CIVICUS conversa acerca de la situación del espacio cívico con Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

En su primer informe como relatora, Romero resalta los efectos nocivos de la creciente retórica estigmatizadora de la sociedad civil. El informe advierte que esta tendencia puede conducir a un aumento de las violaciones de derechos humanos y de la impunidad y a la erosión del espacio cívico y la democracia. Insta a los gobiernos a tomar medidas para cumplir con su obligación de crear un entorno que proteja y promueva el ejercicio de las libertades cívicas fundamentales.

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CIVICUS conversa sobre la nueva oleada de cierre de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que está ocurriendo en Nicaragua con el equipo de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia (ACDD).

La ACDD se formó en Costa Rica en 2021 como continuación de la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, una plataforma establecida en 1994 y con personalidad jurídica desde 2006, que fue cancelada por las autoridades en febrero de 2019.

En las últimas semanas el gobierno de Nicaragua ha forzado el cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, incluidas fundaciones, escuelas e iglesias. Esto eleva el número total de organizaciones cerradas desde 2018 a más de 5.500. El presidente Daniel Ortega acusa a la sociedad civil y a la Iglesia Católica de respaldar las protestas de la oposición, a las que considera intentos de golpe de Estado.

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CIVICUS conversa acerca de la situación del espacio cívico y la justicia en Guatemala con la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra.

Recientemente Virginia se ha exiliado tras pasar dos años en prisión por una causa impulsada contra ella en represalia por su labor. Fue sentenciada a cinco años de prisión conmutables, condena que denunció como arbitraria. Como fiscal lideró importantes investigaciones en casos de corrupción, lo que la puso en la mira de un sistema judicial convertido en reaseguro de la impunidad. Durante su estancia en prisión sufrió violaciones de sus derechos básicos y negligencia médica. Su caso forma parte de un patrón de represión que ha llevado al exilio a más de 50 personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia de Guatemala.

¿Qué circunstancias la obligaron a irse de Guatemala?

Durante 16 años trabajé en el Ministerio Público de Guatemala como fiscal de delitos contra la vida, delitos patrimoniales, violencia contra la mujer, delitos contra menores, narcotráfico, delitos financieros y tributarios y contrabando aduanero. Esta experiencia me ayudó a formarme en distintas áreas y fue así como mi carrera como fiscal fue tomando forma.

Con el tiempo, fui asumiendo mayores responsabilidades y me convertí en jefa de distintas unidades y oficinas, incluyendo la de Atención Permanente, que procesa las denuncias y clasifica la información que ingresa al Ministerio Público. También estuve a cargo de la sede regional de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, un área que trabajaba de la mano con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en casos de crimen organizado y corrupción.

Mi trabajo no pasó desapercibido. A partir de 2017 comencé a recibir amenazas y a sufrir campañas de desprestigio en los medios de comunicación controlados por el gobierno. La persecución incluyó procesos judiciales arbitrarios y un intento de poner mi caso en manos de jueces vinculados a la corrupción. Finalmente, fui detenida en un procedimiento ilegal y arbitrario y enviada a prisión, donde sufrí torturas, violaciones a mis derechos humanos y aislamiento prolongado.

Conté con el apoyo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que emitió varias resoluciones a mi favor, y fui declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. Pero el Estado de Guatemala ignoró estos reclamos. Pasé dos años en prisión, y cuando fui liberada, en enero de este año, las amenazas se intensificaron. Ante la falta de garantías para mi seguridad, tomé la difícil decisión de abandonar mi país para preservar mi vida y mi libertad.

Afortunadamente en el exilio he encontrado nuevas formas de contribuir a la promoción de la justicia y los derechos humanos en América Latina mediante la colaboración con organizaciones internacionales y locales. Y sobre todo, estoy satisfecha con el trabajo que hice en Guatemala y llevo conmigo el orgullo de haber contribuido a la justicia.

¿Qué desafíos enfrentan las personas defensoras y los operadores de justicia en Guatemala?

El espacio cívico en Guatemala está en crisis. Había esperanzas de que el gobierno de Bernardo Arévalo, iniciado en enero de este año, encarara una reforma del sistema judicial y creara un entorno más favorable para la justicia. Es cierto que aún ha pasado poco tiempo, pero parece difícil que esto se logre. Los poderosos intereses que perpetúan la corrupción y la impunidad siguen intactos, y la nueva administración ha enfrentado fuertes presiones que limitan su capacidad para implementar cambios sustanciales.

Las personas defensoras de derechos humanos, operadores de justicia y políticos que apoyan al gobierno de Arévalo enfrentan intimidaciones, amenazas, ataques y detención arbitraria. La impunidad solo agrava los riesgos.

Las élites corruptas, que se han mantenido el poder mediante el saqueo de fondos públicos, ven a los defensores de la justicia como una amenaza a sus intereses y buscan silenciarlos a través de campañas de difamación, persecuciones e incluso violencia física. Los exilios de Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y muchos otros ex operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y periodistas ilustran claramente la hostilidad que enfrentan quienes abogan por la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar la lucha contra la impunidad en Guatemala?

La comunidad internacional puede y debe jugar un papel crucial en esta lucha. Las plataformas internacionales deben visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos. Los actores diplomáticos deben instar al gobierno guatemalteco a garantizar el respeto de los derechos humanos. También es fundamental que den apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil local.

La comunidad internacional debe apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, coordinando sus esfuerzos para que ésta tenga impactos profundos y duraderos. Deben contribuir a la protección de las personas defensoras y asegurarse de que los sistemas de justicia no sean utilizados como arma para reprimir el disenso.

El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

CIVICUS conversa sobre la “ley anti-ONG” recientemente aprobada en Venezuela con Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una organización de la sociedad civil (OSC) que se dedica a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país.

El 15 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley conocida como “ley anti-ONG”, que restringe severamente la libertad de asociación. La ley obliga a las OSC a declarar el origen de sus fondos, impone estrictas obligaciones de reporte, incluido el requisito de proveer informaciones sensibles, y prohíbe OSC que se considere que promueven “fascismo, intolerancia y odio”. La medida, propuesta tiempo atrás, acabó siendo adoptada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se impuso por amplia diferencia. El gobierno ha desconocido los resultados, reprimido violentamente las protestas en reclamo de democracia e intentado sofocar toda fuente de disenso.

¿Qué establece la ley anti-ONG, y qué lugar ocupa en la arquitectura represiva del régimen gobernante?

Esta nueva ley fue presentada como un instrumento para reglamentar el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, cuando en realidad busca obstaculizarlo. La tercera parte de sus 39 artículos contiene severas sanciones tales como multas, anulación de registros, la expulsión de extranjeros e incluso la disolución de organizaciones. Aunque dice buscar mayor transparencia y rendición de cuentas, tiene solamente dos artículos sobre este tema, que además ya estaba regulado por el Código Civil.

Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que obliga a las OSC a reinscribirse dentro de un plazo de 180 días, y podría dejarlas en un limbo legal en el caso de que no reciban una respuesta de las autoridades. Además, impone revisiones anuales, añadiendo cargas administrativas innecesarias incluso sobre aquellas que no cuentan con recursos financieros.

La ley anti-ONG ley se enmarca en una estrategia represiva de larga data que incluye violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Es un engranaje más en una maquinaria represiva que incluye medidas tales como la anulación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos y activistas, la vigilancia ilegal de teléfonos y redes sociales y la censura de plataformas como WhatsApp y Twitter/X. Altos funcionarios del gobierno ya nos han clasificado como “terroristas”, alentando y justificando la intensificación de la represión.

La ley anti-ONG también puede ser vista como una respuesta a la presión internacional que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones del 28 de julio. Con ella, el gobierno redobla la apuesta y muestra que está dispuesto a castigar a cualquiera que cuestione su legitimidad.

¿Qué efectos podría tener esta ley?

Nos preocupa mucho el hecho de que la nueva ley se parece mucho a la de Nicaragua, que en solo un año resultó en la ilegalización de más de 3.000 OSC.

A mediano plazo, la nueva ley puede afectar gravemente la situación humanitaria. Las nuevas restricciones podrían resultar en una disminución del número de OSC, mientras que las que sigan operando podrían verse forzadas a reducir su capacidad de ejecutar proyectos. Es posible que muchas OSC acaben optando por la informalidad. Aunque esto reduciría costos, también limitaría su capacidad para recibir financiamiento, ya que los donantes suelen preferir trabajar con entidades jurídicas formales.

Es decir, los daños que podría causar no se limitan a las OSC, sino que también afectan a las personas que dependen de sus servicios. Por razones políticas, el gobierno de Venezuela adopta posiciones contradictorias: obliga a empresas en quiebra a seguir operando para “proteger el trabajo”, y al mismo tiempo disuelve OSC por no pagar una multa. Dice proteger el empleo, pero disuelve organizaciones que generan trabajo en el sector humanitario.

La ley anti-ONG busca limitar la independencia de la sociedad civil, permitiendo operar solamente a las OSC afines. El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada.

¿Cómo trabaja la sociedad civil por una transición democrática en Venezuela?

En un contexto marcado por la censura a la expresión política y la libertad de prensa, la sociedad civil venezolana juega un papel crucial en la lucha por una transición democrática. Frente a las restricciones impuestas a los partidos políticos y al control gubernamental sobre los medios, las OSC nos hemos convertido en fuentes confiables de información, aportando un análisis alternativo a la versión oficial. Brindamos datos que el gobierno preferiría ocultar, tales como los referidos al aumento de la desnutrición infantil. Mostramos la realidad y es justamente por eso que nos quieren reprimir.

Las OSC están actuando como observadoras y denunciantes, ofreciendo un análisis crítico y proponiendo alternativas para el futuro del país. Abogamos por una transición dialogada y negociada, pero también establecemos límites éticos y legales claros, de modo de garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados.

¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil venezolana?

La comunidad internacional puede ayudarnos a mantener lo que está pasando en Venezuela dentro del debate global, haciéndose eco de nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto es sumamente importante para que los sectores ideológicos más reticentes reconozcan que las violaciones de derechos humanos no tienen ideología y que la tortura, sin importar quién la comete, es inaceptable y debe ser condenada y castigada.

Es importante que los países con capacidad de influir sobre el gobierno venezolano, como Brasil y Colombia, utilicen su posición para fomentar el diálogo. La presión diplomática y la mediación por parte de países amigos podrían facilitar un proceso de negociación y solución pacífica. Hace más de dos décadas que enfrentamos una emergencia humanitaria compleja; todo apoyo para mitigar la crisis es sumamente valorado, y nos seguirá dando esperanzas y fuerza para enfrentar la situación tan grave que nos toca vivir.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones de Venezuela con Luz Mely Reyes, directora general del medio digital venezolano Efecto Cocuyo. Fundado en 2015 por un grupo de mujeres periodistas, Efecto Cocuyo inició su labor periodística en Twitter. Actualmente es una plataforma digital de información independiente que ofrece capacitación para periodistas y profesionales de la comunicación, así como canales de verificación de datos. Su equipo integra la Iniciativa de Democracia Digital de CIVICUS.

Las elecciones presidenciales del 28 de julio fueron las primeras en muchos años en las que pareció haber una oportunidad real de transición democrática. Pese a las sucesivas proscripciones, la oposición se unió tras una candidatura única. Aunque el gobierno negó el derecho de voto a la abrumadora mayoría de los varios millones de venezolanos exiliados, las encuestas de boca de urna indicaron una victoria abrumadora de la oposición. El partido gobernante, sin embargo, se apresuró a declararse ganador sin aportar ninguna evidencia. Centenares de miles salieron a las calles a protestar mientras, por primera vez, los aliados usuales del gobierno venezolano suspendieron el reconocimiento de los resultados a la espera de la publicación de los datos. El desenlace sigue siendo incierto.

¿Qué expectativas generaron estas elecciones?

La expectativa principal era que condujeran a una transición ordenada y negociada. Preveíamos que el candidato de la oposición podría emerger como el claro vencedor, pero sabíamos que el verdadero desafío sería que esa victoria fuese reconocida.

Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta de lo esperado. El gobierno se ha negado a presentar los resultados según lo establece la ley, generando serias dudas sobre su veracidad y alimentando cuestionamientos sobre la integridad del proceso electoral. Como prueba, la oposición ha presentado las actas —documentos públicos emitidos al cierre de las mesas de votación— a las que ha tenido acceso. Debido a esta falta de transparencia, observadores independientes como el Centro Carter descalificaron las elecciones como no democráticas.

El gobierno ha reaccionado de forma represiva, activando aplicaciones móviles para denunciar focos de manifestación y arrestando a una gran cantidad de personas, muchas de las cuales se encuentran en condición de desaparición forzosa, ya que sus familiares no han podido localizarlas. Para el 31 de julio ya se habían contabilizado 16 muertos. Esto ha alejado cada vez más la perspectiva de una transición democrática.

¿Cómo trabajaron la oposición y la sociedad civil para monitorear la elección?

Organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación independientes llevaron a cabo un monitoreo exhaustivo del proceso electoral, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a darles acreditación oficial. Estas organizaciones realizaron una verificación en diversas regiones de Venezuela para asegurar que, al menos durante el día de la elección, se respetaran los estándares mínimos de libre participación y tránsito. Identificaron un patrón de irregularidades que luego incorporaron a sus denuncias sobre el desempeño del CNE y del plan República, el despliegue militar que se realiza durante las elecciones para garantizar el orden y la seguridad.

Los partidos políticos opositores se organizaron en la plataforma encabezada por María Corina Machado, la principal líder de la oposición y uno de los políticos a los que se prohibió presentarse como candidato presidencial. El día de las elecciones observaron la votación y realizaron conteos rápidos para estimar los resultados. Lograron obtener y digitalizar el 80% de las actas de votación, que han publicado en un sitio web de acceso público para dar transparencia a los resultados, que evidentemente los favorecen.

¿Cuáles han sido las reacciones internacionales frente a estos resultados?

Las reacciones internacionales han sido variadas y, en términos generales, insuficientes para ayudar a resolver la situación.

Una reacción particularmente importante fue la del presidente chileno de izquierda, Gabriel Boric, que en la misma noche de las elecciones declaró que la falta de cumplimiento de la normativa dificultaba la verificación y credibilidad de los resultados. Su pronunciamiento impulsó a otros gobiernos a exigir la publicación detallada de los resultados de acuerdo con lo que establece la ley.

Sin embargo, da la impresión de que la comunidad internacional no ha comprendido plenamente la magnitud de la ruptura constitucional y la destrucción de la institucionalidad que ha experimentado Venezuela. Las reacciones internacionales se han limitado a exigir la publicación de las actas en lugar de los resultados completos, que es lo que exige la ley. Además, el procedimiento legal para impugnar los resultados ante el CNE el Tribunal Supremo es prácticamente inútil, dado que ambos órganos están cooptados por el poder ejecutivo.

Dos días después de las elecciones, en un discurso en cadena nacional el presidente Nicolás Maduro lanzó amenazas contra los manifestantes y convocó a los líderes de todos los poderes a validar los resultados cuestionados. Calificó a los manifestantes de drogadictos y los acusó de recibir sobornos para participar en las protestas. Además, amenazó con encarcelar a Machado y al candidato presidencial opositor, Edgardo González Urrutia, mencionando la posibilidad de encerrarlos por hasta 15 años sin un proceso judicial adecuado. Esto refleja hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno y subraya la necesidad de una respuesta internacional más contundente y coordinada.

¿Cuáles son los posibles escenarios que se abren ahora?

Todos los escenarios posibles son extremadamente complicados. El gobierno ha cerrado la única vía institucional disponible, el reconocimiento de los resultados electorales. La falta de institucionalidad democrática y la represión de las protestas han dejado a la oposición sin el mínimo espacio para actuar. Además de ordenar la detención de manifestantes y amenazar a líderes opositores, el gobierno ha roto relaciones diplomáticas con cinco países y hostigado a dirigentes opositores refugiados en embajadas.

Frente a esta situación, la sociedad civil y los medios independientes deben concentrarse en publicar información y orientar a la población sobre los eventos en curso. Los partidos políticos deberán tomar decisiones estratégicas para responder de manera organizada al atrincheramiento del gobierno. La coordinación y la adaptación serán cruciales para enfrentar la represión y buscar una salida a la crisis.

¿Qué tendría que ocurrir para que Venezuela pueda transitar hacia la democracia?

Para lograr un cambio, las fuerzas democráticas deben unirse en defensa de la Constitución y la institucionalidad, trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que, a pesar de enfrentar numerosos desafíos, siguen desempeñando un papel crucial. La comunidad internacional debe brindarles un apoyo sólido y coordinado.

Es esencial mantener abiertos los canales de negociación con el gobierno, y las organizaciones de izquierda democrática podrían funcionar de intermediarias. Las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos deberían desarrollar planes de apoyo para sus contrapartes en Venezuela y establecer protocolos de acogida para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que necesiten refugio en otros países. Actualmente no hay vías para que los venezolanos obtengan justicia a través de las instancias nacionales, especialmente en lo que respecta a violaciones de derechos motivadas políticamente.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Darío Iza Pilaquinga, presidente del Pueblo Kitu Kara de la nacionalidad Kichwa del Ecuador, acerca del histórico fallo judicial que aplica una disposición constitucional que reconoce derechos a la naturaleza.

El 5 de julio, un tribunal ecuatoriano dictó un fallo reconociendo los derechos del río Machángara, que atraviesa la capital del país, Quito. Mientras que otros países de la región reconocen el derecho de las personas a un ambiente sano, la Constitución de Ecuador también reconoce el derecho de los elementos naturales a no ser degradados. La demanda de protección de los derechos del río, afectado por altos niveles de contaminación, fue presentada por el pueblo indígena Kitu Kara. Como consecuencia del fallo, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito deberá presentar un plan para limpiar el río.

¿Qué derechos reconoce la Constitución de Ecuador a los elementos naturales?

La Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. En la práctica, cualquier persona o comunidad puede exigir a las autoridades el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. La Constitución también establece el derecho a la restauración del medio ambiente, lo que significa que el Estado debe eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas de las actividades humanas.

El hecho de que Ecuador reconozca los derechos de la naturaleza choca con las concepciones jurídicas occidentales, pero para nosotros es un tema que trasciende lo jurídico e incluso lo ambiental. Para los pueblos indígenas, los ríos y montañas son presencias sagradas únicas que se debe proteger y preservar.

¿Qué tácticas utilizan los movimientos sociales ecuatorianos para exigir la protección del ambiente?

La ciudadanía y las comunidades indígenas demandamos políticas públicas que reconozcan la vulneración de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, no queremos depender de la voluntad cambiante de la administración de turno, por lo que las sentencias judiciales son una herramienta fundamental para garantizar los derechos, entre ellos la protección del medio ambiente a largo plazo.

A través de la vía jurídica, logramos sentencias de la Corte Constitucional que establecen normativas claras y obligan a todo funcionario a preservar los ríos, más allá de los cambios de gobierno. Estas sentencias obligan a las instituciones a definir políticas públicas y comprometen a la ciudadanía a respetar la naturaleza y tomar conciencia del impacto ambiental de sus acciones.

Por último, también llevamos a cabo campañas mediáticas para informar a la ciudadanía sobre los niveles de contaminación de los ríos y organizamos actividades comunitarias de recolección de basura. Estas campañas son esenciales porque, aunque el gobierno se marque metas ambiciosas, no podrá alcanzarlas sin la participación activa de la ciudadanía.

¿Por qué presentaron una acción de protección en favor del río Machángara?

El río Machángara, que atraviesa Quito, está gravemente contaminado. Parece más una alcantarilla a cielo abierto que un río. Consideramos que, al no sanear sus aguas, las autoridades municipales están vulnerando tanto el derecho de los quiteños a un medio ambiente saludable como el derecho del propio río a no ser degradado ni contaminado.

Cuando con el pueblo Kitu Kara decidió asambleariamente con sus comunidades y organizaciones sumarse a esta acción de protección en representación de los derechos del río, otros colectivos ambientalistas y culturales se nos unieron. A esta causa se sumaron colectivos ciudadanos, de académicos e investigadores, así como exfuncionarios municipales que proporcionaron pruebas de que no se habían realizado trabajos de mantenimiento y conservación del río.

El gobierno municipal es el responsable directo de la no prevención de la contaminación. Entre sus empresas públicas está la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), encargada del abastecimiento de agua y del alcantarillado y drenaje de aguas residuales. Apenas el 3% de las aguas residuales son tratadas, mientras que el resto es vertido directamente en el río. Esto afecta la calidad del agua y la seguridad del entorno.

En nuestra demanda, responsabilizamos al Municipio de Quito por la contaminación del río y la violación de sus derechos. Tras consultar a testigos y científicos, el tribunal constató que en ciertos tramos el río tiene apenas un 2% de oxígeno, cuando el mínimo necesario para consumo animal o vegetal es de 80%. Esto ocurre por la presencia de una gran cantidad de bacterias, virus y parásitos que consumen el oxígeno del agua.

En su fallo, el tribunal reconoció que se estaban violando los derechos del río y estableció que el municipio debe limpiarlo y construir con la ciudadanía una metodología para educar a la población sobre la importancia de proteger la naturaleza.

Esta sentencia histórica no es la primera: hace casi dos años hubo otra similar respecto al río Monjas. Aunque cada caso es único, ambas sentencias proporcionan a otros actores del país herramientas jurídicas para demandar la protección de sus ríos —como el río Puyo, en la provincia de Pastaza, cuyos habitantes han empezado a demandar su reconocimiento como sujeto de derechos.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno municipal?

Desde el principio, el municipio intentó boicotear el proceso. Comenzaron diciendo que nuestro abogado tenía un conflicto de intereses por haber sido juez de la Corte Constitucional en el caso del río Monjas. Sin embargo, la jueza lo desestimó.

Luego, intentaron aprovecharse de nuestra ingenuidad para que dejáramos caer el proceso. Días antes de la audiencia, nos citaron a una reunión en la que nos incitaron a demandar también al Ministerio de Ambiente, que tiene competencias en el cuidado de los ríos y en la concesión de permisos, y a la EPMAPS. Pero nuestros abogados nos explicaron que, si pedíamos la incorporación de nuevos actores, se podría declarar la nulidad del proceso en curso.

Una vez iniciado el proceso, el alcalde acudió a los medios para anunciar que se había aprobado un proyecto de construcción de 27 plantas de tratamiento de aguas residuales, de manera de mostrar que se estaba ocupando del problema. Cuando solicitamos y obtuvimos más información, vimos que una de las principales plantas propuestas, que trataría una gran proporción de las aguas residuales, estaría instalada en un terreno de la comunidad ancestral Llano Grande, a la que nadie, hasta el momento le había consultado al respecto. Es decir, se estaba incumpliendo el derecho de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada.

Aunque el municipio hubiera llevado a cabo la consulta y la comunidad hubiera dado su aprobación, el proyecto no podría hacerse así de simple, ya que destruiría una zona arqueológica y agrícola y un reducto de bosque seco andino, lo que vulneraría los derechos de la naturaleza. En suma, el municipio intentaba solucionar un problema generando otro. Cuando nos opusimos, nos acusaron de obstaculizar sus acciones para resolver el problema que nosotros mismos habíamos planteado.

Por último, la reacción ante el fallo también fue negativa: el municipio apeló la sentencia y promovió una gran campaña en redes sociales justificando su postura. Esto se agravó por la activación de una campaña de trolls en nuestra contra, así como por la intervención de otros sectores que pretendieron aprovechar la coyuntura para su pelea contra la administración municipal de turno.

Sin embargo, somos optimistas. Creemos que la Corte Provincial ratificará el fallo y, de ser necesario, también lo hará la Corte Nacional, porque la vulneración de derechos que hemos denunciado es clara y evidente.

El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

Póngase en contacto con Darío Iza a través de su página de Instagram y siga a @daroizap en Twitter.

CIVICUS conversa sobre la lucha por los derechos LGBTQI+ en Chile con Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Fundado en 1991 MOVILH es una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de las personas LGBTQI+.

En junio de 2024, un grupo de hombres encapuchados atacó la marcha del Orgullo en Santiago de Chile, la ciudad capital. Los agresores intentaron romper el cerco de seguridad que protegía a los asistentes, agrediendo a voluntarios que intentaban detenerlos. Golpearon a activistas y participantes, lanzaron piedras y pintura a las carrozas y dañaron un camión. El ataque ocurrió en medio de un clima de creciente homofobia, que incluyó llamados a boicotear el evento.

¿Qué avances y retrocesos han experimentado los derechos de las personas LGBTQI+ en Chile?

Desde 1991 hasta 2022, año en que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Chile vivió un acelerado cambio a favor de los derechos de las personas LGBTQI+. Esto se reflejó en la derogación de normativas discriminatorias, la aprobación de 18 leyes protectoras y la introducción de políticas públicas antidiscriminatorias en educación, salud y trabajo, además de una transformación cultural favorable.

Sin embargo, desde 2022, tanto las personas como las instituciones que apoyaban públicamente los derechos LGBTQI+ han comenzado a silenciarse, mientras que los opositores se han reorganizado. Los discursos de odio han superado a los discursos amigables, especialmente en redes sociales. Esto se debe, por un lado, a la percepción errónea de que con la aprobación del matrimonio igualitario todo está resuelto y, por el otro, a un retroceso en las convicciones democráticas que ha llevado a sectores antiderechos a ocupar cargos públicos.

El impacto ha sido alarmante. Nuestro informe anual mostró que 2023 fue el peor año para la promoción de los derechos LGBTQI+. Los casos de discriminación aumentaron casi 53%, llegando a 1.597, la cifra más alta registrada, mientras que los discursos de odio se incrementaron 123%.

Esta situación se ha agravado a causa de una ofensiva sin precedentes de grupos de ultraderecha que han ganado poder, especialmente en el Congreso Nacional. De ahí que una de las grandes prioridades para el movimiento LGBTQI+ sea el armado de campañas para contrarrestar los discursos de odio y proteger los derechos conquistados.

¿Cuán graves fueron los incidentes durante la reciente Marcha del Orgullo?

En la última Marcha del Orgullo, un grupo reducido, de no más de 10 personas encapuchadas, perpetró un ataque con mensajes de odio dirigidos a los asistentes y activistas. Con este ataque, típico de los grupos antiderechos, intentaron, sin éxito, erosionar el carácter pacífico que ha caracterizado históricamente a estas marchas, con el objetivo de presentarlas como conflictivas o peligrosas para los intereses de las mayorías.

Aunque el Ejecutivo no reaccionó específicamente en este caso, la Delegación Presidencial Metropolitana jugó un papel clave para asegurar que la marcha se desarrollara sin inconvenientes, ayudando a mantener su carácter pacífico y protegiendo a los participantes durante el recorrido. Esta intervención fue crucial para evitar que el incidente escalara y para preservar el espíritu inclusivo y festivo de la marcha.

¿Cuáles son las prioridades en la agenda LGBTQI+, y cómo trabajan las organizaciones para concretarlas?

Además de la realización de campañas contra los discursos de odio, Chile necesita una reforma a la Ley Antidiscriminatoria para que provea protecciones efectivas y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de derechos humanos para reforzar el cambio cultural en las escuelas, educar en la diversidad y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTQI+.

En Chile hay unas 50 agrupaciones LGBTQI+ distribuidas a lo largo del país. Una nueva forma de trabajo es la especialización: los colectivos surgidos en la última década se dedican exclusivamente a temas como salud, educación o infancia y adolescencia, y tienen un ámbito geográfico de actuación limitado, a diferencia de los movimientos más antiguos, que trabajaban a nivel nacional y buscaban abarcar todas las áreas. Independientemente de los temas que aborden, los colectivos hacen campañas comunicacionales e incidencia legislativa y en políticas públicas, y forman coaliciones para potenciar sus respectivas experticias, presentar demandas comunes, tales como la reforma de la Ley Antidiscriminatoria, y hacer frente a la ofensiva antiderechos.

Además, las agrupaciones desarrollan estudios sobre la realidad de las personas LGBTQI+ en Chile, recopilan estadísticas sobre casos de discriminación y violencia, brindan asesoría legal y psicológica a las víctimas e imparten charlas y talleres de capacitación sobre diversidad sexual y de género a organismos tanto públicos como del sector privado.

Mediante esta combinación de especialización y colaboración, los grupos LGBTQI+ logran enfrentar la violencia y la discriminación de manera más efectiva y continúan avanzando en la conquista de derechos.

¿Cómo se vinculan con el movimiento global y qué tipo de apoyo internacional necesitan?

Las organizaciones LGBTQI+ en Chile integran diversas redes internacionales. MOVILH, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones internacionales como ILGA e integra varias redes latinoamericanas e iberoamericanas, que permiten intercambiar experiencias y aunar esfuerzos. Además, los colectivos LGBTQI+ colaboran bilateralmente con grupos de otros países, intercambiando experiencias y proporcionando ayuda mutua.

A nivel global, los colectivos LGBTQI+ necesitan financiamiento, ya que son uno de los sectores vulnerables que globalmente reciben menos recursos. En el caso de Chile, esta necesidad es constante, ya que el hecho de que seamos un país considerado de ingresos medios-altos generalmente les impide recibir aportes externos. Esto tiene un impacto negativo en la lucha por la igualdad, ya que el país carece de financiamiento estatal focalizado para atender las necesidades de las personas LGBTQI+.

El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa sobre el deterioro del espacio cívico y los derechos humanos bajo el actual gobierno argentino con Vanina Escales y Manuel Tufró, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Fundado en 1979, bajo la última dictadura, el CELS promueve la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos, la justicia y la inclusión social, a nivel nacional e internacional.

Desde su inauguración en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei, autodesignado como “anarcocapitalista” pero aliado con sectores culturalmente conservadores, ha impulsado políticas de desregulación de la economía y reducción del Estado y el gasto social que han redundado en el aumento del desempleo y la pobreza. Frente a las protestas que suscitaron estas políticas, ha adoptado una postura restrictiva y represiva y ha vilipendiado al periodismo y a cualquiera que exprese opiniones críticas. Frente a estas restricciones del espacio cívico y los derechos humanos, la sociedad civil está buscando visibilidad y solidaridad internacional y recurriendo al litigio estratégico.

¿Cómo caracterizarían al gobierno de Milei?

Este es el primer gobierno libertario o anarcocapitalista, como lo describe Milei, que hemos tenido en Argentina. Su ascenso se inscribe en un contexto internacional de desgaste de las democracias a raíz de las políticas de extremismo de mercado y el avance de la extrema derecha. Al igual que otras expresiones de ultraderecha en Europa o en los Estados Unidos, se caracteriza por cierto brutalismo y por recurrir al autoritarismo como ordenador de los conflictos sociales. También exhibe por momentos rasgos como el negacionismo histórico y valores retrógrados sobre los roles de género y los derechos de minorías sexo-genéricas y racializadas. Pero también tiene particularidades: a diferencia de lo que ocurre en el norte global, hasta el momento su nacionalismo xenófobo no puso el foco en la inmigración sino en los pueblos originarios.

La agenda libertaria se ha manifestado, en el plano económico, en la liberación de los precios, que ha producido altos niveles de inflación y, por lo tanto, una brutal transferencia de ingresos desde los sectores medios y populares hacia los más concentrados.

Respecto de las políticas sociales, cristalizó la tendencia a dejar en pie sólo las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas, magros subsidios o ayuda social como la Asignación Universal por Hijo que por sí solas no mitigan los efectos de la recesión ni los efectos de la retirada del Estado. Esta retirada se ve en la falta de entrega de alimentos y medicamentos y en el cierre de y la desinversión en espacios comunitarios y políticas sociales. El Estado se ha corrido del rol de garante del acceso a servicios básicos.

El objetivo declarado es debilitar los controles sobre las empresas, especialmente extranjeras, para atraer inversiones. La desregulación tiene un impacto directo en materia ambiental, ya que desconoce todo derecho de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas sobre los territorios donde buscan instalarse estas empresas. Éstas reciben privilegios mientras el país es despojado de sus recursos naturales.

Algunas reformas han sido impuestas por decreto y otras a través de la llamada “Ley Bases”, que, luego de mucho debate y ajustes, ha sido aprobada por el Congreso.

¿Cómo se compatibiliza el libertarismo con el conservadurismo cultural?

Dentro del mismo gobierno conviven en tensión sectores neoliberales que promueven la desregulación del mercado, la liberalización de la economía y transformaciones en el mundo laboral, con expresiones igualmente autoritarias pero conservadoras que reivindican la última dictadura militar, el terrorismo de Estado y la violencia estatal y arremeten contra movimientos emancipatorios como el feminismo y sus conquistas igualitarias.

En este terreno el gobierno está dando una batalla tanto cultural como material. Los ataques verbales van junto al desmantelamiento de las políticas de género. Por ejemplo, disolvió primero el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y luego todas las políticas contra la violencia de género. También se ha expresado firmemente en contra del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en general.

En el marco del desmantelamiento del Estado nacional se están eliminando programas destinados a prevenir embarazos adolescentes, políticas de contención, de cuidado y de salud, así como para la primera infancia. Nuestro monitoreo de las políticas de cuidados encontró que siguen vigente solo siete de 43. El Estado está abandonando su rol de mediador y garante del acceso a derechos.

Además, el gobierno está poniendo en discusión en el plano internacional compromisos asumidos por el país a través de tratados internacionales, que en Argentina tienen jerarquía constitucional, y consagrados en su propia legislación. En la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, solicitó remover de los documentos finales toda mención del género, la población LGBTQI+ y el cambio climático. Creemos que la OEA, las Naciones Unidas y sus mecanismos de derechos humanos deberían seguir de cerca el desempeño del gobierno argentino.

¿Cómo han repercutido estos procesos sobre el espacio cívico?

El espacio cívico se ha visto severamente restringido. Las protestas han pasado a ser tratadas como delitos. Estas prácticas fundamentales en toda democracia son representadas, en el mejor de los casos, como obstáculos al tránsito y, en el peor, como actividades sediciosas que buscan derrocar al gobierno.

Esto se materializa en normas claramente inconstitucionales como la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, conocida como el “protocolo antipiquetes”, que establece que toda manifestación que altere la circulación en ciudades o rutas es un delito flagrante y autoriza la intervención policial directa, sin necesidad de orden judicial, para dispersarla e investigar a los manifestantes.

Sobre la base de esta resolución se autorizan enormes despliegues de fuerzas de seguridad cada vez que ocurre una protesta, las cuales con frecuencia hacen uso abusivo e indiscriminado de armas “menos letales”, como balas de goma o gases irritantes, y de violencia física y detenciones arbitrarias. En los últimos meses hemos registrado al menos 80 detenciones de este tipo. Los manifestantes han recuperado su libertad porque el gobierno no cuenta con pruebas concretas para sostener procesos penales. Pero como resultado del uso de estas tácticas, muchas manifestaciones se disuelven o directamente no suceden.

En los últimos seis meses, asimismo, al menos 47 periodistas han sido heridos en manifestaciones. Muchos más han sido hostigados en redes sociales y llevados ante la justicia penal por sus dichos en contra del gobierno.

El gobierno ha desmantelado los medios públicos al punto que no tenemos manera de enterarnos qué está pasando en los distintos puntos del país, a no ser que algún hecho llame la atención de medios privados y de corresponsales internacionales y decidan darle cobertura. En la Argentina de hoy se vulneran los derechos a generar información y ser informado con una pluralidad de voces.

¿Cómo se está organizando la sociedad civil para hacer frente a estas restricciones?

Las organizaciones de la sociedad civil han presentado múltiples medidas cautelares con anterioridad a la realización de protestas para que el derecho a protestar quedara protegido. Pero el poder judicial no las ha aceptado, aduciendo que no hay un riesgo a priori, sino que hay que evaluar cómo se desarrolla la manifestación. El poder judicial también tiene un rol muy débil a la hora de controlar las detenciones arbitrarias y evaluar los excesos de violencia policial.

Como la vía judicial no está dando frutos, es hora de recurrir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, cosa que el CELS ha hecho muchas veces a lo largo de su historia, desde su surgimiento bajo la dictadura. Trabajamos llevando información sobre las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Argentina.

El 11 de julio participamos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado Nacional estuvo presente, pero no hizo más que confirmar su postura en favor de la criminalización de la protesta social, justificándola como un mecanismo para hacer frente a la sedición y a los intentos de desestabilización. Ante preguntas como cuáles eran los protocolos vigentes para controlar el uso de armas menos letales o por qué se había derogado una norma sobre el control de la actuación policial en manifestaciones públicas, el gobierno se mostró evasivo y no respondió.

También estamos armando un registro de ataques físicos y digitales procedentes de fuentes no estatales, y específicamente de sectores de la derecha radicalizada. Gracias al trabajo junto al Equipo de Investigación Política de Revista Crisis, ya registramos en el portal Radar alrededor de 280 casos de hostigamiento offline, y comenzamos a registrar ataques en línea, que incluyen la revelación de datos personales que podrían derivar en ataques físicos.

Hoy más que nunca es necesario organizarse en redes nacionales e internacionales para llevar adelante campañas de información y de denuncia con una voz colectiva. Si esperamos a la destrucción total de los derechos para levantar la voz, será demasiado tarde.

El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca de la resistencia comunitaria contra megaproyectos mineros en Honduras con Juana Esquivel, representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El Comité integra organizaciones y comunidades locales que resisten contra proyectos extractivos que amenazan el medio ambiente y los bienes públicos y comunitarios.

El 13 de junio un cabildo abierto convocado por la alcaldía de Tocoa aprobó una planta termoeléctrica de coque de petróleo, pese a que la comunidad local había presentado un recurso de amparo en su contra. Se teme que el proyecto provoque deforestación, sedimentación y contaminación del río Guapinol. Un conflicto similar tuvo lugar en 2014, cuando sin consultar a las comunidades las autoridades otorgaron permisos para una mina en un parque nacional protegido que afectaba a los ríos Guapinol y San Pedro. En respuesta a sus protestas pacíficas contra el proyecto, numerosos activistas fueron criminalizados y ocho de ellos permanecieron largo tiempo detenidos.

