derechos humanos

 

  • ‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

    Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

    Rodrigo Mundaca

    ¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

    El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

    La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

    Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

    ¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

    La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

    En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

    ¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

    Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

    Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

    En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

    Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

    Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

    La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

    ¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

    Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

    A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

    Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

    La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

    ¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

    En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

    También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

    ¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

    Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

    También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

    Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

    ¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

    Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

    Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

    El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • ANGOLA: “El partido en el poder ve a las elecciones locales como una amenaza”

    Acceda a la entrevista original en portugués aquí

    Pascoal Baptistiny 1CIVICUS conversa acerca de la situación en Angola con Pascoal Baptistiny, Director Ejecutivo de MBAKITA - Misión Benéfica Agrícola de Kubango, Inclusión de Tecnologías y Medio Ambiente, una organización de la sociedad civil con sede en la provincia de Cuando Cubango, en el sur de Angola. Fundada en 2002, MBAKITA defiende los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, denuncia la discriminación que padecen y la expropiación de sus tierras, y promueve una sociedad más justa, democrática, participativa, tolerante, solidaria, sana y humana.

     

    ¿Cuál es el estado del espacio cívico en Angola, y cuáles son las principales limitaciones que enfrentan los activistas angoleños?

    La represión del espacio cívico en Angola es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad civil angoleña en la actualidad. Los activistas sufren detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y malos tratos, secuestros, asesinatos, acoso y desapariciones por parte de las fuerzas gubernamentales, la policía y los servicios de inteligencia del Estado. Esta represión ha hecho que muchos angoleños tengan cuidado con lo que dicen en público. Las pocas organizaciones que defienden los derechos humanos en Angola a menudo lo hacen asumiendo grandes riesgos personales y familiares.

    ¿Podría contarnos sobre las restricciones que usted y sus colegas enfrentaron en 2020?

    En 2020, mis colegas de MBAKITA y yo enfrentamos obstáculos destinados a impedir, minimizar, interrumpir y revertir el impacto de las actividades legítimas de la organización, centradas en la crítica, la denuncia y la oposición a las violaciones de derechos y a las posiciones, políticas y acciones gubernamentales ineficaces.

    Entre las diversas formas de restricción que experimentamos se cuentan las restricciones y cancelaciones arbitrarias de manifestaciones y reuniones; la vigilancia; las amenazas, la intimidación, las represalias y los castigos; las agresiones físicas; las campañas de difamación que presentan a los miembros de MBAKITA como “enemigos del Estado” y mercenarios al servicio de intereses extranjeros; el acoso judicial; las multas exorbitantes para la adquisición de medios de transporte; robos en nuestras oficinas y la sustracción de equipos informáticos; el registro y la confiscación de bienes; la destrucción de vehículos; la privación de empleo e ingresos; y la prohibición de viajar.

    Además, 15 activistas fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a malos tratos durante la campaña de prevención del COVID-19. El 1º de mayo mi residencia fue invadida y los guardias fueron atacados con gases lacrimógenos. El 16 de noviembre, dos activistas fueron violadas. Entre las víctimas fatales del año se cuentan tres de nuestros activistas y un manifestante.

    ¿Qué tipo de trabajo realiza MBAKITA? ¿Por qué cree que la organización ha sido atacada?

    MBAKITA es una organización que defiende y promueve los derechos humanos. Trabajamos para promover, proteger y difundir los libertades y derechos humanos universalmente reconocidos, y especialmente los derechos a las libertades de reunión, asociación, manifestación pacífica, expresión y prensa, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, los derechos a la tierra, a una alimentación adecuada, al agua potable y al medio ambiente, y la lucha contra la tortura y los malos tratos.

    Cuestionamos las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de las personas indígenas, étnicas, lingüísticas, LGBTQI+, con discapacidades y migrantes.

    Mi organización utiliza medios pacíficos y no violentos en sus actividades. Sin embargo, hemos enfrentado riesgos incalculables como consecuencia de nuestro trabajo de derechos humanos en las provincias del sur de Angola. 

    MBAKITA es atacada sistemáticamente por varias razones. Primero, porque en 2018 denunció la muerte de cuatro niños durante la Operación Transparencia, una acción contra el tráfico de diamantes y inmigrantes indocumentados llevada a cabo por la policía y las fuerzas armadas angoleñas en el municipio de Mavinga, provincia de Cuando Cubango. En segundo lugar, porque en 2019 denunció el desvío de fondos destinados a apoyar a las víctimas de la sequía en las provincias del sur de Angola por parte de los gobiernos provinciales. Tercero, porque en abril de 2019, dos activistas de la organización denunciaron la apropiación ilegal de tierras por parte de empresarios políticos -generales, diputados y gobernadores- en territorios pertenecientes a las minorías indígenas San y Kuepe y utilizados para la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, que constituyen la dieta de estas poblaciones. Cuarto, porque en febrero de 2020 MBAKITA denunció el desvío de fondos destinados a la compra de material de bioseguridad para la prevención del COVID-19 y el desvío de alimentos destinados al Programa de Asistencia a la Canasta Básica para Grupos Vulnerables. En quinto lugar, porque participamos y llevamos a cabo una campaña de sensibilización sobre el COVID-19, que incluyó la distribución de material de bioseguridad adquirido con fondos de MISEREOR-Alemania. Y, finalmente, porque participamos en todas las manifestaciones realizadas por la sociedad civil angoleña, incluida la más reciente, que tuvo lugar el 9 de enero de 2021, centradas en la lucha contra la corrupción y la exigencia de elecciones locales bajo el lema “Elecciones locales ya, ¡45 años en el poder es mucho!” y del cumplimiento de las promesas electorales de 500.000 puestos de trabajo, la reducción del costo de vida para las familias y la inclusión socioeconómica de las minorías indígenas, entre otras.

    ¿Por qué se cancelaron las elecciones previstas para 2020?

    Por un lado, por la pandemia de COVID-19. Pero al margen de esta pandemia mortal, el gobierno nunca ha estado interesado en celebrar elecciones locales en 2020. El partido en el poder, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), ve a las elecciones locales como una amenaza para el poder central y teme perder el control del poder. Tiene miedo de introducir un elemento de control de los votantes sobre los gobiernos locales, es decir, de participación y control de la ciudadanía sobre la gestión de los fondos públicos. El gobierno piensa que el pueblo despertará a la idea del Estado democrático y el Estado de derecho, es decir, que mucha gente ganará conciencia de sus derechos y deberes. Esto atentaría contra la intención del MPLA, que es perpetuarse en el poder.

    La promesa de la democracia local en Angola ha sido un fracaso. A tres años de gobierno, el presidente João Lourenço no ha cumplido ni el 10% de sus promesas electorales, dejando al 90% de los angoleños en estado de total escepticismo.

    En Angola, el partido que está en el poder desde hace más de 45 años no tolera a las personas libres. Hoy en día, los y las defensoras de derechos humanos pierden puestos de trabajo, pierden el pan para sus hijos, pierden sus carreras e incluso pierden sus vidas si se atreven a ser libres, a desear la democracia y a ejercer la libertad.

    ¿Qué perspectivas hay de que la situación cambie en un futuro próximo?

    Para que la situación cambie, la sociedad civil tiene mucho trabajo por hacer. Las acciones más importantes y urgentes son la adquisición de formación en seguridad individual, institucional y digital, el aprendizaje del idioma inglés, la obtención de estatus de observador ante la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos, la observación y participación en manifestaciones y otros actos públicos, la incidencia y el cabildeo para la legalización de las organizaciones de derechos humanos, la realización de visitas a las cárceles, incluyendo entrevistas con los presos y la recopilación de pruebas de las torturas, malos tratos y condiciones penitenciarias, la observación de los juicios contra activistas en los tribunales inferiores, la recaudación de fondos para la sostenibilidad de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, y el monitoreo de las elecciones locales de 2021 y de las elecciones generales de 2022.

    ¿Qué tipo de apoyo necesitan los y las activistas angoleñas de parte de la sociedad civil internacional para poder continuar haciendo su trabajo?

    Las necesidades son enormes y muy variadas. Los y las activistas necesitan urgentemente protección y seguridad, lo que incluye formación en análisis de riesgos, elaboración de planes de seguridad y formación en mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, así como técnicas para investigar, litigar, documentar, presentar peticiones y denunciar violaciones de los derechos humanos. En concreto, en MBAKITA nos gustaría recibir asistencia técnica para evaluar qué dispositivos de seguridad se podrían implementar para aumentar la protección física de la oficina de la organización y de mi residencia, así como apoyo financiero para la compra de dichos dispositivos, por ejemplo para la adquisición de un sistema de seguridad o una cámara de videovigilancia.

    Los activistas agredidos, y especialmente los 15 activistas de MBAKITA que han sido víctimas directas de represión y tortura a manos de las fuerzas gubernamentales, también necesitan asistencia psicológica postraumática. La ayuda financiera nos ayudaría a pagar los honorarios de los abogados que trabajaron por la liberación de seis activistas que fueron encarcelados entre agosto y noviembre de 2020. También nos ayudaría a reponer el equipo de trabajo robado, sin el cual nuestra capacidad de trabajo se ha visto reducida: dos vehículos, ordenadores, tarjetas de memoria, cámara digital y videocámara.

    Para los activistas amenazados de detención arbitraria, secuestro o asesinato, que no tienen otra opción que abandonar rápidamente el país o su región de origen, necesitamos apoyo para el transporte y la estadía. Nuestros activistas también se beneficiarían de intercambios de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, para reforzar sus conocimientos sobre seguridad digital, y para formarse en técnicas periodísticas y audiovisuales y en el aprendizaje del inglés.

    Por último, el funcionamiento de las organizaciones y su sostenibilidad se beneficiarían de la obtención de apoyos para la instalación de servicios de internet y la creación de páginas web seguras, la adquisición de programas informáticos de gestión financiera y recursos para la contratación de personal estable, en condiciones de mantener a sus familias y dedicarse plenamente a la defensa de los derechos humanos.

    El espacio cívico en Angola es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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  • ASIA: ‘Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado’

    CIVICUS conversa con Gam Shimray, Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (Asian Indigenous Peoples Pact, AIPP) sobre la situación de los grupos Indígenas en Asia durante la pandemia del COVID-19. AIPP es una federación regional de movimientos de pueblos Indígenas de Asia que trabaja para promover y defender los derechos humanos de los pueblos Indígenas, incluyendo derechos territoriales y culturales. Debido a su posición de subordinación y a su distancia respecto de la cultura y la política convencionales, lospueblos Indígenas padecen graves violaciones de derechos humanos, racismo sistémico, discriminación y exclusión. Como resultado de la constante negación de sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, muchas comunidades Indígenas se cuentan entre los grupos más vulnerables y desfavorecidos.

     Gam Shimray

    ¿Qué nos puedes contar acerca del trabajo de AIPP?

    El trabajo de AIPP se guía por nuestra creencia en los derechos humanos universales y el derecho inherente a la autodeterminación de todos los pueblos, incluidos los pueblos Indígenas. Los derechos a la autodeterminación y el autogobierno son una necesidad social para lograr una continuidad de los procesos sociales el autodesarrollo Indígena.

    Mientras que nuestro trabajo de incidencia se centra principalmente en los niveles regional y global, a través de nuestros miembros y redes establecemos conexiones con procesos a nivel país. AIPP consolida una posición común de las organizaciones Indígenas para la incidencia global y regional. Para ello, nos enfocamos en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, consolidando los movimientos Indígenas y programando una agenda común para campañas y actividades de incidencia colectivas a nivel nacional.

    AIPP también trabaja en la construcción de liderazgos y promueve un liderazgo distribuido a lo largo de Asia, incluyendo a mujeres, jóvenes y personas con discapacidades.

    ¿Cuál era la situación de los pueblos Indígenas en Asia antes de la pandemia del COVID-19?

    Antes de la pandemia causada por el COVID-19 la situación política en Asia se había ido deteriorando, particularmente en los últimos años. En muchos países asiáticos hemos experimentado ataques crecientes contra la sociedad civil y la restricción del espacio democrático necesario para el debate y la formación de la opinión pública. Algunos intelectuales atribuyeron esta tendencia a la existencia de liderazgos políticos cada vez más apartados de la democracia y los derechos humanos.

    Las transiciones de regímenes autoritarios hacia la democracia que algunos países han experimentado en las últimas décadas, como Filipinas en los años ‘80, Indonesia a finales de los ‘90 y Nepal a comienzos de los 2000, no han culminado. Otros países, como China, Laos y Vietnam, tienen sistemas de partido único de jure, mientras que Camboya tiene uno de facto. En Myanmar, los militares todavía controlan el gobierno, mientras que la tradición tailandesa de gran tolerancia todavía no ha producido un Estado democrático moderno y estable. A su vez, el ascenso del populismo constituye una seria amenaza para estas democracias. En India, la democracia más grande del mundo y probablemente una de las más fuertes en la región, bajo el gobierno populista del Primer Ministro Narendra Modi estamos viendo continuos ataques contra toda institución autónoma, desde la justicia hasta el banco central y la prensa independiente.

    El resultado es que, en los últimos años, la mayoría de los defensores de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas han sido Indígenas. Ellas han perdido sus vidas defendiendo sus derechos, hogares, tierras, territorios y recursos.

    Estos problemas también evidencian la existencia de problemas subyacentes más profundos, referidos a la insuficiente capacidad política e institucional para abordar eficientemente los desafíos que presentan la democracia y los derechos humanos en los países asiáticos. Enfrentamos cuestiones morales y políticas que requieren una evaluación seria de la erosión de los estándares y prácticas de derechos humanos y el debilitamiento de la capacidad política e institucional para responder a los desafíos sociales y políticos del presente. La experiencia de sufrimiento de las personas más pobres durante la pandemia del COVID-19 es evidencia de ello.

    ¿Qué desafíos han enfrentado los grupos y activistas Indígenas durante la pandemia?

    Los problemas y desafíos varían según las diferentes situaciones de los países. Aún así, uno de los principales desafíos se relaciona con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de Asia impusieron cuarentenas en sus países sin mucha preparación, lo cual desencadenó el caos. La situación fue abrumadora y no pudimos responder a las necesidades de activistas, comunidades y trabajadores migrantes.

    Las personas refugiadas, trabajadoras migrantes y apátridas fueron las que más sufrieron. Las que carecían de documentos identidad tuvieron problemas para demostrar su ciudadanía, lo cual debían hacer para recibir ayuda gubernamental. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas carecen de la documentación necesaria y también abundan los errores de registro, y quienes no figuran en el registro nacional no pueden recibir un documento de identidad.

    Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado. Esta situación ha sido peor en India, donde gente del noreste del país fue expulsada de sus hoteles o de las casas que alquilaban, no podían comprar comida, ir a los mercados o usar transporte público. Hubo gente que les escupió y se les detenía sin ningún tipo de explicación. Muchas de estas personas, entre ellas mujeres, fueron golpeadas sin ninguna razón, por lo que mucha gente en ciudades de toda India vive en un estado de temor permanente.

    En algunos países, los gobiernos están aprovechando la situación actual como excusa para emprender campañas militares, acaparar tierras, autorizar grandes proyectos de infraestructura, denegar derechos y debilitar regulaciones y protecciones medioambientales. Muchos activistas y miembros de las comunidades en países como Bangladesh, India, Filipinas y Myanmar fueron asesinados o encarcelados a raíz de acusaciones inventadas. La policía y las fuerzas de seguridad también han impedido que los líderes de las comunidades realizaran tareas de emergencia y ayudaran a comunidades en emergencia alimentaria.

    Estos incidentes son graves y hay muy poco que podamos hacer al respecto, ya que la gente no puede salir a protestar o hacer campaña, y apenas pueden tener acceso a la justicia. En India están permitidas las peticiones electrónicas y los tribunales siguen atendiendo los temas más urgentes mediante videoconferencia, pero muchas comunidades no están familiarizadas con procesos tan complicados y tampoco tienen acceso adecuado a internet.

    ¿Como han respondido ante esta situación AIPP y otras organizaciones de derechos Indígenas?

    Lo primero que hicimos fue comunicarnos con nuestros miembros y redes para juntar información de las bases. También les respondimos a quienes se comunicaron con nosotros en busca de ayuda y apoyo. Nuestra primera acción fue proveer o movilizar asistencia, y en particular alimentos para las personas en situación crítica en diferentes áreas, por intermedio de nuestros miembros. Nuestra ayuda también se concentró en compartir información relativa a las comunidades Indígenas. Esto ha sido necesario porque los niveles de desinformación han sido abrumadores, y han desencadenado reacciones impulsadas por el pánico. Hemos compartido con las comunidades solicitudes y llamamientos solidarios para impulsar respuestas humanitarias y difundir buenas prácticas que las comunidades pueden implementar.

    La situación es complicada porque no se trata solamente de responder a la pandemia. Las comunidades indígenas padecen de muchos problemas subyacentes. Lo mínimo que podíamos hacer era dejar constancia de nuestra protesta y llevar a cabo campañas a través de medios digitales.

    La pandemia del COVID-19 ha desenmascarado muchos problemas y nos plantea nuevos desafíos. Por lo tanto, estamos evaluando y haciendo esfuerzos para dar pasos adicionales para afrontar el impacto de la pandemia en el largo plazo. Con respecto a esto, también hemos formado una alianza regional en respuesta al COVID-19, que se encuentra en proceso de expansión. Pronto tendremos listo nuestro informe preliminar de evaluación regional, que nos va a ayudar a planificar mejor. Ya sabemos que el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades va a ser crucial en el proceso de adaptación a lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.

    ¿Qué otros apoyos necesitarían los grupos Indígenas en este momento?

    El apoyo que las comunidades Indígenas necesitan es enorme, porque los impactos se seguirán sintiendo en el largo plazo. Pero algunas de las necesidades principales son las siguientes.

    En primer lugar, necesitamos establecer grupos locales de respuesta rápida a la pandemia con fondos asignados y con un equipo de funcionarios designados para coordinar con autoridades provinciales o estaduales y organizaciones de la sociedad civil para monitorear la situación en las comunidades Indígenas y proveerles el apoyo que necesiten. El equipo de respuesta también debe coordinar con las autoridades correspondientes para atender las necesidades especiales de las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades en las comunidades Indígenas.

    En segundo lugar, necesitamos asegurar que las autoridades locales y provinciales reciban pautas e instrucciones apropiadas en relación con las medidas que deben tomarse para que los pueblos Indígenas puedan afrontar el COVID-19 y cumplir la cuarentena.

