Venezuela

• Alert: Continued deterioration of democratic institutions in Venezuela

  Spanish

  Global civil society alliance, CIVICUS and the International Service for Human Rights (ISHR) are deeply concerned about the continuing deterioration of democratic institutions in Venezuela. On 28 and 29 March 2017, the Constitutional Chamber of Venezuela’s Supreme Court (TSJ) issued rulings No. 155 and 156 by which it declared the National Assembly in contempt of court, stripped legislators of parliamentary immunity, and assumed congressional powers as well as the prerogative to delegate them to whoever it decided, namely the Office of the President.
  
  In practice, many civil society organisations in Venezuela have expressed an opinion that these rulings amounted to an attempted coup against the legislative branch of government, a fundamental pillar of democratic institutions and the embodiment of the people’s right to be represented in the arena where key decisions concerning their lives and rights are made. Similarly, the Venezuelan Attorney General considered these decisions represent a rupture of the Constitutional order.
  
  The latest developments are the culmination of a several years’ long process of erosion of congressional authority which has plunged the country into a deep social crisis. Through the past year and a half, the TSJ issued more than 50 rulings that undermined the functions of the National Assembly and conferred unlimited powers onto the executive branch of the state. This is the reason why the backing down by the TSJ on its latest rulings did not amount to a restoration of the separation of powers and the rule of law. The fact that this reversal was executed at the executive’s request further emphasised the judiciary’s lack of independence and the on-going degradation of Venezuelan republican institutions.
  
  Over the years, the erosion of constitutional checks and balances and the resulting political polarisation have progressed hand in hand with increasing restrictions on civic freedoms, namely the rights to freedom of association, expression and peaceful assembly without which an empowered and enabled civil society cannot exist.
  
  In turn, the increasing concentration of decision-making powers in the executive leadership has led to serious policy-making failures, thereby intensifying rather than resolving the social crisis facing the country, including acute shortages of food and other basic goods, challenges with the public health system and a spike in street violence which disproportionately affects impoverished communities. We are also concerned about state repression against individuals and civil society groups when they speak up, organise and protest about their troubles.
  
  In the face of this multidimensional crisis, we call on Venezuelan Government to:

  • Restore the constitutionally defined functions and resources of the National Assembly as well as the prerogatives of its members, devolve the extraordinary powers conferred onto the executive by subsequent TSJ rulings, and introduce measures to guarantee the independence of the judiciary.
  • Repeal the current state of exception, established through an executive decree, and comply with human rights commitments under international law to guarantee basic enabling conditions for human rights defenders and civil society organisations. 
  • Guarantee the rights to freedom of peaceful assembly and association, and of expression. Security forces must refrain from the use of force against, or the arbitrary arrest of peaceful protestors.
  • Engage in dialogue with relevant national actors, including civil society, to resolve the current crisis; and ensure access to food and medicine for the entire population.

  We also urge the international community and in particular, the Organization of American States and its members to assist in resolution of the social and political crisis facing Venezuela.

  Contact:
  Eleanor Openshaw, ISHR NY Office: +1 212 490 2199,
  Inés Pousadela, CIVICUS Policy and Research: +598 2901 1646,

• Alerta: Continuo deterioro de instituciones democráticas en Venezuela

  La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) expresan su profunda preocupación por el creciente deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela. Los días 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió las sentencias N° 155 y 156, mediante las cuales declaró a la Asamblea Nacional en desacato, privó a los legisladores de inmunidad parlamentaria y asumió atribuciones del Congreso, así como la prerrogativa de delegarlas en quien juzgara conveniente, en este caso en la presidencia.

  Numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolanas han manifestado que estas decisiones equivalen en la práctica a un intento de golpe de Estado contra el Poder Legislativo, un pilar fundamental de las instituciones democráticas y la encarnación del derecho de la ciudadanía a estar representada allí donde se toman las decisiones clave que repercuten sobre sus vidas y sus derechos. Del mismo modo, la Fiscal General consideró que estas decisiones del TSJ representan una ruptura del orden constitucional.
  
  Los últimos acontecimientos han sido la culminación de un proceso de erosión de la autoridad del Congreso que lleva varios años, y que ha sumido al país en una profunda crisis social. Durante el pasado año y medio, el TSJ emitió más de 50 resoluciones que socavaron las funciones de la Asamblea Nacional y otorgaron poderes ilimitados al Ejecutivo. Esta es la razón por la cual la decisión del TSJ de dar marcha atrás sobre sus últimas decisiones no supuso un restablecimiento de la separación de poderes y del estado de derecho. El hecho de que el TSJ revirtiera sus decisiones a petición del Ejecutivo, asimismo, no hizo más que enfatizar la falta de independencia del poder judicial y la degradación en curso de las instituciones republicanas en Venezuela.
  
  A lo largo de los años, la erosión de los controles constitucionales y la consiguiente polarización política han ido acompañados de restricciones cada vez mayores sobre las libertades cívicas, es decir, sobre los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica sin los cuales no puede funcionar una sociedad civil activa y empoderada.
  
  A su vez, la creciente concentración de poderes de decisión en el liderazgo ejecutivo ha redundado en graves fallos en la formulación de políticas públicas, intensificando en vez de resolver la crisis social que afronta el país, con fenómenos que incluyen una aguda escasez de alimentos y otros bienes básicos, el desmoronamiento del sistema público de salud y un aumento de la violencia callejera que afecta desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas. También resulta preocupante la creciente represión estatal contra individuos y grupos de la sociedad civil que se expresan, organizan y protestan acerca de estos problemas.
  
  Frente a esta crisis multidimensional, hacemos un llamado al gobierno venezolano para que:

  1. Restaure las funciones y recursos constitucionalmente definidos de la Asamblea Nacional, así como las prerrogativas de sus miembros, devuelva las facultades extraordinarias conferidas al Poder Ejecutivo mediante sucesivas sentencias del TSJ, e introduzca medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial.
  2. Derogue el estado actual de excepción, establecido mediante decreto ejecutivo, y cumpla con los compromisos de derechos humanos asumidos bajo el derecho internacional en materia de garantía de las condiciones básicas para el trabajo de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
  3. Garantice el derecho a las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión. Las fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza y el arresto arbitrario de manifestantes pacíficos.
  4. Participe en un diálogo con actores nacionales relevantes, incluyendo a la sociedad civil, para resolver la actual crisis; y asegure el acceso a alimentos y medicamentos para toda la población.
     Instamos también a la comunidad internacional, y en particular a la Organización de los Estados Americanos y a sus Estados miembros, a colaborar en aras de la resolución de la crisis social y política que enfrenta Venezuela.

  Contactos:
  Eleanor Openshaw,
  ISHR Oficina de Nueva York
  +12124902199
  

  Inés Pousadela
  CIVICUS Políticas e Investigación
  +598 2901 1646
  

• Alerta: Continuo deterioro de instituciones democráticas en Venezuela

  La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) expresan su profunda preocupación por el creciente deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela. Los días 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió las sentencias N° 155 y 156, mediante las cuales declaró a la Asamblea Nacional en desacato, privó a los legisladores de inmunidad parlamentaria y asumió atribuciones del Congreso, así como la prerrogativa de delegarlas en quien juzgara conveniente, en este caso en la presidencia.

  Numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolanas han manifestado que estas decisiones equivalen en la práctica a un intento de golpe de Estado contra el Poder Legislativo, un pilar fundamental de las instituciones democráticas y la encarnación del derecho de la ciudadanía a estar representada allí donde se toman las decisiones clave que repercuten sobre sus vidas y sus derechos. Del mismo modo, la Fiscal General consideró que estas decisiones del TSJ representan una ruptura del orden constitucional.
  
  Los últimos acontecimientos han sido la culminación de un proceso de erosión de la autoridad del Congreso que lleva varios años, y que ha sumido al país en una profunda crisis social. Durante el pasado año y medio, el TSJ emitió más de 50 resoluciones que socavaron las funciones de la Asamblea Nacional y otorgaron poderes ilimitados al Ejecutivo. Esta es la razón por la cual la decisión del TSJ de dar marcha atrás sobre sus últimas decisiones no supuso un restablecimiento de la separación de poderes y del estado de derecho. El hecho de que el TSJ revirtiera sus decisiones a petición del Ejecutivo, asimismo, no hizo más que enfatizar la falta de independencia del poder judicial y la degradación en curso de las instituciones republicanas en Venezuela.
  
  A lo largo de los años, la erosión de los controles constitucionales y la consiguiente polarización política han ido acompañados de restricciones cada vez mayores sobre las libertades cívicas, es decir, sobre los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica sin los cuales no puede funcionar una sociedad civil activa y empoderada.
  
  A su vez, la creciente concentración de poderes de decisión en el liderazgo ejecutivo ha redundado en graves fallos en la formulación de políticas públicas, intensificando en vez de resolver la crisis social que afronta el país, con fenómenos que incluyen una aguda escasez de alimentos y otros bienes básicos, el desmoronamiento del sistema público de salud y un aumento de la violencia callejera que afecta desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas. También resulta preocupante la creciente represión estatal contra individuos y grupos de la sociedad civil que se expresan, organizan y protestan acerca de estos problemas.
  
  Frente a esta crisis multidimensional, hacemos un llamado al gobierno venezolano para que:

  1. Restaure las funciones y recursos constitucionalmente definidos de la Asamblea Nacional, así como las prerrogativas de sus miembros, devuelva las facultades extraordinarias conferidas al Poder Ejecutivo mediante sucesivas sentencias del TSJ, e introduzca medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial.
  2. Derogue el estado actual de excepción, establecido mediante decreto ejecutivo, y cumpla con los compromisos de derechos humanos asumidos bajo el derecho internacional en materia de garantía de las condiciones básicas para el trabajo de defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
  3. Garantice el derecho a las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión. Las fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza y el arresto arbitrario de manifestantes pacíficos.
  4. Participe en un diálogo con actores nacionales relevantes, incluyendo a la sociedad civil, para resolver la actual crisis; y asegure el acceso a alimentos y medicamentos para toda la población.
     Instamos también a la comunidad internacional, y en particular a la Organización de los Estados Americanos y a sus Estados miembros, a colaborar en aras de la resolución de la crisis social y política que enfrenta Venezuela.

