NAMIBIA: “Las protestas contra la violencia de género se alimentaron de la esperanza colectiva”

CIVICUS conversa con Bertha Tobias acerca de las recientes protestas contra el femicidio y la violencia de género (VG) en Namibia. Bertha es una líder juvenil que ha recibido premios internacionales por su participación en competencias de debate. Se graduó en el United World College de Changshu, China, y actualmente cursa estudios superiores en el Claremont Mckenna College de California. Ha recibido el premio Go Make A Difference, que apoya la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario, y ha participado activamente en las protestas por los derechos de las mujeres en Namibia.

Bertha Tobias

¿Podrías contarnos cómo empezaron las protestas de #ShutItAllDown (#CerremosTodo) contra la VG y cómo te involucraste en ellas?

Me involucré en la lucha contra la VG luego de que se conociera la noticia de que se habían descubierto restos humanos en una ciudad costera de Namibia. Se sospechaba que los restos eran de Shannon Wasserfall, una joven de 20 años que había desaparecido en abril de 2020. Este incidente específico provocó reacciones masivas. La publicación del titular de la noticia en la cuenta de Twitter de uno de los principales medios de comunicación nacionales impulsó a muchas personas jóvenes a la acción, las llevó a organizarse y a salir a manifestarse a las calles. Inyectó urgencia en la conversación sobre la VG y el femicidio en Namibia.

El de Shannon no fue un caso aislado, ya que en Namibia desaparecen mujeres jóvenes todo el tiempo. Pero cuando este caso salió a la luz, reavivó la conversación nacional sobre el tema. Alguien en Twitter afirmó, con razón, que algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar, y yo respondí a su comentario y me involucré desde el principio, porque es un tema que me preocupa profundamente, ya que creo firmemente que las vidas de las mujeres tienen un valor intrínseco y valen tanto como las de los hombres.

Junto con otros jóvenes, enviamos correos electrónicos, conseguimos el apoyo necesario y nos organizamos en menos de 24 horas, sobre todo y principalmente a través de las redes sociales. Hicimos un folleto que circuló ampliamente y mucha gente acudió a la protesta. Los jóvenes nos apropiamos de la iniciativa y así fue como todo empezó: se trató de un ejemplo tanto del poder de internet como del poder de la juventud.

Si no recuerdo mal, el primer día de protesta un periódico informó que se habían reunido algo más de 800 personas, y en todas las protestas subsiguientes hubo cientos de personas. Participaron tanto mujeres como hombres jóvenes: las protestas fueron lideradas predominantemente por mujeres, pero los jóvenes estuvieron presentes en cantidades considerables. Lo que es importante señalar respecto de la demografía de las protestas es que los participantes eran mayoritariamente gente joven. Fueron las y los jóvenes quienes asistieron a reuniones con funcionarios, redactaron peticiones y hablaron con los medios de comunicación. Y fueron las mujeres jóvenes las que estuvieron al frente, mientras que los jóvenes les brindaron su apoyo.

Creemos que si en Namibia las mujeres jóvenes no pueden salir a comprar un cartón de leche sin temer por sus vidas, entonces hay algo que está terriblemente mal en nosotros como país. La filosofía de #ShutItAllDown es bastante radical: significa que hay que paralizar todo hasta que logremos entender qué es lo que no está funcionando para las mujeres namibias en materia de seguridad. Hasta que no obtengamos respuestas a esta pregunta, no creemos que sea correcto, saludable o en el mejor interés de nadie seguir haciendo las cosas como siempre. No queremos que la actividad económica continúe como si nada ocurriera mientras las mujeres jóvenes no se sienten seguras.

¿Qué piensas que hizo a #ShutItAllDown diferente de las anteriores protestas por los derechos de las mujeres en Namibia?

Ha habido otras protestas por los derechos de las mujeres en el pasado. De hecho, a principios de 2020 tuvimos una protesta a favor del aborto que se centró específicamente en los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y abogó por la legalización del aborto y el reconocimiento de la agencia y la autonomía corporal de las mujeres. Según la Ley de Aborto y Esterilización de 1975, en Namibia el aborto es ilegal excepto en casos de incesto, violación o cuando la vida de la madre o del niño está en peligro.

En Namibia hay movimientos feministas que están activos y trabajan con constancia; sin embargo, un dato de la realidad que tuvimos que reconocer es que muchos movimientos feministas son liderados por jóvenes que también tienen otras obligaciones, tales como empleos de tiempo completo. Las organizaciones de la sociedad civil también enfrentan desafíos, sobre todo en materia de recursos y apoyo institucional.

La protesta previa, que tuvo lugar a principios de 2020, fue significativa en el sentido de que allanó el camino y estableció bases importantes para que #ShutItAllDown pudiera adquirir la confianza colectiva necesaria para seguir adelante. Las organizadoras feministas estuvieron presentes y se activaron para amplificar la voz de #ShutItAllDown. Estuvieron muy activas en la difusión de información y fueron cruciales a la hora de movilizar a su gente para que acudiera a las protestas y las mantuviera vivas. Las organizadoras feministas de Namibia hacen un gran trabajo entre bastidores, pero su labor enfrenta limitaciones porque cuentan con recursos insuficientes. De ahí que muchas de nuestras peticiones se dirijan al gobierno y a otras instituciones que sí disponen de los recursos que necesitamos para instituir los cambios que buscamos.

La diferencia entre #ShutItAllDown y otras protestas anteriores radica en el hecho de que ahora las y los jóvenes de Namibia participan cada vez más en los asuntos públicos y se hacen oír para exigir que el gobierno y otras instituciones rindan cuentas de sus acciones y cumplan con sus mandatos y sus obligaciones hacia la ciudadanía.

Además, el movimiento ha podido crecer de forma más o menos orgánica porque las redes sociales son cada vez más utilizadas como herramienta para mantener conversaciones y presionar por la rendición de cuentas. Namibia tiene una población bastante joven con enormes capacidades digitales. La flexibilidad y la capacidad de autoorganización de la juventud acabaron por empujarnos a todos a hacer algo.

¿Cuáles eran las demandas de #ShutItAllDown, y qué respuesta obtuvieron?

La principal demanda que teníamos para el gobierno de Namibia era la declaración del estado de emergencia en relación con el femicidio y la violencia sexual y de género (VSG), simplemente porque creíamos que el problema que enfrentábamos justificaba este tipo de acción. Queríamos que se transmitiera el mensaje de que el femicidio constituye una crisis de dimensiones nacionales y que, más allá de la pandemia de COVID-19, las mujeres siempre, todos los días, tememos por nuestras vidas. También exigíamos una consulta inmediata con personas expertas en violencia sexual y que el Ministerio de Justicia pusiera en marcha un registro de delincuentes sexuales y tribunales para delitos sexuales.

Varias demandas se centraron en potenciar los métodos existentes para frenar la violencia sexual y de género. También se dirigieron nuevas demandas a varios ministerios y a otras partes interesadas, tales como la implementación de patrullas en los barrios las 24 horas del día y los siete días de la semana, servicios virtuales y a distancia contra la VG y programas escolares y universitarios para sensibilizar a los jóvenes sobre la VSG.

Nuestro petitorio reconocía que existe violencia tanto dentro como fuera del hogar. Pero entendemos que frenar la violencia dentro del hogar es más difícil debido a los años o décadas de trabajo de base que se necesitan para revertir la normalización de la VG. Es posible que no estemos vivos para presenciar los frutos de este esfuerzo, debido al tiempo que se requiere para transformar una sociedad y su cultura, para interrogar y derribar colectivamente los principios tradicionales en que se arraigan las normas abusivas.

Desgraciadamente, no obtuvimos la declaración del estado de emergencia que reclamábamos. Pero otras demandas, tales como el refuerzo de la seguridad mediante patrullas, la modificación del currículo educativo y la creación de grupos de trabajo o comités para intensificar los esfuerzos para frenar la VSG, recibieron una respuesta positiva. Otra demanda importante que recibió una respuesta positiva fue la formación de agentes de policía para que sean más comprensivos y empáticos a la hora de tramitar casos y recibir denuncias de VG. Sabemos que la acogida que reciben las sobrevivientes de abusos en las comisarías y la falta de atención y urgencia con que son tratados sus casos se cuentan entre las principales razones por las cuales muchas mujeres no denuncian la violencia sexual.

¿Hubo otras cuestiones relevantes que el movimiento #ShutItAllDown dejó en evidencia?

Sí, el activismo LGBTQI+ y los integrantes de este colectivo tuvieron un rol prominente a la hora de movilizar gente para la protesta y amplificar las voces del movimiento #ShutItAllDown. Para mí, fue importante ver a mujeres queer y a otras personas LGBTQI+ que navegan con dificultad una sociedad violentamente homofóbica y transfóbica, protestando y subrayando la importancia de la interseccionalidad y la labor de incidencia colectiva. Out-Right Namibia, una de las principales organizaciones de derechos humanos de las personas LGBTQI+ de Namibia, aprovechó su posición para impulsar a #ShutItAllDown y crear una red fuerte y bien conectada en defensa de nuestros derechos colectivos en tanto que mujeres negras y/o queer.

Las protestas de #ShutItAllDown también sacaron a la luz la ilegalidad del aborto en Namibia y más generalmente la precariedad de nuestro derecho a la salud reproductiva. En este marco intensificamos nuestras conversaciones sobre la cuestión de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva. Estas fueron algunas de las cuestiones vitales que #ShutItAllDown puso de manifiesto, dejando en evidencia lo mucho que queda por hacer para que los derechos de todas las mujeres sean reconocidos y respetados.

¿Hay espacio para el activismo intergeneracional dentro del movimiento #ShutItAllDown?

El activismo intergeneracional ha demostrado ser un terreno interesante, sobre todo a causa de la naturaleza ardiente y apasionada de la juventud. Gran parte del impacto del activismo que se encarnó en las protestas de #ShutItAllDown se basó en la generación de disrupción e incomodidad general para incitar a la acción incluso a la gente más indiferente. Creo que la disrupción abre conversaciones importantes. Tenemos la esperanza de que nuestras acciones lleven a quienes no están familiarizados con lo que estamos haciendo a preguntarse por qué nos preocupamos por la seguridad de las mujeres al punto de ir a sentarnos en medio de la calle o a bloquear y clausurar un centro comercial, y a intentar comprender qué está pasando y qué es lo que pretendemos. Estas preguntas iniciarían una conversación y alimentarían importantes debates acerca de un mal nacional urgente que les cuesta la vida a muchas mujeres.

Pero muchas personas adultas tienden a cuestionar las tácticas disruptivas utilizadas por las más jóvenes. Y otra limitación que hemos experimentado es que las tácticas disruptivas suponen la asunción de un riesgo personal. Los y las jóvenes nos jugamos mucho menos en términos de empleabilidad y pérdida de respetabilidad. Muchas personas mayores están de acuerdo con las causas que nos movilizan, pero generalmente no se arriesgan a ponerse de nuestro lado, o al menos no lo hacen explícitamente. Hay factores políticos y prácticos que limitan incluso el grado en que pueden expresar públicamente su apoyo.

¿Cómo ves el futuro de #ShutItAllDown?

Lo bueno de los movimientos orgánicos y espontáneos, así como de los movimientos que no tienen un líder, es que cualquiera puede despertar un día y decidir iniciar #ShutItAllDown en su respectiva localidad, porque el movimiento no tiene un líder único ni un rostro visible. Desde octubre de 2020 no hemos tenido ninguna nueva protesta, pero eso no significa que no vaya a haber más protestas en el futuro. La VG es un problema constante y, por desgracia, en cualquier momento y en cualquier lugar puede surgir un caso que reavive la protesta.

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PERÚ: “El debate constitucional ha adquirido una nueva relevancia a partir de las protestas”

 

Rafael Barrio

CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Perú con Rafael Barrio de Mendoza, investigador sobre procesos de transformación territorial del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de diez organizaciones de la sociedad civil con presencia en 16 regiones del Perú. Propuesta Ciudadana busca contribuir a la formulación de propuestas de política para un Estado inclusivo y la adecuada gestión de los recursos públicos. Promueve una visión de la gobernanza territorial que parte de la identificación y el respeto de las diversidades y se centra en el desarrollo democrático.

¿Cuál fue la causa desencadenante de las protestas que estallaron en Perú en noviembre de 2020?

La causa inmediata fue la decisión de una mayoría parlamentaria de vacar al presidente Martín Vizcarra, empleando un mecanismo escasamente utilizado en el pasado y cuyo contenido y proceso tiene un amplio margen de discrecionalidad. La publicación de las acusaciones contra Vizcarra fue dándose en una secuencia que se revela planificada, y predominó la sensación de su instrumentalización por parte de la llamada “coalición vacadora”. Si bien hay un espacio de controversia sobre la calidad de los indicios de los delitos que se le imputan a Vizcarra, presuntamente cometidos durante su mandato de gobernador de la región de Moquegua, hace cinco años, existía un consenso en la opinión pública de que dichas acusaciones podrían haberse perseguido creíblemente al terminar su mandato presidencial, en particular dado que las elecciones generales ya estaban convocadas para abril de 2021.

Pero desde un punto de vista más estructural, la crisis política fue la expresión de la maduración de una crisis de representación política, con vínculos poco orgánicos entre la oferta política y las sensibilidades ciudadanas y un sistema precarizado y cartelizado de representación política, en el cual una miríada de intereses ilegales, informales y oligopólicos han resistido sucesivas generaciones de reformas - educativa, judicial, fiscal y política, entre otras – que pretenden regularlos. Las revelaciones de casos de corrupción que involucraban a gran parte del elenco político, como el caso Lava Jato/Odebrecht y el de los Cuellos Blancos, que destapó una extendida red de corrupción en el sistema judicial, sirvieron para instalar el consenso de un deterioro general del manejo de lo público. A la vez, la relativa eficacia de las medidas fiscales en contra de los líderes políticos involucrados alimentó la perspectiva de una limpieza de la clase política y la posibilidad de cultivar una transición hacia un mejor sistema de representación. En cierta medida, el vínculo populista que estableció Vizcarra con esa sensibilidad - sellado con la disolución constitucional del anterior Congreso, en el cual el partido del expresidente Alberto Fujimori contaba con la mayoría - fue el factor que sostuvo su gobierno, carente de apoyos parlamentarios, empresariales, mediáticos o sindicales. La vacancia de Vizcarra se experimentó como la restitución de la constelación de intereses que hasta entonces había retrocedido con la labor fiscal y las reformas educativa, política y judicial.

¿Cómo describirías el conflicto institucional que resultó en la destitución y el reemplazo del presidente?

El conflicto institucional se gestó en la precariedad de un sistema político caracterizado por un nuevo Congreso con múltiples bancadas pero ninguna de ellas oficialista y un presidente popular pero sin apoyos institucionales, cuya legitimidad se sostenía en el manejo versátil del debate público a través de una combinación de gestos políticos, el reclutamiento de técnicos competentes en puestos clave, y un ejercicio calculado de antagonización con el Congreso en temas clave, tales como las reformas educativa, política y judicial.

