal que sectores como el de los comerciantes medianos e incluso grandes apoyaron las protestas. La masividad de las protestas también obligó a todos, desde artistas hasta congresistas, a tomar partido.

  Hubo colombianos en el exterior que hicieron protestas en sus respectivos países planteando lo que les contaban sus familiares en el país. Tal vez algunos piensen que la mayor atención internacional se debió a la represión, pero yo soy más de la idea de que fue la cantidad de sectores medios que se movilizaron lo que magnificó el mensaje. La represión ha estado muy presente en ciclos anteriores y también frente a las protestas del sector campesino. Creo que lo determinante en este caso ha sido la diversidad de capas sociales que apoyaron la protesta.

  ¿Cómo ha reaccionado el gobierno a las protestas?

  En general, primero reprimiéndolas violentamente, luego deslegitimándolas utilizando los medios de comunicación para atacar a algunos sectores, y en particular a la juventud, y finalmente intentando dividirlas para desmovilizar a algunos sectores y dejar aislada a la juventud popular. Para esto último el gobierno entabló varias negociaciones con un autoproclamado Comité Nacional del Paro, y también llevó a cabo negociaciones a nivel local intentando contener o calmar a algunos sectores.

  Particularmente a nivel local, incluso en localidades con gobiernos que se dicen de centro e independientes, el gobierno conformó mesas de diálogo que no solucionan nada, donde se escuchan los reclamos pero no se ofrece nada concreto para responder a las demandas. Muchos gobiernos locales se lavaron las manos de la represión, culpando de ella solo al gobierno central, pero hicieron todo lo que estuvo a su alcance para desmovilizar las protestas, enviando representantes para calmar a los manifestantes y prometiendo a la gente que si dejaba de protestar escucharían sus demandas, cosa que no habían hecho durante todo el año precedente.

  La violencia de algunos grupos parece haberse vuelto un problema. ¿Cómo lidiaron con esto las organizaciones y activistas de la sociedad civil?

  La violencia ha sido una reacción muchas veces espontanea frente a la represión. Enfrentar con el juicio y el regaño al joven que está tirando una piedra no sirve para nada, excepto para radicalizarlo más y ganarse su desconfianza. Para poder cambiar esta violencia hay que empezar por entenderla y por distinguirla y no ponerla en el mismo nivel que la violencia del Estado. No se trata de que la violencia sea deseable; de hecho, desvíe la iniciativa de buena parte de los jóvenes. Pero interponerse entre ellos y el Comando de Atención Inmediata - la unidad policial que actúa en los perímetros urbanos – para tratar de detenerlos acaba teniendo un efecto más de psicología inversa que de disuasión o educación.

  En mi experiencia, las organizaciones de la sociedad civil que no extienden la mano a esos jóvenes ni les ofrecen espacios alternativos de politización y concientización, los aíslan y pierden la capacidad de influir sobre ellos. Nuestra organización ha lidiado con esto mediante la estrategia de evitar partir del juicio negativo y, en cambio, aproximarnos desde el entendimiento y procurar ir generando espacios alternativos para la participación política y la organización de los jóvenes.

  ¿Qué roles ha desempeñado tu organización en el marco de las protestas?

  Nuestra organización tuvo un rol activo: organizó la participación en las protestas de jóvenes y familias en los barrios donde desarrolla trabajo comunitario y promovió una campaña de solidaridad con los manifestantes para recoger apoyo económico y otros recursos, tales como primeros auxilios, apoyo en las ollas comunitarias e incidencia en derechos humanos para auxiliar a diferentes focos de protesta en las ciudades de Bogotá y de Medellín.

  En Bogotá dio apoyo para reclamar información sobre personas desaparecidas y participó en campañas de solidaridad con los heridos. En Medellín realizó jornadas de ollas comunitarias y reparación de techos y otros daños causados por las protestas en los barrios cercanos a los mayores puntos de protestas en la ciudad. Finalmente, durante las protestas desarrolló actividades de concientización y promovió el involucramiento de jóvenes manifestantes en procesos más duraderos de construcción social y comunitaria.

  ¿Qué impactos consideran que tendrá este ciclo de protestas y represión sobre las próximas elecciones?

  A mi forma de ver, las protestas aumentaron el capital político del ex alcalde de Bogotá y excandidato a presidente por la izquierda, Gustavo Petro. El gobierno no dio ninguna respuesta real a las demandas de las protestas y la gente sigue buscando alternativas, y – aunque nuestra organización no tiene ningún interés ni intención de hacerle campaña - creo que Petro es la única opción disponible. Para las próximas elecciones esperaría un mayor índice de participación juvenil, y no me extrañaría para nada el triunfo de Petro.

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• COLOMBIA: “La sociedad civil es un pilar importante del trabajo con la población migrante”

  CIVICUS conversa con Carmen Aida Faria, directora de la Fundación Manitas Amarillas, acerca de las dificultades que enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia y la labor de la sociedad civil para facilitar el acceso a sus derechos.

  Manitas Amarillas es una organización de la sociedad civil (OSC) colombiana constituida en 2018, en el contexto de la migración venezolana masiva en Colombia, para brindar asistencia humanitaria, acceso a servicios de salud y asesoramiento a personas migrantes y refugiadas.

  ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la situación de las personas migrantes venezolanas en Colombia?

  Los flujos migratorios que recibe Colombia han cambiado a lo largo del tiempo. La ola migratoria venezolana de 2015 fue muy importante, pero la cantidad de migrantes en los años siguientes aumentó, con un pico en 2017. En comparación con la anterior, esta oleada incluyó a muchas más personas en situación de vulnerabilidad.

  Estas personas que estaban llegando necesitaban inmediata atención de salud y acceso a otros derechos fundamentales que el sistema no podía brindarles. Colombia no contaba con la infraestructura, ni los recursos económicos necesarios para dar respuesta, en particular en las zonas de frontera, con poblaciones locales que también tienen déficits de acceso a educación y salud, entre otros derechos.

  Los migrantes en situación de vulnerabilidad tampoco podían acceder a los programas asistenciales del gobierno colombiano para recibir ayudas monetarias o ingresar al sistema de salud subsidiado. Para acceder a los programas sociales las personas deben tener regularizada su situación migratoria.

  Además de a la población migrante con vocación de permanencia, hay que considerar a la población de las zonas de frontera, que es pendular, ya que cruza la frontera permanentemente para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, hay muchos niños que viven en Venezuela pero estudian en Colombia y no están incluidos en los programas de alimentación escolar. Hay organizaciones que trabajan específicamente para que estos niños tengan acceso a alimentación, ya que llegan con problemas nutricionales importantes.

  Estos procesos generaron una exigencia a la comunidad, pero sobre todo al Estado colombiano, para que brindara respuestas. Y el país comenzó a operar bajo una lógica de solidaridad y de agradecimiento: los colombianos recordamos que en el pasado fue Venezuela la que recibió migrantes colombianos. Así, el gobierno comenzó por otorgar permisos especiales de permanencia para regularizar de alguna manera a toda esa población. Pero lo que definitivamente marcó un hito fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), aprobado en 2021 con una lógica esencialmente humanitaria.

  ¿Qué avances supuso la implementación de esa nueva política?

  El ETPMV propuso una regularización temporaria para que las personas venezolanas pudieran acogerse a los mismos derechos y tener los mismos deberes que las y los ciudadanos colombianos. Mediante el otorgamiento de un documento de identidad llamado Permiso por Protección Temporal, las personas migrantes tienen la posibilidad de acceder, al sistema de salud y al mercado laboral, entre otros derechos.

  Teóricamente el mecanismo está bien pensado; sin embargo, ha costado llevarlo a la práctica. Mucha gente ha quedado afuera: más de 2,4 millones de migrantes se inscribieron en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, pero todavía hay más de 1 millón que, habiendo completado todo el proceso, no han recibido su permiso.

  Hay quienes aplicaron para el permiso en septiembre de 2021, es decir, hace más de un año, y han consultado a Migración Colombia, la autoridad migratoria de vigilancia, control migratorio y extranjería, pero todavía desconocen qué ha ocurrido con su aplicación. También ha habido quienes no han recibido sus permisos por problemas de logística: se trata de una población de alta movilidad y cuando cambian de domicilio muchas veces no es posible localizarlos para entregarles la documentación.

  Pero también ocurre que las dificultades continúan una vez obtenido el permiso. Ello indica que existen problemas más profundos. Cuando el ciudadano venezolano va con su permiso a abrir una cuenta bancaria o a inscribirse en el sistema de salud, con frecuencia no lo aceptan. El Permiso por Protección Temporal es un documento nuevo y muchas instituciones, tanto públicas como privadas, aún no lo conocen. De ahí que haga falta mucha pedagogía para que estos derechos sean efectivamente accesibles.

  Se suponía que el ETPMV priorizaría a los grupos poblacionales más vulnerables. Las primeras en recibir sus permisos debían ser las personas que necesitaban atención médica inmediata y los niños y adolescentes que debían ingresar al sistema educativo, pero carecían de documento de identidad. Esto finalmente no sucedió, a tal punto que se han tenido que presentar tutelas, una herramienta jurídica para garantizar derechos, para asegurar el acceso a la salud por parte de personas con enfermedades crónicas u otras patologías que necesitan atención inmediata.

  ¿Qué trabajo está haciendo la sociedad civil colombiana para apoyar a las personas migrantes venezolanas?

  A partir de la última gran ola migratoria de 2017 han surgido muchas OSC. Fue la misma comunidad de migrantes los que comenzamos a unirnos para ayudar a otros migrantes. Nosotros comenzamos dando comida en la calle y brindando asistencia humanitaria a los caminantes, como llamamos a las personas que se trasladan a pie a través del territorio colombiano, quienes no contaban con información o ni siquiera con el abrigo necesario para adaptarse al clima de Colombia.

  Así, las OSC nos convertimos en un pilar importante del trabajo con la población migrante, porque estamos en el terreno y conocemos las problemáticas de las personas migrantes.

  Actualmente, muchas OSC estamos agrupadas a través de la Alcaldía de Bogotá e impulsamos una serie de iniciativas conjuntas. Lanzamos campañas publicitarias y firmamos un pacto simbólico para la integración, porque en Colombia los migrantes venezolanos todavía sufren xenofobia y aporofobia, es decir, rechazo por su situación de pobreza. Solicitamos a los medios de comunicación que dejen de difundir la nacionalidad de los autores de delitos, porque solo lo hacen cuando la persona implicada es extranjera, con lo cual sobredimensionan el problema y contribuyen a la discriminación contra los venezolanos.

  También estamos participando, en colaboración con el gobierno colombiano y la cooperación internacional, del primer Entregatón, un operativo de entrega masiva de permisos que espera distribuir 40,000 en cinco días. Migración Colombia ha enviado mensajes vía celular a las personas migrantes cuyo documento está listo, con la fecha y lugar donde pueden ir a buscarlo. Pero además de entregar los documentos, en el marco del operativo se prestan servicios de enrolamiento y de registro biométrico para quienes aún no han realizado estas fases del proceso. A quienes ya hayan recibido sus permisos se les ofrecen también servicios de vacunación, de afiliación a entidades promotoras de salud, de inscripción en el sistema de asistencia social, de acompañamiento legal y de información sobre diferentes cuestiones, desde el sistema de transporte hasta el acceso escolar y los programas dirigidos a mujeres migrantes.

  El trabajo es mucho y las OSC estamos contribuyendo enormemente. El gobierno y la cooperación internacional deberían tomarnos en cuenta no solamente como fuentes de diagnóstico del fenómeno migratorio, sino también como socias a la hora de ejecutar de manera conjunta las políticas públicas que surgen a partir de estos diagnósticos.

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• COLOMBIA: “Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida”

  CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Colombia con un grupo de integrantes de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, quienes respondieron a nuestras preguntas en forma colectiva. La FCSPP es una organización que promueve el respeto y la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en Colombia, con el foco en los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, trato digno, juicio justo e imparcial y otros derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en protestas. La Campaña Defender la Libertad es una red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

  ¿Cuáles son las principales causas de las recientes protestas en Colombia?