  Contactos:
  Eleanor Openshaw,
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  Inés Pousadela
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• Arco minero del Orinoco: la crisis de la que pocos hablan en Venezuela

  Por Sra. Barreto, investigadora en CIVICUS, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana | Rafael Uzcategui, coordinador general de Provea, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

  En 2016 se aprobó la extracción de minerales en una superficie que equivale al 12,2% del territorio nacional, donde habitan 54.686 personas indígenas y tiene una gran diversidad ecológica.

  Lee el artículo: El País 

   

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• CHILE: ‘Migration restrictions do not tackle the causes of migration’

  CIVICUS speaks with Delio Cubides, migration legal advisor at the Chilean Catholic Migration Institute (INCAMI), about the situation of migrants in Chile, and the restrictive measures and mass expulsions that took place this year. Founded in 1955, INCAMI is a civil society organisation dedicated to supporting migrants in Chile, including through providing reception services, social assistance, advice on document regularisation, training and support in finding employment.

  How did Chile get into its current situation of anti-migrant protests and mass expulsions?

  To answer this question, we should place ourselves in the international context, to which Chile is no stranger. Since 2010, there has been an increase in the number of migrants from non-border countries, such as Venezuela and Haiti, which has surpassed the inflow from border countries.

  To a certain extent, Chile has been viewed in the region as a country with security and institutional and economic stability, while since 2013 the political, social and economic situation in Venezuela has led to an exponential increase in the inflow of people from that country, with a peak in 2013 and another in 2018, despite the fact that, unlike Haitian migration, there is no family reunification visa for Venezuelans in Chile.

  Faced with this increase in migration, the current administration of Sebastián Piñera began to adopt restrictive measures; 30 days after taking office in 2018, it enacted a policy aimed at limiting the entry of Haitians and Venezuelans. Haitian migration was heavily restricted by the implementation of a simple consular tourist visa for entry into Chile and, like other migrants, also by the elimination of the work contract visa.

  Although we do not have exact figures, we know that the rejection rate for consular visas requested by Haitians has been high; testimonies from Haitian migrants that we deal with in our offices report numerous rejections for reasons beyond their control or due to requirements they are unable to comply with.

  For example, in order to grant a permanent stay permit to migrants already present in Chile, the government requires a criminal record certificate that must be obtained from the consulate of the country of origin. In the case of countries such as Haiti, the high cost and lengthy processing time in the country of origin is compounded by the fact that, in the current political, social and health context, the certificate is almost impossible to obtain. As a result, many people are unable to submit it within the established deadlines. This requirement is currently limiting access by hundreds of people of Haitian origin to the so-called ‘extraordinary regularisation process’.

  For migrants from Venezuela, a consular visa requirement known as a ‘democratic accountability visa’ was imposed in 2019. But the desperate situation in Venezuela continued to push people to migrate despite the obstacles, as migration restrictions do not address the causes of migration.

  What these measures did not achieve, the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic did: in November 2020 the government suspended around 90,000 visa procedures for Venezuelan applicants, and many others who had already been granted their visas or had their final interview scheduled could not enter Chile because the suspension of international flights prevented them from doing so within the 90-day period established by law; therefore, their applications were administratively closed without any consideration for the pandemic situation.

  Many people have filed amparo appeals – writs for protection of constitutional rights – and have managed to have their cases reopened, but Chile has clearly opted for a strategy of restriction. All these measures were taken to regulate and control a migratory flow that was growing, but many of us see it as a reflection of the lack of empathy for the humanitarian reality that these people are going through in their countries of origin. Many of them had requested protection or were in the process of reuniting with their families, and their projects were cut short either by the pandemic or by administrative restrictions.

  Is Chilean society polarised around the issue of migration?

  I don’t see such polarisation. The situation in the city of Iquique, where in September 2021 there was a march against the arrival of migrants, was an isolated event. It was also the result of the stress that can build up in a situation of coexistence in undignified conditions, a result of the lack of public policies capable of anticipating the drama of this humanitarian crisis.

  On social media, opinions are polarised and people say many things, but these positions have not materialised in marches on the capital, Santiago de Chile, or in other cities. On the contrary, in Iquique we have seen migrants on the streets in extremely difficult conditions, and city residents welcoming and helping them to the best of their ability.

  The situation in Iquique was also one of exclusion from the possibility of regularisation of people who entered through unauthorised passages, a direct result of Law No. 21.325 on Migration and Aliens passed in April this year. In the previous regularisation process in 2018, migrants who entered through unauthorised passages were allowed to register, although no work permits were granted. Migrants know this is the case, but they prefer this precarious situation to going hungry in their countries of origin.

  In the context of the pandemic, because of health restrictions, many migrants were forced to stay in public places, unable to go anywhere else, undocumented and excluded from social benefits. This created difficulties for local residents, as well as for the migrants themselves who lacked state assistance.

  It was only after some Venezuelan migrants died while crossing the border that the Chilean state began to provide assistance, on the understanding that they were in fact refugees or asylum seekers.

  What should the state do in this situation?

  The state has an obligation to provide a solution to this situation. An alternative could be for it to coordinate with the private sector, which is in need of workers, especially in construction, agriculture, services and in some professional categories. The situation of people fitting these profiles could be regularised through coordination with the private sector, providing them with training and job placement. This would provide a different perspective on migration and would help avoid situations of dependency and lack of autonomy.

  It seems that restrictions are not the best solution. Restrictions do not stop migration, and instead deepen the violations of migrants’ rights, as they make them susceptible to the challenges of the labour market and the housing rental market and limit their access to basic rights such as health and education. They are also of no use to the authorities, who do not know where migrants are, who they are, how many they are or how they have arrived.

  Over the entire recent period since Chile returned to democracy, none of a series of governments developed a real migration policy that reformed and updated existing regulations. The current government has been the only one to propose a change in the law on migration and in migration management, but, due to the context and the pressure of migratory flows, it has turned out to be a restrictive policy, or at least one that seeks to limit the flow. It is a policy that discourages people from entering the country, driving those in a regular situation to exhaustion due to eternal waits to obtain documents, lack of communication by migration authorities and bureaucratic centralisation in Santiago.

  We are now in the middle of an election campaign, and in such times migration can be exploited to win votes. The government programmes of all the candidates have very limited information on this issue, but all who have spoken about it have done so in a restrictive tone. I think the problem lies there, more than in the fact that there is xenophobia within society. It seems that migrants only begin to be heard when they become an electoral force, which in Chile is just beginning to happen.

  How adequate is the new law to achieving ‘safe, orderly and regular’ migration?

  Law 21.325 reflects well the position of this administration on the issue of migration. It should be remembered that in December 2018 Chile refused to sign the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, arguing that each country should retain its sovereignty to set its migration rules, even though Chile had been one of the countries that had led its drafting process.

  The new law has some positive aspects and enshrines some rights, such as the rights to health, education, family reunification and work. It includes visas for minors and gives consideration to people with disabilities and women, giving them protection in certain specific cases such as pregnancy, smuggling and trafficking and gender-based violence. It decentralises the revalidation of diplomas and increases the administration’s presence in Chile’s regions. It also gives people with dependent visas autonomy to develop an economic activity.

  Although these rights are not currently refused, they are not guaranteed by law either, but rather recognised administratively, which makes them somewhat fragile.

  At the same time, the new law represents a shift in migration management. Until now, the law allowed for changes of status within the national territory, but the new law will not allow this: all visas must be obtained from consulates in the migrants’ countries of origin. This will give the administration the ultimate decision on how many migrants to allow in, which and under what conditions. This is perhaps the biggest change introduced by the new law. Only in some cases will certain people be allowed to change their migration status, but this will depend on the content of the regulatory degree that is issued to implement the new law.

  What work is the Chilean Catholic Migration Institute doing in this context?

  As it is beyond our reach to tackle the causes of migration, we defend the rights of migrants. Our objectives are to welcome, protect and integrate them. 

  We advocate with the authorities, which sometimes comes at a cost. This is necessary work because although there are migrants’ organisations, they tend to be organised around one person, a leader, and are not highly institutionalised. There are organisations for Colombians, Ecuadorians, Haitians and Venezuelans, among others. There is also Chile’s National Immigrants’ Coordination, which brings together several organisations, has a presence in protests and social media, and includes several Haitian, Peruvian and Venezuelan collectives.

  We also provide legal advice, which is what is most lacking in Chile, due to a lack of access to information, which is not promoted by the authorities who should be attending to migrants. We help with online forms and procedures and provide social assistance, particularly in the form of shelter, as there are no state-run shelters for migrants.

  Everything that exists in Chile in the area of migrants’ reception and services is the result of civil society initiatives, largely by organisations, institutions and services of the Catholic Church. INCAMI is the Catholic Church’s main body on migration issues: through the work teams of the Pastoral of Human Mobility (PMH) in each of Chile’s regions, we coordinate the reception and care of migrants with other Church bodies. Our resources are limited, but during the pandemic we have opened churches to receive women and children and we have provided all the attention we could through social media.

  We listen to what people need, something the authorities don’t do. With the help of some municipalities, we accompanied the return of thousands of people not only from neighbouring Bolivia, but also from Colombia, Ecuador, Haiti, Venezuela and other countries.

  Our migration teams travel not only within the Metropolitan Region of Santiago but also to Chile’s regions, to visit the municipalities with the greatest presence of migrants and offer them the possibility of regularising their status, obtaining a visa, working under fair conditions, contributing to the social security system and accessing their fundamental rights. Sometimes we do this with the support of PMH teams in the regions, government authorities or the International Organisation for Migration (IOM).