La coalición mayoritaria en el Congreso retomó, a grandes rasgos, la agenda de intereses de la anterior mayoría “fujiaprista” - así designada por la alianza tácita entre el Partido Aprista y la corriente política fundada por el expresidente Fujimori - a la que añadió nuevas demandas populistas que ponían en riesgo el manejo presupuestal y macroeconómico en torno del cual existía un consenso tecnocrático. En este marco, actores que sobrevivieron a la disolución del anterior Congreso lograron recolocarse en el nuevo y operar, junto a algunos medios de comunicación, una campaña que buscaba deteriorar la popularidad de Vizcarra mediante el levantamiento de acusaciones de corrupción en casos poco claros. Estas fueron las dinámicas que nutrieron el conflicto institucional.

Por su lado, la sociedad civil tuvo una respuesta unificada ante la vacancia y el nuevo régimen que se instaló. Su respuesta se movió desde la expresión de preocupación y el reclamo de toma de responsabilidad hasta la abierta condena ante el establecimiento de la nueva gestión. Las protestas masivas y la represión con que fueron enfrentadas alimentaron esa transición en la mayoría de la sociedad civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel activo en el enmarcamiento del conflicto, la producción de una narrativa para audiencias internacionales y la colocación de presión sobre los actores públicos con que interactúan.

¿Quiénes se movilizaron, y qué reclamaban?

En un comienzo, los manifestantes protestaban contra la vacancia del presidente Vizcarra y contra la asunción del presidente del Congreso, Manuel Merino, como nuevo presidente. Una encuesta realizada posteriormente por Ipsos mostró que poco más de tres cuartos de la población estaba de acuerdo con la protesta contra la remoción del presidente Vizcarra, y que al menos dos millones de personas se movilizaron de una u otra forma o tomaron parte activa en las protestas.

Las manifestaciones fueron mayormente protagonizadas por jóvenes de entre 16 y 30 años, quienes vertebraron la organización y generaron los repertorios y tácticas de protesta. El estado de ánimo de hartazgo generalizado fue movilizado por la llamada “generación del bicentenario”, nacida después del fin del fujimorismo, nativa digital y, en su mayoría, desafecta de la política convencional. Se trata también de una generación mesocrática -tanto en los segmentos tradicionales de la clase media y en los sectores populares- y partícipe de comunidades virtuales mediadas por las plataformas digitales. Eso explica en parte la velocidad de la emergencia de arquitecturas de organización bastante eficientes para producir repertorios, coordinar acciones, documentar las protestas y generar movimientos de opinión pública. La mediación de las redes sociales y el uso de aplicaciones de microtransferencias monetarias propiciaron una organización descentralizada de la protesta, con múltiples manifestaciones en distintas locaciones, distintas convocatorias convergentes, diversidad de repertorios y canales de transferencia rápida de recursos.

La movilización liderada por los jóvenes se nutrió de una clase media dispuesta a asumir el costo de manifestarse. Alrededor de este núcleo se articularon sociológica y territorialmente otros sectores de la población, más o menos acostumbrados a estrategias convencionales de protesta, o simplemente alejados de toda expresión pública.

Las protestas comenzaron el 9 de noviembre, se sucedieron día a día y alcanzaron su punto álgido el 14 de noviembre, fecha de la Segunda Marcha Nacional. La movilización masiva del llamado 14N se alimentó de la súbita expresión de un hartazgo que atravesaba de lado a lado a la sociedad y que era particularmente intenso entre los jóvenes. De ahí su carácter excepcional por su alcance, magnitud y organización, así como por la rápida instalación de una identidad ciudadana no partidarizada, que solo en parte puede explicarse por el apoyo a Vizcarra, ya que lo excedía.

El 14N culminó con la muerte de dos jóvenes manifestantes por perdigones de plomo. Merino había asumido el 10 de noviembre y había formado un gobierno radicalmente conservador. El signo del gabinete se reveló rápidamente en la autorización de la represión severa de la protesta, sobre todo en Lima, la capital. Tras las primeras jornadas de violencia policial, el presidente del Consejo de Ministro felicitó y garantizó protección a los escuadrones policiales involucrados. Las muertes del 14N activaron una cascada de desafecciones en los pocos apoyos políticos que sostenían al régimen en respuesta a una presión ciudadana desbordada, y hacia el mediodía del 15 de noviembre Merino había renunciado.

El espacio generado por la movilización se pobló de una cantidad de demandas heterogéneas, desde el restablecimiento de Vizcarra hasta el reclamo de un cambio constitucional que cimentara la salida al neoliberalismo, pasando por propuestas más claramente ciudadanas, centradas en la defensa de la democracia, la continuidad de las reformas, la injusticia de la represión y la insensibilidad de la clase política frente a la emergencia sanitaria de la pandemia. El fermento para estos reclamos sigue existiendo y queda por verse cómo terminan tomando forma en el escenario electoral de 2021.

¿En qué se diferenciaron estas protestas de otras que ocurrieron en el pasado? ¿Hubo algún cambio relacionado con el contexto de la pandemia?

En anteriores movilizaciones urbanas ya se habían ensayado los mecanismos de coordinación que proporcionan las redes sociales, pero esas manifestaciones habían sido protagonizadas por actores convencionales, tales como movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. En esta oportunidad se formaron nuevos grupos de activistas, tales como brigadas para desactivación de bombas lacrimógenas y de auxilio médico, similares a las técnicas de movilización ensayadas en otros escenarios, como las protestas de Hong Kong y las de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Ello habla de la emergencia de espacios de aprendizaje global de protesta. 

En parte, fue la emergencia sanitaria la que condicionó la composición de las protestas, en su mayora integradas por jóvenes, al tiempo que propició, entre aquellos que tenían mayores reparos en salir a las calles, la difusión de nuevos repertorios, como los cacerolazos, los bocinazos y el activismo digital. Al mismo tiempo, el carácter masivo de las protestas se explica por el hecho de que los indicadores sanitarios del momento sugerían el cese de la primera ola de COVID-19, y por la constatación de que las marchas de Black Lives Matter no habían estado vinculadas a brotes relevantes, lo cual alentó una sensación de seguridad para las marchas.

¿Por qué acabaron los manifestantes reclamando una reforma constitucional? ¿Qué clase de reforma constitucional reclaman?

Las propuestas de cambios constitucionales formaron parte de las demandas de la movilización, pero no terminaron de protagonizarla. En todo caso, ganaron un nuevo ímpetu en el debate público. La genealogía de estas demandas puede pensarse en dos vertientes. El cambio constitucional a través de una asamblea constituyente es una de las demandas centrales de las izquierdas desde el fin del fujimorismo. Inmediatamente después de la caída del régimen de Fujimori (1990-2001) se convocó un Congreso con un mandato constituyente que no pudo producir un nuevo texto constitucional, y desde entonces esta aspiración pasó a habitar el campo del progresismo, perdiendo vigencia entre otros actores moderados y de derecha. Las izquierdas a menudo reivindican la mitificada Constitución de 1979 como alternativa, proponen un nuevo texto inspirado los procesos boliviano y ecuatoriano, y apuntan el carácter ilegitimo de la Constitución actual, nacida tras un golpe de Estado. El crecimiento económico sostenido de las décadas post-Fujimori y las reformas puntuales de algunos mecanismos constitucionales otorgaron legitimidad a la Constitución, pero muchas de las instituciones y principios que consagra han ido agotándose con los cambios sociológicos y económicos que ayudaron a propiciar.

La segunda vertiente viene de un reclamo más orgánico tras la constatación de los límites del modelo de mercado, evidentes sobre todo en la persistencia de la desprotección social, el trabajo precario e informal y los abusos de los oligopolios en la provisión de servicios, así como en la crisis del sistema de representación política. Vizcarra inauguró una etapa reformista en materia judicial y política, y en los marcos legales que gobiernan a los sectores extractivos y el sistema de pensiones. Asimismo, dio continuidad a la reforma educativa. El ánimo reformista -pensado por los sectores moderados como el camino de una transición “responsable”- fue agredido por la pugna política alimentada por los sectores afectados, creando un espacio para que las aspiraciones de reforma puedan empezar a predicarse en el lenguaje del cambio constitucional.

Con todo, este debate ha adquirido una nueva relevancia a partir de las protestas del 14N, y aún no están claros los términos de la conversación, el contenido de los cambios más significativos y, sobre todo, la oferta de actores políticos maduros capaces de interpretarlos y llevarlos a cabo. El peligro radica en que, en un contexto de alta indeterminación, el proceso termine siendo definido por actores cuyas motivaciones no participan del ánimo de cambio.

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#UN75: “En lo sucesivo, la ONU debe seguir proporcionando acceso a través de plataformas virtuales”

Laura ObrienEn conmemoración del 75º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), CIVICUS está teniendo conversaciones con activistas, personas defensoras y profesionales de la sociedad civil acerca de los roles que la ONU ha desempeñado hasta ahora, los éxitos que ha conseguido y los desafíos que enfrenta de cara al futuro. CIVICUS conversa con Laura O’Brien, Oficial de Incidencia en la ONU de Access Now, una organización de la sociedad civil que se ha propuesto la misión de defender y extender los derechos digitales de los usuarios en riesgo en todo el mundo. Access Now lucha por los derechos humanos en la era digital mediante una combinación de apoyo técnico directo, labor política integral, incidencia global, apoyo financiero a nivel de base, intervenciones legales y encuentros tales como RightsCon. 

¿En qué medida la Carta fundacional de la ONU resulta adecuada en la era de internet?

Durante años la sociedad civil ha animado a la ONU a modernizar sus operaciones para mantener su relevancia en la era digital. En 2020, la ONU se encontró con una dura realidad. La organización internacional se vio obligada a llevar a cabo la mayor parte de su trabajo en línea, al tiempo que intentaba llegar de forma significativa a la comunidad mundial y avanzar en la cooperación internacional en medio de una crisis sanitaria global, el racismo sistémico, el cambio climático y el autoritarismo creciente. Conmemorar el 75º aniversario de la ONU mediante un retorno a su Carta fundacional - un documento centrado en la dignidad inherente al ser humano - no podría ser más crucial.

La Carta de las Naciones Unidas fue redactada mucho antes de que existiera internet. No obstante, su visión global sigue siendo consistente con el carácter universal de internet, que en el mejor de los casos permite crear sociedades del conocimiento sin fronteras basadas en los derechos humanos fundamentales, al tiempo que amplifica la necesidad de reducir los riesgos, no solo por medios soberanos, sino también mediante la cooperación internacional. Guiada por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración sobre la conmemoración del 75º aniversario de las Naciones Unidas se compromete acertadamente a mejorar la cooperación digital en todo el mundo. A través de este compromiso formal, las Naciones Unidas finalmente prestaron atención al impacto transformador que las tecnologías digitales tienen sobre nuestra vida cotidiana, allanando el camino – o mejor, como lo expresó el Secretario General de las Naciones Unidas, estableciendo una “hoja de ruta” - para guiarnos a través de las promesas y peligros de la era digital.

Si bien los líderes mundiales reconocieron la necesidad de escuchar a “los pueblos”, tal como se recoge en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, la sociedad civil continúa recordándoles a esos mismos líderes que deben escuchar más activamente. Dada su misión de ampliar y defender los derechos humanos fundamentales de todos los individuos, la sociedad civil sigue siendo una fuerza clave para avanzar en la rendición de cuentas de todas las partes involucradas y garantizar la transparencia de procesos multilaterales que a menudo son opacos.

¿Qué desafíos ha enfrentado en sus interacciones con el sistema de las Naciones Unidas y cómo los ha manejado?

Comencé a trabajar en mi rol de representación externa, en calidad de Oficial de Incidencia en la ONU de Access Now, pocos meses antes del confinamiento por el COVID-19 aquí en Nueva York. En ese sentido, debí navegar en mi nuevo rol los retos que enfrentaba la sociedad civil en ese momento: ¿cómo asegurarnos de que los actores de la sociedad civil, en toda su diversidad, participen de forma significativa en los debates de las Naciones Unidas a medida que la ONU desplaza sus operaciones al ámbito virtual? En ese momento temíamos que las medidas de excepción utilizadas para luchar contra la pandemia pudieran ser utilizadas para restringir el acceso de la sociedad civil y sus oportunidades de participación en los foros de las Naciones Unidas. De modo que nos movilizamos. Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas CIVICUS, trabajaron juntas para establecer principios y recomendaciones para la ONU de modo de asegurar la inclusión de la sociedad civil en los debates de la organización durante la pandemia y en lo sucesivo. Esto nos ayudó a trabajar juntas para presentar una posición unificada en relación con la importancia de la participación de las partes interesadas y para recordar a las Naciones Unidas que debía establecer protecciones adecuadas para garantizar plataformas en línea accesibles y suficientes salvaguardas para proteger la seguridad de quienes participan en forma virtual.

¿Qué es lo que actualmente no funciona y debería cambiar? ¿De qué manera está trabajando la sociedad civil para lograr ese cambio?

El año 2020 fue un año de humilde autorreflexión crítica a nivel tanto individual como colectivo. Ahora, más que nunca, el mundo se está dando cuenta de que el modelo estadocéntrico no nos conducirá a un futuro esperanzador. Los problemas que enfrenta una parte del mundo tienen consecuencias para todo el mundo. Las decisiones que tomemos ahora, en particular en lo que respecta a las tecnologías digitales, repercutirán sobre las generaciones futuras. A medida que el mundo se recupere de los acontecimientos de 2020, necesitamos que los líderes mundiales aprovechen las lecciones aprendidas y continúen participando en esta reflexión crítica. La solución de los problemas globales requiere de una acción interdisciplinaria que respete y proteja a personas portadoras de derechos procedentes de entornos diversos e intersectoriales. Sencillamente, no podemos seguir operando ni abordando estas cuestiones desde arriba hacia abajo. De hecho, amenazas tales como la desinformación suelen originarse en la cúspide.

En todo el mundo la sociedad civil se está movilizando al frente de campañas globales que buscan sensibilizarnos acerca de los problemas que enfrentamos actualmente y su repercusión sobre las generaciones futuras, mientras que abogan por la rendición de cuentas en foros nacionales, regionales e internacionales. Desde la condena de los cortes de internet de #KeepItOn hasta el cuestionamiento de la implementación de programas de identidad digital en todo el mundo de #WhyID, estamos trabajando para informar, supervisar, medir y proporcionar recomendaciones de políticas que respeten los derechos, sobre la base de nuestras diversas interacciones con las personas que están en mayor riesgo.

¿Cuáles son, en su opinión, las principales debilidades del actual sistema multilateral global, y qué lecciones pueden extraerse de la pandemia de COVID-19?

El sistema multilateral global debe dejar de funcionar y de abordar los problemas mundiales en forma inconexa. Esto requiere no solamente un multilateralismo mejor conectado en red - en todo el sistema de las Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, e incluyendo a las organizaciones regionales y las instituciones financieras, entre otras organizaciones - sino también un abordaje de los problemas mundiales desde una perspectiva más interdisciplinaria. Por ejemplo, las investigaciones disponibles sugieren que más del 90% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) se vinculan con los derechos humanos internacionales y el trabajo. Por lo tanto, es necesario proteger los derechos humanos para alcanzar los SDG. ¿Por qué, entonces, los actores internacionales siguen planteando los SDG únicamente en relación con los debates sobre el desarrollo y no en relación con los derechos humanos?