¿Por qué se oponen al proyecto de planta termoeléctrica en Tocoa?

Rechazamos la planta termoeléctrica porque sus impactos sobre la salud humana y al medio ambiente serían devastadores. El hecho de que se encuentra a menos de 150 metros de algunas comunidades incrementa significativamente los riesgos. Pero éstos no se reflejan en los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa, que contienen errores intencionales que minimizan los daños reales del proyecto.

La planta utilizaría PETCoke, una sustancia derivada del carbón y petróleo que no está regulada en Honduras para la producción de energía. Para funcionar, demandaría enormes cantidades de agua, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para las comunidades locales. Los residuos serían vertidos al río Guapinol, afectando gravemente la vida acuática y el ecosistema. Los estudios de la empresa afirman absurdamente que los peces del río se adaptarán a las aguas calientes provenientes de la planta.

Nuestras demandas son claras: el proyecto no debe instalarse debido a sus graves impactos ambientales y de salud. Exigimos que se respeten nuestros derechos y se proteja nuestro entorno.

¿Por qué objetaron la convocatoria al cabildo abierto del 13 de junio?

La sociedad civil objetó el llamado debido a la historia de manipulación y falta de transparencia en la implementación de megaproyectos en el municipio. La planta termoeléctrica es parte de un megaproyecto, conocido como Los Pinares/Ecotek del grupo Emco Holdings, que tiene otros seis componentes: dos concesiones mineras en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera, una planta procesadora de óxido de hierro y tres concesiones de agua sobre los ríos Guapinol, Quebrada de Ceibita y San Pedro.

El municipio emitió un documento falsificado afirmando que hizo una consulta ciudadana para validar el proyecto. Éste es presentado a la comunidad como una solución a sus problemas energéticos, cuando en realidad está diseñado para abastecer de energía a la planta procesadora de óxido de hierro y no a la comunidad.

En diciembre de 2023 asistimos a un cabildo abierto en el que entre 2.500 y 3.000 personas manifestamos nuestro rechazo al proyecto. Al ver la oposición masiva, el alcalde suspendió el evento alegando razones de seguridad, y en enero convocó unilateralmente otro cabildo, sin el respaldo de las instituciones municipales, que fue suspendido por un recurso de amparo que interpusimos. Finalmente, en el cabildo del 13 de junio, el alcalde manipuló la situación, realizó el cabildo abierto con la oposición de la comunidad y solo escuchó a quienes apoyan el proyecto, que son representante de patronatos controlados por la empresa minera.

¿Cómo se ha organizado la comunidad contra este megaproyecto, y qué represalias ha enfrentado?

Estamos luchando contra el megaproyecto Los Pinares/Ecotek desde 2014. Hemos realizado numerosas manifestaciones de rechazo, incluyendo asambleas populares permanentes frente a al municipio y protestas multitudinarias gracias a las cuales logramos que se declarara a Tocoa como un municipio libre de minería y se restituyera la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.

En 2018 instalamos el campamento Por el Agua y la Vida, que duró 88 días. Esta acción directa desencadenó una oleada de criminalización y persecución. La represión contra el activismo ambiental ha sido feroz, con 32 requerimientos fiscales y ocho compañeros que estuvieron encarcelados por casi tres años.

Ha habido asesinatos de personas defensoras y se ha creado un clima de constante amenaza y hostigamiento. Cientos de familias han sido desplazadas por las amenazas y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y de grupos armados contratados por la empresa. 

A pesar de estos desafíos, persistimos en nuestra lucha contra la corrupción y la violencia estatal y empresarial que afecta a nuestras comunidades desde hace más de una década.

¿Ha cumplido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro sus promesas en relación con Guapinol?

La actuación del gobierno en relación con este tema ha sido negligente y ha exacerbado la polarización y la conflictividad. Aunque el gobierno ha hecho de Guapinol un tema central en su agenda política, la liberación de los defensores ambientales encarcelados ha sido el resultado de años de movilización y resistencia comunitaria más que de la intervención directa de las autoridades centrales.

Persiste una deuda significativa del gobierno con Tocoa y Guapinol: la cancelación completa del megaproyecto Los Pinares/Ecotek. En febrero de 2024 se emitió un decreto para proteger áreas del Parque Nacional Carlos Escalera, pero es crucial asegurar su implementación efectiva y la reparación de los daños ambientales ya causados.

La comunidad sigue vigilante y activa, exigiendo justicia ambiental y la preservación de sus recursos naturales frente a intereses económicos y políticos corruptos e insensibles a las necesidades locales.

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CIVICUS conversa acerca de los resultados de las recientes elecciones mexicanas con Daniela Arias Sánchez, coordinadora del Laboratorio Electoral de México, un centro de pensamiento independiente dedicado a la investigación, reflexión y análisis en temas relacionados con las elecciones y la democracia en América Latina.

Tras una de las campañas electorales más violentas de su historia, México se prepara para el cambio de gobierno. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se impuso con cerca del 60% de los votos, pero enfrenta un panorama desafiante. Bajo el sexenio de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, México experimentó un alarmante aumento de la violencia en general, y de la violencia política en particular, que durante la campaña se cobró varias víctimas entre candidatos y funcionarios públicos.

¿Qué factores contribuyeron a la victoria de Claudia Sheinbaum?

La notable victoria de Sheinbaum se explica no solo por la habilidad del gobierno para canalizar el descontento ciudadano, sino también por una inadecuada interpretación de la situación por parte de la oposición. Durante los seis años del actual gobierno, los partidos de la coalición opositora tuvieron múltiples oportunidades para renovar su estrategia y programa. Sin embargo, las victorias locales que obtuvieron entre 2021 y 2023 los llevaron a subestimar la necesidad de cambio. Estas victorias, que incluyeron apenas cinco gubernaturas de las 23 en disputa y un refuerzo limitado en el Congreso, les hicieron creer erróneamente que esa estrategia les alcanzaba para ganar.

La coalición opositora optó por reciclar candidatos con antecedentes cuestionables y presentar propuestas que no diferían significativamente de las que habían fallado en el pasado. La campaña de Xóchitl Gálvez, la principal candidata opositora, que en un principio ganó impulso gracias a las acusaciones del presidente López Obrador, se centró en criticar al gobierno en lugar de ofrecer una alternativa clara.

El tercero en disputa, Movimiento Ciudadano, intentó posicionarse como una tercera vía, pero sus esfuerzos se vieron entorpecidos por malos cálculos en la designación inicial de su candidato y con la posterior designación de Jorge Maynez, que trajo consigo una campaña excesivamente centrada en las redes sociales.

En contraste, el partido triunfante Morena, junto con sus aliados, llevó a cabo una campaña unificada y respaldada por el apoyo explícito del presidente. Desafiando las más de 30 medidas cautelares que le impuso el Instituto Nacional Electoral por intervenir en el proceso electoral, López Obrador pidió abiertamente el voto para Sheinbaum y otros candidatos de la coalición, buscando asegurarse una mayoría calificada para aprobar reformas clave.

¿Qué impacto tuvieron los altos niveles de violencia política en el proceso electoral?

La violencia política fue subestimada por el gobierno, a pesar de que la coalición gubernamental encabezó, según nuestros cálculos preliminares, la lista de víctimas mortales. El gobierno federal publicó cifras oficiales minimizando el número de víctimas, mientras que nuestro monitoreo registró 338 agresiones y varios asesinatos relacionados con el proceso electoral.

El impacto de esta violencia fue particularmente evidente en estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde la violencia contra candidatos de todos los partidos impidió la realización de elecciones o llevó a los partidos a abstenerse de participar, especialmente en comicios municipales. Esto dejó varios cargos vacantes, afectando a zonas ya muy vulnerables a la influencia de grupos del crimen organizado.

Nuestro segundo informe preliminar destacó casos en que las autoridades electorales consideraron a la violencia como causal para anular o invalidar elecciones. La violencia está teniendo impactos profundos en la democracia mexicana, pero al darse en niveles tan locales puede pasar desapercibida.

¿En qué se diferencia la agenda de la presidenta electa de la de su predecesor?

Sheinbaum ha mostrado ciertas diferencias respecto de López Obrador, aunque también ha prometido mantener la continuidad en varios aspectos. Una vez pasadas las elecciones y ante la certidumbre de que contará con mayoría calificada, ya se han abierto foros y consultas para discutir las reformas constitucionales. Pero sigue habiendo escepticismo sobre si realmente se considerarán diversas opiniones o si se mantendrá la propuesta original después de los foros, como sucedió con anterioridad.

Asimismo, aunque Sheinbaum ha nombrado funcionarios con perfiles técnicos y especializados en algunas secretarías, también ha recibido críticas por nombramientos que parecen ser devoluciones de favores políticos.

En términos de seguridad, Sheinbaum parece mantener el enfoque de su predecesor, manifestando la intención de mantener a la Guardia Nacional bajo la supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional. El interrogante es cómo se abordarán los desafíos persistentes en materia de seguridad y si se explorarán nuevas estrategias para mejorar la eficacia y la transparencia de esta institución clave.

¿Qué espera la sociedad civil del nuevo gobierno?

La sociedad civil espera que el nuevo gobierno sea más receptivo y abierto al diálogo con sectores que anteriormente han encontrado acceso limitado. Dados los perfiles de los funcionarios ya anunciados para integrar el gabinete, se anticipa una mayor disposición a colaborar con la sociedad civil y a considerar sus aportes.

Sin embargo, persisten dudas respecto del futuro de organismos constitucionales autónomos tales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Nacional Electoral, que en los últimos años han sido debilitados. Hay preocupación porque las propuestas de austeridad podrían resultar en mayores recortes presupuestarios en estos organismos cruciales para el equilibrio de poderes.

Para mejorar la calidad del espacio cívico y de la democracia, es esencial que el gobierno valore la diversidad de opiniones, fomente la colaboración y fortalezca los contrapesos institucionales.

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CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas de ascendencia haitiana en República Dominicana con Joseph Cherubin, médico haitiano, fundador y director ejecutivo del Movimiento Sociocultural de Trabajo Humanitario y Ambiental (MOSCTHA). MOSCTHA es una organización de la sociedad civil que trabaja por el bienestar de las personas más pobres y vulnerables de la República Dominicana, promoviendo el acceso a servicios de salud, el desarrollo comunitario y el respeto a los derechos humanos.

En las elecciones del 19 de mayo, en las que el presidente Luis Abinader fue cómodamente reelecto, la migración haitiana fue tema de campaña, como tantas veces en el pasado. La mayoría de los candidatos lo instrumentalizó en busca de rédito político fácil, explotando el prejuicio racista latente en la sociedad dominicana y legitimando la violación sistemática de los derechos tanto de los migrantes haitianos como de sus descendientes nacidos en la República Dominicana, muchos de los cuales son excluidos de los derechos de ciudadanía.

¿A qué se debió la victoria electoral del oficialismo?

En las elecciones del pasado 19 de mayo, los principales candidatos eran el actual presidente Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el expresidente Leonel Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo (FP) y Abel Martínez, exdiputado nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Abinader obtuvo el 58% de los votos, asegurándose otros cuatro años más en el poder.

El triunfo del PRM puede explicarse por la movilización de la agenda anticorrupción, dado que la corrupción tiñó la gestión de los gobiernos del PLD que le precedieron. Abinader buscó diferenciarse de sus opositores llevando adelante una fuerte campaña de investigación del fraude dentro del Estado. También jugaron un papel importante la división del PLD en 2019, cuando Leonel Fernández se escindió y fundó FP, y la abstención de aproximadamente 46% del electorado.

También fueron centrales los discursos contra la población migrante haitiana, presentes en las campañas electorales de la mayoría de los candidatos a la presidencia. El tema migratorio ha sido por décadas la bandera de muchos candidatos a puestos electivos, y esta elección no fue la excepción. Este discurso ha permitido que por años se vulneren los derechos de los migrantes haitianos que habitan en suelo dominicano y de sus descendientes nacidos en el país.

¿Algún candidato se posicionó a favor de la migración haitiana?

Ningún político hablará positivamente al respecto porque se arriesgaría a perder su popularidad.

La mayor parte de la población migrante en la República Dominicana es haitiana, venezolana y estadounidense. Pero no todos reciben el mismo trato, gozan de los mismos derechos o acceden a los mismos servicios. Existe un racismo estructural y político anti haitiano, muy arraigado en un segmento de la clase dominante. Como parte de una puja por obtener más votos y agrandar su audiencia, algunos políticos y medios han adoptado fuertemente este discurso y exacerbado este sentimiento. Abinader ha sido uno de ellos. Durante su gestión, el gobierno ha aumentado las deportaciones de haitianos, cerrado las fronteras y prometido la construcción de un muro entre ambos países.

Sin embargo, cabe mencionar que el pueblo dominicano convive pacíficamente con el pueblo haitiano. Los dominicanos reconocen que los haitianos somos personas trabajadoras y ocupamos un lugar central en la economía del país. Somos quienes solemos trabajar en los sectores de la construcción, la agricultura y en las casas de familia. La mano de obra haitiana es un pilar importante del desarrollo económico de la República Dominicana. Sin embargo, existe una cúpula que orienta este tema de forma negativa.

¿Cuáles deberían ser las prioridades de Abinader en su segundo mandato?

El desafío más grande será cumplir con las recomendaciones de organismos internacionales y regionales de derechos humanos relativas a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto supone asegurar que toda la población pueda hacer ejercicio de sus derechos humanos, incluidos los migrantes haitianos y sus descendientes. En particular, es necesario fortalecer el acceso de las mujeres a la vida política, garantizar la protección del medio ambiente, promover la educación sin discriminación y hacer una reforma fiscal para gravar a quienes más tienen.

También es necesaria una reforma migratoria integral que regularice el estatus de los migrantes originarios de Haití que llevan 40 o 50 años en la República Dominicana. Asimismo, se debe buscar un mecanismo para garantizar el acceso a la nacionalidad de las personas que fueron desnacionalizadas como resultado de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 que retiró la nacionalidad dominicana a todos los nacidos en territorio dominicano de padres extranjeros, siendo los más afectados niños con padres de nacionalidad haitiana.

Por último, es esencial que Haití y República Dominicana mejoren sus relaciones bilaterales para lograr convivir fraternalmente en la isla que comparten.

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CIVICUS conversa sobre los resultados de las elecciones en México con Anaid Alcázar, politóloga mexicana y coordinadora del programa Innovación para la Democracia de la Fundación Avina, una organización global que promueve transformaciones en materia de innovación democrática, economía justa y regenerativa, y acción climática.

Las recientes elecciones celebradas para elegir al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a más de 20.000 cargos electivos a nivel federal, estadual y local, se vieron ensombrecidas por una ola de violencia política sin precedentes que se cobró las vidas de decenas de candidatos y funcionarios. En un marco de creciente amenaza del crimen organizada pero también de estabilidad económica y políticas exitosas de lucha contra la pobreza, la candidata del partido oficialista, Claudia Sheinbaum, se impuso cómodamente en las elecciones presidenciales, convirtiéndose en la primera presidenta de la historia de México.

¿Qué significan los resultados de las recientes elecciones?

El escenario resultante de las recientes elecciones combina elementos de continuidad y cambio. Al concluir el sexenio de López Obrador, se observan percepciones encontradas en relación con la materialización de las expectativas que generó su gobierno. Hubo muchas esperanzas por tratarse del primer gobierno de izquierda en décadas, enfocado en la justicia social y los derechos. Pero también ha habido fuertes críticas por parte de movimientos sociales.

Los movimientos sociales, acostumbrados a  ser oposición a partidos gobernantes conservadores como el Partido Revolucionario Institucional, debieron adaptarse a un gobierno que, al mismo tiempo que implementó programas sociales beneficiosos para amplios sectores de la población, también promovió políticas controvertidas como megaproyectos de infraestructura y militarización de la seguridad. Esto confundió y desmoralizó a los movimientos sociales, que debieron replantearse cómo continuar abogando por derechos en un contexto político cambiante y a menudo contradictorio.

La victoria de Claudia Sheinbaum ocurrió tal como se esperaba. Incluso obtuvo más de cinco millones de votos más que López Obrador en 2018. Sin embargo, la participación electoral disminuyó en comparación con 2018 y 2012, lo cual es indicio de un desafío persistente en materia de movilización y compromiso cívico.

La continuidad entre las propuestas de Sheinbaum y proyecto político de López Obrador es evidente. Esto genera preocupación en relación con la probable persistencia de la de militarización y sus implicaciones para la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos.

Pero hay algunas esperanzas de cambio en el estilo político. Durante el gobierno de López Obrador ha habido tensiones por efecto de la concentración del poder presidencial, la cooptación de espacios y la imposición del discurso oficial que ha cerrado muchos espacios de diálogo. Ahora hay esperanzas de que la nueva administración abra más espacios, sea más inclusiva, aborde los desafíos persistentes que afectan el espacio cívico y aliente la participación activa de la sociedad civil. No obstante, persisten inquietudes sobre lo que hará con su amplísima mayoría parlamentaria.

¿Qué implicancias tiene la elección de la primera presidenta en la historia del país?

La elección de la primera presidenta de la historia de México es un hito significativo, pero ha generado sentimientos encontrados en el movimiento feminista. Aunque Sheinbaum se define como feminista, muchas activistas feministas expresan abiertamente su desconfianza y dudan respecto de si su elección representará un avance para las causas feministas.

Ello se debe, al menos en parte, al historial de Sheinbaum durante su mandato como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante el cual no mantuvo un diálogo fluido con el movimiento feminista, y en cambio hubo grandes manifestaciones feministas que fueron reprimidas. De ahí las dudas sobre su real compromiso con las demandas de justicia y la lucha contra la violencia de género. La inclusión en su nuevo gabinete de personas con posturas trans excluyentes ha polarizado aún más las opiniones dentro del movimiento.

El movimiento feminista espera que el cambio sea mucho más que simbólico. Espera políticas concretas y acciones efectivas que aborden las problemáticas de género, es decir, que se construyan instituciones para impartir justicia de género para las mujeres y disidencias. Sheinbaum enfrenta el desafío de demostrar a través de sus acciones su compromiso con la igualdad de género y la justicia social.

¿Qué implicancias tiene el hecho de que Sheinbaum tenga formación y trayectoria científica?

La elección de una presidenta con formación científica es un cambio significativo en el perfil de liderazgo. Sheinbaum podría tener particular sensibilidad en relación con temas complejos e importantes como el cambio climático y la sostenibilidad ambiental.

Lamentablemente, sin embargo, las expectativas que despertó su preparación académica hasta ahora no se han visto acompañadas de propuestas concretas en el área de medio ambiente. Durante su campaña, Sheinbaum propuso fortalecer la industria petroquímica y la producción y el uso de fertilizantes. No queda claro cuál es la estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover energías renovables y proteger ecosistemas vulnerables.

El gobierno de López Obrador se centró en cuestiones fiscales y laborales más que en las políticas ambientales. Hubo un vacío en la implementación de estrategias sostenibles e inversión en investigación ambiental. La falta de recursos derivada de la política de austeridad limitó la capacidad de los institutos de investigación públicos para desarrollar y proponer mejoras en los procesos industriales y energéticos.

En suma, la formación de Sheinbaum inspira cierta confianza, pero no está claro qué dirección tomará. Es crucial que demuestre un compromiso claro con la sostenibilidad y adopte medidas concretas para mitigar los impactos adversos del cambio climático.

¿Cuáles son los principales problemas que deberá enfrentar el nuevo gobierno, y cuáles son sus propuestas para resolverlos?

Uno de los principales problemas que deberá enfrentar el nuevo gobierno es la crisis de seguridad, exacerbada por la presencia del crimen organizado, que afecta no solamente la seguridad ciudadana sino también la gobernabilidad democrática, ya que interfiere en los procesos electorales y limita la acción de las personas defensoras de derechos humanos.

Otro problema crucial es la crisis migratoria, que requiere respuestas no solo a nivel de seguridad sino también en términos de desarrollo económico y protección de derechos humanos.

También la gestión ambiental enfrenta desafíos urgentes como la escasez de agua en varias regiones del país. Las políticas ambientales desarrolladas hasta ahora han sido insuficientes para abordar la contaminación, proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida de las personas.

Para combatir la criminalidad, Sheinbaum ha enfatizado el fortalecimiento de la Guardia Nacional, aunque hay muchas dudas sobre la efectividad de este enfoque. En materia de política ambiental, las propuestas han sido escasas.

Para avanzar hacia soluciones reales, será crucial que el nuevo gobierno mantenga un diálogo continuo con la sociedad civil, la comunidad científica y otros actores clave. Se necesita también un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

En última instancia, la capacidad del nuevo gobierno para generar resultados que mejoren las condiciones de vida y permitan construir un futuro más seguro, justo y sostenible para todos los mexicanos será determinante para que conserve su legitimidad.

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CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones dominicanas con Manuel María Mercedes Medina, abogado, defensor de derechos humanos y presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD).

CNDH-RD es una organización de la sociedad civil que trabaja por una República Dominicana donde todas las personas vivan bajo un Estado social y democrático de derecho, sin discriminación de nacionalidad, credo político, etnia, orientación sexual, religión o condición social.

El 19 de mayo el presidente Luis Abinader fue cómodamente reelecto. Su victoria puede atribuirse al crecimiento económico experimentado durante su gestión, al uso de los recursos del Estado para fidelizar al electorado mediante transferencias monetarias y reparto de bienes de primera necesidad, y a la fragmentación de una oposición desprestigiada por sus vínculos con gestiones previas salpicadas por la corrupción. Todos los contendientes instrumentalizaron el tema de la migración, y Abinader prometió construir un muro fronterizo para detener el paso de migrantes procedentes de la vecina Haití.

¿A qué se debió el triunfo del oficialismo en las recientes elecciones?

El triunfo del oficialismo es sorprendente si se coloca en perspectiva regional. En los últimos años, todos los partidos de gobierno, con apenas dos excepciones, perdieron las elecciones en América Latina. Con el triunfo de Abinader, ahora son tres.

Esto tiene varias explicaciones. En primer lugar, Abinader enfrentó a una oposición débil, que durante los cuatro años de su primer mandato no logró conectar con las demandas populares. Denunciaba, pero no proponía soluciones concretas. Por eso su oferta electoral no caló en la sociedad.

Además, la oposición se presentó dividida. La Junta Central Electoral otorgó personalidad jurídica a 37 partidos y cuatro movimientos. Abinader logró que 22 partidos apoyaran su reelección, pero la oposición se mantuvo fragmentada. Si se hubiesen unido, los resultados podrían haber sido diferentes.

Además, algunos de los candidatos opositores con posibilidad real ya habían pasado por el gobierno y habían realizado malas gestiones. Por ejemplo, en segundo lugar, quedó el expresidente Leonel Fernández, del Partido Fuerza del Pueblo (FP), rechazado por haber sido señalado en casos de corrupción. En 2019 el expresidente Fernández había abandonó las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y construyó uno nuevo, facilitándole así el triunfo al Partido Revolucionario Moderno (PRM) que llevó a Abinader a la presidencia.

El factor más importante en estas elecciones fue el uso de los recursos del Estado para instrumentar programas sociales para poblaciones vulnerables, como la tarjeta “Supérate”, que generaron un apoyo masivo a Abinader. También se buscó universalizar la seguridad social, afiliando a más de dos millones de personas al seguro de salud, y se repartieron alimentos de forma masiva.

Por último, tanto la oposición como el oficialismo recurrieron a la compra de votos de ciudadanos vulnerables. Según datos de diferentes organizaciones, el PRM fue el que más lo hizo, seguido de FP y, en menor medida, del PLD. Esto se reflejó en los resultados de la elección presidencial, en la que el PRM obtuvo el 57% de los votos, FP el 29% y el PLD el 10%.

¿Cuáles fueron los principales temas de la campaña?

Uno de los principales temas fue la corrupción. La sociedad dominicana se hartó de los escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios de los gobiernos que precedieron a Abinader, en manos del PLD. Dos de los candidatos con posibilidades, Leonel Fernández y Danilo Medina, eran expresidentes de ese partido. Durante estas gestiones la corrupción había alcanzado sus máximos niveles, por lo que el debate pasó a girar alrededor de quién era el menos corrupto.

El gobierno de Abinader se presentó como severo con la corrupción. Mientras que en el pasado la impunidad era la norma, ahora muchos funcionarios que hicieron uso indebido de los recursos del Estado fueron procesados.

Otro tema importante fue la necesidad de reformar la Constitución para protegerla de intentos de manipulación de presidentes deseosos de reelegirse más de dos veces. También se debatió la necesidad de cambiar la forma en la que se elige al Procurador General de la República, actualmente designado por el presidente. Para que sea realmente independiente, se propuso crear un cuerpo colectivo.

También se debatió la modificación del Código Penal, que penaliza el aborto sin excepciones. Sectores progresistas y defensores de los derechos humanos apoyamos la inclusión del aborto en tres causales: incesto, violación y riesgo de vida para la persona embarazada. Actualmente, tanto las mujeres que buscan abortar como los médicos que practican abortos pueden ser castigados con hasta 20 años de prisión. Las iglesias católica y protestante se oponen a esta reforma y Abinader logró hábilmente mantenerse al margen en este tema tan controversial.

Por último, la migración haitiana también fue objeto de debate, como era de esperarse. Dada la crisis política y social que afecta a Haití, la República Dominicana está recibiendo grandes cantidades de migrantes. Frente a esto, en los dos últimos años el presidente Abinader endureció su postura, buscando el apoyo de sectores anti haitianos con gran influencia en los medios, la política y la sociedad. Mediante deportaciones, cierres de la frontera y propuestas como la de construir un muro entre ambos países, Abinader se apropió del discurso de la oposición, que había prometido mayor severidad en materia migratoria.

¿Cómo se posiciona la sociedad dominicana frente al tema migratorio?

La cuestión migratoria divide a la sociedad dominicana. Hay quienes defendemos ideas más progresistas y democráticas, favoreciendo la solidaridad y ayuda mutua con el pueblo haitiano. Pero la mayoría defiende políticas abiertamente nacionalistas y anti haitianas.

Estos sectores tienen gran presencia en los medios de comunicación, desde donde promueven políticas discriminatorias contra los haitianos y sus hijos nacidos en territorio dominicano. Desde la reforma constitucional de 2010, estos últimos no son considerados dominicanos. La reforma se aplicó de manera retroactiva y una resolución del Tribunal Constitucional despojó de su nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Esto agravó las dificultades de convivencia entre ambos países.

¿Cuáles son los principales desafíos de Abinader en su segundo mandato?

Un gran desafío es revertir el colapso del sistema penitenciario. En menos de cinco meses se han registrado más de 30 muertes de personas presas y sus familiares aún no tienen respuestas. El Estado es responsable de garantizar su seguridad y no lo ha hecho.

También está pendiente el mejoramiento de la seguridad ciudadana. El gobierno anunció mejoras, pero sus cifras son cuestionables ya que no queda claro cómo se obtuvieron.

Otro desafío será consensuar la reforma constitucional para que el Procurador General sea elegido de manera independiente.

Abinader también deberá enfrentar demandas sindicales de aumento salarial para hacer frente al aumento del costo de vida, y deberá garantizar la libertad sindical, un derecho protegido por la Constitución pero que en la práctica no se cumple. Asimismo, deberá abordar una grave crisis de vivienda, que afecta a unos dos millones de dominicanos.

Por último, está el desafío de la reforma fiscal. Nosotros consideramos que la reforma es necesaria, pero que debe gravar a quienes más tienen, y especialmente al sector financiero, que pese a obtener ganancias extraordinarias es el sector que menos impuestos paga. En la República Dominicana, la carga tributaria recae fuertemente sobre los pobres y la clase media, ya que predominan los impuestos que gravan artículos de primera necesidad.

¿Qué expectativas tiene sobre el gobierno entrante?

Espero que Abinader cumpla con su promesa de no intentar reformar la constitución para aspirar a un tercer mandato, ahora que tiene una magnitud de apoyos que le permitirían hacerlo. Es más, Abinader planteó reformar la constitución para que ningún presidente pueda modificar el artículo que prohíbe la reelección indefinida. Sin embargo, hay sectores que promueven su continuidad en el poder. Creemos que Abinader va a cumplir con su palabra y, de lo contrario, la población lo castigará y no lo volverá a votar.

En materia de derechos humanos, el hecho de que el presidente no pueda volver a postularse podría significar una pequeña luz al final del túnel. Esperamos que cesen los desalojos y el maltrato a los migrantes y que mejoren las relaciones con Haití.

Asimismo, esperamos que se materialicen efectivamente los derechos constitucionales a la salud, la vivienda, el trabajo y el medio ambiente. Reclamamos el cese de las ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional y la reanudación de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

El espacio cívico en la República Dominicana es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre los derechos de las personas defensoras con Jomary Ortegón, abogada defensora de derechos humanos y vicepresidenta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), una organización colombiana dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos.

En marzo de 2024 la Corte IDH declaró a Colombia legalmente responsable por la violación sistemática de los derechos humanos de varios miembros de CAJAR y sus familiares, quienes fueron perseguidos, hostigados, estigmatizados y sometidos a vigilancia durante años. En 2002, CAJAR y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 lo presentó ante la Corte IDH. Es la primera vez que una organización de derechos humanos llega a la corte regional en calidad de víctima. La Corte subrayó el derecho a defender los derechos humanos y ordenó medidas de reparación.

¿Qué violaciones de derechos humanos denunciaron ante la Corte IDH?

CAJAR denunció más de 100 hechos de hostigamiento y amenaza que incluyeron seguimientos, panfletos amenazantes y llamadas intimidatorias. Como consecuencia de ello, en los años ‘90 varios integrantes del colectivo debieron exiliarse. Pero el Ejército, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia, continuaron hostigando a integrantes de CAJAR y familiares hasta 2010, cuando el DAS fue disuelto. En 2009, medios de comunicación dieron a conocer que el DAS había desarrollado una gigantesca operación de inteligencia, Transmilenio, uno de cuyos blancos había sido CAJAR. La operación incluía seguimientos, interceptación de comunicaciones y acciones de sabotaje y desprestigio.

Muchas de las agresiones afectaron específicamente a mujeres. Por ejemplo, la entonces presidenta de la organización, Soraya Gutiérrez, recibió una muñeca con esmalte rojo en varias partes de su cuerpo acompañada del mensaje: “Usted tiene una familia muy linda, no la sacrifique”. Al igual que la mayoría de los hechos denunciados, las amenazas, seguimientos y hostigamientos contra ella y su familia no fueron investigados adecuadamente y permanecen impunes.

¿Cómo fue el proceso legal, y qué desafíos enfrentaron?

En 2002 presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2006 publicó su informe de admisibilidad. En diciembre de 2013 presentamos nuestros alegatos y aportamos gran parte de la prueba. Pero la CIDH tardó bastante en producir su informe de fondo, que recién publicó en 2019 y envió a la Corte IDH un año más tarde. Durante todo este tiempo las agresiones continuaron.

Nosotros habíamos incluido a 100 víctimas, pero la CIDH identificó solamente a 28. Durante el proceso en la Corte, sin embargo, la CIDH reconoció un error material en la no inclusión de algunas víctimas. Nosotros también solicitamos la aplicación de un artículo del reglamento de la Corte que permite identificar víctimas adicionales cuando se trata de violaciones colectivas o masivas. La Corte reconoció que CAJAR no había tenido acceso a toda la información de inteligencia recolectada por el DAS entre 2002 y 2005, por lo cual su sentencia admitió la posibilidad de reconocimiento de nuevas víctimas.

La falta de acceso a la información de inteligencia recopilada ilegalmente fue un enorme desafío. Solo hemos podido acceder a una parte, gracias a procesos penales en curso. La Corte IDH solicitó al Estado colombiano esa información, pero éste argumentó que no estaba clasificada y accesible. En 2019 un medio reveló una operación ilegal a cargo de un batallón de ciber inteligencia en la que podría aparecer información de integrantes de CAJAR, pero no pudimos podido acceder a ella. Incluso los órganos investigativos nos han negado el acceso.

¿Qué estableció el fallo de la Corte IDH?

La sentencia en la Corte IDH establece que, bajo cinco gobiernos, el Estado colombiano desarrolló acciones de inteligencia ilegal contra la labor legítima de defensa de los derechos humanos. En este proceso identifica varias etapas. La década de los ‘90 se caracterizó por el uso de amenazas, hostigamiento, agresiones físicas y homicidios en represalia por la labor de derechos humanos. En la década de los 2000, a ello se sumó la estigmatización de las personas defensoras por parte de altos funcionarios, incluido el presidente de la República. A partir de la década de 2010, finalmente, a todo ello se agregó el incumplimiento del Acuerdo de Paz, que redundó en la presencia de nuevos grupos armados en todo el país. Entre los más afectados se contaron los grupos de defensa de la naturaleza, la tierra y el territorio y los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Este fallo de la Corte IDH es el primero en establecer la responsabilidad estatal por la vulneración del derecho a defender derechos. La Corte reconoció la vulneración de 14 derechos y ordenó 16 medidas de reparación que incluyen acciones de satisfacción, rehabilitación, compensación económica y garantías de no repetición. Varias de ellas tienen implicaciones colectivas como, por ejemplo, la designación oficial de un día para la conmemoración de las personas defensoras de derechos humanos. La Corte IDH estableció que este día se deben realizar acciones pedagógicas en centros educativos públicos que contribuyan a exaltar esta labor.

También ordenó un registro de situaciones de riesgo para personas defensoras que sirva para dimensionar la magnitud de la violencia y diseñar estrategias para prevenir y erradicar nuevas agresiones. Esto debe ser acompañado por una campaña nacional informativa que sensibilice sobre la persecución, estigmatización y violencia contra las personas defensoras, y que transmita la importancia del pluralismo en un sistema democrático. El objetivo de esta campaña será deconstruir imaginarios y estigmatizaciones que alimentan la violencia. Esta campaña deberá acompañarse de otra campaña dirigida al funcionariado público.

La Corte IDH también mandó la creación de un fondo destinado a dar protección y asistencia a personas defensoras en situación de riesgo.

La sentencia establece los límites de las acciones de inteligencia en una democracia y reconoce un nuevo derecho a la “autodeterminación informativa”, consistente en el derecho a acceder a información en poder del Estado y a solicitar su entrega, corrección o destrucción.

Las sentencias de la Corte IDH son definitivas e inapelables, por lo que el Estado debe iniciar inmediatamente la implementación de estas medidas, y debe enviar su primer informe dentro del plazo de un año. Todas las medidas deben ser concertadas con las personas beneficiarias y sus representantes. En un escenario de poca operatividad del Congreso, cabe esperar que concretar las medidas que requieren modificaciones legislativas constituya un desafío importante.

¿Qué impactos podría tener la sentencia?

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. Desde la firma del acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC en 2016, han sido asesinadas por lo menos 1200 personas defensoras.

En este contexto, la decisión de la Corte IDH tiene un impacto positivo inmediato en términos de reconocimiento de la importancia de la labor de defensa de los derechos humanos y sus impactos en la vida social y política.

La sentencia precisa las obligaciones generales del Estado en materia de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos. Exige medidas concretas –reformas legislativas, formación de funcionarios públicos, procesos de investigación, judicialización y sanción –que deberían tener un impacto positivo en la construcción de un entorno más favorable a las labores de defensa de los derechos humanos. Cabe esperar que estas obligaciones se traduzcan en políticas públicas basadas en los derechos humanos y con perspectiva étnica y de género.

Finalmente, la decisión transmite un mensaje a todos los funcionarios públicos de Colombia y de la región. Les indica no solamente cuáles son sus deberes, sino también cuáles podrían ser las consecuencias de sus acciones y omisiones.

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CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas LGBTQI+ en Perú con Rodrigo Flores Castro, psicólogo clínico y coordinador del Comité de Salud Mental de Más Igualdad.

Más Igualdad es una organización feminista interseccional que aboga por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+. Trabaja guiada por la visión de un Perú donde las personas LGBTQI+ sean legal y socialmente reconocidas.

Recientes medidas gubernamentales amenazan con empeorar la situación de las personas LGBTQI+ en el Perú, y en particular de las personas trans, que carecen de toda legislación que las proteja. En mayo de 2024 el Ministerio de Salud recuperó una versión obsoleta del sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud que clasificaba a la identidad transgénero como un problema de salud mental. El activismo LGBTQI+ se ha movilizado contra el decreto, que perpetúa la discriminación y podría fomentar prácticas inaceptables como las llamadas terapias de conversión, que las Naciones Unidas consideran como una forma de tortura.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas LGBTQI+ en el Perú?

La situación de las personas LGBTQI+ es precaria. No hay ninguna ley que reconozca y garantice sus derechos. Esto es especialmente grave en el caso de las personas trans. No hay una ley de identidad de género que les permita realizar cambios en sus documentos mediante un proceso administrativo. En cambio, deben recurrir a un proceso judicial costoso y estresante, enfrentándose a menudo a tratos denigrantes y discriminatorios por parte de los jueces. Esto las deja en una posición de vulnerabilidad, ya que el hecho de no tener documentos que reflejen su identidad afecta su acceso a empleo, educación y servicios de salud.

Además, no hay ninguna ley que criminalice los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género. Tampoco se ha legalizado el matrimonio igualitario, y aunque se ha propuesto la figura de la unión civil como alternativa, aún no se ha logrado consenso para su aprobación.

Se han logrado algunos avances legales limitados, como la inclusión de la prohibición de discriminación en ciertas normativas municipales, pero no se han abordado las necesidades específicas de las personas LGBTQI+. Por el contrario, en los últimos años se han observado tendencias regresivas. Grupos conservadores con representación en el Congreso están buscando revertir los pocos avances logrados y evitando que se produzcan otros nuevos. Con argumentos basados en desinformación y prejuicios, se oponen a la incorporación del enfoque de género en el currículo escolar y a la educación sexual integral.

