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  • ARGENTINA: “La ciudadanía debe poder participar en discusiones informadas sobre los temas que la afectan”

    MarielaBelskiCIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.

    ¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?

    Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.

    Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.

    Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.

    Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.

    En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.

    En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.

    El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.

    La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.

    En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.

    El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.

    En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.

    La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.

    ¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?

    Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.

    El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.

    El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.

    El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.

    ¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?

    En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.

    En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.

    El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.

    La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.

    El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.

    ¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?

    En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.

    Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.

    Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.

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  • CHILE: ‘Hay un rechazo estructural hacia la forma de gobernar de todas las décadas anteriores’

    Nicole RomoEn octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Nicole Romo, directora del área de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, una red de más de 200 organizaciones de la sociedad civil de Chile que trabajan para combatir la pobreza y la exclusión. En conjunto, las organizaciones miembros trabajan con más de 900.000 usuarios y cuentan con unos 11.000 trabajadores y más de 17.000 voluntarios.

    ¿Por qué estalló la movilización en Chile, y qué hizo que las protestas escalaran como lo hicieron?

    El estallido social en Chile se produjo luego de décadas en que se fue profundizando un modelo de desarrollo que se concentró en generar riquezas, las cuales fueron distribuidas por años sin equidad y justicia. Se profundizaron políticas sociales individuales, cortoplacistas y asistencialistas que dañaron profundamente la cohesión social y el sentido comunitario y colectivo del bienestar, políticas de vivienda que segregaron a los chilenos en territorios “de ricos” y territorios “para pobres” donde el acceso a bienes y servicios también quedó distribuido de la misma manera, un sistema de pensiones que tiene como consecuencia un grave empobrecimiento en la vejez, falta de acceso a la salud de manera oportuna y con adecuados estándares de calidad, y un sistema de educación que también segrega y otorga oportunidades diametralmente distintas a ricos y pobres.

    En este contexto, la frase “no son treinta pesos, son treinta años”, que se escuchó mucho en las protestas, explica muy bien el sentir de la ciudadanía, puesto que si bien este movimiento social comenzó con la evasión masiva del pago del transporte público por parte de los estudiantes (tras un alza de 30 pesos chilenos) el verdadero malestar se ha acumulado por más de 30 años, y a pesar de reiteradas manifestaciones por diversas demandas sociales, nunca había sido escuchado y ni siquiera visibilizado. El estallido social del 18 de octubre de 2019 es la acumulación de un rechazo estructural hacia el gobierno y la forma de gobernar de todas las décadas anteriores.

    ¿Qué actitud han tomado la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en relación con la protesta?

    La movilización nacional que estamos viviendo ha dejado en evidencia de manera nítida que tenemos dos Chiles habitando en un mismo territorio, dos Chiles que no se conocen y no se encuentran. Esta división expresa brutalmente la diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen privilegios y quienes no los tienen. Nuestro país se pasó las últimas décadas convenciéndose de que los logros están basados en el mérito individual, que solo el esfuerzo de cada cual es garantía de movilidad social, cuando en realidad y en base a diversos estudios eso no es cierto en absoluto.

    Frente a esto, los datos de distintas encuestas muestran una alta aprobación de la ciudadanía hacia las demandas sociales. Sin embargo, lo que genera una mayor división son los actos de violencia, y especialmente aquellos que han afectado infraestructura pública y privada, como saqueos, la destrucción de comercios y la quema de locales comerciales y otros tipos de servicios, así como la violencia de los agentes del Estado que han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos.

    ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas?

    El gobierno ha tenido un cuestionable manejo de este conflicto, con el foco puesto principalmente en la agenda de seguridad, criminalizando la protesta, con una agenda legislativa centrada en la sanción de la protesta, lo cual revela que no se ha comprendido la naturaleza de la movilización nacional, como tampoco sus demandas y urgencias.

    La agenda social propuesta por el gobierno es débil. No apunta a generar cambios radicales en la estructura existente, que profundiza la inequidad y no garantiza los derechos de todas las personas. Los avances y contenidos de la agenda social liderada por el gobierno no están a la altura de las demandas y de la urgencia de ‘estas. Sus numerosas iniciativas y medidas suponen mejoras acotadas, necesarias pero que no tocan la estructura que genera las inequidades en nuestro país; por lo tanto, no hacen sino duplicar la misma política pública cortoplacista que no está basada en un enfoque de derechos y se centra en el individuo más que en las necesidades de miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

    Los últimos informes hablan de decenas de muertos y centenares de heridos. ¿Podrías describir el alcance de la represión y de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas?

    Desde que comenzó el estallido social en Chile se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. Estas violaciones han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, pero el Estado ha tendido a relativizarlas.

    Para nosotros es fundamental reiterar que en todo momento debe haber un respeto irrestricto de los derechos humanos, y que cada caso de violación debe ser investigado y debe haber sanciones y reparación para cada una de las víctimas. La sociedad civil es clave en el seguimiento y la vigilancia de estos procesos, para garantizar que sean transparentes y resulten en la asunción de responsabilidad por parte del Estado.

    Los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que en el 48% de los casos observados de detenciones, las personas detenidas se estaban manifestando pacíficamente (más allá de que estuvieran o no ocupando la calzada). Asimismo, se utilizaron gases en forma indiscriminada en el 56% de los casos observados, y en el 60% de los casos observados se apreció falta de gradualidad en el uso de fuerza, que sobrevino sin previo aviso y en ausencia de diálogo. Se registraron en los hospitales 2.727 casos de personas adultas heridas, así como 211 casos de niños, niñas y adolescentes, y 241 personas resultaron con lesiones oculares. También se constató una serie de violaciones de derechos humanos contra las personas detenidas y retenidas en comisarías. La más frecuente de estas fue el uso excesivo de la fuerza durante la detención, con 751 casos. En total, se registraron 190 casos de acoso o violencia sexual, 171 de ellos correspondientes a desnudamientos.