  What support do organisations defending the rights of migrants in Chile need from the international community?

  We face a regional challenge that requires a regional response. States should coordinate an international approach to migration, as is already being done by the Regional Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela (R4V), led by the United Nations Refugee Agency and the IOM. Further progress is needed in this process, as the Venezuelan situation is far from over.

  In order to assist migrants while doing very necessary advocacy work, we need resources: staple foods to assemble basic food baskets and economic resources to pay for accommodation, among other things. It is important to remember that migrants are not the problem, but rather the symptom of realities undergoing deeper transformation, and most of them require protection.

  Civic space in Chile is rated ‘obstructed’ by theCIVICUS Monitor.
  Get in touch with the Chilean Catholic Migration Institute through itswebsite or itsFacebook andInstagram pages, and follow@INCAMIchile and@JosDelioCubides on Twitter. 

• CHILE: “Las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración”

  CIVICUS conversa con Delio Cubides, asesor jurídico migratorio del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), acerca de la situación de las personas migrantes en Chile, y sobre las medidas restrictivas y las expulsiones masivas que tuvieron lugar este año. Fundado en 1955, el INCAMI es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar a personas migrantes en Chile, proveyendo, entre otras cosas, servicios de acogida, asistencia social, asesoramiento para la regularización de documentos, capacitación y apoyo en la búsqueda de empleo.

  ¿Cómo se llegó en Chile a la actual situación de protestas contra migrantes y expulsiones masivas?

  Para responder esa pregunta deberíamos situarnos en el contexto internacional, al que Chile no es ajeno. Desde 2010 se percibe un aumento en la cantidad de personas migrantes de países no fronterizos, como Venezuela y Haití, que han superado al flujo procedente de países fronterizos.

  En cierta forma, Chile ha sido visto en la región como un país con seguridad y estabilidad institucional y económica, al mismo tiempo que la situación política, social y económica en Venezuela hizo que desde 2013 el ingreso de personas de ese país creciera exponencialmente, con un pico en 2013 y otro en 2018, pese a que, a diferencia de lo que ocurre con la migración haitiana, no existe en Chile una visa de reunificación familiar para venezolanos.

  Frente al aumento de las migraciones, la actual administración de Sebastián Piñera comenzó a tomar medidas restrictivas; de hecho, a los 30 días de asumido su mandato en 2018 publicó una minuta destinada a limitar el ingreso de personas haitianas y venezolanas. La migración haitiana se vio especialmente restringida por la implementación de un visado consular de turismo simple para el ingreso a Chile y, al igual que el resto, por la eliminación del visado por contrato de trabajo.

  Aunque no tenemos cifras exactas, sabemos que la tasa de rechazo de las visas consulares solicitadas por personas haitianas es alta; testimonios de migrantes haitianos que atendemos en nuestras oficinas dan cuenta de numerosos rechazos por motivos que les son ajenos o por requisitos que no está en sus manos cumplir.

  Por ejemplo, para la tramitación de la permanencia definitiva de las personas migrantes ya presentes en Chile, el gobierno solicita un certificado de antecedentes penales que debe obtenerse en el consulado del país de origen. En el caso de países como Haití, al costo elevado y la prolongada tramitación en el país de origen se suma el hecho de que, en el actual contexto político, social y sanitario, el certificado es casi imposible de conseguir. En consecuencia, muchas personas no logran presentarlo dentro de los plazos establecidos. En la actualidad, ese requisito está limitando el acceso de cientos de personas de origen haitiano al llamado ‘proceso de regularización extraordinaria´.

  A las personas migrantes procedentes de Venezuela se les impuso en 2019 la exigencia de una visa consular conocida como ‘visa de responsabilidad democrática’. Pero la situación desesperada de Venezuela siguió impulsando a las personas a migrar a pesar de los obstáculos, ya que las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración.

  Lo que no lograron estas medidas lo hicieron las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19: en noviembre de 2020 el gobierno suspendió alrededor de 90 mil trámites de visas a personas venezolanas, y muchas otras con sus visas ya otorgadas o próximas a la entrevista de otorgamiento no pudieron ingresar a Chile porque la suspensión de los vuelos internacionales les impidió hacerlo dentro del plazo de 90 días que les otorga la ley; en consecuencia, sus trámites fueron cerrados administrativamente sin ninguna consideración por la situación de pandemia.

  Muchas personas han interpuesto recursos de amparo y han logrado reabrir sus casos, pero claramente Chile ha optado por una estrategia de restricción. Todas estas medidas se tomaron para regular y controlar un flujo migratorio que venía en crecimiento, pero muchos lo vemos como un reflejo de la falta de empatía a la realidad humanitaria que atraviesan estas personas en su país de origen. Muchas de ellas requerían protección o estaban en proceso de reunificarse con sus familias, proyectos que se vieron truncados ya sea por la pandemia, ya por las restricciones administrativas.

  ¿Está la sociedad chilena polarizada en torno del tema de la migración?

  Yo no veo tal polarización. La situación de la ciudad de Iquique, donde en septiembre de 2021 se produjo una marcha contra la llegada de migrantes, fue un hecho aislado, fruto también del estrés que puede generar una situación de convivencia en condiciones indignas, como consecuencia de la falta de políticas públicas que se anticiparan al drama de esta crisis humanitaria.

  En las redes sociales las opiniones se polarizan y la gente dice muchas cosas, pero estas posiciones no se han materializado en marchas en la capital, Santiago de Chile, o en otras ciudades. Al contrario, en Iquique hemos visto migrantes en las calles en condiciones sumamente difíciles, y a residentes de la ciudad ayudándoles y acogiéndoles en la medida de sus posibilidades.

  La situación en Iquique también fue de la exclusión de la posibilidad de regularización de las personas que ingresaron por pasos no habilitados, por efecto de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería aprobada en abril de este año. En el anterior proceso de regularización de 2018 se permitió la incorporación de ingresantes por pasos no habilitados, aunque no se otorgaron permisos de trabajo a quienes se inscribieron. Las personas migrantes lo saben, pero prefieren esa precariedad antes que pasar hambre en su país de origen.

  En el contexto de la pandemia, a causa de las restricciones sanitarias, muchas personas migrantes se vieron obligadas a quedarse en plazas públicas, sin poder ir a ninguna parte, sin documentos y excluidas de los beneficios sociales. Esto generó dificultades para los residentes locales, así como para los propios migrantes desprovistos de asistencia estatal.

  Recién luego de que se produjeran muertes de migrantes venezolanos durante su cruce de la frontera, el Estado chileno comenzó a proveer asistencia, entendiendo que se trataba de personas refugiadas o solicitantes de refugio.

   

  ¿Qué tendría que hacer el Estado frente a esta situación?

  El Estado tiene la obligación de dar una solución a esta realidad. Una alternativa puede venir de la articulación con el sector privado, que requiere trabajadores sobre todo en la construcción, la agricultura, los servicios y ciertas profesiones. La situación de estas personas podría regularizarse previa coordinación con tal sector, brindándoles capacitación e inserción laboral. Esto daría otra perspectiva a la migración y evitaría situaciones de dependencia y de falta de autonomía.

  Pareciera que poner restricciones no es la mejor solución. Las restricciones no detienen las migraciones, y en cambio profundizan las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, pues las hace susceptibles a las inclemencias del mercado de trabajo o del mercado de alquiler de vivienda y les limita el acceso a derechos básicos como salud y educación. Esto tampoco resulta útil para la autoridad, que no sabe dónde están, quiénes son, cuántos son o cómo llegaron.

  En todo el período reciente desde la recuperación de la democracia, ninguno de los sucesivos gobiernos de Chile desarrolló una verdadera política migratoria que incluyera una reforma y actualización de la normativa. Este gobierno ha sido el único con una propuesta de cambio en la Ley de Extranjería y en la gestión migratoria, pero, a causa del contexto y de la presión de los flujos migratorios, ha devenido en una política restrictiva, o cuanto menos limitante de los flujos. Es una política que desincentiva el ingreso al país, llevando también a las personas en situación regular a la extenuación por la eterna espera en la obtención de documentos, la escasa comunicación de la autoridad migratoria y la centralización de la gestión en Santiago.

  Ahora estamos en campaña, y en estos tiempos el tema migratorio puede ser instrumentalizado para ganar votos. Los programas de gobierno de todos los candidatos son muy pobres esta materia, pero todos los que han hablado del tema lo han hecho en un tono restrictivo. Creo que el problema pasa por ahí, más que por el hecho de que haya xenofobia en la sociedad. Pareciera que el migrante solo comienza a ser oído cuando se vuelve una fuerza con capacidad de elección, lo cual en Chile apenas empieza a ocurrir.

  ¿Qué tan apta es la nueva ley para lograr una migración “segura, ordenada y regular”?

  La Ley 21.325 refleja bien la posición de esta administración en torno al tema de la migración. Hay que recordar que en diciembre de 2018 Chile se negó a firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, alegando que cada país debe conservar su soberanía para fijar sus reglas migratorias, pese a que Chile había sido uno de los países que había liderado su redacción.

  La nueva ley tiene algunos aspectos positivos y garantiza ciertos derechos: a la salud, a la educación, a la reunificación familiar y al trabajo. Incluye visa para menores de edad y considera a las personas en situación de discapacidad y a las mujeres y les da protección en ciertos casos específicos como embarazo, tráfico y trata y violencia de género. Descentraliza la revalidación de títulos y aumenta la presencia en las regiones. Asimismo, concede autonomía para el desarrollo de actividad económica a las personas con visa en calidad de dependientes.

  Si bien estos derechos actualmente no están negados, tampoco están garantizados en la ley, sino que se conceden por vía administrativa, lo cual les confiere cierta fragilidad.