  Desde nuestra lectura, las razones que impulsan las protestas en Colombia son diversas. A la injusticia tributaria, reflejada en propuesta presentada por el gobierno nacional para recaudar más impuestos, se sumó su pésimo manejo de la crisis sanitaria y de las crisis económica, ecológica y socioambiental exacerbadas por la pandemia. En el contexto de la pandemia, una demanda clave pasó por el ineficiente manejo del sistema de salud colombiano y la necesidad de una reforma con foco en la protección de quienes trabajan en el sector sanitario y de atención integral y preventiva a la población en general. También pasaron a primer plano el ineficiente manejo del sistema público de pensiones y los reclamos por la ausencia de políticas públicas que promuevan el acceso equitativo de la juventud colombiana a una educación gratuita y de calidad, así como a empleos de calidad.

  Además, a las injusticias socioecológicas provocadas por la política minero-energética promotora de megaproyectos extractivos depredadores se sumó la falta de compromiso del gobierno nacional para firmar el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales, acompañada de una ola que no cede de homicidios y otros ataques contra liderazgos sociales, comunitarios, ambientales, territoriales, comunales y de derechos humanos. Esta violencia se ve perpetuada por la impunidad garantizada por el sistema judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos dentro de la fuerza pública y el Estado en general.

  Las protestas también han resaltado la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, la cual en vez de ser protegida, es estigmatizada y atacada por el Estado.

  ¿Qué conexión mantienen estas protestas con las que ocurrieron en años anteriores?

  Las protestas actuales se colocan en directa continuidad con las protestas del año 2020, dado que la pandemia generó un paréntesis extendido durante el cual se impidió que la protesta social se desarrollara físicamente. Durante ese período, sin embargo, las problemáticas estructurales que motivan las protestas sociales no se olvidaron ni mucho menos desaparecieron, sino que por el contrario a menudo se profundizaron y se agravaron.

  ¿Cómo han respondido las autoridades a las protestas?

  La Policía Nacional ha respondido con una avanzada violenta, desproporcionada y en varios casos ilícita, contra las personas manifestantes. Según datos de la Campaña Defender la Libertad, desde el 28 de abril hasta el 21 de julio de 2021 esta violencia dejó 87 personas civiles asesinadas en el marco de protestas, 28 de ellas atribuibles a la fuerza pública, siete a civiles no identificados y 46 a agresores no identificados. En ese lapso, 1905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) y civiles no identificados. Asimismo, 326 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, 106 fueron víctimas de violencias basadas en género, y 3.365 personas fueron detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, lo que dio lugar a 1.603 denuncias por abuso de poder y violencia policial. Estas cifras evidencian la poca disposición al diálogo de las autoridades y la forma en que es violado el derecho a la protesta social en el país. Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida.

  Estas vulneraciones de derechos no se producen solamente en el momento de la protesta social sino que también se extienden a las instituciones que deben atender, sistematizar datos y dar seguimiento a las violaciones. Hemos documentado casos de personas heridas que no han sido atendidas en hospitales y centros médicos. Asimismo, los registros de personas desaparecidas de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía divergen ampliamente; al 5 de junio la Defensoría registraba 89 personas desaparecidas en el marco de las protestas, mientras que la Fiscalía registraba 129. Esto demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones estatales que deben desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y oportuno a las vulneraciones de derechos humanos.

  ¿Qué efectos tuvo la represión sobre los manifestantes?

  Luego de que los medios de comunicación difundieran algunos casos, en especial de homicidios y violencia sexual cometida presuntamente por la fuerza pública, la ciudadanía siguió manifestándose en actos de solidaridad y memoria colectiva. También, con el objeto de coordinar acciones, informar a la ciudadanía, debatir y establecer reivindicaciones comunes claras, se realizaron tres Asambleas Nacionales Populares, dos de carácter presencial – una en Bogotá, del 6 al 8 de junio, y otra en Cali, del 17 al 20 de julio- y una tercera de manera virtual, el 15 de agosto. Todas ellas tuvieron amplia participación popular, de organizaciones y movimientos sociales. En localidades, municipios y ciudades también se hicieron discusiones para plantear intereses, necesidades y propuestas. Esto demuestra la disposición de la ciudadanía que ha estado protestando al diálogo permanente con instancias gubernamentales para plantear sus exigencias.

   

  ¿Cómo se ha podido sostener la movilización durante varios meses? ¿Se espera que las protestas continúen?

  En algunos territorios los manifestantes encontraron una serie de condiciones que les permitieron reunirse pacíficamente y originar nuevos procesos organizativos mediante el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación. Estos procesos se basaron en relaciones de solidaridad previamente constituidas, no solamente en las organizaciones sino también en la sociedad civil no organizada, que se movilizó no únicamente en las marchas pacíficas, sino también a través del envío de donaciones no perecederas, insumos médicos básicos, elementos de protección y otras formas de apoyo a las juventudes movilizadas en lo que actualmente se conoce como “las primeras líneas”.

  La movilización se ha sostenido gracias a formas de organización nuevas y creativas que lograron distribuir roles en medio de las álgidas jornadas de represión policial, con personas encargadas de sostener barreras defensivas con escudos improvisados o relativamente elaborados, otras a cargo de devolver los gases lacrimógenos y elementos de disuasión usados por la policía, otras encargadas de dar primeros auxilios médicos, psicosociales, emocionales y jurídicos a quienes los necesitaran, y otras desempeñando roles de cuidado, proporcionando alimentación e hidratación a los manifestantes. El resultado fue el surgimiento de espacios tales como “Puerto Resistencia” en Cali y el “Espacio Humanitario Al Calor de la Olla” en Bogotá, que se replicaron en otros puntos de resistencia en el país. En estos espacios confluyen tejidos interorganizativos e intergeneracionales que a través del diálogo y encuentros asamblearios construyen consensos y priorizan acciones itinerantes adaptables al contexto de cada territorio.

  Es de esperar que las protestas continúen, toda vez que éstas no se han surgido únicamente de los históricos epicentros de convocatorias, como las centrales obreras y sindicatos profesorales, sino que hay múltiples epicentros de convocatorias en las ciudades y carreteras del país que logran movilizar ciudadanías diversas organizadas, en proceso de organizarse y no organizadas con diversas motivaciones o coyunturas particulares que las impulsan a salir a las calles. Se vienen fechas históricas que seguramente generarán movilización, tal vez no con una constancia diaria como ocurrió entre abril y julio, pero sí con acciones que mantendrán vivas las exigencias visibilizadas tanto en las Mesas Nacionales de Diálogo del Comité Nacional de Paro como en otros espacios promovidos por la sociedad civil a nivel local y municipal.

  ¿Cómo han afectado a las manifestaciones los ataques de grupos civiles armados?

  La Campaña ha documentado múltiples situaciones en que civiles armados atacan a manifestantes, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. Varias de las agresiones registradas fueron cometidas por civiles en compañía de miembros de la fuerza pública, quienes no realizaron ninguna acción para detenerlos, sino que más bien los apoyaron. Varios de estos civiles se autodenominan “defensores de la propiedad privada”.

  Un claro ejemplo de ello, tomado de los registros del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña, ocurrió en Cali en la tarde del 9 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional, junto a varios civiles movilizados en camionetas, atacaron a la Guardia Indígena, un grupo de resistencia civil movilizado en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. El ataque dejó diez personas heridas, una de ellas en estado de gravedad tras recibir un doble impacto de bala en el estómago. Otro caso registrado por el SIAP sucedió en Cali el 6 de mayo; en esta oportunidad, personas armadas vestidas de civil se bajaron de un camión y dispararon contra manifestantes. Como resultado de los reclamos de la ciudadanía para que el Ejército los detuviera, el interior del camión fue revisado y se encontró una chaqueta de la policía, y cuando se revisaron las placas del automotor se determinó que era propiedad policial.

  En otros casos, los civiles armados actúan sin presencia de la policía. Es importante mencionar la presencia de grupos paramilitares: en sectores donde hubo un aumento de la movilización se encontraron grafitis y panfletos de grupos paramilitares como las Águilas Negras y las Autodefensas Unidas de Colombia, destinados a amedrentar a la población para disuadirla de participar en la protesta.

  ¿Cómo ha respondido el gobierno a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

  En las declaraciones públicas en que se refirió a las recomendaciones de la CIDH, el presidente Iván Duque estigmatizó una vez más el ejercicio del derecho a la protesta social y subrayó los efectos de los cortes de ruta sobre los derechos a la movilidad y el trabajo. El Gobierno se amparó en la Constitución para rechazar la propuesta de separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y se mostró a la defensiva frente a la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento de los derechos humanos.

  Muy a pesar de las recomendaciones, las vulneraciones de derechos humanos no cesaron. A partir del 7 de julio de 2021, día en que se conocieron públicamente las recomendaciones de la CIDH, la Campaña registró 152 detenciones, en su mayoría arbitrarias, 92 personas heridas por el accionar del ESMAD, la Policía Nacional y civiles armados, cuatro casos de violencias basadas en género, 29 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, 72 denuncias por abuso y violencia policial y 29 allanamientos. Esto ocurrió a pesar de que las movilizaciones habían disminuido en intensidad y frecuencia; buena parte de estas violaciones se concentró en la jornada del 20 de julio. Pero se observó un cambio de estrategia represiva, ya que aumentaron drásticamente los casos de allanamientos.

  ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar a la sociedad civil colombiana?

  La sociedad civil internacional puede apoyarnos a través de campañas como SOS Colombia, pero de manera permanente, no circunscripta a los momentos álgidos de represión. También podrían ayudarnos dando acompañamiento a los países garantes del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016 en la revisión exhaustiva de la ejecución de los recursos para la construcción de paz, y apoyando a las organizaciones que han denunciado el abuso policial y estatal a través de estrategias investigativas, comunicativas y de incidencia política en organismos internacionales de derechos humanos y espacios de incidencia para dar mayor visibilidad a la crisis social, humanitaria y ecológica que enfrenta Colombia.

  El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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• CONVENCIÓN FISCAL DE LA ONU: “El poder popular es nuestra principal arma en la lucha contra la desigualdad”

  CIVICUSconversa acerca de la labor de la sociedad civil para combatir la desigualdad desde la base y analiza las perspectivaspara una convención fiscal de las Naciones Unidas con JennyRicks, coordinadora mundial de la Alianza para Combatir la Desigualdad.

  La Alianza para Combatir la Desigualdad es una coalición mundial en expansión que reúne a un amplio abanico de movimientos sociales, organizaciones de base y comunitarias, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, artistas y activistas individuales que se organizan y movilizan en el territorio para encontrar e impulsar soluciones a las causas estructurales de la desigualdad con el fin de reequilibrar el poder y la riqueza en nuestras sociedades.

  ¿Existe un consenso global en torno a la idea de que la desigualdad está mal y hay que combatirla?

  En los últimos años se ha llegado al consenso de que la desigualdad ha alcanzado niveles extremos y es perjudicial para todos los miembros de la sociedad, así como para el medio ambiente. Estamos en un momento en el cual no solamente las personas más afectadas por la desigualdad consideran que está mal, que es grotesca y que tiene que cambiar, sino que incluso organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sostienen que es un problema. El Papa dice que es un problema. Los gobiernos se han comprometido a reducir la desigualdad a través de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

  Existe un amplio consenso, pero es superficial: da la impresión de que todo el mundo piensa que la concentración de poder y riqueza en la cúspide de las sociedades ha ido demasiado lejos y que la brecha es demasiado extrema y afecta a la vida cotidiana y a los medios de subsistencia de las personas como cuestión de vida o muerte. Y no sólo eso: también corroe las democracias. Cuando los oligarcas controlan los medios de comunicación, compran elecciones, reprimen a las personas defensoras de derechos humanos y al espacio cívico y destruyen el medio ambiente, esto nos afecta a todos.