    ¿Cómo han respondido la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil ante la represión estatal y las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas?

    Hemos respondido sin miedo. Ciudades completas han gritado sin miedo en protesta por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos meses. Muchísimas personas han levantado material testimonial para visibilizar el nivel de exposición y violencia en que se encontraron durante las protestas.

    Desde la sociedad civil la respuesta ha sido variada, pero en general todas las organizaciones han llamado a la no violencia, a la generación de nuevos espacios de diálogo y de encuentro conducentes al fortalecimiento de una sociedad con mayor justicia social y equidad. Sin lugar a dudas, la sociedad civil tomó un lugar preponderante, incitando a estos espacios de encuentro y ayudando a relevar las demandas ciudadanas. Lo hizo a través de la creación de una gran red de redes llamada Nuevo Pacto Social, que reúne a más de 600 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por la búsqueda de soluciones reales a las demandas de fondo.

    Desde la Comunidad de Organizaciones solidarias sostenemos el principio de no violencia y desde el primer día del estallido social manifestamos la necesidad de respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Si bien nuestro ámbito de acción es otro, creemos que este estallido visibilizó la urgencia de reestructurar las fuerzas policiales. Creemos fielmente en los datos entregados desde el Institución Nacional de Derechos Humanos, y sabemos que su trabajo es consciente y riguroso, al igual que el informe entregado por Amnistía Internacional, por lo que, como organizaciones de la sociedad civil, apoyaremos desde nuestro ámbito de acción todas las acciones tendientes a la reparación de los derechos vulnerados durante el estallido social.

    ¿Qué medidas inmediatas debería tomar el gobierno de Chile para superar esta crisis? ¿Qué chances hay de que ello ocurra y se alcance una solución duradera?

    Una salida duradera requeriría de un proceso largo de construcción y cambios, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

    Las medidas de corto plazo y mediano plazo tienen relación con la agenda social, que tiene tres dimensiones. La primera es la mejora de la calidad de vida a través de medidas en temas tales como salud, educación y pensiones. La segunda dimensión abarca medidas para terminar con los abusos de las élites económicas y políticas y cerrar las brechas de aplicación de justicia ante delitos cometidos por integrantes de la élite económica y ciudadanos comunes, quienes enfrentan sanciones completamente distintas: “clases de ética” para los primeros y cárcel efectiva para los segundos. La tercera dimensión refiere a la recaudación de los recursos que el Estado necesita para llevar adelante una agenda social profunda y contundente. Chile requiere una reforma tributaria que permita aumentar la recaudación y de un sistema con mayor eficiencia en la gestión.

    El eje de largo plazo pasa por el proceso constituyente, cuyos principales hitos ya están establecidos: plebiscito de entrada, elección de representantes, plebiscito de cierre. Sin embargo, aún no se han logrado condiciones que garanticen una participación transversal y representativa, paridad de género, cuotas para minorías y candidaturas independientes. Sin estas condiciones, la legitimidad del proceso constituyente se verá severamente debilitada.

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  • CHILE: ‘Se ha producido un despertar ciudadano de dimensiones históricas’

    soledad munozEn octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Soledad Fátima Muñoz, activista chilena y fundadora del programa de mentoría y festival feministaCurrent Symposium.  (Foto de Kati Jenson)

    ¿Cómo fue que lo que empezó con un pequeño aumento en el precio del boleto del metro se convirtió en una movilización de dimensiones sin precedentes?

    Lo primero que hay que aclarar es que esto no se debe tan solo a un aumento del precio del boleto del metro, ni tampoco es una protesta aislada. Las movilizaciones en contra de los abusos derivados del sistema neoliberal han sido constantes en Chile durante años. Entre ellas se destacaron las protestas masivas contra el sistema de pensiones privatizadas, contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y contra la Ley de Pesca, las protestas feministas y del movimiento impulsado bajo la consigna “Ni Una Menos”, las movilizaciones por la deuda histórica con los profesores, las protestas estudiantiles en 2006 y 2011, y las recientes movilizaciones de alumnos en contra de la llamada Ley de Aula Segura. A esto se le suma la indignación por la represión estatal sistemática de los pueblos originarios en Wallmapu, las muertes de Camilo Catrillanca y Macarena Valdés, y el encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao y el Lonko Alberto Curamil, entre otros presos políticos. En combinación con el descontento generacional ante la impunidad de los culpables de las torturas, desapariciones y homicidios de miles de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet, esto produjo un ambiente propicio para un despertar ciudadano de dimensiones históricas. Tras años de abusos, el pueblo chileno despertó y quiere una nueva constitución, ya que la actual fue creada durante la dictadura y está diseñada para promover la desigualdad social.

    La gran diferencia entre la protesta actual y todas las anteriores pasa por las acciones del gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y el toque de queda, y con ello desató una represión de Carabineros y militares contra el pueblo chileno que solo es comparable con los crímenes perpetrados durante la dictadura.

    Las protestas no tienen un único ente organizador ni una consigna política específica, sino que hay muchas iniciativas independientes que hacen llamados a reunirse y manifestar, a través de las redes sociales o por distintos canales de información independiente. Algunas de las demandas generalizadas reclaman el llamado a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. También se reclama una estatización de los servicios básicos y la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos el cobre, el litio y el agua. Hay también demandas de democracia directa y plebiscitos vinculantes, penalización de la corrupción político-empresarial, reivindicación de los pueblos originarios y respeto de la soberanía plurinacional del territorio, y salud, educación y pensiones dignas. A ello se suman algunas demandas más específicas, tales como el aumento del salario mínimo a $500.000 (unos 650 dólares estadounidenses), la reducción de los sueldos de los legisladores y el alza de los impuestos a los más ricos.