  Al mismo tiempo, la nueva ley representa un cambio en la gestión migratoria. Hasta ahora la normativa permitía el cambio de estatus dentro del territorio nacional, pero la nueva normativa no lo va a permitir: todas las visas deberán obtenerse en los consulados de los respectivos países de origen. Eso entregará a la administración la decisión última de cuántos migrantes permite entrar, cuáles y en qué condiciones. Este es tal vez el mayor cambio propuesto en la nueva ley. Solo en algunos casos se permitirá a algunas personas cambiar su estatus migratorio, pero esto dependerá de los contenidos del reglamento para la implementación de la nueva ley.

  ¿Qué trabajo realiza el Instituto Chileno Católico de Migración en este contexto? 

  Como está fuera de nuestro alcance atacar las causas de la migración, defendemos los derechos de las personas migrantes. Nuestros objetivos son acogerlas, protegerlas e integrarlas. 

  Hacemos incidencia con las autoridades, lo cual a veces tiene costos. Este es un trabajo necesario porque si bien existen organizaciones de personas migrantes, suelen estar organizadas en torno de una persona, un líder, sin mucha institucionalidad. Hay organizaciones de colombianos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos, entre otros. También está la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, que nuclea a varias organizaciones, tiene presencia en las manifestaciones, en las redes sociales, y cuenta con presencia de varios colectivos haitianos, peruanos y venezolanos.

  También prestamos un servicio de asesoría legal, que es lo que más escasea en Chile, por falta de acceso a la información, que no es promovido por la autoridad que debería atender a las personas migrantes. Nos encargamos de trámites digitales y brindamos asistencia social, particularmente bajo la forma de casas de acogida, ya que no hay albergues para migrantes gestionados por el Estado.

  Todo lo que existe en materia de acogida y atención a personas migrantes en Chile es por iniciativa de la sociedad civil, y mayormente de organizaciones, instituciones y servicios de la Iglesia Católica. INCAMI es el organismo de la Iglesia Católica de Chile referente en temas de migración: a través de los equipos de trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) en las distintas regiones de Chile, coordinamos con otros organismos de la Iglesia la recepción y atención de personas migrantes. Nuestros recursos son limitados, pero durante la pandemia hemos habilitado iglesias y parroquias para recibir a mujeres y niños y hemos brindado toda la atención que hemos podido a través de las redes sociales.

  Nosotros escuchamos lo que las personas precisan, cosa que las autoridades no hacen. Con ayuda de algunas municipalidades acompañamos el retorno de miles de personas no solamente de la vecina Bolivia, sino también de Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela y otros países.

  Nuestros equipos de atención migratoria se desplazan no solo dentro de la Región Metropolitana de Santiago sino también a las regiones, para visitar las comunas con mayor presencia de migrantes y acercarles la posibilidad de regularizarse, tener una visa, trabajar en igualdad de condiciones, aportar al sistema previsional y acceder a sus derechos fundamentales. En ocasiones lo hacemos con el apoyo de los equipos de la PMH en las regiones, de algunas autoridades o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

  ¿Qué apoyo necesitan de la comunidad internacional las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Chile?

  Enfrentamos un desafío regional que requiere una respuesta regional. Los Estados deberían coordinar un abordaje internacional de la migración, como ya lo está haciendo la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM. Se requiere seguir avanzando en este proceso, pues la situación que vive Venezuela está lejos de terminar.

  Para asistir a las personas migrantes al tiempo que hacemos este necesario trabajo de incidencia necesitamos recursos: bienes alimentarios para armar canastas básicas y recursos económicos para el pago de alojamiento, entre otras cosas. Es importante recordar que las personas migrantes no son el problema, sino que son el síntoma de realidades en transformación más profunda, y en su mayoría requieren protección.

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  Póngase en contacto con el Instituto Católico Chileno de Migración a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@INCAMIchile y a@JosDelioCubides en Twitter.

   

• COLOMBIA: ‘Civil society is an important pillar in work with the migrant population’

  CIVICUS speaks with Carmen Aida Faria, director of Fundación Manitas Amarillas (Little Yellow Hands Foundation), about the difficulties faced by Venezuelan migrants in Colombia and the work being done by civil society to facilitate their access to rights.

  Manitas Amarillas is a Colombian civil society organisation (CSO) formed in 2018, in the context of mass Venezuelan migration to Colombia, to provide humanitarian assistance, access to health services and counselling to migrants and refugees.

  How has the situation of Venezuelan migrants in Colombia changed in recent years?

  Migration flows into Colombia have changed over time. The 2015 wave of Venezuelan migration was very important, but the number of migrants increased over the following years, peaking in 2017. Compared to the previous wave, this one included a lot more people in vulnerable situation.

  The new arrivals needed immediate healthcare and access to other fundamental rights that the system could not provide. Colombia did not have the infrastructure or the financial resources to respond, particularly in border areas, where local populations also experience deficits in access to education and healthcare, among other rights.

  Migrants in vulnerable situations were also unable to receive monetary aid through the Colombian government’s social assistance programmes or enter the subsidised health system. To access social programmes, people must have a regular migration status.

  In addition to a permanent migrant population, there is also the population in border areas that constantly crosses the border back and forth to access certain services. For instance, many children who live in Venezuela go to school in Colombia and are not included in school food programmes. There are organisations working specifically to ensure these children have access to food, as they arrive with significant nutritional problems.

  These processes created a demand for the community, but above all for the Colombian state, to respond to. And the country began to operate under a logic of solidarity and gratitude: Colombians remember that in the past it was Venezuela that received Colombian migrants. Thus, the government began to grant special residence permits to regularise this population in some way. But the definite milestone was the Temporary Statute of Protection for Venezuelan Migrants (ETPMV), approved in 2021 under an essentially humanitarian logic.

  What did the implementation of this new policy entail?

  The ETPMV implied temporary regularisation so that Venezuelans could benefit from the same rights and have the same duties as Colombian nationals. Upon receiving an identity document called a Temporary Protection Permit, migrants have the possibility of accessing the health system and the labour market, among other rights.

  Theoretically, the mechanism is well thought out. However, putting it into practice has been hard. Many people have been left out: more than 2.4 million migrants have registered in the Single Registry for Venezuelan Migrants, but there are still more than a million who, having completed the full process, have not received their permit.

  Some people applied for the permit in September 2021, more than a year ago, and have consulted Migración Colombia, the authority for migration control and monitoring, but still do not know what has happened to their application. Some have not received their permits due to logistical problems: this is a highly mobile population and when they change addresses it is often not possible to locate them to deliver the documentation.

  But it is also the case that difficulties continue once the permit has been obtained. This is an indication of deeper problems. When Venezuelans go with their permit to open a bank account or register with the health system, they are often rejected. The Temporary Protection Permit is a new document and many institutions, both public and private, are not yet familiar with it. A lot of education is needed to make these rights effectively accessible.

  The ETPMV was supposed to prioritise the most vulnerable population groups. The first to receive their permits were supposed to be people in need of immediate medical attention and children and adolescents who needed them to enter the education system due to lack of identity papers. This ultimately did not happen, to such an extent that legal appeals have had to be filed to ensure access to healthcare for people with chronic illnesses or other conditions in need of immediate attention.

  How is Colombian civil society supporting Venezuelan migrants?

  Since the last big wave of migration in 2017, many CSOs have emerged. It was the migrant community itself that first began to get together to help other migrants. We started giving food out on the street and providing humanitarian assistance to walkers, as we call the people moving on foot through Colombian territory, who did not have basic information or even warm enough clothing to withstand Colombia’s climate.

  CSOs have become an important pillar in work with the migrant population, because we are on the ground and we know the problems migrants have.

  Currently, many CSOs are working together in coordination with the Mayor’s Office of Bogotá and promoting several joint initiatives. We have launched public campaigns and signed a symbolic pact to promote integration, because Venezuelan migrants in Colombia continue to suffer from xenophobia and discrimination as a result of their poverty. We have asked the media to stop mentioning the nationality of crime perpetrators, because they only do so when the person involved is a foreigner, thus overstating the problem and contributing to discrimination against Venezuelans.

  We are also participating, in collaboration with the Colombian government and international cooperation agencies, in the first ‘Entregatón’, a massive permit delivery operation aimed at distributing 40,000 permits in five days. Migración Colombia has sent messages via mobile phone to migrants whose documents are ready, notifying them of the date and place where they can pick them up.

  But in addition to handing out the documents, as part of the operation, enrolment and biometric registration services are being provided for those who have not yet completed these stages of the process. People who have already received their permits are also offered vaccination services, access to healthcare providers, registration with the social assistance system, legal support and information on various other issues, from the transportation system to school access to programmes targeted at migrant women.

  There is so much work and CSOs are contributing enormously. The government and international cooperation agencies should take us into account not only as sources of diagnoses of migration issues, but also as partners when it comes to jointly implementing public policies arising from those diagnoses.

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• COLOMBIA: ‘Lack of regular migration status imposes barriers to accessing rights’

  CIVICUS speaks with Jessica Corredor Villamil and Lina Arroyave about the situation of Venezuelan migrants and refugees in Colombia. Jessica is the director of and Lina a researcher in Dejusticia’s international team.

  Dejusticia is a centre for legal and social studies based in Bogotá, Colombia, dedicated to promoting human rights in Colombia and the global south. It promotes social change through action-research, developing public policy proposals, advocacy campaigns and strategic litigation.

  How has Colombia changed its legal framework to accommodate Venezuelan migration?

  There are currently three ways in which Venezuelan nationals can obtain the status that allows them to stay in Colombia for extended periods: visas, refugee status and the Temporary Protection Status for Venezuelan Migrants (ETPMV).