    El tercer lugar, es crucial crear conciencia y asegurar el acceso a los servicios de salud. Por eso es importante preparar materiales informativos en formatos amigables para las comunidades, que expliquen con claridad la naturaleza de la enfermedad, las medidas de cuarentena y contención y las pruebas virales, de modo de derribar los mitos acerca del virus. Se necesita coordinación entre los trabajadores del departamento de salud y los sanadores tradicionales para garantizar que los sistemas de conocimiento Indígenas estén integrados en los mecanismos de respuesta. Se deberían fomentar estrategias de cuarentena localizadas y separadas que promuevan un ambiente natural y de participación de la comunidad. También se pueden preparar centros de atención para casos de COVID-19 manejadas por sanadores y enfermeros de las comunidades.

    En áreas remotas se deberían desplegar unidades móviles de salud que incluyan a sanadores tradicionales y trabajadores de la salud. Se debería prestar particular atención a aquellas áreas donde hay más trabajadores migrantes que han retornado a sus hogares. También se debería facilitar el acceso al testeo y proveer instalaciones para que estas personas puedan hacer la cuarentena. También se debería proveer acceso a servicios de salud en caso de emergencia, incluido el transporte. El acceso al agua para limpiar y beber es otra necesidad crítica que se debería asegurar.

    Asegurar la seguridad alimentaria, el nivel de ingresos y el sustento económico también es crucial dados los niveles de desnutrición que existen en muchas regiones Indígenas. Por lo menos en los próximos seis meses va a ser sumamente necesario distribuir en forma gratuita raciones alimenticias para todas las personas, independientemente de si tienen cédula de identidad o son clasificadas como migrantes.

    Por último, es urgente fortalecer los medios de subsistencia basados en la producción forestal no maderable (PFNM) mediante la creación de mecanismos institucionales efectivos de recolección, almacenamiento, adquisición y venta. En Asia hay una alta dependencia de la PFNM. Se debería proveer apoyo financiero y logístico a las comunidades para que puedan generar una fuente de ingreso sustentable. Las comunidades que viven en áreas protegidas deben tener acceso a los bosques por motivos de subsistencia.

    ¿Que lecciones han aprendido sobre la situación de los pueblos Indígenas durante la pandemia?

    Durante la pandemia la situación ha sido abrumadora, y las medias impuestas por los gobiernos han desencadenado actos de violencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Centenares de personas pobres han muerto de hambre, y las que se aventuraron a salir por efecto de la desesperación han sido atacadas brutalmente por la policía.

    El impacto potencial parecía bastante sombrío y si no hubiésemos puesto nuestra confianza en la gente y en las comunidades, nuestros esfuerzos no hubiesen sido muy exitosos. Los servicios de asistencia en emergencia debían ser eficientes y la clave de nuestro éxito en países como Malasia o Tailandia ha sido depositar nuestra confianza en el trabajo de los voluntarios de las comunidades. Todos los recursos que fue posible generar les fueron transferidos a ellos y ellos reportaron las acciones y actividades que llevaban a cabo por teléfono o por otros medios que tuvieran a disposición.

    Además, por lo que pudimos ver, muchas comunidades respondieron muy bien a la situación iniciando cuarentenas en los pueblos, regulando las visitas, poniendo a los retornados en cuarentena o implementando medidas de distanciamiento social aun con poca información o sin los recursos apropiados. También hubo miedo, pero las comunidades lo fueron superando y fueron mejorando sus respuestas. Las comunidades no solo recibieron asistencia de nuestra parte o de otras fuentes: algunas de ellas también aportaron alimentos para otras comunidades más necesitadas. La mayoría de estas comunidades han trabajado con nosotros en el pasado y han podido gestionar exitosamente sus sistemas de producción alimentaria y sus recursos naturales. No estaban preocupadas por escasez de alimentos; por el contrario, sus líderes aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia de la importancia de mejorar la producción local y el manejo sustentable de los recursos. Personalmente, esto ha sido inspirador.

    También nos hemos sentido inspirados por comunidades que se organizaron y usaron prácticas curativas y medicinas locales para mejorar la inmunidad y la resistencia a la enfermedad o establecieron sistemas de intercambio de alimentos con poca o casi nada de ayuda de parte del Estado, cuando los programas estatales no funcionaban o no llegaban a tiempo. Lo que es más importante, esto demostró que la devolución de atribuciones y el empoderamiento de las comunidades pueden ser más efectivos a la hora de afrontar una crisis si se entrega a las instituciones locales autónomas los recursos y el apoyo necesarios.

    Las respuestas espontáneas de las comunidades se fueron dando de forma casi natural porque se trata de comunidades que históricamente se han autogobernado. De aquí en adelante, si confía en la gente y empodera a las comunidades el Estado podrá lidiar de forma más eficiente con cualquier crisis de salud pública y con sus impactos en el largo plazo.

    Contáctese con el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia a través de susitio web o de su perfil deFacebook, y siga a@aippneten Twitter.

     

  • BOLIVIA: ‘Empoderamos a los jóvenes para que ellos lideren el movimiento por el clima’

    Rodrigo MeruviaAl cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa conRodrigo Meruvia, coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al cuidado y conservación del medio ambiente. Basada en Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha impulsa iniciativas de investigación, extensión y desarrollo, a partir de la cooperación con otras OSC, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas.

    ¿Cuál es el principal problema ambiental en el contexto en que ustedes trabajan?

    El tema central es el cambio climático, un fenómeno planetario que está teniendo impactos en todos los niveles, sobre las poblaciones y sus sistemas productivos y alimentarios, y sobrepasa las capacidades locales e institucionales. Entre otras cosas, este fenómeno se refleja en un aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos y en la profundidad de sus impactos.

    Nosotros trabajamos con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales al cambio climático, así como la conciencia de las ciudades en relación con el modo en que los patrones de consumo afectan las visiones de desarrollo de muchas comunidades en el área rural. En ese sentido trabajamos, primero, viendo cómo el cambio climático impacta en zonas de pequeña producción familiar de subsistencia y generando mecanismos para ayudar a aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Por otro lado, trabajamos tanto en las comunidades rurales como en las ciudades empoderando a los jóvenes, capacitándolos en temas técnicos pero también de estrategia y liderazgo, para que puedan ser propositivos y generar alternativas en temas tales como la deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero. Los alentamos a generar proyectos para sus entornos inmediatos y propiciamos redes y puentes con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, para dar soporte en la implementación de las iniciativas.

    Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con universidades de Cochabamba en el tema del transporte alternativo, con el objetivo de generar ciclorutas entre los diferentes campus universitarios que hay en la ciudad, para que los jóvenes puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte libre de emisiones en condiciones seguras. Para eso se están generando aplicaciones para teléfonos móviles que indican las rutas más seguras y se están estableciendo parqueos para las bicicletas, entre otras cosas. También se está trabajando en la educación de los conductores de automóviles, no solo con la universidad sino también con el municipio y algunas empresas privadas están interesadas en este tema. 

    ¿Hubo en Bolivia movilizaciones por el cambio climático durante 2019?

    Si, en el mes de setiembre, cuando fueron las movilizaciones por el clima a nivel global, se sumaron también las principales ciudades de Bolivia. En Cochabamba, nosotros apoyamos al movimiento de jóvenes, apoyándoles para que pudieran ser ellos quienes lideraran el movimiento por el clima. Los apoyamos a nivel logístico y con respaldo institucional, porque todavía en nuestras ciudades todavía hay una falta de confianza en los jóvenes. Nosotros los impulsamos sin por ello convertirnos en voceros del movimiento. Generamos un proceso de capacitación en diferentes temas para darles los fundamentos y las bases conceptuales, para que pudieran dar cuenta de las razones de la movilización y que no fuera solo ir a una marcha con apenas una consigna. La idea es que fueran multiplicadores de información acertada tanto sobre las causas como sobre los efectos a nivel local del cambio climático global.

    Para eso hicimos varios talleres para jóvenes. Capacitamos en forma directa a unos 100 jóvenes, y en forma indirecta hemos llegado después a aproximadamente 1400.

    ¿La movilización por el clima en Bolivia replicó las demandas globales, o tuvo componentes locales específicos?

    En Bolivia, las manifestaciones tuvieron demandas relacionadas principalmente con los incendios forestales que vienen de la mano de la expansión de la frontera agrícola. La principal demanda fue la derogación de las leyes que benefician a la agroindustria, descuidando la protección de los bosques.

    La ley boliviana no protege a los bosques, sino más bien al contrario. A mediados de 2019, apenas unos meses antes de los grandes incendios forestales de ese año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de los departamentos de Beni y Santa Cruz, y habilitó las quemas controladas. En otras palabras, la ley da rienda suelta cualquier propietario interesado en expandir su espacio de producción, ya sea ganadera o agrícola. Lamentablemente esta ha sido hasta ahora la posición del Estado, y en nuestra experiencia el hecho de que el gobierno fuera de izquierda o de derecha no ha hecho ninguna diferencia. Más allá de la ideología de partido del gobierno de turno, están los intereses sectoriales de la agroindustria que son mucho más permanentes y amplios, ya que involucran no solo a actores locales sino también a empresas transnacionales.

    Creemos que la causa de los incendios es ante todo antrópica, ya que se los inicia para expandir la frontera agrícola. Así se han quemado alrededor de cinco millones y medio de hectáreas. Para dar una idea de las dimensiones del desastre: lo que se ha quemado en las tierras bajas de Bolivia equivale casi a la extensión del territorio de Guatemala. Y no solo se pierde masa boscosa, sino que se degrada todo el hábitat, desaparecen las fuentes de agua de ciertas comunidades y los efectos se extienden más allá de Bolivia, ya que se generan bioclimas y cambian las precipitaciones.

    Entendemos que el fenómeno que nos afecta es parte de un problema mayor, que este año se expresó en incendios en la Amazonia brasileña, en países africanos y en Australia. Hay lluvias insuficientes a raíz del cambio climático y los bosques se vuelven mucho más propensos a quemarse. Esto, sumado a las políticas de expansión agrícola, sobre todo para sembrar soja (que además es transgénica), vuelve a estos lugares mucho más vulnerables. Las consecuencias las padece no solamente la población que vive en el territorio donde suceden estos incidentes, que es afectada en forma directa, sino también la población en general.

    En paralelo con esto, enfatizamos también el tema de la deforestación urbana. En Cochabamba tenemos aproximadamente 200 muertes por año a causa de problemas respiratorios. Es una de las ciudades con el aire más contaminado en Latinoamérica, así que este también fue uno de los pedidos específicos de nuestras movilizaciones, más allá de que nos sumamos al llamado global a la acción definitiva y efectiva por parte de los gobiernos.

    ¿Han tenido la experiencia de participar en procesos internacionales relacionados con el cambio climático?

    Hemos participado desde el nivel local preparando a jóvenes para que pudieran tomar parte de los procesos internacionales de negociación, principalmente en las reuniones de a COP, la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

    Comenzamos haciendo una convocatoria en diversas instituciones que trabajan con jóvenes, y haciendo un diagnóstico para identificar quiénes estaban preparados y comprometidos para abordar el tema del cambio climático, y luego fuimos haciendo selecciones en función de los temas que íbamos trabajando. Dimos talleres en temas que iban desde el abordaje conceptual y técnico del tema del cambio climático hasta la gestión de proyectos medioambientales, pasando por las características del proceso de negociación, las estrategias para participar, y entrenamiento para expresarse de manera adecuada dentro de estos eventos. Fue un proceso largo pero dio muy buenos resultados, porque ya tenemos líderes en los nueve departamentos que están capacitados para ir a debatir y mostrar al mundo las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Bolivia.

    Lamentablemente, el cambio de último momento de la sede de la COP 25 a España – ya que no pudo realizarse en Santiago de Chile dado el contexto de protestas y represión - nos desinfló, porque teníamos una buena preparación y un posicionamiento muy fuerte que no pudimos llevar al evento. Esto nos afectó no solamente en Bolivia, sino más en general a nivel de Latinoamérica, donde se estaba preparando algo muy grande para compartir en Chile. El cambio de sede y la poca anticipación con que fue decidido nos complicó mucho en términos económicos y logísticos. En el caso de Bolivia se sumaron también los problemas resultantes de los recientes conflictos sociopolíticos, y todo esto impidió que nuestra estrategia ante la COP se hiciera efectiva.

    Sin embargo, no queremos desaprovechar la motivación existente y el trabajo de construcción que se ha hecho a lo largo de aproximadamente un año y medio, y seguimos trabajando en la preparación de líderes jóvenes. Nuestro objetivo es apuntalar la capacidad de los jóvenes para generar propuestas e iniciativas, tanto a nivel técnico como a nivel político, no solo en sus regiones sino también en espacios internacionales.

    ¿Crees que lo decepcionante de los resultados de la COP 25 estuvieron vinculados con la ausencia de muchos actores que estaban preparados para influir sobre la agenda pero no pudieron participar?

    Pienso que sí. Sin desmerecer el trabajo que hicieron los países y las organizaciones que sí participaron, creo que acabó siendo un evento muy improvisado, y que si se hubiese hecho en Chile como estaba planeado, los resultados podrían haber sido un poco más significativos y positivos gracias a la presencia e interlocución de los jóvenes. Bolivia iba a contar por primera vez con la participación de un grupo de jóvenes reconocidos por el Estado que iban a llevar el mandato de un proceso colectivo desarrollado en los nueve departamentos del país a lo largo de cuatro o cinco foros previos.

    Sin embargo, intentamos tomar este revés con una actitud constructiva, y aprovecharemos el tiempo extra que tendremos para prepararnos. Entretanto ya contamos con estos jóvenes que están en condiciones de ir a expresar sus demandas y propuestas adonde sea necesario, ya sea en Inglaterra, donde tendrá lugar la COP 26, como en cualquier otro evento internacional que se presente.

    El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con la Fundación Pacha Gaia a través de susitio web y su perfil deFacebook, o siga a@GaiaPacha en Twitter.

     

  • Carta colectiva sobre Colombia: La COVID-19 no puede servir de tapadera para atacar a líderes sociales

    El Estado colombiano debe acoger las recomendaciones de la CIDH en materia de líderes sociales incluso durante la pandemia COVID-19

    En su informe reciente, la CIDH destaca de manera crucial  la importancia de reconocer el derecho a defender derechos y el rol fundamental de líderes y lideresas sociales en Colombia, especialmente en el contexto actual de emergencia generalizada

    El informe Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita en noviembre de 2018 al país, destaca que la labor realizada por estas personas es fundamental para la existencia plena del Estado de Derecho y constituye un pilar indispensable para el fortalecimiento y consolidación de la democracia. Cuando se impide la defensa de los derechos humanos, no sólo se afecta una vida o comunidad particular; las agresiones contra líderes y lideresas sociales afectan la cohesión y continuidad de la organización social a una escala mayor. 

    Los líderes y lideresas sociales cumplen un rol fundamental en el mantenimiento del tejido social en sus comunidades, a menudo bajo condiciones precarias de seguridad. En el actual escenario de la pandemia por COVID-19, las recomendaciones de la CIDH cobran especial relevancia para salvaguardar su trabajo. Cómo aseguró Erlendy Cuero, lideresa social y Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES),en la serie de Dejusticia sobre pandemia y desigualdad, #DelMiedoALaAcción, “los homicidios, las amenazas y la persecución han aumentado porque estamos en una situación en la que el acompañamiento para algunos líderes con medidas de protección se ha minimizado y quienes no tienen medidas de seguridad están desprotegidos”. A esto último se suma que los líderes, quienes deben permanecer en su residencia por causa del coronavirus, se enfrentan a un mayor riesgo pues son ubicados con mayor facilidad.

    La vulnerabilidad es más alta para líderes y lideresas en zonas alejadas de los centros urbanos. En este escenario, la adopción de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado colombiano en estas zonas es aún más indispensable. 

    Las recomendaciones claves de la Comisión Interamericana para Colombia incluyen: 

    • “Redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades”
    • “Convocar a las organizaciones sociales para la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales, retomando las mesas de diálogo como la Mesa Nacional de Garantías y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la que existían acuerdos pactados previamente”
    • “Implementar debidamente las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana y mantener los esquemas de protección respecto de las personas beneficiarias mientras estén vigentes”
    • “Adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las autoridades o terceras personas manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigarles y perjudicar la labor de personas defensoras; y asegurar la aplicación de las debidas sanciones en caso que ocurra”
    • “Continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales”
    • “aumentar el nivel de coordinación entre las autoridades a nivel nacional y local para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos de las personas defensoras y líderes y asegurando su efectividad en zonas rurales alejadas”;  y 
    • “acordar las medidas de protección para enfrentar la situación de riesgo escuchando y consultando con las personas defensoras a fin de concretar una intervención oportuna, especializada y proporcional al riesgo que se pudiera enfrentar y con un enfoque diferencial”. 
    • “fortalecer la coordinación con organismos internacionales de derechos humanos”

    Las organizaciones firmantes hacemos especial énfasis en el reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana del derecho a defender derechos humanos y su llamado al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Final de Paz, tal como lo han ordenado los jueces constitucionales en las sentencias de tutela confirmando #ElDerechoADefenderDerechos presentada por diversos líderes y organizaciones sociales del país, a finales de 2019

    ARTICLE 19
    Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
    Asociación Minga
    Amnesty International
    Business & Human Rights Resource Centre 
    CIVICUS
    Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar
    Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
    Dejusticia 
    Espacio Público
    Front Line Defenders (FLD)
    Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)
    International Land Coalition - LAC (ILC LAC)
    International Service for Human RIghts (ISHR)
    International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
    Latin America Working Group (LAWG)
    Not1More (N1M)
    Presbyterian Peace Fellowship
    Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD)
    Robert F. Kennedy Human Rights 
    Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
    Washington Office on Latin America (WOLA)

     

  • COLOMBIA: ‘La ciudadanía está indignada y cansada de las políticas que la han sumido en la pobreza’

    CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

    alexandra gonzalez zapata

    ¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

    En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

    Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

    Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

    ¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

    Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

    Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

    ¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

    El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

    En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

    En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

    Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

    ¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

    El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

    Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

    El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

    Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

    Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

    En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

    El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

    En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

    Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

    ¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

    En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

    Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

    ¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

    Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

    ¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

    Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

    Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

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  • COLOMBIA: ‘La protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz’

    Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con un joven estudiante colombiano, activo en el movimiento climático, que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. Además de movilizarse en el marco de movimiento #FridaysForFuture, el entrevistado forma parte de Hijos del Postconflicto, un colectivo creado recientemente para visibilizar las experiencias de la gente en los territorios y defender el proceso de paz en Colombia. En la convergencia entre diversas luchas, el entrevistado enfatiza la defensa del proceso de paz como clave para preservar el medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

    colombia protests

    ¿Cuál es, desde tu perspectiva, el problema ambiental más urgente en Colombia?