    Estos fueron los reclamos por los cuales empezó el movimiento, pero ante la represión desmedida del Estado, la ciudadanía hoy pide también la renuncia y el enjuiciamiento de Sebastián Piñera y de las personas involucradas en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en el pasado mes.

    Se ha reportado una veintena de muertos durante la represión de las movilizaciones, además de gran cantidad de personas heridas y bajo arresto. ¿Podrías describir las violaciones de derechos cometidas contra los manifestantes?

    Es difícil dimensionar en este minuto las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Sebastián Piñera, ya que – al igual que ocurría en la dictadura - hay miles de detenidos incomunicados. Es por eso que cuando se las llevan detenidas en las calles, las personas gritan su nombre, apellido y cédula de identidad. Las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile son de 335 acciones judiciales, 489 víctimas representadas, 6.199 personas detenidas (726 de ellas menores de edad) y 2.365 personas heridas registradas en hospitales. Pero es difícil asegurar la veracidad de estas cifras ya que las instituciones que las difunden pueden haberse visto presionadas por el gobierno.

    El INDH, específicamente, perdió parte de su credibilidad cuando su director negó en un programa de televisión abierta la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Eso es simplemente una mentira, ya que la propia institución se ha querellado en contra del actuar de Carabineros y militares. Se constataron más de 200 casos de mutilación ocular por el uso desmedido de perdigones por parte de Carabineros y maltratos, violencia sexual y torturas en los centros de detención. A esto se sumó el caso del Liceo 7 de Santiago, donde un carabinero disparó en contra de las estudiantes que se encontraban dentro del recinto. Se han efectuado allanamientos en domicilios privados y detenciones desde automóviles sin acreditamientos policial.

    A esta represión uniformada se agrega la acción de un grupo de ciudadanos que se autoproclaman “chalecos amarillos” y dicen que su misión es mantener el orden cívico y proteger la labor de Carabineros, pero en realidad son un grupo violento de ultraderecha. Entre ellos se encuentra un tal John Cobin, quien disparó un arma de fuego contra un manifestante a plena luz del día en las calles ocupadas del balneario de Reñaca y pertenece a la Liga del Sur, una organización de supremacistas blancos de California.

    ¿Qué acciones inmediatas debería adoptar el gobierno de Chile para salvaguardar los derechos civiles y las libertades democráticas?

    A un mes del inicio de las manifestaciones, el gobierno se ha caracterizado por no escuchar a la ciudadanía, y en cambio ha respondido con mayor violencia. En la madrugada del 15 de noviembre los parlamentarios llegaron a un acuerdo político entre cuatro paredes, autodenominado “Acuerdo de Paz” que daría paso a una nueva Constitución. El acuerdo garantiza una “hoja en blanco” para que haya una discusión libre y establece el llamado a una convención constituyente a través de un plebiscito público. Pero parte de la ciudadanía movilizada no está conforme con los plazos ni con el quórum (de dos tercios) establecido para la toma de decisiones del órgano constituyente, ya que piensa que reencauzará el actual proceso democrático a un sistema diseñado para proteger a la clase política y evitar que las voces minoritarias adquieran poder.

    Pienso que lo más importante en este minuto es la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, de las comunidades en mayor riesgo social, que no solo son las más afectadas por el sistema neoliberal, sino que también son el epicentro de la violencia descriteriada de los Carabineros y las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello fue la comunidad de Lo Hermida, en Peñalolén, que tras el anuncio de las autoridades de no construir las viviendas dignas que les habían prometido se tomaron la viña de Cousiño-Macul. La represión de Carabineros no tardó en llegar, y en una noche hubo más de 200 personas heridas, dos de ellas con trauma ocular severo. Además, Carabineros ingresó y lanzó gas pimienta dentro de hogares donde había personas de la tercera edad y menores.

    Es hora de que el gobierno de Sebastián Piñera detenga la represión, deje en libertad a los más de 6.000 manifestantes que hoy se encuentran en centros de detención, asuma las consecuencias de sus acciones, y - por primera vez en la historia de Chile desde Pinochet - acabe con la impunidad ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El gobierno de Piñera deberá responder ante la ley por los más de 20 personas muertas y 200 con mutilaciones oculares, las torturas a menores y los abusos sexuales contra mujeres, hombres y personas de género no binario, ya que todo esto fue consecuencia de la pésima administración de su gobierno, y se hubiese evitado, por lo menos en parte, si desde un principio hubiera mantenido un diálogo directo con la población. En ese sentido, la consigna en las calles es “Sin justicia no hay paz”.

    ¿Piensas que las movilizaciones en Chile forman parte de tendencias más amplias a nivel regional?

    Lo que está pasando en Chile es estructuralmente internacional, ya que se deriva de las medidas de austeridad perpetradas por el neoliberalismo. El sistema socioeconómico actual del país tiene sus raíces en el colonialismo europeo y fue consagrado con el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Específicamente, con un grupo de estudiantes de las élites chilenas que a mediados de la década del ’50 se formaron en Estados Unidos en la ideología del monetarismo extremo y el neoliberalismo, bajo la tutela de Milton Friedman y Arnold Harberger. Estos alumnos - apodados “Chicago Boys” - sirvieron como ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura, instalando medidas de privatización extrema. Estas medidas fueron incorporadas y naturalizadas por una población en estado de shock y represión.