  Pero por debajo de ese consenso superficial, creo que sigue habiendo un profundo desacuerdo sobre lo que realmente significa luchar contra la desigualdad. En la Alianza para Combatir la Desigualdad estamos interesados en desmantelar los sistemas de opresión que impulsan la desigualdad, incluidos el neoliberalismo, el patriarcado, el racismo y los legados del colonialismo. Estas son las profundas raíces estructurales de las desigualdades: son las razones por las cuales miles de millones de personas luchan por sobrevivir bajo una pandemia mundial mientras los más ricos del mundo siguen pasándoselo en grande. Así que tenemos una agenda de transformación de la naturaleza de nuestras economías y sociedades, y no solamente de retoques del statu quo, con pequeños ajustes para evitar que la gente se rebele.

  ¿Cómo se puede combatir la desigualdad estructural?

  Cuando empezamos a constituir la Alianza para Combatir la Desigualdad, teníamos claro que el problema no radicaba en la falta de soluciones políticas. Sabemos cuáles son las soluciones políticas para luchar contra la desigualdad, así como sabemos cuáles son las medidas que hay que tomar para hacer frente al cambio climático. Sabemos qué políticas fiscales redistributivas se requieren o cuáles políticas permitirían garantizar un trabajo digno.

  El problema era que la abrumadora concentración de poder y riqueza en la cúspide no era compensada por una fuerza equivalente desde abajo. Los más ricos y poderosos están organizados y bien financiados. Persiguen sus intereses y su codicia de forma agresiva y exitosa. Lo que nosotros tenemos es poder popular. Pero dentro de la sociedad civil y fuera de ella, los grupos estaban muy fragmentados, muy aislados y centrados en sus propias agendas y absorbidos por las cuestiones más urgentes para las poblaciones a las que responden. No había suficiente conexión entre las luchas.

  Organizarse en torno a la desigualdad es una buena forma de lograr que la gente entienda cómo sus luchas están interconectadas: a las luchas cotidianas subyacen raíces comunes y, por tanto, también hay soluciones comunes por las que luchar. Ahí es donde vimos que residía nuestro rol, y también en cambiar las narrativas que tenemos sobre la desigualdad. Tenemos que cambiar lo que consideramos que es necesario y posible en nuestras sociedades, y crear poder para impulsar las visiones alternativas por las que luchamos. Cuando nos vemos limitados por lo que las narrativas dominantes consideran natural o normal, como la falsa idea de que los multimillonarios son genios esforzados que merecen tener una riqueza ilimitada, perdemos energía y capacidad de organización para promover el cambio estructural.

  La gente conoce sus problemas y sus soluciones. La desigualdad no es un problema que puedan resolver los economistas y los tecnócratas: es ante todo una lucha que debe librar la gente. Y hay que escuchar las voces de quienes experimentan la peor parte de estas desigualdades. Estas personas son las verdaderas expertas en esta lucha. Así que el poder popular es la principal arma que aportamos a esta lucha. Los gobiernos y las instituciones internacionales quieren llevar estos debates a las arenas técnicas de los órganos de formulación de políticas y a las salas de conferencias, envolviéndolos en un lenguaje técnico que los hace intencionadamente inaccesibles para la mayoría de la gente. Muchas cuestiones que requieren cambios estructurales, y desde luego la desigualdad, son tratadas como cosas que hay que medir, sobre las que hay que informar y de las que hay que hablar en los círculos económicos.

  Pero la desigualdad es una tragedia humana, no una cuestión técnica. Es una cuestión de poder. Y las soluciones deben estar en manos de las personas cuyas vidas se ven más afectadas por ella. Tenemos que cambiar el equilibrio de poder, en nuestras sociedades y en el ámbito global, en vez de discutir la redacción de un documento técnico debatido a puertas cerradas, y eso solamente se consigue organizándonos a gran escala. Este poder popular es la principal arma que aportamos a la lucha contra la desigualdad.

  ¿Por qué la fiscalidad es importante en la lucha contra la desigualdad? 

  La lucha contra la desigualdad requiere que redistribuyamos el poder y la riqueza, y la fiscalidad es una importante herramienta de redistribución.

  En los últimos diez o veinte años, la sociedad civil ha trabajado mucho para cuestionar el hecho de que las personas más ricas y las grandes empresas de todo el mundo no pagan los impuestos que les corresponden. El modelo económico es explotador, injusto e insostenible; se basa en la extracción de recursos, principalmente del Sur global, en prácticas laborales abusivas, trabajadores mal pagados y daños ambiental.

  Todos podemos identificarnos con esta cuestión también a nivel nacional y local, ya que para equilibrar los presupuestos los gobiernos suelen aumentar los impuestos indirectos, tales como el impuesto sobre el valor agregado, que es el tipo de impuesto más regresivo porque se aplica a cualquier cosa que la gente compre, incluidos los productos de primera necesidad, en vez de gravar más a los ricos o a las multinacionales, que han creado toda una industria y unos complicados esquemas globales para eludir y evadir impuestos a gran escala.

  La redistribución se está produciendo ahora mismo: se basa en extraer recursos de los más pobres y distribuirlos entre los más ricos del mundo: multimillonarios, accionistas de empresas y similares. Eso es lo que estamos luchando por revertir, a nivel tanto local como global.

  ¿Cómo podría ayudar una convención de la ONU sobre fiscalidad?

  El nivel actual de concentración de la riqueza es tan grotesco que exige soluciones y medidas en todos los niveles. Tenemos que luchar en el frente local, donde la gente está sufriendo, al tiempo que impulsamos un cambio sistémico en lugares como la ONU. El debate sobre las normas fiscales globales parece bastante alejado de las luchas cotidianas de la mayoría de la gente, dentro y fuera de nuestra alianza. Pero las decisiones que se toman al respecto repercuten sobre esas luchas.

  Hasta ahora, las normas fiscales han sido establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización intergubernamental con 38 Estados miembros: el club de los países ricos. ¿Cómo es posible que las decisiones sobre las normas fiscales globales, que afectan a todo el mundo, se tomen en un lugar que no sea la ONU, que con todos sus defectos y fallas es el único organismo multilateral en el cual todos los Estados tienen un lugar en la mesa?

  Aun así, como hemos visto con las negociaciones sobre el clima, en la ONU se libra una enorme lucha de poder. Conseguir el tipo de normas fiscales globales que queremos seguirá siendo una lucha titánica. Pero si las normas fiscales globales se elaboran en el seno de la OCDE, la mayoría del mundo ni siquiera tiene una oportunidad. Pedir amablemente a los países ricos que se comporten mejor no va a producir el tipo de transformación que queremos.

  En noviembre de 2022 se dio un primer paso positivo: la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución llamando a una cooperación fiscal internacional más inclusiva y eficaz e instando a los Estados miembros a iniciar negociaciones sobre un tratado fiscal mundial. La resolución se hizo eco de un llamamiento del Grupo de los 77 (G77), el mayor bloque de países en desarrollo de la ONU, así como del Grupo Africano, y otorgó a la ONU el mandato de monitorear, evaluar y determinar las normas fiscales globales y apoyar la creación de un órgano fiscal mundial.

  Una convención fiscal global pondría a los Estados del Sur en pie de igualdad con los del Norte, por lo que la propuesta enfrentó grandes rechazos. Quedaron claramente en evidencia las dinámicas del poder global. Era de esperarse: se trata de un proceso a largo plazo y de final abierto. No hay garantías de que vaya a dar lugar al marco global sólido que necesitamos. Pero sigue siendo una lucha que merece la pena dar, y la ONU es el escenario adecuado para ella, simplemente porque no hay ningún otro espacio donde puedan llevarse a cabo estas negociaciones. ¿En qué otro lugar podrían el G77 o el Grupo Africano renegociar las normas fiscales globales?

  ¿Cómo están haciendo campaña a la luz de la resolución?

  No estamos haciendo campaña directamente a favor de la Convención Fiscal de la ONU, sino que intentamos atraer a la gente hacia esta agenda de una forma diferente. Hemos estado haciendo mucha campaña sobre los impuestos a los ricos y la abolición de los multimillonarios, que es una forma más atractiva de presentar la cuestión y movilizar a la gente en torno a ella. En este momento no me imagino a cientos de miles de personas saliendo a la calle por la Convención Fiscal de la ONU. En cambio, nos hemos organizado en torno a la necesidad de gravar a los ricos, tanto a individuos como a empresas, a escala nacional y global.

  Este llamamiento tiene mucha resonancia popular porque a la gente le resulta más fácil vincularlo con sus luchas: luchas por trabajo, presupuesto para la salud, mejores servicios públicos o una renta básica, o contra medidas de austeridad, subas de impuestos regresivos o recortes de subsidios. Gracias a nuestro trabajo de organización, en los últimos años el tema ha pasado a formar parte de las campañas de muchos más movimientos en todo el mundo. Para muchos movimientos de base del Sur global ha sido la forma de entrar en el tema fiscal. Tiene potencial para atraer la atención de la gente hacia la agenda más amplia de la justicia fiscal. No se puede empezar celebrando una reunión comunitaria sobre la Convención Fiscal de la ONU. Hay que partir de las desigualdades cotidianas que experimenta la gente.

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  Póngase en contacto conla Alianza para Combatir la Desigualdada través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@jenny_ricks y a@FightInequality en Twitter.

• COREA DEL SUR: “Los activistas y desertores norcoreanos enfrentan presiones cada vez mayores para silenciarlos”

  CIVICUS conversa con Ethan Hee-Seok Shin, analista legal del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional (TJWG), una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Seúl fundada por defensores de derechos humanos e investigadores de cinco países. Establecida en 2014, es la primera OSC con sede en Corea que centra su trabajo en los mecanismos de justicia transicional en los regímenes más represivos del mundo, entre ellos el de Corea del Norte. TJWG persigue el objetivo de desarrollar métodos prácticos para abordar las violaciones masivas de derechos humanos y promover la justicia para las víctimas antes y después de la transición. Ethan trabaja en el Proyecto Repositorio Central de TJWG, que utiliza una plataforma segura para documentar y publicitar casos de desapariciones forzadas en Corea del Norte. Utiliza acciones legislativas y legales para crear conciencia acerca de la situación de derechos humanos en Corea del Norte.

  ¿Podría contarnos acerca del trabajo que hacen los grupos de la sociedad civil de Corea del Sur en relación con los derechos humanos en Corea del Norte?

  Existe un abanico bastante amplio de OSC que trabajan en temas de derechos humanos en Corea del Norte. TJWG ha estado trabajando para preparar el terreno para la justicia transicional en Corea del Norte, en cumplimiento de su misión central, la documentación de derechos humanos.

  El proyecto insignia de TJWG ha resultado en la publicación de una serie de informes que mapean las ejecuciones públicas en Corea del Norte, basados en entrevistas con personas que se han escapado y que ahora viven en Corea del Sur. Registramos la información geoespacial de los sitios de matanza, los lugares de enterramiento y los lugares de almacenamiento de registros, tales como tribunales e instalaciones de los servicios de seguridad, solicitando a nuestros entrevistados que identifiquen las ubicaciones en Google Earth. La primera edición del informe se publicó en julio de 2017 y se basó en 375 entrevistas, y la segunda edición se lanzó en junio de 2019, tras la realización de 610 entrevistas.

  Actualmente también estamos en el proceso de armar una base de datos en línea, FOOTPRINTS, que registra los secuestros y desapariciones forzadas cometidas en y por Corea del Norte. La plataforma utiliza Uwazi, una tecnología gratuita y de código abierto que permite organizar, analizar y publicar documentos, desarrollada por la OSC HURIDOCS. Cuando se haga pública, FOOTPRINTS ofrecerá una plataforma de fácil acceso y búsqueda para rastrear a las personas capturadas y perdidas en Corea del Norte.

  Aparte del trabajo de documentación y presentación de informes, hemos participado activamente en iniciativas de incidencia nacional e internacional. Junto con otras OSC de derechos humanos, el TJWG redactó y presentó una carta abierta instando a la Unión Europea a fortalecer el lenguaje y las recomendaciones en las resoluciones anuales de derechos humanos adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Corea del Norte. También hemos presentado casos al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y a otros expertos en derechos humanos de la ONU.

  En julio de 2020, el gobierno de Corea del Sur revocó el registro de dos OSC y emitió un aviso de revisión administrativa e inspección a grupos “dirigidos por desertores” enfocados en los derechos humanos en Corea del Norte. ¿Por qué está apuntando contra estos grupos?