¿Qué dice el reciente decreto ministerial sobre las personas LGBTQI+, y qué consecuencias tendría su aplicación?

El 10 de mayo el Ministerio de Salud publicó un decreto supremo que actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, un listado de todas las condiciones de salud, medicamentos y procedimientos que las aseguradoras están obligadas a cubrir. En referencia a las personas LGBTQI+, el decreto usa algunas categorías diagnósticas denigrantes y perimidas, como el transexualismo, el trastorno de identidad de género y la homosexualidad egodistónica. La categorización de las personas sexualmente diversas como enfermas mentales es un atentado contra su dignidad.

Según el gobierno, la inclusión de referencias a la diversidad sexual tuvo la intención de garantizar el acceso de las personas LGBTQI+, y especialmente las personas trans, a los servicios de salud. Incluso si así fuera, su aplicación tendría enormes consecuencias negativas. Normalizaría la discriminación y fortalecería los discursos de odio. Ya se han recibido denuncias de personas trans que están siendo víctimas de acoso o discriminación en el trabajo, a raíz de esta normativa.

Este decreto también abre la puerta a prácticas peligrosas como las terapias de conversión, que ya existen en el país. Un estudio realizado en 2018-2019 reveló que alrededor del 40% de las personas encuestadas habían sido sometidas a estas prácticas, en muchos casos cuando eran menores de edad. Al categorizar a las personas de la diversidad sexual como enfermas mentales, el Estado envía el mensaje de que necesitan ser reparadas, habilitando estas prácticas denigrantes.

Además, la nueva normativa aumenta la desconfianza de las personas LGBTQI+ hacia las instituciones de salud y el Estado en general. Muchas personas podrían verse obligadas a elegir entre su salud física y su tranquilidad emocional. Es una situación que requiere ser atendida urgentemente.

¿Cómo ha respondido el activismo LGBTQI+?

Las organizaciones defensoras de los derechos de las personas LGBTQI+ han respondido de diversas formas. Desde que se conoció la noticia, varias organizaciones se han organizado y creado una coordinación nacional para llevar al gobierno un mensaje unificado. Redactaron una carta y solicitaron una reunión con el Ministerio de Salud y realizaron protestas y manifestaciones demandando la derogación del decreto.

El gobierno ha insistido en que el decreto tiene la intención de garantizar el acceso de las personas LGBTQI+ a servicios de salud y tratamientos, y también ha argumentado que la implementación de una versión del listado alineada con la versión actual de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud tomará tiempo. En los últimos días, sin embargo, el Ministerio de Salud se reunió con colegios profesionales de médicos y psicólogos, tras lo cual se espera que comunique una nueva propuesta con algunas alternativas.

¿Cómo trabaja su organización para promover el reconocimiento de derechos?

Nuestra organización, Más Igualdad, promueve todos los grandes temas de la agenda LGBTQI+ en Perú. Estos incluyen el reconocimiento legal y social de la identidad de género, la promoción del matrimonio igualitario, la eliminación de la discriminación y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género, y el acceso sin discriminación a servicios de salud mental y atención médica. En el trasfondo de todos ellos está la búsqueda de igualdad, dignidad y respeto a las personas LGBTQI+.

Para contribuir al avance de los derechos de las personas LGBTQI+ y generar un cambio positivo en la sociedad desarrollamos diversas acciones. Realizamos campañas dirigidas a la sociedad en general para crear conciencia y promover la aceptación y el respeto hacia la diversidad sexual y de género. Participamos en diálogos ciudadanos, fomentamos la participación política de las personas LGBTQI+ y sus aliados, y hacemos incidencia para influir en la formulación de leyes y políticas que protejan sus derechos. Ofrecemos servicios de asesoramiento, orientación y ayuda psicológica para personas LGBTQI+, creando espacios seguros donde puedan expresarse libremente y recibir el apoyo necesario. También brindamos formación y capacitación en diversidad sexual y de género a profesionales de diversos sectores, promoviendo una atención inclusiva y libre de discriminación en áreas como salud, educación y trabajo.

Mediante estas acciones y el trabajo conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, buscamos construir una sociedad más inclusiva, igualitaria y respetuosa, donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libres de discriminación y violencia.

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CIVICUS conversa sobre la represión en Guinea Ecuatorial con el activista de la sociedad civil Joaquín Elo. Tras haber estado detenido durante casi un año en 2019, Joaquín aboga por la liberación de otros activistas presos y por la apertura del espacio cívico y la transición a la democracia en Guinea Ecuatorial.

¿Existe algún espacio para la sociedad civil en Guinea Ecuatorial?

En Guinea Ecuatorial no hay espacio para otras voces, para formas diferentes de pensar o maneras distintas de ver la vida. Esto afecta no solamente a la sociedad civil sino también a las organizaciones políticas.

Los regímenes como el de Guinea Ecuatorial se basan en la ausencia total de libertad. El presidente Teodoro Obiang está en el poder desde el golpe de Estado de 1979, es decir, lleva 45 años en el poder. La privación de libertad logra anular a la gente, volviéndola pasiva y carente de solidaridad. Cuando algo le pasa a alguien, es común que los vecinos comenten que “se lo habrá buscado”.

La gente sabe que el régimen es bárbaro y criminal. No se involucra sabe cuáles pueden ser las consecuencias; han visto a mucha gente ser apaleada, pasar años en la cárcel en las peores condiciones, e incluso perder la vida.

¿Qué tácticas de represión utiliza el gobierno?

Las tácticas de represión son de manual: hostigamiento, cárcel, desapariciones. El régimen utiliza la manipulación legal y la violencia para mantener el control, empleando sus recursos económicos para perpetuar su poder y eliminar toda oposición.

El régimen tiene la sartén por el mango, ya que mantiene el control absoluto de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Criminaliza el activismo utilizando leyes que tienen otros propósitos, presumiblemente legítimos. Por ejemplo, yo actualmente no puedo salir del país porque se me acusa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lo cual es completamente absurdo.

Además, cuenta con todos los medios coercitivos a su disposición: la policía, la gendarmería y el ejército. Y por último, tiene mucho dinero, proveniente de la explotación del petróleo. Este recurso, en lugar de para mejorar la vida de la población, se utiliza para comprar voluntades, silenciar opositores e incluso secuestrar gente en el exterior.

En los últimos años, numerosos activistas han pasado por secuestros, encarcelamientos y torturas. Entre ellos se cuenta Anacleto Micha Ndong Nlang, que fue detenido bajo la acusación de iniciar unos incendios. Dos meses más tarde nos enteramos de que lo habían trasladado a otra cárcel por una supuesta denuncia de un agente de la gendarmería. Este agente, que trabaja en la cárcel donde estuvo Anacleto, lo torturó y Anacleto lo denunció al salir. Pero su denuncia nunca se tramitó.

Cabe destacar también la cantidad de jóvenes detenidos en el marco de la llamada “Operación Limpieza”, una campaña de detenciones arbitrarias lanzada por el vicepresidente en mayo de 2022 en respuesta al supuesto incremento de la cantidad de delitos cometidos por bandas juveniles. Ha habido centenares de jóvenes detenidos, pero nosotros tenemos documentados con nombre y apellido 55 casos. Todos ellos son residentes de la Isla de Bioko, pero el régimen los mantiene recluidos en la parte continental, lo que dificulta a sus familias trasladarse para verlos.

Las cárceles son auténticos mataderos. Tristemente hablo por experiencia directa. La famosa cárcel de Black Beach, construida para albergar a un máximo de 400 personas, hoy alberga a 1500. Los presos no pueden recibir visitas y dependen de la comida proporcionada por el gobierno, que crea serios problemas de salud. Imagínese el hacinamiento de 1500 reclusos, muchos de ellos con tuberculosis, sida y hepatitis, en un espacio para 400. Los enfermos graves son llevados al hospital más cercano solo para poder decir que no murieron en la cárcel de Black Beach.

Todo esto envía un mensaje aleccionador a cualquiera que tenga la idea de organizarse para reclamar derechos, mostrando adonde podrían llevarle esos esfuerzos.

¿Ha habido algún intento de organización política de la oposición?

En las últimas elecciones, realizadas en noviembre de 2022, en las cuales el presidente se adjudicó un inverosímil 99,7% de los votos, hubo una organización política opositora que intentó participar. El partido Ciudadanos por la Innovación, que había sido legalizado, convocó a sus adherentes a organizarse para presentar candidaturas, ya fuera como partido o como independientes, ya que el marco jurídico en principio lo permitía.

La reacción represiva del régimen fue desproporcionada. Dos meses antes de las elecciones, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un asalto armado de las instalaciones del partido. El ataque fue de tal brutalidad que el edificio debió ser demolido, ya no existe. La organización asegura que hubo más de 20 muertos. El propio régimen reconoció cuatro, pero hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con los cadáveres.

En junio de 2023, un tribunal militar condenó a casi 30 años de cárcel al líder de Ciudadanos por la Innovación, acusado de homicidio, “insultos a las Fuerzas Armadas” y “ejercicio abusivo de los derechos fundamentales”. Otros nueve seguidores del partido recibieron penas de entre nueve y 11 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, reuniones ilícitas, posesión ilegal de armas y municiones, atentado contra agentes de la autoridad, lesiones graves y homicidio.

El líder y otros integrantes del partido han sido recluidos en cárceles clandestinas y sus familiares no saben dónde están ni reciben noticias de ellos. A efectos prácticos, están desaparecidos. La intencionalidad es clara: se busca desalentar a cualquiera que intente o se atreva a desafiar al régimen, mostrando que este es el destino que le espera.

Entiendo que la gente a veces pueda sentirse culpable por no actuar, pero también comprendo su miedo. Si una organización política legalizada es tratada de ese modo con total impunidad, ¿qué puede esperar el resto de la gente?

¿Cómo podría la comunidad internacional apoyar una transición a la democracia en Guinea Ecuatorial?

Esa es la gran pregunta. Los países democráticos deben actuar. Los regímenes totalitarios generan descontento y manipulan discursos para culpar a las potencias coloniales u occidentales de empobrecer continentes como África y países como Guinea Ecuatorial. En este contexto, los países democráticos y la comunidad internacional deberían replantear la lucha contra las dictaduras, de modo similar a lo que se hizo con la descolonización.

Pedimos encarecidamente que se hable de Guinea Ecuatorial para que el mundo sepa lo que realmente está pasando. El problema, en el actual contexto global, es que siempre se priorizan crisis más visibles, como las de Gaza, Siria y Ucrania, mientras que otras se ignoran.

Aquí la separación de poderes no existe. Hay un solo hombre que tiene poder absoluto. Es el repartidor de oportunidades y el tesorero pagador. Nadie puede salirse del molde. Quien lo hace, como mi compañero Anacleto y tantos otros, termina en la cárcel.

Necesitamos que nuestra situación se visibilice para que la comunidad internacional actúe y nos ayude a poner fin a estas injusticias.

El espacio cívico en Guinea Ecuatorial es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

CIVICUS conversa con Fabián Werner, presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CAinfo), acerca de la Ley de Medios que se tramita en Uruguay.

CAInfo es una organización de la sociedad civil uruguaya dedicada a promover el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación social.

¿Cuál es la situación del espacio cívico en Uruguay?

En la sociedad civil coincidimos en que desde 2020 ha habido en Uruguay un retroceso sostenido en materia de libertad de expresión, lo cual ha redundado en una en una reducción del espacio cívico. Los cambios negativos se comenzaron a sentir desde que llegó al poder el actual presidente Luis Lacalle Pou, quien de inmediato envió al Congreso la controversial Ley de Urgente Consideración (LUC), una enorme ley ómnibus que incluía cambios regresivos en materia de libertad de expresión y de reunión pacífica.

La LUC, por ejemplo, amplió los márgenes de arbitrariedad de los agentes de seguridad para disolver manifestaciones con un criterio de uso del espacio público que es bastante discutible. Se aprobó en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19 y tuvo una discusión exprés, es decir, no tuvo el tratamiento parlamentario que se requiere para una ley con más de 200 artículos sobre temas de lo más variados. Cabe subrayar que la LUC no se ciñó a los propósitos de una ley de urgente consideración, que en un contexto de crisis económica debería enfocarse en proveer las herramientas para hacer frente a esa situación.

La regresión del espacio cívico que se ha producido en Uruguay es bastante particular, porque no ha habido ataques directos a la sociedad civil, a las fuentes de financiamiento o al reconocimiento legal de las organizaciones, como ha ocurrido en países como Ecuador o Nicaragua. Lo que vemos, en cambio, es un discurso de los principales voceros del gobierno que busca estigmatizar a periodistas y organizaciones que han sido críticos de la gestión gubernamental.

Si el proyecto de ley de medios que promueve el gobierno se aprueba, veríamos un retroceso aún mayor.

¿Necesita Uruguay una nueva ley de medios?

Uruguay no necesita una nueva ley, sino que se implemente bien la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue aprobada luego de un proceso participativo, abierto y democrático, con el asesoramiento de expertos y organismos internacionales. La sociedad civil ha reclamado reiteradamente por el hecho de que hay aspectos de esta ley que directamente no se aplican.

De aprobarse la ley que se está discutiendo en el Congreso, sería enorme el retroceso en materia de libertad de expresión y de derechos conquistados por grandes grupos en situación de vulnerabilidad y por otros que, antes de la ley vigente, nunca habían sido reconocidos en la legislación.

Es por eso que pensamos que lo mejor sería actualizar la ley de medios existente, siempre en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y apuntando a la implementación de aquellos aspectos que no han sido aplicados todavía, en lugar de reemplazar la ley con otra totalmente regresiva.

¿Cuáles son los cambios que plantea el proyecto?

En primer lugar, hay que hay que señalar el proyecto de ley que llegó del Poder Ejecutivo era mucho peor. El proyecto surgió del Partido Nacional, al cual pertenece el presidente, y no había sido negociado previamente ni siquiera con los demás partidos políticos que conforman la coalición de gobierno. La discusión del proyecto con los demás partidos en el Congreso permitió corregirlo y mejorarlo.

Pero el proyecto de ley profundiza algunos problemas y crea otros nuevos. Uno de sus efectos más regresivos tiene que ver con la concentración mediática, que impacta sobre la diversidad y la pluralidad. Uruguay tiene un sistema mediático híper concentrado, y la nueva ley permitiría legalizar situaciones de hecho que contravienen la ley vigente. Por ejemplo, el Grupo Clarín de Argentina tiene ocho licencias de televisión. Si se aplicara la ley vigente, que establece un máximo de tres, tendría que deshacerse de cinco. El nuevo proyecto, casualmente, fija en ocho el máximo de licencias que un grupo puede tener. Si se aprobara, también se consolidaría la situación de cuatro grupos locales que exceden largamente el límite que establece la ley actual.

El proyecto también abre paso a la extranjerización de los medios de comunicación. Entre los aspectos positivos de la ley vigente que se cumplen se encuentra la disposición de que los medios audiovisuales no pueden tener más de 49% de capital extranjero. El nuevo proyecto de ley borra este límite, permitiendo la extranjerización de los contenidos. Asimismo, plantea eliminar el pago del canon por las licencias de frecuencia –es decir, de la porción del espectro radioeléctrico– que otorga el Estado.

Es indudable que este proyecto de ley se redactó en acuerdo con los grandes grupos mediáticos uruguayos y extranjeros. Esto explica la coincidencia entre las situaciones de concentración de medios que hoy se dan de hecho y las disposiciones del proyecto que les darían cobertura legal.

¿Tendría la nueva ley algún efecto sobre la campaña para las elecciones de octubre?

Esta es una ley hecha a medida de los deseos y los requerimientos de los grandes grupos mediáticos. Cabe pensar que el hecho de que los canales favorecidos queden en deuda con los partidos en el gobierno en el año previo a las elecciones nacionales podría tener algún efecto.

Un tema que también se ha regulado por vía legal es el de la propaganda electoral gratuita. La ley actual dispone que las frecuencias son públicas y para usarlas las empresas deben solicitar licencias al gobierno. A cambio, están obligados a darles a los partidos políticos que participan de las campañas electorales tiempo de aire para transmitir sus mensajes electorales.

Los canales de televisión se referían a esto como una “expropiación” porque les privaba de recibir ganancias por este servicio. Esto es absolutamente falso, porque solo se puede ser expropiado de algo de lo que uno es propietario, y las frecuencias son del Estado. Ahora bien, el gobierno actual ha decidido compensar económicamente a los canales de televisión por el uso de esos minutos gratuitos para campaña electoral.

Podría esperarse entonces que en esta campaña electoral los canales de televisión abiertos comerciales, que son los principales beneficiarios de estos cambios, retribuyan de alguna manera la generosidad del gobierno al aprobar una ley hecha a su medida.

¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil frente al proyecto, y cómo ha avanzado el proceso legislativo?

El grupo Coalición por una Comunicación Democrática, compuesto por varias organizaciones sociales, encabeza la oposición a la derogación de la ley vigente y a la aprobación de este proyecto. Algunos partidos políticos de oposición también han hecho sentir su rechazo.

No ha habido, en cambio, fuertes reacciones de la ciudadanía en sentido amplio, en buena medida porque la mayoría de la gente se informa precisamente a través de los medios que se verían beneficiados por esta reforma, por lo que difícilmente llegue a la ciudadanía la información necesaria para tomar posición en este tema. De ahí que no haya habido reacciones masivas como sí las ha habido en relación con otros temas que han sido cubiertos de manera bastante más profunda por los medios.

El proyecto de ley fue aprobado en el Senado el 14 de mayo, con los votos de los legisladores oficialistas y en ausencia de la oposición. Sin embargo, un integrante de la coalición de gobierno, el partido nacionalista de derecha Cabildo Abierto, introdujo cambios en el proyecto que permitirían controlar los contenidos que emiten los medios, en desacuerdo con el resto de la coalición de gobierno.

La regulación de contenidos que propone el proyecto también ha sido rechazada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la UNESCO y la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y numerosos expertos internacionales. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que se legalice la censura previa, y ha instado a los legisladores uruguayos a ceñirse a los estándares internacionales sobre libertad de expresión.

A causa de los cambios introducidos, el proyecto ha regresado a la Cámara de Representantes, donde volverá a tratarse el 4 de junio.

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CIVICUS conversa acerca de las elecciones generales mexicanas del próximo 2 de junio con Luis Eduardo Medina Torres, profesor investigador de procesos electorales en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.

¿Qué es lo que está en juego en las elecciones del 2 de junio, y quiénes son los principales candidatos?

El 2 de junio se celebran elecciones generales, tanto presidenciales como legislativas. Están en juego la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 132 de la Cámara de Senadores.

Además, se realizan al mismo tiempo elecciones para los congresos de 31 estados, nueve gobernaciones y numerosas presidencias municipales. Estas elecciones subnacionales son importantes para la gobernabilidad de cada distrito.

Las elecciones presidenciales son las más destacadas, aunque la misma dinámica se reproduce en la competencia por las gubernaturas y otros cargos. Hay dos grandes coaliciones y un tercer partido que compite de manera independiente. La coalición gobernante está integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. La coalición opositora está formada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. El tercer partido, Movimiento Ciudadano, no espera ganar la presidencia, sino obtener escaños en el Congreso Federal.

Las dos coaliciones tienen importantes diferencias en política económica y de seguridad y algunas similitudes en lo que se refiere a la continuación de los programas sociales.

La propuesta de la coalición gobernante, con Claudia Sheinbaum a la cabeza, se centra en mantener los programas sociales actuales, continuar las grandes obras públicas del actual gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería en Tabasco, y sostener la política de seguridad de “abrazos, no balazos", como dice el slogan del gobierno.

La coalición opositora, encabezada por otra mujer, Xóchitl Gálvez, también apoya los programas sociales, aunque propone enfocarlos mejor. En política económica, busca reducir la deuda pública y facilitar la apertura de pequeñas empresas, haciendo los trámites más rápidos y accesibles. En seguridad, aboga por una estrategia más firme contra el narcotráfico, que incluya una reforma de la Guardia Nacional para reducir su militarización y mejorar la formación de los policías, enfocándose también en los derechos humanos.

¿Cómo se está desarrollando hasta el momento la campaña electoral?

La campaña ha sido aburrida. Ha habido tres debates presidenciales y varios debates para gubernaturas, incluyendo dos en la Ciudad de México, que no han tenido mucho contenido. Esto se debió al formato de los debates, que no permitieron una discusión real entre las partes. Los actos partidarios, por su parte, no han generado demasiado interés. La candidata oficial realizó un mitin en un estadio de fútbol, pero no logró llenarlo ni siquiera por la mitad.

Lamentablemente, lo más destacado de la campaña ha sido la violencia, con un alto número de candidatos asesinados. Al menos dos consultoras independientes llevan un conteo sistematizado de estos hechos desde 2015, y en esta ocasión la violencia se ha incrementado notablemente.

¿Cuáles son las causas de la violencia?

La primera causa es la influencia del crimen organizado, y especialmente el narcotráfico, en las elecciones. Esto sucede en otras partes de América Latina y del mundo, pero aquí se ha intensificado de manera preocupante.

La segunda causa es la política pública del gobierno federal, que intenta resolver la violencia mediante la reconstrucción del tejido social a través de programas sociales para que el mejoramiento de las condiciones económicas reduzca la dependencia y la vulnerabilidad de la gente en relación con el narcotráfico. Sin embargo, está claro que esta estrategia no ha funcionado. La violencia en general, y la violencia política en particular, han seguido aumentando. Aunque estos programas son beneficiosos para reducir la marginalidad y la pobreza, no abordan las causas estructurales de la violencia.

El tercer factor es la desesperación de algunas candidaturas por ganar a toda costa, buscando cualquier tipo de apoyo, ya sea legal o ilegal. Esto crea un ambiente propicio para la violencia cuando los acuerdos no se cumplen.

Morena controla todas las aduanas del país, incluyendo puntos estratégicos como Tapachula en el sur y Tijuana en el norte. Además, gobierna muchos municipios y estados donde hay mucha violencia política, como Guerrero y Morelos.

Todo esto ha creado un caldo de cultivo para la violencia. Todas las fuerzas políticas han tenido candidatos asesinados.

¿Cuán interesada está la ciudadanía en estas elecciones?

Las elecciones parecen haber generado un interés moderado entre la ciudadanía. Según las encuestas más recientes, alrededor del 66% de los votantes están al tanto y dispuestos a votar, lo cual se alinea con el promedio de participación electoral en América Latina, que ronda el 65%. Hay un 33% que expresa desinterés o falta de información.

A diferencia de otros países de la región, en México el voto es voluntario, por lo que la participación electoral puede variar mucho dependiendo del contexto social y político del momento. En este momento el ambiente electoral está bastante polarizado. La retórica de “ellos contra nosotros” ha permeado el discurso político, especialmente entre los seguidores del presidente López Obrador y sus opositores.

La polarización refleja en campañas y debates y afecta la percepción y participación ciudadanas. Tiende a desincentivar la participación de ciertos sectores de la población que, ante la confrontación constante y la falta de un diálogo constructivo, prefieren abstenerse. Este fenómeno se observa en grupos que, aunque conscientes de la importancia de su voto, se sienten desencantados o alienados por el tono agresivo del debate político.

¿Qué indican las encuestas en relación con los posibles resultados de la elección?

Las encuestas parecen indicar que habrá una combinación de continuidad y cambio. Es probable que el partido gobernante gane la elección presidencial, pero no con el margen que quisiera. Ellos esperan una diferencia de dos dígitos, pero es más probable que ganen por un margen de unos 8 o 9 puntos. No sería un mal resultado, pero no se alinea con sus proyecciones de una victoria abrumadora como la que obtuvo López Obrador en 2018.

Aunque a nivel del ejecutivo federal es altamente probable que haya continuidad, posiblemente haya cambios en otros niveles. En primer lugar, Morena perderá representación legislativa y tendrá que negociar con la oposición, algo a lo que no está acostumbrado. Hasta ahora, el gobierno ha tendido a presentar iniciativas sin disposición a realizar cambios, lo que ha resultado en numerosos fracasos legislativos. En un escenario de gobierno dividido, tendrá que ceder para obtener apoyo en el Congreso, comenzando con temas cruciales como el presupuesto. Esto podría generar un ambiente legislativo más plural y menos polarizado.

También se esperan cambios en los gobiernos locales. Morena corre con ventaja en estados sureños como Chiapas y Tabasco, pero en otros estados enfrenta una competencia reñida. La Ciudad de México, en manos de Morena, está dividida en forma bastante pareja entre gobierno y oposición. La ciudad enfrenta problemas graves como la escasez de agua y fallos en la infraestructura del metro. Estos temas han sido aprovechados por la oposición y la elección será muy competitiva.

De las nueve gobernaciones en disputa, se espera que Morena termine controlando cuatro, que la oposición gane otras cuatro y la restante quede en manos de un tercer partido. Actualmente, Morena controla 20 de los 32 estados, pero esto podría cambiar. La reducción del poder territorial de Morena podría complicar la implementación de políticas a nivel local. Se avecinan años interesantes, con un escenario político y de gobernabilidad diferente al de los últimos seis.

Estos cambios pueden ser positivos. Un mayor equilibrio de poderes puede ayudar a prevenir excesos y fomentar la negociación, fortaleciendo la democracia.

El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Johanna Cilano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, acerca de la protesta en Cuba y los desafíos del activismo en un espacio cívico cerrado.

Amnistía Internacional es una organización internacional de la sociedad civil que lucha por los derechos humanos en más de 150 países de todo el mundo.

¿Sigue habiendo protestas en Cuba tras la represión de las movilizaciones masivas de 2021?

El monitoreo que Amnistía Internacional hace permanentemente de la situación en Cuba revela que la protesta social en los últimos años se ha incrementado. Han ocurrido eventos de protesta de manera sostenida en casi todo el país. Por ejemplo, en 2022 hubo protestas relevantes en la ciudad de Caimanera en mayo y en Maisí en octubre. Las más recientes fueron en marzo de este año en las ciudades de Bayamo y Santiago de Cuba.

Las protestas ocurren aún en un contexto de represión sistemática. Las restricciones del ejercicio de las libertades de expresión y reunión pacífica se intensificaron con la entrada en vigor en diciembre de 2022 de un nuevo Código Penal que supone grandes riesgos para periodistas independientes, activistas y toda persona crítica con las autoridades. Las tácticas de represión incluyen criminalización, detenciones arbitrarias y hostigamiento contra activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, cortes generales y selectivos de internet, y la aplicación de sanciones administrativas derivadas de disposiciones como el decreto 370 sobre ciberseguridad.

¿Quiénes son los manifestantes, cómo se organizan y cuáles son sus demandas?

La protesta social se vincula con el contexto de crisis económica persistente que vive Cuba, derivada de causas estructurales y no solo atribuible a las sanciones del gobierno de Estados Unidos. La “tarea ordenamiento”-un conjunto de medidas de unificación monetaria, establecimiento de un nuevo tipo de cambio oficial y fijación de precios, salarios y pensiones-, y otras medidas económicas han tenido impactos severos sobre el acceso a alimentos y a servicios básicos cada vez más deteriorados y precarios. Los detonantes de las protestas incluyen los cortes eléctricos y la escasez de alimentos y medicinas.

Es importante señalar el carácter espontáneo, autoconvocado, la dispersión geográfica y la autonomía de estas protestas, donde la articulación local previa es prácticamente nula. En las protestas de marzo se destacó particularmente el rol de las mujeres, y específicamente de las que son madres. Sin embargo, aunque el detonante fue la crisis alimentaria y de servicios públicos como la electricidad, también hubo reclamos de cambios estructurales en la dirección del país. Reapareció la consigna “Libertad y Patria y Vida” y se escucharon quejas sobre la ineficiencia de las autoridades.

¿Cómo han respondido las autoridades?

El Estado cubano ha tratado de reimponer la cultura del miedo para que las personas no se atrevan a ejercer los derechos a las libertades de expresión y reunión pacífica. Para ello ha aprobado leyes penales aún más estrictas y las ha utilizado para criminalizar a muchas personas que han participado en protestas, deteniéndolas arbitrariamente y procesándolas por delitos como el de “desórdenes públicos”.

El Estado ha recurrido a patrones represivos conocidos, como el corte general de internet en los lugares donde estallan protestas para evitar el flujo de comunicación y el efecto contagio que tuvieron las redes sociales en las protestas del 11 de julio de 2021. También despliega fuerzas policiales y militares en las zonas donde ocurren manifestaciones, así como en zonas de especial interés como la capital del país. Asimismo, recurre al hostigamiento en tanto que medida preventiva o disuasiva. Esto incluye citaciones para interrogatorios, visitas de policías, agentes de seguridad del Estado o autoridades locales y detenciones arbitrarias de activistas, personas defensoras de derechos humanos e integrantes de grupos de oposición, incluidos muchos que ni siquiera participaron en las protestas.

Hasta abril de 2024 la organización Justicia 11J ha documentado más de 1900 personas detenidas en relación con protestas desde el 11 de julio de 2021, 800 de las cuales aún se encuentran encarceladas.

En los últimos cuatro años, a la par del incremento de la protesta social, las autoridades han sometido a artistas, intelectuales y otras voces críticas a alarmantes niveles de vigilancia. Periodistas y activistas se encuentran a menudo con presencia policial frente a sus casas y saben que pueden ser detenidos en cualquier momento, lo cual tiene un fuerte impacto sobre su privacidad, su libertad de movimiento e incluso su capacidad de trabajar. En algunos casos la situación es de arresto domiciliario de facto.

La novedad de las protestas de marzo de este año fue que la respuesta estatal incluyó la provisión de algunos alimentos y el restablecimiento del servicio de electricidad en las zonas de las protestas. Más que a ofrecer soluciones estructurales, estas medidas parecieron estar orientadas a aplacar y desactivar los reclamos, al menos temporalmente. Al mismo tiempo se repitió la estrategia mediática de deslegitimar y minimizar la protesta y responsabilizar al bloqueo y a la política norteamericana y al exilio cubano como instigadores de las manifestaciones.

¿Cómo logra el activismo de la sociedad civil continuar su trabajo en un contexto de espacio cívico cerrado?

En Cuba casi toda posibilidad de ejercicio de los derechos a las libertades de expresión, asociación y reunión pacifica es indebidamente restringida o injustamente sancionada. El artículo 120.1 del Código Penal permite castigar a quien “ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano” con entre cuatro y diez años de privación de libertad. Además, el artículo 143 prohíbe la recepción y uso de fondos cuando se considere que su propósito es “sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional”. Quien sea encontrado culpable de poseer fondos que se estime que tienen esos fines puede ser castigado con entre cuatro y diez años de prisión.

Personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas y periodistas realizan su labor en un entorno de hostigamiento, acoso y criminalización. Llevan años esperando cambios legales e institucionales para mejorar esta situación, que han sido repetidamente anunciados y luego aplazados.

En este escenario ha sido clave la ventana de oportunidad abierta por el uso de tecnologías de la comunicación y específicamente de las redes sociales. Éstas han marcado un antes y un después en las protestas. Junto con ello, la valentía y el compromiso del activismo y la creatividad para generar nuevos espacios han sido fundamentales para mantener viva la defensa de los derechos humanos en Cuba.

¿De qué manera podrían la sociedad civil internacional y latinoamericana apoyar más efectivamente al activismo cubano?

En Amnistía Internacional creemos firmemente en el poder de la solidaridad global. Durante décadas, junto a activistas y organizaciones de derechos humanos cubanas y otras organizaciones hermanas, hemos documentado y denunciado la represión de la disidencia, las violaciones a la libertad de expresión y reunión pacífica, y el encarcelamiento injusto de activistas, artistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Nuestra labor ha sido movilizar la solidaridad global frente a las injusticias cometidas por las autoridades, que continúan hasta el día de hoy. Las personas pueden apoyar nuestro trabajo y al activismo cubano siguiendo nuestras redes sociales, pueden compartir nuestro contenido y denuncias, donar, escribir a sus gobiernos, y participar en eventos.

El compromiso de la sociedad civil internacional con la promoción y defensa de los derechos humanos en Cuba también es vital para visibilizar y reconocer la valentía de quienes, con su acción y compromiso, han desafiado las restricciones indebidas de sus libertades más fundamentales, pagando uno de los precios más altos: su libertad.

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CIVICUS conversa acerca de los resultados de las recientes elecciones presidenciales de Panamá con Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana es una organización de la sociedad civil que trabaja en defensa de las libertades fundamentales, la formación de la ciudadanía para la participación democrática y el fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la transparencia y la lucha anticorrupción.

¿Quién es José Raúl Mulino, y por qué ganó las elecciones?

Mulino ganó las elecciones en gran medida debido a la popularidad y carisma del expresidente Ricardo Martinelli, y también en parte debido a las particularidades del sistema electoral panameño.

Martinelli hizo campaña a pesar de estar inhabilitado para ser candidato o ejercer cargos públicos tras haber sido condenado por lavado de activos en el marco de un gran esquema de corrupción relacionado con sobreprecios en la construcción de carreteras. Inicialmente intentó que su esposa se postulara como su compañera de fórmula, suponemos que para luego dejarle su lugar si sus deudas con la justicia le imposibilitaban competir. Sin embargo, debido a que la constitución prohíbe al presidente nombrar a familiares de primero o segundo grado, desistió de ese plan.

En lugar de a su esposa nombró a Mulino, quien fue su ministro de seguridad entre 2009 y 2014. La sentencia contra Martinelli quedó firme en febrero: fue condenado a más de 10 años de cárcel y, para no ir a prisión, buscó asilo en la embajada de Nicaragua. El Tribunal Electoral habilitó a Mulino para que tomara el lugar de Martinelli. Esta decisión fue apelada con una demanda de inconstitucionalidad, pero dos días antes de las elecciones la Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Electoral.

Condenado y todo, Martinelli mantuvo su enorme popularidad y, desde el encierro en la embajada, inició una campaña mediática basada en la consigna “Mulino soy yo”, para intentar traspasar a Mulino el núcleo duro de su apoyo electoral, estimado en entre 30 y 35%.

Como en Panamá el presidente es elegido por pluralidad simple de votos, sin segunda vuelta, habiendo ocho candidatos en competencia, Mulino fue electo con el 34% de los votos.

Este sistema electoral debería ser revisado para garantizar la voluntad popular. Cabe destacar, sin embargo, el civismo de los panameños, quienes aceptaron pacíficamente el resultado aunque la mayoría había votado en contra del presidente electo.

¿Cuáles fueron las promesas de campaña de Mulino?

Entre las promesas de Mulino se destacaron las de “poner ‘chen-chen’ (dinero) en el bolsillo” de la gente y construir obras de infraestructura, y específicamente un tren para conectar la ciudad de David, en el extremo este del país, con la ciudad de Panamá. Las justificaciones esgrimidas son que mejoraría el transporte entre el interior y la capital, y estimularía el desarrollo económico en regiones apartadas y postergadas.

Otro tema recurrente de la campaña de Mulino fue la necesidad de acabar con la llamada “persecución judicial”. Es que en el partido de Martinelli hay muchas personas imputadas en casos de corrupción durante su administración. Varias de estas personas fueron electas para el Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fueros ante acciones judiciales, según un tratado que equipara sus privilegios con los de los diputados nacionales.

Durante la campaña también se mencionó la posibilidad de “cerrar” el Tapón del Darién, es decir, la frontera con Colombia, para frenar el flujo migratorio por esa selva. Sin embargo, la viabilidad e impactos de esta medida no están claros. Las prohibiciones impuestas anteriormente para detener la migración no han hecho otra cosa que alentar la clandestinidad y profundizar los problemas humanitarios. La situación del Darién es compleja y requiere soluciones de fondo.

Estas promesas claramente fueron populares entre algunos sectores de la población, pero su viabilidad y potenciales consecuencias deberían ser cuidadosamente consideradas.

Finalmente, otra promesa fue “ayudar” al expresidente Martinelli. Todavía no está claro qué forma tomará esa ayuda. El presidente electo ha declarado que su gobierno se ceñirá al Estado de Derecho, y su primera gran prueba será la solución del impasse del expresidente asilado en la embajada de Nicaragua, desde la cual sigue tratando de influir sobre la política nacional.

¿Qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para abordar los principales desafíos sociales y económicos del país?

El nuevo gobierno deberá tomar decisiones críticas en un contexto de profunda crisis económica. Entre ellas se destaca el rescate del sistema de seguridad social.

Panamá es uno de los países más desiguales del mundo. La informalidad laboral ha alcanzado el 55%, con 20.000 empleos que no se han recuperado desde la pandemia. El Seguro Social está en peligro de quiebra: atiende al 80% de la población, aunque solo el 30% cotiza. El sistema de jubilaciones y pensiones carece hoy de los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones a futuro, y podría colapsar.

El problema económico se agrava con la caída de la inversión. La deuda pública ha aumentado a 49 mil millones de dólares sin que haya habido inversiones claras en infraestructura o generación de empleo. El Estado debería hacer un primer gran pago de deuda en tres meses, pero no parece tener los fondos suficientes para afrontarlo.

El presidente electo ha anunciado que buscará formar un gobierno de unidad nacional. No está claro qué forma tomará, pero es evidente que ante tamaños problemas, la única vía es un gobierno de coalición o alguna forma de colaboración intersectorial. Por las declaraciones del presidente electo, el empresariado sería su aliado natural en la búsqueda de soluciones.

¿En qué condiciones trabaja la sociedad civil en Panamá? ¿Cabe esperar cambios bajo el nuevo gobierno?