    Las consecuencias de esa privatización se traducen en abusos de las corporaciones multinacionales que son habilitados por gobiernos en todo el mundo. En Chile, un buen ejemplo de ello es el caso expuesto por la periodista Meera Karunananthan en un artículo publicado en The Guardian en 2017. La autora explica que Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) es el mayor inversionista en Aguas del Valle, Essbio y Esval, que controla el 41% del sistema de agua y saneamiento en Chile. Esto es posible porque la Constitución chilena habilita la propiedad privada de las aguas, lo cual ha dejado a comunidades enteras en situación de sequía y sin el amparo de la ley. Sin embargo, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano; eso significa que en Chile los derechos humanos se violentan no solo a través de la represión policial sino también a través del sostenimiento de un sistema económico injusto y abusivo.

    El ejemplo citado es uno solo dentro de la gran cadena de abusos internacionales perpetrados por corporaciones que, como la empresa canadiense Barrick Gold y la empresa estatal de Noruega Statkraft, continúan abusando de las políticas del Estado subsidiario chileno y atentando en contra de nuestro planeta. Es por eso que debemos crear conciencia a nivel internacional para que se respeten las decisiones del pueblo de Chile y se brinde protección a sus pueblos originarios, sin los bloqueos ni las intervenciones políticas que resguardan al capital extranjero y perpetúan la destrucción de nuestro medio ambiente.

    ¿Qué apoyos necesita la sociedad civil chilena de la sociedad civil internacional en este proceso?

    En estos momentos es importante reconocer y crear conciencia internacional en torno de los abusos en contra de la clase obrera, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y las minorías sexuales. Personalmente he aprendido mucho en el curso de estas movilizaciones. Una de las cosas más subversivas que está impulsando la ciudadanía es el rechazo del binarismo derecha/izquierda que ha afectado severamente a las sociedades latinoamericanas y que ha sido utilizado por los gobiernos neoliberales como excusa para reprimir a la gente trabajadora.  El predominio de una política ciudadana no identificada con ninguna posición dogmática en el espectro derecha/izquierda hizo que el gobierno no pudiera identificar un enemigo ideológico y que acabara declarándole la guerra a su propio pueblo.

    La prensa establecida, nacional e internacional, está tergiversado los hechos y construyendo una narrativa en contra de la población movilizada. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy estamos equipados de cámaras en nuestros celulares y podemos informar directamente. Invito a la gente del mundo a informarse a través de canales independientes y de la sociedad civil para saber realmente lo que está ocurriendo.

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  • CUBA: ‘Los disidentes son millones; no hay calabozos para tanta gente’

    CIVICUS conversa con Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El Observatorio es una plataforma proactiva de la sociedad civil para promover cambios no violentos, y combina el análisis riguroso de la conflictividad con la capacitación y el empoderamiento de la ciudadanía para que reclame por sus derechos.

    havana protest

    Protesta exitosa en el barrio de El Cerro, La Habana, en reclamo de la restauración de los servicios de luz y agua, 13 de septiembre de 2017.

    El CIVICUS Monitor califica al espacio para la sociedad civil – el espacio cívico - en Cuba como ‘cerrado’, indicativo de un régimen de control total donde es difícil imaginar siquiera la existencia de protestas. ¿Coincides con este diagnóstico?

    Absolutamente. Cuba es una sociedad cerrada, anclada en el estalinismo no solo en lo político sino también en lo económico, ya que el estado asfixia o bloquea las iniciativas y el talento emprendedor de la ciudadanía, lo cual se conoce como “bloqueo interno”. El estado niega la autonomía individual y aplasta toda asociación independiente para mantener a la sociedad balcanizada. Así cree poder asegurar el control estatal sobre la conducta ciudadana.

    En la década del noventa del pasado siglo, tras caer la Unión Soviética, era evidente que Cuba tendría que hacer una transición para sostenerse. El ecosistema geopolítico que la sustentaba con infinitos y masivos subsidios se derrumbó junto con el comunismo del Este de Europa. Todos pensamos, y no porque creyésemos que era el llamado “fin de la Historia”, que la única transición posible era hacia alguna modalidad de sociedad abierta, democracia política y economía de mercado. Podía ser más o menos socialdemócrata o liberal, pero siempre apoyada en esos pilares. Algunos intentamos empujar esa transición desde posiciones reformistas. Nos equivocamos.

    Al final, la transición que ocurrió no fue la que preconizaba el marxismo hacia el comunismo, ni la de Francis Fukuyama al estado liberal y la sociedad de mercado. Fue hacia el estado mafioso transnacional. No se trata de endilgarle otra etiqueta peyorativa; es la realidad que arroja el análisis de los cambios ocurridos en la estructuración del poder y las clases sociales, los instrumentos de dominación y los mecanismos de creación y distribución de riquezas. Ha ocurrido un verdadero cambio en el ADN del régimen de gobernanza.

    El poder real está hoy más alejado que nunca del Partido Comunista de Cuba y ubicado en una cúpula inasible que representa menos del 0,5 % de la población, en un país que ha roto incluso con la ideología del pacto social comunista que vendía la idea de sumisión basada en el compromiso con derechos sociales básicos a cambio de la supresión de todos los demás.

    A comienzos de 2019 se dio un proceso de reforma constitucional, pero este no generó ningún cambio significativo en materia de apertura del espacio cívico. Se proyectó externamente una imagen de cambios que contrasta con la realidad interna de estancamiento. Algunas frases colocadas en un discurso o en la propia nueva Constitución han servido para alimentar eternas esperas de que los líderes – que la ciudadanía no controla – se iluminen por sí solos y generen el cambio necesario. Así distraen también la atención de la opinión pública internacional de la monstruosidad nacida de la colusión con Venezuela.

    ¿Cómo calificarías las actuales condiciones para el ejercicio de la protesta en Cuba? ¿Existe más espacio para la presentación de demandas que no son vistas como políticas?