  The ETPMV was established in 2021 to address the situation of mass migration from Venezuela. It has two main objectives: to identify the Venezuelan migrant population and regularise their migratory situation. To this end, two mechanisms are envisaged. The first is the Single Registry of Venezuelan Migrants, which collects personal and socio-economic data of those who register, administered by Migración Colombia, the authority in charge of migration control and surveillance. The second is the Temporary Protection Permit, which authorises its holders to stay in Colombia for 10 years and allows them to access the health, social security, education and financial systems, validate their diplomas, work and leave and re-enter the country.

  Those in Colombia who have regular status, who have requested refuge but have not yet received a response, who entered the country irregularly before 31 January 2021, who have entered the country regularly after May 2021, or do so before late May 2023 are all eligible for temporary protected status. After that cut-off date, it will only be available to children and adolescents.

  Even so, people are not guaranteed temporary protected status if they meet all the requirements, since it is granted at the discretion of Migración Colombia.

  How has the ETPMV system worked during its first year?

  The process has takenlonger than expected, falling short of the goal set by the previous government of delivering 1.8 million identification documents by 2022.

  According to data from Migración Colombia, as of November 2022 about 2.5 million people have entered their data in the Single Registry for Venezuelan Migrants and 1.6 million permits have been approved.

  This gap is worrying because lack of regular migration status imposes barriers to accessing fundamental rights and hinders the socio-economic integration of migrants.

  In addition, many people did not register because they were unable to regularise their migration status. The ETPMV was only available to those in an irregular situation who had entered Colombia before 31 January 2021. This time limitation ignores the fact that irregular migration continues, largely because of the impossibility of obtaining official documents in Venezuela. Irregular status is assumed to be the result of individual decisions, when it is usually results from the impossibility of complying with the requirements imposed.

  What integration barriers do Venezuelan migrants face in Colombia?

  In a recentreport we identified multiple barriers to accessing and remaining in the formal labour market, as well as for setting up a business.

  The main legal barrier is lack of regular migration status. The thousands of people who continue to enter Colombia through informal border crossings are denied access to temporary protected status. This has an impact on both formalising their employment and access to entrepreneurship support funds, particularly from the state, but also from the private sector. A majority of self-employed migrant workers work in the informal sector.

  Widespread ignorance among employers of migration legislation imposes additional barriers. For instance, many are unaware that the validation of university degrees is only required for professions that involve high social risk, such as medicine, or that are regulated by the state, such as architecture or law, for which all applicants must follow a process to validate their diplomas and have professional cards issued. This procedure requires an official certificate that must be obtained in Venezuela, and those who are already in Colombia face immense difficulties in securing this.

  There are also social and cultural factors that can affect the employment situation. Negative perceptions of the Venezuelan migrant population affect recruitment processes. Xenophobia and discrimination deepen in situations of insecurity, although there is no evidence of links between migration and increased crime.

  Lack of social capital – such as well-placed contacts and job references – is also a problem for migrants.

  Additional obstacles make it difficult for migrant workers to remain in the formal economy. For example, many banks refuse to open savings accounts for Venezuelan migrants. They not only require them to prove their regular migration status but also demand an up-to-date passport, which they usually don’t have. Similar challenges come with some health insurers, pension funds and occupational risk insurance companies.

  As a result, to earn an income many migrants are forced into precarious jobs and exploitative working conditions, including extremely long working hours, sub-minimum wages, mistreatment and changes in agreed working conditions. In 2019, the average monthly income of a Venezuelan migrant was less than the legal minimum wage, and the wage gap compared to Colombian nationals was more than 30 percentage points.

  What is Dejusticia doing to promote migrants’ rights?

  As a civil society organisation, we carry out research on migrants’ access to rights that we use to influence decision-making processes on migration policy and formulate public policy recommendations. In the research process leading to ourreport on the labour inclusion of Venezuelan migrants, for example, we organised an event to which we invited various stakeholders, including government agencies, to work on recommendations. Also, when anew government took office in August 2022, we produced a series of recommendations, in partnership with other organisations.

  We also develop strategic litigation and communications campaigns, and work with other organisations, both nationally, regionally and in other regions of the global south, to address the migration phenomenon from a broader perspective.

  What support from the international community do organisations defending the rights of migrants in Colombia need?

  It is important for the international community to shed visibility on and support the processes that are taking place in relation to the rights of Venezuelan migrants. But it is also very important that the support of the international community covers other migratory flows and takes into account the problems happening on the Colombia-Panama border, crossed by migrants of various nationalities trying to head towards the USA.

  It is also important for the international community to remind the Colombian government of the commitments it has made by ratifying treaties and adopting international standards on migration and refugees.

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• COLOMBIA: “La carencia de estatus migratorio regular impone barreras de acceso a derechos”

  CIVICUS conversa con Jessica Corredor Villamil y Lina Arroyave sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia. Jessica esdirectora y Lina es investigadora del área internacional de Dejusticia.

  Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia, y dedicado a promover los derechos humanos en Colombia y en el sur global. Promueve el cambio social a través de la investigación-acción, desarrollando propuestas de políticas públicas, campañas de incidencia y litigios estratégicos.

  ¿Cómo ha reformado Colombia su marco legal para acoger a la migración venezolana?

  Actualmente hay tres vías mediante las cuales las personas nacionales de Venezuela pueden obtener el estatus migratorio que les permite permanecer en Colombia por períodos prolongados: las visas, la solicitud de la condición de refugiado y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos(ETPMV). 

  Este último fue establecido en 2021 para atender la migración masiva procedente de Venezuela. Tiene dos grandes objetivos: identificar a la población migrante venezolana y regularizar su situación migratoria. Para esto prevé dos mecanismos. El primero es el Registro Único de Migrantes Venezolanos, que recoge los datos personales y socioeconómicos de quienes deciden registrarse y es administrado por Migración Colombia, la autoridad de vigilancia y control migratorio. El segundo es el Permiso por Protección Temporal, que autoriza a su portador a permanecer en Colombia por 10 años y le permite acceder a los sistemas de salud y seguridad social, educativo y financiero, convalidar títulos, trabajar y salir del país y reingresar.

  Pueden acogerse al ETPMV quienes se encuentren en Colombia de manera regular, quienes han solicitado refugio pero aún no han recibido respuesta, quienes ingresaron al país de manera irregular antes del 31 de enero de 2021, y quienes lo hicieron de manera regular desde finales de mayo de 2021 o lo hagan antes de finales de mayo de 2023. Luego de esa fecha, solo será una opción para niños, niñas y adolescentes.

  Aun así, el cumplir con todos los requisitos no es garantía de obtención del ETPMV, ya que su otorgamiento es facultad discrecional de Migración Colombia.

  ¿Cómo ha funcionado el ETPMV durante su primer año? 

  El proceso se hademorado más de lo previsto, lo cual impidió cumplir la meta del gobierno anterior de entregar 1.8 millones de documentos de identificación en 2022.

  Según datos de Migración Colombia, hasta noviembre de 2022 cerca de 2,5 millones de personas han ingresado sus datos en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, y se han aprobado 1,6 millones de permisos.

  Esta brecha es preocupante porque la carencia de estatus migratorio regular impone barreras de acceso a derechos fundamentales y obstaculiza la integración socioeconómica de la población migrante.

  Además, muchas personas no se inscribieron en el registro por no haber podido regularizar su situación migratoria. El ETPMV solamente estaba disponible para las personas en situación irregular que hubieran ingresado a Colombia hasta el 31 de enero de 2021. Esta limitación temporal ignora el hecho de que la migración irregular continúa, en gran medida a causa de la imposibilidad de acceder a documentos oficiales en Venezuela. Se asume que la situación de irregularidad obedece a una decisión individual, cuando por lo general es el resultado de la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos.

  ¿Qué barreras de integración enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia?

  En un recienteinforme identificamos las múltiples barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral formal, así como para el desarrollo de emprendimientos.

  La principal barrera legal es la carencia de estatus migratorio regular. Las miles de personas que continúan ingresando a Colombia por pasos fronterizos informales tienen vedado el acceso al ETPMV. Esto tiene impactos tanto para la formalización laboral como para el acceso a fondos de apoyo al emprendimiento, en particular estatales, pero también privados. La mayoría de los trabajadores migrantes independientes trabaja en el sector informal.

  El desconocimiento generalizado de la legislación migratoria por parte de los empleadores impone barreras adicionales. Por ejemplo, muchos desconocen que la convalidación de títulos universitarios solo es imprescindible para profesiones cuyo ejercicio implica altos riesgos sociales, como la medicina, o cuyo ejercicio es regulado por el Estado, como el derecho o la arquitectura, y exigen a todos los postulantes la realización del trámite de convalidación de títulos y expedición de tarjetas profesionales. Este trámite requiere de una apostilla que debe ser obtenida en Venezuela antes de migrar, y quienes ya se encuentran en Colombia enfrentan enormes dificultades para conseguirla.

  También existen factores sociales y culturales que pueden afectar la situación laboral. Las percepciones negativas de la población migrante venezolana afectan los procesos de selección de personal. La xenofobia y la discriminación se profundizan cuando ocurren hechos de inseguridad, pese a que no hay evidencia de vínculos entre el aumento de la criminalidad y el de la migración.

  La falta de capital social, es decir, de contactos bien posicionados y referencias laborales, también es un problema para las personas migrantes.

  Algunos obstáculos adicionales dificultan la permanencia en la economía formal. Por ejemplo, muchos bancos se niegan a abrir cuentas de ahorros a personas migrantes venezolanas ya que les exigen no solamente acreditar estatus migratorio regular sino también presentar su pasaporte actualizado, con el que habitualmente no cuentan. Algo similar ocurre con algunas aseguradoras de salud, fondos de pensiones y aseguradoras de riesgos de trabajo.

  De ahí que muchas personas migrantes con tal de conseguir algún ingreso acepten empleos precarios y se sometan a condiciones de explotación laboral que incluyen jornadas de trabajo extremadamente largas, salarios por debajo del mínimo, malos tratos y cambios en las condiciones laborales acordadas. En 2019, los ingresos mensuales promedio de una persona migrante venezolana fueron inferiores al salario mínimo legal vigente, y la brecha salarial frente a los nacionales colombianos fue de más de 30 puntos porcentuales.