  El catalizador directo fueron las provocaciones de Corea del Norte de junio de 2020. El 4 de junio, Kim Yo-Jong, hermana del líder supremo Kim Jong-Un y primera subdirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, criticó los “folletos anti-RPDC” [República Popular Democrática de Corea] distribuidos en Corea del Norte por “fugitivos de Corea del Norte” y amenazó con el cese del turismo en el Monte Kumgang, la demolición completa de la región industrial de Kaesong, el cierre de la oficina de enlace intercoreana y la terminación del acuerdo militar de 2018 que creó zonas de amortiguamiento desmilitarizadas, a menos que las autoridades surcoreanas tomaran las “debidas medidas”.

  Apenas cuatro horas después del bombazo matutino de Kim Yo-Jong, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur (MOU) anunció que prepararía un proyecto de ley para prohibir la distribución de folletos a Corea del Norte. Se trató de un cambio radical en la postura de larga data del gobierno, que constantemente había eludido esa legislación por temor a violar la libertad de expresión.

  El 10 de junio de 2020, el MOU anunció que presentaría acusaciones penales contra Park Sang-Hak y Park Jung-Oh, dos desertores de Corea del Norte, por violar el artículo 13 de la Ley de Intercambio y Cooperación Intercoreana, que requiere de aprobación previa para todo intercambio intercoreano de bienes, y que revocaría el reconocimiento legal de sus organizaciones, Luchadores por una Corea del Norte Libre (Fighters For Free North Korea, FFNK) y KuenSaem, por enviar folletos a Corea del Norte mediante el uso de globos aerostáticos y botellas de PET llenas de arroz arrojadas a las corrientes marinas, como ocurrió el 31 de mayo de 2020.

  Si bien el gobierno de Corea del Norte finalmente bajó el tono de su retórica, el gobierno de Corea del Sur comenzó a tomar medidas contra las organizaciones de derechos humanos y los grupos de desertores de Corea del Norte, vistos como un obstáculo para la paz intercoreana.

  El 29 de junio de 2020, el MOU celebró una audiencia y el 17 de julio se apoyó en el artículo 38 del Código Civil, una reliquia de la época autoritaria, para anunciar la revocación del reconocimiento legal de FFNK y KuenSaem por contravenir las condiciones de la obtención de la personería al obstaculizar gravemente la política de reunificación del gobierno, distribuyendo folletos y artículos a Corea del Norte más allá de los objetivos declarados en su estatuto y por fomentar la tensión en la península de Corea.

  El MOU también lanzó “inspecciones comerciales” de otros grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y relocalización de desertores, entre las más de 400 asociaciones reconocidas con autorización del MOU, posiblemente con miras a revocar su reconocimiento legal. El 15 de julio de 2020, la Asociación de Desertores de Corea del Norte recibió un aviso del MOU de que sería inspeccionada por primera vez desde su reconocimiento en 2010. Al día siguiente, las autoridades del MOU informaron a los periodistas que primero realizarían inspecciones comerciales de 25 grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y asentamiento de desertores, 13 de ellos encabezados por desertores norcoreanos, y que otros serían inspeccionados en el futuro. Si bien reconoció que el tema de los folletos fue lo que desencadenó las inspecciones, el MOU agregó que las inspecciones comerciales no se limitarían a las personas involucradas en la campaña de distribución de folletos.

  ¿Cuántos grupos fueron examinados o inspeccionados después de los anuncios?

  Debido al alboroto nacional e internacional suscitado por la naturaleza obviamente discriminatoria de las inspecciones de grupos de derechos humanos y personas escapadas de Corea del Norte, el MOU ha moderado un poco su enfoque y tardíamente ha comenzado a argumentar que está examinando a todas las OSC registradas bajo el MOU.

  El 6 de octubre de 2020, el MOU dijo a los periodistas que había decidido inspeccionar a 109 OSC, sobre un total de 433, por no haber presentado sus informes anuales o por haber presentado documentación incompleta. Según la información proporcionada, 13 de los 109 grupos a inspeccionar están encabezados por personas que huyeron de Corea del Norte; 22 (16 de los cuales trabajan sobre derechos humanos en Corea del Norte y relocalización de desertores, cinco que trabajan en el terreno social y cultural y uno que trabaja en el campo de la política de unificación) ya han sido inspeccionados y ninguno ha revelado motivos serios para que se le retire el reconocimiento; y el MOU tiene la intención de completar la inspección de las 87 OSC restantes para fines de 2020.

  En cualquier caso, el gobierno parece haber logrado ya su objetivo de enviar a Corea del Norte la clara señal de que está listo para dar cabida a sus demandas a cambio de vínculos más estrechos, incluso si eso implica sacrificar algunos principios fundamentales de la democracia liberal. El gobierno también ha enviado una clara señal a los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, y ha tenido el efecto paralizante que cabía esperar.

  ¿Cómo ha respondido la sociedad civil a estas iniciativas del gobierno?

  Lamentablemente, la sociedad civil de Corea del Sur está tan polarizada como su política. Los progresistas actualmente en el gobierno ven a los conservadores como herederos ilegítimos de los colaboradores del régimen colonial japonés entre 1910 y 1945 y del régimen autoritario posterior a la independencia, vigente hasta 1987. El anterior presidente progresista, Roh Moo-Hyun, en el poder entre 2003 y 2008, se suicidó en 2009 durante una investigación de corrupción en su contra, que en general fue considerada políticamente motivada, emprendida por su sucesor conservador. El actual presidente, Moon Jae-In, fue elegido en 2017, en medio de una ola de indignación pública ante el juicio político de su predecesor de derecha por corrupción y abuso de poder.

  La mayoría de las OSC están dominadas por progresistas que están políticamente alineados con el actual gobierno de Moon. Los progresistas apoyan relativamente la agenda de derechos humanos, pero generalmente guardan silencio cuando se trata de los derechos humanos en Corea del Norte, dado su apego al acercamiento intercoreano. Las mismas personas que se expresan ruidosamente en relación con las “mujeres de solaz” japonesas, sometidas a la esclavitud sexual por el Japón imperial antes y durante la Segunda Guerra Mundial, o acerca de los atropellos de la era autoritaria, pasan por alto las actuales atrocidades norcoreanas en nombre de la reconciliación nacional.

  La mayoría de los grupos norcoreanos de derechos humanos se estructuran en torno de desertores norcoreanos y de iglesias cristianas políticamente de derecha que caracterizan apasionadamente a los izquierdistas como títeres norcoreanos. Muchos también adoptan una postura hostil en relación con otros temas contemporáneos de derechos humanos, tales como los derechos de las personas LGBTQI+, lo cual es bastante irónico, ya que el juez australiano Michael Kirby, autor principal del informe de la ONU que en 2014 condenó con firmeza las graves violaciones de derechos humanos en Corea del Norte como crímenes de lesa humanidad, es gay.

  Las OSC establecidas, mayormente progresistas, no han sido objeto de persecución por parte del gobierno encabezado por el presidente Moon; por el contrario, figuras destacadas de la sociedad civil han sido nombradas o elegidas para ocupar varios cargos, o han recibido generosas subvenciones. Hay quienes expresan en privado su consternación y preocupación por las tendencias iliberales del gobierno, pero pocas personas están dispuestas a plantear públicamente el tema a causa de la profunda polarización política.

   

  ¿Se está volviendo más restrictivo el espacio para la sociedad civil - estructurado por las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión - bajo el actual gobierno surcoreano?

  El gobierno de Moon ha mostrado tendencias preocupantemente iliberales en relación con los grupos que considera que se interponen en su camino, tales como los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, que enfrentan presiones cada vez mayores para permanecer en silencio y cesar su labor de incidencia.

  El presidente Moon ha reabierto el diálogo con el gobierno de Corea del Norte para establecer relaciones pacíficas, neutralizar la amenaza nuclear del Norte y allanar el camino para la reunificación familiar, entre otros objetivos loables.

  Sin embargo, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Moon ha empleado una estrategia diplomática que minimiza la preocupación por los derechos humanos. En particular, ni la Declaración de Panmunjom de 2018 entre Corea del Norte y Corea del Sur ni la Declaración Conjunta emitida después de la cumbre Trump-Kim de 2018 en Singapur mencionan las violaciones atroces de derechos humanos cometidas por Corea del Norte.

  En las semanas previas a la reunión del presidente Moon con el líder norcoreano Kim en Panmunjom, se informó que se estaba impidiendo a los activistas desertores norcoreanos llevar a cabo su activismo. En octubre de 2018, Corea del Sur accedió a la demanda de Corea del Norte de excluir a un periodista desertor de la cobertura de una reunión en Corea del Norte. El 7 de julio de 2019 se hizo una entrega extraordinaria a Corea del Norte de dos desertores, dos pescadores presentados como asesinos fugitivos, cinco días después de su llegada y sin siquiera mantener las apariencias del debido proceso.

  El gobierno de Moon también ha recurrido a tácticas iliberales contra otros supuestos opositores. Un hombre que el 24 de noviembre de 2019 había colgado un cartel en el que se burlaba del presidente Moon como “perrito faldero de Xi Jinping” (en referencia al presidente chino) en el campus de la Universidad de Dankook, fue procesado y el 23 de junio de 2020 fue multado por el tribunal por “intrusión en un edificio”, de conformidad con el artículo 319 (1) del Código Penal, pese a que las autoridades universitarias habían dejado claro que no deseaban presentar cargos en su contra por este ejercicio de su libertad de expresión. Muchos criticaron el proceso penal y la condena como un retroceso a los viejos tiempos militares.

  El gobierno también ha tomado medidas para ejercer un control cada vez mayor sobre los fiscales. El ministro de Justicia, Choo Mi-ae, ha atacado a los fiscales que se atrevieron a investigar las acusaciones contra el gobierno por corrupción y abuso de poder, alegando la existencia de una conspiración para socavar al presidente Moon.

  Otra tendencia preocupante es la táctica populista de los políticos del partido gobernante, y en particular del legislador Lee Jae-jung, de utilizar internet para incitar a sus seguidores a participar de acciones de acoso cibernético contra periodistas.

  ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos atacados?

  En abril de 2020, el partido gobernante ganó las elecciones parlamentarias por abrumadora mayoría, obteniendo 180 de los 300 escaños, gracias a su relativo éxito en contener la pandemia de COVID-19. La oposición está desorganizada. En vez de llamarlo a la humildad, todo esto ha envalentonado al gobierno, de modo que es probable que sus tendencias iliberales continúen. Debido a la severa polarización política, es poco probable que los políticos del partido gobernante y sus partidarios presten mucha atención a las críticas internas.

  Es por eso que la voz de la comunidad internacional será fundamental. Para el gobierno es mucho más difícil ignorar las preocupaciones planteadas por las OSC internacionales en tanto que ataques motivados políticamente. Una declaración conjunta o una carta abierta encabezada por CIVICUS sería útil para transmitir con fuerza el mensaje de que los derechos humanos en Corea del Norte realmente preocupan a la comunidad internacional.

  Además, Corea del Sur pronto presentará su quinto informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU de acuerdo con la lista de cuestiones previa a la presentación de informes (LOIPR). Dado que las cuestiones y preocupaciones relativas a Corea del Norte no están incluidas en la LOIPR, sería de gran ayuda que las OSC internacionales unieran sus fuerzas para incluirlas en la discusión oral con los miembros del Comité de Derechos Humanos y en sus observaciones finales.

  A corto plazo, las visitas a Corea del Sur por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos serían excelentes oportunidades para internacionalizar el tema y presionar a nuestro gobierno.

  Incluso los progresistas podrían apoyar una reforma de la ley obsoleta sobre el registro de OSC, por ejemplo, por interés propio, si es que no por principios, en caso de cambio de gobierno.

  El espacio cívico enCorea del Sur es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
  Contáctese con el Grupo de Trabajo de Justicia Transicional a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@TJWGSeoul en Twitter. 