    El problema ambiental más urgente es la deforestación. Las tasas de deforestación en Colombia son altísimas, y la situación no ha mejorado desde la firma de los acuerdos de paz. Eso se debe a que, en tiempos de conflicto armado, las guerrillas colombianas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían dominio de gran parte del territorio selvático de Colombia. Por supuesto que nadie se metía en ese territorio: no llegaban las multinacionales ni las petroleras; tampoco llegaba la ganadería. Con la firma de los acuerdos de paz y la retirada de las guerrillas se acentuó el problema que ha tenido Colombia desde la década del ’50: la distribución de las tierras.

    Colombia tiene una distribución de la tierra extremadamente regresiva; la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Con la retirada de la guerrilla y la llegada de las multinacionales el acaparamiento de tierras se ha acentuado. Muchas tierras son apropiadas, deforestadas y utilizadas para la cría de ganado, y la población local continúa siendo desplazada.

    Al mismo tiempo sigue habiendo grupos armados al margen de la ley que continúan activos, sobre todo grupos paramilitares de extrema derecha, aunque también queda la guerrilla, más pequeña, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las FARC que decidieron no acoplarse al proceso de paz. Estos grupos armados están disputando el territorio para hacerse del dominio de los cultivos de coca y expandirlos, provocando mayor deforestación.

    En consecuencia, tanto la continuidad del conflicto en algunos territorios como su finalización en otros influyen directamente sobre la deforestación. El proceso de paz contiene una serie de mecanismos para contrarrestar la deforestación, pero sus efectos dependerán de que efectivamente se lo implemente. En ese sentido, la protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz.

    ¿Qué mecanismos contemplados en los acuerdos de paz permitirían detener la deforestación?

    Los acuerdos de paz incluyen dos puntos específicos para frenar la deforestación. El primero es la reforma rural integral, que pretende distribuir el campo colombiano y respetar los usos asignados al suelo – por ejemplo, que si es para uso agrícola, no sea utilizado para ganadería. El segundo punto es el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que apunta a resolver el problema de las drogas. Es importante entender que muchas familias campesinas pobres se han visto obligadas a cultivar coca para sobrevivir; a través de este programa el Estado les ofrece incentivos económicos para que hagan una transición hacia otros cultivos sustentables. 

    ¿De qué modo colabora el activismo juvenil con la efectiva implementación de los acuerdos de paz?

    La lucha por la paz se da en todos los frentes. Nosotros hacemos tres cosas: nos movilizamos en las calles en defensa del proceso de paz; hacemos pedagogía para que la gente entienda porqué el proceso de paz es tan importante; y trabajamos en distintos espacios haciendo incidencia política.

    El contexto para este trabajo es bastante difícil. Ni bien asumió el poder, el presidente Iván Duque objetó el proceso de paz e intentó modificar todos los aspectos con los que no estaba de acuerdo o que según él no eran justos, lo cual en definitiva supondría desactivar el proceso que resultó de los acuerdos y volver a comenzar desde cero. Esto no fue una sorpresa: toda su campaña giró en torno del proceso de paz y se basó en la difusión de mentiras acerca del proceso de paz. Ganó las elecciones manipulando el temor de la gente, a la que le aseguró que los acuerdos consagraban la impunidad. Trató de asustarnos diciéndonos que si ganaba la izquierda nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. También mintió en relación con sus planes para las industrias extractivas: llegó a asegurar que no se autorizaría la exploración y explotación petroleras por medio de fracking, pero a fines de diciembre de 2019 hizo púbico un proyecto de decreto para habilitar el fracking.

    En tanto que activista por la paz y el medio ambiente en Colombia ¿has tenido alguna participación en el movimiento global por la justicia climática?

    Sí, con un pequeño grupo nos sumamos a la iniciativa Fridays for Future. Nuestra participación se limitó a una serie de acciones y plantones para dar inicio al movimiento climático en el país.

    Nos ha sido bastante difícil generar movilización en torno de la crisis climática global. Ante todo, hay mucha ignorancia. En Colombia la mayoría de las personas no tiene idea de lo que les están haciendo; de hecho, el actual presidente se aprovechó de ello para difundir mentiras, hacer una campaña de desinformación y ganar las elecciones. En un país donde la educación pública es muy mala y solamente la gente rica puede estudiar es muy fácil mentir y que te crean. Entonces, el primer problema es la ignorancia. A eso se suma el miedo: en Colombia a la gente le da miedo hablar, organizarse y manifestarse. Los colombianos vivimos una increíble zozobra debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ambientales. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos en general, y para los líderes ambientalistas en particular.

    Todo esto ha limitado la movilización por el clima. Hubo algunas acciones sueltas, pero no una gran marcha nacional de alto impacto. Por eso nos sorprendió que se produjera una movilización escolar masiva en el sur del país, en el departamento del Huila, donde menos esperábamos una movilización debido a las dinámicas complejas de seguridad que se viven en esos territorios. Logramos ponernos en contacto con los jóvenes que se movilizaron en Huila y juntos participamos de un encuentro nacional que realizamos en el departamento del Caquetá, también conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí logramos articular el trabajo con las comunidades que viven en territorio amazónico y hasta el momento seguimos en el proceso para elevar las consignas amazónicas e iniciar una resistencia en defensa de nuestra selva.

    Actualmente estamos empezando a sumarnos todos los colectivos ambientales en un mismo frente climático. Esperamos que esto inspire a los que tienen miedo para que también se sumen.

    ¿Han tenido alguna participación en foros internacionales sobre el clima?

    Hemos estado en un encuentro latinoamericano de Fridays for Future que se hizo en Chile con el apoyo de 350.org. Fue un encuentro de defensores del clima para generar lazos latinoamericanos e impulsar el movimiento a nivel regional. Nos ayudó bastante encontrar jóvenes de otras partes de la región que también estaban movilizándose, ver que podíamos unirnos y sentir que teníamos apoyos internacionales para hacer nuestro trabajo. Esto nos dio algo de esperanza.

    Fue después de esa reunión que empezamos a tratar de formar una red ambientalista nacional, viajando a la mayor cantidad de territorios y sumando a jóvenes de otras regiones del país. Todavía nos falta mucho por construir, pero estamos creciendo exponencialmente, porque cuando sumamos a un colectivo, ese mismo colectivo tiene llegada a otros tres o otros cuatro colectivos más. Todo el año 2019 nos hemos centrado en este proceso, recorriendo territorios, comunicando nuestro mensaje a la gente y haciendo lazos. Creemos que la próxima vez tal vez sí podamos movilizarnos a nivel nacional. Lo haremos el 24 de abril de 2020, cuando se realice la próxima huelga global.

    ¿Qué clase de apoyos necesitarían para poder hacer en 2020 la movilización que no pudieron hacer en 2019?

    Nuestra oportunidad en este momento es el paro nacional, la serie de manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades colombianas a partir de noviembre de 2019. En un país donde a la gente le da miedo hablar, el 21 de noviembre del año pasado salieron a la calle millones de personas, en una de las movilizaciones más grandes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad única. En el marco de estas protestas, el movimiento ambientalista también ha puesto sus propuestas y demandas. Tal vez no podamos movilizar a la gente específicamente por el clima, pero podemos aprovechar estas movilizaciones masivas y sumar nuestros temas. Si hay gente dispuesta a movilizarse, podemos acercarnos para contarles lo que está pasando en relación con el medio ambiente y comunicarles nuestras demandas para que vean que también les conciernen y se movilicen por ellas. Así es como logramos que el comité de paro incluyera entre sus demandas la declaración de la emergencia climática en Colombia. Este ha sido un avance muy grande.

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  • COREA DEL SUR: “Los activistas y desertores norcoreanos enfrentan presiones cada vez mayores para silenciarlos”

    Ethan Hee Seok ShinCIVICUS conversa con Ethan Hee-Seok Shin, analista legal del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional (TJWG), una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Seúl fundada por defensores de derechos humanos e investigadores de cinco países. Establecida en 2014, es la primera OSC con sede en Corea que centra su trabajo en los mecanismos de justicia transicional en los regímenes más represivos del mundo, entre ellos el de Corea del Norte. TJWG persigue el objetivo de desarrollar métodos prácticos para abordar las violaciones masivas de derechos humanos y promover la justicia para las víctimas antes y después de la transición. Ethan trabaja en el Proyecto Repositorio Central de TJWG, que utiliza una plataforma segura para documentar y publicitar casos de desapariciones forzadas en Corea del Norte. Utiliza acciones legislativas y legales para crear conciencia acerca de la situación de derechos humanos en Corea del Norte.

    ¿Podría contarnos acerca del trabajo que hacen los grupos de la sociedad civil de Corea del Sur en relación con los derechos humanos en Corea del Norte?

    Existe un abanico bastante amplio de OSC que trabajan en temas de derechos humanos en Corea del Norte. TJWG ha estado trabajando para preparar el terreno para la justicia transicional en Corea del Norte, en cumplimiento de su misión central, la documentación de derechos humanos.

    El proyecto insignia de TJWG ha resultado en la publicación de una serie de informes que mapean las ejecuciones públicas en Corea del Norte, basados en entrevistas con personas que se han escapado y que ahora viven en Corea del Sur. Registramos la información geoespacial de los sitios de matanza, los lugares de enterramiento y los lugares de almacenamiento de registros, tales como tribunales e instalaciones de los servicios de seguridad, solicitando a nuestros entrevistados que identifiquen las ubicaciones en Google Earth. La primera edición del informe se publicó en julio de 2017 y se basó en 375 entrevistas, y la segunda edición se lanzó en junio de 2019, tras la realización de 610 entrevistas.

    Actualmente también estamos en el proceso de armar una base de datos en línea, FOOTPRINTS, que registra los secuestros y desapariciones forzadas cometidas en y por Corea del Norte. La plataforma utiliza Uwazi, una tecnología gratuita y de código abierto que permite organizar, analizar y publicar documentos, desarrollada por la OSC HURIDOCS. Cuando se haga pública, FOOTPRINTS ofrecerá una plataforma de fácil acceso y búsqueda para rastrear a las personas capturadas y perdidas en Corea del Norte.

    Aparte del trabajo de documentación y presentación de informes, hemos participado activamente en iniciativas de incidencia nacional e internacional. Junto con otras OSC de derechos humanos, el TJWG redactó y presentó una carta abierta instando a la Unión Europea a fortalecer el lenguaje y las recomendaciones en las resoluciones anuales de derechos humanos adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Corea del Norte. También hemos presentado casos al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y a otros expertos en derechos humanos de la ONU.

    En julio de 2020, el gobierno de Corea del Sur revocó el registro de dos OSC y emitió un aviso de revisión administrativa e inspección a grupos “dirigidos por desertores” enfocados en los derechos humanos en Corea del Norte. ¿Por qué está apuntando contra estos grupos?

    El catalizador directo fueron las provocaciones de Corea del Norte de junio de 2020. El 4 de junio, Kim Yo-Jong, hermana del líder supremo Kim Jong-Un y primera subdirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, criticó los “folletos anti-RPDC” [República Popular Democrática de Corea] distribuidos en Corea del Norte por “fugitivos de Corea del Norte” y amenazó con el cese del turismo en el Monte Kumgang, la demolición completa de la región industrial de Kaesong, el cierre de la oficina de enlace intercoreana y la terminación del acuerdo militar de 2018 que creó zonas de amortiguamiento desmilitarizadas, a menos que las autoridades surcoreanas tomaran las “debidas medidas”.

    Apenas cuatro horas después del bombazo matutino de Kim Yo-Jong, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur (MOU) anunció que prepararía un proyecto de ley para prohibir la distribución de folletos a Corea del Norte. Se trató de un cambio radical en la postura de larga data del gobierno, que constantemente había eludido esa legislación por temor a violar la libertad de expresión.

    El 10 de junio de 2020, el MOU anunció que presentaría acusaciones penales contra Park Sang-Hak y Park Jung-Oh, dos desertores de Corea del Norte, por violar el artículo 13 de la Ley de Intercambio y Cooperación Intercoreana, que requiere de aprobación previa para todo intercambio intercoreano de bienes, y que revocaría el reconocimiento legal de sus organizaciones, Luchadores por una Corea del Norte Libre (Fighters For Free North Korea, FFNK) y KuenSaem, por enviar folletos a Corea del Norte mediante el uso de globos aerostáticos y botellas de PET llenas de arroz arrojadas a las corrientes marinas, como ocurrió el 31 de mayo de 2020.

    Si bien el gobierno de Corea del Norte finalmente bajó el tono de su retórica, el gobierno de Corea del Sur comenzó a tomar medidas contra las organizaciones de derechos humanos y los grupos de desertores de Corea del Norte, vistos como un obstáculo para la paz intercoreana.

    El 29 de junio de 2020, el MOU celebró una audiencia y el 17 de julio se apoyó en el artículo 38 del Código Civil, una reliquia de la época autoritaria, para anunciar la revocación del reconocimiento legal de FFNK y KuenSaem por contravenir las condiciones de la obtención de la personería al obstaculizar gravemente la política de reunificación del gobierno, distribuyendo folletos y artículos a Corea del Norte más allá de los objetivos declarados en su estatuto y por fomentar la tensión en la península de Corea.

    El MOU también lanzó “inspecciones comerciales” de otros grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y relocalización de desertores, entre las más de 400 asociaciones reconocidas con autorización del MOU, posiblemente con miras a revocar su reconocimiento legal. El 15 de julio de 2020, la Asociación de Desertores de Corea del Norte recibió un aviso del MOU de que sería inspeccionada por primera vez desde su reconocimiento en 2010. Al día siguiente, las autoridades del MOU informaron a los periodistas que primero realizarían inspecciones comerciales de 25 grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y asentamiento de desertores, 13 de ellos encabezados por desertores norcoreanos, y que otros serían inspeccionados en el futuro. Si bien reconoció que el tema de los folletos fue lo que desencadenó las inspecciones, el MOU agregó que las inspecciones comerciales no se limitarían a las personas involucradas en la campaña de distribución de folletos.

    ¿Cuántos grupos fueron examinados o inspeccionados después de los anuncios?

    Debido al alboroto nacional e internacional suscitado por la naturaleza obviamente discriminatoria de las inspecciones de grupos de derechos humanos y personas escapadas de Corea del Norte, el MOU ha moderado un poco su enfoque y tardíamente ha comenzado a argumentar que está examinando a todas las OSC registradas bajo el MOU.

    El 6 de octubre de 2020, el MOU dijo a los periodistas que había decidido inspeccionar a 109 OSC, sobre un total de 433, por no haber presentado sus informes anuales o por haber presentado documentación incompleta. Según la información proporcionada, 13 de los 109 grupos a inspeccionar están encabezados por personas que huyeron de Corea del Norte; 22 (16 de los cuales trabajan sobre derechos humanos en Corea del Norte y relocalización de desertores, cinco que trabajan en el terreno social y cultural y uno que trabaja en el campo de la política de unificación) ya han sido inspeccionados y ninguno ha revelado motivos serios para que se le retire el reconocimiento; y el MOU tiene la intención de completar la inspección de las 87 OSC restantes para fines de 2020.

    En cualquier caso, el gobierno parece haber logrado ya su objetivo de enviar a Corea del Norte la clara señal de que está listo para dar cabida a sus demandas a cambio de vínculos más estrechos, incluso si eso implica sacrificar algunos principios fundamentales de la democracia liberal. El gobierno también ha enviado una clara señal a los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, y ha tenido el efecto paralizante que cabía esperar.

    ¿Cómo ha respondido la sociedad civil a estas iniciativas del gobierno?

    Lamentablemente, la sociedad civil de Corea del Sur está tan polarizada como su política. Los progresistas actualmente en el gobierno ven a los conservadores como herederos ilegítimos de los colaboradores del régimen colonial japonés entre 1910 y 1945 y del régimen autoritario posterior a la independencia, vigente hasta 1987. El anterior presidente progresista, Roh Moo-Hyun, en el poder entre 2003 y 2008, se suicidó en 2009 durante una investigación de corrupción en su contra, que en general fue considerada políticamente motivada, emprendida por su sucesor conservador. El actual presidente, Moon Jae-In, fue elegido en 2017, en medio de una ola de indignación pública ante el juicio político de su predecesor de derecha por corrupción y abuso de poder.

    La mayoría de las OSC están dominadas por progresistas que están políticamente alineados con el actual gobierno de Moon. Los progresistas apoyan relativamente la agenda de derechos humanos, pero generalmente guardan silencio cuando se trata de los derechos humanos en Corea del Norte, dado su apego al acercamiento intercoreano. Las mismas personas que se expresan ruidosamente en relación con las “mujeres de solaz” japonesas, sometidas a la esclavitud sexual por el Japón imperial antes y durante la Segunda Guerra Mundial, o acerca de los atropellos de la era autoritaria, pasan por alto las actuales atrocidades norcoreanas en nombre de la reconciliación nacional.

    La mayoría de los grupos norcoreanos de derechos humanos se estructuran en torno de desertores norcoreanos y de iglesias cristianas políticamente de derecha que caracterizan apasionadamente a los izquierdistas como títeres norcoreanos. Muchos también adoptan una postura hostil en relación con otros temas contemporáneos de derechos humanos, tales como los derechos de las personas LGBTQI+, lo cual es bastante irónico, ya que el juez australiano Michael Kirby, autor principal del informe de la ONU que en 2014 condenó con firmeza las graves violaciones de derechos humanos en Corea del Norte como crímenes de lesa humanidad, es gay.

    Las OSC establecidas, mayormente progresistas, no han sido objeto de persecución por parte del gobierno encabezado por el presidente Moon; por el contrario, figuras destacadas de la sociedad civil han sido nombradas o elegidas para ocupar varios cargos, o han recibido generosas subvenciones. Hay quienes expresan en privado su consternación y preocupación por las tendencias iliberales del gobierno, pero pocas personas están dispuestas a plantear públicamente el tema a causa de la profunda polarización política.

     

    ¿Se está volviendo más restrictivo el espacio para la sociedad civil - estructurado por las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión - bajo el actual gobierno surcoreano?

    El gobierno de Moon ha mostrado tendencias preocupantemente iliberales en relación con los grupos que considera que se interponen en su camino, tales como los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, que enfrentan presiones cada vez mayores para permanecer en silencio y cesar su labor de incidencia.

    El presidente Moon ha reabierto el diálogo con el gobierno de Corea del Norte para establecer relaciones pacíficas, neutralizar la amenaza nuclear del Norte y allanar el camino para la reunificación familiar, entre otros objetivos loables.

    Sin embargo, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Moon ha empleado una estrategia diplomática que minimiza la preocupación por los derechos humanos. En particular, ni la Declaración de Panmunjom de 2018 entre Corea del Norte y Corea del Sur ni la Declaración Conjunta emitida después de la cumbre Trump-Kim de 2018 en Singapur mencionan las violaciones atroces de derechos humanos cometidas por Corea del Norte.