  ¿Qué trabajo hace Dejusticia para promover los derechos de las personas migrantes? 

  En tanto que organización de la sociedad civil, hacemos investigaciones sobre el acceso a derechos de las personas migrantes para sobre esa base hacer incidencia en los procesos de toma de decisiones en materia de política migratoria y formular recomendaciones de política pública. En el proceso de investigación para nuestroinforme sobre la inclusión laboral de las y los migrantes venezolanos, por ejemplo, organizamos un evento al cual invitamos a los diferentes sectores involucrados, incluidas varias agencias gubernamentales, para trabajar en las recomendaciones. Asimismo, al iniciarse unnuevo gobierno en agosto de 2022 elaboramos un documento con recomendaciones, en alianza con otras organizaciones.

  También desarrollamos litigios estratégicos y campañas de comunicación, y trabajamos con otras organizaciones, a nivel tanto nacional como regional y de otras regiones del sur global, para abordar el fenómeno de las migraciones desde una mirada más amplia.

  ¿Qué apoyo de la comunidad internacional necesitan las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Colombia?

  Es importante que la comunidad internacional dé visibilidad y apoye los procesos que se están dando en relación con los derechos de las personas migrantes venezolanas. Pero también es muy importante que el apoyo de la comunidad internacional abarque otros flujos migratorios y dé cuenta de la problemática en la frontera colombo-panameña, paso obligado para personas migrantes de distintas nacionalidades que quieren llegar a los Estados Unidos.

  También es importante que la comunidad internacional le recuerde al gobierno de Colombia los compromisos que ha adquirido a partir de la ratificación de tratados y la adopción de estándares internacionales en materia de migración y refugio.

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• COLOMBIA: “La sociedad civil es un pilar importante del trabajo con la población migrante”

  CIVICUS conversa con Carmen Aida Faria, directora de la Fundación Manitas Amarillas, acerca de las dificultades que enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia y la labor de la sociedad civil para facilitar el acceso a sus derechos.

  Manitas Amarillas es una organización de la sociedad civil (OSC) colombiana constituida en 2018, en el contexto de la migración venezolana masiva en Colombia, para brindar asistencia humanitaria, acceso a servicios de salud y asesoramiento a personas migrantes y refugiadas.

  ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la situación de las personas migrantes venezolanas en Colombia?

  Los flujos migratorios que recibe Colombia han cambiado a lo largo del tiempo. La ola migratoria venezolana de 2015 fue muy importante, pero la cantidad de migrantes en los años siguientes aumentó, con un pico en 2017. En comparación con la anterior, esta oleada incluyó a muchas más personas en situación de vulnerabilidad.

  Estas personas que estaban llegando necesitaban inmediata atención de salud y acceso a otros derechos fundamentales que el sistema no podía brindarles. Colombia no contaba con la infraestructura, ni los recursos económicos necesarios para dar respuesta, en particular en las zonas de frontera, con poblaciones locales que también tienen déficits de acceso a educación y salud, entre otros derechos.

  Los migrantes en situación de vulnerabilidad tampoco podían acceder a los programas asistenciales del gobierno colombiano para recibir ayudas monetarias o ingresar al sistema de salud subsidiado. Para acceder a los programas sociales las personas deben tener regularizada su situación migratoria.

  Además de a la población migrante con vocación de permanencia, hay que considerar a la población de las zonas de frontera, que es pendular, ya que cruza la frontera permanentemente para acceder a ciertos servicios. Por ejemplo, hay muchos niños que viven en Venezuela pero estudian en Colombia y no están incluidos en los programas de alimentación escolar. Hay organizaciones que trabajan específicamente para que estos niños tengan acceso a alimentación, ya que llegan con problemas nutricionales importantes.

  Estos procesos generaron una exigencia a la comunidad, pero sobre todo al Estado colombiano, para que brindara respuestas. Y el país comenzó a operar bajo una lógica de solidaridad y de agradecimiento: los colombianos recordamos que en el pasado fue Venezuela la que recibió migrantes colombianos. Así, el gobierno comenzó por otorgar permisos especiales de permanencia para regularizar de alguna manera a toda esa población. Pero lo que definitivamente marcó un hito fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV), aprobado en 2021 con una lógica esencialmente humanitaria.

  ¿Qué avances supuso la implementación de esa nueva política?

  El ETPMV propuso una regularización temporaria para que las personas venezolanas pudieran acogerse a los mismos derechos y tener los mismos deberes que las y los ciudadanos colombianos. Mediante el otorgamiento de un documento de identidad llamado Permiso por Protección Temporal, las personas migrantes tienen la posibilidad de acceder, al sistema de salud y al mercado laboral, entre otros derechos.

  Teóricamente el mecanismo está bien pensado; sin embargo, ha costado llevarlo a la práctica. Mucha gente ha quedado afuera: más de 2,4 millones de migrantes se inscribieron en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, pero todavía hay más de 1 millón que, habiendo completado todo el proceso, no han recibido su permiso.

  Hay quienes aplicaron para el permiso en septiembre de 2021, es decir, hace más de un año, y han consultado a Migración Colombia, la autoridad migratoria de vigilancia, control migratorio y extranjería, pero todavía desconocen qué ha ocurrido con su aplicación. También ha habido quienes no han recibido sus permisos por problemas de logística: se trata de una población de alta movilidad y cuando cambian de domicilio muchas veces no es posible localizarlos para entregarles la documentación.

  Pero también ocurre que las dificultades continúan una vez obtenido el permiso. Ello indica que existen problemas más profundos. Cuando el ciudadano venezolano va con su permiso a abrir una cuenta bancaria o a inscribirse en el sistema de salud, con frecuencia no lo aceptan. El Permiso por Protección Temporal es un documento nuevo y muchas instituciones, tanto públicas como privadas, aún no lo conocen. De ahí que haga falta mucha pedagogía para que estos derechos sean efectivamente accesibles.

  Se suponía que el ETPMV priorizaría a los grupos poblacionales más vulnerables. Las primeras en recibir sus permisos debían ser las personas que necesitaban atención médica inmediata y los niños y adolescentes que debían ingresar al sistema educativo, pero carecían de documento de identidad. Esto finalmente no sucedió, a tal punto que se han tenido que presentar tutelas, una herramienta jurídica para garantizar derechos, para asegurar el acceso a la salud por parte de personas con enfermedades crónicas u otras patologías que necesitan atención inmediata.

  ¿Qué trabajo está haciendo la sociedad civil colombiana para apoyar a las personas migrantes venezolanas?

  A partir de la última gran ola migratoria de 2017 han surgido muchas OSC. Fue la misma comunidad de migrantes los que comenzamos a unirnos para ayudar a otros migrantes. Nosotros comenzamos dando comida en la calle y brindando asistencia humanitaria a los caminantes, como llamamos a las personas que se trasladan a pie a través del territorio colombiano, quienes no contaban con información o ni siquiera con el abrigo necesario para adaptarse al clima de Colombia.

  Así, las OSC nos convertimos en un pilar importante del trabajo con la población migrante, porque estamos en el terreno y conocemos las problemáticas de las personas migrantes.

  Actualmente, muchas OSC estamos agrupadas a través de la Alcaldía de Bogotá e impulsamos una serie de iniciativas conjuntas. Lanzamos campañas publicitarias y firmamos un pacto simbólico para la integración, porque en Colombia los migrantes venezolanos todavía sufren xenofobia y aporofobia, es decir, rechazo por su situación de pobreza. Solicitamos a los medios de comunicación que dejen de difundir la nacionalidad de los autores de delitos, porque solo lo hacen cuando la persona implicada es extranjera, con lo cual sobredimensionan el problema y contribuyen a la discriminación contra los venezolanos.

  También estamos participando, en colaboración con el gobierno colombiano y la cooperación internacional, del primer Entregatón, un operativo de entrega masiva de permisos que espera distribuir 40,000 en cinco días. Migración Colombia ha enviado mensajes vía celular a las personas migrantes cuyo documento está listo, con la fecha y lugar donde pueden ir a buscarlo. Pero además de entregar los documentos, en el marco del operativo se prestan servicios de enrolamiento y de registro biométrico para quienes aún no han realizado estas fases del proceso. A quienes ya hayan recibido sus permisos se les ofrecen también servicios de vacunación, de afiliación a entidades promotoras de salud, de inscripción en el sistema de asistencia social, de acompañamiento legal y de información sobre diferentes cuestiones, desde el sistema de transporte hasta el acceso escolar y los programas dirigidos a mujeres migrantes.

  El trabajo es mucho y las OSC estamos contribuyendo enormemente. El gobierno y la cooperación internacional deberían tomarnos en cuenta no solamente como fuentes de diagnóstico del fenómeno migratorio, sino también como socias a la hora de ejecutar de manera conjunta las políticas públicas que surgen a partir de estos diagnósticos.

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• Five countries added to watchlist of countries where civic freedoms are under serious threat

   

  • Afghanistan, Saudi Arabia, Serbia, Sudan, and Venezuela join global watchlist
  • Escalating rights violations include killings, attacks on protesters, media restrictions and arbitrary detentions of human rights defenders
  • International community must pressure governments to end repression

  Five countries from Asia, the Middle East, Africa, Europe and Latin America have been added to a watchlist of countries which have seen a rapid decline in fundamental freedoms in recent weeks and months. The new watchlist released by the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks threats to civil society across the globe, identifies growing concerns in Afghanistan, Saudi Arabia, Serbia, Sudan, and Venezuela.