• COSTA RICA: ‘Logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural’

  El 26 de mayo de 2020 Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. CIVICUS conversa con Herman Duarte, abogado habilitado para ejercer en Costa Rica y El Salvador y director deSimple Legal Consulting, así como enlace para América Latina del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y fundador y presidente de la Fundación Igualitxs. Fundación Igualitxs es un centro de pensamiento líder en América Central, enfocado en la promoción del matrimonio civil igualitario en la región. Persigue este objetivo mediante la conducción de litigios estratégicos a nivel tanto nacional como interamericano, la presentación de sus ideas en sitios de alto prestigio académico y el trabajo con aliados internacionales de alto nivel.

   

  ¿Qué roles desempeñaron la sociedad civil y el gobierno en el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica?

  Costa Rica es una democracia constitucional estructurada como un estado unitario con tres poderes - legislativo, ejecutivo y judicial – en principio independientes, donde, al menos en teoría, se respetan los principios del Estado de derecho y la igualdad legal de trato de todos sus habitantes. Pero también es un Estado confesional: su constitución reconoce expresamente al catolicismo como la religión oficial. En las últimas décadas, las congregaciones evangélicas se han expandido en número hasta llegar a ser cerca de 3.800. Hacia 2017, más del 80% de la población se identificaba como católica o evangélica; claramente, Costa Rica es culturalmente un país conservador.

  En el marco de una lucha de décadas del movimiento de la diversidad, el puntapié inicial lo dio el Gobierno de Costa Rica, cuando en mayo de 2016 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva respecto de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Esta consulta abrió una ventana para todas las partes interesadas en presentar argumentos, cosa que hicieron más de 90 actores de naturaleza variada, como Estados, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), universidades y particulares. Las audiencias tuvieron lugar los días 16 y 17 de mayo de 2017 y nosotros participamos en ellas.

  El impulso generado por este evento se reflejó en la organización del Primer Congreso de Matrimonio Igualitario, celebrado en San José en noviembre de 2017, que reunió a más de 54 oradores de la región. En enero de 2018 la Corte IDH publicó su decisión, donde explicaba que los Estados parte deberían regular el estatus de las familias no heterosexuales, abriendo las puertas del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Un grupo de 60 organizaciones LGBTQI+ de la región celebró la decisión como la más importante en la historia de los derechos de las personas LGBTQI+ hasta la fecha.

  En ese momento se generó una gran discusión sobre si la opinión de la Corte IDH era o no vinculante para Costa Rica, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica saldó este debate en agosto de 2018, cuando argumentó que las secciones del Código de Familia que limitaban el matrimonio civil (no religioso) a las parejas heterosexuales eran inconstitucionales. El fallo dio a la Asamblea Legislativa 18 meses para enmendar la normativa; caso contrario, la restricción se levantaría automáticamente y a partir del 26 de mayo de 2020 cualquier pareja podría casarse sin obstáculo alguno en Costa Rica. Y así fue, ya que no hubo consenso legislativo para legislar en ese sentido.

  En el trayecto hacia la entrada en vigencia del fallo de la Corte se desarrollaron importantes campañas de la sociedad civil para generar aceptación social que acompañara al cambio normativo.

   

  ¿Debieron enfrentar reacciones de grupos anti-derechos?

  La reacción de los sectores conservadores ha sido brutal. Hay que entender que la comunidad LGBTQI+ ha enmarcado sus luchas en la demanda del reconocimiento de su dignidad humana y su igual valor en tanto que seres humanos y que de igual modo los grupos religiosos se han movilizado como grupos de identidad – solo que su identidad es definida en forma estrecha, no universalista, en oposición a un enemigo. Estos grupos canalizaron los resentimientos provocados por los cambios legales igualadores y dieron esperanzas a quienes se habían sentido desplazados por ellos, dando lugar al surgimiento de partidos políticos religiosos.

  En ese contexto, las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una especie de referéndum sobre los derechos de las personas LGBTQI+, y específicamente sobre el matrimonio igualitario. Un pastor evangélico, Fabricio Alvarado, por entonces el único congresista de un partido evangélico, se postuló para la presidencia, explotando los sentimientos de indignación y temor de la ciudadanía conservadora ante el fallo de la Corte Suprema. El candidato se destacó por sus declaraciones incendiarias; declaró, por ejemplo, que la homosexualidad era “causada por el diablo”. Así escaló hasta el primer lugar en las encuestas preelectorales: en solo un mes pasó del 3% al 17% de la intención de voto, y se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, conquistando además 14 de los 54 escaños legislativos, lo cual representó un aumento del 1300% en la presencia legislativa de su partido político.

  La segunda vuelta para la elección presidencial giró en torno de los derechos de la población LGBTQI+. El otro contendiente, Carlos Alvarado, era el candidato del partido gobernante y tenía una postura favorable a los derechos LGBTQI+. Esta postura finalmente se impuso, pero la elección nos obligó a confrontar el enorme poder que han alcanzado las iglesias evangélicas. La victoria de Carlos Alvarado se explica por varios factores; uno de ellos fue la gran movilización de la sociedad civil. Entre las campañas de la sociedad civil que tuvieron impacto cabe mencionar la del grupo Coalición por Costa Rica, que buscó generar un debate informado e inclusivo, divulgando las propuestas de los candidatos para que la ciudadanía pudiera deliberar antes votar; y la de Igualitxs, “Por todas las familias”, lanzada una semana antes de las elecciones para difundir un mensaje inclusivo y pedir un trato igualitario hacia la población LGBTQI+.

  La profunda división generada en torno de las elecciones ha tenido secuelas. Siguen abundando los políticos que usan la religión para polarizar a la sociedad y reclaman porque, según ellos, el gobierno solo atiende los problemas de la población LGBTQI+. Esto se ha intensificado con la entrada en vigor del matrimonio igualitario y la propuesta de leyes para censurar el odio y el discurso discriminatorio.

   

  ¿Piensas que el cambio legal ha ido acompañado de un cambio en las actitudes? ¿Qué está haciendo la sociedad civil para promover la aceptación de las personas LGBTQI+?

  Una cosa es el cambio legal y otra el cambio cultural. El cambio legal ha representado un progreso de los derechos humanos y una forma de concretar la aplicación universal de la ley. Ha sido el resultado de una lucha de varias décadas de la comunidad LGBTQI+. Pero sigue habiendo homofobia, discriminación y violencia contra las personas LGBTQI+. Una vez logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural. Porque el cambio legal por sí mismo no necesariamente produce sensación de pertenencia a una comunidad. Como lo explica el teórico político Bikku Parekh, mientras que la ciudadanía es un tema de estatus y derechos, la pertenencia se alcanza cuando uno es aceptado y se siente bienvenido. Y para esto último todavía falta. Las actitudes de la gente no cambian en forma automática por efecto de la implementación de una ley. La ley es un parámetro objetivo de lo permitido, pero es necesario trabajar mucho más para modificar los parámetros de lo que es considerado normal o moralmente aceptable.

  Por eso, para preparar el terreno para el cambio legal, en los 18 meses entre la publicación de la sentencia de la Corte Suprema y la entrada en vigencia de la decisión, más de 35 OSC locales desarrollaron la campaña “Sí, Acepto”, llamando al reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esta campaña también fue acompañada por medios de comunicación, empresas que son parte del gremio de la publicidad, gremiales como el Asocio Empresarial para el Desarrollo, las Naciones Unidas y embajadas como las de Canadá y los Países Bajos.

  La campaña presentó testimonios de personas, parejas y familias LGBTQI+, así como de sus familiares, vecinos y amigos con el objetivo de promover la aceptación y modificar las percepciones de lo que significa ser LBGTQI+ en la sociedad costarricense. Fue una activación a nivel nacional, con videos que fueron transmitidos no solo por las redes sociales sino también por la televisión nacional durante meses. Es la mejor campaña que se ha ideado sobre el tema, y se la debemos a la señora Nisa Sanz, presidenta de la OSC Familias Homoparentales, y a Gia Miranda, vocera oficial de la campaña.

  Los videos mueven emociones y generan empatía. Llevaron a miles de personas que no estaban involucradas políticamente a renunciar a su sagrado derecho a la privacidad y dar la cara, para dejar ser una abstracción y volverse una realidad. Le puso un rostro humano a la idea abstracta de “los gays”, como la presentan los periódicos. Al decirles que no van a ser rechazadas, generó las condiciones para que las personas vayan perdiendo el miedo, pues la mayoría de las personas LGBTQI+ sufren algún tipo de rechazo en su vida cotidiana, independientemente de su estatus social. El resultado fue la participación de una ciudadanía activa, que con o sin pandemia no dio un paso atrás sobre el terreno conquistado. Esto fue determinante para dejarles claro a los diputados que intentaban sabotear el matrimonio civil igualitario que no les sería posible conseguirlo.

  Fue una de las campañas de derechos civiles más importantes de la historia, y quedará en el recuerdo como una luz que brilló en las tinieblas de la pandemia. Un día antes de que el matrimonio civil comenzara a regir para todas las personas adultas en Costa Rica, el obispo de la Iglesia Católica de Alajuela pronunció un mensaje que decía: “nos alegramos de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia y creo que ahí, donde hay una manifestación de cariño y de familia de alguna forma, ahí se manifiesta Dios, y tenemos que favorecerlo”. Si bien no necesariamente reflejaba la posición de toda la institución, las palabras de este representante religioso fueron el producto del excelente trabajo de los y las activistas para lograr el cambio cultural necesario para lograr la aceptación de las personas LGBTQI+.

  Es notable el modo en que Costa Rica pasó de criminalizar la homosexualidad en los años ’70 y cerrar sus bares, considerados “perversos”, y perseguirla con redadas bajo la excusa de la salud pública en los ’80, a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en 2016 y, tras una elección presidencial enfocada en el tema, nombrar en 2018 un comisionado presidencial para asuntos LGBTQI+ y reconocer dos años más tarde el matrimonio igualitario.

  Hemos dejado atrás una ley injusta más. Y mucha gente ha comprendido que el hecho de que la unión de pareja y los planes de vida de dos adultos del mismo sexo reciban protección legal no les afecta en nada – a lo sumo, valida la institución matrimonial de la cual ellos también forman parte – y que ser gay no tiene nada de malo, y que en todo caso nadie se “hace gay” como resultado de esta normalización.

  ¿Qué significación regional tienen los progresos logrados en Costa Rica?

  Centroamérica es una de las regiones más hostiles de América Latina para las personas LGBTQI+. Los asesinatos de personas homosexuales y trans son frecuentes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica, el primer país centroamericano que aprueba el matrimonio igualitario, debería ser un modelo para toda la región. La opinión consultiva de la Corte IDH tiene validez para la veintena de países de las Américas que reconocen su competencia. Panamá pronto podría seguir el camino de Costa Rica: se ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad fundada en el fallo de la Corte IDH, y la Fundación Iguales Panamá está coordinando la participación de la sociedad civil nacional internacional en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

  La Fundación Igualitxs también lleva mucho tiempo trabajando en el mismo sentido en El Salvador, mi país de origen. La sociedad civil salvadoreña ha logrado avances inmensos. En función de las tendencias regresivas de la Asamblea Legislativa sobre el tema de matrimonio civil igualitario, durante una década y media nuestros esfuerzos se centraron en la presentación de demandas de inconstitucionalidad del Código de Familia. Yo presenté una de estas demandas, titulada Demanda por la Igualdad, el 11 de noviembre de 2016. Poco después, varias OSC, como la Asociación Entre Amigos, Comcavis y Hombres Trans El Salvador, así como numerosos activistas independientes, presentaron una demanda similar.

  Igual que en Costa Rica, los sectores conservadores reaccionaron con fuerza. En la Asamblea Legislativa, se apuraron a dar inicio al proceso de ratificación de una reforma constitucional excluyente que llevaba años estancada, y que daría rango constitucional a la definición restrictiva del matrimonio que nosotros cuestionábamos en el Código de Familia, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frente a esto promovimos una solicitud de medida cautelar contra el proceso de reforma constitucional, y logramos que la Corte Suprema lo frenara. Fue a raíz de esta demanda que se creó el movimiento Igualitos, que luego se convertiría en la Fundación Igualitxs.