    No hay mayor espacio político, legal, ni institucional para el ejercicio de la protesta, pero la ciudadanía está creándolo con su praxis. Todos los derechos que proclama la Constitución están subordinados a la normatividad que establecen leyes y regulaciones complementarias. Al final, la Constitución no es la “Ley de Leyes”, sino un texto sometido a las restantes leyes y normas. Un ejemplo de ello es el Código Penal, que contiene el concepto fascista de “peligrosidad predelictiva” por el cual una persona puede pasar hasta cuatro años en la cárcel sin haber cometido un delito. Sin embargo, la conflictividad y las protestas se han incrementado.

    El gobierno ha cambiado sus tácticas represivas respecto de los opositores políticos para proyectar una imagen más benévola hacia el exterior. En lugar de largas condenas de cárcel hay miles de detenciones arbitrarias de corta duración. En vez de hacer actos de repudio frente a un local de reuniones ahora paralizan la reunión antes de que suceda, deteniendo a los activistas en sus casas. En lugar de negarle el pasaporte o condenar a cárcel a un activista por haber asistido a una reunión en el exterior, ahora le impiden montarse en el avión. Si llevan a un opositor a juicio no lo hacen ya sobre la base de acusaciones de subversión política sino por supuestamente haber cometido un delito común o ser socialmente “peligroso”.

    Por otra parte, los ciudadanos cubanos – más de la mitad de los cuales viven actualmente en condiciones de pobreza según respetados economistas radicados en la isla – tienen urgencias existenciales que se agravan y no pueden esperar por un cambio de gobierno o de régimen para resolverlas. En otro contexto serían “problemas personales”, pero en un régimen de gobernanza estatista, que hace depender todas las soluciones de las instituciones estatales y bloquea toda solución autónoma, sea de la ciudadanía o del sector privado, se convierten en conflictos sociales y económicos de los ciudadanos contra el estado.

    En este punto es necesario establecer una diferencia entre oposición y disidencia. Opositores son aquellos que asumen de forma abierta, ya sea individual o colectivamente, una postura contestaria y política al gobierno. El disidente, por su parte, es quien siente un profundo malestar e inconformidad con el régimen de gobernanza porque bloquea sus necesidades básicas y sueños de prosperidad. El disidente social tiende a no manifestarse de forma pública si no cree que con eso va a lograr que le concedan alguna demanda concreta. Pero si su situación es angustiosa pasa – a menudo de forma espontánea – de la queja y el lamento privados a la protesta pública.

    En los últimos dos años se han incrementado de manera notable las protestas por motivos sociales y económicos que no pueden ampararse legalmente en un inexistente derecho de manifestación pública, pero que el estado ha preferido en muchos casos apaciguar antes que enfrentar con la fuerza. Dado el nivel de deterioro de las condiciones de vida – y de la aún más deteriorada legitimidad de las autoridades y de la ideología oficial comunista –, la sociedad cubana asemeja una pradera seca que cualquier chispa puede incendiar.

    La dominación de la elite de poder ha estado basada más en el control de la psicología social que en los propios recursos del aparato represivo. Después del Gran Terror de los sesenta, setenta y ochenta, con un paredón de fusilamiento que no cesaba y condenas de 30 años por cuestiones insignificantes, tres generaciones han sido educadas en la falsa premisa de que “esto no hay quien lo pueda tumbar ni arreglar”. Esa ha sido la idea fuerza de una pedagogía de la sumisión que ahora ha entrado en crisis.

    ¿A qué se debe ese cambio?

    Los factores que más han incidido en el actual cambio de perspectiva y actitud ciudadana han sido, por una parte, el quiebre del monopolio de la información por las nuevas tecnologías digitales, la muerte del caudillo y el traspaso gradual de poder a personas sin legitimidad histórica para justificar sus incompetencias. Por otra parte, el agravamiento acelerado de las condiciones de vida y de toda la infraestructura del país convierte la cotidianidad en un cerco de penurias. Colapsan los sistemas de salud y educación, el abastecimiento de alimentos, medicinas, gas de cocinar y gasolina, el servicio de transporte. Pero también colapsan cientos de edificios multifamiliares y la gente pierde su tiempo reclamando, esperando por años una nueva vivienda o la reparación de la que tenían. Muchos también pierden la vida entre los escombros del derrumbe.

    En ese contexto el disidente social, hasta entonces latente y silencioso, sale a la luz pública a manifestar su descontento y exigir sus derechos básicos sociales. Reclama ni más ni menos que el derecho a la dignidad, a condiciones dignas de existencia. Y no son miles como los opositores, son millones. No hay suficientes calabozos para tanta gente.

    ¿Cómo surgió el Observatorio Cubano de Conflictos?

    El Observatorio Cubano de Conflictos es una idea surgida en Cuba de un grupo de mujeres que antes habían creado el Movimiento Dignidad. Al nacer, este movimiento tenía como misión denunciar las leyes de peligrosidad predelictiva (es decir, leyes que permiten a las autoridades acusar y detener gente considerada proclive a cometer delitos, e imponerles sentencias de hasta cuatro años de prisión) y los abusos en el sistema penitenciario contra los presos de cualquier categoría, fuesen políticos o no.

    Desde un inicio fue un proyecto innovador. No se concibió a sí mismo como organización ni partido político, sino como un movimiento, fluido y sin jerarquías, descentralizado totalmente en sus acciones, sin una ideología que resultara excluyente de otras.

    Esas mujeres recogieron por dos años información sobre las cárceles y acerca de la aplicación de las leyes de peligrosidad predelictiva. Su trabajo dentro de Cuba permitió elaborar informes al Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Ellas ponen la letra “D” (de dignidad), que identifica identifica su movimiento, en lugares públicos como recordatorio para la policía política de que no ha podido aplastarlas.