  Activists and civil society organisations in these countries are experiencing an infringement of their civic freedoms as protected by international law. These violations include the use of excessive force by security forces during peaceful protests and journalists being arbitrarily detained and harrassed in both Sudan and Venezuela. In Serbia, space for independent media is under concerted attack while massive anti-government demonstrations are taking place. In Saudi Arabia, authorities continue the crackdown on women human rights defenders, who are being subject to arbitrary detentions and ill treatment for their activism on gender issues. While, in Afghanistan, there has been a record high number of civilian casualties (3,800 in 2018). The upcoming July presidential elections pose additional security risks and a threat to shrinking civic space, as over 400 civilians and voters were killed or injured (including eight candidates), during last October’s parliamentary elections.

  “It is deeply concerning to see escalated threats to basic rights in these countries,” said Ms. Barreto, CIVICUS Civic Space Research Lead. “It is critical that these five governments wake up to their failure to respect international law and take swift action to respect their citizens’ most basic freedoms in a democratic society and create an enabling environment for civil society organisations” Belalba said. “We also call upon neighbouring states and international bodies to put pressure on these countries to end the repression and ensure positive steps are taken to guarantee the safe space for civil society to continue their legitimate work”

  Large-scale anti-government demonstrations have been ongoing across Sudan since 19th December 2018 calling for President Omar Al-Bashir to step down in the context of a growing frustration over the harsh economic and social situation. In response, the authorities have launched a violent campaign targeting protesters, including doctors, teachers, journalists, women activists and opposition political leaders. With the declaration of a state of emergency, civic space restrictions continue to increase with hundreds of protesters on trial and dozens sentenced in summary trials on charges of participating in demonstrations.

  Serbia has witnessed sustained protest since December 2018. Protests started after an opposition politician was assaulted by unknown assailants wielding metal rods. For the most part, authorities in Serbia have largely ignored or attempted to downplay the scale of the protests. However on 17th March 2019 after 14 consecutive weeks of demonstrations, police in Belgrade used excessive force to disperse protesters that were calling for greater press freedom and fair elections. After encircling the Presidential building, clashes between protesters and police broke out, leading to the use of tear gas by Serbian authorities. Ten people were arrested in the confrontation. The government has also orchestrated a smear campaign against protesters  labelling opponents of the government as “paid” activists working against Serbian interests.

  Despite claims that the Saudi Arabian government is leading reforms to improve the situation of women in the country, Saudi authorities continue to persecute women activists. Since the crackdown began in May 2018, at least 22 women human rights defenders have been arrested and subjected to human rights violations because of their activism on gender issues. Reports indicate that several detained rights defenders have been subjected to torture including sexual assault and harassment.

  In Venezuela, since January 2019, massive anti-government protests have continued to take place in the country. The government has responded by using excessive force against demonstrators, arbitrarily detaining protestors, including teenagers, as well as detaining and harassing human rights defenders and journalists. Just between 21 and 25 January, at least 41 people died in circumstances linked to the protests,and more than 900 people were arbitrarily detained. For years, protesters in Venezuela have been met with excessive force by authorities, as people take to the streets to demand a change in government, the pattern of repression will likely intensify. Human rights organisations working to deliver humanitarian aid are especially targeted with harassment, and in some cases, their offices have been raided. It is estimated that more than three million venezuelans have fled the country due to the humanitarian crisis and denial of basic rights such as health and food.

  Since the beginning of 2019, at least three journalists have been killed in Afghanistan. The country was the world's deadliest for journalists in 2018 with 13 reporters and 2 other media professionals killed. Citizens risk being killed and attacked for participating in government elections and civil society is currently excluded from peace negotiations between the Taliban and the United States (U.S.), and parallel peace talks in Moscow. Women’s groups and persecuted communities are campaigning to have their voices heard in the peace process, and to ensure that any agreement guarantees human rights and democratic freedoms.

  In the coming weeks, the CIVICUS Monitor will closely track developments in each of these countries as part of efforts to ensure greater pressure is brought to bear on governments. CIVICUS calls upon these governments to do everything in their power to immediately end the ongoing crackdowns and ensure that perpetrators are held to account.

  See full CIVICUS Monitor Watchlist Summary

• Global civil society condemns violent repression of anti-government protests in Venezuela
  • 40 people killed and more than 800 detained since public protests began on January 23
  • Journalists covering demonstrations have been attacked
  • The UN has called for an independent investigation into the state’s alleged used of force against protesters
  • The government of President Nicolás Maduro has often used violence against protesters since coming to power in 2013.
  • Global civil society groups have urged authorities to release all detainees and uphold citizens’ rights and the rule of law
  • HRC55: States should safeguard civic space and human rights amidst escalating crises

    Statement at the 55th Session of the UN Human Rights Council 

    General Debate Item 4

    Delivered by Sigrid Lipott

    Thank you Mr President,

    CIVICUS encourages the Council to play a more assertive role in preventing rather than reacting to human rights crises and serious crimes. The rapid and continued deterioration of civic space is one of the first early warning signs on which the Council should promptly act.

    Civic space conditions in Mali are dire, with an escalation of violations of freedom of expression amid censorship. In recent months, journalists, human rights defenders and religious leaders have been facing  intimidation, judicial harassment and prosecution for their criticism of the transitional military authorities, with many arbitrarily detained. CSOs and political opposition parties have been dissolved or threatened with dissolution. There are also concerns around prospects of accountability and justice for victims of grave human rights violations following the announcement of Mali’s withdrawal from ECOWAS and termination of MINUSMA mandate.

    The civic space in Myanmar has continued to regress due to sustained repression by the junta.  Nearly 20,000 political prisoners are currently in arbitrary detention on fabricated charges, including human rights defenders, while torture and ill-treatment is rampant. In recent months, political prisoners faced increased sentences for holding protests. The crackdown on the media by the junta has persisted, with over 60 journalists still being detained in the country, amid severe internet repression. Despite this, ASEAN has failed to address the crisis in Myanmar and more must be done to push for the release of activists, stop the flow of weapons and funds to the junta and to end impunity for serious crimes.  

    In Venezuela, in a context of a complex humanitarian emergency, several censorship mechanisms have been deployed as part of a strategy to persecute human rights defenders and limit the right to freedom of expression. We express concerns around incommunicado detention of Rocio San Miguel following the decision of the Second Court Against Terrorism and suspension of activities of the OHCHR in the country as well as the draft NGO law which, if enacted, would seriously hinder the freedom of association.

    We call on the Council to address these urgent situations and prevent further crisis. 

    We thank you.

  • Human Rights Council Elections 2019

    In October 2019, in New York, the UN General Assembly will elect 14 new members of the 47-member State Human Rights Council.

    Two of the rotating 14 seats are currently open to countries from Latin America and the Caribbean regional group.

    Until last week, only Venezuela and Brazil were standing as candidates for these two seats – which meant that both were guaranteed election to membership.

    This all changed at the beginning of October, when Costa Rica announced that it was throwing its hat into the ring. It is standing explicitly as an alternative to Venezuela, whom it has deemed unsuitable to be a Human Rights Council member because of its grave human rights violations. Now, with three candidates standing for two seats, the election is suddenly much more meaningful.

    At the last Session, the High Commissioner delivered a report on Venezuela which stated that over the last decade, in particular since 2016, Venezuela’s government has implemented a strategy “aimed at neutralising, repressing and criminalising political opponents and people critical of the Government.” The High Commissioner found that a series of laws, policies and practices have constrained civic and democratic space, allowing patterns of violation. The Council adopted a resolution on Venezuela to continue to monitor and report on these serious human rights violations. Many organisations believe that with its current record, Venezuela should not even stand for election, much less be voted in.

    As a current member of the Council up for re-election, Brazil has supported resolutions tackling human rights crises around the world. But since the beginning of the new administration it has seen an increase in violent rhetoric and, over the last year, a curtailment in human rights protections, anti-minorities policies and attacks against Human Rights Council mechanisms. Its influence in the region and beyond, Brazilian and regional and international organisations believe that it could pose a significant threat to multilateralism.

    There have been substantial civil society efforts from within both Brazil and Venezuela to advocate against their respective election to the Council. CIVICUS has members in both countries. Following the lead from our members on the ground, we believe that neither Brazil nor Venezuela should be elected to a seat on the UN’s main human rights body. CIVICUS recommends that states do not cast a ballot in favour of either country in a symbolic gesture to reject both candidates.

    There have always been repressive governments on the HRC – China, Iran and Saudi Arabia, for example, are among the Council’s current members – and this upcoming three-way fight can almost be seen as a microcosm of this wider dynamic.

    The Human Rights Council is the main intergovernmental body within the UN responsible for addressing human rights violations. As such, we believe that its members have a responsibility to uphold universal human rights and multilateralism. CIVICUS will continue to advocate for that states with poor human rights records, or states which undermine the aims and commitments of the Human Rights Council, should not be elected to its membership, and we call on UN member states to refuse to cast their ballots for those who fall short. This may only be a symbolic gesture, but it is an important one: for the Human Rights Council to adequately protect human rights around the world, it needs to demand more of its membership.

    In the meantime, we welcome Costa Rica’s courage and commitment in standing for membership, and we look forward to working with the delegation in Geneva in our shared vision for universal human rights.

    The other States up for election are:

    African Group:Benin,Libya,Mauritania andSudan (with four seats available)

    Asia-Pacific Group:Indonesia,Iraq,Japan,Marshall Islands andRepublic of Korea (competing for four seats)

    Eastern European Group:Armenia,Republic of Moldova andPoland (competing for two seats)

    Western European and Others Group:Germany and theNetherlands (with two seats available).

    For more information on the human rights records of these states, see ISHR’s ‘scorecards' for each State standing for election to the UN Human Rights Council.