    En las semanas previas a la reunión del presidente Moon con el líder norcoreano Kim en Panmunjom, se informó que se estaba impidiendo a los activistas desertores norcoreanos llevar a cabo su activismo. En octubre de 2018, Corea del Sur accedió a la demanda de Corea del Norte de excluir a un periodista desertor de la cobertura de una reunión en Corea del Norte. El 7 de julio de 2019 se hizo una entrega extraordinaria a Corea del Norte de dos desertores, dos pescadores presentados como asesinos fugitivos, cinco días después de su llegada y sin siquiera mantener las apariencias del debido proceso.

    El gobierno de Moon también ha recurrido a tácticas iliberales contra otros supuestos opositores. Un hombre que el 24 de noviembre de 2019 había colgado un cartel en el que se burlaba del presidente Moon como “perrito faldero de Xi Jinping” (en referencia al presidente chino) en el campus de la Universidad de Dankook, fue procesado y el 23 de junio de 2020 fue multado por el tribunal por “intrusión en un edificio”, de conformidad con el artículo 319 (1) del Código Penal, pese a que las autoridades universitarias habían dejado claro que no deseaban presentar cargos en su contra por este ejercicio de su libertad de expresión. Muchos criticaron el proceso penal y la condena como un retroceso a los viejos tiempos militares.

    El gobierno también ha tomado medidas para ejercer un control cada vez mayor sobre los fiscales. El ministro de Justicia, Choo Mi-ae, ha atacado a los fiscales que se atrevieron a investigar las acusaciones contra el gobierno por corrupción y abuso de poder, alegando la existencia de una conspiración para socavar al presidente Moon.

    Otra tendencia preocupante es la táctica populista de los políticos del partido gobernante, y en particular del legislador Lee Jae-jung, de utilizar internet para incitar a sus seguidores a participar de acciones de acoso cibernético contra periodistas.

    ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos atacados?

    En abril de 2020, el partido gobernante ganó las elecciones parlamentarias por abrumadora mayoría, obteniendo 180 de los 300 escaños, gracias a su relativo éxito en contener la pandemia de COVID-19. La oposición está desorganizada. En vez de llamarlo a la humildad, todo esto ha envalentonado al gobierno, de modo que es probable que sus tendencias iliberales continúen. Debido a la severa polarización política, es poco probable que los políticos del partido gobernante y sus partidarios presten mucha atención a las críticas internas.

    Es por eso que la voz de la comunidad internacional será fundamental. Para el gobierno es mucho más difícil ignorar las preocupaciones planteadas por las OSC internacionales en tanto que ataques motivados políticamente. Una declaración conjunta o una carta abierta encabezada por CIVICUS sería útil para transmitir con fuerza el mensaje de que los derechos humanos en Corea del Norte realmente preocupan a la comunidad internacional.

    Además, Corea del Sur pronto presentará su quinto informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU de acuerdo con la lista de cuestiones previa a la presentación de informes (LOIPR). Dado que las cuestiones y preocupaciones relativas a Corea del Norte no están incluidas en la LOIPR, sería de gran ayuda que las OSC internacionales unieran sus fuerzas para incluirlas en la discusión oral con los miembros del Comité de Derechos Humanos y en sus observaciones finales.

    A corto plazo, las visitas a Corea del Sur por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos serían excelentes oportunidades para internacionalizar el tema y presionar a nuestro gobierno.

    Incluso los progresistas podrían apoyar una reforma de la ley obsoleta sobre el registro de OSC, por ejemplo, por interés propio, si es que no por principios, en caso de cambio de gobierno.

    El espacio cívico enCorea del Sur es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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  • COSTA RICA: ‘Logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural’

    El 26 de mayo de 2020 Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. CIVICUS conversa con Herman Duarte, abogado habilitado para ejercer en Costa Rica y El Salvador y director deSimple Legal Consulting, así como enlace para América Latina del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y fundador y presidente de la Fundación Igualitxs. Fundación Igualitxs es un centro de pensamiento líder en América Central, enfocado en la promoción del matrimonio civil igualitario en la región. Persigue este objetivo mediante la conducción de litigios estratégicos a nivel tanto nacional como interamericano, la presentación de sus ideas en sitios de alto prestigio académico y el trabajo con aliados internacionales de alto nivel.

    Herman Duarte 

    ¿Qué roles desempeñaron la sociedad civil y el gobierno en el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica?

    Costa Rica es una democracia constitucional estructurada como un estado unitario con tres poderes - legislativo, ejecutivo y judicial – en principio independientes, donde, al menos en teoría, se respetan los principios del Estado de derecho y la igualdad legal de trato de todos sus habitantes. Pero también es un Estado confesional: su constitución reconoce expresamente al catolicismo como la religión oficial. En las últimas décadas, las congregaciones evangélicas se han expandido en número hasta llegar a ser cerca de 3.800. Hacia 2017, más del 80% de la población se identificaba como católica o evangélica; claramente, Costa Rica es culturalmente un país conservador.

    En el marco de una lucha de décadas del movimiento de la diversidad, el puntapié inicial lo dio el Gobierno de Costa Rica, cuando en mayo de 2016 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva respecto de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Esta consulta abrió una ventana para todas las partes interesadas en presentar argumentos, cosa que hicieron más de 90 actores de naturaleza variada, como Estados, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), universidades y particulares. Las audiencias tuvieron lugar los días 16 y 17 de mayo de 2017 y nosotros participamos en ellas.

    El impulso generado por este evento se reflejó en la organización del Primer Congreso de Matrimonio Igualitario, celebrado en San José en noviembre de 2017, que reunió a más de 54 oradores de la región. En enero de 2018 la Corte IDH publicó su decisión, donde explicaba que los Estados parte deberían regular el estatus de las familias no heterosexuales, abriendo las puertas del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Un grupo de 60 organizaciones LGBTQI+ de la región celebró la decisión como la más importante en la historia de los derechos de las personas LGBTQI+ hasta la fecha.

    En ese momento se generó una gran discusión sobre si la opinión de la Corte IDH era o no vinculante para Costa Rica, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica saldó este debate en agosto de 2018, cuando argumentó que las secciones del Código de Familia que limitaban el matrimonio civil (no religioso) a las parejas heterosexuales eran inconstitucionales. El fallo dio a la Asamblea Legislativa 18 meses para enmendar la normativa; caso contrario, la restricción se levantaría automáticamente y a partir del 26 de mayo de 2020 cualquier pareja podría casarse sin obstáculo alguno en Costa Rica. Y así fue, ya que no hubo consenso legislativo para legislar en ese sentido.

    En el trayecto hacia la entrada en vigencia del fallo de la Corte se desarrollaron importantes campañas de la sociedad civil para generar aceptación social que acompañara al cambio normativo.

     

    ¿Debieron enfrentar reacciones de grupos anti-derechos?

    La reacción de los sectores conservadores ha sido brutal. Hay que entender que la comunidad LGBTQI+ ha enmarcado sus luchas en la demanda del reconocimiento de su dignidad humana y su igual valor en tanto que seres humanos y que de igual modo los grupos religiosos se han movilizado como grupos de identidad – solo que su identidad es definida en forma estrecha, no universalista, en oposición a un enemigo. Estos grupos canalizaron los resentimientos provocados por los cambios legales igualadores y dieron esperanzas a quienes se habían sentido desplazados por ellos, dando lugar al surgimiento de partidos políticos religiosos.

    En ese contexto, las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una especie de referéndum sobre los derechos de las personas LGBTQI+, y específicamente sobre el matrimonio igualitario. Un pastor evangélico, Fabricio Alvarado, por entonces el único congresista de un partido evangélico, se postuló para la presidencia, explotando los sentimientos de indignación y temor de la ciudadanía conservadora ante el fallo de la Corte Suprema. El candidato se destacó por sus declaraciones incendiarias; declaró, por ejemplo, que la homosexualidad era “causada por el diablo”. Así escaló hasta el primer lugar en las encuestas preelectorales: en solo un mes pasó del 3% al 17% de la intención de voto, y se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, conquistando además 14 de los 54 escaños legislativos, lo cual representó un aumento del 1300% en la presencia legislativa de su partido político.

    La segunda vuelta para la elección presidencial giró en torno de los derechos de la población LGBTQI+. El otro contendiente, Carlos Alvarado, era el candidato del partido gobernante y tenía una postura favorable a los derechos LGBTQI+. Esta postura finalmente se impuso, pero la elección nos obligó a confrontar el enorme poder que han alcanzado las iglesias evangélicas. La victoria de Carlos Alvarado se explica por varios factores; uno de ellos fue la gran movilización de la sociedad civil. Entre las campañas de la sociedad civil que tuvieron impacto cabe mencionar la del grupo Coalición por Costa Rica, que buscó generar un debate informado e inclusivo, divulgando las propuestas de los candidatos para que la ciudadanía pudiera deliberar antes votar; y la de Igualitxs, “Por todas las familias”, lanzada una semana antes de las elecciones para difundir un mensaje inclusivo y pedir un trato igualitario hacia la población LGBTQI+.

    La profunda división generada en torno de las elecciones ha tenido secuelas. Siguen abundando los políticos que usan la religión para polarizar a la sociedad y reclaman porque, según ellos, el gobierno solo atiende los problemas de la población LGBTQI+. Esto se ha intensificado con la entrada en vigor del matrimonio igualitario y la propuesta de leyes para censurar el odio y el discurso discriminatorio.

     

    ¿Piensas que el cambio legal ha ido acompañado de un cambio en las actitudes? ¿Qué está haciendo la sociedad civil para promover la aceptación de las personas LGBTQI+?

    Una cosa es el cambio legal y otra el cambio cultural. El cambio legal ha representado un progreso de los derechos humanos y una forma de concretar la aplicación universal de la ley. Ha sido el resultado de una lucha de varias décadas de la comunidad LGBTQI+. Pero sigue habiendo homofobia, discriminación y violencia contra las personas LGBTQI+. Una vez logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural. Porque el cambio legal por sí mismo no necesariamente produce sensación de pertenencia a una comunidad. Como lo explica el teórico político Bikku Parekh, mientras que la ciudadanía es un tema de estatus y derechos, la pertenencia se alcanza cuando uno es aceptado y se siente bienvenido. Y para esto último todavía falta. Las actitudes de la gente no cambian en forma automática por efecto de la implementación de una ley. La ley es un parámetro objetivo de lo permitido, pero es necesario trabajar mucho más para modificar los parámetros de lo que es considerado normal o moralmente aceptable.

    Por eso, para preparar el terreno para el cambio legal, en los 18 meses entre la publicación de la sentencia de la Corte Suprema y la entrada en vigencia de la decisión, más de 35 OSC locales desarrollaron la campaña “Sí, Acepto”, llamando al reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esta campaña también fue acompañada por medios de comunicación, empresas que son parte del gremio de la publicidad, gremiales como el Asocio Empresarial para el Desarrollo, las Naciones Unidas y embajadas como las de Canadá y los Países Bajos.

    La campaña presentó testimonios de personas, parejas y familias LGBTQI+, así como de sus familiares, vecinos y amigos con el objetivo de promover la aceptación y modificar las percepciones de lo que significa ser LBGTQI+ en la sociedad costarricense. Fue una activación a nivel nacional, con videos que fueron transmitidos no solo por las redes sociales sino también por la televisión nacional durante meses. Es la mejor campaña que se ha ideado sobre el tema, y se la debemos a la señora Nisa Sanz, presidenta de la OSC Familias Homoparentales, y a Gia Miranda, vocera oficial de la campaña.

    Los videos mueven emociones y generan empatía. Llevaron a miles de personas que no estaban involucradas políticamente a renunciar a su sagrado derecho a la privacidad y dar la cara, para dejar ser una abstracción y volverse una realidad. Le puso un rostro humano a la idea abstracta de “los gays”, como la presentan los periódicos. Al decirles que no van a ser rechazadas, generó las condiciones para que las personas vayan perdiendo el miedo, pues la mayoría de las personas LGBTQI+ sufren algún tipo de rechazo en su vida cotidiana, independientemente de su estatus social. El resultado fue la participación de una ciudadanía activa, que con o sin pandemia no dio un paso atrás sobre el terreno conquistado. Esto fue determinante para dejarles claro a los diputados que intentaban sabotear el matrimonio civil igualitario que no les sería posible conseguirlo.

    Fue una de las campañas de derechos civiles más importantes de la historia, y quedará en el recuerdo como una luz que brilló en las tinieblas de la pandemia. Un día antes de que el matrimonio civil comenzara a regir para todas las personas adultas en Costa Rica, el obispo de la Iglesia Católica de Alajuela pronunció un mensaje que decía: “nos alegramos de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia y creo que ahí, donde hay una manifestación de cariño y de familia de alguna forma, ahí se manifiesta Dios, y tenemos que favorecerlo”. Si bien no necesariamente reflejaba la posición de toda la institución, las palabras de este representante religioso fueron el producto del excelente trabajo de los y las activistas para lograr el cambio cultural necesario para lograr la aceptación de las personas LGBTQI+.

    Es notable el modo en que Costa Rica pasó de criminalizar la homosexualidad en los años ’70 y cerrar sus bares, considerados “perversos”, y perseguirla con redadas bajo la excusa de la salud pública en los ’80, a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en 2016 y, tras una elección presidencial enfocada en el tema, nombrar en 2018 un comisionado presidencial para asuntos LGBTQI+ y reconocer dos años más tarde el matrimonio igualitario.

    Hemos dejado atrás una ley injusta más. Y mucha gente ha comprendido que el hecho de que la unión de pareja y los planes de vida de dos adultos del mismo sexo reciban protección legal no les afecta en nada – a lo sumo, valida la institución matrimonial de la cual ellos también forman parte – y que ser gay no tiene nada de malo, y que en todo caso nadie se “hace gay” como resultado de esta normalización.

    ¿Qué significación regional tienen los progresos logrados en Costa Rica?

    Centroamérica es una de las regiones más hostiles de América Latina para las personas LGBTQI+. Los asesinatos de personas homosexuales y trans son frecuentes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica, el primer país centroamericano que aprueba el matrimonio igualitario, debería ser un modelo para toda la región. La opinión consultiva de la Corte IDH tiene validez para la veintena de países de las Américas que reconocen su competencia. Panamá pronto podría seguir el camino de Costa Rica: se ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad fundada en el fallo de la Corte IDH, y la Fundación Iguales Panamá está coordinando la participación de la sociedad civil nacional internacional en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

    La Fundación Igualitxs también lleva mucho tiempo trabajando en el mismo sentido en El Salvador, mi país de origen. La sociedad civil salvadoreña ha logrado avances inmensos. En función de las tendencias regresivas de la Asamblea Legislativa sobre el tema de matrimonio civil igualitario, durante una década y media nuestros esfuerzos se centraron en la presentación de demandas de inconstitucionalidad del Código de Familia. Yo presenté una de estas demandas, titulada Demanda por la Igualdad, el 11 de noviembre de 2016. Poco después, varias OSC, como la Asociación Entre Amigos, Comcavis y Hombres Trans El Salvador, así como numerosos activistas independientes, presentaron una demanda similar.

    Igual que en Costa Rica, los sectores conservadores reaccionaron con fuerza. En la Asamblea Legislativa, se apuraron a dar inicio al proceso de ratificación de una reforma constitucional excluyente que llevaba años estancada, y que daría rango constitucional a la definición restrictiva del matrimonio que nosotros cuestionábamos en el Código de Familia, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frente a esto promovimos una solicitud de medida cautelar contra el proceso de reforma constitucional, y logramos que la Corte Suprema lo frenara. Fue a raíz de esta demanda que se creó el movimiento Igualitos, que luego se convertiría en la Fundación Igualitxs.

    Las dos demandas de inconstitucionalidad de 2016 fueron finalmente admitidas en agosto de 2019, y en enero de 2020 un magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anunció que el tribunal fallaría próximamente y admitió que esta es una de sus grandes deudas pendientes. De modo que puede que estemos cerca de lograrlo.

    ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil defensora de los derechos de las personas LGBTQI+ de la sociedad civil internacional?

    En el contexto de la pandemia del COVID-19, la situación se está poniendo cada vez más difícil. Los Estados tienen sus recursos comprometidos en la lucha contra la pandemia; las OSC enfrentan dificultades presupuestarias y la crisis está afectando a todo el mundo. Además, mucha gente se vuelca a la fe para sobrellevar la crisis y algunos grupos religiosos están aprovechando para impulsar campañas contra las personas LGBTQI+. Sin embargo, sigue siendo posible tomar medidas y acciones concretas, como por ejemplo, en El Salvador, la aprobación de un proyecto de ley que decenas de organizaciones impulsan para que se reconozca a las personas defensoras de derechos humanos.

    En lo que se refiere específicamente a nuestra organización, que no tiene fondos y funciona enteramente sobre la base del voluntariado, estamos tratando de ir de a un día a la vez, para retomar el control que hemos perdido por la pandemia. Pienso que es el momento para preguntarnos no solo qué queremos y podemos obtener de la vida, sino también qué podemos darle de regreso. De esta manera entramos a una zona de poder, donde conservamos agencia pese a las limitaciones. Salimos así de nuestra zona de confort para ingresar a una zona de crecimiento. A partir de la aceptación de la realidad que nos toca, tenemos que hacer una profunda introspección para reinventarnos. Este es el momento para volver a creer que todas las personas tenemos el potencial de hacer grandes cosas y dejar huella si actuamos no para obtener halagos y ganar popularidad, sino en busca de la satisfacción de hacer lo correcto y lo justo, generando un impacto positivo en el mundo.

    El espacio cívico en Costa Rica es clasificado como ‘abierto’ por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con la Fundación Igualitxs a través de susitio web y su perfil deFacebook. 

     

  • COVID-19: ‘Los refugiados pagaron un precio mayor en una crisis que se creyó que afectaba a todos por igual’

    CIVICUS conversa sobre la situación de los refugiados del clima y los crecientes desafíos enfrentados durante la pandemia del COVID-19 con Amali Tower, fundadora y directora ejecutiva de Climate Refugees. Fundada en 2015, Climate Refugees defiende los derechos de las personas desplazadas y obligadas a migrar, incluso a través de las fronteras, como consecuencia del cambio climático. Documenta sus casos para arrojar luz sobre las brechas de protección y los vacíos legales y aboga por la adopción de soluciones con perspectiva de derechos humanos y la creación de normas y políticas que protejan a las personas afectadas por la migración y el desplazamiento impulsados por el cambio climático.

    Amali Tower

    Su organización se llama Climate Refugees (“refugiados del clima”) aunque actualmente el término no tiene respaldo en el derecho internacional. ¿A qué se debe esta elección? ¿Piensa que esta categoría debería ser oficialmente reconocida?