  Las dos demandas de inconstitucionalidad de 2016 fueron finalmente admitidas en agosto de 2019, y en enero de 2020 un magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anunció que el tribunal fallaría próximamente y admitió que esta es una de sus grandes deudas pendientes. De modo que puede que estemos cerca de lograrlo.

  ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil defensora de los derechos de las personas LGBTQI+ de la sociedad civil internacional?

  En el contexto de la pandemia del COVID-19, la situación se está poniendo cada vez más difícil. Los Estados tienen sus recursos comprometidos en la lucha contra la pandemia; las OSC enfrentan dificultades presupuestarias y la crisis está afectando a todo el mundo. Además, mucha gente se vuelca a la fe para sobrellevar la crisis y algunos grupos religiosos están aprovechando para impulsar campañas contra las personas LGBTQI+. Sin embargo, sigue siendo posible tomar medidas y acciones concretas, como por ejemplo, en El Salvador, la aprobación de un proyecto de ley que decenas de organizaciones impulsan para que se reconozca a las personas defensoras de derechos humanos.

  En lo que se refiere específicamente a nuestra organización, que no tiene fondos y funciona enteramente sobre la base del voluntariado, estamos tratando de ir de a un día a la vez, para retomar el control que hemos perdido por la pandemia. Pienso que es el momento para preguntarnos no solo qué queremos y podemos obtener de la vida, sino también qué podemos darle de regreso. De esta manera entramos a una zona de poder, donde conservamos agencia pese a las limitaciones. Salimos así de nuestra zona de confort para ingresar a una zona de crecimiento. A partir de la aceptación de la realidad que nos toca, tenemos que hacer una profunda introspección para reinventarnos. Este es el momento para volver a creer que todas las personas tenemos el potencial de hacer grandes cosas y dejar huella si actuamos no para obtener halagos y ganar popularidad, sino en busca de la satisfacción de hacer lo correcto y lo justo, generando un impacto positivo en el mundo.

  El espacio cívico en Costa Rica es clasificado como ‘abierto’ por elCIVICUS Monitor.
  Contáctese con la Fundación Igualitxs a través de susitio web y su perfil deFacebook. 

• COVID-19: ‘Los refugiados pagaron un precio mayor en una crisis que se creyó que afectaba a todos por igual’

  CIVICUS conversa sobre la situación de los refugiados del clima y los crecientes desafíos enfrentados durante la pandemia del COVID-19 con Amali Tower, fundadora y directora ejecutiva de Climate Refugees. Fundada en 2015, Climate Refugees defiende los derechos de las personas desplazadas y obligadas a migrar, incluso a través de las fronteras, como consecuencia del cambio climático. Documenta sus casos para arrojar luz sobre las brechas de protección y los vacíos legales y aboga por la adopción de soluciones con perspectiva de derechos humanos y la creación de normas y políticas que protejan a las personas afectadas por la migración y el desplazamiento impulsados por el cambio climático.

  

  Su organización se llama Climate Refugees (“refugiados del clima”) aunque actualmente el término no tiene respaldo en el derecho internacional. ¿A qué se debe esta elección? ¿Piensa que esta categoría debería ser oficialmente reconocida?

  Es verdad, el concepto no existe en el derecho internacional, pero los factores que impulsan la migración están cada vez más entrelazados, como se ha observado en el caso de las personas refugiadas y desplazadas internamente por efecto de conflictos y persecuciones. No es diferente en el contexto de la migración climática, que para millones de personas no es un problema puramente ambiental, sino una cuestión de justicia. Para muchas poblaciones que dependen de la tierra, los cambios climáticos tienen efectos sobre la supervivencia y los medios de vida, con impactos que exceden con creces lo individual, ya que afectan a la familia, la comunidad, la producción y las empresas locales. De modo que, antes de ser un factor que contribuye a la migración, el clima es un factor que durante años provoca profundas pérdidas y sufrimientos, se expresa en pérdidas económicas y tiene ramificaciones políticas. Esto se observa, por ejemplo, entre los agricultores de subsistencia del África subsahariana, de América Central y de muchas otras regiones. En este contexto, una persona desplazada por los impactos del cambio climático es al mismo tiempo desplazada por factores económicos y políticos, dado que en muchos países la situación política y los sistemas económicos tienen una gran vinculación con la situación del medio ambiente.

  Además, es importante recordar que los impactos del cambio climático y la migración y el desplazamiento provocados por el clima no son riesgos futuros. Se trata de una realidad que muchas personas ya están experimentando, y que se está manifestando en algunos de los sitios más frágiles del mundo y está siendo padecida por poblaciones empobrecidas y vulnerables que casi no han tenido responsabilidad alguna en la generación del cambio climático.

  Por eso abordamos el tema como una cuestión de igualdad y justicia. Habiendo trabajado durante mucho tiempo en la protección de personas refugiadas, habiendo entrevistado y proporcionado servicios a innumerables refugiados que huían del conflicto y la persecución, como lo establece la definición legal, soy plenamente consciente de la controversia y la reacción que esto puede provocar. Me costó tomar esta decisión, pero en última instancia, no pude reconciliar la definición legal con años de testimonios de personas que huían por razones diversas y que resaltaban entre sus motivaciones el impacto de años de devastación ambiental más que la guerra que todos sabíamos que estaba ocurriendo.

  De modo que finalmente nos decidimos por el término “refugiados climáticos” o “refugiados del clima” para provocar una discusión. Para enfatizar la responsabilidad política por el cambio climático. Para generar conciencia sobre los dispares impactos del cambio climático, que sobre algunas personas son letales. Para contribuir a las políticas públicas, provocarlas y desafiarlas. Para subrayar las necesidades escuchando la voz de las personas afectadas y para ayudarles a conseguir protección legal. En definitiva, para presentar esto como una cuestión de igualdad.

  En el terreno de las migraciones hay mucha discusión –hay quienes dirían que confusión- en materia de terminología. No hay consenso sobre los términos apropiados, por lo que se utilizan términos diversos, tales como “migración inducida por el clima” y “migrantes ambientales”.

  Creo que debemos tener cuidado de no simplificar el mensaje. Pero tampoco debemos emplear una terminología demasiado técnica sobre los temas de fondo y el sufrimiento que tantas personas de carne y hueso están experimentando. Debemos ayudar a los formuladores de políticas y a la ciudadanía a comprender que toda situación compleja supone una cantidad de factores coadyuvantes. A menudo las personas se han trasladado, convirtiéndose en refugiadas, como consecuencia de conflictos y sequías; basta con mirar el caso de Somalia. Otras personas se trasladan en busca de seguridad y mejores oportunidades para ganarse la vida, como lo estamos viendo en el caso de Centroamérica.

  Debemos dejar en claro que la línea divisoria entre migración “forzada” y “voluntaria” es a menudo malinterpretada, si es que no se trata de una falsa dicotomía.

  En resumen, utilizamos la expresión “refugiados del clima” para llamar la atención sobre la responsabilidad política de los países ricos y de ciertas industrias a la hora de garantizar acceso a la justicia, compensación, protección e igualdad en todos los niveles, porque las soluciones también deben ser multifacéticas.

  ¿Qué tipo de trabajo hace Climate Refugees?

  Climate Refugees es una organización de investigación e incidencia que produce informes a partir del trabajo de campo y se involucra en la formulación de políticas para examinar el cambio climático a través de una lente humana y ayudar a incluir y amplificar las voces de las comunidades cuyos medios de vida y seguridad han sido afectados y que han sido desplazadas u obligadas a migrar. De lo contrario, la conversación sobre el cambio climático seguiría siendo fría y abstracta, en vez de centrarse en los impactos que tiene sobre comunidades enteras y sobre seres humanos de carne y hueso.

  Además de producir informes en los sitios críticos de desplazamiento climático, educamos y contribuimos a generar conciencia acerca de los impactos del cambio climático sobre la movilidad humana en tiempo real y en formas no siempre exploradas, a través de dos publicaciones: EN FOCO: El desplazamiento climático en las noticias (SPOTLIGHT: Climate Displacement in the News) que, como su nombre lo indica, es un resumen actual de noticias globales y análisis de expertos acerca de los impactos del cambio climático sobre las migraciones, los derechos humanos, las leyes y políticas, los conflictos y la seguridad; y PERSPECTIVAS: El desplazamiento climático en el terreno (PERSPECTIVES: Climate Displacement in the Field), que incluye artículos sobre una variedad de temas relacionados con las migraciones y los desplazamientos inducidos por el clima, con opiniones de expertos e historias en primera persona.

  El objetivo que perseguimos con estas publicaciones es ofrecer información y presentar historias de personas migrantes y desplazadas y análisis experto a través de una lente de justicia climática que resalte los impactos desproporcionados del cambio climático sobre las poblaciones marginadas y desfavorecidas que son las menos responsables del cambio climático. Creo que, en gran medida, fundé esta organización para poder tener la conversación que creo que muchos de nosotros queremos tener, en torno de la idea de que estamos ante todo frente a una cuestión de justicia e igualdad y de que nuestras soluciones deberían derivarse de esa constatación.

  ¿Se han visto las personas refugiadas por el clima particularmente afectadas por la pandemia del COVID-19 y las restricciones derivadas de ella? ¿Qué se está haciendo al respecto?

  La pandemia del COVID-19 proporciona un buen ejemplo de un aumento de las violaciones de derechos en un contexto de crisis, y una refutación enfática de la afirmación de que “estamos todos en el mismo barco”. Las personas migrantes y refugiadas ciertamente pagaron un precio más alto durante una pandemia global que muchos creyeron que afectaba a todos los seres humanos por igual. Es difícil lograr mantener la distancia social cuando se es una persona desplazada que vive en condiciones de hacinamiento en un asentamiento, ya sea formal o informal, urbano o rural, ya sea que se trate de un campamento de refugiados o de viviendas provisorias para migrantes. A las personas migrantes y refugiadas les fueron negados la libertad de movimiento, el derecho a la salud y el derecho a la información en un grado más alto que a otras poblaciones, y experimentaron más impedimentos para acceder a sus derechos.

  No se trata de señalar a ningún país en particular, porque el punto es que las poblaciones vulnerables que durante la pandemia deberían haber recibido mayores protecciones, en casi todas partes se volvieron, por el contrario, más vulnerables. En el Líbano, las personas refugiadas fueron sometidas a restricciones más estrictas de toque de queda, que incluso impidieron su acceso a tratamiento médico. En el asentamiento de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, las personas refugiadas rohingya fueron forzadas a permanecer en el campamento y se les negaron los derechos a la comunicación y a la salud. En muchos países donde se hacinan en viviendas precarias, como ocurre en Malasia, muchas personas migrantes fueron detenidas. Estados Unidos les negó a las personas solicitantes de asilo el derecho a solicitar asilo y violó el principio de no devolución, retornándolas a la frontera sin audiencia previa, deportando a solicitantes de asilo cuyos tests de COVID-19 dieron positivo y exportando en ese acto el virus a Haití y a Centroamérica. Estados Unidos continúa deteniendo a miles de personas, mayoritariamente procedentes de Centroamérica, que huyen no solamente de la violencia y la persecución sino también de los impactos del cambio climático, negándoles la libertad de movimiento y, posiblemente, en algunos casos también los derechos a buscar asilo, al debido proceso y a la salud.

  Cuando el ciclón Amphan estaba a punto de azotar la Bahía de Bengala en mayo de 2020, en el punto más álgido de la pandemia, las poblaciones de las zonas afectadas fueron reubicadas antes del desastre, lo cual salvó vidas, pero también significó que el distanciamiento social no se pudo implementar en el contexto del desplazamiento y la vulnerabilidad frente al virus pasó a ser una gran preocupación.

  Me temo que la situación no será diferente a medida que la crisis climática empeore. Ésta afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del mundo y, una vez más, nos encontraremos en una situación en la que debería ser pertinente pensar que estamos todos en el mismo barco, pero nuevamente nos daremos cuenta de que algunos de nosotros tenemos los medios para escapar de la peor parte de los impactos del cambio climático, mientras que otros cuentan con protecciones sociales limitadas mientras que muchos otros, que ya están en la pobreza extrema y al margen de la sociedad, caerán más abajo y no podrán huir de los múltiples impactos en todos los niveles.