Se pueden extraer de la pandemia muchas lecciones para promover una cooperación internacional más inclusiva. En 2020, las Naciones Unidas tomaron conciencia de los beneficios de la conectividad a internet: llegar a más voces diversas en todo el mundo. Gente que debido a un sinfín de barreras normalmente no puede acceder físicamente a las plataformas de las Naciones Unidas con sede en Ginebra y Nueva York, ahora pudo contribuir significativamente a los debates de las Naciones Unidas vía internet. Sin embargo, al mismo tiempo el funcionamiento en línea también hizo que las Naciones Unidas reconocieran oficialmente el grave impacto que representan los aproximadamente 4.000 millones de personas que siguen desconectadas de internet. Esas personas pueden sufrir discriminación en la red, experimentar diversas barreras debido a las brechas digitales y a la insuficiencia de recursos de alfabetización digital, o permanecer desconectadas a cause de la imposición de cortes selectivos del servicio de internet.

En lo sucesivo, la ONU debe seguir proporcionando acceso a sus debates a través de plataformas virtuales accesibles. Así como la ONU están construida para facilitar las interacciones entre los Estados, el mundo se beneficiaría si hubiera espacios igualmente seguros y abiertos para que la sociedad civil se conecte. Lamentablemente, demasiadas comunidades continúan siendo marginalizadas y vulnerables. La gente a menudo sufre represalias cuando alza la voz y difunde sus historias a través de las fronteras. Nosotros nos esforzamos por crear ese tipo de foro civil abierto con la RightsCon - la principal cumbre mundial sobre derechos humanos en la era digital - y otros eventos similares. En julio de 2020, RightsCon Online reunió a 7.681 participantes de 157 países de todo el mundo en una cumbre virtual. Los organizadores superaron barreras de costos y acceso mediante la puesta en marcha de un Fondo de Conectividad que proporcionó apoyo financiero directo para que los participantes pudieran conectarse y participar en línea. Estas reuniones deben considerarse una parte integral no solo de la gobernanza de internet sino también de la concreción de los tres pilares de las Naciones Unidas - desarrollo, derechos humanos y paz y seguridad - en la era digital. Cuando se lleva a cabo de manera inclusiva y segura, la participación en línea ofrece la oportunidad de ampliar el número y la diversidad de participantes en la plataforma y elimina las barreras y limitaciones de recursos relacionadas con los viajes.

En términos generales, la comunidad internacional debe aprender las lecciones de 2020. Debemos trabajar de manera solidaria para promover una cooperación internacional abierta, inclusiva y significativa a fin de lograr un futuro próspero para todos y todas.

Póngase en contacto con Access Now a través de su página web o su perfil de Facebook, y siga a @accessnow y a @lo_brie en Twitter.

 

GUATEMALA: “las manifestaciones reflejan tanto la organización social como la autonomía ciudadana”

Sandra MoraenCIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Guatemala con Sandra Morán Reyes, activista por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+. Con una larga trayectoria en los movimientos sociales, Sandra fue una de las cofundadoras del primer grupo lésbico guatemalteco y organizadora de la primera Marcha del Orgullo de Guatemala, celebrada en 1998 en la Ciudad de Guatemala. En 2015 fue elegida diputada nacional, convirtiéndose en la primera congresista y política homosexual en un cargo de elección popular en la historia de su país, desde el cual promovió diversas iniciativas en favor de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

¿En qué contexto se produjeron las protestas de noviembre de 2020, y cómo comenzaron?

En enero de 2020 se inició un nuevo gobierno, y poco después la pandemia nos dejó a todos encerrados. Pero alrededor de mayo o junio algunos compañeros y compañeras comenzaron a salir a la calle de nuevo, en parte para criticar la actitud del gobierno frente a las necesidades de la población a medida que empezaron a verse claramente los efectos de la crisis generada por la pandemia. De pronto aparecieron banderas blancas, en las calles, en las puertas de las casas, en manos de personas y familias que recorrían las calles o se sentaban en los portales. Con la bandera blanca la gente indicaba que no tenía para comer y empezaron a darse acciones de solidaridad como las ollas solidarias, que aquí en Guatemala antes no existían. Hubo un gran movimiento de solidaridad entre personas. Mientras que las organizaciones se volcaron a atender a sus integrantes, la ciudadanía realizó esfuerzos importantes para brindar apoyo de persona a persona. Se volvió corriente que la gente saliera a recorrer las calles para repartir un poco de lo que tenía entre quienes más lo necesitaran. Esto se repitió luego en relación con las personas que fueron afectadas por los huracanes y perdieron todo.

A nivel estatal, se aprobaron muchísimos recursos para paliar los efectos de la pandemia, pero estos recursos no llegaban a la gente y las necesidades de la población seguían desatendidas, de modo que la pregunta que empezó a plantearse fue “¿dónde está el dinero?”.

Desde 2017 nosotros denunciábamos lo que llamábamos el “pacto de corruptos”, que vinculaba a funcionarios, empresarios e incluso representantes de la iglesia, aliados en defensa de sus propios intereses. En 2015, tras seis meses de manifestaciones masivas sostenidas, terminaron en la cárcel el presidente y la vicepresidenta, pero los gobiernos que les sucedieron acabaron reafirmando el mismo sistema. El gobierno del presidente Jimmy Morales finalizó unilateralmente el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en continuidad del anterior, ha ido avanzando en el control de la justicia, el Congreso y todas las instituciones del Estado para sostener la corrupción como forma de gobierno.

A los efectos de la no atención de los impactos de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota, que golpearon en octubre y noviembre de 2020, se sumaron los ataques contra los funcionarios del Ministerio Público que continúan luchando contra la corrupción. Los descontentos se fueron sumando hasta que en noviembre de 2020 el Congreso aprobó de madrugada el presupuesto nacional para 2021. Era un presupuesto altísimo – el más alto en la historia del país - con bolsones evidentes para la corrupción, especialmente en el rubro de obra gris, que es donde se concentra el grueso de la corrupción, pero sin ninguna atención a la salud y a la educación en el marco de la pandemia. El presupuesto incluso recortaba el programa de nutrición, en un país que tiene un enorme problema de desnutrición infantil. Esa fue la gota que derramó el vaso. Personas que normalmente no son las que protestan – una chef profesional, un artista, muchas personas conocidas en distintos ámbitos - comenzaron a escribir en las redes sociales y a manifestarse en contra de esta decisión. Así se convocó la primera manifestación, y de repente éramos como 25.000 personas – en medio de una pandemia.

Para esa época ya se habían levantado todas las restricciones a la circulación y a las reuniones, pero la pandemia continuaba y el riesgo de contagio también. Nadie preveía una protesta tan masiva, y sin embargo ocurrió. Las manifestaciones fueron inicialmente pacíficas, pero ya en la segunda hubo violencia y represión. Un pequeño grupo provocó un incendio en el edificio del Congreso, un hecho que continúa bajo investigación. Sobre esto se justificó la represión: gases lacrimógenos, golpes, arrestos y detenciones, algo que hace mucho que no ocurría. En otra manifestación se quemó un bus. Desde nuestra perspectiva, los actos de violencia fueron instigados para justificar la necesidad de un mayor control policial de las manifestaciones y la eventual represión.

¿La convocatoria a la movilización se hizo exclusivamente a través de las redes sociales? ¿Quiénes se movilizaron?

Hubo a través de las redes sociales una serie de llamados que apelaron sobre todo a las clases medias, pero también convocaron los movimientos sociales y las Autoridades Indígenas. Estas últimas han desempeñado un rol cada vez más importante en los últimos años, y en el marco de esta crisis publicaron una declaración en la que propusieron un consejo de gobierno de los cuatro pueblos que integran Guatemala - Maya, Xinka, Garífuna y Mestizo – para hacer una transición hacia una Asamblea Constituyente. Ellos han ido visitando territorios y haciendo un trabajo de formación de alianzas, y es la primera vez que avanzan hacia el gobierno nacional, ya que tienen autoridad solamente en sus territorios. El rol que han desempeñado es importante porque la oligarquía toda la vida le ha temido al levantamiento indígena; ese temor les mueve. Así como les movió el hecho de que en 2019 la candidata a presidenta del Movimiento de Liberación de los Pueblos, un partido fundado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), quedara en cuarto lugar. Una mujer maya, campesina, con poca escolaridad, quedó en cuarto lugar, y eso les hizo ruido.

Ha habido cuatro actores movilizados: pueblos indígenas, mujeres, juventud y comunidades en resistencia – comunidades locales, generalmente lideradas por mujeres, que resisten frente a megaproyectos extractivos en sus territorios. En las últimas manifestaciones se observó el resultado del proceso de unidad del movimiento estudiantil universitario: a partir de 2015 los estudiantes de la universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad pública, marcharon junto con los de las dos universidades privadas, la Rafael Landívar, de clase media, y la Universidad del Valle, de clase alta. El lema con que marchaba la universidad pública, “USAC es pueblo” se transformó en “Somos Pueblo” a partir de esta convergencia. Fue un hecho histórico que representó el regreso de la juventud universitaria organizada a las luchas populares.

El rol de la juventud también se observa en el movimiento feminista, ya que hay muchos movimientos feministas jóvenes. En particular se destaca el colectivo Mujeres en Movimienta, una expresión muy importante de feministas universitarias. La diversidad sexual también ha estado presente, y ha estado muy activa en la denuncia de los femicidios y homicidios de personas LGBTQI+.

A ellos se sumó la clase media empobrecida tras el fuerte golpe de la pandemia. En las manifestaciones hubo mucha gente de clase media, muchos profesionales. Muchos ciudadanos y ciudadanas que no pertenecían a ninguna organización ni colectivo indígena, estudiantil o de mujeres salieron por su cuenta, movidos por el hartazgo. Así, las manifestaciones de noviembre de 2020 reflejaron tanto la organización social como la autonomía ciudadana.

¿Qué demandaba la ciudadanía movilizada?

A pesar de que hubo varios sectores movilizados y muchísimas demandas acumuladas, hubo un orden en el petitorio de las protestas. Si bien los distintos sectores tenían sus propias demandas, todos acogieron los grandes reclamos. El eje central era que el presidente vetara el presupuesto, ya que lo que gatilló la movilización fue el descaro de un Congreso que hizo un presupuesto que no era para la ciudadanía de Guatemala sino para ellos mismos, para alimentar la corrupción. En ello las manifestaciones tuvieron un éxito inmediato, ya que pocos días después de la quema del edificio del Congreso, este dio marcha atrás y anuló el presupuesto que había aprobado. Junto con la retirada del presupuesto estaba la demanda de que se aprobara un presupuesto que respondiera a las necesidades de la población, pero esta demanda sigue pendiente.

Tras la represión de las protestas, otra demanda central fue la renuncia del ministro de Gobernación, que no se produjo; el funcionario sigue en su cargo. También se reclamó la renuncia del presidente, que tampoco se produjo.

Finalmente, se volvió a reflotar la demanda de una nueva Constitución, que está en la agenda de los movimientos sociales desde hace varios años. En el 2015, cuando tuvieron lugar las grandes manifestaciones que llevaron a la renuncia de todo el gobierno, los movimientos sociales evaluamos que la corrupción no estaba solamente en las personas, sino que teníamos un sistema corrupto y que por lo tanto hacía falta un cambio de sistema. Las organizaciones indígenas y campesinas tienen su propuesta de cambio constitucional, basada en su reclamo de reconocimiento de los pueblos indígenas e instauración de un Estado plurinacional que les dé autonomía y poder de decisión.

Otros grupos tienen propuestas más embrionarias. Yo fui diputada hasta enero de 2020, y cuando todavía estaba en el Congreso trabajé con las organizaciones de mujeres pensando en que podía darse esta coyuntura y teníamos que prepararnos. Iniciamos el Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente para ir configurando una propuesta de una nueva constitución desde la perspectiva de las mujeres en su diversidad.

¿Cuáles son los principales cambios que proponen?

Nosotros tenemos una constitución que fue redactada en 1985 y tiene un contenido importante de derechos humanos; incluye la figura del Ombudsman, que en ese momento era una innovación. Pero los derechos humanos son encarados desde una perspectiva individual; están ausentes los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, y también los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, y por supuesto lo más avanzado en materia constitucional que son los derechos de la naturaleza. La nuestra es una propuesta política emancipadora de los pueblos, de las mujeres y de las diversidades. Se basa en la idea de una economía para la vida, que pone a la comunidad en el centro, y en una economía feminista que reorganice el trabajo y los cuidados.

¿Piensas que las protestas continuarán?

Sí, las protestas van a continuar. Con las fiestas de fin de año se produjo una desmovilización, pero en estos días se supo que CODECA va a volver a salir a la calle. CODECA es una organización que normalmente sale sola, no coordina con otros movimientos sociales, pero tiene una gran capacidad de movilización. Si ellos vuelven a las calles, abrirán una nueva etapa de manifestaciones.

Ahora mismo el ministro de Finanzas está elaborando un nuevo presupuesto, que en un mes se tendrá que volver a discutir en el Congreso. Queda por verse no solamente cuánto se invertirá en salud, educación y reactivación económica, sino también qué es lo que considera “reactivación económica”. Hasta ahora el énfasis ha estado puesto siempre en la inversión privada internacional, que solo genera espacios de mayor explotación y megaproyectos. Hay una ley de promoción de la agricultura familiar que no hay manera de que se apruebe. De modo que la demanda de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, va a continuar expresándose en las calles.

Por el momento, se trata de una convocatoria sectorial, no de una convocatoria amplia a la ciudadanía. Pero no hace falta demasiado para que se reactive la protesta ciudadana, ya que tras las manifestaciones de noviembre el presidente hizo una serie de promesas que no cumplió. El 14 de enero de 2021 se cumplió un año de gobierno y los niveles de apoyo que recibe el gobierno son bajísimos. El Congreso también tiene escasa legitimidad, dada la cantidad de diputados que integran el “pacto de corruptos”, suficiente para conformar una mayoría ordinaria para aprobar las leyes.

Sin embargo, puede que haya miedo a movilizarse porque estamos en un pico de infecciones por COVID-19. Y otro obstáculo para la continuidad de las movilizaciones es la ausencia de un liderazgo unificado y la limitada coordinación.

El espacio cívico en Guatemala es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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#BEIJING25: “Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida”

En ocasión del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS conversa con Pakou Hang, Directora de Programas de Vote Run Lead (Vota Compite Lidera), una organización dedicada a capacitar a mujeres para que se postulen para cargos políticos y ganen la elección, aumentando la representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Fundada en 2014, ya ha alcanzado a más de 36.000 mujeres en los Estados Unidos, casi el 60% de las cuales son mujeres de color y el 20% procede de las zonas rurales. Numerosas graduadas de Vote Run Lead ahora ocupan puestos en ayuntamientos, juntas de condado, cámaras estatales, cortes supremas y en el Congreso de los Estados Unidos.

Pakou Hang

Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales?