  • Joint Universal Periodic Review Submissions on Human Rights

    CIVICUS makes joint UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on civil society space in Timor-Leste, Togo, Uganda, and Venezuela

    The United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review is a unique process which involves a review of the human rights records of all 193 UN Member States once every 4.5 years

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    CIVICUS and its partners have submitted joint UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on four countries in advance of the 40^th UPR session in February 2022. The submissions examine the state of civil society in each country, including the promotion and protection of the rights to freedom of association, assembly and expression and the environment for human rights defenders. We further provide an assessment of the States’ domestic implementation of civic space recommendations received during the 2nd UPR cycle over 4 years ago and provide a number of targeted follow-up recommendations. 

    Timor-Leste - This submission by CIVICUS, The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA), Judicial System Monitoring Program (JSMP) and Timor-Leste Institute for Development Monitoring and Analysis (La'o Hamutuk) highlights our concerns around attempts by the government to introduce draft laws related to criminal defamation and the failure to bring the Media Law in line with international law and standards. It also documents reports of restrictions on the right to peaceful assembly and the arbitrary arrests of protesters.

    Togo FR/EN- In its joint submission, CIVICUS, Coalition Togolaise des Défenseurs des Droits Humains (CTDDH) and Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains (WAHRDN/ROADDH) highlight civic space violations in Togo since its previous UPR examination, which include the killing of protesters, the arrest and prosecution of HRDs, journalists and pro-democracy activists, the banning of civil society and opposition protests, the suspension of media outlets, regular disruption of access to the internet and social media and the adoption of restrictive legislation.

    Uganda-CIVICUS and the Foundation for Human Rights Initiative (FHRI), Justice Access Point (JAP) and African Institute for Investigative Journalism (AIIJ) highlight the promulgation of restrictive laws that severely constrain the freedom of expression and impede the work of independent media houses. We further examine the harassment, judicial persecution and intimidation of HRDs because of the work they do. We discuss acts of intimidation and attacks on citizens, HRDs, CSOs and journalists in the period leading up to, during and after the presidential and parliamentary elections on 14 January 2021.

    Venezuela SP/EN - CIVICUS, Espacio Público and REDLAD examine Venezuela’s use of legal and extra-legal measures to restrict the exercise of fundamental freedoms which has led to worsening working conditions for civil society. Human rights defenders face judicial persecution, stigmatisation and threats to their lives and integrity. In this joint submission, we assess the systematic repression of the right to peaceful assembly, including through mass arbitrary detention of protesters and excessive use of force.

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    Civic space in Timor-Leste is rated as Obstructed and Togo, Uganda and Venezuela are rated Repressed by the CIVICUS Monitor.

  • La práctica para silenciar voces críticas que lleva a cabo el gobierno requiere un control permanente por parte del Consejo

    Consejo de Derechos Humanos 49º período de sesiones

    Pronunciada por Marysabel Rodriguez Torres, Espacio Público

    Desde Espacio Público y en nombre de las víctimas que acompañamos, reiteramos la importancia de seguir con la documentación de la situación de derechos humanos en Venezuela, donde a la crisis institucional aún se suman los efectos sociales y económicos de la pandemia.

    De forma causal, el aumento de las restricciones a los derechos civiles y políticos busca silenciar las denuncias; el cierre de medios de comunicación, la detención arbitraria de personas por expresarse, o los constantes bloqueos en internet impiden la libre circulación de contenidos.

    Insistimos en la necesidad de garantizar el acceso a la información pública destacado por la Oficina en su informe previo, como una condición necesaria para el control social de la gestión pública a fin de superar la emergencia humanitaria compleja.

    La reciente decisión del Comité de Derechos Humanos que dictamina la violación de la libertad de información ante la negativa del Estado venezolano a dar cuenta de la gestión de medicinas, reveló una vez más la opacidad como práctica común, que termina afectando el conjunto de derechos, como la salud.

    Exhortamos a que la documentación, así como la asistencia y el apoyo a las víctimas escalen en el país. Apoyamos la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos y agradecemos sigan manteniendo especial atención sobre la situación en Venezuela, dentro y fuera del territorio.

    Muchas gracias.

  • La sociedad civil mundial condena la represión violenta de las protestas en contra del gobierno en Venezuela
    • 40 personas han sido asesinadas y más de 800 detenidas desde que comenzaron las protestas el 23 de enero.
    • Los periodistas que cubren las manifestaciones han sido víctimas de ataques.
    • La ONU ha pedido una investigación independiente sobre el supuesto uso de la fuerza por parte del estado contra los manifestantes
    • El gobierno de Nicolás Maduro ha utilizado con frecuencia la violencia contra los manifestantes desde que llegó al poder en 2013.
    • Grupos de la sociedad civil global han instado a las autoridades a liberar a todos los detenidos y defender los derechos de los ciudadanos y el estado de derecho
    • New sentence by Venezuela´s Supreme Court consecrates a coup against the Venezuelan parliament

      Spanish

      Sentence No. 156, released around midnight on March 29, by which the Constitutional Chamber of Venezuela´s Supreme Court (TSJ) assumes all the powers of the National Assembly or delegates them to whom it decides, places Venezuela before the dissolution of the parliament by judicial means.
      
      There is no constitutional provision that allows the judicial body, designated by means of second-degree elections, to assume the functions of the National Assembly, which directly represents the population.
      
      The Constitutional Chamber has issued over 50 decisions that have gradually deprived the National Assembly of its legislative, controlling, investigative and designating functions, until it suspended parliamentary immunity by Sentence No. 155 the previous day, and finally assumes parliamentary functions as the legislative power.
      
      The parliament is a fundamental pillar of democratic institutions, as it is a space for participation and expression of the different groups that make up a nation. It is the space in which elected representatives, as well as organizations and members of civil society can debate and discuss the different proposals to create legislation and public policies. In this sense, this measure not only disrupts the constitutional order, but also violates the right of citizens to participate in public affairs.
      
      We call on the Supreme Court of Justice and the National Executive to cease ignoring the Constitution, as has been evidenced after the publication of the most recent decisions of the Constitutional Chamber, which allow for the implementation of measures and actions that undermine the Constitutional thread and break the democratic order in Venezuela, reaffirming the absence of the Rule of Law and consolidating a Dictatorial regime.
      
      Finally, we again urge that corrective measures be taken to reverse any decision that violates the constitutional norm, ignore the power of the popular vote represented in the elected National Assembly and deepen the country's withdrawal from a democratic system of respect for fundamental guarantees and human rights, in order to restore democracy and the rule of law, beginning with restoring and respecting the functions of the National Assembly.
      
      Subscribed by the following Venezuelan Civil Society Organizations:
      Acceso a La Justicia
      Acción Campesina
      Acción Solidaria
      Amigos Trasplantados de Venezuela
      Asamblea De Educación
      Asociación Civil María Estrella De La Mañana
      Asociación Civil Mujeres En Línea
      Asociación Civil Nueva Esparta En Movimiento
      Asociación Civil Radar De Los Barrios
      Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, APUSB
      Asociación Venezolana de Mujeres
      Asociación Venezolana para La Hemofilia
      Aula Abierta Venezuela
      Banco Del Libro
      Cedice Libertad
      Centro de Animación Juvenil
      Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, CDH-UCAB
      Centro de Estudios Sociales y Culturales
      Centro de Justicia y Paz, CEPAZ
      CIVILIS Derechos Humanos
      Coalición Cambio Climático 21
      Coalición por el Derecho a la Salud y la Vida, CODEVIDA
      Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia
      Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados, Estado Táchira
      Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados, Estado Apure
      Comisión de Derechos Humanos de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados, Estado Mérida
      Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia
      Convite Asociación Civil
      Correo Del Caroní
      Espacio Humanitario
      Espacio Público
      EXCUBITUS, Derechos Humanos en Educación
      Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes, FENASOPADRES
      Frente en Defensa del Norte de Caracas y Asamblea de Ciudadanos de La Candelaria
      Funcamama
      Fundación TAAP
      Fundamujer
      Fundeci
      Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, INVESP
      IPYS Venezuela
      Laboratorio De Paz
      Llamado a la Conciencia Vial
      Médicos Unidos Carabobo
      Movimiento Vinotinto
      Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
      Observatorio Global de Comunicación y Democracia
      Observatorio Hannah Arendt
      Observatorio Venex
      Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OVCS
      Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP
      OPCION Venezuela Asociación Civil
      Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA
      ProIuris
      Promoción Educación y Defensa en Derechos Humanos, PROMEDEHUM
      Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
      Sociedad Hominis Iura, SOHI
      StopVIH
      Transparencia Venezuela
      Un Mundo Sin Mordaza
      Una Ventana a la Libertad
      Unión Afirmativa de Venezuela
      Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
      Veedores por la Educación Aragua

    • Ongoing violations of fundamental rights require Council’s continued scrutiny

      Statement at the 50th Session of the Human Ricghts Council 

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      Interactive Dialogue on High Commssioners report on Venezuela

      Delivered by Carlos Correa, Espacio Público 

      Espacio Público and CIVICUS reiterate the need to continue documentation of the human rights situation in Venezuela. The crisis continues with severe consequences for the most vulnerable people.

      Civil liberties violations impact economic and social rights guarantees. Restrictions on freedom and circulation of information seek to prevent legitimate criticism of public administration. Illegal blockades of digital media remain in place in an ecosystem dominated by state-controlled radio and television stations.

      A private telephone and internet service provider reported that in 2021 more than 1.5 million lines were tapped. And since 2016, over 1300 websites were blocked. There is a pattern of mass surveillance that violates the right to privacy.

      Civil society is at risk and nominal ‘new spaces for dialogue’ have done little to assuage this. The draft International Cooperation bill would restrict CSOs operation and access to funding. Human rights defenders continue to be intimidated, criminalised and arbitrarily detained.

      We urge you to maintain scrutiny on Venezuela; extend resolution 45/20 that enables this report, consolidate the presence of the High Commissioner's office in the country, support the renewal of the mandate of the Fact-Finding Mission and any initiative to accompany victims in their quest for justice.

      Thank you very much.

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       Civic space in Venezuela is rated as "Repressed" by the CIVICUS Monitor 

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