Al acercarse las elecciones, enfrentamos un fenómeno recurrente en nuestra pequeña sociedad civil: un éxodo hacia la actividad política partidista. Aunque algunas organizaciones de la sociedad civil, como la nuestra, están profesionalizadas –es decir, tienen gobernanza, personal administrativo, presupuesto y estructuras definidas–, la mayoría depende del voluntariado. Tradicionalmente, después de las elecciones se observa un éxodo inverso, desde los partidos políticos no ganadores hacia la sociedad civil.

Además, son pocas las organizaciones que centran su trabajo en la incidencia en favor de los derechos y libertades civiles y políticas y la gobernanza democrática. La mayoría se enfoca en la provisión de asistencia para la pobreza o la provisión de servicios sociales como salud o educación, y en ese sentido son más bien socias del Estado en la implementación de sus programas. Con todo, en los últimos años hemos presenciado un aumento en el activismo y la formación de nuevos grupos identitarios que reivindican la igualdad de derechos, al tiempo que nuevos grupos de jóvenes han surgido en el plano nacional como la fuerza política y social mayormente responsable del éxito de las movilizaciones nacionales en octubre y noviembre del 2023 contra la minería a cielo abierto.

En el proceso electoral de 2024, si bien la participación de la sociedad civil siguió siendo limitada, ya que son pocas las organizaciones dedicadas a promover valores cívicos o libertades fundamentales, sí vimos múltiples iniciativas no partidistas de generar voto informado y varias organizaciones nos aliamos en ese esfuerzo.

No sabemos qué pasará bajo el nuevo gobierno, pero nos preocupan los antecedentes del gobierno de Martinelli, que limitó el espacio cívico con tácticas de intimidación contra las organizaciones civiles críticas, sumadas a un hostigamiento judicial contra activistas y periodistas. No está claro qué patrón seguirá el gobierno de Mulino, pero tendremos que estar atentos para resistir ante cualquier intento de limitar derechos y libertades fundamentales o restringir el espacio cívico.

El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Manuel Páez Ramírez, abogado del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), acerca de la opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos que Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

AIDA es la única organización regional de expertos legales ambientales en América Latina que combina la utilización el derecho con la ciencia para buscar soluciones sostenibles para toda la región.

¿Por qué Chile y Colombia pidieron una opinión consultiva sobre cambio climático a la Corte IDH?

Los actuales gobiernos de Chile y Colombia prometieron a sus ciudadanos un mayor compromiso estatal en la garantía de los derechos humanos y en la implementación de políticas de mitigación y adaptación frente a la crisis climática. Acudieron al tribunal regional, la Corte IDH, para que los orientara sobre sus deberes y obligaciones a la hora de proteger los derechos humanos de sus habitantes ante los impactos negativos de la crisis climática global. La opinión consultiva de la Corte también servirá de guía para los otros países de la región que aceptan su jurisdicción.

Tiene sentido acudir a un tribunal de derechos humanos con un tema de cambio climático porque el goce de los derechos humanos depende de un entorno adecuado para la vida humana. Las personas necesitan de un ambiente sano y un clima estable y seguro para ejercer plenamente su libertad y sus derechos a la salud, educación, vivienda y alimentación adecuada, entre otros.

¿Para qué sirve una opinión consultiva de la Corte IDH?

Las opiniones consultivas de la Corte IDH consolidan nuestra comprensión de los derechos humanos. Ofrecen interpretaciones autorizadas de los tratados de derechos humanos adoptados por los Estados de la región y de los deberes, autorizaciones y prohibiciones que se derivan de ellos. Sirven como parámetro jurídico para evaluar acciones y omisiones de los Estados. Son un elemento de juicio relevante a la hora de establecer responsabilidades de los Estados por posibles violaciones.

La opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia aclarará cuáles son las obligaciones de los Estados frente a la crisis climática. En un escenario optimista, determinará con cierta precisión qué políticas y programas deben emprender urgentemente para evitar mayores pérdidas y daños entre su población a causa del calentamiento global o de eventos climáticos extremos como inundaciones, sequías y huracanes, que son cada vez más frecuentes.

Esta opinión consultiva podría lograr cambios profundos si contribuye a la producción de sentencias judiciales que obliguen a los Estados a crear o implementar programas para la adaptación y mitigación de los impactos de la crisis climática. La opinión de la Corte reforzará los argumentos jurídicos para exigir tales medidas de forma inmediata como una forma de proteger los derechos humanos.

¿Cómo es el proceso para obtener una opinión consultiva de la Corte IDH?

El artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José, contempla la posibilidad de que cualquier miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y algunas de las instituciones que la integran consulten a la Corte IDH sobre la manera en que deben interpretarse sus cláusulas o las de “otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos” en el continente. El objetivo de las opiniones consultivas es interpretar tratados internacionales, precisar sus alcances, determinar las obligaciones concretas que imponen y desarrollar las garantías que brindan a los habitantes del continente.

Según el reglamento de la Corte, quien solicite una opinión consultiva deberá formular preguntas específicas y explicar los motivos que la originan. Una vez recibida la consulta, la Secretaría de la Corte la transmite a todos los Estados miembros y a los organismos del sistema interamericano de derechos humanos para que puedan presentar sus observaciones de forma escrita. Luego se abre un plazo para que cualquier persona o entidad interesada manifieste sus consideraciones sobre los interrogantes planteados y la manera en la cual deberían resolverse. Posteriormente, si lo estima conveniente, la Corte convoca a audiencias orales para escuchar a los Estados e intervinientes en el trámite y, si fuera necesario, formularles preguntas y pedirles aclaraciones sobre los escritos enviados. En el caso presentado por Chile y Colombia, tales audiencias tuvieron lugar en Barbados y continuarán en Brasil.

En la fase final, la Corte delibera en privado y adopta una decisión que luego es notificada a todos aquellos que participaron del procedimiento. Si bien no hay una fecha determinada para la emisión de esta opinión, se espera que la Corte se tome un plazo aproximado de un año para publicarla.

¿Qué rol están desempeñando en el proceso AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil?

El rol de organizaciones de la sociedad civil como AIDA se materializa a través de los escritos denominados amicus curiae – literalmente, “amigo del tribunal”, que según el reglamento de la Corte se refiere a “la persona o institución ajena al litigio y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia”.

El mencionado reglamento autoriza la presentación de escritos por quienes estén interesados en los interrogantes planteados en la opinión consultiva que la Corte deberá absolver. Personas e instituciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos elaboran conceptos jurídicos o aportan insumos documentales para contribuir en el debate judicial y promover una interpretación adecuada de la temática bajo estudio.

Bajo estas premisas, numerosas comunidades, expertos, organizaciones de la sociedad civil y centros educativos de todo el mundo enviaron sus observaciones a la Corte IDH para plantear sus preocupaciones y sugerencias sobre la forma de interpretar las obligaciones estatales frente a la emergencia climática con un enfoque de derechos humanos.

Los amicus curiae remitidos por organizaciones como AIDA le ofrecen a la Corte un panorama de las repercusiones socioambientales del calentamiento global en el continente, con énfasis en pueblos indígenas, mujeres, niñas y personas LGBTQI+ y ecosistemas vulnerables como los arrecifes de coral. Brinda testimonios y evidencias directas sobre los perjuicios que ha ocasionado, formula recomendaciones y ofrece argumentos jurídicos para exigir una acción estatal efectiva y oportuna.

¿Cómo trabaja AIDA en la defensa del medio ambiente y los derechos humanos?

AIDA es una organización regional que combina el uso de la ciencia con el derecho para la protección del ambiente y los derechos humanos. Empleamos las herramientas jurídicas de forma creativa y en trabajo conjunto con las comunidades que apoyamos en todo el continente.

Además de participar en procesos como el de la opinión consultiva, presentamos peticiones individuales ante el sistema interamericano de derechos humanos y quejas en espacios internacionales, por ejemplo ante las instituciones que financian proyectos con fuertes impactos climáticos considerables. Hacemos litigio climático a nivel interno y acompañamos a organizaciones locales a exigir sus derechos en tribunales nacionales.

Una victoria judicial que quisiera destacar es la reciente sentencia de la Corte IDH en el caso de La Oroya contra Perú. AIDA brindó asistencia jurídica a una comunidad afectada por la contaminación derivada de una explotación minera efectuada durante décadas, que produjo graves afectaciones en la vida, salud y dignidad de un pueblo. La sentencia, que sienta precedente a nivel regional, obligó al Estado peruano a reparar las lesiones colectivas ocasionadas por el abandono estatal en la zona y a tomar las medidas necesarias para evitar que estos crímenes socioambientales se repitan.

Póngase en contacto con AIDA a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @Aidaespanol en Twitter.

CIVICUS conversa con Regina Fonseca, coordinadora del programa Fortaleciendo el Derecho a Decidir del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), sobre el caso que la organización llevó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) en busca de cambios en la restrictiva legislación hondureña sobre el aborto.

El CDM es una organización de la sociedad civil hondureña feminista, autónoma, crítica y propositiva, que lucha por los derechos humanos de las mujeres.

¿Por qué llevaron un caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU?

Honduras es un país hostil para las mujeres y sus libertades reproductivas, lo cual se refleja en casos como el de Fausia, una mujer indígena y defensora de derechos humanos del pueblo Nahua que sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada producto de la prohibición total del aborto. Recurrimos a los organismos internacionales porque agotamos todas las posibilidades de búsqueda de justicia reproductiva en el país.

El de Honduras es un caso muy particular, porque la constitución prohíbe explícitamente el aborto, que además está criminalizado sin excepciones en el Código Penal que rige desde 2020. El aborto ya era penalizado bajo el antiguo código penal, por lo que cuando se inició la discusión legislativa de un código penal nuevo tuvimos la esperanza de que esto pudiera cambiar, y trabajamos duramente para ello. Sin embargo, la prohibición y criminalización del aborto se trasladaron intactas del código anterior.

Frente a esto nosotras interpusimos un recurso de inconstitucionalidad, y luego, cuando en 2021 la prohibición también se incluyó en la constitución, reclamamos por considerarla violatoria de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos. La prohibición del aborto en todas las circunstancias viola derecho a la vida y a la salud de las mujeres, así como los principios de dignidad humana, igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos humanos.

La Corte Suprema de Justicia admitió el recurso que presentamos, pero falló en contra. Interpusimos una apelación, el último recurso que nos quedaba, pero la Corte Suprema ratificó su sentencia.

Por eso, junto con el Centro de Derechos Reproductivos, llevamos el caso de Fausia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pidiendo justicia para ella y garantías de no repetición para que ninguna mujer hondureña tenga que pasar por la misma situación. Esperamos que el Comité de Derechos Humanos recomiende al Estado hondureño que regule el aborto fuera del ámbito penal, como un servicio de salud, e implemente protocolos de acceso tanto a la interrupción del embarazo como a la anticoncepción de emergencia en el marco de los servicios de salud pública.

¿Por qué consideran que la prohibición total del aborto es una violación de los derechos humanos?

La prohibición absoluta de la interrupción del embarazo resulta en embarazos y maternidades forzadas, violatorias de la autonomía reproductiva, como ocurrió con Fausia y con miles de mujeres más. Cada año, más de mil niñas hondureñas menores de 14 años se convierten en madres, producto de violación sexual. Es posible que sean muchas más, porque muchas veces las familias no hacen la denuncia.

La prohibición total del aborto produce muertes de mujeres con complicaciones de salud que les impiden llevar adelante el embarazo. El aborto clandestino e inseguro también produce numerosas muertes o problemas graves de salud. Obviamente, las mujeres que pueden costear un aborto clandestino en condiciones relativamente seguras así lo hacen, pero esto no está al alcance de la mayoría. Las mujeres más jóvenes, rurales, de pueblos originarios o con discapacidad y los hombres trans son los más vulnerables, por carecer de recursos para buscar soluciones seguras con personal capacitado.

No tenemos datos fiables sobre los impactos de un embarazo no deseado sobre la salud mental, pero personalmente, conocí a una mujer que se suicidó por este motivo. También conocí el caso de una mujer con un embarazo que había sido muy deseado, pero cuyo feto se desarrollaba sin cerebro. Aun así, no se le permitió interrumpir el embarazo y sufrió desde que se enteró de la prognosis hasta que dio a luz a un bebé que murió a los pocos minutos. La angustia emocional de un embarazo no deseado y la perspectiva de una maternidad forzada son una forma de tortura, especialmente en casos de violación o malformación congénita incompatible con la vida.

Por todo ello consideramos que la prohibición total del aborto viola los derechos humanos. Ante la falta de opciones frente a un embarazo no deseado, las mujeres ponen en riesgo su salud física y mental e incluso su vida. Y esto es injusto y discriminatorio. Al fin y al cabo, no hay en Honduras ninguna ley que obligue a un hombre a hacer nada que ponga en riesgo su salud o su vida. Estas leyes refuerzan las jerarquías y desigualdades de género.

¿Cómo trabajan las feministas hondureñas para promover los derechos de las mujeres?

Nosotras intentamos construir narrativas alternativas a las narrativas dominantes, que son fuertemente antiderechos. Tenemos poca capacidad de incidencia con los representantes políticos, porque las élites políticas hondureñas temen perder votos si adoptan posturas favorables a los derechos de las mujeres. Funcionan en sintonía con una sociedad profundamente conservadora, empobrecida, con bajos niveles de educación y fácilmente manipulable por los medios y las iglesias, ya sean católicas o evangélicas.

Los grupos antiderechos hondureños utilizan las mismas tácticas y argumentos que en el resto de la región. Están muy articulados a nivel transnacional y cuentan con considerables recursos, en parte porque están muy cerca de los poderes políticos o incluso ocupan posiciones de poder institucional.

Es difícil construir narrativas alternativas cuando la narrativa predominante es “con mis hijos no te metas”, porque el slogan parte de una preocupación legítima de los padres de que nadie dañe a sus hijos. Enfrentar estas narrativas requiere de una reflexión más profunda, para la cual generalmente no hay ni tiempo ni espacio en las campañas o medios de comunicación.

Los cambios que conseguimos en términos de sensibilización de la población son limitados. En los medios tradicionales, los dueños de los medios suelen vetar el tema. En las redes sociales, la gente – que en general tiene un bajo nivel de educación formal – cae fácilmente presa del discurso antiderechos que agrupa todos los reclamos de igualdad, libertad y autonomía de género como parte de la agenda repudiable de la “ideología de género”.

Frente a esto, hacemos esfuerzos por ampliar los diálogos entre mujeres, llevamos a cabo procesos de formación feminista, nos articulamos para realizar activismo de calle e intentamos incidir para lograr cambios progresivos. Pero partimos muy desde abajo: en Honduras, la educación sexual no está permitida en el currículo de la educación pública.

El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa sobre la erosión del derecho internacional humanitario en el contexto de la guerra en Gaza y otros conflictos en curso con Marco Sassòli, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Ginebra, Suiza.

¿Qué es el derecho internacional humanitario?

El derecho internacional humanitario es la parte del derecho internacional destinada a reducir el alcance de la violencia que se desarrolla durante los conflictos armados y a proporcionar cierto nivel de protección a quienes no participan directamente en las hostilidades. Se aplica tanto a los conflictos internacionales como a los no internacionales. Sus normas están contenidas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977, y son complementadas por el derecho consuetudinario.

Aunque el derecho internacional humanitario se respetara completamente, en los conflictos seguirían muriendo muchas personas, tanto combatientes como civiles. Lo que busca el derecho internacional humanitario es minimizar el sufrimiento humano en la mayor medida posible.

¿Se están respetando en Gaza los principios del derecho internacional humanitario?

El derecho internacional humanitario no está siendo suficientemente respetado en Gaza, como tampoco en otros conflictos en curso que reciben menos atención, como los de la República Democrática del Congo, Etiopía y Sudán. Tanto Israel como Hamás están cometiendo violaciones. Pero el hecho de que una de las partes en conflicto cometa violaciones no justifica en modo alguno que la otra haga lo mismo.

El derecho humanitario debe aplicarse independientemente de quién tenga o no tenga razón. Los palestinos tienen derecho a la autodeterminación e Israel tiene derecho a la autodefensa, pero ambos deben respetar el derecho humanitario. Por desgracia, ninguna de las partes lo hace. Hamás ataca indiscriminadamente ciudades israelíes, mata, viola y toma rehenes. Israel viola el derecho internacional humanitario cuando establece asentamientos en Cisjordania, pone obstáculos para que el Comité Internacional de la Cruz Roja pueda visitar a prisioneros palestinos y realiza ataques contra Gaza, los cuales ya han causado más de 30.000 muertes de palestinos.

En comparación con los 1.200 israelíes que han muerto en el conflicto, la desproporcionalidad es sorprendente. Pero lo que cuenta para el derecho internacional humanitario es que, en cada ataque, el impacto sobre la población civil no resulte excesivo en relación con la ventaja militar esperada, y lo cierto es que a menudo no sabemos cuán importante es esa ventaja. Aun así, no es plausible que haya tantos objetivos militares en Gaza que sean tan importantes como para justificar la muerte de tantos civiles, algo que cabía esperar tratándose de una zona tan densamente poblada.

El gobierno israelí está haciendo todo lo posible para evitar lo que creo que es la única solución viable para este conflicto, es decir, la solución de dos Estados. Hamás, por su parte, declara que su misión es eliminar a Israel, cuya mera existencia considera una injusticia. Mientras persistan estas posturas, el conflicto armado continuará.

¿Qué es la regla de proporcionalidad?

Según el derecho internacional humanitario, debe existir una relación proporcional entre la ventaja militar obtenida al atacar un objetivo militar y el riesgo que ello representa para la población civil. Antes de realizar el ataque, es necesario confirmar que el sitio es utilizado con fines militares, y deben evaluarse las ventajas de eliminar el objetivo en comparación con los costos.

Aunque carecemos de información suficiente para confirmar violaciones del derecho internacional humanitario, llama la atención la cantidad de veces que los israelíes han justificado sus ataques alegando que los sitios estaban siendo utilizados para operaciones militares. Incluso si esto fuera cierto, sigue en pie la cuestión de hasta qué punto estos objetivos eran importantes para Israel, es decir, si se respetó la norma de proporcionalidad. No es plausible que todas esas veces se tratara de objetivos tan importantes como para justificar semejante cantidad de víctimas civiles.

Israel también afirma que Hamás oculta a sus combatientes entre la población civil, a la que utiliza como escudos humanos, lo que constituye una clara violación del derecho internacional humanitario. Pero esto también se complica por el hecho de que Gaza es uno de los lugares más densamente poblados del mundo.

¿Están los trabajadores humanitarios protegidos por el derecho internacional humanitario?

La principal preocupación del derecho humanitario no es proteger a los trabajadores humanitarios, sino garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil, que a menudo necesita de los trabajadores humanitarios para recibir asistencia básica.

Israel insiste, de conformidad con el derecho internacional humanitario, en que la ayuda humanitaria en Gaza debe beneficiar exclusivamente a los civiles, y no a los combatientes de Hamás. Pero esto es imposible de controlar, y aquí es donde entra nuevamente en juego el principio de proporcionalidad. Si la población está al borde de la inanición, los costos de suspender la ayuda de la cual dependen millones de civiles son mucho mayores que el beneficio que Hamás podría obtener si lograra acceder a dicha ayuda.

Luego está el problema de la distribución de la ayuda. En un contexto de bombardeos intensos, ninguna organización humanitaria está dispuesta a poner en peligro a su personal. No creo que Israel esté atacando deliberadamente a los trabajadores humanitarios, pero tampoco está tomando las precauciones adecuadas, y los bombardeos indiscriminados ponen en alto riesgo a los trabajadores humanitarios. Hemos visto situaciones similares en Ucrania.

¿Cómo ha respondido la comunidad internacional a las violaciones del derecho internacional humanitario?

El único órgano que podría tomar decisiones vinculantes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), ha sido incapaz de actuar en Gaza, sobre todo por el uso que hace Estados Unidos de su derecho de veto. El CSNU emitió resoluciones para garantizar la entrada de ayuda humanitaria, pero fue incapaz de producir una resolución vinculante para exigir un alto el fuego.

En virtud de los Convenios de Ginebra, los Estados tienen la obligación no solamente de respetar el derecho internacional, sino también de hacer que los demás lo respeten. Aunque el fin sea justo, el silencio no debería ser una opción cuando los medios violan el derecho internacional. Los Estados deben presionar a Israel para que respete el derecho internacional en situación de conflicto, aunque apoyen el derecho de Israel a existir. De igual modo, los Estados con influencia sobre Hamás y quienes apoyan un Estado palestino independiente deben condenar los métodos que Hamás utiliza para conseguirlo. Los Estados árabes deberían haber condenado firmemente los hechos del 7 de octubre, porque una crítica procedente de sus aliados habría tenido más probabilidades de influir sobre la conducta de Hamás.

¿Cuáles son las implicaciones más amplias del conflicto de Gaza?

No se trata solamente de Gaza. Hay mucha más cobertura mediática de Gaza que de otros conflictos en curso que a nadie parecen importarle demasiado. Y este tratamiento desigual de las violaciones de las normas internacionales es peligroso. El doble rasero erosiona los principios del derecho internacional humanitario y socava su credibilidad.

Para sostener la legitimidad de estos principios, los Estados occidentales que criticaron con vehemencia el uso de municiones de racimo por parte de Rusia en Ucrania deberían hacer lo mismo cuando Israel comete acciones similares. Y las violaciones del derecho internacional humanitario en Sudán deberían dar lugar al mismo tipo de condena encarnada en las actuales movilizaciones estudiantiles a favor de Palestina.

Creo que el verdadero desafío a las normas internacionales comenzó con Ucrania. Es cierto que en 2022 una cantidad de personas 20 veces mayor murió en el marco del conflicto en Etiopía que en el de Ucrania. Lo que hizo que Ucrania fuera tan relevante para la evolución del derecho internacional humanitario es que fue allí donde la neutralidad pareció dejar de ser aceptada por la opinión pública.

Un aspecto crucial del derecho humanitario es que las dos partes en conflicto deben atenerse a las mismas normas. Este principio solía ser aceptado por la opinión pública y por los gobiernos europeos y norteamericanos... hasta Ucrania. En ese momento todos criticaron a Rusia, y con razón, pero muy pocos criticaron a Ucrania. Ucrania es sin duda víctima de una agresión y tiene derecho a defenderse, pero la forma en que lo hace debería importar.

Esto se ha exacerbado en Gaza. Muchos creen que el derecho internacional humanitario es una construcción europea y que la comunidad internacional sólo se preocupa por él cuando las víctimas son personas occidentales blancas. Aunque en mi opinión esta acusación no está justificada, la comparación entre Ucrania y Gaza es problemática. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que el asedio ruso a Mariupol fue completamente inaceptable, pero parece que en Gaza no se aplican las mismas reglas.

Los partidarios de Israel suelen pasar por alto sus violaciones, y lo mismo ocurre con los partidarios de Palestina. Para la opinión pública, la impresión general es que el derecho internacional humanitario no sirve para nada y que en situaciones de conflicto vale todo. En realidad, afortunadamente hay muchos casos en que el derecho internacional humanitario es respetado, pero esa es la impresión que nos dan los informes de los medios de comunicación y de la sociedad civil, que comprensiblemente se centran en las violaciones.

¿Qué debería hacerse para reforzar el marco jurídico internacional?

Aunque hay márgenes de mejora, el contenido de las normas existentes es bastante bueno. El principal problema es su insuficiente aplicación. Mientras que la Corte Penal Internacional actuó muy rápidamente en el caso de Rusia, lleva trabajando en el de Palestina desde 2015 y todavía no hemos visto ningún avance. Los mecanismos no parecen estar siendo aplicados consistentemente.

Los Estados son reacios a crear un sistema más eficaz porque les preocupa que algún día pueda ser utilizado en su contra. Para que un mecanismo de aplicación sea eficaz, necesitamos que quienes hacen la guerra lo acepten. De nada sirve tener un sistema eficaz si sólo lo aceptan unos pocos países que nunca se involucran en conflictos.

Aun así, todavía queda la esperanza de que, al contemplar los horrores y atrocidades cometidos en Gaza y Ucrania, los Estados tengan una reacción similar a la que tuvieron tras la Segunda Guerra Mundial, cuando acordaron adoptar los Convenios de Ginebra. Los horrores que estamos presenciando hoy en tiempo real y que son amplificados por los medios de comunicación podrían ser un punto de inflexión.

El derecho internacional humanitario puede y debe reforzarse también a través de la educación. Tenemos que enseñar a la juventud que incluso en la guerra hay normas que se aplican a todos por igual, siempre y en todas partes, independientemente de que tengan o no razón. Si la opinión pública aceptara y asimilara este mensaje, cabe esperar que ya no se permita que sigan ocurriendo atrocidades como las que estamos viendo hoy.

El espacio cívico en Palestina es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

El espacio cívico en Israel es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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Las opiniones expresadas en esta entrevista son de la persona entrevistada y no necesariamente representan los puntos de vista de CIVICUS.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación ENSURED Horizon, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas.

CIVICUS conversa sobre los desafíos del inminente proceso electoral venezolano y la reciente selección de un candidato de la oposición con Guillermo Aveledo, decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas.

¿Quién es Edmundo González, y cómo es que acabó siendo el candidato de la oposición?

Edmundo González es un diplomático de carrera que se formó como internacionalista y sirvió al Estado venezolano desde su juventud. Ingresó al servicio diplomático en los años 70 y ascendió hasta ser embajador durante los primeros gobiernos de Hugo Chávez. Luego se retiró de la Cancillería debido a la deriva autoritaria de Chávez, se enfocó en la formación de profesionales en relaciones internacionales y se vinculó con las fuerzas democráticas. Específicamente, se integró a la Mesa de la Unidad Democrática, una alianza de varios partidos. Encabezó su directiva acabó convirtiéndose en una figura clave para mantener a la oposición en la boleta electoral, cumpliendo los requisitos legales para competir en las elecciones.

Su liderazgo fue en cierta medida accidental. Fue durante el proceso mismo de nominación de candidaturas que se lo percibió como la figura más idónea para representar a toda la oposición. Esta percepción se fundamentó en su disposición a asumir el cargo con riesgo personal y en su aceptación por parte de las diversas fuerzas opositoras debido a su seriedad y equilibrio.

Desde su nombramiento oficial como candidato de la Plataforma Unitaria de la oposición el 19 de abril, González se ha mostrado cuidadoso en su papel. Ha iniciado su campaña, con las limitaciones que ello tiene en un sistema político como el venezolano. Con todo, su candidatura trae esperanzas de una transición democrática.

¿Por qué fue inhabilitada la candidatura de María Corina Machado?

Ocurre que el proceso electoral tiene lugar en el contexto de un sistema político que no es abierto ni pluralista. El gobierno se ve obligado a convocar a la población para votar, pero cada vez más teme perder el poder, en la medida en que el sistema se fue transformando de una democracia tradicional de partidos hacia una democracia basada en el liderazgo carismático de Hugo Chávez, y posteriormente en un régimen autoritario bajo Nicolás Maduro.

Machado fue elegida candidata presidencial en las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria en octubre de 2023 con una amplia ventaja, pero luego se confirmó su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años por acusaciones políticamente motivadas de corrupción. Machado tiene una gran popularidad, aboga por la libertad política y económica y ha tenido una posición más confrontativa frente al gobierno. En los últimos años fue crítica de la participación electoral, aunque hay que reconocer que antes de dedicarse de lleno a la política había fundado una organización para promover la participación en las elecciones. Por sus diferencias con la oposición tradicional, ha sido considerada “radical”.

¿Qué debería ocurrir para que las elecciones sean razonablemente libres y competitivas?

Para cumplir con los estándares internacionales de elecciones libres y competitivas habría que realizar muchos cambios. Esencialmente se debería permitir la observación y garantizar la seguridad de los fiscales de la oposición y de los observadores independientes durante el proceso electoral. También se debería facilitar una mayor fiscalización de los resultados después de la votación.

El sistema electoral venezolano presenta otras limitaciones adicionales, como el rezago en el registro electoral y obstáculos para la participación de los venezolanos en el extranjero, que suman más de siete millones. Además, se han creado centros electorales controlados por grupos paraestatales. Estas restricciones reflejan un ventajismo característico de regímenes autoritarios, que obstaculiza el cambio político.

Sería deseable reducir la presencia del Estado y de las organizaciones paraestatales durante el proceso electoral, para evitar influencias indebidas sobre el voto. Cuando digo Estado, me refiero al partido de gobierno, que a menudo se confunde con el Estado y ejerce presión sobre los electores. Estos son cambios que podrían implementarse rápidamente, más allá de que también se necesiten reformas a la ley electoral que requieren de más tiempo para implementarse.

¿Es posible una transición democrática por la vía electoral?

Se requieren esfuerzos contundentes para avanzar en la transición política en Venezuela. Es imperativo entender que una elección no marca el fin de la transición, sino una etapa en un proceso más largo de cambio político. Es importante dar crédito al gobierno por permitir la candidatura de González, pero manteniendo la cautela hasta entender cuál es su verdadero impacto.

Aunque algunos sectores gubernamentales podrían tolerar candidaturas moderadas como la de González, otros sectores más ortodoxos se opondrán firmemente. Las divisiones en el gobierno ofrecen una oportunidad. Es importante aprovechar la vocación democrática de ciertos sectores del chavismo.

Tanto la oposición como el gobierno deben actuar con sabiduría política, sobre la base de que un cambio hacia un gobierno más representativo beneficia a todos los venezolanos, incluidos los que actualmente están en el poder.

Es crucial creer que Venezuela puede volver a ser una democracia. Las potencias extranjeras interesadas en la democracia en Venezuela deben confiar en la capacidad del país para la democracia y no dejarse llevar por prejuicios sobre su pertenencia a la región latinoamericana o sobre su pasado político. Los venezolanos tienen una cultura democrática arraigada y se le debe permitir expresarse.

El espacio cívico en Venezuela es clasificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Alicia Méndez Medina, del colectivo Junta de Prietas, sobre la campaña por la legalización del aborto y las luchas feministas, antirracistas y otras luchas por los derechos en la República Dominicana.

Junta de Prietas es un colectivo feminista, antirracista y descolonial que trabaja con comunidades locales y grupos vulnerables para combatir la opresión en la República Dominicana.

¿Cuál es la realidad de las mujeres que quieren abortar en República Dominicana?

Las mujeres que buscan interrumpir un embarazo enfrentan riesgos para su salud y su vida a causa de la penalización del aborto. Aunque la prohibición en principio se aplica a todas las mujeres por igual, no todas las mujeres están expuestas a los mismos riesgos: las mujeres negras, las mujeres pobres y las mujeres migrantes son las que más riesgos enfrentan. Es por eso que nuestra lucha va más allá de la despenalización del aborto y es también una lucha contra el racismo arraigado en la sociedad dominicana, especialmente hacia las mujeres negras y migrantes.

En ese sentido, la despenalización del aborto es una parte importante, pero solo una parte, de una lucha más amplia por los derechos de las mujeres. Esta lucha también pasa por desafiar las barreras estructurales que dificultan el acceso a atención médica, y en particular la mercantilización de la salud, que hace que sólo reciba atención de calidad quien puede pagarse un buen seguro médico.

La prohibición total del aborto acarrea complicaciones innecesarias para la salud de las mujeres, que por estar embarazadas e imposibilitadas de terminar su embarazo pueden verse privadas de tratamientos médicos necesarios para salvarles la vida. Una buena ilustración de ello es el trágico caso de Esperancita, una adolescente de 16 años que falleció en 2012 por no recibir tratamiento para la leucemia que padecía, por estar embarazada. Luego de años de lucha de la madre de Esperancita, en 2020 el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Actualmente enfocamos nuestra demanda de despenalización del aborto en tres causales específicas: riesgo para la vida de la madre, violación e incesto. Sin embargo, consideramos que estas causales son limitadas y en última instancia abogamos por la despenalización total del aborto como un derecho fundamental de las mujeres a tomar decisiones con autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas.

¿Quiénes se oponen a la legalización del aborto, y con qué argumentos?

Hay grupos ultraconservadores que se oponen a toda demanda de libertad e igualdad y generan polarización en la opinión pública y ataques en las redes sociales. En períodos electorales, los candidatos de los partidos políticos suelen alinearse con sus posiciones, expresando su oposición al aborto con argumentos teológicos que delatan una fuerte influencia de la Iglesia Católica.

Actualmente atravesamos un período difícil, porque los grupos antiderechos están cada vez mejor organizados y movilizados para resistir todo avance en materia de derechos. Estos grupos tienen inserción en sectores poderosos y adinerados de la sociedad, lo que les da acceso tanto a los medios tradicionales como a las redes sociales, y les permite incidir sobre la opinión pública y amenazar y estigmatizar a quienes luchan por la igualdad y los derechos humanos.

Estos grupos también son ultranacionalistas y dirigen su hostilidad contra los migrantes haitianos. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de personas privadas de su nacionalidad dominicana debido a su ascendencia haitiana, se desató una campaña de denuncia del fallo como injerencia extranjera. Algo similar podría ocurrir si la Corte Interamericana fallara a favor del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un caso que afectara directamente a nuestro país. La opinión pública está muy dividida en torno a estos temas y a menudo se hace eco de las acusaciones de injerencia contra los organismos internacionales, olvidando que somos parte de ellos y participamos en sus procesos.

¿Cómo contribuyen desde su colectivo a la lucha por la igualdad de derechos?

Como colectivo, nos comprometemos con la defensa de los derechos básicos de la población en un contexto de grave crisis económica y social, donde el racismo y la xenofobia son desafíos urgentes.

La situación en la vecina Haití, marcada por el conflicto armado, ha generado un flujo migratorio hacia nuestro país, especialmente de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a muchas en período de lactancia o en trabajo de parto. Es esencial que cualquier discusión sobre la lucha de las mujeres en la República Dominicana contemple la situación de estas mujeres haitianas y dominico-haitianas que enfrentan la perspectiva de la deportación y otros riesgos graves.

Destacamos las diversas realidades que enfrentan diferentes mujeres – las mujeres migrantes, y también las mujeres trans, que a menudo enfrentan discriminación incluso dentro de los círculos feministas. Finalmente, abogamos por la despenalización total del aborto promoviendo la justicia reproductiva y el respeto a la dignidad de todas las mujeres.

El espacio cívico en República Dominicana es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Julio Armando Morón Pulido, integrante de CIVILIS, acerca de la amenaza que representa el proyecto de “Ley contra el fascismo” actualmente en trámite legislativo.

Fundada en 2010, CIVILIS es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente, pluralista y autónoma, dedicada a apoyar la labor de la sociedad civil desde una perspectiva de derechos humanos.

¿Qué dice el proyecto de ley contra el fascismo, y cuáles son sus objetivos?

El proyecto de ley establece conceptos como los de fascismo, neofascismo y lo que designa como “otras expresiones similares” y los vincula con la violencia y la denigración de la democracia. Además, asocia al fascismo con el racismo, el clasismo y otras posturas ideológicas que rechaza.

El proyecto de ley prohíbe y penaliza ideas, expresiones y actividades consideradas fascistas, limitando derechos y libertades. Lo hace sobre la base de definiciones vagas y ambiguas, que dejan un amplio margen para la interpretación, por lo que pueden ser utilizadas con total arbitrariedad. También prevé sanciones penales y administrativas, así como la eliminación de organizaciones civiles y partidos políticos.

Este proyecto es una continuación de la Ley contra el odio de 2017. Ambos promueven sanciones desproporcionadas y profundiza la narrativa del enemigo interno. Pero el proyecto de ley contra el fascismo va incluso más allá, atentando contra la libertad de pensamiento mediante la persecución de ideas contrarias al pensamiento oficial.

Aunque pretende enfrentar el fascismo, este proyecto parece ser una herramienta de estigmatización y persecución política contra toda forma de disenso. Si se aprueba, institucionalizará la criminalización de personas y organizaciones que el Estado señale como fascistas, independientemente de sus creencias o actividades.

¿Quiénes se verían más afectados si se aprueba este proyecto de ley?

De ser aprobado, este proyecto de ley tendría un impacto generalizado sobre los derechos humanos y la sociedad civil, ya que afectaría las libertades de pensamiento, expresión, asociación, disenso y reunión pacífica.

Al listar entre las ideas a perseguir al “neoliberalismo”, el “conservadurismo moral” y el “anti-republicanismo”, el proyecto vulnera la libertad de pensamiento. Afectaría gravemente la libertad de expresión porque prohíbe la divulgación de mensajes que denigren la democracia o hagan apología de lo que se define vagamente como fascismo. Además, impondría sobre los medios de comunicación la enorme responsabilidad de evitar todo mensaje fascista, induciendo a la autocensura.

El proyecto también restringe la libertad de asociación porque prohíbe las organizaciones que se basen en el fascismo o “expresiones similares” y otorga al Estado poder para disolverlas. En cuanto al derecho al disenso democrático, el proyecto establece la pena de inhabilitación política para quienes hagan apología del fascismo, incluso con retroactividad.

Finalmente, el proyecto criminaliza el derecho a la reunión pacífica al penalizar la organización de manifestaciones que supuestamente promuevan el fascismo. Prácticamente cualquier manifestación de oposición al gobierno podría interpretarse como fascista, y por lo tanto prohibirse y criminalizarse.

Desde CIVILIS consideramos que los espacios cívicos abiertos y seguros son fundamentales para la democracia y que estas restricciones supondrían violaciones graves del espacio cívico y, por lo tanto, afectarían negativamente las elecciones del 28 de julio.

¿Cómo han reaccionado ante el proyecto la sociedad civil y la opinión pública?

La sociedad civil ha recurrido a instancias internacionales para sonar la alarma sobre la amenaza que este proyecto de ley representa para los derechos humanos y el espacio cívico.

Hacemos un llamado al Estado para que no avance con el proceso de aprobación de este proyecto legislativo, ni de ningún otro que vulnere derechos y libertades. Además, instamos a que cese el hostigamiento, las agresiones y la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y activistas políticos y sindicales, educadores y otras personas consideradas disidentes.