Se ha avanzado mucho desde 1995, pero todavía queda mucho por hacer y todavía estamos lejos de la equidad. En términos de representación política ha habido algunos avances, pero estos también han sido lentos: a nivel global, a principios de 2019 el 24,3% de los integrantes de los parlamentos nacionales eran mujeres, en comparación con apenas 11,3% en 1995. Solo tres países en todo el mundo alcanzaron o superaron la paridad en sus cámaras bajas o legislativos unicamerales, pero han sido muchos más los que alcanzaron o superaron el umbral del 30%. Hasta el año pasado había también 11 mujeres jefas Estado y 12 jefas de gobierno; y las mujeres ocupaban casi el 21% de los puestos ministeriales, a menudo en las áreas más asociadas a las temáticas de la mujer, tales como acción social y carteras relacionadas con la familia, la niñez, la juventud, la tercera edad y la discapacidad. Así que el resultado final es mixto: se ha avanzado mucho, pero el progreso ha sido lento y está lejos de ser suficiente.

También ha habido una gran variación entre regiones y países, desde alrededor de 16% de mujeres parlamentarias en la región del Pacífico hasta más del 40% en los países nórdicos. El promedio para las Américas es 30%, pero Estados Unidos se encuentra por debajo del promedio. El Congreso sigue siendo desproporcionadamente dominado por hombres. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población, ocupan solamente el 24% de las bancas. El Congreso también es menos racialmente diverso que el conjunto de la población, ya que el 78% de sus miembros se identifican como blancos, una proporción sustancialmente superior al 60% de la población estadounidense compuesta de personas blancas.

Según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (Center for American Women and Politics), la situación no es muy diferente a nivel estadual: el 29,2% de los escaños legislativos estaduales y el 18% de las gobernaciones son ocupados por mujeres. Hay menos datos sobre los ejecutivos locales y el grueso de la información disponible refiere a las ciudades más grandes, el 60% de cuyos alcaldes son hombres blancos, a pesar de que estos dan cuenta de apenas el 20% de la población de esas ciudades. Aunque en 2018 más mujeres accedieron a cargos públicos locales, siguió siendo frecuente que los ayuntamientos y las comisiones de los condados incluyesen a una sola o a ninguna mujer.

Por otro lado, a pesar del relativamente pequeño número de mujeres legisladoras, y especialmente de mujeres de color, el Congreso actual es el más diverso en la historia. Y el grupo de candidatos que se postularon para cargos legislativos en 2020 también fue el más diverso jamás visto. Por supuesto, estos candidatos recibieron fuertes ataques de los medios y de la oposición política. Pero creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva para entender la magnitud del cambio ocurrido. Sin duda que me decepcionó que termináramos con dos hombres blancos y mayores a la cabeza de las dos principales fórmulas presidenciales, pero lo cierto es que ahora también tenemos a una mujer negra y de ascendencia india como vicepresidenta electa, y eso es un avance.

Recuerdo que cuando se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2020 llamé con la noticia a mi sobrina de nueve años. Ella estaba extasiada. Lo cual me recordó que ella pertenece a una nueva generación de estadounidenses nacidos durante la presidencia de Barack Hussein Obama. Cuando crezca sabrá que Donald Trump fue presidente, pero también sabrá que Trump fue vencido por una mujer negra de ascendencia india. Mientras hablábamos, mi sobrina me dijo: “Ya casi lo logramos, tía”. Y caí en la cuenta de que tenía razón: sí, ya casi estamos.

¿Por qué es importante alcanzar la paridad de género en la representación política? ¿Es solo una cuestión de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades, o también tendrá efectos positivos en las instituciones democráticas y en las políticas públicas?

Una de las principales razones por las cuales necesitamos más mujeres en puestos gubernamentales es que ellas gobiernan en forma diferente de los hombres. Las mujeres en el gobierno son más colaborativas, más civiles, más comunicativas. Son más proclives a trabajar con miembros de otros partidos para solucionar los problemas. Consiguen más dinero para sus localidades, aprueban más leyes, y sus proyectos están más enfocados en las poblaciones más vulnerables como la niñez, la ancianidad y las personas enfermas. Las mujeres amplían la agenda política, más allá de los asuntos tradicionalmente concernientes a las mujeres. Y el resultado son mejores políticas para todas las personas, es decir no solo para las mujeres y las niñas, sino también para los hombres y los niños. Por último, dado que ellas traen a los procesos de formulación de políticas un nuevo conjunto de perspectivas y experiencias de vida, su presencia asegura que las perspectivas de las mujeres no sean dejadas de lado, y que asuntos tales como la violencia de género o el cuidado infantil no sean ignorados. En resumen, las mujeres en puestos gubernamentales tienden a ser más efectivas que los hombres. Y dada la actual situación de estancamiento político e hiperpartidismo, necesitamos hacer las cosas de un modo diferente. Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida.

Además, la necesidad de mujeres en el poder y en la política se ha vuelto aún más crítica en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el último ciclo electoral los donantes quisieron contribuir a las campañas de las candidatas mujeres más que nunca antes, porque la pandemia los hizo tomar conciencia no solo las numerosas inequidades que atraviesan a nuestra sociedad y al sistema de salud, sino también de la labor sobresaliente que las mujeres, y en particular las mujeres de color, están llevando a cabo en sus comunidades para responder a las necesidades urgentes, cubrir las lagunas de políticas gubernamentales inadecuadas, y abordar los problemas de las comunidades excluidas que han sido desproporcionalmente afectadas por el COVID-19 y la crisis económica. Durante esta crisis, las mujeres han desempeñado roles fundamentales a la hora de mantener conectadas a las comunidades, recolectar y distribuir alimentos y otros bienes básicos para las familias necesitadas, encontrar maneras para apoyar a la actividad económica local y proveer servicios comunitarios ad hoc, entre otras cosas.

Las investigaciones que analizan las formas en que diversos países han respondido a la pandemia parece mostrar que los países con líderes mujeres tienden a tener menos casos y menos muertes por COVID-19. Parece que las mujeres en el poder han adoptado un estilo de liderazgo transformador que puede resultar más apropiado para el manejo de crisis. Este tipo de liderazgo se centra en las relaciones humanas profundas, la inversión en el equipo de trabajo y el intercambio de conocimientos, la acción ejemplificadora y la motivación de los demás. Estas cualidades son muy útiles en nuestro contexto actual.

¿Por qué crees que la representación política de las mujeres en los Estados Unidos sigue siendo tan baja?

Hay muchas razones por las cuales no tenemos paridad de género en la representación política. En primer lugar, todavía hay demasiadas razones estructurales por las cuales las mujeres no se postulan y no son elegidas. Las mujeres siguen realizando una cantidad desproporcionada de las tareas domésticas y de crianza y la cobertura mediática sigue siendo sexista, ya que se enfoca en las apariencias y en la personalidad de las mujeres más que en sus políticas. Además, las personas que ocupan las estructuras partidarias y cuentan con conocimiento político, redes de contactos y dinero siguen siendo hombres, y a menudo son ellos quienes determinan quién es políticamente viable. Por ejemplo, un hombre joven que estudió desarrollo comunitario en Harvard es considerado más viable que una mujer de mediana edad que ha desarrollado labores de organización comunitaria durante 20 años.

Paradójicamente, las candidatas mujeres ganan elecciones en aproximadamente las mismas proporciones que sus homólogos masculinos y, según las encuestas, a los votantes les entusiasma la posibilidad de elegir mujeres. Pero la segunda razón por la cuales las mujeres no son electas es simplemente que no se postulan en las mismas cantidades que los hombres, y desde ya que si no compites no puedes ganar.

¿Por qué las mujeres no se postulan para cargos públicos? Quizás la razón más generalizada es que las mujeres dudan de sí mismas. No se consideran calificadas. No ven a otras mujeres que se parecen a ellas o que piensan como ellas en esas posiciones de poder y, por lo tanto, es un círculo vicioso. Y no solamente las mujeres dudan de sí mismas, sino que también lo hacen los observadores externos. De hecho, si una determinada posición de poder nunca ha sido ocupada por una mujer, entonces la pregunta que se plantea una y otra vez en los medios, en tono de duda, es: ¿podría una mujer ser elegida? Es una pregunta que escuchamos mucho durante las primarias presidenciales demócratas de 2020.

También está el hecho de que ciertas cualidades que se consideran positivas en los hombres, como la asertividad o la ambición, adquieren una connotación negativa cuando se aplican a las mujeres. Mientras que sin duda ha habido hombres furiosos y vengativos que fueron elegidos presidente, las mujeres que son percibidas como “enojadas” o “vengativas” son consideradas desagradables y, por lo tanto, descalificadas. Las mujeres candidatas son sometidas a estándares de calificación mucho más altos, a veces por sí mismas, pero más a menudo por otras personas, y como resultado de ello carecemos de paridad de género en nuestra representación política.

¿Cuándo se dio cuenta de que, a diferencia de los hombres, las mujeres necesitaban entrenamiento para postularse a un cargo público?

A pesar de haber estudiado Ciencia Política en la universidad, sentía que la política estadounidense era sucia y corrupta y nunca estuve me involucré en la política electoral. Pero en 2001 mi prima mayor, Mee Moua, decidió postularse para un escaño en el Senado estadual por el distrito Este de Saint Paul en una elección especial. El distrito Este de Saint Paul se estaba convirtiendo rápidamente en un distrito donde las minorías eran mayoría, pero aun así todos sus funcionarios electos, desde el nivel estadual al condado y la ciudad, eran hombres blancos y conservadores. Mi prima se había graduado en una universidad prestigiosa, había ejercido como abogada y había sido presidenta de la Cámara de Comercio Hmong, y decidió postularse después de ser voluntaria por años en numerosas campañas políticas. Sin embargo, como sucede a menudo con las candidatas mujeres, le dijeron que tenía que esperar su turno. Bueno, decidió no hacerlo, y como ningún actor político relevante la ayudó, reunió a nuestros 71 primos hermanos para convertirlos en su ejército de voluntarios y me reclutó a mí como jefa de campaña, porque yo era la única que había estudiado Ciencia Política. Contra todo pronóstico, sin ninguna experiencia política y en medio del invierno de Minnesota, golpeamos puertas, hicimos llamadas telefónicas, movilizamos a los votantes usando estaciones a través de las radios de la colectividad, llevamos a la gente a las urnas y ganamos. Hicimos historia al elegir al primer legislador estadual hmong en la historia de los Estados Unidos y en la historia hmong.

En un examen retrospectivo, me doy cuenta de que dirigí la campaña basándome puramente en el instinto, alimentado a partir de mi experiencia infantil de ayudar a mis padres, que no hablaban inglés, a moverse en el mundo exterior. Y aunque ganamos, bien podría haber sucedido que enfrentáramos a un adversario mejor organizado y perdiéramos. Recién años más tarde, tras hacer una capacitación política en Camp Wellstone, me di cuenta de que las candidatas mujeres necesitábamos algo diseñado especialmente para nosotras, algo que nos interpelara directamente y nos preparara para los problemas reales que enfrentaríamos en tanto que candidatas mujeres.

¿Qué tipo de capacitación ofrece Vote Run Lead, y cómo ayuda a derribar las barreras que mantienen a las mujeres alejadas del poder?

Vote Run Lead es el programa de liderazgo de mujeres más grande y diverso de los Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 38.000 mujeres para postularse a cargos públicos, incluidas mujeres rurales, mujeres trans, mujeres jóvenes y mujeres negras, indígenas y de color. Más del 55% de nuestras graduadas que compitieron en la elección general de 2020 ganaron, y el 71% de nuestras graduadas que son mujeres de color también fueron electas.

Las mujeres que entrenamos usualmente deciden postularse a cargos públicos porque identifican algo negativo en sus comunidades y quieren arreglarlo. Pero no ven a mucha gente parecida a ellas en posiciones de poder. Vote Run Lead ofrece varios módulos de capacitación que enseñan a las mujeres todo lo que necesitan saber sobre las campañas, desde dar un discurso, armar un equipo de campaña o elaborar un mensaje, hasta recaudar fondos y motivar a la gente a votar. Pero lo que diferencia a nuestro programa de capacitación es que entrenamos a las mujeres para que se postulen tal como son. Las mujeres a menudo necesitan apoyo para verse a sí mismas como candidatas calificadas, capaces y merecedoras. Les mostramos que no necesitan buscar otra promoción u obtener otro título ya que, de hecho, su historia personal es su mayor activo. Nuestro currículo de capacitación, Run As You Are (Compite Tal Como Eres), les recuerda a las mujeres que ellas son suficiente y que son el tipo de líderes que necesitamos elegir para construir la democracia justa que merecemos.

¿Cuál es el perfil “típico” de la mujer que ustedes ayudan a postular? ¿Apoyan a cualquier mujer que quiera competir independientemente de su orientación política?

No hay una graduada típica de Vote Run Lead. Somos una organización no partidaria, por lo que capacitamos a mujeres de las procedencias más diversas, de todas las profesiones, de todos los partidos políticos, y cualquiera sea nivel su desarrollo político. Nuestros valores están profundamente vinculados con la promoción de mujeres interseccionales y antirracistas comprometidas con la construcción de una democracia más justa y equitativa.

Dado el fenómeno generalizado de la supresión de votantes en los Estados Unidos, ¿el programa también se orienta a motivar la participación electoral?

Tradicionalmente, Vote Run Lead no utiliza un programa propio para motivar la participación electoral (GOTV, por sus siglas en inglés) ya que la mayoría de nuestras graduadas están ya sea compitiendo en una elección o trabajando en una campaña. Pero en 2020, cuando los ya elevados niveles de supresión de votantes fueron alimentados por campañas de desinformación y preocupaciones por la seguridad de la salud, Vote Run Lead lanzó un sólido programa GOTV que involucró a nuestras graduadas. Este programa GOTV incluyó ocho módulos de capacitación específicos para motivar la participación electoral, que abarcaron desde cómo responder a la apatía y el cinismo en torno a la elección, hasta cuáles plataformas digitales y herramientas de comunicación usar para promover la participación. También contactamos a más de 200 voluntarias, tuvimos 3.000 conversaciones, hicimos 30.000 llamadas telefónicas y enviamos más de 33.000 mensajes de texto para que nuestras graduadas y sus redes fueran a votar.

Antes del verano también lanzamos una serie llamada “Tu gabinete de cocina”, con la cual capacitamos a las mujeres sobre cómo recaudar dinero, hacer contacto directo con los votantes e incluso lanzar un plan digital manteniendo la distancia social. Esas guías y seminarios virtuales se pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube y ofrecen consejos en tiempo real e información basada en evidencia.

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Contáctese con Vote Run Lead a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @VoteRunLead en Twitter.

 

 

ESTADOS UNIDOS: “La elección de 2020 es un mandato político y moral contra el fascismo”

CIVICUS conversa sobre la supresión de votantes y sus implicancias para la democracia en Estados Unidos con Yael Bromberg, asesora principal en el área de derechos electorales en la Fundación Andrew Goodman, una organización que trabaja para convertir a las voces de los jóvenes -uno de los grupos de votantes más subrepresentados de los Estados Unidos- en una poderosa fuerza para la democracia. La Fundación fue establecida en 1966 para perpetuar el espíritu y la misión de Andy Goodman, quien en 1964 se unió a Freedom Summer, un proyecto para registrar a los afroamericanos para votar y así desmantelar la segregación y la opresión, y fue asesinado por el Ku Klux Klan en su primer día en Mississippi. La Fundación apoya iniciativas de desarrollo del liderazgo juvenil, accesibilidad del voto y justicia social en casi un centenar de instituciones de educación superior en todo el país.