    Sin embargo, la misión original del Movimiento Dignidad era demasiado puntual para un movimiento que llevaba por nombre un concepto tan amplio. La lucha del ciudadano cubano hoy es primordialmente por condiciones dignas de vida, por el respeto integral a su dignidad humana. Así fue como el Movimiento Dignidad amplió su misión para, sin abandonar su objetivo inicial, apoyar también a grupos de ciudadanos en sus demandas sociales y económicas. Para combatir la psicología de la sumisión y sustituirla por otra basada en la idea de que se puede luchar y vencer, el Movimiento Dignidad tiene hoy un instrumento específico: el Observatorio Cubano de Conflictos.

    ¿Podrías contarnos cómo trabaja el Observatorio?

    La filosofía en que se basa el Observatorio es que la vida no se debe malgastar esperando un milagro o dádiva de los poderosos; hay que ganar cada día batallas al statu quo. En tan solo un año hemos acompañado exitosamente a una treintena de conflictos sociales de diverso tipo que llevaban décadas sin resolverse y en los que se lograron las concesiones solicitadas al estado.

    Lo más significativo ha sido que cuando las autoridades se dieron cuenta de que esos ciudadanos estaban listos mentalmente para pasar a manifestaciones públicas de protesta decidieron concederles lo que reclamaban, para prevenir la explosión y adjudicarse el resultado, aunque éste nunca se habría alcanzado sin la presión ciudadana. Prefirieron una solución win-win puntual al peligro de contagio viral de las protestas en una población harta de promesas incumplidas. Cada victoria popular demuestra a la población que el camino es protestar y exigir, no rogar y esperar.

    El método es sencillo: generar un reclamo colectivo con un número crítico de peticionarios que se identifiquen y lo suscriban; y enviar negociadores a solicitar una solución, aclarando que no se aceptarán respuestas negativas, dilatorias o que no identifiquen a la persona responsable de su implementación. De forma paralela se filtra la información a las redes sociales y medios digitales especializados en el tema de Cuba. Ese es el camino a recorrer por las vías establecidas de forma constructiva. Lo nuevo aquí es que se hace saber que si no se llega a un acuerdo y se verifica su implementación, hay disposición a asumir acciones públicas no violentas de diverso tipo.

    El espacio cívico en Cuba es clasificado como ‘cerrado’ por el CIVICUS Monitor.
    Contáctese con el Observatorio Cubano de Conflictos a través de su página web y su perfil de Facebook, o siga a @conflictoscuba en Twitter.
  • GUATEMALA: “El acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes”

    CarlosChocEn el Día Mundial de la Libertad de Prensa CIVICUS conversa con Carlos Ernesto Choc, un periodista maya Q’eqchi’ con casi dos décadas de trayectoria, acerca de la criminalización del periodismo y los medios en Guatemala.

    ¿En qué condiciones trabajan los periodistas en Guatemala?

    Las condiciones para el ejercicio periodístico en Guatemala son bastante difíciles. Enfrentamos la persecución penal del Ministerio Público y amenazas que provienen de diversos actores, incluidos funcionarios públicos que enfrentan cuestionamientos o son investigados por los periodistas. Las campañas de difamación contra periodistas también son muy graves.

    Internet y las redes sociales están plagadas de trols que mandan mensajes amedrentadores y difamatorios. Desprestigian el trabajo periodístico y luego las agresiones vienen naturalmente. Éstas llegan a provenir incluso del Estado, y en particular de agencias de seguridad pública. La Policía Nacional Civil agrede a los medios y a los periodistas tanto en el contexto de manifestaciones como en otros momentos y lugares en que no quieren que se transmita lo que ocurre para preservar la impunidad por delitos o violaciones de derechos perpetradas en los territorios.

    Desde 2015 a la fecha las agresiones contra la prensa no han hecho más que escalar. Ahora ya no solamente te persiguen penalmente, te acosan judicialmente, te amenazan, intimidan y difaman, sino que también te encarcelan. Para hacerlo, te imputan delitos que se usan para combatir al crimen organizado, tales como el de asociación ilícita, como es mi caso, o lavado de dinero, como en el caso de mi colega Rubén Zamora. O sea, nos acusan como criminales y nos procesan penalmente con acusaciones de estar vinculados con el crimen organizado, de liderar invasiones de tierra o de instigación a delinquir. Son claramente acusaciones fabricadas, por lo que se trata de detenciones ilegales, sin sustento. No tienen cómo probar sus acusaciones, pero mientras tanto uno es sometido a largos procesos penales.

    Si bien todos los y las periodistas estamos vulnerados ahorita en este país, somos particularmente vulnerables quienes investigamos el tema de la agresión al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos y temas vinculados con el narcotráfico y la corrupción. Son temas realmente complicados y hay quienes los investigan desde el anonimato porque muchos han sido asesinados – el más reciente, Eduardo Mendizabal, hace poco más de un mes.

    La situación se complica cada día más y ha habido periodistas comunitarios que han optado por emigrar y dejar de ejercer la labor periodística. Es triste ver a los colegas que se van yendo, y bajo el actual gobierno son cada vez más. Yo mismo no me veo en el exilio, pero lo considero una opción de última instancia.

    ¿En qué situación te encuentras tras el proceso de criminalización que has experimentado?

    El mío ha sido un caso de persecución penal con el que han intentado censurarme. Comenzó en 2017 cuando investigaba la contaminación del lago de Izabal. Estaba documentando las protestas de pescadores contra la minería y capté el momento exacto en que un manifestante era asesinado por disparos de la Policía Nacional Civil. La acusación en mi contra vino de la empresa minera, una compañía de capital ruso basada en Suiza, Solway Investment Group. En agosto de 2017 tuve una orden de captura. Una audiencia tras otra fueron suspendidas y mi primera declaración fue escuchada en enero de 2019, cuando me dieron una medida sustitutiva.