Asimismo, es crucial que los mecanismos internacionales de protección intensifiquen el monitoreo de la situación en Venezuela, tanto en el período previo a las elecciones como en el día de la elección y en los meses siguientes. En los últimos años, los procesos electorales en Venezuela han estado marcados por un aumento de la represión y la persecución política, por lo que es fundamental que estén alerta para documentar y denunciar las violaciones.

¿Qué otras restricciones pesan sobre el espacio cívico en Venezuela?

Durante los últimos 24 años se ha gestado en Venezuela un ambiente hostil hacia la sociedad civil, a medida que el Estado ha ido cerrando el espacio cívico. Lo ha hecho con sucesivas leyes, regulaciones y otras medidas que ha justificado con argumentos tales como la defensa de la soberanía y la lucha contra el terrorismo, aunque no se ajustan a los estándares democráticos. CIVILIS ha identificado por lo menos 13 leyes y normativas restrictivas.

Entre ellas se destaca la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, que somete a todas las OSC a restricciones sobre la base de una interpretación sesgada de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, aun cuando no haya pruebas concretas de actividades terroristas. La Providencia Administrativa 002-2021 obliga a las OSC a un complejo proceso de registro y autorización, bajo amenaza de ilegalización.

Por orden de las autoridades, las OSC enfrentan obstáculos para actualizar sus registros, dificultando sus operaciones. Por ejemplo, se les impide constituirse si en sus estatutos incluyen referencias a los derechos humanos y la democracia. Igualmente, las organizaciones internacionales esperan por autorización para operar en el país a pesar de haberse creado un registro especial en 2020.

En la Asamblea Nacional hay otros dos proyectos que también amenazan a la sociedad civil. Uno es el proyecto de Ley de Fiscalización, que condiciona la existencia de las OSC a la aprobación estatal, imponiendo requisitos casi imposibles de cumplir y prohibiendo actividades políticas, con sanciones de disolución. El otro es el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que busca centralizar los recursos de la cooperación en un fondo estatal.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Mauro González, Investigador principal del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, (CR)², sobre los incendios que se propagaron por la región de Valparaíso en Chile.

(CR)² es un centro de investigación que reúne a investigadores de distintas disciplinas de las ciencias naturales y sociales, de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral de Chile y otras instituciones académicas, para estudiar los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas y la sociedad chilena.

¿A qué se debe el aumento de los incendios?

Durante la última década en Chile hemos estado experimentado incendios cada vez de mayor tamaño y severidad. La superficie quemada en la temporada 2016-2017 alcanzó más de medio millón de hectáreas, 10 veces más que el promedio anual. Los de la temporada 2022-2023 fueron muy similares, y más recientemente en febrero de este año tuvimos incendios catastróficos en Valparaíso. Estos últimos fueron menos extensos pero su impacto fue considerable porque se produjeron en zonas de interfaz urbano-forestal, con una alta densidad poblacional.

Algunos de los factores que estarían explicando el aumento de los incendios son las condiciones climáticas más favorables, tales como las olas de calor, y la mayor susceptibilidad de la vegetación, asociada a la sequía que experimenta el país desde 2010. En los últimos años hemos observado el secado, también conocido como “pardeamiento”, de los bosques esclerófilos, causado por la falta de agua. Esto afecta la biodiversidad, genera pérdida de carbono almacenado y facilita la propagación de los incendios. Además, en la zona centro-sur de Chile las extensas y homogéneas plantaciones forestales de Eucalyptus globulus y Pinus radiata favorecen, bajo condiciones meteorológicas extremas, la propagación de grandes incendios.

En el origen de los incendios el ser humano tiene una gran responsabilidad ya que más del 95% son causados de manera accidental e intencional. La intencionalidad tiene diversas motivaciones, que necesitan ser comprendidas sociológica y psicológicamente para abordar adecuadamente la prevención.

¿De qué otras maneras está afectando a Chile el cambio climático?

Los principales impactos del cambio climático en Chile se observan en la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos como olas de calor, marejadas, tornados, inundaciones, incendios y sequía prolongada. Aunque históricamente hemos enfrentado inundaciones, terremotos e incendios, la sequía representa una situación única para el país dada su extensión e intensidad. Gran parte del país está siendo afectado por la sequía, por lo que muchas comunidades rurales carecen de abastecimiento de agua adecuado abastecimiento y demanda soluciones del Estado.

Especialmente en las zonas semiáridas al norte de Santiago, las comunidades están experimentando una crítica falta de agua, lo cual afecta sus actividades tradicionales. Mucha gente ha perdido sus fuentes de agua para cultivos y ganadería, lo cual afecta de sus actividades económicas y modos de vida, por lo que comienza a emigrar. La capital y otras ciudades también están enfrentando importantes problemas de abastecimiento de agua para el consumo humano.

Ante la sucesión de eventos climáticos extremos, la comunidad reconoce el cambio climático como una realidad evidente. Sin embargo, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad y ofrezca respuestas solamente se plantea en situaciones extremas, en contextos de catástrofe; caso contrario las comunidades parecen adaptarse o resistir de una u otra forma.

¿Cuáles han sido los impactos de los incendios, y qué respuestas ha dado el gobierno?

Los grandes incendios no afectan solamente al sector productivo, por ejemplo a las empresas forestales y agrícolas, sino también a las comunidades locales y a la sociedad en general. Los mayores impactos que provocan los incendios son la pérdida de vidas y la destrucción de miles de viviendas y de fuentes de sustento. A esto se suman los problemas emocionales, psicológicos y médicos, ya que la contaminación del aire incide en las enfermedades respiratorias. Se trata de problemas que aún no han sido evaluados adecuadamente. En ciertas áreas, el humo es una constante durante el verano, lo que indudablemente afecta la salud de las personas.

Además, los incendios impactan negativamente sobre la biodiversidad. Generan pérdida de bosques nativos, poniendo en peligro muchas especies con problemas de conservación. También afectan la viabilidad de cumplimiento de nuestro compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono, ya que no estamos aumentando la cobertura vegetal que permite secuestrar carbono, sino al contrario, estamos perdiendo bosques y liberando grandes cantidades dióxido de carbono a la atmósfera.

El Estado de Chile poco a poco ha ido enfrentando esta problemática y tomando medidas. En los últimos años, sucesivos gobiernos han ido comprendiendo más plenamente el impacto del cambio climático, avanzaron con iniciativas legales como la Ley Marco de Cambio Climático, y realizaron importantes cambios en el marco institucional de prevención del riesgo de desastres, en el cual juega un rol fundamental el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Además, actualmente se discute en el Congreso una Ley de Incendios que apunta a fortalecer las estrategias de prevención y la gestión del paisaje como medida de mitigación, especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal.

¿Qué más debería hacerse para prevenir y controlar los incendios?

Si bien en Chile el presupuesto para la prevención y control de incendios ha aumentado en los últimos años, es importante destacar que incluso en países desarrollados con más equipamiento y presupuesto, como Australia, Canadá y Estados Unidos, no logran apagar incendios de las características y bajo las condiciones meteorológicas en que ocurren actualmente. Por tanto, la prevención es clave, así como también la configuración y gestión del paisaje forestal.

En el caso del centro-sur de Chile, donde la existencia de extensos monocultivos forestales contribuye a la propagación del fuego, el Estado tiene un rol fundamental en incentivar, a través de los instrumentos apropiados, la mayor diversificación del paisaje y la restauración de los bosques nativos quemados o degradados.

En cuanto a la responsabilidad humana, debemos ser conscientes del impacto de nuestras acciones, ya sean accidentales, negligentes o intencionales. La prevención es clave, junto con la preparación de comunidades para enfrentar incendios, al igual que lo hacemos con terremotos y maremotos.

Respecto de la prevención y gestión del paisaje, es fundamental la responsabilidad de los propietarios. Los propietarios deben asumir la responsabilidad de sus terrenos, implementando, con la asistencia del Servicio Forestal, las medidas de mitigación adecuadas, como cortafuegos y reducción de combustible, especialmente si colindan con comunidades humanas. La gestión del territorio no debe ser solo responsabilidad del Estado; cada individuo debe contribuir a mantener su entorno y las empresas forestales deben asegurarse de gestionar adecuadamente su patrimonio de manera de no afectar a las comunidades vecinas. La corresponsabilidad es un elemento crucial que debería reflejarse en la futura legislación sobre incendios.

El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con (CR)² a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @CR2_uchile en Twitter.

CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.

DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.

¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?

Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.

El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.

En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.

DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.

Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.

En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.

La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.

DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?

Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.

La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.

Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.

Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.

La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.

¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?

Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.

La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.

La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.

Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.

Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.

El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS fala sobre as eleições antecipadas que terão lugar em Portugal no dia 10 de março com Ana Carmo da Akto, uma organização da sociedade civil portuguesa que promove os direitos humanos e os valores democráticos através da advocacia, campanhas e educação.

Quais são as principais questões com que o novo governo terá de lidar e como é que os candidatos prometem abordá-las?

As questões mais urgentes que deveriam ser abordadas pelo novo governo e que têm sido centrais nos debates eleitorais são a habitação, a saúde, as pensões, a educação, a imigração e a crise climática. Há muitos outros temas que estão na ordem do dia e que deverão ser abordados, incluindo alguns relacionados com a polícia e o sistema judicial.

Estas são questões que permitem respostas muito diferentes consoante a posição no espectro ideológico. Os partidos mais à esquerda apresentam medidas que requerem uma maior intervenção do Estado e investimento no setor público, enquanto os mais à direita apresentam propostas que beneficiam o setor privado e os investidores, e requerem menos intervenção do Estado, acreditando que isso conduzirá ao crescimento económico e subsequentemente a um maior bem-estar.

Tendencialmente, a política portuguesa é disputada por dois partidos, o Partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD), ambos próximos do centro. Nesta campanha, Pedro Nuno Santos, cabeça de lista do PS, tem apresentado propostas mais à esquerda do que é habitual do PS, enquanto Luís Montenegro, cabeça de lista da Aliança Democrática (AD), uma coligação liderada pelo PSD, tem seguido a linha ideológica habitual do seu partido.

Mais o PS está a desgastar-se, talvez devido aos seus oito anos seguidos de governação, enquanto o PSD, em vez de se preparar para lhe suceder, também está a enfraquecer. Em vez disso, crescem partidos de direita mais radicais, nomeadamente o Chega, identificado como um partido “catch-all”, ideologicamente amorfo, populista e oportunista, que adapta o seu discurso da forma que lhe permite angariar mais votos.

Um clima de descontentamento, frustração e quiçá revolta tem levado cada vez mais pessoas a votar no Chega como forma de protesto. No entanto, o crescimento de um partido como o Chega só enfraquece ainda mais a confiança no sistema político existente.

Tem havido problemas com desinformação ou discurso de ódio na campanha?

Tem havido problemas de desinformação, particularmente disseminada pelo partido Chega, cujo discurso não se baseia em factos. Por isso é recorrente ouvirmos factos falsos ou ideias falaciosas vindas dos seus deputados e do seu líder. Este partido tem vindo a fazer uma campanha anti-imigração que parece ter instigado discursos de ódio e expressões de xenofobia na sociedade. No passado dia 3 de fevereiro aconteceu em Lisboa, no Martim Moniz, uma zona conhecida pela diversidade multicultural, uma marcha de extrema-direita contra a “islamização da Europa”. A marcha foi proibida pela Câmara Municipal de Lisboa e pelo Tribunal pelo seu conteúdo e pelo perigo que acarretava para os cidadãos. Ainda assim, estas pessoas saíram à rua.

Alguns media e os restantes partidos políticos estão a fazer um esforço para desconstruir as falácias em volta da imigração, sublinhando que a verdade é que Portugal é um país de emigrantes. Destacam também factos positivos relativamente aos imigrantes, como o seu grande contributo para a segurança social portuguesa, que permite o pagamento de pensões. Este é um argumento muito forte a favor da imigração.

Durante a sua campanha, o Chega fez ainda a absurda e impactante proposta de “acabar com os apoios para a igualdade de género”. Esta declaração, novamente, valeu um esforço de desconstrução e verificação dos factos por parte dos media e fez posicionar os restantes partidos políticos.

Com a crescente disseminação de “fake news”, foram criados programas de fact checking nos media portugueses para ajudar a contrariar esta tendência e a manter o rigor jornalístico. No entanto, as campanhas de desinformação são mais difíceis de combater nas redes sociais, onde o partido Chega conseguiu imiscuir-se. Devido a isso, as sondagens apontam para uma significativa percentagem de jovens que potencialmente votará neste partido populista que coloca em causa os nossos direitos fundamentais.

Para fomentar o debate de ideias, a comunicação social portuguesa uniu-se, tal como em 2015, para organizar debates políticos entre os líderes de todos os partidos representados no Parlamento. No modelo implementado este ano, eles debatem entre si durante cerca de 25 minutos e estes debates são transmitidos e comentados nos diferentes canais de informação. Isto permite que a sociedade civil esteja mais informada sobre as suas escolhas e esta tem demonstrado interesse, porque os debates têm estado no top das audiências.

Tem alguma indicação de quais poderão ser os resultados das eleições?

Desde a demissão do Primeiro-Ministro António Costa em novembro de 2023 devido a uma investigação de corrupção que o envolveu em tráfico de influências, corrupção e prevaricação em projectos energéticos, o cenário político tornou-se cada vez mais imprevisível.

Primeiramente, com a sua eleição como líder do PS, Nuno Santos foi visto como o sucessor inequívoco para Primeiro-Ministro, devido não só ao seu carisma, mas ao facto do seu partido ter maioria absoluta. Montenegro, por outro lado, não é um líder carismático e teve um percurso com repercussões negativas, e em geral, o PSD tem vindo a perder força para partidos mais radicais e populistas como o Chega e a Iniciativa Liberal, que não é vista como um partido populista e ainda tem espaço no espectro da direita política. O PSD apenas não se quer aliar ao Chega, e a Iniciativa Liberal rejeitou uma coligação com o PSD, fazendo com que este se aliasse então ao CDS-Partido Popular e ao Partido Monárquico.

Ao coligar-se com dois partidos sem assento parlamentar, o PSD ressuscitou uma solução de 1979 para tentar fazer frente à maioria absoluta do PS. Mas ainda assim, não ganhou inicialmente o terreno que pretendia.

A esquerda também tem perdido relevância: o Bloco de Esquerda tem atualmente cinco deputados no Parlamento, o Partido Comunista Português tem seis, e o Livre tem um.

Com uma esquerda que alguns comentadores declaram “adormecida”, um bloco central unipartidário e uma direita sem um líder assertivo, apenas um partido floresce, o Chega.

No final de 2023, as sondagens apontavam para uma nova maioria do PS, mas desde a formação da coligação AD, algumas sondagens apontam para uma potencial vitória da AD. Neste momento, há uma grande incerteza e o grande segmento de eleitores indecisos potencialmente decidirá o rumo do país. De cada vez que há um novo debate eleitoral surgem novas tendências. Nos últimos debates em que participou, Nuno Santos apelou ao “voto útil” com receio de uma vitória da AD e da direita.

Quais são as suas expectativas para o período pós-eleitoral?

Dependendo do partido vencedor, da maioria que obtiver, das coligações que se formarem e do número de deputados que os partidos opositores consigam eleger, podemos desenhar vários cenários.

Estas eleições legislativas poderão levar Portugal a juntar-se a um cenário semelhante ao que temos vindo a assistir pela Europa com a governação de partidos de extrema-direita e populistas, ou poderão fazer com que Portugal se destaque com um governo mais socialista e de esquerda. E mesmo estes dois cenários são redutores, pois o resultado irá depender também de como será constituída a oposição política parlamentar, que é tão importante para o bom funcionamento da nossa democracia.

O espaço cívico em Portugal é considerado “aberto” pelo CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones generales de El Salvador con César Artiga, defensor de derechos humanos y coordinador del Llamado Global de Acción contra la Pobreza (GCAP) en El Salvador, del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú y de la Coalición Nacional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano.

¿Qué consecuencias tendrá la victoria arrasadora del presidente Nayib Bukele?

Este 4 de febrero de 2024 la democracia salvadoreña ha sido sepultada. Esto ha ocurrido con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que permaneció ausente e impávido ante repetidas violaciones a la ley electoral, mostrando su negligencia y sometimiento al presidente Nayib Bukele, quien se ha autoproclamado como ganador y presidente reelecto.

Estas elecciones fueron nuestra última oportunidad para recuperar la incipiente democracia establecida con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Bukele asumió su mandato en junio de 2019 y desde entonces el país ha experimentado retrocesos profundos en materia de derechos humanos. Se ha quebrado el Estado de Derecho y se han anulado las garantías institucionales y constitucionales de la ciudadanía.

Esta era una oportunidad única para detener la embestida autoritaria de Bukele e impedir que siguiera acumulando poder y se perpetuara como máxima y única autoridad del país, que es lo que buscó con su candidatura ilegal. La reelección es inconstitucional en El Salvador, pero él manipuló las instituciones y todo el aparato del Estado para consolidar su proyecto de control total e imponer una cultura de privilegios e impunidad para él y su clan corporativo familiar.

Tras la votación, oficialmente estamos entrando en dictadura. Por un lado, porque habiendo llegado al poder por primera vez por la vía democrática, Bukele se ha reelegido de manera inconstitucional. Por el otro, por los niveles de concentración de poder que resultarán de estas elecciones, que al mismo tiempo que le han dado a Bukele un mandato rotundo al frente del Ejecutivo, le han entregado el control absoluto del Legislativo. No hay nada que requiera mayorías extraordinarias que él no pueda hacer en este segundo mandato. Ello se suma al control del Poder Judicial, que ya tenía desde mayo de 2021.

En estos tiempos las dictaduras no son como las de los años ‘70 y ‘80. En muchos casos como este, no resultan de golpes militares, sino del acaparamiento del poder por parte de líderes que inicialmente son electos democráticamente. Y las tácticas también han cambiado, son bastante más sutiles. El principal peligro no es que te vayan a desaparecer, aunque eventualmente podría suceder, sino que te amenacen, difamen y en última instancia te neutralicen mediante ataques mediáticos y campañas de desprestigio que te borran del espacio público.

Esta democracia se muere por deterioro del espacio cívico. El ritual electoral pierde sentido desde el momento en que no rigen las libertades cívicas fundamentales, que son las que hacen posible la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. El actual gobierno arrasó deliberadamente con ellas.

¿Cuán libres y competitivas fueron estas elecciones?

El proceso electoral fue bastante viciado, principalmente porque el TSE no aplicó la normativa electoral en lo que al presidente se refiere. El gobierno violó la normativa electoral con total impunidad y sin que el TSE interviniera. Comenzó la campaña mucho antes de lo que se lo permitía la ley y utilizó recursos del Estado para hacer propaganda en favor de las candidaturas de Bukele y sus aliados, al tiempo que se negaba a pagar la llamada “deuda política”, que es la asignación monetaria que el Estado hace a cada partido político para que pueda promover sus candidaturas. Eso no le hizo mella al partido de gobierno, que contaba con todos los recursos del Estado, pero perjudicó enormemente a los de la oposición, que tuvieron que financiarse por sus propios medios y quedaron al borde de desaparecer.

Además, las elecciones ocurrieron en el marco de un estado de excepción que se extiende desde hace dos años y gracias al cual se ha perseguido y criminalizado a personas defensoras de derechos humanos y a las voces disidentes. Hay un temor generalizado a dar opinión o aparecer en medios de comunicación con posiciones críticas de la gestión de gobierno. Este régimen de excepción que ya se volvió permanente no ofreció las garantías institucionales para una elección libre y justa.

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades y problemas en el recuento de votos y la transmisión de los resultados preliminares. Se descuenta que Bukele ha arrasado, con alta votación y mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, pero aún no tenemos datos oficiales.

El hecho de que el TSE incumpla su rol de árbitro electoral y garante de la integridad del proceso hace perder la confianza en la transparencia de los resultados. Por arrasadores que éstos sean, las elecciones acaban perdiendo legitimidad de cara a la opinión pública nacional e internacional.

¿Cuáles fueron los principales temas de la campaña?

En realidad no hubo un debate de ideas. El hecho de que la ciudadanía fuera a votar sin conocer las propuestas de los partidos, porque los partidos no tenían propuestas o carecieron de los recursos o espacios para darlas a conocer, es síntoma de un gran retroceso democrático.

El oficialismo no presentó una propuesta concreta, sino que presentó la reelección como una especie de referéndum sobre la figura de Bukele, quien goza de mucha popularidad. La propuesta fue simplemente seguir el liderazgo de Bukele, hacer lo que él diga que hay que hacer. Un espíritu mesiánico se apoderó de la sociedad salvadoreña e impuso la noción de que Bukele es la solución para todos nuestros problemas, y en particular para uno verdaderamente urgente que es el que más preocupa a la mayoría de la gente: la inseguridad.

La oposición se presentó muy fragmentada y sus esfuerzos fueron muy dispersos. Además de no tener los fondos necesarios para dar a conocer su oferta electoral, los partidos de oposición no tuvieron propuestas que atrajeran a la ciudadanía, como sí lo hizo la campaña del miedo de Bukele, que anunciaba que, de ganar, la oposición liberaría a miles de pandilleros que volverían a llenar las calles de violencia.

El único tema del que se habló fue el de la seguridad, porque es el principal resultado que el gobierno puede mostrar. El gran logro que exhibe Bukele, sobre el que se basa su popularidad, es el resultado de su estrategia en materia de seguridad nacional para hacer frente a la violencia de las pandillas. Sin embargo, en el marco de la “guerra contra las pandillas” ha habido detenciones arbitrarias masivas. Hay miles de personas detenidas injustamente a las que se les ha violado el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defensa. A este tema no se le prestó suficiente atención durante la campaña, debido a la desinformación que impulsó el gobierno, asegurando que todas las personas detenidas son integrantes o colaboradoras de las pandillas.

¿Cómo se posicionó la opinión pública frente a la política de seguridad del gobierno?

Hay un amplio sector de la población que ha visto con buenos ojos la estrategia de seguridad de Bukele porque desde su punto de vista ha dado resultados como ninguna otra en el pasado.

Efectivamente, Bukele ha desarticulado las pandillas, pero ¿a qué costo? Quienes están en desacuerdo con los métodos utilizados y piensan que el régimen de excepción debería levantarse, generalmente no lo dicen por temor a sufrir represalias. Hay una campaña mediática muy fuerte impulsada desde el Estado que dice toda persona que no apoya al gobierno es colaboradora de pandillas. No hay espacio para el disenso o el apoyo crítico: o se apoya al gobierno al 100%, o se está con las pandillas.

Hay gente que se dio cuenta de que la estrategia de seguridad del gobierno no es una solución duradera. No se conocen los términos de las negociaciones y los acuerdos a los que llegó el gobierno con las pandillas, pero es un hecho que el gobierno pactó con los líderes de las pandillas.

La política de seguridad ha resultado en la estigmatización del pueblo trabajador, simplemente por las condiciones de exclusión en que viven las comunidades empobrecidas. Las detenciones masivas e indiscriminadas han afectado desproporcionadamente a campesinos, agricultores, personas de pueblos indígenas y mujeres defensoras de derechos humanos. Se les ha acusado de pertenecer a asociaciones ilícitas o colaborar con pandillas, cuando todo lo que están haciendo es trabajar, educar y aportar al futuro de sus comunidades.

¿Cuáles piensas que serán las implicancias regionales?

El “efecto Bukele” ya se está sintiendo a nivel regional. La elección de Javier Milei en Argentina no es un caso aislado. Tampoco lo son las medidas que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, está tomando en respuesta a la violencia del narcotráfico en su país. Se está difundiendo la tendencia observada en El Salvador: cada vez son más las sociedades dispuestas a ceder derechos y libertades a cambio de seguridad.

Es lamentable ver esta tendencia replicarse en otros países. La ciudadanía está cansada de la falta de respuesta de los Estados. Sucesivos gobiernos democráticos no han impulsado las medidas efectivas que se necesitaban, y el hartazgo está habilitando alternativas lideradas por gobiernos conservadores, neoliberales o antiderechos, que en el largo plazo traerán más problemas que soluciones reales y duraderas.

El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca de las elecciones generales de El Salvador con Carolina Amaya, periodista salvadoreña independiente especializada en crisis climáticas y conflictos socioambientales.

¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones generales?

Al cumplirse 80 años del fin de la dictadura de Maximiliano Martínez, El Salvador se acerca a una nueva dictadura. El 4 de febrero, con la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele, los salvadoreños perderemos la garantía de nuestros derechos humanos básicos.

La primera gestión de Bukele se caracterizó por la violación masiva de derechos humanos: militarización desmedida, un prolongado régimen de excepción, estigmatización y criminalización de la pobreza como sinónimo de vínculos con pandillas, ataques a la prensa independiente, despojo de tierras, destrucción ambiental, persecución de defensores ambientales, y la lista sigue. Esa realidad es maquillada por la propaganda que difunden medios de comunicación y creadores de contenidos alineados con el gobierno. Su narrativa se resume en que las pandillas regresarán a las calles si Bukele o su partido, Nuevas Ideas, pierden el poder.

Bukele está buscando su reelección como resultado habiendo ignorado la Constitución de El Salvador, que no lo permite. Por lo tanto, su nueva gestión será inconstitucional, así como todas las decisiones que tome. Es de temer que todos los derechos establecidos en esa misma constitución sean violentados. Además, ya no podremos saber cuánto tiempo Bukele y su círculo se mantendrán en el poder.

En suma, lo que está en juego en estas elecciones es nuestra agonizante democracia. La ciudadanía salvadoreña se expresará en las urnas, pero no es posible saber si en el futuro podrá volver a hacerlo libremente.

¿Cuáles son las perspectivas de que estas elecciones sean verdaderamente libres y competitivas?

Las elecciones serán libres, pero completamente irregulares dado la participación del candidato que se perfila como ganador es inconstitucional. El proceso está viciado desde el momento en que el Tribunal Supremo Electoral permitió la inscripción de la candidatura de Bukele, pese a estar inhabilitado para la reelección.

En cuanto al elemento de competitividad, hay otros partidos con otras propuestas, pero la competencia es desigual. El partido de gobierno ha hecho uso de fondos oficiales para su campaña electoral, mientras que los demás debieron financiarse con fondos propios para hacer frente a una maquinaria bien financiada y con fuerte presencia tanto en redes sociales como en medios de comunicación tradicionales. Esto aniquila toda alternativa, por lo que las elecciones son solamente un trámite para dar luz verde a una dictadura.

La democracia nacida en 1992 se ha ido degradando a través de los años. Cada partido político que ha ejercido el poder se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. La corrupción, la prepotencia de las elites, la ineficacia del Estado y la falta de transparencia han generado descreimiento generalizado. Las comunidades más precarias se han vuelto bastiones del bukelismo porque dependen de sus políticas asistencialistas para satisfacer necesidades inmediatas, ya que tienen claro que no pueden esperar soluciones de largo plazo.

El gobierno ha hecho una intensa campaña electoral en torno de la entrega de cajas de alimentos y de la inauguración de obras, cosas que están prohibidas por el Código Electoral. No hay autoridad que pueda poner freno a estas ilegalidades porque toda la estructura estatal, incluido el poder judicial y los órganos de contralor, está cooptada por el bukelismo.

¿Cuál ha sido el clima de opinión de cara a las elecciones generales?

En redes sociales como YouTube y TikTok predominan la desinformación y la manipulación de la información predominan, mientras que en medios televisivos se ha impuesto una campaña del miedo. Esto no es novedad en El Salvador: durante mucho tiempo los partidos políticos explotaron en campaña el temor de que El Salvador pudiera convertirse en otra Cuba u otra Venezuela. Ahora la amenaza se enfoca en la seguridad y la preservación de la vida.

Es muy preocupante el modo en que este mensaje ha calado en la ciudadanía salvadoreña, al punto no solamente de normalizar la candidatura inconstitucional de Bukele sino también de darle la certeza de que ganará cómodamente.

¿Cómo se han posicionado la sociedad civil, la oposición política y la opinión pública frente a la política de seguridad del gobierno?

El gobierno de Bukele ha sido autoritario a lo largo de todos estos años y en muchos sentidos, no solamente en lo que se refiere a la política de seguridad. Durante la pandemia encerró a miles de personas que no acataban el aislamiento. Cuando acabó la cuarentena instauró el régimen de excepción que le permite espiarnos, perseguirnos y capturarnos. Ha militarizado las calles, y esto se ha intensificado en enero de 2024, y particularmente en vísperas de las elecciones presidenciales. Los militares están patrullando cada barrio de San Salvador, la ciudad capital, para demostrar su presencia y su poder.

La población en general agradece el que las pandillas perdieran gran parte del control del territorio. Ese es el principal logro de la gestión Bukele. El problema es que la mayoría desconoce la realidad de las negociaciones de Bukele con las pandillas, por lo que piensa que logró limpiar las calles de pandilleros solo con someterlos al régimen de excepción.

El manejo mediático de las imágenes de los pandilleros en las cárceles ha sido muy efectivo, al punto que ha tenido repercusiones internacionales. En varios países de Latinoamérica que experimentan el flagelo del crimen organizado la gente reclama por una figura autoritaria como Bukele para ponerle fin. Hasta la presidenta de Honduras, ideológicamente muy lejana a Bukele, ha optado por la militarización y el uso de la represión para lidiar con las pandillas.

¿Cómo se ha restringido el espacio cívico durante la presidencia de Bukele?

Desde mi rol de periodista puedo atestiguar que muchas personas les escapan a las cámaras porque no se atreven a hacer declaraciones públicas. Fuentes de años dejaron de atenderme a partir de 2019, cuando llegó Bukele al poder. En los cinco años de esta gestión esta situación se ha profundizado. La libertad de expresión es cada vez más limitada, al igual que la libertad de reunión. Por ejemplo, cuando se convocan marchas en la capital se activan dispositivos policiales para retener los buses que vienen desde el interior.

El acoso a voces disidentes se ve también en redes sociales. Día tras día, periodistas y personas defensoras de derechos humanos son denigradas por ejércitos de trolls. Yo misma he sido sido una de las 10 periodistas más atacadas en Twitter. Los ataques contra nosotras suelen tener contenidos misóginos.

Algunas organizaciones, como Acción Ciudadana, la Asociación de Periodistas de El Salvador y Cristosal, denuncian la falta de un ambiente libre para opinar, pues estas denuncias no han surtido mayor efecto. La libertad de expresión ha continuado degradándose. Un país sin libertad de expresión, donde se violan derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos son perseguidas, no es otra cosa que una dictadura.

El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Rigoberto Lobo Puentes, fundador de Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), sobre la Ley de ONG que, de ser aprobada, obstaculizaría aún más la labor de la sociedad civil en Venezuela.

PROMEDEHUM reúne a personas procedentes de diferentes esferas con el objetivo común de educar, promover y defender los derechos humanos.

¿Cómo ha cambiado recientemente el espacio cívico en Venezuela?

El espacio cívico ha experimentado tensiones durante más de una década. En 2010 el gobierno implementó la Ley de la Soberanía y Autodeterminación Nacional para restringir el acceso a financiamiento de las organizaciones de defensa de derechos humanos, invocando supuestas amenazas externas contra el gobierno venezolano. Esta ley fue solamente el puntapié inicial. Desde 2016, cuando el partido oficialista perdió el control de la Asamblea Nacional, el gobierno comenzó a emitir decretos de emergencia que otorgaron facultades al Ministerio de Relaciones Exteriores para auditar todo convenio firmado por organizaciones o personas con organismos internacionales para ejecutar proyectos en Venezuela. Esto fue parte de la estrategia de asfixiar financieramente a las organizaciones de derechos humanos hasta que debieran cerrar.

En 2020 el organismo gubernamental que regula al sistema bancario ordenó a los bancos que monitorearan las operaciones financieras de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), supuestamente para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. A raíz de las críticas de organismos internacionales de protección de derechos humanos, en 2021 las disposiciones de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en relación con las OSC fueron ligeramente modificadas. Sin embargo, continuaban infringiendo las normas internacionales de derechos humanos. Entre otras cosas, establecían la creación de nuevo órgano encargado de autorizar el registro y funcionamiento de OSC y obligaban a las OSC a proveer información sensible.

Este ataque provocó fisuras en la sociedad civil, ya que muchos pensaron que, puesto que el foco estaba en las organizaciones de derechos humanos, las demás OSC, incluidas las organizaciones humanitarias, estaban fuera de peligro, aunque también de uno u otro modo defendieran los derechos humanos. Muchas OSC dijeron no tener problema con la obligación de registrarse. La situación fue muy confusa: nunca quedó claro dónde funcionaba o funcionaría el registro y en cada ciudad las organizaciones recibían información distinta.

En 2021, la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo aprobó por unanimidad un plan legislativo nacional que incluía la Ley de Cooperación Internacional, que también establecía un registro obligatorio para las OSC. El objetivo era, nuevamente, limitar el acceso de las OSC a financiamiento.

En 2022 el Grupo de Acciones Financieras del Caribe refutó el argumento de que todas estas regulaciones eran necesarias. Su evaluación de Venezuela concluyó que no había evidencia de que los registros de OSC propuestos o implementados sirvieran para prevenir potenciales abusos vinculados con la financiación del terrorismo.

Por último, en enero de 2024 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, más conocida como “ley de ONG”. Si se aprueba, esta ley permitirá al gobierno restringir aún más el funcionamiento de la sociedad civil, ya que prohíbe de manera muy amplia las “actividades políticas” sin definir de manera clara a qué se refiere, y podría resultar en la imposición de sanciones o incluso en la clausura de OSC que se considere que están involucradas en tales “actividades políticas”. En la sesión en que se aprobó el proyecto, más de 60 OSC fueron mencionadas como enemigas y traidoras a la patria.

Las continuas amenazas, denuncia y persecución de OSC y personas defensoras de derechos humanos, así como las restricciones y ataques contra medios de comunicación y periodistas, el allanamiento de sedes de organizaciones y el encarcelamiento de actores humanitarios, han creado un clima de mucho miedo. Muchas OSC han perdido integrantes, algunas han cerrado y muchas personas defensoras han migrado por diversas razones, incluida la de haber sido objeto de persecución o temer serlo en el futuro cercano. Incluso algunas organizaciones, al igual que medios de comunicación, han recurrido a la autocensura o cambiado la naturaleza de sus actividades para prevenir represalias.

¿Cómo impactaría ley de ONG en este contexto?

La ley de ONG busca limitar la participación ciudadana y la defensa de derechos humanos. Convertiría la libertad de asociación en un asunto de orden público, exponiendo a las organizaciones a la vigilancia y el control policial. Las organizaciones que no se inscriban o no revelen sus fuentes de financiación podrían enfrentarse a multas, cancelación de su registro oficial e incluso acciones penales. Podrían ser criminalizadas con acusaciones de terrorismo, lavado de dinero, desestabilización, conspiración e injerencia extranjera.

Aunque el proyecto de ley parezca apuntar exclusivamente contra las organizaciones de derechos humanos, sus impactos serán mucho más amplios, ya que pretende tomar el control de todo el tejido asociativo. Cualquier forma organizativa, incluidos partidos políticos y organizaciones educativas y académicas, es un potencial objetivo. Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedarse sin apoyo jurídico. Las personas afectadas por la emergencia humanitaria podrían perder el acceso a programas humanitarios de la sociedad civil, que podrían ser sustituidos por programas gubernamentales con condiciones de acceso restrictivas.

En suma, el gobierno busca una sociedad civil a su medida. Tiene interés en la continuidad de organizaciones que realizan acciones humanitarias, ya que éstas lo liberan de cierta carga y le ayudan a mantener una imagen de apertura frente a la comunidad internacional. Pero pretende que las organizaciones humanitarias desempeñen un rol puramente asistencialista, que deje de lado los derechos humanos, y que se abstengan de publicar cualquier dato que pueda proyectar una imagen negativa del país.

El gobierno ya ha hecho avances en este terreno. En alguna medida ya controla las actividades de las organizaciones humanitarias y obtiene información constante sobre sus actividades en toda Venezuela.

¿Por qué se reflotó ahora la ley de ONG, que había quedado en suspenso el año pasado?

El gobierno ha avanzado con esta ley ante las perspectivas de un proceso electoral en el futuro cercano. La ley puede ser utilizada no solamente contra las OSC de derechos humanos sino contra toda forma organizativa que sea considerada un espacio de pensamiento crítico o disenso. Esto aplica especialmente a las OSC que trabajan en temas de derechos civiles y políticos, que exigen transparencia electoral, monitorean las campañas y observan las elecciones.

Para el gobierno la sociedad civil pone en riesgo sus perspectivas de mantenerse en el poder. En condiciones electorales medianamente justas, la labor de monitoreo, documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos perpetradas por un gobierno que ya goza de baja popularidad podría diezmar su caudal electoral. Durante años el gobierno ha buscado someter, asfixiar o anular a las OSC, y esto se intensificará en la medida en que necesite asegurar su continuidad en el poder.

La ley de ONG había quedado suspendida pero no olvidada. El gobierno simplemente esperó a encontrar el momento adecuado para retomar sus ataques. Recientemente, se produjeron una serie de acusaciones y detenciones de militares, integrantes de partidos políticos y periodistas en relación con un supuesto plan de magnicidio que ha sido tipificado como terrorismo. Esto es parte de un escenario creado por el gobierno para justificar acciones para neutralizar a quienes le supongan un obstáculo en una elección. En este contexto, no debe descartarse la posibilidad de que la ley de ONG sea aprobada.

¿Cómo han reaccionado la sociedad civil y la opinión pública ante estos ataques?

Pese a la gravedad de la ley, hay mucha desinformación y un elevado desconocimiento por parte de la ciudadanía venezolana. Incluso hay OSC que desconocen su existencia o su importancia.