Yael Bromberg

Para un observador externo es confuso que un país que se promueve a sí mismo como el paradigma de la democracia ponga barreras que limitan el derecho al voto de millones de sus ciudadanos. ¿Podría contarnos un poco más acerca del fenómeno de la supresión de votantes en Estados Unidos?

Es cierto que Estados Unidos se ha promocionado a sí mismo como un modelo de democracia. Como ciudadana inmigrante y naturalizada cuyos abuelos sobrevivieron al Holocausto y a los gulags soviéticos, aprecio el carácter único de algunas de las libertades que se disfrutan en este país. Por ejemplo, si bien nuestro sistema judicial se encuentra actualmente bajo seria amenaza debido a la politización y la polarización de la magistratura, generalmente ha resistido el tipo de corrupción que está enraizado en otros países. Aunque nuestro sistema legal está en tensión y hay ciertas prácticas arraigadas, como la extrema impunidad policial, que deben ser abordadas, nuestro sistema legislativo puede, si lo desea, colmar las brechas que ha dejado el poder judicial. Pese a que la inyección de grandes cantidades de dinero, incluido dinero de oscura procedencia, ha ahogado a nuestra política, los más serios defensores de la democracia, que han resistido a cosas mucho peores, nos enseñan que la democracia es un viaje largo y persistente más que un destino. Sí, en este país tenemos problemas sistémicos que requieren una reforma profunda, y las vidas de personas de carne y hueso se resienten a causa de las disfuncionalidades de la tiranía de una minoría. Pero también contamos con los principios fundacionales de los Estados Unidos – la libertad y la igualdad - y la posibilidad de realizar nuestro ideal.

En la época fundacional de esta nación, solo los hombres blancos que eran propietarios tenían derecho al voto. Mediante el proceso de ratificación constitucional se abolió la esclavitud y se concedió el derecho de voto a los hombres liberados. Persistieron leyes injustas, tales como las pruebas de alfabetismo y los impuestos electorales, utilizados para evitar que las minorías raciales votaran. Esto se combinó con otras leyes de la era de Jim Crow que ofrecían razones arbitrarias para encarcelar a esclavos liberados y obligarlos a regresar a los campos de trabajo, privándolos del derecho al voto cuando eran liberados. La resistencia popular aumentó en la medida en que la violencia física y política del sistema de segregación se fue poniendo en evidencia en la década de 1960, y resultó en leyes más fuertes y nuevas enmiendas constitucionales.

Hoy en día la supresión de votantes equivale a la situación del zorro que guarda el gallinero. Quienes tienen el privilegio de definir las leyes determinan quiénes están adentro y quiénes quedan afuera. Por ejemplo, las leyes estrictas de identificación de votantes que van más allá de exigir una prueba de identidad estándar se extendieron por todo el país tras la elección de Obama como presidente. Alabama estableció reglas estrictas de identificación de votantes y luego cerró las oficinas de emisión de licencias de conducir, adonde se podían obtener tales identificaciones, en extensas zonas rurales del estado donde reside la población negra. Los políticos trazan los límites de sus distritos para asegurar el futuro de su propio partido y sus futuras oportunidades personales de ocupación de cargos. No hay lugares de votación en los campus universitarios, donde se concentran los jóvenes. Incluso durante una pandemia global, el voto por correo sigue sin ser un derecho universal. Mientras que un estado, Nueva Jersey, establece por lo menos diez urnas por ciudad para recolectar las boletas enviadas por correo, otro, el de Texas, recurrió exitosamente a los tribunales para limitar las urnas a una por condado. Para empeorar las cosas, cuando estas leyes son llevadas a los tribunales, éstos no siempre fallan a favor de los votantes.

La temporada electoral de 2020 ha sido particularmente sorprendente. El poder judicial federal parece obsesionado con la idea de que los cambios de última hora en las reglas electorales conducen a la supresión de votantes, incluso cuando se trata de leyes que amplían el acceso al voto. Esto desafía la lógica. Si una ley limita el acceso, se entiende. Pero si una ley simplemente amplía el acceso, no está claro dónde está el perjuicio para los votantes.

La pregunta que surge naturalmente de nuestro paradigma es: si Estados Unidos realmente es un ejemplo de democracia, entonces ¿por qué tenemos tanto miedo de abrazar las primeras tres palabras de nuestra Constitución: “Nosotros el pueblo”?

¿Considera que la supresión de votantes ha sido un tema crucial en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020?

Absolutamente. Las elecciones presidenciales de 2020 arrojan por lo menos cinco conclusiones importantes: 1) Nuestros gobiernos estaduales pueden ampliar fácilmente el acceso a las urnas de manera segura, entre otras cosas extendiendo los períodos de votación anticipada y las oportunidades para votar por correo; 2) Los votantes de todos los partidos aprovechan estos mecanismos y se benefician de ellos, como lo demuestra el récord de participación electoral de este año; 3) La expansión y la modernización electorales no conducen al fraude electoral; 4) Este año los votantes se sintieron motivados a votar a pesar de los obstáculos discriminatorios y arbitrarios que se interpusieron en su camino; 5) El mito del fraude electoral, más que la evidencia real y sistémica de fraude, ha surgido como una amenaza significativa tanto para proteger el acceso a las urnas como para mantener la confianza pública en nuestro sistema electoral.

En 2013, la Corte Suprema eliminó una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Esa salvaguarda exigía que los estados con un historial demostrado de supresión de votantes obtuvieran aprobación antes de modificar sus leyes electorales. Eliminada la salvaguarda, se abrieron las compuertas para la supresión de votantes. El número de lugares de votación se redujo: entre 2012 y 2018 se cerraron 1.700 lugares de votación, 1.100 de ellos entre las elecciones de mitad de período de 2014 y las de 2018. Se aprobaron leyes estrictas de identificación de votantes, lo que dificultó el acceso al voto de las personas pobres, de color y jóvenes. Otras medidas, como la depuración de los registros estaduales de votantes y la rezonificación de los distritos electorales, diluyeron aún más el poder de voto. Es importante tener en cuenta que todo esto sucede a costa de los contribuyentes, quienes pagan la cuenta de un poder judicial tapado de casos acumulados y los costos de los litigios del partido gobernante; y a costa de los votantes, que se ven obligados a aceptar los resultados de un sistema electoral amañado, aunque en el futuro la legislación que suprime votantes podría ser revocada.

La cantinela mentirosa del fraude electoral ha provocado una regresión de los derechos en todos los ámbitos. No hay razón alguna para que, especialmente en medio de una pandemia, el acceso al voto por correo no sea universal. Sin embargo, ocho estados solo permitieron votar por correo a los votantes que superaban cierta edad, pero no a los votantes más jóvenes. La pandemia no discrimina y nuestro sistema electoral tampoco debería hacerlo. De manera similar, el Servicio Postal de los Estados Unidos repentinamente se politizó cuando se fue haciendo cada vez más evidente que la gente votaría por correo en cantidades sin precedentes. Se reanudaron las discusiones sobre su privatización y se ordenó desmantelar costosas máquinas clasificadoras de correo sin otro motivo que el de suprimir el voto. A continuación de la elección, la campaña de Trump causó mucho daño en su intento de deslegitimar los resultados, a pesar de que no se encontró evidencia alguna de fraude electoral en las más de 50 demandas judiciales que impugnaron el resultado de las elecciones. Le hizo al país un flaco favor, ya que convenció a una proporción sustancial de las bases de uno de los grandes partidos políticos de cuestionar el resultado de una elección que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad había declarado como “la más segura en la historia de Estados Unidos”.

Mientras ocurría todo esto, la pandemia también impulsó una expansión del acceso en aspectos clave. Incluso algunos estados gobernados por republicanos lideraron la expansión del período de votación anticipada y el acceso a sistemas de votación por correo. Debemos tomar esto como una oportunidad de aprendizaje para impulsar una modernización electoral con sentido común, de modo que no se trate de una ocurrencia única asociada a la pandemia. El COVID-19 ha normalizado la modernización electoral, que pasó de ser un tema marginal propio del progresismo a convertirse en un tema de la agenda compartida, que empodera a los votantes de todo el espectro político. Además, si bien las interminables demandas sin fundamento interpuestas por la campaña de Trump pueden calar en cierto segmento de votantes, cabe preguntarnos si harán que el poder judicial finalmente se convenza de que no hay fraude electoral generalizado. Esto es importante porque invariablemente veremos que a raíz de estas elecciones se introducirán nuevas leyes estaduales de supresión de votantes, como ocurrió tras la elección de Obama en 2008, las cuales ciertamente serán desafiadas en los tribunales. Quizás esta vez el poder judicial responda a tales desafíos de manera diferente, a la luz de la revisión del proceso electoral de 2020.

Por persistentes que fueran los esfuerzos de supresión de votantes, la respuesta en este ciclo fue abrumar al sistema con más participación electoral. Como era de esperarse, la participación electoral alcanzó niveles inéditos. Las estimaciones iniciales indican que la participación de los jóvenes en este ciclo fue incluso mayor que en 1971, cuando la edad para votar se redujo a 18 años y el registro de potenciales votantes se expandió repentinamente. Simplemente no podemos permitirnos el nivel de apatía electoral que hemos tenido en el pasado. En 2016 se produjeron victorias por márgenes muy estrechos en tres estados clave: Michigan, por 0,2%, Pensilvania, por 0,7% y Wisconsin, por 0,8%. La supresión de votantes ciertamente puede hacer la diferencia en competencias con márgenes tan estrechos. Sin embargo, no debemos olvidar el poder del voto: alrededor del 43% de los votantes habilitados no votó en 2016. Las estimaciones más recientes indican que aproximadamente el 34% de los votantes habilitados, es decir aproximadamente uno de cada tres, no votó en 2020. ¿Cómo podemos mantener esta nueva tasa récord de participación electoral, e incluso mejorarla, cuando la opción por el fascismo ya no esté en juego en las urnas?

¿Podría contarnos acerca del trabajo de la Fundación Andrew Goodman en la intersección entre los dos grandes temas del derecho al voto y el racismo sistémico?

La misión de la Fundación Andrew Goodman es convertir las voces y los votos de los jóvenes en una fuerza poderosa de la democracia. Nuestro programa Vote Everywhere (Vota en Todas Partes) es un movimiento nacional no partidista de participación cívica y justicia social liderado por jóvenes, con presencia en campus de todo el país. El programa proporciona capacitación, recursos y acceso a una red de pares, en tanto que nuestros Embajadores Andrew Goodman registran a votantes jóvenes, derriban barreras para el voto y abordan importantes problemas de justicia social. Estamos en casi 100 campus de todo el país y tenemos presencia en un amplio abanico de campus, incluidas instituciones que sirven a personas de color, tales como colegios y universidades históricamente afroamericanos.

Lo poderoso de la organización y el voto de los jóvenes es que atraviesa todos los clivajes: sexo, raza, origen nacional e incluso pertenencia partidaria. Esta situación se originó en la historia de la expansión del voto juvenil en 1971, cuando se ratificó la 26ª Enmienda a la Constitución, que redujo la edad para votar a 18 años y prohibió la discriminación por edad en el acceso al derecho al voto. Fue la enmienda que se ratificó más rápidamente en toda la historia de Estados Unidos, en gran medida debido a que recibió un apoyo casi unánime más allá de las divisiones partidarias. Hubo un reconocimiento de que los votantes jóvenes ayudan a mantener la brújula moral del país, como lo manifestó el entonces presidente Richard Nixon durante la ceremonia de firma de la enmienda.

El legado de Andrew Goodman está directamente relacionado con las luchas de solidaridad entre comunidades para el mejoramiento del conjunto. A lo largo de la década de 1960, los estudiantes universitarios negros del sur se sentaron valientemente ante los mostradores de locales propiedad de blancos en un acto político de protesta por la integración y la igualdad. En mayo de 1964, jóvenes estadounidenses de todo el país se desplazaron hacia el sur en ocasión del Freedom Summer (Verano de la Libertad), para registrar votantes negros y abolir el sistema segregacionista de Jim Crow. Tres jóvenes activistas de derechos civiles fueron asesinados por el Ku Klux Klan con el apoyo de la oficina del alguacil del condado: Andy Goodman y Mickey Schwerner, dos hombres judíos procedentes de Nueva York, de apenas 20 y 24 años, y James Chaney, un hombre negro de Mississippi, de tan solo 21 años. Sus historias tocaron una fibra sensible que ayudó a galvanizar el apoyo para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Se trata de una historia acerca del poder de unos jóvenes visionarios que luchan por su futuro, la solidaridad y el poder que es posible construir a partir de la confluencia y el trabajo conjunto de estadounidenses de diferentes orígenes.

Los activistas jóvenes lideraron varios movimientos de justicia social de la década de 1960, tal como lo hacen hoy. Cuando este país respondió y promulgó reformas críticas, los jóvenes finalmente utilizaron su propio derecho al voto cuando fueron enviados a la muerte al comienzo de la interminable guerra de Vietnam. Hoy en día, los jóvenes lideran el llamado a la justicia climática, el control de armas, la dignidad humana para nuestras comunidades negras e inmigrantes y el acceso a la educación superior. Son quienes más tienen para ganar o perder en las elecciones, porque son quienes heredarán el futuro. Reconocen, particularmente a la luz de los cambios demográficos que ha experimentado el país, que el tema del derecho al voto de la juventud es un tema de justicia racial. En la medida en que podamos ver al voto de los jóvenes como un factor unificador, ya que todos los votantes hemos sido jóvenes alguna vez, tendremos la esperanza de inyectar algo de sentido común en un sistema controvertido y polarizado.

El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con la Fundación Andrew Goodman a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @AndrewGoodmanF y a @YaelBromberg en Twitter.

 

#BEIJING25: “Todos los esfuerzos hacia la igualdad de género deben basarse en la interseccionalidad y el empoderamiento”

En ocasión del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

 

RUSIA: “Cabe esperar que el activismo de derechos humanos aumente en reacción a la represión”

CIVICUS conversa con Leonid Drabkin, uno de los coordinadores de OVD-Info, una organización de la sociedad civil (OSC) de derechos humanos independiente que documenta y asiste a víctimas de persecución política en Rusia. A través de su línea telefónica de asistencia directa y otras fuentes, OVD-Info reúne información sobre las detenciones de manifestantes y otros casos de persecución política, publica noticias y coordina la asistencia legal para los detenidos.

 

UGANDA: “Nadie puede ganar las elecciones sin los votos de los jóvenes”

CIVICUS conversa con Mohammed Ndifuna, Director Ejecutivo de Justice Access Point-Uganda (Punto de Acceso a la Justicia-Uganda, JAP). Establecido en 2018, JAP busca impulsar, animar y fortalecer la lucha por la justicia en el contexto del estancado proceso de justicia transicional de Uganda, las dificultades del país para implementar las recomendaciones de su primer y segundo Exámenes Periódicos Universales en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la reacción de algunos estados africanos contra la Corte Penal Internacional.