    Es verdad, el concepto no existe en el derecho internacional, pero los factores que impulsan la migración están cada vez más entrelazados, como se ha observado en el caso de las personas refugiadas y desplazadas internamente por efecto de conflictos y persecuciones. No es diferente en el contexto de la migración climática, que para millones de personas no es un problema puramente ambiental, sino una cuestión de justicia. Para muchas poblaciones que dependen de la tierra, los cambios climáticos tienen efectos sobre la supervivencia y los medios de vida, con impactos que exceden con creces lo individual, ya que afectan a la familia, la comunidad, la producción y las empresas locales. De modo que, antes de ser un factor que contribuye a la migración, el clima es un factor que durante años provoca profundas pérdidas y sufrimientos, se expresa en pérdidas económicas y tiene ramificaciones políticas. Esto se observa, por ejemplo, entre los agricultores de subsistencia del África subsahariana, de América Central y de muchas otras regiones. En este contexto, una persona desplazada por los impactos del cambio climático es al mismo tiempo desplazada por factores económicos y políticos, dado que en muchos países la situación política y los sistemas económicos tienen una gran vinculación con la situación del medio ambiente.

    Además, es importante recordar que los impactos del cambio climático y la migración y el desplazamiento provocados por el clima no son riesgos futuros. Se trata de una realidad que muchas personas ya están experimentando, y que se está manifestando en algunos de los sitios más frágiles del mundo y está siendo padecida por poblaciones empobrecidas y vulnerables que casi no han tenido responsabilidad alguna en la generación del cambio climático.

    Por eso abordamos el tema como una cuestión de igualdad y justicia. Habiendo trabajado durante mucho tiempo en la protección de personas refugiadas, habiendo entrevistado y proporcionado servicios a innumerables refugiados que huían del conflicto y la persecución, como lo establece la definición legal, soy plenamente consciente de la controversia y la reacción que esto puede provocar. Me costó tomar esta decisión, pero en última instancia, no pude reconciliar la definición legal con años de testimonios de personas que huían por razones diversas y que resaltaban entre sus motivaciones el impacto de años de devastación ambiental más que la guerra que todos sabíamos que estaba ocurriendo.

    De modo que finalmente nos decidimos por el término “refugiados climáticos” o “refugiados del clima” para provocar una discusión. Para enfatizar la responsabilidad política por el cambio climático. Para generar conciencia sobre los dispares impactos del cambio climático, que sobre algunas personas son letales. Para contribuir a las políticas públicas, provocarlas y desafiarlas. Para subrayar las necesidades escuchando la voz de las personas afectadas y para ayudarles a conseguir protección legal. En definitiva, para presentar esto como una cuestión de igualdad.

    En el terreno de las migraciones hay mucha discusión –hay quienes dirían que confusión- en materia de terminología. No hay consenso sobre los términos apropiados, por lo que se utilizan términos diversos, tales como “migración inducida por el clima” y “migrantes ambientales”.

    Creo que debemos tener cuidado de no simplificar el mensaje. Pero tampoco debemos emplear una terminología demasiado técnica sobre los temas de fondo y el sufrimiento que tantas personas de carne y hueso están experimentando. Debemos ayudar a los formuladores de políticas y a la ciudadanía a comprender que toda situación compleja supone una cantidad de factores coadyuvantes. A menudo las personas se han trasladado, convirtiéndose en refugiadas, como consecuencia de conflictos y sequías; basta con mirar el caso de Somalia. Otras personas se trasladan en busca de seguridad y mejores oportunidades para ganarse la vida, como lo estamos viendo en el caso de Centroamérica.

    Debemos dejar en claro que la línea divisoria entre migración “forzada” y “voluntaria” es a menudo malinterpretada, si es que no se trata de una falsa dicotomía.

    En resumen, utilizamos la expresión “refugiados del clima” para llamar la atención sobre la responsabilidad política de los países ricos y de ciertas industrias a la hora de garantizar acceso a la justicia, compensación, protección e igualdad en todos los niveles, porque las soluciones también deben ser multifacéticas.

    ¿Qué tipo de trabajo hace Climate Refugees?

    Climate Refugees es una organización de investigación e incidencia que produce informes a partir del trabajo de campo y se involucra en la formulación de políticas para examinar el cambio climático a través de una lente humana y ayudar a incluir y amplificar las voces de las comunidades cuyos medios de vida y seguridad han sido afectados y que han sido desplazadas u obligadas a migrar. De lo contrario, la conversación sobre el cambio climático seguiría siendo fría y abstracta, en vez de centrarse en los impactos que tiene sobre comunidades enteras y sobre seres humanos de carne y hueso.

    Además de producir informes en los sitios críticos de desplazamiento climático, educamos y contribuimos a generar conciencia acerca de los impactos del cambio climático sobre la movilidad humana en tiempo real y en formas no siempre exploradas, a través de dos publicaciones: EN FOCO: El desplazamiento climático en las noticias (SPOTLIGHT: Climate Displacement in the News) que, como su nombre lo indica, es un resumen actual de noticias globales y análisis de expertos acerca de los impactos del cambio climático sobre las migraciones, los derechos humanos, las leyes y políticas, los conflictos y la seguridad; y PERSPECTIVAS: El desplazamiento climático en el terreno (PERSPECTIVES: Climate Displacement in the Field), que incluye artículos sobre una variedad de temas relacionados con las migraciones y los desplazamientos inducidos por el clima, con opiniones de expertos e historias en primera persona.

    El objetivo que perseguimos con estas publicaciones es ofrecer información y presentar historias de personas migrantes y desplazadas y análisis experto a través de una lente de justicia climática que resalte los impactos desproporcionados del cambio climático sobre las poblaciones marginadas y desfavorecidas que son las menos responsables del cambio climático. Creo que, en gran medida, fundé esta organización para poder tener la conversación que creo que muchos de nosotros queremos tener, en torno de la idea de que estamos ante todo frente a una cuestión de justicia e igualdad y de que nuestras soluciones deberían derivarse de esa constatación.

    ¿Se han visto las personas refugiadas por el clima particularmente afectadas por la pandemia del COVID-19 y las restricciones derivadas de ella? ¿Qué se está haciendo al respecto?

    La pandemia del COVID-19 proporciona un buen ejemplo de un aumento de las violaciones de derechos en un contexto de crisis, y una refutación enfática de la afirmación de que “estamos todos en el mismo barco”. Las personas migrantes y refugiadas ciertamente pagaron un precio más alto durante una pandemia global que muchos creyeron que afectaba a todos los seres humanos por igual. Es difícil lograr mantener la distancia social cuando se es una persona desplazada que vive en condiciones de hacinamiento en un asentamiento, ya sea formal o informal, urbano o rural, ya sea que se trate de un campamento de refugiados o de viviendas provisorias para migrantes. A las personas migrantes y refugiadas les fueron negados la libertad de movimiento, el derecho a la salud y el derecho a la información en un grado más alto que a otras poblaciones, y experimentaron más impedimentos para acceder a sus derechos.

    No se trata de señalar a ningún país en particular, porque el punto es que las poblaciones vulnerables que durante la pandemia deberían haber recibido mayores protecciones, en casi todas partes se volvieron, por el contrario, más vulnerables. En el Líbano, las personas refugiadas fueron sometidas a restricciones más estrictas de toque de queda, que incluso impidieron su acceso a tratamiento médico. En el asentamiento de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, las personas refugiadas rohingya fueron forzadas a permanecer en el campamento y se les negaron los derechos a la comunicación y a la salud. En muchos países donde se hacinan en viviendas precarias, como ocurre en Malasia, muchas personas migrantes fueron detenidas. Estados Unidos les negó a las personas solicitantes de asilo el derecho a solicitar asilo y violó el principio de no devolución, retornándolas a la frontera sin audiencia previa, deportando a solicitantes de asilo cuyos tests de COVID-19 dieron positivo y exportando en ese acto el virus a Haití y a Centroamérica. Estados Unidos continúa deteniendo a miles de personas, mayoritariamente procedentes de Centroamérica, que huyen no solamente de la violencia y la persecución sino también de los impactos del cambio climático, negándoles la libertad de movimiento y, posiblemente, en algunos casos también los derechos a buscar asilo, al debido proceso y a la salud.

    Cuando el ciclón Amphan estaba a punto de azotar la Bahía de Bengala en mayo de 2020, en el punto más álgido de la pandemia, las poblaciones de las zonas afectadas fueron reubicadas antes del desastre, lo cual salvó vidas, pero también significó que el distanciamiento social no se pudo implementar en el contexto del desplazamiento y la vulnerabilidad frente al virus pasó a ser una gran preocupación.

    Me temo que la situación no será diferente a medida que la crisis climática empeore. Ésta afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del mundo y, una vez más, nos encontraremos en una situación en la que debería ser pertinente pensar que estamos todos en el mismo barco, pero nuevamente nos daremos cuenta de que algunos de nosotros tenemos los medios para escapar de la peor parte de los impactos del cambio climático, mientras que otros cuentan con protecciones sociales limitadas mientras que muchos otros, que ya están en la pobreza extrema y al margen de la sociedad, caerán más abajo y no podrán huir de los múltiples impactos en todos los niveles.

    ¿Está el tema del desplazamiento climático recibiendo suficiente atención? ¿Se ha logrado algún progreso en la conformación de un marco legal internacional que proteja a las personas desplazadas por el cambio climático?

    Sin duda, estamos viendo que los medios prestan más atención a los impactos del cambio climático, entre ellos las migraciones. Pero a medida que el tema se convierte en parte de la conversación cotidiana, también existe la posibilidad de que se pierdan matices importantes. Yo diría que se han logrado algunos avances en el área del desplazamiento climático, es decir, de los desplazamientos que se producen como resultado de desastres tales como inundaciones y tormentas. Tenemos datos que nos dicen cuántas personas son desplazadas cada año por desastres -un promedio de alrededor de 25 millones- y comprendemos mejor la naturaleza y las determinaciones causales de estos desplazamientos.

    Pero la migración climática es mucho más complicada, ya que los factores que impulsan esta migración, ya sea interna o a través de las fronteras, están cada vez más entrelazados. Y cuando hay múltiples factores en juego, es difícil desentrañar qué papel juega cada uno de ellos, o en qué medida el fenómeno resultante, en este caso la migración, puede atribuirse a una causa determinada, en este caso al cambio climático. La ciencia y la tecnología en el área de la atribución climática están mejorando, lo que permite a los expertos determinar cada vez mejor la medida en que el cambio climático es un factor relevante en cada situación. Pero en términos generales, en muchas partes del mundo el medio ambiente también es un problema económico y político, por lo que por el momento es correcto afirmar que el cambio climático está contribuyendo grandemente a las migraciones.

    Dicho esto, gran parte de la discusión sobre el marco legal se estanca en conversaciones que giran en torno del hecho de que las migraciones son en gran parte internas, así como en proyecciones de desplazamientos apocalípticas. El sistema internacional duda en impulsar conversaciones que conviertan aún más a las migraciones en un tema de seguridad y los estados se resisten a asumir compromisos que brinden mayores protecciones a las personas migrantes o refugiadas.

    Entonces, por ahora los avances se limitan a compromisos no vinculantes por parte de los estados bajo la forma Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que incluye algunas medidas relacionadas con la migración ambiental a través de las fronteras. La Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres es una iniciativa liderada por estados que hace un buen trabajo a la hora de proteger a las personas desplazadas a través de las fronteras a causa de desastres y del cambio climático.

    A principios de este año el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió revisar el caso de una persona de Kiribati que afirmaba ser “refugiada climática”. Había llevado su caso ante dicho órgano de derechos humanos con el argumento de que el hecho de que Nueva Zelanda denegara su solicitud de asilo violaba su derecho a la vida en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ONU estableció que los países no pueden deportar a personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático que violan su derecho a la vida.

    ¿Qué debería hacerse para que el problema sea no solamente reconocido sino también mitigado?

    Hay quienes temen que alertar sobre una inminente crisis migratoria provocada por el cambio climático podría tener el efecto de alimentar la hostilidad y la xenofobia contra las personas migrantes y refugiadas. Si bien entiendo el argumento y reconozco que el riesgo es real, también creo que es igualmente cierto que, para las personas xenófobas y hostiles hacia migrantes y refugiados, cuál sea el motivo que lleva a la gente a migrar no es relevante. De modo que cuando hablamos de estas cosas debemos preocuparnos por encontrar un delicado equilibrio, ya que realmente no sabemos cómo resultará, pero lo que sí sabemos es que las trayectorias y las perspectivas no suelen ser tan buenas, falta voluntad política y la cuestión no suele abordarse desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en la protección de las comunidades afectadas, entre ellas las personas migrantes. En ese sentido, no se trata de ser alarmistas con los números, sino más bien de hacer sonar la alarma respecto de la necesidad de hacer mejor las cosas para llenar vacíos vitales en materia de derechos y protecciones.

    Se suele poner demasiado el acento en cómo no deberíamos llamar a estas personas, cómo no deberíamos enmarcar el tema, pero en cambio no se presta suficiente atención a cómo deberíamos proteger a las poblaciones vulnerables.

    Los países que ya tenían un problema de pobreza extrema ahora están luchando también contra condiciones climáticas extremas, y hay en este punto una enorme injusticia subyacente, en la medida en que no se reconoce que el cambio climático no fue provocado por todos por igual, y que sus impactos tampoco serán experimentados por todos por igual.

    Se podría hacer mucho más en materia de adaptación. La adaptación es muy costosa y los países que soportan el grueso de los impactos del cambio climático no están en condiciones de asumir también sus costos financieros. Muchos expertos regionales afirman que gran parte de la financiación internacional que se les destina se centra en la mitigación de los efectos del cambio climático más que en la adaptación.

    Tenemos que desarrollar la resiliencia de las comunidades para resistir los efectos del cambio climático y, en algunos contextos, esto también podría suponer la construcción de instituciones de gobernanza, instituciones públicas y capacidades para resistir frente a las fuertes presiones de los impactos del cambio climático sobre las sociedades.

    La adaptación puede requerir innovación, desarrollo de infraestructura y cambios sociales, todo lo cual puede ser muy costoso, y la planificación de la adaptación debe respetar los derechos humanos y habilitar opciones, incluida la opción de migrar, que tampoco es necesariamente una “opción” enteramente voluntaria. El punto es que el establecimiento de caminos seguros para migrar, cuando las condiciones no permiten que la gente se quede, es una forma de salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones afectadas por el cambio climático.

    ¿Se están estableciendo suficientes conexiones entre los esfuerzos de promoción de los derechos de migrantes y refugiados y el activismo climático?

    Desde mi perspectiva, daría la impresión de que existen pocas conexiones entre estos dos movimientos y pienso que hay un gran potencial para una labor de incidencia conjunta más fuerte. Por ejemplo, el solo hecho de ampliar la conversación sobre la migración climática y convertirla en el debate de un movimiento más que en una conversación sobre investigación y política pública, sería un paso adelante en el involucramiento de la ciudadanía en una cuestión que me temo que para mucha gente es demasiado difícil de entender, por no decir de abordar.

    Al mismo tiempo, existe un público preocupado e interesado que desea ser parte de la solución. De modo que, al mismo tiempo que tratamos de contribuir a las políticas públicas, nos esforzamos para que la información sea más accesible de modo de poder involucrar y unir al movimiento con la ciudadanía para abordar el problema como una cuestión de justicia climática, ya que así es como lo vemos.

    Contáctese con Climate Refugees a través de supágina web, su cuenta deInstagram o su perfil deFacebook, y siga a@Climate_Refugee y a@TowerAmali en Twitter.

     

  • INDIA: “Las organizaciones de la sociedad civil que se atreven a decirle la verdad al poder son atacadas”

    Mrinal SharmaCIVICUS habla con la abogada e investigadora de derechos humanos Mrinal Sharma acerca del estado de las libertades cívicas en India. Mrinal trabaja ayudando a personas defensoras de derechos humanos ilegalmente detenidas y a solicitantes de asilo, refugiados y apátridas en India. Trabajó como Asesora de Políticsa en Amnistía Internacional India hasta que el gobierno de este país obligó a la organización a cerrar en octubre de 2020. Su trabajo con Amnistía se enfocó en las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en Assam, en las barreras para el acceso a la justicia en Cachemira y en la demonización de las minorías en toda India. Mrinal había trabajado anteriormente en la Commonwealth Human Rights Initiative y en la Refugee Solidarity Network.

    ¿Se están volviendo más restrictivas las condiciones para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi?

    Ciertamente, el espacio cívico en la India ha experimentado un deterioro gradual bajo el gobierno de Modi. El 90% de los delitos de odio perpetrados en la última década se produjeron después de 2014, es decir, durante el gobierno de Modi. Según la base de datos sobre sedición de Artículo 14, desde 2010 11.000 personas han sido acusadas de sedición en la India. El 96% de los casos de sedición iniciados desde 2010 por criticar al gobierno nacional y a sus líderes fueron iniciados durante el gobierno de Modi. La India no es ajena a la tendencia al bloqueo deliberado del acceso a internet y ostenta el récord de haber impuesto el mayor número de bloqueos de internet en todo el mundo. Según el Internet Shutdown Tracker del Software Freedom Legal Centre, la cantidad de bloqueos de internet ha aumentado constantemente desde 2014. Estos alcanzaron su punto máximo en 2019, lo cual dio cuenta del prolongado apagón de las comunicaciones impuesto por el gobierno indio en Jammu y Cachemira. Además, entre 2012 y 2020, 148 de los 385 bloqueos de internet fueron impuestos para contener “situaciones de orden público” en curso, un eufemismo que suele utilizarse en referencia a las protestas pacíficas. Estos datos indican la magnitud de las restricciones impuestas sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en la India.

    Además, el uso de leyes restrictivas tales como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Pública y otras leyes de detención preventiva para frenar las protestas contra las políticas discriminatorias del gobierno también se ha convertido en algo habitual. Ni siquiera esta virulenta pandemia ha disuadido al gobierno indio de detener o mantener detenidas a personas defensoras de derechos humanos de avanzada edad o en mal estado de salud, a pesar de la situación de hacinamiento en las cárceles. En julio de 2020, Varavara Rao, un poeta y activista de 81 años que fue acusado en virtud de la UAPA por su presunta participación en actos de violencia ocurridos durante las celebraciones de Bhima Koregaon en 2018, dio positivo para el COVID-19 mientras estaba detenido en una prisión superpoblada de Maharashtra. Tras pasar más de dos años y medio detenido a la espera de juicio y de realizar múltiples intentos fallidos para obtener la libertad bajo fianza, recientemente fue puesto en libertad por seis meses en consideración de su precario estado de salud. Del mismo modo, Safoora Zargar, una investigadora académica que estaba embarazada de tres meses fue acusada bajo la UAPA y detenida en otra prisión superpoblada de Delhi por protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA). Fue necesario llevar a cabo una intensa campaña pública internacional, nacional y local para que fuera puesta en libertad bajo fianza. Muchos estudiantes siguen detenidos.