    Cuanto tienes medida sustitutiva de prisión estás libre bajo ciertas condiciones: quedas atado a la obligación de firmar un libro en el Ministerio Público cada 30 días y tienes prohibido estar en ningún sitio donde se vendan bebidas alcohólicas, entre otras cosas. La fuerza pública, la policía, las autoridades están pendientes de donde estés y esperan que cometas algún incumplimiento para poder procesarte. Yo veo a estas medidas sustitutivas como formas de castigo que implican restricciones y limitaciones a tu derecho tanto de informar como de ser informado.

    En enero de 2022 tuve otro proceso penal, acusado por la Policía Nacional Civil de instigar a la violencia durante una protesta de comunidades indígenas en Izabal contra la mina a cielo abierto en activo más grande del país, de la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de Solway. Trece agentes de policía me acusaron de haberlos agredido físicamente a ellos, cuando todo lo que yo hacía era documentar el momento en que las fuerzas de seguridad reprimían a los pobladores con gas lacrimógeno. Desde entonces ya no pude ejercer mi trabajo como periodista, ni desplazarme libremente, hasta que mis abogados lograron probar frente al juez que realmente soy un periodista y no un criminal. En septiembre se levantaron los cargos en mi contra. Ha sido muy agotador: el acoso judicial y la persecución penal tienen efectos desgastantes.

    ¿Qué estrategias han adoptado para poder seguir trabajando?

    Las estrategias para romper la censura se renuevan día a día, y están muy centradas en la seguridad no solamente física sino también digital, y en particular en la seguridad de los archivos. También es muy importante la articulación local, nacional e internacional entre las y los periodistas y los medios alternativos e independientes.

    Estas articulaciones han hecho posibles trabajos como Sangre Verde, publicado en 2019, y Secretos Mineros, publicado en 2022. Ambos fueron liderados por Forbidden Stories, una organización con sede en Francia que apoya la publicación del trabajo de periodistas que enfrentan en sus países amenazas, criminalización y violencia. El primero fue el resultado de una investigación realizada en tres países de tres continentes: Guatemala, India y Tanzania, y analiza las tácticas de la industria minera para criminalizar a quienes se oponen a sus prácticas y obstaculizar el trabajo periodístico. La segunda surgió de la filtración de una enorme cantidad de archivos internos de Solway sobre el funcionamiento de su proyecto minero Fénix en Izabal. Un consorcio de 20 medios de 15 países del mundo hizo una investigación con información corroborada por 65 periodistas, incluido el equipo de Prensa Comunitaria que yo integraba.

    De lo que se trata es de encontrar la forma de seguir haciendo el trabajo que uno está haciendo. Igual que muchos otros, yo hago periodismo por pasión y por convicción. No espero un premio o un reconocimiento internacional: sé que lo que estoy haciendo va a ayudar mucho a mi comunidad y a la sociedad en general. Considero que visibilizar el daño al medio ambiente y las violaciones de derechos humanos es muy importante.

    ¿Qué tipo de apoyos reciben actualmente periodistas y medios comunitarios de Guatemala, y qué apoyos adicionales necesitarían?

    Recibimos apoyo sobre todo bajo la forma de acompañamiento: acompañamiento jurídico, acompañamiento de organizaciones de derechos humanos y acompañamiento de la propia comunidad y de las autoridades comunitarias que respaldan nuestro trabajo.

    Esto es muy importante, pero hay mucho más por hacer. Una de las situaciones que experimentamos los y los periodistas criminalizados o en situación de riesgo es la dificultad para sobrevivir económicamente y mantener a nuestras familias, por lo que es importante el apoyo económico. Lo mismo pasa con el apoyo en materia de salud, porque hay momentos en que por las situaciones que vives, el cuerpo ya no te responde. Finalmente, es importante la provisión de espacios de intercambio con otros colegas periodistas. Ayuda mucho conocer las experiencias de otros.

    El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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  • HUNGRÍA: ‘A las personas trans nos están arrebatando nuestros derechos’

    Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.

    Krisztina Kolos Orban

    ¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?

    En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.

    Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.

    Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.

    En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.

    El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.

    Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?

    ¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?

    En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.

    Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?

    Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.

    Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.

    Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.

    ¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?

    Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.

    Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.

    También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.

    Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.

    Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?

    En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.

    Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.

    En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.

    También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.

    ¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?

    Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.

    Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.

    La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.

    La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.

    ¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?

    Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.

    El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
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  • MYANMAR: “Los partidos de oposición se quejan de que el organismo electoral censura su discurso”

    Cape DiamondCIVICUS conversa con el galardonado periodista Cape Diamond (Pyae Sone Win) acerca de las próximas elecciones en Myanmar. Cape es un periodista multimedia basado en Myanmar que cubre temas de derechos humanos, crisis y conflicto. Actualmente trabaja en forma independiente para Associated Press (AP). Ha cubierto críticamente la crisis de los refugiados rohingya y ha colaborado con numerosos medios internacionales, incluidos Al Jazeera, ABC News y CBS. También contribuyó al documental ganador del premio BAFTA,Myanmar’s Killing Fields, y al ganador de la medalla de oro en el Festival de Cine de Nueva York,The Rohingya Exodus.

     

    Programadas para el 8 de noviembre de 2020, estas elecciones serán las primeras desde 2015, cuando resultaron en una victoria aplastante para la Liga Nacional para la Democracia (LND), y serán apenas las segundas elecciones competitivas desde 1990, cuando la abrumadora victoria de la LND fue anulada por el ejército.

    ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil en vísperas de las elecciones?

    La situación de la libertad de expresión es muy preocupante. A lo largo de los años, periodistas y activistas de derechos humanos de Myanmar han sufrido acusaciones penales a causa de su trabajo. Se siguen utilizando leyes restrictivas, como la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas, la Ley de Secretos Oficiales y las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para enjuiciar a activistas y periodistas. También se ha utilizado la Ley de Procesión y Reunión Pacífica contra los manifestantes.