Mohammed es un experimentado y apasionado defensor de los derechos humanos y trabajador por la paz, con más de 15 años de activismo en derechos humanos y prevención de atrocidades a nivel local, nacional e internacional. En 2014 recibió el Premio de Derechos Humanos de la Unión Europea para Uganda; ha integrado el Comité Directivo de la Coalición por la Corte Penal (2007-2018) y la Junta Asesora de la Human Rights House Network en Oslo (2007-2012), y actualmente integra el Comité de Gestión del Comité Nacional de Uganda para la Prevención del Genocidio y las Atrocidades Masivas. 

Mohammed Ndifuna

¿Cuál es la situación del espacio cívico en Uganda de cara a las muy esperadas elecciones de 2021? 

El espacio cívico en Uganda puede ser caracterizado como un espacio acosado, asfixiado y expoliado. La sociedad civil da la impresión de estar en una especie de pendiente resbaladiza mientras las cosas cambian de mal en peor. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han experimentado una ola de ataques descarados contra su espacio físico que han tomado la forma de intrusiones y allanamientos de sus oficinas a plena luz del día. Entretanto han continuado los ataques contra las OSC en general, y en particular contra las que hacen incidencia en derechos humanos y promueven la rendición de cuentas. En los últimos años se ha promulgado una cantidad de medidas legislativas y administrativas contra las OSC y otros sectores, tales como la Ley de Gestión del Orden Público (2012) y la Ley de ONG (2016).

De cara a las elecciones generales y presidenciales, que se celebrarán el 14 de enero de 2021, el ministro del Interior estableció que todas las OSC deben pasar por un proceso obligatorio de validación y verificación para quedar habilitadas para operar. Muchas OSC no han podido completar el proceso. De hecho, hasta el 19 de octubre de 2020 solo 2.257 OSC habían completado con éxito el proceso de verificación y validación, y entre ellas se contaban solo unas pocas OSC que hacen incidencia en temas de gobernanza.

Las OSC ugandesas son altamente dependientes de los donantes y ya estaban lidiando con la reducción de sus recursos financieros, que afectó fuertemente los alcances de su trabajo. Esta situación se vio agravada por el brote de COVID-19 y las medidas de confinamiento que se tomaron como respuesta, que perjudicaron los esfuerzos de movilización de recursos de las OSC. Así pues, la combinación de estas tres fuerzas - acoso, restricciones y acceso limitado al financiamiento - ha debilitado a las OSC, obligando a la mayoría a centrar sus esfuerzos en su propia supervivencia.

Parecería que hay mucho más en juego en las elecciones de 2021 que en años anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado?

La situación comenzó a cambiar en julio de 2019, cuando Robert Kyagulanyi, más conocido por su nombre artístico, Bobi Wine, anunció que competiría por la presidencia como candidato de la opositora Plataforma de Unidad Nacional. Bobi Wine es cantante, actor, activista y político. Como líder del movimiento Poder Popular, Nuestro Poder, fue elegido legislador en 2017.

La atención que recibe Bobi por parte de los jóvenes es enorme, y hay que tener en cuenta que más del 75% de la población de Uganda tiene menos de 30 años. Esto hace que los jóvenes sean un grupo que es muy importante atraer. Ningún candidato puede ganar las elecciones de Uganda si no recibe la mayor parte de los votos de los jóvenes. En la próxima carrera presidencial, Bobi Wine parece ser el candidato más capaz de atraer estos votos. Aunque no tiene gran experiencia como político, Bobi es una personalidad muy carismática y ha logrado atraer a su movimiento de masas no solo a los jóvenes sino también a muchos políticos de los partidos tradicionales.

Largamente conocido como el “presidente del gueto”, Bobi Wine ha aprovechado su atractivo como estrella de la música popular para producir canciones políticas y movilizar a la gente. Sus raíces en el gueto también lo han tornado más atractivo en las zonas urbanas. Se cree que ha motivado a muchos jóvenes a registrarse para votar, por lo es posible que la apatía entre los votantes jóvenes disminuya en comparación con elecciones pasadas.

En vistas de la actual lucha sin cuartel por los votos de los jóvenes, no es de extrañar que el aparato de seguridad haya arremetido violentamente contra los jóvenes, en un intento evidente de contener la presión que están ejerciendo. Muchos activistas políticos vinculados a Poder Popular han sido acosados y, en algunos casos, asesinados. Varios líderes políticos de Poder Popular han sido intermitentemente detenidos y procesados en los tribunales o presuntamente secuestrados y torturados en sitios clandestinos. En un evidente intento de atraer a los jóvenes del gueto, el presidente Yoweri Museveni ha nombrado como asesores presidenciales a tres personas procedentes del gueto. Esto sugiere la posibilidad de que las bandas de gánsteres del gueto y la violencia desempeñen un rol en las próximas elecciones presidenciales.

En elecciones anteriores hubo restricciones a la libertad de expresión y el uso de Internet. ¿Veremos tendencias similares en esta oportunidad?

Ya las estamos viendo. La preocupación por la restricción de las libertades de expresión e información es válida no solamente en virtud de la mirada retrospectiva, sino también a causa de varios acontecimientos recientes. Por ejemplo, el 7 de septiembre de 2020 la Comisión de Comunicaciones de Uganda (CCU) emitió un aviso público indicando que toda persona que deseara publicar información en internet debía solicitar y obtener una licencia de la CCU antes del 5 de octubre de 2020. Esto afectará principalmente a los usuarios de internet, como blogueros, a quienes se les paga por el contenido que publican. Obviamente, esto intenta reprimir las actividades políticas de los jóvenes en la internet. Y también es particularmente preocupante porque, dado que las reuniones y asambleas públicas están restringidas a causa de las medidas de prevención del COVID-19, los medios de comunicación digitales serán el único método permitido para hacer campaña para las elecciones de 2021.

También ha aumentado la vigilancia electrónica, y no es remota la posibilidad de un cierre de las plataformas de redes sociales en vísperas de las elecciones.

¿Cómo ha afectado la pandemia de COVID-19 a la sociedad civil y a su capacidad para responder a las restricciones del espacio cívico?

La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas en respuesta han agravado el ya precario estado en que se encontraban las OSC. Por ejemplo, la capacidad de la sociedad civil para organizar reuniones públicas y manifestaciones pacíficas en apoyo de los derechos y libertades fundamentales, o para protestar contra su violación, se ha visto restringida por la forma en que se han aplicado los procedimientos operativos estándar (POE) para hacer frente al COVID-19. Esto ha resultado en violaciones y ataques contra el espacio cívico. Por ejemplo, el 17 de octubre de 2020 la Fuerza de Policía de Uganda y las Unidades de Defensa Local allanaron conjuntamente una reunión de oración de Acción de Gracias que se llevaba a cabo en el distrito de Mityana y gratuitamente lanzaron gases lacrimógenos contra la congregación, que incluía a niños, mujeres, hombres, personas mayores y líderes religiosos; la razón alegada fue que las personas reunidas habían desobedecido los POE para el COVID-19.

En cuanto la implementación de los POE para el COVID-19 entre en contacto con la presión electoral, es posible que la represión de las libertades de reunión pacífica y asociación se agrave. Lamentablemente, las OSC ya se encuentran fuertemente restringidas.

¿De qué manera puede la sociedad civil internacional ayudar a la sociedad civil de Uganda?

La situación en que se encuentra la sociedad civil de Uganda es tal que requiere del apoyo y la respuesta urgentes de la comunidad internacional. Es necesario prestar atención a lo que está sucediendo en Uganda y expresarse de modo tal de amplificar las voces de una sociedad civil local que está siendo cada vez más sofocada. Más específicamente, se debería apoyar a las OSC ugandesas para que puedan responder mejor a las violaciones flagrantes de las libertades, mitigar los riesgos que conlleva su trabajo y mejorar su resiliencia en el contexto actual.

El espacio cívico en Uganda es catalogado como “represivo” por el CIVICUS Monitor. 
Contáctese con Justice Access Point a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @JusticessP en Twitter.

 

 

COREA DEL SUR: “Los activistas y desertores norcoreanos enfrentan presiones cada vez mayores para silenciarlos”

Ethan Hee Seok ShinCIVICUS conversa con Ethan Hee-Seok Shin, analista legal del Grupo de Trabajo de Justicia Transicional (TJWG), una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Seúl fundada por defensores de derechos humanos e investigadores de cinco países. Establecida en 2014, es la primera OSC con sede en Corea que centra su trabajo en los mecanismos de justicia transicional en los regímenes más represivos del mundo, entre ellos el de Corea del Norte. TJWG persigue el objetivo de desarrollar métodos prácticos para abordar las violaciones masivas de derechos humanos y promover la justicia para las víctimas antes y después de la transición. Ethan trabaja en el Proyecto Repositorio Central de TJWG, que utiliza una plataforma segura para documentar y publicitar casos de desapariciones forzadas en Corea del Norte. Utiliza acciones legislativas y legales para crear conciencia acerca de la situación de derechos humanos en Corea del Norte.

¿Podría contarnos acerca del trabajo que hacen los grupos de la sociedad civil de Corea del Sur en relación con los derechos humanos en Corea del Norte?

Existe un abanico bastante amplio de OSC que trabajan en temas de derechos humanos en Corea del Norte. TJWG ha estado trabajando para preparar el terreno para la justicia transicional en Corea del Norte, en cumplimiento de su misión central, la documentación de derechos humanos.

El proyecto insignia de TJWG ha resultado en la publicación de una serie de informes que mapean las ejecuciones públicas en Corea del Norte, basados en entrevistas con personas que se han escapado y que ahora viven en Corea del Sur. Registramos la información geoespacial de los sitios de matanza, los lugares de enterramiento y los lugares de almacenamiento de registros, tales como tribunales e instalaciones de los servicios de seguridad, solicitando a nuestros entrevistados que identifiquen las ubicaciones en Google Earth. La primera edición del informe se publicó en julio de 2017 y se basó en 375 entrevistas, y la segunda edición se lanzó en junio de 2019, tras la realización de 610 entrevistas.

Actualmente también estamos en el proceso de armar una base de datos en línea, FOOTPRINTS, que registra los secuestros y desapariciones forzadas cometidas en y por Corea del Norte. La plataforma utiliza Uwazi, una tecnología gratuita y de código abierto que permite organizar, analizar y publicar documentos, desarrollada por la OSC HURIDOCS. Cuando se haga pública, FOOTPRINTS ofrecerá una plataforma de fácil acceso y búsqueda para rastrear a las personas capturadas y perdidas en Corea del Norte.

Aparte del trabajo de documentación y presentación de informes, hemos participado activamente en iniciativas de incidencia nacional e internacional. Junto con otras OSC de derechos humanos, el TJWG redactó y presentó una carta abierta instando a la Unión Europea a fortalecer el lenguaje y las recomendaciones en las resoluciones anuales de derechos humanos adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Corea del Norte. También hemos presentado casos al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y a otros expertos en derechos humanos de la ONU.

En julio de 2020, el gobierno de Corea del Sur revocó el registro de dos OSC y emitió un aviso de revisión administrativa e inspección a grupos “dirigidos por desertores” enfocados en los derechos humanos en Corea del Norte. ¿Por qué está apuntando contra estos grupos?

El catalizador directo fueron las provocaciones de Corea del Norte de junio de 2020. El 4 de junio, Kim Yo-Jong, hermana del líder supremo Kim Jong-Un y primera subdirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, criticó los “folletos anti-RPDC” [República Popular Democrática de Corea] distribuidos en Corea del Norte por “fugitivos de Corea del Norte” y amenazó con el cese del turismo en el Monte Kumgang, la demolición completa de la región industrial de Kaesong, el cierre de la oficina de enlace intercoreana y la terminación del acuerdo militar de 2018 que creó zonas de amortiguamiento desmilitarizadas, a menos que las autoridades surcoreanas tomaran las “debidas medidas”.

Apenas cuatro horas después del bombazo matutino de Kim Yo-Jong, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur (MOU) anunció que prepararía un proyecto de ley para prohibir la distribución de folletos a Corea del Norte. Se trató de un cambio radical en la postura de larga data del gobierno, que constantemente había eludido esa legislación por temor a violar la libertad de expresión.

El 10 de junio de 2020, el MOU anunció que presentaría acusaciones penales contra Park Sang-Hak y Park Jung-Oh, dos desertores de Corea del Norte, por violar el artículo 13 de la Ley de Intercambio y Cooperación Intercoreana, que requiere de aprobación previa para todo intercambio intercoreano de bienes, y que revocaría el reconocimiento legal de sus organizaciones, Luchadores por una Corea del Norte Libre (Fighters For Free North Korea, FFNK) y KuenSaem, por enviar folletos a Corea del Norte mediante el uso de globos aerostáticos y botellas de PET llenas de arroz arrojadas a las corrientes marinas, como ocurrió el 31 de mayo de 2020.

Si bien el gobierno de Corea del Norte finalmente bajó el tono de su retórica, el gobierno de Corea del Sur comenzó a tomar medidas contra las organizaciones de derechos humanos y los grupos de desertores de Corea del Norte, vistos como un obstáculo para la paz intercoreana.

El 29 de junio de 2020, el MOU celebró una audiencia y el 17 de julio se apoyó en el artículo 38 del Código Civil, una reliquia de la época autoritaria, para anunciar la revocación del reconocimiento legal de FFNK y KuenSaem por contravenir las condiciones de la obtención de la personería al obstaculizar gravemente la política de reunificación del gobierno, distribuyendo folletos y artículos a Corea del Norte más allá de los objetivos declarados en su estatuto y por fomentar la tensión en la península de Corea.

El MOU también lanzó “inspecciones comerciales” de otros grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y relocalización de desertores, entre las más de 400 asociaciones reconocidas con autorización del MOU, posiblemente con miras a revocar su reconocimiento legal. El 15 de julio de 2020, la Asociación de Desertores de Corea del Norte recibió un aviso del MOU de que sería inspeccionada por primera vez desde su reconocimiento en 2010. Al día siguiente, las autoridades del MOU informaron a los periodistas que primero realizarían inspecciones comerciales de 25 grupos norcoreanos de derechos humanos y de apoyo y asentamiento de desertores, 13 de ellos encabezados por desertores norcoreanos, y que otros serían inspeccionados en el futuro. Si bien reconoció que el tema de los folletos fue lo que desencadenó las inspecciones, el MOU agregó que las inspecciones comerciales no se limitarían a las personas involucradas en la campaña de distribución de folletos.

¿Cuántos grupos fueron examinados o inspeccionados después de los anuncios?

Debido al alboroto nacional e internacional suscitado por la naturaleza obviamente discriminatoria de las inspecciones de grupos de derechos humanos y personas escapadas de Corea del Norte, el MOU ha moderado un poco su enfoque y tardíamente ha comenzado a argumentar que está examinando a todas las OSC registradas bajo el MOU.

El 6 de octubre de 2020, el MOU dijo a los periodistas que había decidido inspeccionar a 109 OSC, sobre un total de 433, por no haber presentado sus informes anuales o por haber presentado documentación incompleta. Según la información proporcionada, 13 de los 109 grupos a inspeccionar están encabezados por personas que huyeron de Corea del Norte; 22 (16 de los cuales trabajan sobre derechos humanos en Corea del Norte y relocalización de desertores, cinco que trabajan en el terreno social y cultural y uno que trabaja en el campo de la política de unificación) ya han sido inspeccionados y ninguno ha revelado motivos serios para que se le retire el reconocimiento; y el MOU tiene la intención de completar la inspección de las 87 OSC restantes para fines de 2020.