    La pandemia ha sido utilizada para activar leyes draconianas de “emergencia”. Estas leyes otorgan amplios poderes al gobierno para detener y encarcelar a cualquiera que infrinja el confinamiento punitivo impuesto para frenar la propagación del virus. Estas leyes fueron aplicadas en forma arbitraria contra periodistas, trabajadores esenciales y personas pertenecientes a grupos excluidos. Algunos fueron incluso torturados y asesinados mientras estaban bajo custodia policial. Según un informe reciente del Proyecto de Justicia Penal y Responsabilidad Policial, la mayoría de los informes contravencionales elevados durante el confinamiento en el estado de Madhya Pradesh fueron contra peatones, y en particular contra vendedores ambulantes y personas en vehículos de dos ruedas, lo cual dejó en evidencia la aplicación discriminatoria de las leyes de emergencia.

    Cabe señalar que la aplicación de estas leyes es un hilo conductor que une a sucesivos gobiernos. La mayoría de estas leyes fueron aprobadas por el gobierno anterior; el gobierno actual simplemente las ha utilizado para atacar a grupos sociales específicos.

    ¿Cuáles son los principales motivos que dan cuenta de los ataques contra activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC)?

    La sociedad civil desempeña un rol muy importante a la hora de acortar distancias entre derechos y derechohabientes. Al hacer ese trabajo, también comprende los defectos de los sistemas sociales y económicos y tiene poder para cambiar el statu quo exigiendo el fin de las desigualdades y desmantelando las estructuras de poder existentes, cosa que ha hecho con éxito en el pasado. Los líderes políticos demonizan a las OSC, desacreditan su trabajo y experiencia y las convierten en chivos expiatorios en función de sus creencias políticas para adquirir poder y beneficiarse políticamente.

    Estos constantes ataques adoptan la forma de restricciones ilegales y uso de términos vagos e imprecisos para describir a las personas defensoras de derechos humanos, a los manifestantes pacíficos y a sus motivaciones, y así moldear a la opinión pública. Entre esos términos se cuentan los de “antinacional”, “naxal urbano” y el más reciente “aandolanjivis” (manifestantes profesionales). Las OSC también son descritas como portadoras de una “ideología extranjera destructiva”, como una elite corrupta y como ese “otro” que trabaja contra el pueblo, mientras que quienes lideran esta demonización son presentados como representantes de ese “pueblo”. Esto aviva aún más las hostilidades entre grupos sociales, distrae al público de las verdaderas taras de la sociedad y habilita la adopción de políticas discriminatorias. Además, la restricción selectiva del derecho de las personas a las libertades de expresión y asociación con el objeto de silenciar las críticas y perpetuar la narrativa del gobierno también conduce efectivamente a la polarización, que es un terreno fértil para promover agendas políticas estrechas.

    ¿Qué cuestiones de derechos humanos son las que más preocupan a Amnistía Internacional en la India?

    La flagrante criminalización del disenso en la India sigue siendo muy preocupante. Las interrupciones masivas de Internet, el uso excesivo, innecesario y a menudo ilegal de la fuerza por parte de la policía y las detenciones ilegales en virtud de las leyes antiterroristas se han convertido en algo demasiado habitual. Dan prueba de ello la respuesta de mano dura del gobierno frente a las protestas pacíficas contra la decisión unilateral de despojar a Jammu y Cachemira de su autonomía constitucionalmente garantizada, en medio de un apagón total de las comunicaciones, la promulgación de la discriminatoria CAA y, más recientemente, la aprobación de tres leyes agrícolas que pretenden desregular la agricultura en la India.

    Desde septiembre de 2020, más de 160 agricultores han muerto mientras protestaban pacíficamente contra las leyes agrícolas. Muchos jóvenes activistas que apoyan a los agricultores están detenidos bajo cargos de sedición. Al menos 50 personas murieron en los disturbios que estallaron en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Además, la burbuja de noticias falsas y desinformación facilitada por los modelos de negocios de las grandes empresas tecnológicas, que están basados en la vigilancia, combinada con marcos débiles para la protección de los datos, alimenta constantemente la política de demonización en la India.

    También son preocupantes las represalias del Estado contra quienes denuncian violaciones y delitos de casta, así como la impunidad generalizada por los asesinatos y ataques contra minorías religiosas perpetrados por turbas de civiles armados y policías. A modo de ejemplo, a pesar de las pruebas irrefutables, grabadas en video, que muestran la complicidad de agentes de policía en los disturbios producidos en el noreste de Delhi en febrero de 2020, hasta ahora no hay ningún policía procesado. Al mismo tiempo que se ignoran sistemáticamente la violencia y el discurso de odio de los partidarios de la CAA, los manifestantes contrarios a la CAA siguen siendo acosados e intimidados por el gobierno.

    ¿Podría contarnos acerca de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (FCRA) y su impacto sobre la sociedad civil?

    La FCRA regula las donaciones extranjeras en la India. Ostensiblemente, fue promulgada para regular las donaciones extranjeras a los partidos políticos y controlar la influencia extranjera en las elecciones indias. Enmendada en múltiples ocasiones desde su aprobación en 2010, se ha convertido en un arma eficaz en manos del gobierno para sofocar a la sociedad civil india. Su versión más reciente impone restricciones discriminatorias al acceso de las OSC a financiamiento, imponiendo procedimientos de autorización onerosos, altamente burocráticos y difíciles de realizar. Desde 2011, según lo admite el propio gobierno, se han cancelado las licencias de más de 20.000 OSC. Las organizaciones que se atreven a decirle la verdad al poder o a cuestionar las violaciones de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional India, son atacadas con la FCRA mediante acusaciones motivadas políticamente.

    La última modificación de la FCRA, aprobada en plena pandemia, ha ahogado aún más a la sociedad civil. Prohíbe que los funcionarios públicos reciban fondos extranjeros; prohíbe la transferencia de fondos extranjeros de una organización o individuo a otro, más allá de que cuenten con licencia bajo la FCRA; reduce el límite de utilización del rubro de “gastos administrativos” del 50% al 20%; amplía el periodo de suspensión de la licencia para OSC otorgada por la FCRA de 180 días a un año; y establece que las contribuciones extranjeras solo pueden ser recibidas mediante una cuenta bancaria de la OSC marcada por la FCRA en una sucursal designada del banco estatal situada en Delhi.

    Estas enmiendas estigmatizarán efectivamente la asociación de funcionarios públicos con organizaciones sin fines de lucro, ahogarán las colaboraciones entre OSC y, en particular, aquellas que involucren a OSC más pequeñas y de base, reducirán los fondos asignados para pagar sueldos del personal y realizar proyectos en el terreno que conlleven gastos de viaje, y privarán a las OSC de fondos hasta que el gobierno complete su investigación por presuntas violaciones a la FCRA. También obstaculizarán el trabajo de las OSC que tienen su sede fuera de Nueva Delhi, que constituyen aproximadamente el 93% de s las OSC registradas en la India, ya que imponen innecesarios gastos de viaje, los cuales además se contarían dentro del límite de 20% para gastos administrativos.

    El gobierno tiene la obligación de justificar la imposición de estas estrictas restricciones y la vulneración de los derechos humanos de las personas y organizaciones a asociarse y expresarse libremente. Tiene que demostrar que estas restricciones son realmente legítimas, razonables y proporcionales al daño que buscan evitar, pero no lo ha hecho. De hecho, hizo caso omiso de los reclamos de la sociedad civil para que el proyecto de ley fuera sometido a un comité de personas expertas para generar mayor debate antes de su aprobación. El debate en el Parlamento también fue mínimo.

    La FCRA y sus enmiendas más recientes han sido muy criticadas por la comunidad internacional, y por personalidades como Maina Kiai, ex Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, por ser demasiado amplias y vagas. Pero el gobierno no ha hecho caso. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha pedido explicaciones por la cancelación masiva de licencias de la FCRA para las OSC.

    Paradójicamente, los partidos políticos siguen recibiendo fondos extranjeros, lo cual antes estaba prohibido, y lo hacen con mínimas restricciones. De hecho, a pesar de que los partidos políticos violan recurrentemente la FCRA, ahora no solamente les resulta más fácil recibir fondos, sino que además el proceso se ha vuelto mucho más opaco. A modo de ejemplo, en 2014 el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que el partido gobernante, Bharatiya Janata, y el Congreso Nacional Indio habían violado la FCRA al aceptar fondos extranjeros. En 2016 y luego en 2018, el gobierno indio modificó la FCRA para legalizar el financiamiento extranjero para los partidos políticos y eximir a éstos del escrutinio no solo de los fondos que les llegaran en el futuro, sino también de los que ya les habían sido donados en el pasado. En diciembre de 2020, la Comisión Central de Información, a cargo de la implementación de la Ley de Derecho a la Información de 2005, dictaminó que la revelación pública de la identidad de los donantes de los partidos políticos no sirve a ningún interés público, y por lo tanto no es necesaria.

    Esta clara diferencia entre el trato que reciben los partidos políticos y las OSC debería bastar para entender las turbias motivaciones subyacentes a la FCRA.

    ¿Por qué Amnistía India fue obligada a cerrar, y cuáles han sido las consecuencias?

    Amnistía Internacional India se vio obligada a cerrar como represalia por la publicación de dos informes críticos que ponían de manifiesto la situación de derechos humanos en Cachemira y destacaban el papel de la policía de Delhi en los disturbios que tuvieron lugar en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Poco después de que publicara estos informes, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. El gobierno no proporcionó ninguna advertencia ni aviso previo, ni ofreció ninguna razón para congelar las cuentas bancarias. Al no poder acceder a los fondos que había recaudado localmente, a partir de contribuciones de la ciudadanía india, Amnistía Internacional India se vio obligada a suspender todas sus actividades y a despedir a todo su personal.

    Para Amnistía Internacional India el acoso y la intimidación a causa de su trabajo de derechos humanos no era ninguna novedad. Desde 2016 enfrentaba una incesante campaña de desprestigio por parte del gobierno y de los medios de comunicación afines al gobierno. En 2018 soportó un allanamiento de 10 horas de duración por parte de la Dirección de Ejecución, tras el cual se vio obligada a despedir a varios miembros de su personal, lo cual afectó negativamente a su trabajo en la India, y en particular a su labor con comunidades excluidas. Aunque los tribunales emitieron una medida cautelar en favor de la organización, su buen funcionamiento se vio dificultado por la persecución mediática y la reducción de sus capacidades. Es importante señalar que hasta el día de hoy no se han presentado acusaciones formales contra la organización. Un año después, en noviembre de 2019, en medio de rumores de la inminente detención de sus altos funcionarios, las oficinas de Amnistía Internacional India y la residencia de uno de sus directores volvieron sufrir allanamientos, esta vez por parte de la Oficina Central de Investigación, la principal agencia de investigación del país, dependiente del gobierno central. Sin embargo, la organización siguió trabajando, desafiando estos ataques contra ella y sus empleados.

    Pero esta vez los ataques fueron más encarnizados. El impacto inmediato del cierre ha recaído sobre el personal de Amnistía Internacional India -investigadores, responsables de campañas, recaudadores de fondos-, que perdieron sus empleos de la noche a la mañana sin recibir ninguna indemnización, en el contexto de una recesión económica que se ha visto agravada por la pandemia. Los grandes proyectos de investigación y las campañas que llevaba a cabo Amnistía Internacional India se han paralizado. Habría que dejarle en claro al gobierno indio que, con la excusa de sujetar a controles a una supuesta “entidad extranjera”, todo lo que ha hecho es privar de sus medios de vida a muchos de sus propios ciudadanos. Y, lo que es aún más importante, ahora hay una voz menos exigiendo al gobierno indio que rinda cuentas de sus excesos y su inacción.

    ¿Hay otras organizaciones de derechos humanos que estén enfrentando desafíos similares?

    Varias OSC que han cuestionado o criticado las políticas del gobierno han enfrentado desafíos similares en relación con la FCRA. People’s Watch, Indian Social Action Forum, Hazards Centre, Greenpeace India, Sabrang Trust, Navsarjan Trust, Act Now for Harmony and Democracy, Indian Social Action Forum y Lawyers Collective son algunos de los grupos que han recibido acusaciones motivadas políticamente en virtud de la FCRA. Esto no es un accidente. Existe un patrón deliberado de silenciamiento de los grupos de derechos humanos mediante su trato como empresas criminales y la presentación de los disidentes como delincuentes. Lawyers Collective, por ejemplo, ha trabajado ampliamente con las víctimas de los ataques contra musulmanes de 2002 en Gujarat. People’s Watch ha hecho activamente campaña contra los abusos contra personas detenidas. Greenpeace India ha estado a la vanguardia de la lucha por el derecho a la tierra y contra el cambio climático y el impacto medioambiental de la minería del carbón.

    Además de la FCRA, otras leyes draconianas contribuyen a crear un entorno incapacitante para la labor de derechos humanos en India. Entre ellas están la UAPA, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional. Anunciadas como leyes antiterroristas o leyes que castigan “delitos contra el Estado”, han creado un sistema de impunidad y constituyen herramientas eficaces para mantener a la gente en la cárcel durante períodos prolongados. El índice de condenas en virtud de estas leyes es realmente bajo. Según la Oficina Nacional de Registros de Delitos, en 2018 más del 93% de los casos iniciados bajo la UAPA seguían pendientes de tratamiento en los tribunales, mientras que la tasa de condenas en virtud de la UAPA era de apenas 27%. Desde 2016, solo siete casos de sedición han terminado en condena. Según una investigación anterior de Amnistía Internacional India, alrededor del 58% de las órdenes de detención dictadas entre 2007 y 2016 en virtud de la Ley de Seguridad Pública, que se aplica en Jammu y Cachemira y permite la detención administrativa sin acusaciones ni juicio, fueron anuladas por el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira. Entre marzo de 2016 y julio de 2017, el 81% de las órdenes de detención fueron anuladas. Esto demuestra que estas leyes son utilizadas para privar a las personas de su libertad de movimiento y de expresión durante el tiempo en que sus casos avanzan en los tribunales.

    ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos de derechos humanos y ampliar el espacio cívico en la India?

    En términos generales, la comunidad internacional debe amplificar las voces de quienes están al frente de la lucha contra las violaciones de derechos humanos en la India. Al mismo tiempo, debe dejar de asumir una posición moral elevada y desestimar las preocupaciones de la gente, reales o proyectadas, sobre la seguridad, el bienestar y el desarrollo. En cambio, debe centrarse en combatir el discurso que transforma a la sociedad civil en un “otro” rechazado y proyectar una visión de un mundo más justo, sostenible y equitativo – un mundo no puede lograrse en ausencia de una sociedad civil robusta que trabaje sin descanso para la gente a lo largo y a lo ancho del país. También debe mantenerse más cerca de las comunidades locales.

    En concreto, debe lograr que el Estado indio se responsabilice por todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha respaldado y aprobado y en las que se basa, mientras pelea por tener un lugar más importante en la mesa. Han pasado 24 años desde que India presentó al Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Estado parte. La CNDH, el principal órgano de vigilancia de los derechos humanos de la India, no alcanza los niveles mínimos establecidos por los Principios de París para las instituciones nacionales de derechos humanos, pero sigue manteniendo una acreditación de categoría A y, por lo tanto, puede participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La comunidad internacional debe exigir sistemáticamente la reforma de la CNDH y exigirle que rinda cuentas de la disminución de la protección de que gozan las personas defensoras de derechos humanos en la India. Los grupos de derechos humanos deberían poder confiar plenamente en las instituciones de derechos humanos de su país.

    El espacio cívico en India es calificado de “represivo” por elCIVICUS Monitor.

    Siga las actualizaciones de Amnistía Internacional sobre la India a través de susitio web.

     

  • JAPÓN: ‘La vulnerabilidad de las personas en situación de calle es el resultado de la exclusión incorporada en la sociedad contemporánea’

    CIVICUS conversa con CIVICUS Tsubasa Yuki, del Centro de Apoyo Moyai para la Vida Independiente (Moyai Support Centre for Independent Living) sobre la situación de las personas en situación de calle durante la pandemia del COVID19 en Japón. Fundado en 2001, el Centro de Apoyo Moyai apoya a personas en situación de calle creando un espacio comunitario y proporcionando asesoramiento y garantías de alquiler para quienes buscan vivienda.

    En Japón es ilegal pedir dinero en la calle y hay poca simpatía hacia las personas sin hogar, que a menudo son vistas en forma estereotipada, como personas que huyen de deudas de juego. En Tokio, los preparativos para los juegos Olímpicos, originalmente planeados para 2020 pero ahora postergados para 2021, resultaron en el desmantelamiento de las carpas de personas en situación de calle ubicadas cerca de estaciones de trenes y parques. En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Centro de Apoyo Moyai lanzó un petitorio en línea para pedir autorización a los organizadores de las Olimpíadas de Tokio y al gobierno de la ciudad para usar la Villa Olímpica como refugio para personas en situación de calle.

     

  • MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’

    Adrian Perei

    CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.

    NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.

    Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personastrabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamientoy deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Uninforme sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.

    ¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?

    En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.

    Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.

    También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

    En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.

    ¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?

    Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.

    El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.

    Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.

    También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.

    La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.

    ¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?

    Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

    Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita,y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

    Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

    Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.

    También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.

    Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.

    Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.

    ¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?

    Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.

    ¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?

    Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.

    Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.

    Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.

    Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.

    El espacio cívico enMalasia es clasificado como obstruido por elCIVICUS Monitor

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  • NACIONES UNIDAS: “Al sistema de derechos humanos existente hay que criticarlo sin dejar de defenderlo”

    CIVICUS conversa acerca con Brian Schapira,Director de Relaciones Institucionales del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una fundación basada en Argentina.que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos. Con foco en el apoyo a quienes sufren restricciones severas a sus libertades civiles y políticas, CADAL promueve la solidaridad democrática internacional en colaboración con activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo.

     

  • NIGERIA: ‘La protesta antirracista global renovó el reclamo para que la policía rinda cuentas’

    CIVICUS conversa con Nelson Olanipekun, abogado de derechos humanos y fundador y líder del equipo de Citizens’ Gavel, una organización nigeriana de tecnología cívica que trabaja para aumentar la velocidad de la impartición de justicia mediante la promoción del acceso a la justicia, la participación ciudadana y el uso de tecnologías digitales. Citizens’ Gavel fue fundada en 2017, en reacción a la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sector de la justicia.

    Nelson Olanipekun1

    ¿Qué tipo de trabajo hace Citizens’ Gavel?