    Muchos partidos políticos se han quejado de que la Comisión Electoral de la Unión (UEC), el órgano electoral, ha censurado los mensajes que emitirán en la televisión nacional antes de las elecciones. Por ejemplo, Ko Ko Gyi, presidente del Partido Popular, dijo que las modificaciones que hizo la UEC en su discurso de campaña le impiden expresar plenamente la postura política de su partido frente a las elecciones. Dos partidos, el Partido Democrático para una Nueva Sociedad y Fuerza Nacional Democrática, cancelaron sus transmisiones electorales en protesta por la censura.

    Al mismo tiempo, los críticos dicen que el órgano electoral está predispuesto a favor del partido gobernante, el NLD, que lidera Aung San Suu Kyi. Es un tema al que debemos estar atentos y sobre el cual tenemos que hablar para garantizar elecciones creíbles.

    ¿Ha habido acercamientos del órgano electoral a la sociedad civil?

    He escuchado que la actual UEC no ha buscado activamente un vínculo con la sociedad civil. La UEC inicialmente prohibió que la Alianza Popular para unas Elecciones Creíbles (PACE), uno de los grupos de monitoreo electoral más grandes del país, monitoreara las elecciones. La UEC acusó a la PACE de no estar registrada bajo la ley que rige a las organizaciones de la sociedad civil y de recibir financiamiento de fuentes internacionales. A pesar de que la UEC acabo permitiéndole operar, la organización está experimentando dificultades para hacerlo, debido a las restricciones recientemente impuestas a causa del COVID-19.

    ¿Cuáles son los principales temas en torno de los cuales girará la campaña?

    La pandemia de COVID-19 y la guerra civil en curso en el país son nuestros principales problemas en este momento. Está muy claro que el partido gobernante y el gobierno no están prestando suficiente atención a la situación de las minorías en las regiones que sufren la guerra civil.

    Es preocupante que el país esté atravesando una pandemia, que creo que no tiene suficiente capacidad para manejar. Al 29 de septiembre de 2020, hemos tenido un total de 11,000 casos reportados y 284 muertes a causa del COVID-19. El aumento de las infecciones en las últimas semanas ha sido preocupante, ya que en agosto solo tuvimos alrededor de 400 casos confirmados. Me preocupa que la situación sea segura para que la gente salga a votar en las elecciones.

    Más de 20 partidos políticos han enviado al órgano electoral solicitudes para que postergue las elecciones debido a la pandemia, pero fueron rechazadas. El partido gobernante no está dispuesto a posponer las elecciones.

    ¿Será posible desarrollar una campaña “normal” en este contexto?

    No creo que sea posible tener mítines de campaña normales como los de las elecciones pasadas, las de 2015, ya que estamos en plena pandemia. El gobierno ha tomado varias medidas para combatir la propagación de la enfermedad, entre ellas la prohibición de las reuniones de personas. Los partidos políticos no pueden hacer campaña en las áreas que están en situación de semi-confinamiento.

    Las principales ciudades, como Yangon y su región metropolitana, así como algunos municipios de Mandalay, están en semi-confinamiento, bajo un programa que el gobierno ha llamado “Quédate en casa”. Al mismo tiempo, todo el estado de Rakhine, que está experimentando la guerra civil, también se encuentra en semi-confinamiento. Me temo que la gente en la zona de guerra civil no pueda salir a votar.

    Para dirigirse a sus públicos, los candidatos utilizan tanto las redes sociales como los medios convencionales. Sin embargo, como señalé anteriormente, algunos partidos opositores han sido censurados por la UEC. Algunos integrantes de la oposición han denunciado un trato injusto por parte de la UEC y el gobierno, mientras que el partido gobernante está usando su poder para expandir su popularidad. Esto claramente perjudicará las chances electorales de la oposición.

    ¿Qué desafíos específicos enfrentan los candidatos en el estado de Rakhine?

    Como todo el estado de Rakhine está sujeto a restricciones por el COVID-19, los candidatos no pueden hacer campaña en forma presencial. Por lo tanto, en general realizan campañas en las redes sociales. Al mismo tiempo, en muchos municipios del estado de Rakhine ha habido un prolongado corte del servicio de Internet, impuesto a causa de los combates en curso entre el Ejército de Arakan y las fuerzas militares. Me preocupa que la gente allí no pueda obtener suficiente información en torno de las elecciones.

    El gobierno de Myanmar también está utilizando la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982 y la Ley Electoral para privar de sus derechos a las personas rohingya y evitar que se postulen para competir por cargos políticos. Los funcionarios electorales impidieron la presentación de la candidatura de Kyaw Min, líder del Partido de la Democracia y los Derechos Humanos (DHRP), liderado por personas rohingya. Kyaw Min fue descalificado junto con otros dos candidatos del DHRP porque supuestamente sus padres no eran ciudadanos, como lo exige la ley electoral. Esta es una de las diversas herramientas que se utilizan para oprimir a la población rohingya.

    En octubre, la UEC lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes que fue criticada por utilizar un rótulo despectivo en referencia a las personas musulmanas rohingya. La aplicación mVoter2020, destinada a generar conciencia entre los votantes, se refiere a por lo menos dos candidatos del grupo étnico rohingya como “bengalíes”, lo cual sugiere que se trata de inmigrantes procedentes de Bangladesh, pese a que la mayoría de las personas rohingya ha vivido en Myanmar durante generaciones. Esta etiqueta es rechazada por muchos rohingya. Además, no podrá votar ninguno de los más de un millón de rohingya refugiados en Bangladesh, ni tampoco los cientos de miles dispersos en otros países.

    El espacio cívico enMyanmar es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

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