En cualquier caso, el gobierno parece haber logrado ya su objetivo de enviar a Corea del Norte la clara señal de que está listo para dar cabida a sus demandas a cambio de vínculos más estrechos, incluso si eso implica sacrificar algunos principios fundamentales de la democracia liberal. El gobierno también ha enviado una clara señal a los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, y ha tenido el efecto paralizante que cabía esperar.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil a estas iniciativas del gobierno?

Lamentablemente, la sociedad civil de Corea del Sur está tan polarizada como su política. Los progresistas actualmente en el gobierno ven a los conservadores como herederos ilegítimos de los colaboradores del régimen colonial japonés entre 1910 y 1945 y del régimen autoritario posterior a la independencia, vigente hasta 1987. El anterior presidente progresista, Roh Moo-Hyun, en el poder entre 2003 y 2008, se suicidó en 2009 durante una investigación de corrupción en su contra, que en general fue considerada políticamente motivada, emprendida por su sucesor conservador. El actual presidente, Moon Jae-In, fue elegido en 2017, en medio de una ola de indignación pública ante el juicio político de su predecesor de derecha por corrupción y abuso de poder.

La mayoría de las OSC están dominadas por progresistas que están políticamente alineados con el actual gobierno de Moon. Los progresistas apoyan relativamente la agenda de derechos humanos, pero generalmente guardan silencio cuando se trata de los derechos humanos en Corea del Norte, dado su apego al acercamiento intercoreano. Las mismas personas que se expresan ruidosamente en relación con las “mujeres de solaz” japonesas, sometidas a la esclavitud sexual por el Japón imperial antes y durante la Segunda Guerra Mundial, o acerca de los atropellos de la era autoritaria, pasan por alto las actuales atrocidades norcoreanas en nombre de la reconciliación nacional.

La mayoría de los grupos norcoreanos de derechos humanos se estructuran en torno de desertores norcoreanos y de iglesias cristianas políticamente de derecha que caracterizan apasionadamente a los izquierdistas como títeres norcoreanos. Muchos también adoptan una postura hostil en relación con otros temas contemporáneos de derechos humanos, tales como los derechos de las personas LGBTQI+, lo cual es bastante irónico, ya que el juez australiano Michael Kirby, autor principal del informe de la ONU que en 2014 condenó con firmeza las graves violaciones de derechos humanos en Corea del Norte como crímenes de lesa humanidad, es gay.

Las OSC establecidas, mayormente progresistas, no han sido objeto de persecución por parte del gobierno encabezado por el presidente Moon; por el contrario, figuras destacadas de la sociedad civil han sido nombradas o elegidas para ocupar varios cargos, o han recibido generosas subvenciones. Hay quienes expresan en privado su consternación y preocupación por las tendencias iliberales del gobierno, pero pocas personas están dispuestas a plantear públicamente el tema a causa de la profunda polarización política.

 

¿Se está volviendo más restrictivo el espacio para la sociedad civil - estructurado por las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión - bajo el actual gobierno surcoreano?

El gobierno de Moon ha mostrado tendencias preocupantemente iliberales en relación con los grupos que considera que se interponen en su camino, tales como los grupos norcoreanos de derechos humanos y de desertores, que enfrentan presiones cada vez mayores para permanecer en silencio y cesar su labor de incidencia.

El presidente Moon ha reabierto el diálogo con el gobierno de Corea del Norte para establecer relaciones pacíficas, neutralizar la amenaza nuclear del Norte y allanar el camino para la reunificación familiar, entre otros objetivos loables.

Sin embargo, junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Moon ha empleado una estrategia diplomática que minimiza la preocupación por los derechos humanos. En particular, ni la Declaración de Panmunjom de 2018 entre Corea del Norte y Corea del Sur ni la Declaración Conjunta emitida después de la cumbre Trump-Kim de 2018 en Singapur mencionan las violaciones atroces de derechos humanos cometidas por Corea del Norte.

En las semanas previas a la reunión del presidente Moon con el líder norcoreano Kim en Panmunjom, se informó que se estaba impidiendo a los activistas desertores norcoreanos llevar a cabo su activismo. En octubre de 2018, Corea del Sur accedió a la demanda de Corea del Norte de excluir a un periodista desertor de la cobertura de una reunión en Corea del Norte. El 7 de julio de 2019 se hizo una entrega extraordinaria a Corea del Norte de dos desertores, dos pescadores presentados como asesinos fugitivos, cinco días después de su llegada y sin siquiera mantener las apariencias del debido proceso.

El gobierno de Moon también ha recurrido a tácticas iliberales contra otros supuestos opositores. Un hombre que el 24 de noviembre de 2019 había colgado un cartel en el que se burlaba del presidente Moon como “perrito faldero de Xi Jinping” (en referencia al presidente chino) en el campus de la Universidad de Dankook, fue procesado y el 23 de junio de 2020 fue multado por el tribunal por “intrusión en un edificio”, de conformidad con el artículo 319 (1) del Código Penal, pese a que las autoridades universitarias habían dejado claro que no deseaban presentar cargos en su contra por este ejercicio de su libertad de expresión. Muchos criticaron el proceso penal y la condena como un retroceso a los viejos tiempos militares.

El gobierno también ha tomado medidas para ejercer un control cada vez mayor sobre los fiscales. El ministro de Justicia, Choo Mi-ae, ha atacado a los fiscales que se atrevieron a investigar las acusaciones contra el gobierno por corrupción y abuso de poder, alegando la existencia de una conspiración para socavar al presidente Moon.

Otra tendencia preocupante es la táctica populista de los políticos del partido gobernante, y en particular del legislador Lee Jae-jung, de utilizar internet para incitar a sus seguidores a participar de acciones de acoso cibernético contra periodistas.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos atacados?

En abril de 2020, el partido gobernante ganó las elecciones parlamentarias por abrumadora mayoría, obteniendo 180 de los 300 escaños, gracias a su relativo éxito en contener la pandemia de COVID-19. La oposición está desorganizada. En vez de llamarlo a la humildad, todo esto ha envalentonado al gobierno, de modo que es probable que sus tendencias iliberales continúen. Debido a la severa polarización política, es poco probable que los políticos del partido gobernante y sus partidarios presten mucha atención a las críticas internas.

Es por eso que la voz de la comunidad internacional será fundamental. Para el gobierno es mucho más difícil ignorar las preocupaciones planteadas por las OSC internacionales en tanto que ataques motivados políticamente. Una declaración conjunta o una carta abierta encabezada por CIVICUS sería útil para transmitir con fuerza el mensaje de que los derechos humanos en Corea del Norte realmente preocupan a la comunidad internacional.

Además, Corea del Sur pronto presentará su quinto informe periódico al Comité de Derechos Humanos de la ONU de acuerdo con la lista de cuestiones previa a la presentación de informes (LOIPR). Dado que las cuestiones y preocupaciones relativas a Corea del Norte no están incluidas en la LOIPR, sería de gran ayuda que las OSC internacionales unieran sus fuerzas para incluirlas en la discusión oral con los miembros del Comité de Derechos Humanos y en sus observaciones finales.

A corto plazo, las visitas a Corea del Sur por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos serían excelentes oportunidades para internacionalizar el tema y presionar a nuestro gobierno.

Incluso los progresistas podrían apoyar una reforma de la ley obsoleta sobre el registro de OSC, por ejemplo, por interés propio, si es que no por principios, en caso de cambio de gobierno.

El espacio cívico en Corea del Sur es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con el Grupo de Trabajo de Justicia Transicional a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @TJWGSeoul en Twitter. 

 

ITALIA: “Lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista”

CIVICUS conversa con Andrea Garreffa, uno de los fundadores del movimiento de las Sardinas (Movimento delle Sardine), un movimiento político de base que comenzó en noviembre de 2019 en Bolonia, Italia, para protestar contra la retórica de odio del líder populista de derechas Matteo Salvini.

Andrea Garreffa

¿Qué les inspiró a iniciar este movimiento?

El 26 de enero de 2020 había elecciones regionales en Emilia-Romagna, nuestra región de origen, y cuando digo nuestra, me refiero a mí y a los otros cofundadores del movimiento, Mattia Santori, Roberto Morotti y Giulia Trappoloni. En ese momento había una gran ola de extrema derecha, representada por la Liga y su líder, Matteo Salvini. Hubo señales muy atemorizantes en relación con la situación política general en Italia, una de las cuales fueron las faltas de respeto hacia la sobreviviente del Holocausto Liliana Segre, deportada a Auschwitz y única sobreviviente de toda su familia. A partir de la década de 1990 Segre comenzó a hablar en público acerca de su experiencia y en 2018 fue nombrada senadora vitalicia. Recibió tantos insultos y amenazas en las redes sociales que en noviembre de 2019 se le asignó protección policial. La situación era aterradora; no me avergüenza admitir que solía llorar cuando leía en el periódico noticias de esos episodios.

¿Cómo se organizó la primera manifestación de las Sardinas?

A medida que se acercaban las elecciones, mis amigos y yo comenzamos a pensar en una manera de expresarnos y advertir a la Liga que el juego aún no había terminado. Queríamos dejar esto muy claro, tanto para los partidos de extrema derecha como para todos los ciudadanos que buscaban un estímulo para empoderarse. El partido de la Liga acababa de ganar en Umbría y se estaba anunciando como ganador también en Emilia-Romagna; contaba con esta victoria para desestabilizar al gobierno de coalición y volver al poder. Queríamos hacer algo para poner un freno a este proceso. Empezamos a pensar en esto el 6 o 7 de noviembre de 2019, justo una semana antes de que Matteo Salvini, junto con Lucia Borgonzoni, la candidata de la Liga a dirigir el gobierno regional, iniciaran su campaña con un acto en el estadio de Bolonia. Teníamos muy presente que la última vez que Salvini había venido a Bolonia había dicho que la Piazza Maggiore, la plaza principal de la ciudad, podía albergar hasta 100.000 personas, dando a entender que esa era la cantidad de personas que habían asistido a su evento, algo que era físicamente imposible, ya que la capacidad máxima de la plaza es de unas 30.000 personas muy apretadas. En cierto modo, también queríamos llamar la atención sobre la información que difunden los medios y asegurarnos de que no pudiera hacer trampa.

En resumen, nuestra idea era organizar una manifestación tipo flashmob en la Piazza Maggiore de Bolonia, el mismo día que Salvini hacía su acto. La llamamos “6.000 sardinas contra Salvini” porque nuestro objetivo era reunir alrededor de 6.000 personas y nuestra táctica era mostrar que éramos muchos, así que usamos la imagen de multitudes apretujadas como sardinas en un banco de arena. En los pocos días que tuvimos para organizarla, establecimos la narrativa principal y preparamos unas plantillas personalizables para que cada persona tuviera libertad para expresarse y usara su imaginación. El nuestro era un mensaje que cualquiera podía entender, y las acciones requeridas eran cosas que cualquiera podía hacer. Queríamos deshacernos de todos los sentimientos negativos vinculados a los partidos políticos existentes, por lo que la iniciativa fue inclusiva desde el principio. No estaba vinculada a ningún partido, sino abierta a cualquiera que compartiera los valores fundamentales del antifascismo y el antirracismo.

Enviamos una invitación, no solo a través de Facebook, cosa que por supuesto hicimos, sino también, y sobre todo, saliendo a las calles para distribuir volantes y hablar con la gente, para que la gente pudiera entender que el evento era real y que verdaderamente iba a ser ocurrir. Nos sorprendió que apenas dos días después de lanzar la campaña en Facebook, estábamos repartiendo volantes y la gente nos decía que ya sabía del evento. El boca a boca funcionó increíblemente bien; en mi opinión, esto reflejó una necesidad muy fuerte de la gente de hacer algo para asegurar que Matteo Salvini no ganara en Bolonia y en Emilia-Romagna. La gente entendió lo importante que era esta elección. Durante el verano, Salvini había desestabilizado al gobierno nacional “luciéndose” en Milano Marittima y exigiendo pieni poteri - plenos poderes, una expresión que solía utilizar Mussolini. La ciudadanía no podía correr el riesgo de que volviera a ocurrir semejante espectáculo y realmente sintió el llamado a la acción cuando la propaganda de extrema derecha comenzó a difundir mensajes tales como “Liberiamo l'Emilia-Romagna” (Liberemos Emilia-Romagna), como si la gente hubiera olvidado sus clases de historia: la región no necesitaba ser liberada porque eso ya había sucedido al final de la Segunda Guerra Mundial. La gente sintió que no respetaban su inteligencia, y nos levantamos para hacerlo visible y tangible. La gente es menos estúpida de lo que suelen pensar los que están en el poder.

¿Cómo sabían que la gente iría?

No teníamos idea. La noche del 14 de noviembre nos encontramos rodeados de una multitud increíble - los medios informaron que había 15.000 personas - y no podíamos creerlo.

Esperábamos que asistieran unas cuantas personas; empezamos a creer en el éxito de la iniciativa cuando vimos que desde el primer día estábamos logrando cada objetivo que nos proponíamos. Por ejemplo, armamos la página de Facebook con el objetivo inicial de llegar a mil personas, y al día siguiente ya éramos más de tres o cuatro mil. Eso fue principalmente por dos razones: en primer lugar, porque era el momento oportuno, ya que evidentemente la gente estaba lista para una iniciativa como esta; y, en segundo lugar, por el hecho de que nosotros mismos vivimos en Bolonia, por lo que conocemos a mucha gente y podíamos difundir el mensaje fácilmente.

Pero el 14 de noviembre nadie sabía lo que iba a pasar. Le habíamos dicho a la gente que habría una sorpresa y la mantuvimos en secreto hasta que todos se hubieron reunido, y a las 8:30 pm tocamos una canción de Lucio Dalla, Com'è profondo il mare, que se traduce como “qué tan profundo es el mar”. En una parte de la canción, la letra dice que somos muchos, que todos descendemos de los peces, y que no puedes detener a los peces porque no puedes bloquear el océano, no puedes cercarlo. Esto generó mucha emoción y la gente incluso lloraba porque era una sensación muy poderosa; muchos no podían creer que estuviera sucediendo de verdad. Las personas mayores volvieron a sentirse jóvenes, viviendo emociones que creían perdidas para siempre en la década del ‘70. Los niños pequeños tuvieron la oportunidad de participar en una fiesta masiva y alegre, lo cual les hizo cuestionar la idea de que la política es aburrida y sin emoción. Creo que toda la ola que vino después se generó esa primera noche; creció a partir de esa emoción inicial. No éramos 6.000 sino muchos más, y enviamos el mensaje de que el partido estaba lejos de terminar y que por lo tanto Salvini aún no podía considerarse ganador. Esta es la clave: cualquiera sea el deporte que practiques, si entras a la cancha pensando que vas a perder, perderás. Este era el estado de ánimo que predominaba entre los partidos de izquierda y la ciudadanía progresista. Hicimos lo que pudimos para que “nuestro equipo” creyera en sí mismo y en sus posibilidades de victoria. Podría decirse que lo que busca el movimiento de las Sardinas es generar autoconfianza en el campo progresista.