Sin embargo, la sociedad civil ha emitido numerosas expresiones de rechazo. Entre 2022 y 2024, OSC nacionales e internacionales han publicado al menos 15 comunicados y análisis de las leyes de ONG y de cooperación internacional. Se han realizado numerosos foros, conversatorios y campañas de difusión, tanto dentro como fuera de Venezuela.

Muchas organizaciones y personas defensoras hemos participado en diálogos interactivos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) y en eventos paralelos en la ONU, la Organización de Estados Americanos y la Cumbre de las Américas, y hemos presentado informes ante organismos de derechos humanos. Como resultado de esta incidencia, entre 2021 y 2023 se publicaron 11 pronunciamientos e informes de organismos internacionales sobre estas leyes.

Quienes estamos fuera de Venezuela también hemos hecho incidencia frente a los gobiernos de nuestros países de acogida. En Argentina, donde me encuentro en este momento, actores tanto políticos como de la sociedad civil han expresado públicamente su rechazo de la ley de ONG.

El gobierno venezolano redobló la apuesta y el 12 de enero inició una consulta pública sobre la ley, sin siquiera haber publicado el texto oficial del proyecto de ley o convocado a participar a las OSC de derechos humanos. Según la información que ha trascendido, la mayoría de los participantes en la consulta han sido funcionarios del Estado, incluidos funcionarios policiales. Por lo que hemos podido observar en los eventos de consulta, que se realizan de manera relativamente espontánea en diversos sitios y sin un formato establecido, así como en las discusiones sobre el tema en la Asamblea Nacional, ha prevalecido un discurso de descalificación de las OSC, tratadas como enemigas del Estado.

¿Qué garantías necesita la sociedad civil venezolana para continuar haciendo su trabajo?

Para continuar nuestra labor de incidencia en defensa del espacio cívico necesitamos que más organizaciones y actores internacionales se sumen para ayudar a informar sobre el deterioro de la situación. Las OSC necesitan acceso a información más precisa y confiable para impulsar la formación de alianzas de manera más rápida y efectiva.

Las OSC venezolanas continuamos trabajando para comunicar cualquier cambio que se produzca y dar la señal de alerta cuando se producen avances contra los derechos. Seguimos haciendo incidencia con otros Estados, especialmente cuando se producen cambios de gobierno que podrían afectar la política internacional. Un riesgo inminente es que no se renueve la Misión Internacional para la Determinación de Hechos sobre Venezuela establecida en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sería un duro golpe para la sociedad civil venezolana.

Las organizaciones venezolanas también deberíamos evaluar y repensar nuestras estrategias en función del impacto que tiene la información que producimos. Deberíamos mostrar mejor las fortalezas del movimiento de derechos humanos venezolano. Quizás la transparencia proactiva, en la medida en que no ponga en mayor riesgo a las organizaciones y sus integrantes, podría servir para influir tanto sobre la comunidad internacional como sobre la ciudadanía. Es crucial que la gente en Venezuela comprenda las dimensiones de la pérdida que el deterioro del espacio cívico y la desaparición de organizaciones suponen para nuestro país.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa sobre la actual crisis de violencia en Ecuador con Mauro Cerbino, profesor e investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador.

Las investigaciones del profesor Cerbino se centran en las culturas y organizaciones juveniles y en los vínculos entre juventud y violencia.

CIVICUS conversa con Christopher Castillo, Coordinador General de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), acerca de los avances realizados y las asignaturas pendientes de los primeros dos años del gobierno de Xiomara Castro.

ARCAH es un movimiento social comunitario que defiende los territorios y los bienes comunes frente a todo proyecto que amenace la paz y la cosmovisión de las comunidades, desde una perspectiva anticapitalista, antirracista, antipatriarcal, anticolonialista y anticlasista.

¿En qué medida el gobierno de Xiomara Castro, que en estos días cumple dos años, ha estado a la altura de las expectativas?

La mayor expectativa de los hondureños era acabar con un gobierno autoritario. El eje central de la campaña de Castro consistió pues en desmantelar el Estado autoritario y una serie de elementos asociados, particularmente la corrupción, el tráfico de influencias y la captura de las instituciones por parte del narcotráfico y el crimen organizado. Ese objetivo se ha conseguido en parte: aparentemente ya no vivimos sometidos a un poder arbitrario, aunque seguimos conviviendo con una corrupción muy enraizada y con altos niveles de delincuencia, inseguridad y violencia.

Otro tema que nos preocupa mucho a los activistas de base es el de las llamadas ZEDE, o zonas de empleo y desarrollo económico. En abril de 2022, en su informe a los 100 días de haber asumido el gobierno, la presidenta Castro declaró con orgullo que se estaba recuperando la soberanía nacional, enfatizando que su gobierno había derogado la ley que establecía estas áreas con condiciones especiales para atraer la inversión; sin embargo, su decreto de derogación no había sido todavía ratificado por el Congreso. La eliminación de las condiciones para la continuidad de los procesos extractivos seguía pendiente, y en gran medida eso aún no ha cambiado.

El nuevo gobierno también prometió frenar los procesos de privatización del agua. Sin embargo, hasta el momento hay 81 municipios de Honduras donde el agua ha sido privatizada, y el gobierno ha continuado fortaleciendo a las empresas prestadoras de servicios que quitan la función a las empresas públicas, particularmente en Comayagüela y Tegucigalpa, las dos ciudades que conforman el Distrito Central.

En suma, las expectativas de la ciudadanía han sido satisfechas en lo que se refiere a la superación de los rasgos más autoritarios y represivos del Estado, pero no en lo que se refiere a las políticas extractivistas y privatizadoras, donde aún no ha habido cambios significativos.

¿Se han producido mejoras en la situación de las personas defensoras de derechos humanos?

En la medida en que sus luchas están ligadas a la resistencia contra el extractivismo y la privatización, la situación de las personas defensoras no ha mejorado. Nosotros mismos hemos experimentado represalias por nuestro trabajo, las cuales han incluido amenazas de muerte, intentos de secuestro y procesos de criminalización. Durante 2023 ARCAH contabilizó 125 ataques contra la organización y sus miembros. En agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de 11 miembros de ARCAH, pero han pasado más de cinco meses y el gobierno todavía no ha implementado ninguna medida en cumplimiento de esas medidas cautelares.

Muchos activistas que buscan ayuda de los mecanismos de protección estatales son ignorados o ven sus trámites sistemáticamente obstaculizados, aun cuando presentan pruebas de que experimentan ataques y sus vidas corren peligro.

Según el último informe de la Secretaría de Derechos Humanos, actualmente se están atendiendo 54 casos, hay más de 100 en cola y apenas ocho tienen medidas vigentes. La excusa que dan para justificar este pobre desempeño es el limitado presupuesto, que actualmente es de 32 millones de lempiras (aproximadamente 1,3 millones de dólares). Hay funcionarios de gobierno que tienen mayor presupuesto para viajes y gestiones en el extranjero. Los derechos humanos deberían ser más que un discurso. Deben reflejarse en la práctica.

¿Cuál es el balance de la opinión pública?

Una encuesta publicada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesuitas (ERIC-SJ) a principios de 2023 mostró que al cabo de un año de mandato la popularidad de Castro había disminuido 20 puntos porcentuales. La misma encuesta mostró que para la mayoría los temas más urgentes a resolver eran la crisis económica y el desempleo. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina, a pesar de que tiene una tasa de crecimiento de 6%, una de las más altas de la región.

Según la encuesta del ERIC-SJ, el tercer problema en orden de prioridades, apenas por detrás de los temas económicos, era el de la delincuencia y la inseguridad. Una mayoría muy amplia percibía además que los asesinatos habían aumentado. Respecto de la corrupción y la aplicación de la justicia, en cambio, la mayoría consideraba que la situación se había mantenido sin cambios, aunque era destacable el apoyo a la nueva Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.

¿Cuáles deberían ser las prioridades de Castro para la segunda mitad de su mandato?

Las grandes prioridades de política pública en Honduras siguen siendo la educación, la salud y el medio ambiente – además de la situación de los pueblos indígenas, las mujeres, las personas LGBTQI+ y el sector campesino, es decir, todos los colectivos relegados. Buena parte de esta marginación remite al problema del extractivismo, que da cuenta de los altos niveles de violencia contra el activismo ambiental y la casi total impunidad de estos ataques.

La situación de la educación y su vínculo con el empleo es dramática. Mucha gente ya no quiere mandar a sus hijos e hijas a la escuela, porque aunque se gradúen luego no consiguen trabajo. Les resulta más provechoso ingresar a sus hijos al mercado informal para que se dediquen a la compraventa. Esto se ha traducido en crecientes niveles de deserción escolar.

El cambio en esta área debe enfocarse no solamente en elevar la matrícula y la retención de estudiantes sino también en brindar educación de calidad. La educación pública debe volver a ser atractiva para las clases media y media-alta, para revertir la privatización y la segmentación de la educación.

El tema de la salud no se refiere solamente a los servicios hospitalarios sino también a la calidad de la alimentación y a los hábitos de consumo. Honduras tiene niveles de desnutrición muy altos, y no solamente por falta de acceso al alimento sino también porque la calidad de los alimentos ha disminuido. En parte, ello se debe a que los productos de mayor calidad, como en el caso del banano, se destinan a la exportación, y solo lo peor queda para el consumo interno.

Finalmente, el tema del extractivismo debería ser prioritario. Los anuncios realizados en este sentido aún no se han cumplido. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiento emitió declaraciones relativas a la prohibición de la minería a cielo abierto, pero no ha habido ningún decreto que formalmente prohíba esta práctica, y las 20 concesiones existentes siguen funcionando.

En Honduras hay 2.100 proyectos extractivos, de los cuales 300 son represas hidroeléctricas y 900 son de minería. En total, el 33% del territorio nacional está entregado en concesión a corporaciones transnacionales que desarrollan proyectos extractivos. Las ZEDE, por su parte, ocupan el 67% del territorio nacional, incluidas todas las costas.

En 2023 hubo 12 personas defensoras de derechos humanos asesinadas. Honduras fue el país del mundo con más asesinatos de activistas ambientales per cápita, y el cuarto en términos absolutos. Este problema no ha cedido con el cambio de gobierno. Enfrentar esta violencia y la impunidad que continúa prevaleciendo debería ser prioridad.

El espacio cívico en Honduras es clasificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con la Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, acerca de la lucha por el derecho al aborto en El Salvador, uno de los países con las leyes más restrictivas del mundo.

Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil salvadoreña que busca generar conciencia pública sobre temas de salud sexual y reproductiva, aboga por la reforma de la legislación sobre el derecho al aborto y provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por aborto o delitos relacionados.

¿Cuál es la situación de las mujeres que abortan en El Salvador?

Actualmente la legislación de El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia, ni siquiera si se trata de un embarazo en una niña de nueve años, absolutamente impuesto, de un embarazo con riesgo de vida a la persona gestante, o de un caso de malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Incluso en los embarazos ectópicos, que se producen fuera del útero y no pueden ser llevados a término, los médicos normalmente se ven obligados a esperar a que no haya latido fetal para hacer la interrupción, poniendo en grave riesgo de hemorragia a la persona gestante.

Esa es la realidad que enfrentan las mujeres que buscan terminar un embarazo en El Salvador. Enfrentan restricciones legales, denuncias, persecución judicial y riesgo de cárcel. Solo les queda el aborto clandestino, que muchas veces es inseguro. Las mujeres en situación de pobreza enfrentan riesgos mucho mayores; las que tienen recursos económicos pueden salir del país y buscar asistencia en alguna parte donde el aborto sea legal, mientras que las que no los tienen carecen de opciones.

Esto explica que el suicidio se haya convertido en la primera causa indirecta de muerte materna entre adolescentes. Ante la falta de alternativas para la interrupción del embarazo, algunas adolescentes con embarazos impuestos o no deseados recurren al suicidio como única salida.

¿Cómo trabajan las organizaciones feministas de El Salvador, y Agrupación Ciudadana en particular, en pos de la descriminalización del aborto?

Las organizaciones feministas en El Salvador – y en particular la Agrupación Ciudadana y la Colectiva Feminista – hemos trabajado para generar una conversación sobre aborto desde nuevas perspectivas. Lo hemos abordado como tema de salud pública, de justicia social y de justicia reproductiva, así como también desde la perspectiva de la democracia, ya que al fin y al cabo de lo que se trata es de reconocer la condición ciudadana de las mujeres.

Desde la Agrupación Ciudadana trabajamos en tres ejes combinados. El primero de ellos es el litigio y la defensa legal de mujeres criminalizadas en causas de aborto o emergencias obstétricas. Hemos denunciado esto como una violación de derechos humanos y hemos logrado sacar de la cárcel a 73 mujeres que habían sido condenadas.

El segundo eje es el de las campañas y la incidencia por el cambio legal. Hemos difundido una narrativa de defensa de los derechos y la libertad de las mujeres, y hemos presentado iniciativas de reforma del Código Penal, además de un recurso de inconstitucionalidad y peticiones de seguimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la necesidad de reformar la legislación.

En este terreno hemos realizado avances desiguales. Ha habido progresos en el terreno de la opinión pública, pero éstos no se han reflejado todavía en el marco legal, en parte porque el sistema político en El Salvador es controlado por un solo partido, y en parte porque los poderes religiosos y conservadores tienen gran influencia sobre el Estado.

El tercer eje de nuestro trabajo es el litigio en instancias internacionales como el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.

¿Quiénes se posicionan a favor y en contra del aborto legal en El Salvador?

Los bloques en pugna, en El Salvador, no son homogéneos. El que se opone activamente al aborto no es muy numeroso, pero incluye a gente con mucho poder económico, influencia mediática y capacidad de presión sobre las instituciones. No son muchas personas, pero tienen mucho poder. Por ejemplo, para una reciente audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se prepararon muy bien, contratando a estudios jurídicos muy caros. Tienen también su ejército de troles en redes sociales que atacan y amenazan a quienes sostenemos que es necesario cambiar.

Sin embargo, el lado del cambio hay numerosas organizaciones, no solamente feministas y con foco en los derechos de las mujeres, sino también organizaciones de derechos humanos que poco a poco han ido comprendiendo que la penalización absoluta del aborto es una violación de los derechos humanos. Estas organizaciones han apoyado las audiencias en la Corte IDH a pesar de que la despenalización del aborto no es el eje central de su trabajo. Simplemente nos han apoyado desde una perspectiva de justicia social ante una realidad que es demasiado injusta para las mujeres, y para las mujeres pobres en particular.

Se trata, en suma, de un amplio espectro de organizaciones y personas comprometidas con los derechos humanos, pero que trabajan fuera de las instituciones y tienen muchos menos recursos económicos y acceso a medios de comunicación de gran influencia.

¿Qué significación podría tener el esperado fallo de la Corte IDH sobre el Caso Beatriz?

El caso Beatriz, emblemático en la lucha por la legalización del aborto en El Salvador, es el caso de una joven a quien el Estado de El Salvador impidió abortar, aunque su embarazo ponía en peligro su integridad física y su vida.

Un fallo de la Corte IDH sobre el caso tendría enorme significación. Ya a fines de 2021 la Corte IDH condenó al Estado de El Salvador por el caso Manuela, una joven criminalizada tras sufrir una emergencia obstétrica, y que murió por no recibir la necesaria atención médica. Este fallo estableció que la criminalización de mujeres pobres que enfrentan emergencias obstétricas es inseparable del contexto de penalización absoluta del aborto.

Un fallo en el caso Beatriz pondría en evidencia otras derivaciones de la prohibición absoluta del aborto y podría derivar en una flexibilización de la legislación que priorice los derechos de las mujeres.

El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, acerca de los potenciales efectos en materia de derechos humanos de las reformas introducidas por el gobierno de Javier Milei. Fundada en 1961, Amnistía Internacional es la organización internacional de derechos humanos más grande del mundo.

¿Cuáles son las principales medidas que ha tomado el gobierno de Javier Milei, y cuáles son los problemas que plantean?

Ni bien tomó posesión del cargo, el Presidente Milei emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para legislar sobre una gran cantidad de cuestiones que afectarán la vida de los argentinos. Aunque la Constitución Nacional establece que el presidente solamente puede dictar decretos cuando circunstancias excepcionales no permitan seguir los trámites legislativos ordinarios, el uso de decretos ha sido constante en las últimas décadas. La novedad en este caso reside en la cantidad y magnitud de los cambios que incluye el DNU, en contraste con los argumentos de emergencia enunciados por el Poder Ejecutivo.

Además, el gobierno envió al Congreso la llamada “ley ómnibus”, que incluye temas que no entraron en el DNU, tales como reformas fiscales. Aunque también es justificada con argumentos relativos al contexto de emergencia e inestabilidad económica, el proyecto de ley avanza en temas que exceden por mucho dicha emergencia.

Muchos de los cambios incluidos en el DNU y la Ley Ómnibus encienden alertas por la afectación de derechos en temas como salud, vivienda, empleo y libertad de expresión y reunión. A contramano de las normas internacionales en materia de derechos, por la vía de la desregulación y la retirada del Estado ambas normas impactarán negativamente sobre la capacidad de las personas de acceder a sus derechos.

Por ejemplo, las empresas de medicina prepaga podrán aumentar sus cuotas sin restricciones, y de hecho ya lo están haciendo. Si hay reclamos sobre el servicio, el Estado no impondrá sanciones. También se desregularán los precios de los medicamentos.

En materia laboral, se introducen una serie de medidas regresivas vinculadas a las indemnizaciones, el pago de las horas extras y la extensión del período de prueba, entre otras cosas. Las medidas cautelares concedidas por la justicia para frenar la implementación de estos cambios beneficiaron solamente a determinados sectores.

En relación con el tema de la vivienda, el DNU deroga la ley de alquileres y deja los plazos contractuales, montos y moneda de cobro de los alquileres librados a la negociación entre propietarios e inquilinos, permitiendo al propietario imponer las condiciones que desee.

El proyecto de ley, por su parte, propone que la actualización de las jubilaciones deje de regirse por una fórmula fijada por ley y quede en cambio a criterio del Poder Ejecutivo.

La ley ómnibus también concibe a la protesta como un delito en vez de un derecho de participación y expresión de disenso. Establece, por ejemplo, la obligatoriedad de notificar toda reunión o manifestación pública de tres o más personas. Aunque se afirmó que se daría marcha atrás con esta medida, esto aún no ha ocurrido. Además, la ley crea la figura del “organizador” para poder identificar y eventualmente sancionar a quienes lideren manifestaciones.

En materia de seguridad, el proyecto de ley amplía los casos en que se entiende que un agente policial actúa en legítima defensa, debilitando los estándares de responsabilidad policial diseñados para evitar abusos. Teniendo en cuenta los elevados índices de brutalidad policial de Argentina, esto va a contramano de las intervenciones que se necesitan.

El medio ambiente también se verá perjudicado por el DNU, que modifica la ley de bosques para permitir más desmonte, la ley de glaciares para habilitar mayor actividad minera y la ley de fuego para permitir más quema. Estas disposiciones ponen en riesgo los recursos naturales y podrían agravar la crisis climática en Argentina.

En lo que respecta a las políticas de género, tanto el proyecto de ley como el DNU eliminan toda referencia a la diversidad y el género. En particular, el proyecto de ley ómnibus introduce reformas a la llamada “ley de mil días”, aprobada junto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo para apoyar a quienes deciden llevar adelante la gestación.

La instrumentalización de la emergencia económica para avasallar la autonomía de las mujeres, pensando en ellas exclusivamente como madres e incorporando figuras como la del “niño por nacer” revela el intento de introducir una fuerte regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos. En un país donde cada año mueren más de 300 mujeres víctimas de violencia, la verdadera emergencia debería ser diseñar políticas efectivas contra la violencia de género.

¿Cómo afecta el nuevo protocolo “antipiquetes” a la libertad de expresión y el derecho a la protesta?

Desde Amnistía Internacional consideramos que el Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran las libertades de reunión, asociación y expresión. Las atribuciones para la intervención de los agentes policiales y de seguridad no respetan los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y corren el riesgo de intensificar la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas.

El protocolo debe compatibilizar los objetivos de establecer el “orden público” y la “libre circulación” con las obligaciones del Estado en materia de respeto y protección de la integridad física de las personas y el derecho a las libertades de expresión y de reunión, protegidos por la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tanto el protocolo como la ley ómnibus buscan criminalizar a quienes se manifiesten e imponer sanciones, incluidas de carácter pecuniario, que en la práctica podrían hacer desaparecer a colectivos y organizaciones.

El sistema normativo de Argentina no establece orden de prioridad entre derechos: el libre tránsito no está por sobre el derecho a la protesta, ni viceversa. De ahí que la prohibición de las manifestaciones a causa de la posible perturbación de la libre circulación contradice las normas internas.

El Estado argentino debe cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y específicamente en materia de derecho de protesta, libertades de expresión, asociación y reunión y uso de la fuerza por parte de sus agentes policiales y de seguridad.

¿Considera que estas medidas, y la forma en que están siendo tomadas, representan un peligro para la democracia?

En Amnistía Internacional nos preocupa que se pretenda aprobar un proyecto de ley que impactará sobre un sinnúmero de aspectos centrales de la vida de las personas a contrarreloj y en sesiones extraordinarias.

En apenas tres semanas el Poder Ejecutivo ha propuesto, a través del DNU y la ley ómnibus, un cambio masivo en legislaciones y regulaciones que fueron parte de la construcción de consensos de los últimos 40 años. La esencia de la democracia radica en la posibilidad de que la ciudadanía participe en discusiones informadas sobre los temas que la afectan. La vertiginosa discusión de estas políticas plantea serias dudas sobre la integridad del proceso deliberativo.

El contexto de crisis económica y social de Argentina exige encarar reformas profundas. La pobreza supera el 40% y los desorbitados índices de inflación exigen un cambio de rumbo. Sin embargo, estas reformas deben hacerse dentro del marco de las instituciones y de la Constitución Nacional.

La ley ómnibus pretende una delegación de facultades en el Ejecutivo de dimensiones nunca vistas, en todas las esferas. Además, establece que las normas que se dicten en el ejercicio de esta delegación serán permanentes, excepto cuando la naturaleza de la medida determine su carácter transitorio y así lo disponga de forma expresa.

El Congreso debería llevar a cabo este proceso de manera adecuada, siguiendo los principios establecidos en nuestra constitución. Decisiones que afecten tan significativamente la vida de la gente no deben tomarse de manera apresurada, sino mediante el debate público y los procedimientos establecidos.

¿Qué iniciativas está desarrollando Amnistía Internacional en relación con estos temas?

En relación con el protocolo para el mantenimiento del orden público hemos presentado un análisis con aportes y comentarios basados en los estándares nacionales e internacionales. Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de políticas públicas respetuosas de los derechos de las personas.

Respecto del DNU y la ley ómnibus, estamos organizando reuniones con funcionarios y colegas de diversas áreas para analizar en conjunto las leyes y evaluar pasos a seguir.

Por último, estamos preparando un documento de análisis de los primeros 100 días del gobierno de Milei desde una perspectiva de derechos humanos. En la misma sintonía, estaremos monitoreando muy de cerca al Congreso.

El espacio cívico en Argentina es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), acerca de la inminente inauguración del nuevo presidente, a la que se llega tras 100 días de movilización en reclamo del respeto de la voluntad popular.

Fundada en el año 2000, UDEFEGUA es una organización de la sociedad civil dedicada a documentar, verificar y registrar agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.

¿Cuál fue la relevancia de la elección de Bernardo Arévalo como presidente, y a qué se deben las enormes resistencias que ha enfrentado?

El 29 de diciembre de 2023 se cumplieron 27 años de la firma de los acuerdos de paz que siguieron a los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala. Ese conflicto se cobró más de 200.000 víctimas directas y dejó secuelas enormes en la sociedad guatemalteca. Los acuerdos de paz establecían una agenda de transformación estructural para eliminar las causas del conflicto. En cambio, los últimos tres gobiernos – y en particular el del actual presidente, Alejandro Giammattei – no hicieron otra cosa que gestar una grave regresión autoritaria.

Las elecciones presidenciales de junio y agosto de 2023 pretendían consolidar este retroceso autoritario y terminar de sepultar la agenda de la paz y la construcción democrática.

En la primera vuelta de la elección presidencial compitieron más de 20 partidos, mayoritariamente de derecha y extrema derecha e identificados con los sectores que han capturado al Estado, es decir, muy vinculados a la élite económica, política y militar y al crimen organizado.

El solo hecho de que se llevara a cabo la elección fue un hito en sí mismo. Que, además, el candidato ganador tuviera una clara perspectiva democrática y progresista lo hizo aún más remarcable. La victoria de Bernardo Arévalo representa el repudio de la sociedad a la élite política corrupta. Nos encontrábamos ante una encrucijada histórica, entre un pasado autoritario y un futuro posible de construcción de un Estado democrático.

Ello explica las enormes resistencias que ha debido enfrentar el presidente electo. Bernardo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo luego de la revolución de octubre de 1944 y artífice de la llamada primavera democrática de esos años. Su legado sigue muy presente: fue entonces cuando el derecho del sufragio se amplió a las mujeres, se dictó el código de trabajo y se instituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, se transformó el Estado.

Hoy cumplimos 79 años de estar dominados por grupos particulares interesados en mantener los privilegios de un pequeño segmento de la población, que se resisten a que un gobierno de este talante llegue al poder. Sin embargo, aunque muy poderosos, estos grupos son minoritarios y por fin da la impresión de que estarían comenzando a perder los privilegios de que han disfrutado siempre.

¿Ha estado en riesgo la democracia en Guatemala?

Los últimos gobiernos han roto por completo la legalidad. El gobierno saliente prácticamente produjo un quiebre del estado de derecho. Un indicador de ello, que hemos identificado como parte del contexto de agresión a personas defensoras de derechos humanos, es la violación del principio republicano de independencia de poderes. Los tres órganos del Estado guatemalteco, ejecutivo, legislativo y judicial, fue capturados por elites mafiosas.

Los repetidos intentos de violentar la voluntad popular expresada en las urnas no hicieron más que agravar la situación. El Ministerio Público y la Fiscalía han presionado al Tribunal Supremo Electoral para que revierta los resultados electorales, llevando a cabo cuatro allanamientos ilegales y arbitrarios contra el Tribunal.

Es importante remarcar que misiones nacionales e internacionales de observación electoral, incluidas las de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, corroboraron la transparencia del proceso y afirmaron que las denuncias de fraude carecen de fundamentos.

El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia, y frente a ello la ciudadanía se ha movilizado. A partir del 2 de octubre se convocó a un paro nacional por tiempo indefinido para exigir el respecto de la voluntad popular. El 9 de enero se cumplieron 100 días de resistencia pacífica, encabezada por los pueblos originarios e indígenas, en defensa de la democracia.

¿Cuáles fueron las particularidades de estas protestas?

A las protestas convocadas por autoridades ancestrales indígenas de los pueblos originarios se han sumado numerosas expresiones ciudadanas espontáneas. En el pasado, las capas medias urbanas y mestizas se oponían a los procesos de movilización de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, en cambio, las protestas lideradas por los pueblos indígenas han sido acompañadas y legitimadas por amplios sectores de la sociedad. Este hecho rompió con una larga tradición de prejuicio y discriminación racial de la sociedad urbana y mestiza hacia los pueblos indígenas, y resultó en manifestaciones masivas y muy extendidas en el territorio nacional.

Las protestas lograron aglutinar a los 23 pueblos que conforman Guatemala. Amplios sectores de la sociedad llevaron a cabo bloqueos de carreteras en los principales puntos de tránsito del país. El tránsito de alimentos y de servicios médicos o de asistencia no se vieron obstruidos, ya que los manifestantes les liberaron el paso.

Los bloqueos fueron una manifestación de alegría ciudadana sin precedentes. La ciudadanía retomó y recuperó el espacio público, hubo bailes en las calles tomadas, juegos de fútbol, clases de yoga y de ajedrez.

Una característica central de las protestas fue su carácter pacífico. Frente a las provocaciones de actores externos y de la policía nacional, la ciudadanía respondió con acciones no violentas. Durante 100 días mantuvo una concentración frente a la sede central del Ministerio Público. Los manifestantes no dejaron su lugar y continuaron reclamando la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por sus reiterados intentos de anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno?

El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, tiene ante sí importantes retos. Aunque controlará el Poder Ejecutivo, el Legislativo sigue altamente capturado por las mafias. De 160 parlamentarios, alrededor de 130 pertenecen a grupos que integran lo que en Guatemala es popularmente conocido como el “pacto de corruptos”. Lo mismo sucede con el sistema de justicia.

Bernardo Arévalo tiene el enorme reto de reconstruir la institucionalidad pública. La corrupción y la impunidad han llegado a niveles tales que servicios tan esenciales como sacar un documento de identidad se han convertido en un suplicio. Se debe reconstruir la infraestructura para que los ciudadanos podamos acceder de manera gratuita a servicios esenciales como la salud y la educación y se ponga freno a la larga lista de violaciones de derechos humanos que sufre la población guatemalteca.

Otro gran reto es generar un proceso sistemático y permanente de diálogo con la sociedad civil. En particular, se debe dar reconocimiento a los pueblos indígenas, históricamente relegados y vulnerados por el Estado guatemalteco, como sujetos políticos centrales.

El gobierno del Movimiento Semilla tendrá tan solo cuatro años para dar respuestas a estos desafíos. Esperamos que su mandato funcione como un período de transición que dé inicio a un largo período de gobiernos que respondan a los intereses de la mayoría de la población.

¿Qué cambios en la situación de las personas defensoras de derechos humanos cabe esperar a partir del cambio de gobierno?

En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Defensor de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, iniciado a raíz del asesinato de un defensor en el año 2004. Nuestra petición a la Corte fue que se incluyera como medida de reparación la construcción de una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos. La Corte aceptó esta solicitud y la incluyó en su resolución, imponiendo cinco parámetros para el diseño de dicha política pública.

Pero los esfuerzos de construcción de esta política quedaron truncos y al día de hoy solamente contamos con un documento borrador. Por lo tanto, será una responsabilidad central del nuevo gobierno culminar este proceso y comprometerse no solo a aprobar la política sino también a volcar los recursos necesarios para su implementación.

Otra de sus responsabilidades en esta materia consistirá en impulsar una agenda legislativa para desmantelar toda la legislación criminalizadora que fue aprobada en los últimos años. Este proceso debe ir de la mano con un ejercicio activo de las instituciones encargadas de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar el proceso de construcción democrática en Guatemala?

El riesgo de ruptura constitucional sigue presente. El nuevo gobierno deberá enfrentar a una de las oligarquías más conservadoras y atrasadas del continente, responsable del delito de genocidio. Quitarles sus privilegios a estos sectores no será tarea fácil.

Por lo tanto, el continuo acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional serán sumamente necesarios. El intercambio de información y buenas prácticas, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la asistencia técnica serían formas cruciales de respaldo.

El 14 de enero, fecha de la asunción presidencial, comienza un período de transición democrática que promete dejar atrás la corrupción y la ilegalidad. Tanto el nuevo gobierno como la sociedad civil guatemalteca necesitarán de todo el apoyo posible para conseguirlo.

El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Mariano de Alba, Asesor Sénior del International Crisis Group, acerca del reciente referéndum convocado por el gobierno de Venezuela sobre el estatus del territorio del Esequibo, disputado con la vecina Guyana, y sus posibles implicaciones para la democracia en Venezuela y la paz en la región.

El International Crisis Group es una organización independiente que trabaja para prevenir guerras y diseñar políticas que construyan un mundo más pacífico.

¿Por qué el gobierno venezolano decidió someter la cuestión del Esequibo a un referéndum?

El anuncio de la realización del referéndum surgió en primer lugar como una reacción del gobierno de Venezuela a las recientes rondas de licitaciones petroleras realizadas por Guyana en zonas que Venezuela considera áreas marítimas pendientes de delimitación. Conforme se fue organizando el referéndum, se volvió evidente que el gobierno venezolano le daba un valor adicional como herramienta para probar su capacidad de movilización electoral a pocos meses de la elección presidencial que debería ocurrir este año.

Adicionalmente, al poner la disputa con Guyana en la agenda pública, el gobierno venezolano busca avivar el sentimiento nacionalista en la población venezolana, y muy especialmente en las fuerzas armadas, un actor clave en su estrategia para conservar el poder.

¿Cuál es el valor jurídico del referéndum?

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia judicial venezolana, el referéndum consultivo, que es una figura establecida en la Constitución venezolana, no tiene carácter vinculante. Esta posición fue ratificada públicamente por el abogado principal que fue designado por el gobierno para preparar las preguntas del referendo.

Pero por motivos políticos, desde antes del referéndum y especialmente en vista de sus resultados, el gobierno ha insistido en que sí tiene carácter vinculante para justificar una serie de acciones que ha anunciado en relación con el territorio en disputa. Éstas, sin embargo, no han pasado de anuncios simbólicos, ya que las fuerzas armadas de Venezuela no han ingresado en el territorio en disputa, desde hace muchísimos años bajo administración de Guyana.

¿Cómo se posicionó la oposición, y cómo impactará el referéndum sobre las elecciones de 2024?

Hubo diferencias sobre cómo posicionarse frente al referéndum. Ante todo, hay que recordar que el 17 de octubre, cuando el gobierno y la oposición firmaron en Barbados un acuerdo sobre condiciones electorales, también firmaron otro acuerdo en el que se comprometieron a “ratificar los derechos históricos” de Venezuela y a “defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966”, el tratado que reavivó la controversia, en el cual Guyana, Venezuela y el Reino Unido acordaron buscar una solución al conflicto. En consecuencia, al menos para una parte de la dirigencia opositora fue difícil oponerse al referéndum.

Sin embargo, María Corina Machado, la principal líder de la oposición, electa como candidata de unidad en las primarias de finales de octubre de 2023, sí criticó la consulta, argumentando que “la soberanía se ejerce, no se consulta”. La diferencia más importante en la oposición es que algunos líderes opositores piensan que hay que participar en todos los procesos electorales, independientemente de las condiciones, mientras otros no. Algunos votaron en el referéndum y otros no lo hicieron.

Frente a las elecciones presidenciales, un elemento central de la estrategia del gobierno es fomentar la división de la oposición, de modo que una parte llame a la no participación por falta de condiciones suficientes y otra decida participar. El gobierno tiene posibilidades reales de ganar la elección frente a una oposición dividida, ya que bajo el sistema electoral vigente es electo quien obtenga más votos, aunque no alcance el 50%. La elección tendrá lugar en un contexto autoritario en el cual las condiciones de la competencia serán deficientes y hay un alto riesgo de represión gubernamental.

¿Cómo se ha manifestado Guyana?

Guyana está centrada en la búsqueda de una decisión favorable en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde en 2018 presentó una demanda para que se ratifique la validez del laudo arbitral de 1899, que le otorgó el territorio que hoy día controla y administra y que Venezuela desconoce con el argumento de que el laudo fue producto de un fraude procesal.

Sin embargo, las tensiones recientes complican el panorama para Guyana. Primero, porque al menos en el papel, las fuerzas armadas venezolanas tienen capacidades sustancialmente superiores a las guyanesas. De allí su intención de tratar de fortalecer sus alianzas militares y obtener garantías de otros países. Segundo, porque la incertidumbre producto de estas tensiones podría afectar el destacadísimo desarrollo económico que está teniendo Guyana, un país con escasa población pero con altos ingresos debido al reciente descubrimiento y explotación de recursos petroleros. Ya a mediados de diciembre de 2023 el mercado de seguros Lloyd’s de Londres calificó como riesgosa la zona económica exclusiva guyanesa, lo podría aumentar el costo del envío de petróleo desde esa zona.

¿Cuáles son los riesgos de que se produzca una escalada bélica?

El referéndum ha aumentado sustancialmente las tensiones entre Guyana y Venezuela. Guayana vio en él y en las ulteriores acciones del gobierno venezolano una amenaza. Aunque también Guyana ha aprovechado las tensiones para tratar de fortalecer sus alianzas diplomáticas y militares con países como los Estados Unidos y el Reino Unido.

En el corto y mediano plazo, el riesgo de que estas tensiones desemboquen en un conflicto armado es bajo, en parte, porque la reacción internacional sería muy crítica. Además, si bien el gobierno venezolano ha anunciado y ejecutado acciones tales como el nombramiento de una autoridad para el territorio en disputa, se ha cuidado de que la ejecución de esas acciones permanezca por ahora en territorio venezolano.

Pero la escalada bélica no es un escenario descartable. La tensión podría desembocar en un enfrentamiento limitado tras el cual se vuelva difícil para uno o ambos países desescalar.

Desde la perspectiva venezolana, la escalada es una apuesta riesgosa porque podría generar mayor descontento en las fuerzas armadas venezolanas, que tendrían que arriesgar sus vidas, especialmente si Guyana recibe el apoyo de un aliado importante como Estados Unidos. Además, el gobierno venezolano se está esforzando por reinsertarse en la comunidad internacional e iniciar un conflicto con Guyana desbarataría esos esfuerzos.

Del lado guyanés, es una incógnita si efectivamente recibiría un apoyo militar sustancial en caso de un conflicto. Éste, además, podría volver muy riesgosos los negocios de algunas empresas que operan en ese país. Por ende, al menos en el corto y mediano plazo, salvo sorpresa, predominarán los intentos de mantener las tensiones en la escena pública, pero sin emprender una escalada real.

Al final del día, ambos países, como vecinos, están obligados a tratar de negociar. Aunque Guyana obtenga una decisión favorable de la CIJ, ese difícilmente será el fin de la disputa, ya que sin la colaboración de Venezuela la ejecución de la sentencia será muy difícil; además, el área marítima seguirá pendiente de delimitación, por lo que algún día habrá que negociar.

¿Cómo continúan las negociaciones diplomáticas?