    Citizens’ Gavel es una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Nigeria. Fue establecida hace tres años para hacer frente a la lentitud de los procesos judiciales, promover la rendición de cuentas y ofrecer apoyo legal. Nuestro principal objetivo es aumentar la eficacia de la impartición de justicia a través de la tecnología, la incidencia y el cabildeo estratégico, y reducir las violaciones de derechos humanos a través de políticas e incidencia legal. Actualmente estamos trabajando en conjunto con otras OSC en la reforma legal. En ese sentido, estamos tratando de convertirnos en un actor relevante en los procesos de formulación de políticas que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía nigeriana.

    Trabajamos con casos que involucran problemas que van desde el encarcelamiento masivo hasta la falta de procesos digitalizados en el sector de la justicia. El proceso de administración de justicia en Nigeria es uno de los más lentos de África; en consecuencia, tenemos una elevada proporción de personas encarceladas en espera de juicio. Alrededor del 70% del total de personas encarceladas están esperando su juicio; apenas el 30% tienen condena. En 2017 presentamos una demanda colectiva en nombre de más de 500 personas que esperaban su juicio en prisión en el estado de Oyo. Estas personas ya habían pasado varios años en la cárcel, pese a que la ley establece que se puede retener a los acusados durante un máximo de 28 días antes de llevarlos ante los tribunales. También digitalizamos los listados de causas de más de 30 tribunales de Nigeria y nos concentramos en mejorar la cooperación entre los actores del sector judicial.

    Brindamos representación legal gratuita para los detenidos con prisión preventiva que no pueden pagar un abogado. Hemos desarrollado programas y aplicaciones para que las víctimas de abusos de derechos humanos y sus familias puedan buscar ayuda legal fácilmente. Entre ellos se destaca Podus, una plataforma tecnológica que permite a las personas con prisión preventiva conectarse con el abogado pro bono que se encuentre más cerca. Esta plataforma fue creada específicamente para jóvenes que no tienen fácil acceso a abogados o a los programas de justicia. Contamos con más de 160 abogados en 24 estados de Nigeria y con un equipo legal de respuesta rápida de siete abogados. Hasta ahora hemos resuelto 1.500 casos. Otra aplicación de tecnología que desarrollamos para el área de justicia es el Reloj de la Justicia (Justice Clock), una plataforma tecnológica que calcula la cantidad de tiempo que los reclusos pasan detenidos y la cantidad de días que los sospechosos pasan en juicio en comparación con lo que disponen la Ley de Administración de Asuntos Penales y otras leyes. La plataforma también ofrece un espacio donde los actores del sector de la justicia -el poder judicial, la policía, los fiscales y los funcionarios penitenciarios- pueden informarse sobre las mejores prácticas internacionales y mejorar su trabajo. Hemos colaborado estrechamente con el estado de Ogun para implementar con éxito el Reloj de la Justicia de modo que el sector de la justicia, y específicamente el director del Ministerio Público y el Comisionado de Justicia del estado de Ogun, se aseguraran de que se respetaran los plazos constitucionales dentro de los cuales los acusados en espera de juicio pueden permanecer encarcelados.

    Hacemos un seguimiento de los casos que involucran violencia sexual y de género (VSG), tomamos casos de brutalidad policial, monitoreamos las campañas anticorrupción y los casos de corrupción para brindar información relevante al público, y abogamos por las personas indigentes y las conectamos a través de la tecnología. Nuestra preocupación por esta población surgió de la constatación de que el número de personas pobres que permanecen presas en espera de juicio va en aumento. Si no reciben ninguna ayuda, los acusados sin medios económicos pasan mucho tiempo en la cárcel por delitos menores, simplemente porque no pueden pagar la fianza ni sobornar a la policía. También son vulnerables y pueden ser obligados a confesar delitos que no cometieron y en consecuencia puede que terminen pasando en prisión períodos aún más prolongados.

    Citizens’ Gavel también trabaja en el tema del abuso policial. ¿Cuál es la situación en Nigeria, y cómo resonaron localmente las protestas globales provocadas por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos?

    La brutalidad policial es un gran problema en Nigeria y llevamos bastante tiempo trabajando en el tema. En abril de 2019, por ejemplo, instamos a la Policía de Nigeria para que realizara una evaluación de la salud mental a los oficiales que habían cometido abusos o asesinatos; caso contrario iniciaríamos acciones legales.

    En Nigeria, la protesta global ante la muerte de George Floyd renovó el reclamo de que la policía rinda cuentas y la gente comenzó a compartir historias de sus interacciones con agentes de policía. En conjunción con los problemas locales preexistentes, el incidente ocurrido en los Estados Unidos y sus resonancias globales realzaron las voces locales que se pronunciaban contra la brutalidad policial. Tuvimos la oportunidad de contribuir a este movimiento abordando las quejas que los ciudadanos nos hicieron llegar y continuamos trabajando para garantizar que los policías culpables rindan cuentas de sus actos.

    ¿De qué modo se han profundizado los problemas de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19?

    En cuanto comenzó la pandemia hubo un aumento de los casos de brutalidad policial relacionados con la aplicación de las medidas de confinamiento y el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las interacciones entre ciudadanos y agentes de policía aumentaron y como resultado de ello hubo más denuncias en contra de agentes de policía. Hacia abril de 2020, parecían ser más las personas muertas a manos de la policía que las fallecidas a causa del COVID-19. Además, los abusos cometidos por la Unidad del Escuadrón Especial Antirrobo de la Fuerza de Policía de Nigeria continuaron durante la pandemia, y las autoridades siguieron sin procesar a los agentes que cometieron actos de tortura y delitos violentos, en su mayoría contra hombres jóvenes de bajos ingresos.

    Otra epidemia de larga data, la de la VSG, también floreció bajo la pandemia. Antes de la pandemia, alrededor del 30% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años de edad habían sufrido abusos sexuales. Al tiempo que previenen los brotes del virus, las medidas de confinamiento representan una amenaza creciente para la seguridad de mujeres y niñas, ya que obliga a las víctimas de VSG a permanecer encerradas junto con sus abusadores. Entre marzo y abril de 2020, las denuncias de VSG aumentaron 149%. El confinamiento también comprometió la disponibilidad y el acceso a servicios, ya que muchos centros y refugios para víctimas de VSG cerraron o redujeron la gama de servicios que brindaban. Como resultado, estos servicios esenciales estuvieron en falta precisamente en el momento en que las sobrevivientes más los necesitaban.

    En respuesta a esta situación, Citizens’ Gavel aumentó la cantidad de casos de VSG que maneja. Estamos haciendo todo lo que podemos teniendo en cuenta que las reuniones físicas y las intervenciones legales fueron suspendidas y los miembros de nuestro equipo han estado trabajando de forma remota durante varios meses. Afortunadamente, nos resultó relativamente fácil manejar la situación porque somos una organización de tecnología cívica y nuestro personal ya estaba capacitado en el uso de herramientas virtuales.

    ¿De qué modo podría la sociedad civil internacional apoyar su trabajo?

    Agradeceríamos toda oportunidad de capacitación que nos ponga en mejores condiciones para atender mejor a las comunidades locales con las que trabajamos. También nos gustaría conocer las estrategias que mejor han funcionado para frenar los abusos de derechos humanos en otros contextos.

    Citizens’ Gavel pone mucho énfasis en el uso de la tecnología para resolver algunos de los problemas de justicia que tiene el país y ha podido desarrollar algunas herramientas tecnológicas en ese sentido; sin embargo, nos gustaría aprender más sobre las tecnologías que están funcionando en otros contextos. El acceso a plataformas internacionales a través de las cuales podamos exigir que nuestro gobierno rinda cuentas también es clave para nuestra estrategia.

    El espacio cívico Nigeria is calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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  • POLONIA: ‘Inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción’

    CIVICUS conversa con Klementyna Suchanow, activista, autora e investigadora basada en Varsovia, Polonia, acerca del recienteanuncio del gobierno polaco de que comenzará el proceso de retirada del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer. Klementyna es una de las fundadoras del Paro de Mujeres de Polonia (Polish Women’s Strike) y del Paro Internacional de mujeres. El Paro de Mujeres de Polonia es un movimiento feminista de base fundado en 2016 para defender los derechos de las mujeres contra la iniciativa del gobierno para prohibir y criminalizar el aborto. Durante la pandemia del COVID-19, el movimiento se ha mantenido unido y activo a través de un grupo de Facebook y continúa movilizándose por los derechos de las mujeres polacas.

    Klementyna Suchanow

    ¿Cuál ha sido en los últimos años la situación de Polonia en materia de género?

    Vivimos bajo un gobierno conservador, y aunque nunca diría que hace cinco años esto era el paraíso, la situación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ recientemente ha empeorado. Cada día presenciamos más ataques verbales y físicos contra grupos marginados. Se han establecido divisiones a lo largo de líneas políticas y los principales blancos de agresiones han sido los inmigrantes y las personas LGBTQI+. Las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y las elecciones presidenciales de este año han estado enfocadas sobre todo en el odio contra las personas LGBTQI+. La ola de odio es muy intensa y lidiar con ella es un gran desafío.

    La situación de las mujeres y los movimientos por los derechos de las mujeres es ligeramente diferente. Nuestra nueva corriente de feminismo popular es muy inclusiva y pragmática. Es por eso que tantas jóvenes se han unido a nosotras en los últimos meses. Vemos que las generaciones más jóvenes están más politizadas y conscientes. De modo que el movimiento de mujeres está en una posición muy fuerte. Es el único movimiento que ha podido obligar al gobierno a dar un paso atrás en su intento de prohibir el aborto en 2016, y posteriormente en otros temas. Parece que nuestra ira los asusta, pero siguen haciendo cosas para empeorar nuestra situación.

    En resumen, las mujeres estamos experimentando reveses en nuestra situación legal pero nuestro poder sigue creciendo. No estoy segura de si este es el caso de la comunidad LGBTQI+, porque se trata de un grupo minoritario y está más expuesta. La situación de las personas LGBTQI+ definitivamente está empeorando en todo sentido.

    ¿Se han producido más retrocesos en materia de género durante la pandemia del COVID-19?

    Aprovechando la pandemia, el gobierno y otros actores han hecho varios intentos para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En mayo de 2020, el parlamento polaco propuso un proyecto de ley que eliminaría la obligación legal de los centros médicos de derivar pacientes a otras instituciones en caso de negarse a proporcionar servicios de aborto en función de las creencias personales de su personal. Según la ley polaca actual, el aborto solo es legal cuando la vida de la madre está en peligro, el embarazo es el resultado de una violación o el feto tiene alguna deformidad grave. Aproximadamente el 98% de los abortos que se realizan caen en esta última categoría, pero en mayo se propuso un proyecto de ley para eliminar esta cláusula. En junio, nuevas disposiciones del Código Penal impusieron duras penas de prisión para quienes apoyen a las mujeres mediante servicios relacionados con el aborto.

    Las modificaciones de las leyes sobre el aborto introducidas durante la pandemia surgieron de un proyecto cívico presentado por una organización fundamentalista. Nosotras organizamos protestas, lo cual fue una locura, porque ¿cómo se hace para protestar durante una pandemia, cuando la gente no tiene permitido reunirse? Por eso nos volvimos creativas: inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción. Organizamos “colas de protestas”, paradas en fila con dos metros de distancia fuera de una tienda cercana al edificio del Parlamento, de modo de cumplir con las regulaciones de la cuarentena, mientras sosteníamos carteles y paraguas. Esto sucedió en varias ciudades, no solamente en la capital, Varsovia. Como no se nos permitía caminar libremente, también organizamos “protestas en automóvil”. Así interrumpimos el tráfico y bloqueamos la plaza principal de Varsovia durante aproximadamente una hora.

    Estas protestas fueron bastante efectivas. Las enmiendas no avanzaron y ahora están “congeladas”. Fueron enviadas a una comisión parlamentaria, pero la comisión no las está estudiando. No han sido rechazadas ni aprobadas. Pero esto también significa que en el futuro podrían ser resucitadas repentinamente y tendremos que volver a lidiar con ellas.

    Este gobierno ha dejado claro desde el principio que no apoya los derechos de las mujeres y no le importa la violencia contra las mujeres. Desde que llegó al poder, recortó el financiamiento de los centros de apoyo a las mujeres, los cuales han tenido que recurrir al crowdfunding o están sobreviviendo con donaciones privadas, porque ya no tienen acceso a la financiación estatal. Sin embargo, también se han logrado algunos avances, como ocurrió con una ley que se aprobó recientemente, a propuesta de un partido de izquierda, y que faculta a los agentes de policía a emitir órdenes de restricción que prohíben a los perpetradores de violencia ingresar al hogar de la víctima durante 14 días. Esto ha contribuido a separar inmediatamente a las víctimas de los perpetradores.

    Por otra parte, en los últimos meses las autoridades han anunciado repetidamente que están pensando en sacar a Polonia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Al principio no nos lo tomamos demasiado en serio. Pero siempre es así: primero prueban las aguas para ver qué tan lejos pueden llegar, y si no encuentran demasiada resistencia comienzan a avanzar. El tema no se planteó ni durante la campaña ni durante la elección presidencial, pero apenas una semana más tarde quedó puesto en la agenda. Muchos hechos graves, tales como arrestos de activistas, tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones.

    Ahora la situación se está poniendo grave. Varios ministros han hecho anuncios y el presidente ha aprobado la idea de retirarnos del Convenio de Estambul. También están haciendo mucha propaganda en los medios estatales para convencer a la gente de que el Convenio trata sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, las encuestas muestran que más del 60% de la población está en contra de abandonar el Convenio, en comparación con apenas 15% que apoya la idea. La mitad de quienes se oponen votaron por el partido gobernante. Es extraño que el gobierno esté llevando esta iniciativa tan lejos, dado que va en contra de las opiniones de sus propios votantes.

     

    Habiendo estado al frente de la huelga de mujeres polacas de 2016, ¿qué opina de la situación actual?

    Estamos tan acostumbradas a escuchar malas noticias que este último anuncio no nos sorprendió. La situación en Polonia es tal, y cada día suceden tantas cosas malas, que una se vuelve inmune a las malas noticias.

    Durante la pandemia, todo se ha vuelto muy político. En lugar de poner el foco en cuidar la salud de las personas, todo se politizó. Se suponía las elecciones presidenciales iban a ser en mayo y hubo mucha discusión sobre si debían realizarse; finalmente se las postergó para finales de junio. El partido gobernante sabía que estaba perdiendo popularidad porque el sistema de salud no es lo suficientemente eficiente y su propio Ministro de Salud estaba ganando mucho dinero mediante la provisión de máscaras y equipos médicos. Por eso el partido gobernante presionó para que las elecciones fueran lo antes posible, antes de que perdiera demasiados votos. Y en lugar de cuidar nuestra seguridad y nuestras vidas, se enfocó en hacer avanzar su propia agenda política. Los intentos de prohibir el aborto fueron indignantes y decepcionantes porque en un momento tan crítico uno espera más responsabilidad de su gobierno.

    Yo sabía que la gente estaba cansada de movilizarse, así que me sorprendió ver que tanta gente salió a defender el Convenio de Estambul, que se convirtió en un tema de discusión nacional en los medios de comunicación y en todas partes. Se ha creado mucha energía positiva en torno de este tema, y esto nos está dando la fuerza que necesitamos para detener la iniciativa.

    Llevamos cinco años protestando. La protesta tiene su propia dinámica: hay que percibir cuál el momento para decidir cómo reaccionar; a veces intentas una cosa y no funciona. Todo es un experimento. Pero en este momento, sentimos que hay una energía real y un impulso que debemos aprovechar. Hay mucho interés por parte de los medios extranjeros y mucha receptividad en relación con este tema. Esto es un poco extraño, porque en el pasado cada vez que intentamos hacer algo en relación con la violencia contra las mujeres fue muy difícil hacer que la gente se movilizara en las calles. Hay algo en el tema de la violencia que hace difícil traducir los sentimientos en acciones callejeras. Si bien muchas personas lo experimentan o conocen a alguien que ha sido víctima de violencia, prefieren no reaccionar. Muchas veces en el pasado fracasamos cuando intentamos organizar algo sobre el tema de la violencia, pero esta vez la gente se enganchó. Puede que ahora tengamos la oportunidad de defender el derecho a una vida libre de violencia, convirtiéndolo en un problema para el gobierno.

    ¿Enfrentan los y las activistas polacas que trabajan temas de género alguna restricción de su derecho a organizarse, expresarse y movilizarse?

    Soy escritora y artista, y como resultado de mi activismo me han cortado las subvenciones estatales. Ninguna institución estatal quiere trabajar conmigo en este momento, porque si mi nombre aparece en alguna lista, se convierte en un problema para ellos. También podría ser arrestada o llevada a los tribunales por una fundación legal de derecha como Ordo Iuris. Por supuesto, también está el discurso de odio: el gobierno usa tu nombre y tu imagen para hacer propaganda en los medios estatales, y también puedes ser atacada por troles en las redes sociales. La policía te puede hacer daño, como me pasó a mí durante una protesta en 2018. Esta situación se fue dando de forma paulatina, pero en este momento hay una amplia gama de formas de represión disponibles. Por el momento, sin embargo, no he oído hablar de activistas feministas que hayan experimentado ataques físicos procedentes de civiles.

    Soy una de las activistas que comenzaron a emprender acciones directas contra el gobierno, de modo que me acusan de muchas cosas. A Ordo Iuris no le agrado porque escribí un libro revelando detalles acerca de la red fundamentalista internacional de la cual forma parte. Estoy en su lista de enemigos, pero hasta ahora no me han demandado. Dicen que están trabajando en su lista de acusaciones en mi contra, porque son muchas. Durante nuestra última protesta, miembros de Ordo Iuris se acercaron a un oficial de policía y trataron de convencerlo de que me pidiera identificación. Pero la policía de Varsovia nos conoce, conoce nuestras caras, sabía que yo no había hecho nada ilegal durante la protesta y rechazó su exigencia.

    ¿De qué manera puede la sociedad civil llamar a rendir cuentas a un gobierno cada vez más autoritario como el de Polonia, y qué apoyo de la sociedad civil internacional necesita para hacerlo?

    Con respecto al Convenio de Estambul, estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que los fondos europeos deben asignarse teniendo en cuenta la situación real del respeto de los derechos humanos por parte de cada miembro de la Unión Europea (UE). La UE cuenta con un nuevo instrumento que establece que la financiación debe estar vinculada a la adhesión a los principios y prácticas democráticos. Estamos tratando de convencer al Consejo de Europa, la fuente del Convenio de Estambul, de que introduzca medidas similares contra los gobiernos que atacan los derechos de sus ciudadanos. Se trata de vincular el financiamiento con el respeto y la promoción de los derechos humanos. El dinero es el único idioma que los gobiernos entienden. Actualmente hay seis ciudades polacas que no reciben fondos europeos por haberse declarado “zonas libres de LGBTI”, lo cual es considerado un acto contrario a los derechos humanos. Quisiéramos plantear este tema junto con las mujeres turcas, que enfrentan una batalla similar contra la iniciativa de su gobierno de retirar al país del Convenio de Estambul. No puedes atacar los derechos humanos como lo están haciendo Hungría y Rusia, y aun así seguir siendo tratado por el Consejo de Europa igual que todos los demás, como interlocutor válido en la conversación. Este es un nuevo enfoque que estamos tratando de que la gente entienda.