  ¿Está el tema del desplazamiento climático recibiendo suficiente atención? ¿Se ha logrado algún progreso en la conformación de un marco legal internacional que proteja a las personas desplazadas por el cambio climático?

  Sin duda, estamos viendo que los medios prestan más atención a los impactos del cambio climático, entre ellos las migraciones. Pero a medida que el tema se convierte en parte de la conversación cotidiana, también existe la posibilidad de que se pierdan matices importantes. Yo diría que se han logrado algunos avances en el área del desplazamiento climático, es decir, de los desplazamientos que se producen como resultado de desastres tales como inundaciones y tormentas. Tenemos datos que nos dicen cuántas personas son desplazadas cada año por desastres -un promedio de alrededor de 25 millones- y comprendemos mejor la naturaleza y las determinaciones causales de estos desplazamientos.

  Pero la migración climática es mucho más complicada, ya que los factores que impulsan esta migración, ya sea interna o a través de las fronteras, están cada vez más entrelazados. Y cuando hay múltiples factores en juego, es difícil desentrañar qué papel juega cada uno de ellos, o en qué medida el fenómeno resultante, en este caso la migración, puede atribuirse a una causa determinada, en este caso al cambio climático. La ciencia y la tecnología en el área de la atribución climática están mejorando, lo que permite a los expertos determinar cada vez mejor la medida en que el cambio climático es un factor relevante en cada situación. Pero en términos generales, en muchas partes del mundo el medio ambiente también es un problema económico y político, por lo que por el momento es correcto afirmar que el cambio climático está contribuyendo grandemente a las migraciones.

  Dicho esto, gran parte de la discusión sobre el marco legal se estanca en conversaciones que giran en torno del hecho de que las migraciones son en gran parte internas, así como en proyecciones de desplazamientos apocalípticas. El sistema internacional duda en impulsar conversaciones que conviertan aún más a las migraciones en un tema de seguridad y los estados se resisten a asumir compromisos que brinden mayores protecciones a las personas migrantes o refugiadas.

  Entonces, por ahora los avances se limitan a compromisos no vinculantes por parte de los estados bajo la forma Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que incluye algunas medidas relacionadas con la migración ambiental a través de las fronteras. La Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres es una iniciativa liderada por estados que hace un buen trabajo a la hora de proteger a las personas desplazadas a través de las fronteras a causa de desastres y del cambio climático.

  A principios de este año el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió revisar el caso de una persona de Kiribati que afirmaba ser “refugiada climática”. Había llevado su caso ante dicho órgano de derechos humanos con el argumento de que el hecho de que Nueva Zelanda denegara su solicitud de asilo violaba su derecho a la vida en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ONU estableció que los países no pueden deportar a personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático que violan su derecho a la vida.

  ¿Qué debería hacerse para que el problema sea no solamente reconocido sino también mitigado?

  Hay quienes temen que alertar sobre una inminente crisis migratoria provocada por el cambio climático podría tener el efecto de alimentar la hostilidad y la xenofobia contra las personas migrantes y refugiadas. Si bien entiendo el argumento y reconozco que el riesgo es real, también creo que es igualmente cierto que, para las personas xenófobas y hostiles hacia migrantes y refugiados, cuál sea el motivo que lleva a la gente a migrar no es relevante. De modo que cuando hablamos de estas cosas debemos preocuparnos por encontrar un delicado equilibrio, ya que realmente no sabemos cómo resultará, pero lo que sí sabemos es que las trayectorias y las perspectivas no suelen ser tan buenas, falta voluntad política y la cuestión no suele abordarse desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en la protección de las comunidades afectadas, entre ellas las personas migrantes. En ese sentido, no se trata de ser alarmistas con los números, sino más bien de hacer sonar la alarma respecto de la necesidad de hacer mejor las cosas para llenar vacíos vitales en materia de derechos y protecciones.

  Se suele poner demasiado el acento en cómo no deberíamos llamar a estas personas, cómo no deberíamos enmarcar el tema, pero en cambio no se presta suficiente atención a cómo deberíamos proteger a las poblaciones vulnerables.

  Los países que ya tenían un problema de pobreza extrema ahora están luchando también contra condiciones climáticas extremas, y hay en este punto una enorme injusticia subyacente, en la medida en que no se reconoce que el cambio climático no fue provocado por todos por igual, y que sus impactos tampoco serán experimentados por todos por igual.

  Se podría hacer mucho más en materia de adaptación. La adaptación es muy costosa y los países que soportan el grueso de los impactos del cambio climático no están en condiciones de asumir también sus costos financieros. Muchos expertos regionales afirman que gran parte de la financiación internacional que se les destina se centra en la mitigación de los efectos del cambio climático más que en la adaptación.

  Tenemos que desarrollar la resiliencia de las comunidades para resistir los efectos del cambio climático y, en algunos contextos, esto también podría suponer la construcción de instituciones de gobernanza, instituciones públicas y capacidades para resistir frente a las fuertes presiones de los impactos del cambio climático sobre las sociedades.

  La adaptación puede requerir innovación, desarrollo de infraestructura y cambios sociales, todo lo cual puede ser muy costoso, y la planificación de la adaptación debe respetar los derechos humanos y habilitar opciones, incluida la opción de migrar, que tampoco es necesariamente una “opción” enteramente voluntaria. El punto es que el establecimiento de caminos seguros para migrar, cuando las condiciones no permiten que la gente se quede, es una forma de salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones afectadas por el cambio climático.

  ¿Se están estableciendo suficientes conexiones entre los esfuerzos de promoción de los derechos de migrantes y refugiados y el activismo climático?

  Desde mi perspectiva, daría la impresión de que existen pocas conexiones entre estos dos movimientos y pienso que hay un gran potencial para una labor de incidencia conjunta más fuerte. Por ejemplo, el solo hecho de ampliar la conversación sobre la migración climática y convertirla en el debate de un movimiento más que en una conversación sobre investigación y política pública, sería un paso adelante en el involucramiento de la ciudadanía en una cuestión que me temo que para mucha gente es demasiado difícil de entender, por no decir de abordar.

  Al mismo tiempo, existe un público preocupado e interesado que desea ser parte de la solución. De modo que, al mismo tiempo que tratamos de contribuir a las políticas públicas, nos esforzamos para que la información sea más accesible de modo de poder involucrar y unir al movimiento con la ciudadanía para abordar el problema como una cuestión de justicia climática, ya que así es como lo vemos.

  Contáctese con Climate Refugees a través de supágina web, su cuenta deInstagram o su perfil deFacebook, y siga a@Climate_Refugee y a@TowerAmali en Twitter.

• DERECHOS DE LOS MIGRANTES: “Europa instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración”

  CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas migrantes y refugiadas en Grecia con Maya Thomas-Davis, una de las responsables de Incidencia y Comunicación del Centro Legal Lesvos AMKE, una organización de la sociedad civil griega que proporciona información y asistencia legal gratuita a las personas migrantes que llegan por mar a Lesbos, donde el Centro tiene su sede. El Centro Jurídico también documenta las violaciones de los derechos de las personas migrantes, aboga por rutas migratorias seguras y legales y hace incidencia y litigio estratégico para que el gobierno griego, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y las instituciones europeas rindan cuentas por el trato que dan a las personas migrantes.

  

  Foto: Legal Centre Lesvos @Instagram

  ¿Qué tipo de trabajo realiza el Centro Jurídico, y cómo se las ha arreglado durante la pandemia?

  El Centro Jurídico Lesbos (LCL) es una organización civil jurídica y política sin ánimo de lucro basada en principios de solidaridad, no de caridad. Desde agosto de 2016, ofrece acceso a información, asistencia y representación jurídica a las personas migrantes que llegan por mar a la isla griega de Lesbos. El LCL también trabaja por la justicia colectiva y el cambio estructural como parte del movimiento de resistencia al imperialismo fronterizo de Europa en varios frentes, incluidas la incidencia y el litigio estratégico. El LCL fue fundado en respuesta a la declaración UE-Turquía de marzo de 2016, un acuerdo de dudosa legalidad mediante el cual la Unión Europea convirtió a las personas que buscaban libertad, seguridad y dignidad en mercancías y moneda de cambio: en ese acto, acordó un pago de 6.000 millones de euros al régimen autoritario de Erdogan a cambio de que Turquía actuara como guardia fronterizo de la fortaleza Europa. Este “acuerdo” transformó la isla de Lesbos en un lugar de reclusión indefinida para las personas migrantes. El LCL ofrece acceso a información legal y asistencia en solidaridad con las personas migrantes atrapadas aquí, sin perder de vista que la migración a Europa está íntimamente relacionada con el pasado y el presente imperialista del continente y con los intereses del capitalismo global; que las brutales violaciones que se observan aquí son siempre opciones políticas; y que las personas más afectadas son los actores políticos más importantes a la hora de desafiar el sistema y montar una resistencia.

  El LCL tiene una política de puertas abiertas, lo que significa que no rechaza a nadie ni niega a nadie información o asistencia jurídica porque su caso no sea lo suficientemente “sólido” o no resulte adecuado para un litigio estratégico. Mantenemos esta postura porque creemos que, como mínimo, todo el mundo tiene derecho a entender el marco legal al que está sujeto, especialmente en el contexto del derecho de asilo, donde las consecuencias pueden ser una cuestión de vida o muerte.

  Para facilitar el acceso a la información, antes de que se introdujeran las restricciones vinculadas con el COVID-19, el LCL había organizado sesiones informativas grupales periódicas sobre los procedimientos de asilo, en varios idiomas. Este es sin duda un aspecto de nuestro trabajo donde la pandemia ha creado dificultades. En Lesbos se han aplicado medidas de confinamiento, con distintos grados de intensidad, desde marzo de 2020. Debido a las limitaciones de capacidad de las oficinas que impusieron las restricciones, nos resultó imposible seguir realizando sesiones informativas grupales. Hemos conseguido mantener la política de puertas abiertas con horarios estrictos, con muchos de nosotros trabajando desde casa al menos una parte del tiempo, y estamos tratando de seguir facilitando un acceso más amplio a la información a través de otros medios, como por ejemplo mediante actualizaciones en varios idiomas en nuestro sitio web y en las redes sociales.

  ¿Cómo ha evolucionado la situación de las personas migrantes y refugiadas en 2020 a raíz de la pandemia? 

  Al tiempo que la pandemia de COVID-19 se extendía por Europa, el 1 de marzo de 2020 el Estado griego  suspendió en forma ilegal el derecho de asilo y procedió a la violenta fortificación de las fronteras. La UE alabó a Grecia como “escudo” de Europa y la Agencia Europea de Fronteras y Costas, también conocida como Frontex, le proporcionó un creciente apoyo material. Aunque la UE lleva muchos años ejerciendo violencia contra las personas migrantes en sus fronteras, rechazándolas y negándoles la entrada, parece que los funcionarios griegos y de la UE creyeron que la pandemia les daría la cobertura perfecta para intensificar su ataque contra las personas migrantes en el Egeo, con total impunidad.

  Desde marzo de 2020, el número oficial de llegadas por mar a Grecia ha disminuido drásticamente: se ha reportado una disminución de 85% en comparación con 2019. En el mismo plazo, numerosos informes e investigaciones han revelado que las autoridades griegas recurren sistemáticamente a la práctica de las expulsiones colectivas, llevadas a cabo mediante un modus operandi consistente, con la complicidad documentada de Frontex. Según todos los relatos compartidos con el LCL por sobrevivientes de estas expulsiones, las autoridades griegas han expulsado sumariamente a personas migrantes del territorio griego sin registrar su llegada ni facilitar su acceso a los procedimientos de asilo. Ya sea en medio del mar o tras su desembarco en una isla del Egeo, las autoridades griegas trasladan por la fuerza a las personas migrantes hacia aguas turcas antes de abandonarlas en el mar en botes sin motor y no aptos para la navegación o en balsas salvavidas, absolutamente indiferentes a si viven o mueren. A pesar de los numerosos informes, declaraciones, investigaciones y denuncias de este continuo ataque contra las personas migrantes, las expulsiones fuera de la frontera del Mar Egeo continúan con impunidad; de hecho, constituyen la implementación no oficial de los objetivos del acuerdo entre la UE y Turquía en momentos en que la frontera turca permanece oficialmente cerrada.