Ha habido importantes esfuerzos diplomáticos de diversos países para tratar de convencer a ambos gobiernos de la importancia de rebajar las tensiones y evitar un conflicto armado. Estos esfuerzos desembocaron en un acuerdo que se firmó en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre. Allí se acordó no solamente rebajar las tensiones sino también realizar una nueva reunión en Brasil antes de fines de marzo.

Sin embargo, la desconfianza entre ambos gobiernos sigue siendo profunda. No ayudó tampoco el hecho de que a fines de diciembre se produjera la visita de un buque de guerra británico a Guyana, que Venezuela interpretó como una amenaza a la cual respondió con la realización de ejercicios militares en su territorio.

Las perspectivas son complicadas porque ambos gobiernos consideran que pueden sacar rédito político de las tensiones. Venezuela más por razones de política interna, y Guyana en primer lugar para fortalecer sus alianzas militares y secundariamente porque, si maneja acertadamente la situación, las perspectivas del partido de gobierno podrían mejorar de cara a las elecciones de 2025.

Tras bastidores, los esfuerzos diplomáticos continúan porque frente a la guerra en Ucrania y el conflicto en Gaza prevalece la idea de que no hay espacio internacional para otro conflicto armado, y menos aún en América Latina y el Caribe, que por tantos años ha sido una zona de paz, al menos en lo que se refiere a los conflictos interestatales.

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CIVICUS habla con Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales, sobre la situación de las personas LGBTQI+ y la lucha por el matrimonio igualitario en Panamá.

La Fundación Iguales es una organización de la sociedad civil (OSC) panameña que lucha por el fin de la discriminación por diversidad sexual a través de actividades de diagnóstico, sensibilización, promoción y defensa de derechos humanos. Sobre la base de un enfoque interseccional, también promueve los derechos de las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas mayores y toda otra persona en situación de vulnerabilidad.

¿Qué avances ha experimentado la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá desde la despenalización de la homosexualidad en 2008?

La opinión pública ha evolucionado sostenidamente hacia una actitud de el respeto hacia las personas LGBTQI+. Si bien queda un largo camino que recorrer, que se evidencia especialmente en la ausencia de políticas públicas de reconocimiento de derechos de la población sexualmente diversa, el fortalecimiento de una sociedad civil promotora de los derechos humanos es un avance palpable.

Es importante recalcar que, si bien la homosexualidad fue despenalizada en 2008, la discriminación institucional ha persistido, y no solamente en las actitudes sino también en cantidad de normas y regulaciones. Por ejemplo, el reglamento disciplinario de la policía incluye como falta gravísima “la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo”. Es una falta de la misma gravedad que la de “hacer disparos innecesarios haciendo daño a terceros” o “atacar físicamente a un compañero o subalterno”. También el reglamento general de los bomberos incluye como faltas gravísimas “practicar el homosexualismo (o lesbianismo) públicamente”.

Asimismo, sigue sin permitirse a personas homosexuales donar sangre y no tenemos una ley de reconocimiento de la identidad de género ni leyes antidiscriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.

¿Qué significación tuvo el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la aprobación del matrimonio igualitario en Panamá?

El llamamiento de la CIDH se produjo en 2020 en el marco de una audiencia temática solicitada por Fundación Iguales ante la larga demora por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de dar curso a las diversas demandas de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio civil entre parejas de personas del mismo sexo. La audiencia generó muchas expectativas, especialmente en las parejas del mismo sexo que tras largos años de espera veían denegado su derecho de acceso a la justicia, y por ende a su dignidad.

Fundación Iguales y otras organizaciones de derechos humanos LGBTQI+ logramos llamar la atención sobre nuestras demandas, y la CIDH fue categórica en su recomendación para que Panamá cumpliera sus compromisos interamericanos. Pero las expectativas generadas fueron claramente defraudades porque el gobierno no cumplió con los acuerdos resultantes de la audiencia, que incluían el establecimiento de una mesa de trabajo entre la CIDH y el Estado para dar seguimiento a las demandas que expresamos en la audiencia y que la CIDH confirmó debían cumplirse en un breve plazo.

¿Cómo han trabajado las organizaciones LGBTQI+ de Panamá, y Fundación Iguales en particular, para lograr cambios legales y vencer resistencias culturales?

En los últimos años, las organizaciones LGBTQI+ de Panamá hemos crecido y aumentado nuestra labor de incidencia en diferentes temas y espacios, con buenos resultados. La colaboración entre organizaciones ha sido clave a la hora de enfrentar las resistencias culturales a nuestro trabajo.

Desde Fundación Iguales nos hemos enfocado tanto en el trabajo social como en el apoyo a casos de litigio por el matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Justicia. Hacemos un uso intensivo del sistema interamericano de derechos humanos, principalmente a través de audiencias temáticas de la CIDH y participando de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También trabajamos en el marco del sistema universal de derechos humanos liderando procesos nacionales y enviando insumos a instancias tales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Paralelamente Fundación Iguales ha liderado una campaña nacional por el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, Sí Acepto, que ha contado con el acompañamiento de otras OSC como Convive, Hombres Trans, Diversa y Pride Connection. También se han sumado empresas como Diageo, LLYC y BBDO, las embajadas de Canadá y el Reino Unido y la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otras instituciones.

Tenemos muchos años acompañando los procesos de cambio de nombre de personas trans junto a la Asociación Panameña de Personas Trans y Hombres Trans Panamá. Hemos sido partícipes y colaborado con la organización de las Marchas del Orgullo, específicamente en la oferta académica y cultural de la mano de la organización lésbico feminista Coalición Internacional de Mujeres y Familias.

¿Cuáles son los grupos a favor y en contra de los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá?

Quienes estamos a favor somos un grupo diverso y complementario, decididamente acompañado por nuestras familias y la juventud en general. Hay numerosas empresas, embajadas, instituciones internacionales, medios, periodistas e instituciones académicas que se expresan con firmeza para que Panamá sea un país inclusivo donde las personas LGBTQI+ seamos respetadas y valoradas. El acompañamiento de otros grupos minoritarios de Panamá, como el de los afrodescendientes, consolida nuestro mensaje interseccional.

El grupo que se opone a nuestros derechos constituye una facción extrema de grupos conservadores y religiosos. Sin embargo, es importante aclarar que en Panamá muchas personas conservadoras y religiosas están a favor del respeto y la no violencia contra las personas LGBTQI+.

Lastimosamente, muchas instituciones que se supone que deben protegernos, como la policía y la Corte Suprema de Justicia, se han opuesto tajantemente a los derechos de la diversidad sexual. Sus argumentos son profundamente pobres y suelen centrarse en una visión muy esquemática de lo “natural” versus lo “antinatural”. En esa línea se expresó vergonzosamente la Corte Suprema al postular que el matrimonio tiene como función principal la procreación para la continuidad de la especie. Las conclusiones que se desprenden de estos argumentos son sumamente violentas e inaceptables en una sociedad moderna.

¿Por qué los progresos realizados en el terreno de la opinión pública siguen sin verse reflejados en el marco legal?

Ha habido clarísimos progresos en la opinión pública. Según indicaron las encuestas, la campaña Sí Acepto, por ejemplo, tuvo un gran impacto en la sociedad panameña: en tan solo tres años cambió la opinión de más de 300 mil personas, lo cual es muchísimo para un país de apenas 4.2 millones de habitantes. Que tantas personas no LGBTQI+ apoyen la aspiración de una sociedad libre de discriminación es un claro indicio de cambio.

Pero estos cambios positivos no se ven reflejados en el marco legal por falta de voluntad política. Tenemos un liderazgo político vetusto, populista, inoperante y falto de ética. Nuestros líderes no han comprendido que están disociados de los cambios de nuestra época relativos a la evolución de los derechos humanos, el derecho internacional y los principios de la democracia liberal. Pero el cambio es imparable: las nuevas generaciones claramente están adoptando posiciones favorables a los derechos, la diversidad y la inclusión, y que lleguen a ocupar lugares clave en la toma de decisiones es solo cuestión de tiempo.

¿Cómo sigue la lucha tras la sentencia de la Corte Suprema que admitió la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo?

La lucha se consolida, se reinventa y continúa. Al dar luz verde al gobierno para discriminar, en este caso contra parejas del mismo sexo y su derecho a conformar una familia reconocida y protegida por el Estado, la Corte ha puesto en evidencia su animadversión hacia las personas LGBTQI+. Ya nadie puede decir que la discriminación es sutil o imaginaria: se ha vuelto evidente y obscena para todas las personas, y no solamente para las personas LGBTQI+ que la padecen directamente. La situación ha quedado más clara que nunca, lo que ha llevado a que más gente se comprometa con la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+.

En suma, la deplorable decisión de la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+, y en ese sentido constituye un momento trascendental en dirección de la conformación del país que queremos, con foco en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, el combate de las desigualdades sociales y económicas y la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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CIVICUS conversa acerca de los desafíos de la gobernanza global con Carlos Quesada, fundador y director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza & Igualdad).

Raza & Igualdad es una organización de la sociedad civil (OSC) internacional que trabaja con activistas y organizaciones de América Latina para promover y proteger los derechos humanos de las poblaciones en condiciones de marginación, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género. Lo hace mediante capacitación técnica, documentación de violaciones de derechos humanos y trabajo de incidencia a nivel nacional e internacional.

¿Qué oportunidades ofrece el actual sistema institucional de gobernanza global?

El sistema actual ofrece oportunidades para trabajar por el mejoramiento de los estándares internacionales de protección y promoción de derechos humanos., que nosotros hemos aprovechado. Raza & Igualdad tuvo un rol clave, por ejemplo, en la definición de la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, cuya aprobación se logró tras 13 años de trabajo con diversos países de la región.

Trabajamos estrechamente con los órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como la Asamblea General y el Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos. En el sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas, contribuimos a que nuestras contrapartes nacionales tengan influencia en los órganos de tratados, durante el proceso del Examen Periódico Universal de sus respectivos países y en sus interacciones con los Procedimientos Especiales, es decir, las Relatorías Especiales, los Grupos de Trabajo y los Expertos Independientes.

Nuestra estrategia se centra en apoyar las luchas por los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI+, los niños y niñas y las personas afrodescendientes utilizando los órganos de tratados. De este modo logramos que nuestras recomendaciones se integren en las observaciones y conclusiones de los Estados miembros en organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité de los Derechos del Niño.

¿Cuáles son los principales déficits del actual sistema de gobernanza global?

Volviendo al ejemplo anterior, si bien logramos la aprobación de dos convenciones interamericanas contra el racismo y la discriminación, desgraciadamente solo seis países de las Américas han ratificado la CIRDI y uno de ellos, Brasil, ha emitido una reserva que limita su utilización a casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Apenas dos países del hemisferio han ratificado la Convención contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

El principal déficit del sistema de gobernanza global radica en la falta de implementación de lo acordado. Existe una brecha entre las declaraciones y promesas públicas de los Estados en estas instancias y su verdadero compromiso de cumplimiento. A pesar de los avances, las palabras a menudo no se traducen en acciones concretas.

Otro ejemplo de este déficit es la poca cantidad de sentencias de la Corte IDH que se cumplen al 100%. No hay un mecanismo que permita castigar a los países que incumplen las sentencias. Lo único positivo es que éstas no prescriben, por lo cual cabe esperar que ocurra un cambio de gobierno y que el nuevo gobierno se avenga a cumplirlas.

El hecho de que las recomendaciones no sean vinculantes es un gran desafío tanto para el sistema interamericano como para el sistema universal y es un problema estructural fundamental desde su creación. Las sanciones deberían ser vinculantes, pero no lo son, y al final del día el proceso se convierte en un diálogo de buenas intenciones donde los Estados prometen cumplir las recomendaciones, pero en los hechos esto rara vez sucede.

¿Cómo cree que sería un sistema de gobernanza global más sólido, efectivo y democrático?

El gran desafío para la sociedad civil radica en generar un efecto cascada desde lo local hasta lo internacional. Esto implica promover el fortalecimiento democrático a nivel local para que los principios democráticos se reflejen en diferentes espacios, incluso alcanzando instituciones internacionales como la OEA. Debería haber una participación política democrática real para que los Estados democráticos adopten un compromiso real de respetar, promover y sancionar las violaciones de derechos humanos.

Este compromiso no debe ser meramente declarativo, sino que debe ser genuino e ir acompañado de un diálogo efectivo con la sociedad civil para avanzar en estándares de promoción y protección de los derechos humanos. Actualmente, tanto los Estados como las OSC nos caracterizamos por dar monólogos, pero no dialogamos entre nosotros. La sociedad civil utiliza estos espacios para hacer recomendaciones, pero a menudo carece de un interlocutor del otro lado. Los Estados, por su parte, emiten discursos para que el mundo los escuche, sin establecer una instancia real de diálogo. Es necesario avanzar hacia un modelo más participativo y colaborativo.

¿Qué reformas están impulsando?

Desde Raza & Igualdad estamos impulsando la campaña CIRDI2024 con el objetivo de lograr la plena ratificación de la CIRDI, antes de que finalice el Decenio Internacional para los Afrodescendientes el próximo año. Nuestra meta es alcanzar las diez ratificaciones que hacen falta para poder crear un Comité Interamericano para prevenir y sancionar la discriminación racial en las Américas.

También estamos participando, junto a otras OSC de las Américas, en diálogos sobre cómo mejorar la participación de la sociedad civil en los órganos políticos de la OEA. De esta manera buscamos transformar los monólogos actuales en auténticos diálogos entre la sociedad civil y los Estados. Queremos que estos diálogos sean reales, concretos y efectivos, promoviendo una colaboración más significativa.

Además, impulsamos una campaña para que las sentencias de la Corte IDH sean vinculantes. Este paso es esencial para garantizar la protección y prevención de las violaciones de derechos humanos en las Américas. Estamos comprometidos con la generación de cambios significativos y concretos que refuercen los mecanismos de protección y promoción de derechos humanos.

Póngase en contacto con Raza & Igualdad a través de su página web y siga a @raceandequality en Instagram y Twitter.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación Horizon ENSURED, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de los mismos.

CIVICUS conversa con Jordi Surkin, director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Bolivia, sobre los recientes incendios en cuatro de los nueve departamentos del país.

WWF trabaja en Bolivia desde 1993, con la visión de un país donde los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

¿Cómo han evolucionado los incendios que se desataron en el mes de octubre?

Es importante aclarar que el uso del fuego como parte del manejo agrícola para la preparación del terreno es una práctica milenaria. Sin embargo, los incendios se han salido de control a causa de las sequías, que podrían estar vinculadas al cambio climático. Sin ir muy lejos, en 2019 se quemaron 6.4 millones de hectáreas en Bolivia. Hay años en que la situación no es tan grave, pero sigue siendo significativa.

El impacto y la envergadura de los incendios varía de año a año dependiendo de factores climáticos. Las condiciones climáticas extremas de sequía, temperaturas y vientos – como parte del impacto del cambio climático – junto con los altos niveles de deforestación incrementan las probabilidades de incendios de gran magnitud.

Los incendios también se han salido de control por el uso creciente e inadecuado del fuego. Hay productores agrícolas que lo usan para preparar las tierras sin tomar las medidas necesarias para prevenir que se expanda más allá de su predio. Y por supuesto, está también el uso del fuego con fines ilegales como la especulación de tierras y las plantaciones ilegales.

¿Está el aumento de la incidencia y severidad de los incendios vinculado con el cambio climático?

El cambio más tangible que ha vivido Bolivia han sido temperaturas inusualmente altas. Las temperaturas que hemos experimentado en los últimos meses de manera sostenida han sido altísimas. Además, casi 300 municipios se han declarado en emergencia por las sequias y el principal problema en muchos casos es la falta de agua. No ha estado lloviendo.

Ahora, es importante aclarar de que en Latinoamérica vivimos los fenómenos climáticos de la Niña y el Niño, que son cíclicos y se manifiestan bajo la forma ya sea de sequías o de inundaciones. Entonces, no todo es atribuible al cambio climático. Lo que sí podemos atribuir al cambio climático son las manifestaciones extremas, nunca antes vistas, de estos fenómenos.

¿Qué impactos están teniendo estos incendios?

Estamos viendo que muchas hectáreas que son quemadas año a año ya no se están regenerando. Se está perdiendo la capacidad de recuperación de estos bosques.

Pero el impacto negativo de los incendios forestales no solo se traduce en pérdida de biodiversidad, sino que también afecta la calidad de vida de todos. El impacto humano es enorme: cientos de miles de personas han visto su salud afectada por el humo este año y muchas comunidades han sido desplazadas.

Como consecuencia de los incendios en los bosques, en muchas comunidades los pozos de agua se secan. En 2019, por ejemplo, muchas familias tuvieron que dejar sus comunidades y emigrar a centros urbanos por el humo y la falta de agua. Este año hay cientos de familias en esta situación.

La situación también ha sido desesperada en las ciudades a causa del humo y el aumento del calor. Durante todo el mes de noviembre, Santa Cruz ha estado entre las ciudades más contaminadas del mundo por el humo de los incendios. Casi no hemos visto el sol en todo el mes. Las clases debieron suspenderse porque muchos niños estaban teniendo problemas respiratorios. Hace unas semanas la ciudad tuvo un récord histórico de consumo de electricidad porque la gente está recurriendo desesperadamente al aire acondicionado para ventilar y mantenerse fresca.

¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil a enfrentar el problema de los incendios forestales?

Ante todo, hay que decir que no hay gobierno que pueda parar los incendios si al mismo tiempo hay gente que continúa incendiando los bosques. Y mucho menos en contextos de sequía, altas temperaturas y vientos de 80 kilómetros por hora, como los que hemos tenido recientemente.

La capacidad del gobierno de Bolivia para luchar contra los incendios es limitada. No dispone del equipamiento adecuado, ni siquiera de la cantidad de bomberos necesarios.

Desde WWF Bolivia estamos contribuyendo a dotar de equipamiento a los bomberos voluntarios autoconvocados que se organizan para mitigar estos incendios. Es importante aclarar que somos una organización de conservación más que de emergencia; sin embargo, intentado colaborar dentro de nuestras posibilidades.

Hemos estado trabajando más activamente con las comunidades indígenas para que tengan un plan de gestión de riesgos. Esto les ayuda a emprender acciones para reducir la probabilidad de incendios. También estamos trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales para monitorear y generar alertas tempranas.

¿Qué debería hacer el gobierno para prevenir y controlar eficazmente los incendios?

Dentro del propio gobierno nacional se ha iniciado un debate sobre la reversión de un paquete de leyes que se percibe contribuye a agudizar la situación. Revisar y consolidar un marco legal y regulatorio que proteja a los bosques y la biodiversidad es un importante primer paso.

También habría que implementar las leyes que ya existen. Es fundamental aumentar las penas por la provocación de incendios porque actualmente las multas son irrisorias, por lo que no constituyen un disuasivo. Necesitamos reducir la cantidad de acciones de uso de fuego indebido, que son los que se salen de control.

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CIVICUS conversa con integrantes del Colectivo por la Libertad de Kenia Hernández. acerca de la criminalización del activismo en México.

Kenia Hernández es una mujer indígena amuzga, defensora de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio. Coordina el Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo extractivista impuesto por el Estado mexicano. Kenia tiene nueve causas abiertas bajo cargos fabricados vinculados con su activismo y permanece injustamente encarcelada desde octubre de 2020. Es parte de la campaña de CIVICUS Stand as My Witness (Sé my testigo), que busca su liberación.

¿Cuál es la situación de Kenia Hernández y de la lucha por su liberación?

La labor de Kenia siempre se ha centrado en denunciar y generar movilización contra violaciones graves de derechos humanos. Ahora está experimentando en carne propia la criminalización del activismo de derechos humanos y por los derechos de los pueblos indígenas que viven tantos otros activistas en México. El sistema busca mantenerla entre rejas el mayor tiempo posible para evitar que continúe haciendo su trabajo, y para ello prolonga la privación de su libertad mediante la repetida apertura de nuevas causas penales en su contra.

La lucha por la liberación de Kenia tiene dos componentes: la lucha jurídica, encabezada por un equipo jurídico que da seguimiento a los procesos en su contra, y la lucha política, centrada en la visibilización del caso. Es importante que todo el país sepa lo que está ocurriendo y que se siga hablando del caso de Kenia, de la injusticia y la impunidad que padece. No podemos mirar para otro lado porque su realidad es la de muchos otros activistas criminalizados.

¿Cuántos casos similares al de Kenia estimas que existen actualmente?

El caso de Kenia es parte de un patrón de criminalización que se utiliza con el propósito de obstaculizar la labor de defensa de derechos humanos y de los pueblos indígenas en México. El hecho de que Kenia sea una mujer indígena, madre, abogada y defensora de derechos humanos no es casualidad: es la razón de su encarcelamiento.

Otros activistas han sufrido destinos peores que los procesos judiciales y la cárcel: han sido víctimas de asesinatos, de atentados contra sus vidas y de desapariciones forzadas.

Es difícil estimar cuántos activistas criminalizados y presos políticos hay en México porque no hay ningún organismo oficial que haga un seguimiento exhaustivo. Pero es una realidad que corroboramos permanentemente. Los principales blancos de esta persecución son activistas racializados, usualmente en situación de pobreza y vulnerabilidad, que luchan por una causa “inconveniente” para el gobierno. Cuáles sean esas causas, depende del contexto; cada estado es diferente. Pero todos caen víctimas del mismo sistema penal y quedan igualmente sometidos a la vulneración de sus derechos y expuestos a la injusticia y la impunidad.

¿En qué medida la criminalización de Kenia ha logrado acallar los reclamos?

Siempre que ocurre una situación de criminalización, el grupo de activistas que acompaña o respalda al defensor criminalizado también teme por su libertad. Al fin y al cabo, lo que la criminalización de las personas defensoras busca es poner bajo amenaza a todo el colectivo con el objeto de desactivarlo.

Quizá hubo un momento en que el grupo que acompañaba al caso de Kenia tuvo miedo de levantar la voz. El solo hecho de trabajar para visibilizar y reclamar por la situación de Kenia nos coloca a todos en una situación de vulnerabilidad. Pero nos hemos sobrepuesto y hemos continuado reclamando y haciendo visible no solamente la situación de la defensora criminalizada sino también el funcionamiento perverso de un sistema de justicia penal que es profundamente racista y clasista.

¿Cuáles son sus demandas hacia el Estado mexicano?

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su “Mañanera” – conferencia matinal con los medios de comunicación – del 30 de diciembre de 2022 instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que diera seguimiento al caso de Kenia Hernandez, que era nuestra petición. Exigimos que la Sra. Rodríguez se reúna conjuntamente con el equipo jurídico de Kenia y con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para que dialoguen y lleguen a un acuerdo reparatorio para su pronta liberación. CAPUFE es el organismo federal que acusó a Kenia en las ocho causas penales federales en su contra por el supuesto delito de ataques a las vías generales de comunicación.

En vistas del llamamiento realizado por relatorías de las Naciones Unidas y del hecho de que el caso de Kenia fue colocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un ejemplo de la criminalización de la protesta en México, esperamos que toda la documentación y los apoyos reunidos sean tomados en cuenta y que se traduzcan en su pronta liberación y en el reconocimiento de que ha sido criminalizada por su labor como defensora de derechos humanos y de los pueblos indígenas.

El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

Póngase en contacto con el Colectivo por la Libertad de Kenia Hernández a través de su página de Facebook y siga a @ParaKenia en Twitter y a libertad_para_kenia en Instagram.

CIVICUS conversa con la politóloga y consultora política española Eva Silván acerca de la reciente reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español al frente de una coalición con partidos de izquierda e independentistas, en un país profundamente dividido por la cuestión de Cataluña.

¿Cómo logró el socialista Pedro Sánchez obtener un nuevo mandato y evitar la formación de un gobierno integrado por la ultraderecha?

El 28 de mayo de 2023 se celebraron elecciones municipales y autonómicas en España. Los resultados dibujaron un mapa político claramente favorable al Partido Popular (PP), de centroderecha, que obtuvo unos 750.000 votos más que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que le arrebató casi todo el poder autonómico (local). El PP recuperó seis de los diez gobiernos regionales que estaban en manos del PSOE, pero en cinco de ellos – los de Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura – necesitó al partido de extrema derecha Vox para alcanzar una mayoría que le permitiera formar gobierno. El PSOE, por su parte, solamente pudo retener tres de los 17 gobiernos regionales: los de Castilla la Mancha, Navarra y el Principado de Asturias.

Ante este resultado, al día siguiente el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, sorprendió adelantando las elecciones generales, previstas para fines de año, al 23 de julio. Ello le sirvió para frenar la contestación interna ante la pérdida de poder territorial. Fue la primera vez que se celebraban elecciones generales en julio, en pleno verano. Además, estas elecciones se realizaron con una población y una clase política exhaustas y con España iniciando su mandato al frente de la Unión Europea.

El contexto parecía favorable para el PP, ya que los resultados de las elecciones de mayo parecían anticipar un cambio de ciclo. En las primeras semanas, además, las encuestas le eran favorables. Pero su firma de acuerdos de gobierno con Vox generaron rechazo de una parte muy importante de la opinión pública que se movilizó ante el temor de que la entrada de la ultraderecha en el gobierno supusiera un retroceso en derechos conquistados.

El PP además erró al enfocar su campaña electoral en la figura de Sánchez y en sus supuestas mentiras y cambios de posición. Esto no le sirvió para movilizar al electorado y le terminó jugando en contra cuando la falsedad de algunos de los argumentos de su líder, Alberto Núñez Feijóo, quedó expuesta en el único debate electoral en el que participó.

Sánchez, por su parte, hizo una campaña en la que asumió el liderazgo, multiplicó su presencia en medios de comunicación, incluyendo aquellos que se habían mostrado hostiles a su gobierno, y encabezó una campaña en redes sociales que le permitió conectar con nuevas audiencias. Esto, junto con el miedo a la ultraderecha, acabó aislando al PP que, si bien fue el partido más votado, tuvo un desempeño muy inferior al esperado.

Por haber salido primero, Feijóo recibió el encargo de formar gobierno, pero no logró conseguir los apoyos necesarios. Con Vox no le alcanzaba, y ningún otro partido quiso formar parte de un gobierno que incluyera a la ultraderecha.

¿Qué costos tendrán las alianzas formadas por Sánchez para retener el gobierno?

El panorama político resultante de las elecciones del 23 de julio reclamaba acuerdos. Ningún partido recibió apoyo suficiente para que su candidato fuese elegido presidente del Gobierno sin el apoyo de otras fuerzas políticas.

Una vez fracasado el intento de Feijóo de formar una coalición de gobierno, fue el turno de Sánchez, quien debió buscar acuerdos con los partidos nacionalistas tanto de Euskadi como de Cataluña y Galicia.

A lo largo de su carrera, Sánchez ha mostrado una gran flexibilidad y capacidad de adaptación: sabe leer lo que le conviene en cada momento para desarrollar una agenda progresista que le permita gobernar. En este caso, esto incluyó admitir la posibilidad de una ley de amnistía para los políticos procesados o juzgados por promover la independencia de Cataluña, que durante la campaña había negado que tuviera pensado promover.

Los apoyos del nuevo gobierno son la manifestación más clara de que, tras la ruptura del bipartidismo y la irrupción del multipartidismo, hemos entrado en una etapa de política de bloques caracterizada por la polarización, con dos bloques liderados por el PP y el PSOE cuyas identidades no se definen tanto en función del clivaje izquierda-derecha como en términos territoriales.

Según los datos disponibles, la alianza del PSOE con dos partidos independentistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana, y lo mismo sucede en el País Vasco. De hecho, el PSOE fue la fuerza política más votada en estos dos territorios en las elecciones generales.

En el caso de Euskadi, los acuerdos cerrados entre el PSOE y las fuerzas nacionalistas se basan en la cesión, en el plazo de dos años, de competencias previstas en acuerdos previos, además de algunas demandas de larga data como la transferencia del régimen económico de la seguridad social y un marco propio de relaciones laborales.

En el caso de Cataluña, los acuerdos se centran en la transferencia de la gestión de los trenes de cercanías y el aumento de los recursos públicos destinados a Cataluña o una quita de su deuda, un punto que ha generado gran rechazo del PP y Vox. Y específicamente en relación con Junts, el acuerdo fue posible gracias a la promesa del PSOE, ya concretada, de enviar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de amnistía. En caso de que la ley sea aprobada y luego ratificada por el Tribunal Constitucional, acabará con la situación penal de todos los políticos implicados en la convocatoria al referéndum por la independencia de Cataluña en 2017 y permitirá el regreso a España del líder separatista Carles Puigdemont, a más de cinco años de haberse establecido en Bélgica, escapando de la justicia.

¿Cómo se ha posicionado la ciudadanía ante este acuerdo?

La ley de amnistía genera apoyos y rechazos en función del territorio. Las manifestaciones más numerosas se han producido en ciudades gobernadas por el PP, mientras que en otras partes han sido residuales.

Desde el momento en el que se supo que iba a haber acuerdo entre PSOE y Junts se iniciaron manifestaciones, protestas y actos violentos frente a la sede del PSOE. Las manifestaciones de grupos de ultraderecha incluyeron banderas y símbolos anticonstitucionales y gritos fascistas y xenófobos. En una competencia por el liderazgo de las manifestaciones contra la amnistía, el PP convocó manifestaciones dominicales de tono más pacífico, pero igualmente firmes en su oposición.

Según datos de encuestas, la mayor parte de la sociedad española rechaza la ley de amnistía. Ninguno de los argumentos del gobierno en apoyo de la ley obtiene la aprobación de la ciudadanía. La amnistía divide a los votantes del PSOE y cohesiona a los del PP y Vox.

Una encuesta publicada en octubre coloca el rechazo en el 57%. Otra más reciente encuentra que el apoyo se concentra entre los votantes de la coalición de izquierda Sumar y de los partidos nacionalistas. Territorialmente, el apoyo es mayoritario solamente en Cataluña y el País Vasco.

Los argumentos contra la ley de amnistía van desde las posturas más simplistas, como la afirmación de que “se rompe España”, hasta argumentos jurídicos centrados en el privilegio que supondría para los encausados y la ruptura del principio de igualdad ante la ley. En contraposición, los argumentos de Sánchez subrayan la oportunidad de avanzar en la convivencia entre españoles y resolver un problema que ha dividido a la sociedad española durante la última década. Es sin duda una de las operaciones más arriesgadas de Sánchez desde que es presidente del Gobierno, tanto de cara a la opinión pública como dentro de su partido.

¿Cuáles son los principales problemas que debería resolver el nuevo gobierno?

Este será el período de la plurinacionalidad. El eje territorial va a vertebrar la política española.

Pero hay otros temas importantes. Uno de ellos, que también tensa el debate y que incluso ha sido demandado por la Comisión Europea, es la renovación del poder judicial. El Consejo del Poder Judicial, que debe velar por su independencia, lleva cinco años con mandato vencido, lo cual ha provocado su mayor crisis institucional y reputacional desde la transición.

Los principales temas que preocupan a la sociedad española son la inflación, el acceso a la vivienda, la sanidad y la situación de las personas jóvenes. España es de los países europeos donde la emancipación y la incorporación de los jóvenes al mercado laboral son más tardías. Además, el nuevo gobierno deberá afrontar cómo incrementar la productividad de la economía española, qué medidas impulsar para afrontar el cambio climático y cómo abordar una realidad sociodemográfica afectada por el descenso de la natalidad y el envejecimiento.

Los dos partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Sumar, son los que dominan la corriente progresista. Su acuerdo de gobierno busca avanzar en las políticas impulsadas en la anterior legislatura, con medidas sociales tales como la reducción gradual de la jornada laboral a 37.5 horas semanales, la extensión del permiso de paternidad y maternidad hasta 20 semanas, el aumento del parque público de vivienda para alquiler asequible y el compromiso de continuar aumentando el salario mínimo. También impulsan medidas para dar respuesta al cambio climático, como la reducción de los vuelos domésticos en rutas con alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media y la producción de energía renovable, limpia y barata. Queda por verse si estas medidas cuentan con el apoyo del resto de partidos del bloque de investidura, sobre todo de aquello ubicados en el eje centroderecha como el Partido Nacionalista Vasco y Junts.

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CIVICUS conversa acerca de los desafíos de la gobernanza global con Marta Benavides, una líder espiritual que ha dirigido numerosas iniciativas por la paz sustentable, dentro y fuera de El Salvador, lo que la ha llevado varias veces a vivir en exilio. Nominada para el Premio Nobel de la Paz en 2005 como parte de la iniciativa 1000 Mujeres de la Paz, Marta lidera varias redes nacionales e internacionales que abogan por la cultura de paz, sustentabilidad, inclusión y derechos de las mujeres, pueblos originarios, sectores tradicionalmente excluidos y de la Tierra.

¿Cómo evalúa el rol actual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el sistema de gobernanza global?

La ONU es un instrumento valioso que nos señala el camino para vivir en paz en un planeta sano. Dentro de la ONU, uno de los organismos más esenciales, por los temas que trabaja, es la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Proporciona marcos de referencia y horizontes a alcanzar. Sin embargo, es uno de los programas y procesos que menos atención recibe.
Actualmente tienen lugar en el marco de la ONU varios procesos importantes, como el de la Agenda 2030, que está siendo muy tergiversada aunque podría y debería ser un marco valioso. Si los Estados se la tomaran en serio, serviría para evaluar su desempeño en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e identificar áreas a trabajar en función del bien común y la salud del planeta, así como estrategias a implementar para ese propósito.

En el caso de mi país, El Salvador, que actualmente tiene un grave problema de deforestación, la Agenda 2030 podría servir para entender cómo deberíamos proceder por los derechos de la Madre
Tierra y trabajar los retos que hoy enfrentamos para proteger el medio ambiente y mitigar el cambio climático. Lamentablemente, sin embargo, esto no se considera oficialmente prioritario y quienes emprenden acciones con tal propósito son perseguidos y castigados.

La ONU juega un papel primordial en coordinar y gestar compromisos entre los Estados, especialmente en áreas tan urgentes como el cambio climático. En este momento se celebra la COP28, la conferencia del clima que se realiza todos los años y que en el 2023 tiene lugar en los Emiratos Árabes Unidos. Deberíamos estar discutiendo estrategias para abordar el cambio climático, y sin embargo se siguen promoviendo acuerdos para continuar extrayendo combustibles fósiles. No nos percatamos de que somos parte de la naturaleza y de que debemos vivir en armonía y paz con ella, para que también lo hagamos entre humanos.

¿Cuál es el camino para desarrollar una cultura de paz?
Para desarrollar una cultura de paz podemos y deberíamos seguir el ejemplo de los pueblos originarios. Ellos son quienes a través del tiempo han salvaguardado la vida en el planeta. Para ellos toda decisión debe tomarse teniendo en cuenta sus impactos sobre la colectividad, y no solamente para el presente sino tomando en cuenta hasta la séptima generación venidera. Si cada generación sigue este principio, se establece de hecho una cultura de paz. Semejante transformación requiere un cambio social profundo, sistémico y estructural.

Una cultura de paz requiere el abordaje de la raíz del problema de la pobreza. El mundo tal como lo vivimos en la actualidad, con dos tercios de la población en situación de pobreza y extrema pobreza, es inviable. Debemos trabajar de manera colectiva para que se cubran las necesidades básicas de todo ser humano para vivir en justicia, paz y dignidad, pensando tanto en la presente generación como en las futuras generaciones y cuidando a la naturaleza, que es la que sustenta y sostiene la vida.

Lamentablemente, en la actualidad somos pocos los que adoptamos esta manera de pensar y vivir. Muchos toman por la fuerza lo que quieren, de la naturaleza y del vecino, sin importarles el bienestar del otro. Por tanto, el reto existencial de estos tiempos es vivir y actuar con consciencia, aun cuando el mundo de hoy nos presione y nos demande lo contrario.

Mi opción por la cultura de la paz nació de la enseñanza de mi madre y padre, quienes me dieron esa guía para vivir, y se consolidó con mi labor durante la guerra civil en El Salvador. A mediados de los años ’70, cuando colaboraba con Monseñor Romero, apoyando el trabajo humanitario, me di cuenta de que la gente no era inherentemente necesitada, sino que las situaciones sociales las convertían en tales, por lo que era necesario cambiar esas circunstancias. En esa época esto era un trabajo muy sacrificado y peligroso: recibíamos amenazas constantes y finalmente, una noche, Monseñor Romero fue asesinado. Él asumió con valentía y amor la opción de llegar hasta donde fuera necesario, demostrando su carácter y su integridad al estar al lado del pueblo. Su legado fue y es caminar con el pueblo, acompañarlo, ser solidario y ser uno con él.

Yo también escogí estar con el pueblo, vivir por la revolución pero no morir por ella, no abrazar el martirio. Yo sabía que mi tarea era vivir lo más posible y llevar a cabo todas las tareas de transformación que pudiera. Y así lo he hecho. Para mí, ese es el significado de vivir simplemente, que no es lo mismo que simplemente vivir. Es vivir en sustentabilidad una vida con significado y útil.

¿Qué propuestas impulsa la sociedad civil para promover una cultura de paz y derechos humanos?
Existen numerosas propuestas impulsadas por la sociedad civil para promover una cultura de paz y derechos humanos. Sin embargo, el desafío radica en abordar estos proyectos de manera sustentable, es decir, comprometidos a diario y en cada paso en crear un mundo en paz y un planeta sano. Esta es la práctica de la ciudadanía planetaria-global. A menudo se impulsan iniciativas con buena voluntad pero de manera aislada, sin comprender la importancia de trabajar de manera intencional y colaborativa, colectiva y conscientemente.