    Queremos que las organizaciones internacionales de la sociedad civil presionen a los políticos locales para que tomen conciencia de que los temas de derechos humanos y fondos deben considerarse en forma inseparable. El Consejo de Europa también debe entender esto para que podamos sentar un precedente y, en el futuro, tanto aquí como en otros países las mujeres estén protegidas. Si tenemos un gobierno autoritario que hace lo que quiere, aun cuando la ciudadanía no está de acuerdo, necesitamos contar con algunas protecciones externas. Todo lo que tenemos en Polonia es represión, de modo que necesitamos que alguien de fuera esté de nuestro lado y no nos deje solos.

    El espacio cívico en Polonia es calificado de “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con el Paro de Mujeres de Polonia a través de su página deFacebook y siga a@strajkkobiet y a@KSuchanow en Twitter.

     

  • REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Somos parte de un movimiento antirracista global’

    CIVICUS conversa con Elena Lorac, coordinadora de Reconoci.do, una red cívica independiente y pluralista conformada principalmente por personas dominicanas jóvenes de ascendencia haitiana. Reconoci.do defiende los derechos humanos y promueve la integración real, plena y efectiva en la sociedad dominicana de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Con presencia a lo largo de la República Dominicana, Reconoci.do sostiene la visión un país multicultural donde personas diversas conviven dignamente, sin estigma ni discriminación, y sus derechos fundamentales son respetados por la sociedad y protegidos por el Estado.

    Elena Lorac

    ¿Cuándo y por qué surgió Reconoci.do, y cuáles son los objetivos de la organización?

    Reconoci.do es un movimiento de personas dominicanas de ascendencia haitiana, mayormente jóvenes, que luchamos por nuestro derecho a la nacionalidad y por el acceso a todos los derechos que se derivan de esta pertenencia: derechos civiles, políticos y sociales; derechos tan básicos como el derecho al trabajo, a una vivienda, a la educación y a la salud, que nos son sistemáticamente negados.

    El movimiento se formó a fines de noviembre de 2011, en reacción a una resolución de la Junta Central Electoral que suspendió “temporalmente” la validez de nuestras actas de nacimiento y documentos de identidad, es decir, en un contexto en que, en vez de avanzarse en el reconocimiento de derechos, se estaban produciendo retrocesos que institucionalizaban una exclusión histórica.

    Hasta 2010, la Constitución de la República Dominicana reconocía como nacionales a todas las personas nacidas en territorio nacional, con la excepción de los miembros del personal diplomático y las personas consideradas “en tránsito”, expresión que en principio se refería solamente a quienes llevaban unos pocos días en el país. Durante ocho décadas, bajo estas definiciones el Estado entregó certificado de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte dominicanos a los hijos e hijas de padres haitianos nacidos en el país. Sin embargo, en los años ’90 grupos nacionalistas empezaron a impulsar una interpretación restrictiva que, en 2004, se tradujo en una nueva Ley de Migración según la cual los trabajadores extranjeros temporales y los trabajadores migrantes indocumentados eran considerados extranjeros “en tránsito”, con lo cual sus hijos ya no tendrían acceso a la nacionalidad dominicana por el solo hecho de haber nacido en el país. La Junta Central Electoral, el organismo que coordina el registro civil, empezó a aplicar esta ley en forma retroactiva, y en 2007 institucionalizó esta práctica mediante una circular y una resolución que impidieron la expedición o renovación de documentos de identidad a los hijos nacidos en la República Dominicana de inmigrantes haitianos que estaban en situación migratoria irregular. En 2010, la nueva Constitución denegó el derecho automático a la nacionalidad a los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes en situación irregular. Por último, en septiembre de 2013 la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional estableció que las personas nacidas en el país cuyos padres hubiera estado en situación de indocumentación nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana. La sentencia se aplicó con carácter retroactivo a todas las personas nacidas entre 1929 y 2007, es decir, despojó de la nacionalidad dominicana a cuatro generaciones de personas, mayormente de ascendencia haitiana, que durante ocho décadas habían sido registradas como dominicanas.

    Estos cambios legales institucionalizaron una exclusión histórica que ha sido perpetuada por una política de odio, racismo y xenofobia impulsada por grupos nacionalistas. Desde la visión dominante, todo lo que viene de Haití es extraño, ajeno e imposible de asimilar. Así, personas como yo, nacidas en República Dominicana de padres haitianos, somos tratadas como extranjeras. Por haber nacido en República Dominicana, tampoco el Estado haitiano nos considera haitianos. Y en todo caso, estamos hablando de personas que en muchos casos nunca hemos ido a Haití, que nos hemos criado aquí y hablamos español; muchos jóvenes de hecho no hablan nada de creole. La falta de reconocimiento es terriblemente dolorosa.

    Para resolver la situación creada por el Tribunal Constitucional, y en respuesta a una fuerte labor de incidencia tanto nacional como internacional, en 2014 se aprobó la Ley 169-14, o Ley de Naturalización Especial. Esta ley estableció un régimen especial para las personas consideradas “descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular”, sobre la base de la distinción entre dos grupos. A los integrantes del “Grupo A”, que incluyó a quienes en el pasado habían estado inscriptos en el registro civil dominicano, la ley les reconoció la nacionalidad dominicana y ordenó a la Junta Central Electoral entregarles o devolverles sus documentos de identidad. En cambio, a los del “Grupo B”, que aunque habían nacido y vivido siempre en el país y no mantenían vínculo alguno con el país de origen de sus padres, nunca habían estado inscriptos, la ley les dio un plazo de 90 días para registrarse como extranjeros, con la posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana mediante naturalización en un plazo de dos años. Esta distinción es completamente arbitraria, y es común encontrar familias con hermanos que pertenecen a uno y otro grupo, así como familias que, aunque habían inscripto a sus hijos, se quedaron sin papeles como consecuencia de algún desastre natural y no pudieron iniciar el proceso de naturalización debido a su situación económica, a la lejanía de las oficinas administrativas y las tarifas involucradas. Apenas unos pocos miles de personas del Grupo B han logrado conseguir la nacionalidad por esta vía. Actualmente hay unas 133 mil personas jóvenes en situación de apatridia.

    Actualmente yo tengo mi cédula como resultado de la Ley 169-14; me la dieron cuando tenía 27 años. Mis años de desarrollo personal y formación y los inicios de mi vida productiva quedaron truncos porque no tenía cédula y no pude ir a la universidad. Muchos de mis compañeros y compañeras activistas están en la misma situación. Algunos han podido avanzar en la universidad y hasta llegaron a graduarse, mientras que otros no tuvieron la misma suerte.

    ¿Han llevado la causa de las personas dominicanas de ascendencia haitiana a los foros regionales o internacionales de derechos humanos?

    Durante décadas, la comunidad internacional y la sociedad civil dominicana han hecho incidencia tanto a nivel nacional como internacional para denunciar el atropello, la discriminación y el racismo estructural en la República Dominicana.

    Conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC), nosotros trabajamos asiduamente en el sistema interamericano, por ejemplo participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2014 la CIDH otorgó medidas cautelares a miembros del movimiento que habían sido amenazados o atacados. También en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que obligaba al Estado a devolvernos la nacionalidad. Pero el Tribunal Constitucional no reconoció la sentencia. El Estado dominicano no acata las decisiones de la Corte.

    El Estado no asume que hay un problema por resolver. Hoy nuestra lucha es mucho más compleja que cuando comenzamos porque ahora existe la sensación de que la situación está resuelta, y no es así. La gran mayoría de los jóvenes en esta situación provenimos de los bateyes, guetos o comunidades que se establecieron en la era de producción de caña de azúcar a finales del siglo XIX, cuando República Dominicana y Haití acordaron traer braceros haitianos a trabajar en el país. Estas personas, a veces por el engaño e incluso por la fuerza, eran llevadas directamente a los bateyes, unas pequeñas aldeas ubicadas en los alrededores de las explotaciones de caña. Los jóvenes que vienen de estos sitios alejados de las ciudades están en una situación muy vulnerable. La gran mayoría no tiene nada; son varias generaciones de familias que no tienen documentos, y sin ellos no pueden conseguir trabajo ni estudios. A los que logramos terminar el bachillerato y pretendemos ir a la universidad, nos sucede lo que me ocurrió a mí, que cuando quise comenzar la universidad me enteré de que, aunque tenía mi acta de nacimiento, no estaba habilitada por ser hija de padres haitianos. Para mí fue un golpe enorme, y es así para decenas de miles de jóvenes. De repente te dicen que no existes, y esto conlleva enormes traumas psicológicos. El Estado culpa a nuestros padres o abuelos, cuando en verdad fue el mismo Estado que los trajo para trabajar en la producción de azúcar, pero como ahora esa industria ya no existe, también quieren acabar con nosotros.

    Estas injusticias nos cierran caminos. Nos dejan sin perspectivas de futuro. Es por eso que de sitios como este surgió nuestro movimiento.

    ¿Cuáles fueron las implicancias de esta situación en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19?

    La ausencia de reconocimiento de algo tan básico como la nacionalidad genera enormes dificultades para acceder a otros derechos básicos como la salud y la asistencia social. La pandemia ha magnificado las dificultades que enfrentan estas poblaciones vulnerables, confinadas en bateyes donde no hay producción ni trabajo. Muchos de estos jóvenes son chiriperos, es decir, trabajadores ocasionales, empleados día sí y día no en lo que hubiese disponible, y la pandemia los dejó sin nada. Tampoco tienen acceso a los programas sociales de asistencia desarrollados para paliar los efectos de la pandemia porque no tienen cédula y no aparecen en los registros gubernamentales.

    ¿En qué medida la situación que enfrentan las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana es resultado del racismo?

    Esta situación es del principio al fin un problema de racismo estructural. El problema del acceso a la nacionalidad en República Dominicana ha afectado exclusivamente a personas cuyos padres o abuelos procedían de Haití; no se trata de un problema generalizado para los extranjeros. Es reflejo del racismo estructural porque son las personas dominicanas de ascendencia haitiana, o aquellas que son percibidas como tales por el color de su piel, las que padecen de esta violación de sus derechos humanos. Así lo reconoció la CIDH cuando, después de una visita al país, confirmó que no había recibido ninguna denuncia de un descendiente de extranjeros no haitianos que hubiera tenido problemas para que se le reconociera su nacionalidad, se la inscribiera en el registro civil o se le entregaran documentos de identidad.

    En República Dominicana se cree que todo negro es haitiano. Si yo soy negra y tengo el cabello crespo, constantemente me cuestionan aunque tenga papeles, y en caso de no poder mostrar mis documentos puedo ser deportada porque se supone que soy haitiana. Ha habido casos de personas dominicanas de raza negra que han sido deportadas por su color de piel. Las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que no tienen papeles y van a parir al hospital son tratadas como extranjeras, generando además el mito de que las mujeres haitianas vienen a ocupar las camas de nuestros hospitales, cuando la mayoría de ellas no son haitianas sino dominicanas negras de ascendencia haitiana.

    La población dominicana es una población negra que no se reconoce a sí misma como tal. Evidentemente hay un problema de racismo sistémico, sostenido desde el Estado, y no reconocido.

    Así, con el correr del tiempo, como movimiento nos dimos cuenta de que el problema de la nacionalidad que nos movilizó en primer lugar no era solamente un problema de papeles, identificaciones y registros, sino también y más profundamente un problema de identidad y discriminación racial que se remonta al contexto histórico de nuestros ancestros.

    En consecuencia, somos un movimiento que no solamente lucha por la nacionalidad y los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, sino que también comparte las luchas de todos los movimientos antirracistas y se moviliza contra todas las discriminaciones. Por eso nos solidarizamos y apoyamos todo tipo de manifestaciones que busquen garantizar los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de todas las minorías estigmatizadas y discriminadas.

    ¿Cómo repercutieron en la República Dominicana las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos?

    En reacción a los sucesos producidos en los Estados Unidos, varias OSC nos unimos para organizar una conmemoración. No se trató estrictamente de una manifestación, ya que había restricciones para las reuniones públicas en el contexto de la pandemia del COVID-19, y respetábamos la cuarentena. Y tampoco se trató exclusivamente de una manifestación de solidaridad, ya que la muerte de George Floyd tuvo resonancia en nuestro contexto, donde hemos tenido situaciones similares de abusos policiales.

    Junto con otras OSC organizamos una actividad en memoria de George Floyd. La idea era hacer un gesto ritual, una ofrenda floral. La consigna era “Una flor para Floyd”, y era un llamado a que cada persona llevara, en el momento en que pudiera, una flor y la colocara en la ofrenda. Nuestro relato de la muerte de Floyd también hizo alusión a la violencia policial e institucional sufrida en la República Dominicana por muchas personas negras, tanto migrantes como dominicanas, de modo de poner en relieve la situación que experimentamos nosotros.

    ¿Han recibido amenazas o ataques de movimientos anti-derechos?

    Hay varios grupos ultranacionalistas que se movilizan en reacción contra nuestras movilizaciones y eventos, básicamente para amedrentarnos y boicotear nuestras actividades. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional el clima se ha vuelto más favorable para los discursos de odio y ha habido numerosos actos de hostilidad. Muchos integrantes de nuestro movimiento y de otras organizaciones que luchan por los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana son objeto de agresiones, tanto verbales como físicas, como se ha reflejado en numerosos informes de derechos humanos. De ahí que en algunos casos hubiera que solicitar a la CIDH medidas de protección para compañeros y compañeras. Incluso las personas dominicanas que no son de ascendencia haitiana y se solidarizan con nosotros son catalogadas como traidoras la patria. Estas expresiones se han vuelto más comunes porque no han sido repudiadas con firmeza por las autoridades.

    Cuando nos manifestamos por el tema de la nacionalidad y el racismo, siempre hay grupos que se oponen, y como la policía nunca nos cuida, estos grupos generalmente se imponen y nosotros nos vemos obligados a suspender o terminar nuestras actividades. Así ocurrió en el caso de las actividades que planificamos en conmemoración de George Floyd.

    Desde que se anunció la actividad Una Flor para Floyd, varios grupos ultranacionalistas empezaron a amenazarnos a través de nuestro Facebook. Nos acusaron de querer generar violencia y de estar haciendo un boicot contra el país trayendo temas que no son del país. Recibimos tales niveles de amenazas que muchas personas pensaron que no íbamos a poder hacer la actividad. Días antes del evento, el líder de uno de esos grupos anti-derechos, Antigua Orden Dominicana, nos amenazó a través de un video donde decía que si lo llevábamos a cabo iba a haber derramamiento de sangre, ya que el evento se realizaría en el Parque Independencia, dedicado a los Padres de la Patria, y ellos no lo permitirían.

    El día de la conmemoración, el 9 de junio, estos grupos se hicieron presentes. No era la primera vez que lo hacían: 2017, en una actividad que realizamos cada año en el aniversario de la sentencia 168-13, también se presentaron y se generó una situación similar.

    El 9 de junio estos grupos llegaron para agredir a las compañeras que estaban manifestándose en ese momento, y cuando la policía intervino fue para llevarse detenidas a nuestras compañeras Ana María Belique y Maribel Núñez junto con otra persona que participaba de la actividad. Cada vez que se hace una protesta relacionada con el tema de la nacionalidad y el racismo el Estado interviene para reprimir.

    ¿Qué clase de apoyo necesitarían de la sociedad civil internacional y del movimiento antirracista global?

    Nosotros nos consideramos parte de un movimiento global. Muchas veces nos han dicho que el movimiento Black Lives Matter era por algo que ocurría en Estados Unidos y que a nosotros no nos incumbía; sin embargo, como personas vulnerables y estigmatizadas entendemos que es un tema que nos involucra directamente y que debemos hacerle frente.

    Lo que necesitamos es más apoyo para difundir la situación actual que se vive en nuestro país. El Estado se ha encargado de decirle al mundo que aquí no hay apátridas, que no existen el racismo ni la xenofobia. Que todo lo que decimos es mentira y que estamos pagados por ONG internacionales para hacerle daño al país. Lo que nosotros buscamos es visibilidad y ayuda para denunciar las realidades terribles que viven las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Nosotros no contamos con suficientes recursos para dar publicidad a nuestra causa, y la solidaridad internacional es lo que nos permite llevar adelante nuestras luchas y darlas a conocer a nivel mundial.

    El apoyo internacional es una de las cosas que nos han ayudado a salir adelante. Hemos tenido apoyo de grupos de la diáspora dominicana en Nueva York. Uno de ellos, We Are All Dominican, nos ha venido apoyando desde 2013. En el contexto de la pandemia nos ha ayudado a asegurar la alimentación y otras necesidades básicas de más de 250 familias durante tres meses. Todos los apoyos son bienvenidos, ya sean expresiones de solidaridad, contribuciones a la difusión o acciones de protección para personas defensoras de derechos humanos.

    El espacio cívico en República Dominicana es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
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  • Venezuela: Violaciones de derechos humanos continúan durante el COVID-19

    Declaración en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU - por Marsyabel Rodríguez de Espacio Público

    Diálogo interactivo sobre la misión de investigación sobre Venezuela


    Desde la organización venezolana Espacio Público y en nombre de las víctimas que acompañamos, queremos agradecer el trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos en su primer informe. 

    Esta labor se realizó con importantes desafíos:

    • La negativa del Estado a colaborar;
    • y la prohibición de acceso al país y las limitaciones impuestas por la pandemia. 

    Sin embargo, las víctimas fueron escuchadas y reconocidas, lo que resta fuerza a los mecanismos de impunidad, contribuye a vencer el miedo colectivo y posibilita caminos de justicia y reparación.

    Muchas de las violaciones documentadas están asociadas al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, participación, asociación y asamblea pacífica. 

    Los casos de graves violaciones de los derechos humanos continuaron durante la pandemia del Covid-19. Los recientes indultos no constituyen una mejora estructural, se mantienen procesos judiciales ilegítimos, desapariciones, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias y la persecución por motivos políticos en un contexto pre electoral. 

    La situación venezolana demanda que el  sistema universal de protección de derechos humanos contribuya a revertir la impunidad para aumentar la defensa y protección de la dignidad de las personas.

    Exhortamos al Consejo a renovar el mandato de la Misión; la violación sistemática de los derechos persiste en el país. Venezuela necesita la voz alta y clara del sistema universal de protección de derechos humanos.