  Mientras tanto, en Lesbos, las restricciones relacionadas con la pandemia no han hecho más que agravar la situación de violencia policial, discriminación y detención masiva efectiva de personas migrantes. Las restricciones relacionadas con el COVID-19, tales como los toques de queda y la exigencia de llevar una autorización para circular, se han aplicado de forma injustificadamente discriminatoria. Recientemente, el 15 de febrero de 2021, por ejemplo, el toque de queda para la población general de Lesbos se levantó entre las 18:00 a las 21:00 horas; sin embargo, para las personas migrantes que viven en el campamento se mantuvo un régimen separado de restricciones, y se las sometió a un toque de queda más estricto a partir de las 17:00 horas. Más allá de las citas médicas o legales, solo se les permite que un miembro de la familia salga del campamento una vez a la semana. Incluso cuando presentan una justificación escrita, el permiso para salir del campamento es a menudo denegado de forma arbitraria. A la hora de revisar documentos y permisos de circulación, así como al imponer multas, la policía se ensaña desproporcionadamente con personas racializadas.

  Mientras tanto, los cambios en el funcionamiento de la Oficina Regional de Asilo y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en Lesbos, que venían realizando entrevistas a distancia con solicitantes de protección internacional, han dado lugar a nuevas violaciones de los procedimientos. Entre ellas se encuentran los obstáculos en el acceso a la asistencia jurídica en primera instancia y a la presentación de recursos dentro de los plazos debido a las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia y al acceso restringido a las oficinas de la EASO; la imposibilidad de garantizar la confidencialidad necesaria debido a que las entrevistas a distancia por teléfono o vídeo se realizan en instalaciones inadecuadas; y la imposibilidad de presentar de forma exhaustiva los motivos de las solicitudes a causa de interrupciones prácticas y técnicas de las entrevistas de asilo.

  En cuanto a la situación sanitaria, el Estado no ha evacuado sistemáticamente a las personas en riesgo de los campamentos superpoblados e insalubres de Lesbos, donde las medidas de distanciamiento son imposibles. Al igual que el anterior campamento de Moria, que se incendió en septiembre de 2020, el nuevo centro de acogida e identificación de Mavrovouni/Karatepe -también conocido como “Moria 2.0”- no es apto para la habitabilidad humana. Por si las condiciones de alojamiento, atención sanitaria, privacidad, alimentación, electricidad, agua corriente, duchas calientes, aseos y otras instalaciones higiénicas no fueran lo suficientemente malas, desde 1926 y hasta su precipitada transformación en campamento en septiembre de 2020, el emplazamiento de Moria 2.0 había sido un campo de tiro militar, y el gobierno griego ha admitido que se ha encontrado una alta concentración de plomo en las muestras tomadas del lugar. La intoxicación por plomo provoca daños en los órganos, cáncer y daños en el desarrollo de fetos y niños. No se conoce ningún nivel de exposición al plomo que no tenga efectos nocivos. En estas condiciones, el hecho de que el Estado griego no traslade a las personas que están desproporcionadamente expuestas a peligro de muerte en las condiciones inhumanas de Moria 2.0 para darles condiciones de vida adecuadas supone un atentado contra las vidas migrantes.

  ¿Cuáles diría que son las principales violaciones de derechos que sufren las personas migrantes y refugiadas en Lesbos? 

  El hecho de que cientos de personas hayan sido, y sigan siendo, trasladadas a la fuerza y luego abandonadas en medio del mar por las autoridades griegas sin medios para pedir rescate, en botes y balsas salvavidas no aptos para la navegación, constituye una forma espectacular de violencia estatal contra las personas migrantes. Más allá de las violaciones de derechos, la posición del LCL es que los elementos constitutivos del modus operandi sistemático de las expulsiones colectivas en el Egeo, sumados al carácter generalizado y sistemático del ataque, equivalen a crímenes contra la humanidad. La práctica de las expulsiones sistemáticas impunes revela hasta qué punto la fortaleza Europa trata las vidas migrantes como desechables. Es la clase de tratamiento que históricamente ha acompañado la comisión de crímenes atroces.

  El mismo desprecio por las vidas de las personas migrantes se desprende de las condiciones que éstas se ven obligadas a soportar en los campamentos y centros de detención en Lesbos, que constituyen violaciones del derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes y a la tortura, de los derechos a la libertad y la seguridad, a la vida privada y familiar, al recurso efectivo, a la no discriminación y, en suma, a la vida. Ese desprecio se revela en el hecho de que las personas son obligadas a esperar en el limbo durante años, aisladas de sus familias, amigos, comunidades y objetivos de vida, sin poder avanzar ni retroceder. Se observa también en el hecho de que la UE prioriza y financia cada vez más la detención masiva y efectiva de personas migrantes, mediante sistemas de “puntos calientes”, procedimientos fronterizos acelerados, deportaciones forzosas, militarización de las fronteras y externalización del control fronterizo mediante acuerdos de dudosa legalidad con terceros países y el condicionamiento de la ayuda y otros paquetes financieros a la fortificación de las fronteras.

  Aunque la violencia de las expulsiones en el Egeo es escandalosa y debe ser tratada como tal, no es en absoluto una aberración en el marco de la lógica del régimen fronterizo europeo, que instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración a cualquier precio. Incluso si en Lesbos se cumplieran las normas de acogida y de procedimiento exigidas por el Sistema Europeo Común de Asilo, muchas personas seguirían siendo excluidas, y el sistema seguiría siendo violento y fundamentalmente insuficiente para garantizar las condiciones de desarrollo humano que todas las personas merecen. Por esta razón, aunque el LCL seguirá documentando, denunciando y buscando reparación para las violaciones sistemáticas de derechos en Lesbos, somos conscientes de que al mismo tiempo debemos organizarnos para lograr un cambio sistémico: el marco de derechos humanos de Europa no puede fallarles a personas a las que no fue diseñado para proteger.

  ¿Cuál es su posición respecto de las protestas de personas refugiadas frente a las condiciones de vida en los campos y la suspensión de los procedimientos de asilo? 

  El LCL siempre se ha organizado y actuado en solidaridad con la resistencia liderada por migrantes. A lo largo de los años esto ha tomado muchas formas, incluyendo protestas, huelgas de hambre, publicaciones colectivas, asambleas y ocupaciones. El Estado ha respondido con intentos de castigar colectivamente la resistencia organizada de migrantes en Lesbos. Un ejemplo de ello fue el de los 35 de Moria hace unos años. Pero hay muchos ejemplos más recientes. Por supuesto, esta resistencia puede entenderse como un ejercicio de los derechos humanos, y específicamente de los derechos a las libertades de asociación, de reunión pacífica y de expresión, y en tanto que organización legal, esta es una de las formas en que entendemos y apoyamos este tipo de acciones. Sin embargo, en Lesbos -donde los derechos se violan sistemáticamente con total impunidad, se imponen deliberadamente condiciones de miseria y la situación siempre parece seguir empeorando justo cuando ya parecía que no cabía imaginar algo peor- la resistencia organizada es también, en muchos sentidos, la única opción que queda.

  ¿Qué tipo de apoyo necesitaría el LCL de la sociedad civil internacional para seguir haciendo su trabajo?

  El año pasado, el Estado griego introdujo nueva legislación sobre el registro de organizaciones de la sociedad civil, imponiendo requisitos de registro y certificación onerosos y complejos que constituyen barreras innecesarias y desproporcionadas para las organizaciones que trabajan en solidaridad con las personas migrantes en Grecia. Esto sin duda dificultará el trabajo del LCL, tal como está previsto que ocurra. El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de las ONGI del Consejo de Europa ya ha expresado su preocupación por estos nuevos requisitos, y como forma de apoyo de parte de la sociedad civil internacional, todo desafío que pueda interponerse frente a estas medidas sería bienvenido.

  En general, el apoyo y la solidaridad internacionales son necesarios para resistir frente al entorno cada vez más hostil para las personas migrantes en Grecia, así como para quienes trabajan en solidaridad con ellas. Las campañas de desinformación de la extrema derecha, que acusan de criminales a las personas migrantes y a las organizaciones de solidaridad con ellas, se traducen cada vez más en prácticas del Estado griego, tales como la identificación por parte de la policía griega de cuatro grupos de derechos humanos y de solidaridad con migrantes en una investigación en la que se les acusa de espionaje, formación de y pertenencia a una organización criminal; el procesamiento sistemático de migrantes por parte del Estado griego por facilitar entradas o salidas ilegales; su perversa decisión de procesar al padre de un niño de seis años que se ahogó trágicamente en un naufragio cerca de Samos en noviembre de 2020 por haber puesto en peligro la vida de su hijo; y su decisión de presentar cargos penales contra una mujer que, desesperada, se prendió fuego en Moria 2. 0 en febrero de 2021. Esas medidas que presentan a las personas migrantes y a quienes actúan en solidaridad con ellas como criminales y como amenazas para la nación son el producto de una táctica deliberada y eficaz para ocultar el hecho de que son los Estados los que poseen el monopolio de la violencia y para distraer la atención de las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes que ellos cometen.

  En términos más generales, de las propuestas legislativas contenidas en el “nuevo” pacto de la UE sobre migración y asilo se desprende que la UE intentará extender el modelo que ya ha probado en el laboratorio de Lesbos y de las otras “conflictivas” islas griegas a todas las fronteras exteriores de Europa. Este modelo incluye la detención a la llegada, la aceleración de los procedimientos fronterizos de detención en función de tasas de reconocimiento de asilo por nacionalidad, el uso de la deportación como forma de “solidaridad” entre los Estados miembros y la ampliación del uso de los datos personales y biométricos de las personas migrantes. Este año se va a construir un nuevo campo “controlado” en Lesbos, en una zona intencionadamente alejada y conocida por el peligro de incendios forestales. La solidaridad internacionalista será siempre nuestra mejor arma para organizar la resistencia desde abajo frente a todas estas medidas.

  El espacio cívico en Grecia es calificado como “reducido” por elCIVICUS Monitor.
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• El espacio cívico sigue reduciéndose en Peru

  Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 53ª Sesión

  Aprobación del Informe EPU

  Pronunciada por Humberto Mendez Ramos

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  Saludos desde la Asociación por los Derechos Humanos (APRODEH). Después del periodo del conflicto armado interno y dictadura que vivió el Perú entre el 80 y el 2000, el país no experimentaba un escenario tan critico en el cual los derechos humanos y la misma democracia fueran sometidas y vulneradas por una alianza autoritaria y anti-derechos que tiene el Parlamento como su centro de poder.

  Consecuencias de esa concentración de poder, han sido no solo la grave crisis política y de represión que vivimos desde diciembre de 2022 y que produjo 49 muertos por acción de las fuerzas del orden, sino también la captura de las instituciones democráticas como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, entre otras, que aseguraban mínimos de democracia y ejercicio de derechos en el país.

  Si bien nuestra democracia ha sido imperfecta en estos cuatro quinquenios, pues diversos territorios experimentaron escenarios de conflictividad social que también produjo la muerte de más de medio centenar entre el 2012 al 2021, las reglas mininas de convivencia democrática, como la independencia de poderes para la investigación y sanción de estos casos de vulneración de derechos nunca estuvo amenazada o en riesgo de existir, como sí lo está hoy en favor de la impunidad.

  Este escenario de progresivo autoritarismo, camino a consolidar un nuevo tipo de dictadura, nos preocupa no sólo por la eliminación de la independencia de poderes o la imposición de la impunidad frente a los casos de muerte producidos recientemente, sino a la amenaza y riesgo de poder vivir un nuevo escenario de amplia represión y un Estado anti derechos como el que tuvimos en la década de los noventa y que implicó amplias y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.

  Bajo este contexto, solicitamos a las instituciones internacionales estar alertas y vigilantes ante el reinicio de movilizaciones que se van a producir desde el diecinueve de julio en adelante.

  Muchas gracias.