Por ejemplo, si bien los gobiernos deberían elaborar planes nacionales para implementar los necesarios compromisos climáticos a nivel local, pocos países han desarrollado planes nacionales efectivos para evitar superar los 1.5 grados de aumento de la temperatura global. Ante esta falta oficial, es la sociedad civil la que se organiza para proponer soluciones.

Para crear condiciones para la gobernanza social, el pueblo soberano debe ejercer el derecho y deber de trabajar acompañando a las autoridades, recordando a los funcionarios públicos que son nuestros empleados. Pero son los gobiernos, con sus equipos y sus recursos, los que deberían convocar a todos los sectores de la población, y especialmente a los menos favorecidos que sufren más los impactos del cambio climático. Esto permitiría lograr una transición justa sin explotar a las personas ni al planeta.

En otras palabras, existen buenos proyectos, pero con proyectos puntuales no alcanza. Debemos transformar la forma en que vivimos para alcanzar una paz duradera y sustentable que permita que se respeten todos los derechos humanos a nivel individual y colectivo y en todos los niveles, desde el local hasta el global.

¿Está trabajando en alguna campaña de reforma de la ONU?

Desde los años ‘70 trabajo con la ONU. Al principio, el proceso que más apoyé fue el de la descolonización de África, Asia y el Caribe. En ese entonces, la lucha por la independencia de las colonias que aún existían era el tema central.

En la actualidad, considero crucial enfocarnos en los derechos de los pueblos originarios. Debe garantizarse su participación activa en los procesos de toma de decisión mediante el respeto de su derecho a consulta previa, libre e informada, y su participación en la implementación. Esto es esencial para la práctica de una verdadera gobernanza global.

También es importante avanzar en la dirección señalada por dos resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU a las que no se les ha prestado la importancia que tienen. La Resolución 2250 de 2015 aboga por la inclusión de la juventud en las decisiones desde temprana edad. Este enfoque es el marco para el trabajo efectivo y transformador de todas las agendas de la ONU post-2015, incluidas la Agenda 2030 con los ODS y la Agenda 2036 sobre hábitat. Las juventudes y la niñez deben poder participar en el proceso de crear las sociedades que son necesarias para vivir en paz, en un planeta sano.

La Resolución 1325 del año 2000 reconoce y afirma el derecho de las mujeres, las más perjudicadas por todo tipo de conflictos, a participar eficientemente en los procesos de construcción de la paz.

Es preocupante que ninguna de estas resoluciones haya sido seriamente tomada en cuenta para marcar el camino, por lo que los proyectos de reforma están a la deriva. La próxima Cumbre del Futuro de la ONU que tendrá lugar en septiembre de 2024 será una oportunidad crucial para que las juventudes y las personas defensoras de derechos humanos contribuyan a moldear la ONU que aspiramos y necesitamos tener para ese futuro que formulan las agendas post-2015.

Este compromiso supone revisar acuerdos existentes y trabajar en la reforma de la ONU y de sus documentos fundacionales para contar con pautas para la práctica de una ciudadanía planetaria-global que priorice el bienestar de la naturaleza y los pueblos. Debemos retomar la declaración de derechos humanos para que nos marque el camino. Este es el reto que no debemos postergar. La ONU fue creada para la promoción y el mantenimiento de una paz duradera y sustentable, y hoy más que nunca es nuestro reto y privilegio trabajar hacia su consecución.

Siga a @benavides_marta en Twitter.

Esta entrevista se realizó en el marco del proyecto de investigación Horizon ENSURED, financiado por la Unión Europea. Los puntos de vista y opiniones expresados en esta entrevista son exclusivamente de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de los mismos.

CIVICUS conversa con Andrea Barrientos, senadora del partido Comunidad Ciudadana por el departamento de Cochabamba, sobre los recientes incendios en cuatro de los nueve departamentos del país. Se estima que cuatro millones de hectáreas han sido afectadas por los incendios, generando grandes pérdidas de flora y fauna y forzando a comunidades indígenas a dejar sus hogares.

Andrea Barrientos es la principal política de oposición que ha reclamado por la inacción del gobierno frente a los incendios forestales.

¿A qué se deben los incendios forestales que han ocurrido recientemente en Bolivia?

La gran mayoría de los incendios está ocurriendo en áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y el Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS). Son bosques húmedos, que por ello no deberían de quemarse. Está claro que se trata de incendios provocados.

En los bosques secos, cuando ocurren incendios espontáneos se identifica el foco de calor y se lo elimina. Pero esto no es posible en el caso de los incendios provocados, detrás de los cuales hay intereses económicos poderosos protegidos por actores con poder político.

Se cree que estos incendios están siendo provocados por tres motivos: para sembrar coca, en el caso del TIPNIS en Cochabamba; para la minería ilegal, en La Paz y Beni; y en los tres casos para acaparar tierras. Por estas razones se han quemado más de tres millones de hectáreas en áreas protegidas.

Un hecho muy preocupante es que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y el Instituto Nacional de Reforma Agraria no daban información geolocalizada sobre los incendios, por lo que ni bomberos ni el gobierno departamental tenían la posibilidad de identificar a los responsables e imponer sanciones. Estamos ante un caso de conspiración para delinquir y encubrimiento por parte del gobierno central.

Nadie ha hecho hada. Prácticamente hemos tenido que esperar que llueva para que los incendios acabaran por apagarse.

¿Qué efectos han tenido estos incendios? 

El resultado ha sido una considerable pérdida de biodiversidad. La minimización de los incendios y la falta de respuesta de las autoridades es ecocidio. Lamentablemente, podemos cambiar las leyes, pero la biodiversidad que ya se perdió no se puede recuperar.

Los cuatro millones de hectáreas quemadas y los diez millones de animales calcinados van a tener un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria. Los efectos de los incendios se suman a los de las inundaciones y deslizamientos causados por las lluvias que tienen a siete de los nueve departamentos del país en alerta naranja.

Los impactos sobre la salud son inminentes. Sin bosque no hay agua, y el agua con mercurio que deja la minería no se puede beber.

¿Qué les están reclamando a las autoridades?

Les estamos reclamando transparencia y acción. Mientras exista corrupción, la cosa no funciona. Para apagar un incendio simplemente hay que ir al hasta el foco y apagarlo. Mientras no haya voluntad de actuar, los incendios continuarán.

El apoyo de la sociedad civil es vital para que el gobierno reconozca los incendios y la pérdida de biodiversidad. En cuatro departamentos del país la gente se ha movilizado y eso ha sido un punto de inflexión. El 13 de noviembre la población salió a las calles exigiendo a las autoridades la declaratoria de desastre natural frente a la creciente magnitud de los incendios forestales.

Precisamos un gobierno que piense en nuestra Amazonía no como una tierra ocupada por bosque que hay que talar ni como una fuente de ingresos sino como un área preservada para el mundo. Esta es una visión que hoy lamentablemente el gobierno nacional no tiene.

Desde Comunidad Ciudadana hemos empezado con acciones populares – mecanismos legales que permiten a la ciudadanía participar activamente en la tutela de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el medio ambiente, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, entre otros – y juicios para la protección del medio ambiente en el Parque Nacional Madidi. En una primera instancia éstos fueron rechazados por las comunidades porque los efectos negativos eran abstractos para ellos, pero ahora esas mismas comunidades nos buscan para que las ayudamos porque están sufriendo las consecuencias de la minería ilegal y la producción de droga en lo que una vez fue bosque. Se dan cuenta de que el mercurio tiene un impacto catastrófico en sus vidas y los está enfermando de cáncer.

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Las opiniones expresadas en esta entrevista son de la persona entrevistada y no necesariamente reflejan los puntos de vista de CIVICUS.

CIVICUS conversa con Patricia Reyes, directora de la Fundación Multitudes, acerca del proceso para redactar una nueva constitución para Chile luego de que la propuesta anterior fuera rechazada en un referéndum en septiembre de 2022.

La Fundación Multitudes es una organización de la sociedad civil dedicada a generar espacios y crear capacidades en la sociedad civil para que pueda participar efectivamente en los procesos de toma de decisiones.

¿Por qué necesita Chile una nueva constitución?

El proceso constituyente en que Chile ha estado sumido desde 2022 fue una respuesta a una crisis social y política de larga data que estalló en octubre de 2019. Ante la irrupción de demandas sociales de mayor protección, equidad y garantía de derechos sociales básicos como la educación, la salud y la seguridad social, que en algunos casos se expresaron con violencia inusitada, todos los sectores políticos acordaron iniciar un proceso constituyente.

En un primer momento se desarrolló un proceso inclusivo que produjo una propuesta de constitución que incorporó estándares adecuados de protección de derechos para un estado democrático y social. Pero la propuesta no logró reunir la adhesión de los sectores más conservadores y fue rechazada en referéndum, en gran medida a causa de errores cometidos en el proceso. Estos se debieron sobre todo a la inexperiencia política de los miembros de la comisión constituyente, que eran en su mayoría independientes sin vínculos con los partidos políticos. Ellos pasaron por alto la necesidad de lograr acuerdos amplios que representaran todos los sectores de la sociedad, y especialmente a los actores políticos tradicionales. También influyeron la incorporación de algunos cambios drásticos en la organización política y la incapacidad de comunicar adecuadamente a la ciudadanía los beneficios del nuevo texto constitucional.

Tras el rechazo de la propuesta, las demandas sociales que habían disparado el proceso seguían vigentes, y la Constitución actual continuaba siendo tan ineficaz para resolverlas como lo era cuando ocurrió el estallido social. Para resolver nuestros problemas de convivencia democrática necesitamos un nuevo pacto social que nos una en torno a un proyecto institucional común. Por eso se recomenzó el proceso constituyente, esta vez con una dinámica más tradicional, que ha arrojado una nueva propuesta que deberá ser sometida nuevamente al voto de la ciudadanía.

¿Cuán diferente es esta nueva propuesta de la que surgió de la Convención Constitucional de 2021?

La actual propuesta es mucho más cercana a la Constitución vigente, es decir, introduce cambios más modestos. En comparación con la anterior, pienso que retrocede en algunos derechos ya conquistados, especialmente por grupos tradicionalmente relegados como las mujeres. Tampoco introduce un reconocimiento para otros segmentos vulnerables de la población, como niños, adolescentes y pueblos indígenas. Pero sí comparte con la anterior la reafirmación de la libertad de empresa y el mantenimiento de la concepción de un Estado subsidiario.

Los dos procesos han sido bastante diferentes porque en el primer caso el órgano constituyente incluyó a muchos ciudadanos elegidos por voto popular e independientes de los partidos políticos, mientras que en el segundo se trató de un Consejo de Expertos nombrado por las dos cámaras del Congreso y un Consejo Constitucional elegido popularmente, pero constituido mayormente por miembros propuestos por los partidos políticos que van desde el centro hasta la ultraderecha.

Sin embargo, en algo sí se parecen las propuestas resultantes de ambos procesos: las dos han sido consideradas de carácter partisano, es decir, alineadas con los intereses de un bando político determinado. Reflejan la división del país en vez de ser un instrumento para su unión.

¿Qué cambios introduciría el nuevo proyecto en la Constitución vigente?

El texto en general reproduce la institucionalidad vigente, salvo por la disminución del número de parlamentarios, y contiene los mismos derechos ya consagrados en la Constitución actual. Tiene muchas de sus fortalezas y también padece muchas de las mismas debilidades.

El proyecto tiene también varios artículos que han generado polémica por la forma regresiva en que se los podría interpretar. Por ejemplo, en materia de derechos reproductivos las disposiciones constitucionales podrían permitir que se declare inconstitucional la norma que permite el aborto en casos de violación, peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto.

Asimismo, la incorporación de un órgano especial para la lucha contra la corrupción podría entrar en conflictos de competencia con la actual Contraloría General de la República. También se incluirían algunas herramientas populistas para permitir la expulsión inmediata de migrantes indocumentados, así como algunas exenciones impositivas – cuestión que generalmente no pertenece a un texto constitucional – y algunas disposiciones de gran sensibilidad, como la posibilidad de beneficiar a enfermos terminales con reclusión domiciliaria, que podría beneficiar a personas condenadas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

En lo positivo, se crearía una Defensoría de Víctimas y se avanzaría en la descentralización, otorgando mayores facultades a los gobiernos locales.

¿Cómo se posicionan los distintos sectores frente al plebiscito de salida?

Los partidos de derecha mayoritariamente aprueban el proyecto, mientras que los de izquierda lo rechazan y en el centro hay una gran diversidad de opiniones, con algunos militando por el apruebo y otros por el rechazo.

Pero la última palabra la tiene la ciudadanía, que atraviesa un momento que ha sido definido como de agotamiento constitucional. Por lo largo y polémico que ha sido el proceso y por la falta de acuerdos transversales, en general hay mucha apatía e indecisión, así como posiciones encontradas. Por el momento las encuestas arrojan una mayoría de rechazos, pero la votación es el 17 de diciembre, por lo que todavía falta bastante, y sigue habiendo mucha gente que aún no tiene decidido su voto.

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CIVICUS conversa con Yanina Welp, investigadora del Albert Hirschman Centre on Democracy, acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina, en las que se impuso un outsider de la ultraderecha libertaria.

¿Cómo se explica el triunfo de Javier Milei, un outsider sin estructura?

El triunfo de Milei, como el de cualquier otro político, no se puede explicar por una sola razón. Hay por lo menos tres grandes explicaciones de su victoria.

En primer lugar, la situación económica. Además de tener un elevado nivel de pobreza – 40% y creciendo –, Argentina tiene una inflación muy alta, y hace muchos años que la economía no crece. Lo mismo pasa con el empleo formal. Es decir, hay mucha precariedad y mucha gente vive con altos niveles de incertidumbre.

En segundo lugar, la incapacidad de la clase política para dar respuesta a estas demandas. En los últimos tiempos los gobernantes incluso han actuado con arrogancia. Han aumentado la inseguridad, los escándalos de corrupción y la pasividad de las autoridades ante todos estos problemas. El liderazgo de Milei vino a encarnar el sentimiento de rechazo de la ciudadanía. Mucha gente lo ha votado porque expresa bien el rechazo de las últimas gestiones, y no necesariamente porque apruebe o adhiera a las políticas que ha propuesto implementar.

En tercer lugar, el rol de la dirigencia política, y en particular del oficialismo, no solamente por no haber hecho nada frente a esta amenaza sino por haber alentado la candidatura de Milei con el objeto de dividir el voto opositor, pensando que así tenía más posibilidades de ganar. Eso lo hizo primero el peronismo, en la antesala de la primera vuelta, y en la segunda lo hizo el ex presidente Macri poniendo en crisis su propia coalición, Juntos por el Cambio.

¿Piensas que el electorado se ha derechizado?

A diferencia de las propuestas vagas y generales de casi todos los demás candidatos, Milei compitió con un programa muy fuertemente ideológico, que además no paró de explicar durante toda la campaña.

Sin embargo, cuando se analizan los posicionamientos de la ciudadanía los datos son contradictorios, ante todo porque no hay una noción única y universal de lo que se supone que es ser “de derecha” o “de izquierda”. Por ejemplo, las encuestas muestran una creciente preocupación por el aumento de la inseguridad, pero sería muy elitista pensar que tener esta preocupación es ser de derecha. El aumento de la criminalidad da cuenta de que es una preocupación “real”.

Es cierto que en este proceso electoral ha aumentado la visión positiva del sector privado frente a la gestión pública, posiblemente por efecto del discurso de Milei pero también porque las últimas gestiones han deteriorado mucho la imagen del Estado. En ese sentido podría hablarse de cierta derechización del electorado. Pero del triunfo de Milei con casi 56% no debería deducirse que más de la mitad del electorado se ha inclinado fuertemente a la derecha, o incluso a la derecha radical, porque muchos lo votaron por encarnar la reacción frente al status quo más que por sus propuestas ideológicas.

Durante la campaña se planteó que estaba en juego la democracia. ¿Corre peligro la democracia en Argentina?

La democracia no corre peligro inminente, como ocurría con los golpes de Estado, que la eliminaban de un día para el otro. Hay, sí, señales de erosión de la democracia, pero éstas han estado presentes durante los últimos años. Constantemente se observan avances y retrocesos, tales como intentos de cooptación de la justicia, uso indebido de recursos del Estado y prácticas clientelares.

En términos generales, las instituciones democráticas en Argentina funcionan. A pesar de las denuncias de la oposición sobre el sistema electoral, las elecciones se desarrollaron con normalidad e incluso los resultados se conocieron muy rápido.

En cambio, sí hemos visto un retroceso enorme a nivel de debate público. Hay mucha intolerancia y violencia discursiva. Partidarios de las distintas opciones políticas casi no pueden dialogar. Hay mucha agresividad en las redes sociales. Todas estas son señales de alerta de mediana intensidad que, si no son abordadas, abonan el terreno para salidas más violentas y autoritarias.

¿Cómo se reconfigurará el escenario político argentino tras esta elección?

Desde 2003, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, se fue configurando un sistema de coaliciones que a partir de 2007, con Cristina Fernández de Kirchner, fue impulsando mediante la introducción de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Éstas sirvieron para evitar la fragmentación partidaria, pero tuvieron el efecto negativo de erosionar las diferencias programáticas o ideológicas. Las dos coaliciones que se formaron en consecuencia tenían sus propias alas derecha e izquierda, con lo que se difuminó el debate ideológico que fue reemplazado por la clave peronismo-antiperonismo. Eso terminó alentando una polarización de tipo afectivo con alineamientos muy estancos donde se hace cada vez más difícil buscar puntos en común.

El hecho de que haya ganado las elecciones presidenciales un partido que hace un par de años no existía obligará a las dos grandes coaliciones de las últimas décadas, el oficialismo peronista y la oposición de Juntos por el Cambio, a reconfigurarse profundamente.

Dentro del peronismo, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner fue la gran perdedora de esta elección. En los últimos tiempos se ha ausentado de la escena política, dejando al peronismo sin un liderazgo claro. El peronismo tiene un fuerte arraigo en sindicatos y organizaciones sociales que tienen una alta dependencia del Estado. Estas organizaciones tienen incentivos para negociar, en caso de que el nuevo gobierno abriera ese espacio. Sin embargo, el discurso inicial de Milei fue completamente en otra dirección, estableciendo que tomará medidas de choque.

¿Cuáles son los principales desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno?

El nuevo gobierno debería hacer frente a tres grandes desafíos. El primero es estabilizar la economía, es decir, parar la inflación y ordenar el tipo de cambio. En segundo consiste en introducir reformas para incrementar la productividad y solucionar la crisis del empleo formal. Y el tercero es la gobernabilidad. Argentina tiene organizaciones sociales muy fuertes, lo cual tiene aristas tanto positivas como negativas, pero en cualquier caso es una sociedad fuertemente organizada y muy predispuesta al conflicto.

Estos tres desafíos deben abordarse en forma coordinada y consistente, lo cual es bastante difícil.

¿Piensas que el gobierno de Milei podrá hacerles frente?

Tengo serias dudas de que el nuevo gobierno pueda hacer frente a estos desafíos, no solamente en el terreno de la estabilización y las reformas estructurales, sino también y sobre todo en materia de gobernabilidad. Muchas de las medidas que propone, como la propia dolarización, podrían ser declaradas inconstitucionales. Otras medidas requieren mayorías legislativas que no tiene. La única perspectiva de obtener un apoyo legislativo sustancial pasaba por Juntos por el Cambio, pero con la división de la coalición opositora Milei no tendría quorum en el Congreso.

Milei no tiene ni una gobernación provincial y casi no tiene intendencias. Sin embargo, el poder subnacional siempre ha sido acomodaticio o pragmático en Argentina. Aun así, algunas de las medidas clave van directamente en contra de los intereses de las provincias, como la de eliminar la coparticipación, es decir, el sistema de distribución de los recursos públicos obtenidos mediante impuestos nacionales que el Estado federal distribuye a las provincias. Luego está el potencial enfrentamiento con la provincia de Buenos Aires.

Milei podría intentar gobernar por decreto, pero en ese caso habría una crisis inmediata, y en un eventual juicio político asumiría la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que no asegura ningún cambio de estrategia sino algunos elementos negativos añadidos.

Milei fue electo con una amplísima mayoría, por lo que cuenta con una gran legitimidad popular. Pero esta mayoría podría ser ficticia, como suele ocurrir con las segundas vueltas, a lo que se le suman la volatilidad e impaciencia de buena parte del electorado argentino. Si logra implementar su programa ultraliberal, único en el mundo, los costos sociales serán altísimos. Y si no lo logra, podría aumentar el desencanto de la ciudadanía con la política y ponerse en cuestión su adhesión a la democracia.

El espacio cívico en Argentina es clasificado como “reducido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), acerca de los resultados de las recientes elecciones primarias de la oposición en vistas de las elecciones de 2024.

Provea es una organización de la sociedad civil de Venezuela que se dedica a educar en sus derechos a los sectores más vulnerables y a apoyar jurídicamente a víctimas de violaciones de derechos humanos.

¿Cuál es la estrategia de la oposición frente a las elecciones de 2024?

La estrategia de la oposición consiste en promover una candidatura unitaria, apoyada por la mayoría de la oposición, para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Se dice fácil, pero en las condiciones actuales es un gran desafío. Tras la derrota de la estrategia de máxima presión, que tuvo su momento culminante en las protestas de 2017 y el interinato de Juan Guaidó, a comienzos de 2019, sobrevinieron tensiones y recelos y la oposición se fragmentó. La ciudadanía perdió confianza en su liderazgo. Según encuestas de opinión realizadas hacia el final de la pandemia, la figura de Guaidó era tan rechazada como la de Maduro. Más del 80% de la ciudadanía no quería a ninguno de los dos.

Es decir, ha habido una crisis de representación que afectó tanto al gobierno como a la propia oposición. Fue necesario adoptar una nueva estrategia, pero ésta no fue suficientemente explicada a la ciudadanía. Tampoco se hizo un balance público de los errores cometidos por el liderazgo tradicional opositor, por lo que la desconfianza y la resignación se viralizaron entre la ciudadanía. La sensación que no había nada que hacer era tan grande que hubo tanto analistas como líderes políticos que manifestaron que habría que apostar a las elecciones no de 2024 sino de 2030.

Pero en el lapso de un año las cosas han cambiado. Las elecciones primarias de la oposición sirvieron para legitimar, mediante consulta popular, una candidatura unitaria. Al comienzo pareció un mero trámite burocrático, pero a medida que la fecha se acercaba se generó un hecho político que desbordó las expectativas de sus promotores. A pesar de que se realizaron bajo censura absoluta, con ataques físicos a los candidatos en sus actos de campaña, con limitados recursos propios y bajo amenazas veladas o explícitas de las autoridades para disuadir a la gente de participar, votaron más de dos millones de personas.

Esto no solamente evidenció que hay una gran necesidad de cambio, sino que también devolvió a la sociedad democrática la confianza en que el cambio es posible. Consolidó la estrategia electoral como norte e impuso un consenso desde abajo no solamente sobre una potencial candidatura unitaria sino también sobre un nuevo liderazgo opositor

El retorno a la democracia tiene dos variables claves: la construcción de acuerdos en la oposición y la recuperación de la confianza de la ciudadanía en el liderazgo democrático. Las primarias de la oposición fueron un importante primer paso en esa dirección. Si logra dar otros pasos en el mismo sentido, la oposición podría volver a constituir una amenaza creíble para el régimen autoritario.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno frente a las primarias opositoras?

El gobierno subestimó los efectos de las primarias: pensó que la censura, la desinformación y el hostigamiento disuadirían a la gente de participar, de modo que la alta participación fue una primera gran sorpresa. Quedó en evidencia que mucha gente todavía piensa que el voto es un mecanismo seguro para expresar su opinión. La segunda sorpresa fue el abrumador apoyo que recibió la candidata María Corina Machado, cosa que ocurrió en todas las geografías y entre todos los sectores sociales que votaron.

Machado había sido criticada con el argumento de que su discurso sólo sintonizaba con los sectores medios y acomodados, pero el respaldo que recibió refleja una aspiración generalizada a vivir mejor. Machado incluso consiguió apoyos en el electorado más fiel del oficialismo, lo cual en parte explicó su respuesta desesperada, que ha consistido en intentar anular las primarias por vía judicial.

El Tribunal Supremo de Justicia – caracterizado por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), como parte de una maquinaria para perseguir el disenso – ha sentenciado la “suspensión” de los efectos de las primarias con el argumento de que se cometió un fraude.

Al mismo tiempo, para intentar ocupar el espacio del reclamo, el gobierno ha intentado exacerbar el sentimiento nacionalista activando la disputa por el territorio de la Guayana Esequiba, exigido por Venezuela pero bajo el control de Guyana, y ha convocado a un referéndum consultivo sobre el tema para el próximo 3 de diciembre.

¿Podrá Machado competir en 2024, o el gobierno buscará inhabilitar su candidatura?

La habilitación de la candidatura de Machado, así como cumplimiento de las otras recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) para que haya elecciones con garantías democráticas, será un gran desafío. Este es el momento de luchar contra la táctica de las autoridades de inhabilitar a todo líder político lo suficientemente popular como para ganar puestos claves mediante elecciones.

La existencia de condiciones para el ejercicio de los derechos de reunión y participación dependerá de varios factores que deberán operar en simultáneo: el fortalecimiento del campo democrático, el diálogo gobierno-oposición, la recuperación de la confianza ciudadana y la presión de la comunidad internacional.

El camino hasta el 2024 es largo. Si Machado acaba siendo inhabilitada, la oposición debería establecer un mecanismo de consenso, en el cual ella tenga un importante peso, para seleccionar una candidatura alternativa. Debe quedar claro hasta el final que la estrategia de transición democrática pasa necesariamente por la realización de elecciones.

¿Cuáles son las posibilidades reales de lograr una alternancia democrática?

El principio de alternancia democrática es completamente ajeno al chavismo. Llegó al poder para eternizarse en él y considera que su concepción “revolucionaria” del mundo es la única verdadera y necesaria para mejorar las condiciones de vida de la población. Al igual que ocurre en Cuba o Nicaragua, el gobierno se ve obligado a realizar elecciones, aunque éstas no sean más que una simulación, por varias razones, entre las que se destaca la necesidad de obtener cierto grado de legitimidad frente a la comunidad internacional. Apenas una delgada línea separa la simulación de la farsa, por lo que las elecciones deben ser organizadas de manera que parezcan auténticas.

Un factor positivo es que Venezuela está actualmente bajo una investigación de la Corte Penal Internacional y bajo el escrutinio de mecanismos como la Misión Internacional Independiente. Este escrutinio es un elemento disuasivo de una represión abierta y generalizada. Son grietas que el campo democrático puede aprovechar para asegurar mayores garantías democráticas en las próximas elecciones.

En los próximos meses presenciaremos un ejercicio de medición de fuerzas entre gobierno y oposición. Un mensaje negativo que estamos recibiendo de varios actores internacionales es que las elecciones de 2024, independientemente de cómo se organicen, serán un hito para normalizar las relaciones con Venezuela. Pienso que Maduro no está dispuesto a organizar unas elecciones que pueda perder, y hará muchos esfuerzos para dividir y desestimular el voto en contra.

Para superar estos escollos se necesitará mantener la sinergia entre un liderazgo político cohesionado, una ciudadanía altamente motivada para participar y presión de la comunidad internacional, especialmente por parte de los sectores progresistas de la región, para evitar que los sectores más radicales del chavismo y las Fuerzas Armadas obstaculicen una potencial transición. Es importante asegurar a los sectores más democráticos del chavismo garantías para que puedan reinsertarse en la transición. Se trata en definitiva de establecer los incentivos correctos para que los costos de una salida sean menores que los de la permanencia en el poder por cualquier medio.

¿Cómo trabaja la sociedad civil para asegurar la transparencia y competitividad del proceso electoral?

Las organizaciones de derechos humanos hemos hecho nuestras las siete recomendaciones clave del informe de la Misión de Observación Electoral de la UE: reforzar la separación de poderes, suprimir las inhabilitaciones, hacer una campaña educativa pública sobre el voto, imponer sanciones para las faltas electorales, habilitar una cobertura equilibrada de los medios de comunicación, derogar la llamada “ley contra el odio” para evitar la autocensura y permitir la libertad de expresión, e introducir una combinación de incentivos y sanciones para contar con autoridades de mesa capacitadas y acreditadas el día de las elecciones.

Las organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos electorales lideran todas las acciones de incidencia en este sentido, y el resto de las organizaciones las apoyamos. El 17 de octubre el gobierno y la oposición suscribieron el “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, conocido como Acuerdo de Barbados.

El gobierno debería cumplir este acuerdo; sin embargo, ya ha dado muestras de no tener la intención de hacerlo. Al iniciar un proceso judicial contra las primarias ha incumplido el primer punto del acuerdo, que establece que cada sector político es libre de seleccionar su candidato para las elecciones.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional para contribuir a que Venezuela tenga elecciones libres y competitivas en 2024?

No hay manera de alcanzar una transición a la democracia en Venezuela sin el acompañamiento y presión de la comunidad internacional. Por ahora los Estados Unidos han tomado la iniciativa estimulando el Acuerdo de Barbados y estableciendo un mecanismo para el levantamiento de las sanciones económicas.

No obstante, las sanciones contra personas que han violado derechos humanos y el embargo de venta de armas deberían conservarse. También deben mantenerse activas las iniciativas internacionales de monitoreo y protección de derechos humanos en Venezuela. El gobierno está operando para evitar que se prolongue el mandato de la Misión Internacional Independiente, que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe decidir en 2024. Este es el mecanismo más importante de producción de verdad sobre los hechos con el que contamos, y su trabajo complementa al de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Finalmente, es importante que los gobiernos progresistas de América Latina, como los de Brasil, Chile y Colombia, emitan mensajes públicos y privados a las autoridades venezolanas para que acepten realizar elecciones con garantías democráticas.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Alfredo Okenve, presidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEIDGE), acerca del contexto político en que opera la sociedad civil en Guinea Ecuatorial.

El CEIDGE es una organización de la sociedad civil independiente que aboga por la protección de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial desde 1997.

¿Hay algún espacio para la sociedad civil en Guinea Ecuatorial?

No hay ningún espacio para la sociedad civil. Sin embargo, además de trabajar para dar atención a personas vulnerables y promover el desarrollo comunitario, el activismo lucha para abrir el espacio cívico, promover los derechos humanos y crear redes ciudadanas de protección y educación.

No lo hacemos porque queremos ser mártires ni para complacer a nadie. Lo hacemos porque es nuestro país, porque queremos un país mejor y porque es la única forma de conseguir un cambio. Lo hacemos en condiciones muy difíciles, a un gran coste personal, familiar y profesional. Quienes se dedican al activismo en Guinea Ecuatorial son unos auténticos héroes y necesitan apoyos de todo tipo – técnicos, tecnológicos, financieros y políticos.

¿Cómo ha logrado Teodoro Obiang Nguema llegar a ser el dictador más longevo del mundo?

Obiang lleva 44 años en la presidencia de Guinea Ecuatorial. Ahora es un hombre viejo, débil y con sus capacidades mermadas. Es alguien que ha tenido mucha suerte: es de origen muy humilde, hijo de un inmigrante gabonés y quedó huérfano de madre a temprana edad. Gracias a las ayudas que recibió, sobre todo de la Iglesia Católica, pudo hacer algunos estudios y accedió a la profesión militar. Pero a pesar de todo el poder que acumuló luego, nunca superó los complejos que le provocan su origen y la mediocridad de su formación. Ello ha afectado el ejercicio de sus funciones.

Macías Nguema, el primer presidente que tuvo Guinea Ecuatorial tras independizarse en 1968, era de su mismo clan familiar y administrativo. Gracias a ello Obiang se convirtió en una pieza clave en el ejército y el aparato represivo. En 1979 derrocó al presidente mediante un golpe de Estado y se ha mantenido en el poder desde entonces.

Obiang se formó militarmente en la España franquista. A partir de la concepción del poder que absorbió allí se convirtió en un autócrata afro fascista. Ha sido un profesional mediocre y un gobernante incompetente: no ha podido hacer funcionar mínimamente un país pequeño con una enormidad de recursos naturales y una población muy poco exigente.

Para mantenerse en el poder le ha ayudado, en primer lugar, el pasado histórico. Guinea Ecuatorial es un país que no ha conocido libertades. Sus habitantes nunca han sido tratados como ciudadanos ni se han considerado como tales. Ignoran lo más básico en relación con el funcionamiento de un Estado y no tienen una cultura cívica.

Asimismo, ha instrumentalizado la violencia para dominar mediante el miedo y la desconfianza. Ha hecho un uso desenfrenado e impune de la represión, sometiendo a sus críticos a torturas, acusaciones falsas, juicios arbitrarios y largas penas de prisión. El miedo que infunde a la población tiene bases reales. No hay seguridad jurídica ni condiciones para el funcionamiento de una prensa libre.

El control omnímodo que ejerce el régimen es facilitado por las pequeñas dimensiones del país y la enormidad de los recursos económicos de que dispone. En las últimas décadas, Obiang y su entorno se han apropiado de los ingresos procedentes de los hidrocarburos, mientras han condenado a la exclusión social y económica a la mayoría de la población. El sistema está montado de modo tal que la capacidad de la gente para asegurar su supervivencia económica, social y política depende en gran medida del beneplácito de Obiang.

¿Qué rol desempeña la etnicidad en el gobierno de Obiang?

Guinea Ecuatorial es un país multiétnico con una distribución étnica desigual. El grupo mayoritario, la etnia fang, representa más del 80% de la población, mientras que los bubis dan cuenta de alrededor del 12 o 13% y las restantes cuatro etnias (annoboneses, bissiós, fernandinos y ndowés) apenas suman 5 o 6%.

La familia Obiang pertenece a la etnia fang, y si bien el componente étnico es importante, el poder no se ejerce sobre bases étnicas sino clánicas y territoriales. Hay un clan familiar y un clan distrital, perteneciente al distrito de origen de los dos presidentes que ha tenido el país, que han concentrado el poder por más de cinco décadas. Hace más de tres décadas se ha sumado a ellas una tercera base de poder: el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) liderado por Obiang. Si bien el país no tiene un sistema de partido único consagrado en su constitución, el PDGE funciona como un partido cuasi-único.

El ejercicio del poder sobre la base del control requiere que Obiang tenga instrumentos de represión y cooptación en todos los rincones del país y en todos sus grupos étnicos. Mediante el reparto de privilegios, Obiang se ha asegurado gente de confianza y brazos ejecutores en los seis grupos étnicos de Guinea Ecuatorial. En cada distrito territorial ha creado una comisión de seguimiento del control político.

¿Qué efectos piensa que tendrá el ingreso del hijo de Teodoro Obiang a la vida política?

En 2012 la Constitución de Guinea Ecuatorial fue reformada para introducir una nueva figura, la del vicepresidente. Obiang nombró en ese puesto a su hijo, Teodoro Nguema Obiang, revelando su intención de perpetuar el régimen clánico, dictatorial y cleptocrático.

Desde hace años este vicepresidente comparte el poder con sus padres. Es una persona que tiene limitaciones de todo orden: intelectual, profesional, humano, emocional y ético-cívico. No es una persona con la que se puede dialogar, ni una persona que entienda al poder como emanado de la soberanía popular. Si acaso, desde su ascenso se han registrado más presos políticos, desapariciones, muertes e inseguridad ciudadana. Hay descontrol de la administración pública, prácticamente no han actividad económica y hay problemas serios de desempleo e inseguridad alimentaria.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional para promover una transición a la democracia en Guinea Ecuatorial?

A pesar de tener bastantes recursos naturales, Guinea Ecuatorial depende mucho de la comunidad internacional, por lo que si ésta quisiera realmente condicionar al régimen podría hacerlo. A nivel político, los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países africanos podrían empujar al país hacia una transición pacífica a la democracia. Para ello deberían exigir al presidente Obiang para que se ponga a dialogar, de manera inclusiva y amplia, para alcanzar acuerdos con las fuerzas sociales y políticas prodemocráticas y nombrar un gobierno de transición que él no presida.

Asimismo, la cooperación internacional debe apoyar con asistencia técnica, recursos financieros y expresiones de solidaridad a los activistas y grupos prodemocráticos que todos los días corren riesgos por promover la democracia y el desarrollo humano en Guinea Ecuatorial.

El espacio cívico en Guinea Ecuatorial es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa acerca del rol de la sociedad civil y sus expectativas frente a la próxima cumbre climática COP28 con María Reyes, una joven activista por los derechos humanos y ambientales del estado mexicano de Puebla.

María es parte del colectivo Futuros Indígenas conformado por pueblos y juventudes de México y Centroamérica. Participa en la división Sur Global de Fridays for Future (FFF), una organización que lucha por la justicia ambiental y aboga por acción frente a la emergencia climática.

¿Cuáles son los principales problemas ambientales de México?

En términos generales, México es muy vulnerable ante la crisis climática. Un tema central es la escasez de agua, en parte causada por sequías, pero también por problemas de infraestructura, ya que muchas personas no tienen acceso a tuberías de agua potable, y por una muy mala distribución y sobreexplotación de mantos acuíferos por parte de empresas. Si a la sequía existente le sumamos el hecho de que en muchas comunidades hay compañías que consiguen concesiones por medios no legales ni transparentes y se apropian de la poca agua que queda, la situación para la gente se vuelve insoportable.

México es uno de los países más peligrosos para ser activista y defensor ambiental. En el sureste de México hay una red de megaproyectos extractivos transnacionales, como el Corredor Interoceánico y el “Tren Maya”, que además de amenazar al medio ambiente por la tala de árboles y la extracción de agua, desplazan fauna, expropian territorios yrecursos, dañan a los pueblos y cometen violaciones de derechos humanos. Cuando las comunidades locales, y sobre todo las comunidades de pueblos originarios, se oponen a estos megaproyectos que son impuestos en sus territorios, sin ninguna consulta y sin su consentimiento (o con consultas amañadas), resultan criminalizadas.