¿Quién organizó todas las manifestaciones subsiguientes?

La emoción de la primera manifestación se extendió gracias a una impresionante fotografía tomada desde arriba del edificio municipal, que muestra una minivan roja rodeada de miles de personas. La imagen se extendió en internet y en las redes sociales. Ayudó a enfocar la atención en las elecciones regionales. Todos los medios internacionales estaban ahí, así que les ofrecimos la imagen y así comenzó todo. La imagen reflejaba el hecho de que estaba sucediendo algo importante, así que cuando en otras ciudades e incluso en otros países la gente empezó a ponerse en contacto con nosotros, configuramos una dirección de correo electrónico para que cualquiera pudiera comunicarse con nosotros.

Compartimos nuestra experiencia y explicamos a quienes se contactaron con nosotros cómo habíamos armado todo en solamente seis días: cómo solicitamos los permisos para la manifestación y para tocar la música, cómo cuidamos a la gente, esas cosas. Luego organizamos toda la información para que pudiera ser compartida con cualquiera que quisiera hacer algo similar en otro lugar. También registramos el nombre de la iniciativa, no porque quisiéramos tener propiedad sobre ella, sino para evitar su uso indebido y proteger sus valores subyacentes. Pasamos horas y días hablando por teléfono con gente de toda Emilia-Romagna, y luego de otras regiones, hasta que el movimiento se hizo tan grande que estuvimos en condiciones de anunciar una manifestación masiva que se celebraría en Roma en diciembre.

Para el evento de Roma ni siquiera tuvimos que hacer gran cosa, porque ya había gente en Roma que estaba organizando la manifestación por su cuenta, y a nosotros nos invitaron como oradores. Eso fue de hecho una fortaleza, porque ya no se trataba de gente de Bolonia organizando un evento para Roma, sino de gente de Roma autoorganizándose, movilizando a sus amigos y vecinos e invitando a la gente a unirse a ellos.

Justo antes de las elecciones, el 19 de enero, organizamos un gran concierto en Bolonia, con el objetivo de fomentar la participación electoral. No queríamos presionar a la gente para que votara por tal o cual partido, sino alentar su participación. En las elecciones regionales anteriores había prevalecido la indiferencia: solo el 37% de los votantes habilitados hicieron uso de su derecho. La mayor participación que logramos en esta ocasión, cuando votó el 69%, fue en sí misma una victoria de la democracia.

Has mencionado que el movimiento se extendió a nivel tanto nacional como internacional. ¿Estableció también conexiones con otros movimientos por la justicia en otros países?

El movimiento se elevó a escala internacional desde el comienzo, gracias a los italianos que viven en el extranjero y que leían las noticias, entendían lo que estaba pasando y se pusieron en contacto con nosotros. Nos comunicamos con gente en docenas de ciudades importantes de países de todo el mundo, incluidos Australia, Estados Unidos y los Países Bajos.

Ese fue el primer paso para llegar al nivel internacional, y también la razón por la cual luego nos invitaron a los cuatro a participar en el Foro de Cultura Europea, que tuvo lugar en Ámsterdam en septiembre de 2020. Asistimos al festival y allí tuvimos la oportunidad de conocer a representantes de Extinction Rebellion del Reino Unido, de los chalecos amarillos franceses, de Un Millón de Momentos por la Democracia, una organización de protesta de la República Checa, de Demosisto de Hong Kong y de Resistencia Negra Queer & Trans, una organización LGBTQI+ de los Países Bajos. Conectamos con otras realidades y conocimos otros movimientos. Comenzamos a hablar y a soñar con un evento que reúna a una amplia variedad de movimientos de protesta en los próximos meses o años, luego del fin de la pandemia de COVID-19. Ahora estamos abiertos y tenemos curiosidad por saber qué están haciendo los demás, aunque seguimos siendo independientes. Hacemos lo nuestro, ellos hacen lo suyo y colaboramos cuando tenemos la oportunidad.

La página de Facebook 6000 Sardine contiene numerosas expresiones de solidaridad con el movimiento prodemocracia de Bielorrusia, #EndSARS en Nigeria y Black Lives Matter en los Estados Unidos. ¿Trabajan en solidaridad con ellos?

Lo que hemos hecho es ponernos en contacto con esos movimientos, de ser posible, y hacerles saber que vamos a enviar una comunicación en solidaridad, pero eso es todo. Estamos demasiado ocupados tratando de establecer una organización propia como para invertir energía en tratar de seguir y comprender todo lo que otros están haciendo para construir sus propios movimientos.

También compartimos el entendimiento de que el movimiento es mucho más que la página de Facebook. Para nosotros, Facebook es un canal de comunicación y una forma útil de difundir mensajes, pero no es el núcleo del movimiento. A veces funciona más bien como una cartelera donde la gente comparte informaciones e intercambia mensajes, y no todo lo que aparece allí es el resultado de una decisión conjunta a nivel de la organización. Para ser honesto, a veces abro nuestra página de Facebook y no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que encuentro en ella. Esto ocurre a causa de la delegación de tareas y la apertura a la participación.

¿Cuáles son los actuales objetivos del movimiento y cómo han evolucionado?

Hemos pensado mucho en esto porque todo comenzó en forma muy espontánea y con un evento fuertemente relacionado con las elecciones, pero luego siguió creciendo. De ahí que nos sintamos responsables de manejar toda esta energía que hemos generado. Hicimos todo lo posible por difundir los mensajes correctos sin alimentar la ilusión. Seguimos siendo las mismas personas que éramos el año pasado, más allá de las experiencias que hemos vivido; sin embargo, no estábamos preparados para todo esto. Día tras día aprendemos a lidiar con la atención, los medios y todo lo que traen consigo. Nos enfocamos en la necesidad de establecer metas y una visión.

Estábamos en eso cuando nos golpeó la pandemia de COVID-19. Por un lado, esto nos afectó negativamente porque no podíamos seguir movilizándonos; por otro lado, sin embargo, resultó tener un efecto extrañamente positivo, porque nos obligó a aminorar la velocidad. Aprovechamos el encierro para hacer lo único que podíamos hacer: sentarnos a pensar. Así logramos armar nuestro manifiesto, que fue el resultado de múltiples debates dentro de nuestro círculo interno.

El manifiesto marcó un hito, y nuestros siguientes pasos consistieron en trabajar que cada uno de sus artículos se tornara visible y tangible en la vida real. Es en eso que nos estamos enfocando ahora. Siguiendo la metáfora del mar, después de la marea alta vino la marea baja, que es más manejable, y estamos tratando de nutrir el movimiento para que crezca desde la raíz, más lento pero menos caótico e inestable. Intentamos ser un punto de referencia para todo aquel que busque ideas progresistas, sin ser un partido pero señalando el rumbo.

Me gustaría enfatizar el hecho de que comenzamos este movimiento con la idea de que no debemos simplemente acusar a los políticos o a los partidos, sino en cambio preguntarnos qué estamos haciendo nosotros para traer al mundo el cambio que deseamos. Esto significa que no excluimos los enfoques que se centran en cosas pequeñas, tales como cuidar el propio vecindario. Incluimos este tipo de enfoque, así como otros más ambiciosos, tales como el de marcar el rumbo a los partidos progresistas de izquierda. Consideramos que ambos enfoques son válidos.

Tampoco excluimos ningún discurso que converja con el nuestro y defienda nuestros valores fundamentales. Por ejemplo, ahora mismo se habla mucho de lo progresista que es el Papa, así que estamos invitando a alguna gente a hablar de eso, no porque seamos un movimiento religioso, sino para difundir el tipo de mensaje positivo que actualmente es bastante difícil de encontrar en la arena política.

Hace unos meses organizamos nuestra primera Escuela de Política, Justicia y Paz. Lo hicimos en un pueblo pequeño, Supino, porque encajaba mejor con el modelo de autoorganización local que queremos promover. Invitamos a actores políticos a interactuar con activistas de veintipico de años. La idea era fusionar esos mundos para crear ese tipo de comunicación que tanto escasea en las plataformas de redes sociales. Queremos crear oportunidades para que personas de ideas progresistas se reúnan con otras y conversen, no necesariamente para encontrar la solución a un problema específico sino para que haya una conexión entre las personas con poder de decisión y personas que están interesadas en participar y cambiar las cosas, pero realmente no saben cómo hacerlo.

¿Cómo se mantuvo vivo el movimiento durante el encierro por la pandemia de COVID-19?

Invitamos a gente de toda Italia a enfocarse en el nivel local, ya que de todos modos era lo único que podían hacer. Y para ser creíbles dimos el ejemplo. En Bolonia mucha gente puso su energía al servicio de los demás, por ejemplo haciéndoles las compras a quienes no podían salir de sus hogares e involucrándose en innumerables iniciativas, movimientos y asociaciones locales. Alentamos este involucramiento porque nunca fue nuestra intención reemplazar las organizaciones existentes, sino más bien revitalizar el activismo y la participación en los asuntos públicos.

Pero sí le pedimos a la gente que se mantuviera en contacto, y regularmente organizamos llamadas y armamos eventos específicos. Por ejemplo, para el 25 de abril, Día de la Liberación, lanzamos una iniciativa a través de la cual compartimos clips de películas que retrataban la resistencia frente al fascismo y el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial e invitamos a la gente a proyectarlos a través de sus ventanas sobre las paredes de los edificios vecinos, y a filmar el evento. Recopilamos las grabaciones y las reunimos en un video que difundimos en las redes sociales. Nuestro mensaje central fue que todos podíamos estar presentes aun cuando no pudiéramos salir físicamente.

A principios de mayo también organizamos un flashmob simbólico en la Piazza Maggiore de Bolonia: en lugar de personas, colocamos alrededor de 6.000 plantas, que luego vendimos por internet. Nuestros voluntarios las repartieron en bicicleta, y todos los fondos que recolectamos fueron para el municipio local, que se había comprometido a duplicarlos con un aporte de sus propios fondos y a invertir el monto total para apoyar eventos culturales durante el verano. Antes de entregar las plantas, realizamos una performance artística en la plaza; luego movimos las plantas para trazar con ellas la silueta de una bicicleta sobre el piso. Como resultado de esta iniciativa, no solo marcamos nuestra presencia en el espacio público, sino que también canalizamos alrededor de 60.000 euros (unos 69.800 dólares) hacia eventos culturales. Luego mucha gente en otras partes de Italia replicó la iniciativa o nos comunicó su interés en hacerlo; sin embargo, algunos no pudieron concretarla porque tenía algunas complejidades logísticas.

Y luego un día el municipio nos dijo que tenía algunas parcelas de tierra sin usar que podrían convertirse en huertos urbanos y nos las ofrecieron a nosotros. Organizamos a voluntarios que querían trabajar en ellos, de modo que ahora se han convertido en espacios con huertas donde se cultivan vegetales. Quienes deciden invertir su tiempo y esfuerzo en trabajar en estas huertas se quedan con la mitad de los productos que cultiven y entregan la otra mitad a comedores comunitarios que ayudan a quienes no tienen suficientes recursos para comprar alimentos.

Incluso durante el confinamiento, pensamos a Bolonia como un laboratorio donde podríamos implementar y poner a prueba nuestras ideas y alentar a otras personas a hacer lo mismo, ya sea replicando nuestras iniciativas o probando algo diferente para ver qué ocurre. Si pones a prueba iniciativas potencialmente replicables y fáciles de implementar, y muchas personas siguen el ejemplo, entonces puedes lograr cambios a una escala considerable.

El espacio cívico en Italia es clasificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con el movimiento de las Sardinas a través de su sitio web o su página de Facebook.

 

ARGENTINA: “El cambio cultural habilitó el cambio legal, y el cambio legal profundizó el cambio cultural”

A diez años de la aprobación en Argentina de la Ley de Matrimonio Igualitario que fue un hito para América Latina, CIVICUS conversa con la dirigente LGBTQI+ María Rachid, acerca de las estrategias utilizadas y las tácticas que mejor funcionaron para hacer avanzar la agenda de la igualdad, y que aún pueden resultar de utilidad en la actualidad. María es la actual titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Federación Argentina LGBT). En 1996 fundó la organización feminista lesbiana La Fulana y en 2006 cofundó la Federación Argentina LGBT, que nuclea a diversas organizaciones de la diversidad sexual y desempeñó un rol central en la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario.

 

COVID-19: “Esta crisis no es solamente sanitaria; también es una crisis de justicia”

CIVICUS conversa con Abigail Moy, directora de la Red de Empoderamiento Legal (Legal Empowerment Network), la comunidad más grande del mundo de personas defensoras que promueven la justicia a nivel de base. Liderada por la organización de la sociedad civil (OSC) internacional Namati, la Red reúne a 2.343 organizaciones y 8.761 individuos de más de 160 países, todos los cuales trabajan para promover la justicia para todas las personas. Hace unos tres años la Red lanzó Justicia para Todos, una campaña para aumentar el financiamiento y la protección de las personas defensoras que promueven la justicia en comunidades de todo el mundo.

Abigail Moy

¿Qué tipo de trabajo hace la Red de Empoderamiento Legal?

La Red de Empoderamiento Legal es una red global y multidisciplinaria que reúne a personas defensoras de la justicia a nivel de base. Somos más de 2.000 organizaciones de base de aproximadamente 160 países de todo el mundo. Lo que une a todos los integrantes de la Red es su dedicación a la tarea de ayudar a las comunidades a comprender, usar y dar forma a la ley. Entonces, ya sea que estén trabajando en temas de justicia ambiental, derechos de las mujeres, salud, educación o cualquier otro, estas personas defensoras ayudan a las comunidades a comprender cómo las políticas, la ley y la acción gubernamental les afectan y cómo pueden empoderarse para participar en estos procesos, utilizarlos y, en caso necesario, modificarlos para crear una sociedad más justa.

Nuestro trabajo se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el aprendizaje: somos un centro de aprendizaje donde las organizaciones de base intercambian experiencias y aprenden unas de otras sobre sus métodos y el impacto de su trabajo de empoderamiento legal. Antes de la pandemia de COVID-19, todos los años diseñábamos y realizábamos instancias de aprendizaje que ayudaban a los miembros a explorar soluciones prácticas para los problemas de justicia. Nuestra oferta solía incluir un curso anual de liderazgo, intercambios de aprendizaje en persona y seminarios en línea, y durante la pandemia hemos estado desarrollando nuevas oportunidades de aprendizaje virtual.

Nuestro segundo pilar es la incidencia y la acción colectiva. Trabajamos con nuestros miembros para transformar el entorno de la política pública de modo de abordar las injusticias y promover el empoderamiento legal a nivel nacional, regional y global. A menudo nos movilizamos en torno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en tanto que medio para abordar las necesidades de justicia en el territorio. Dos de nuestros principales llamamientos a la incidencia y la acción colectiva se centran en el aumento del financiamiento y la protección para las personas defensoras de la justicia en todos los niveles. Estas dos prioridades afectan a nuestros miembros más allá del país donde se encuentren; de ahí que el financiamiento y la protección sean los ejes de nuestra campaña Justicia para Todos.

El tercer pilar es la construcción de comunidad. Buscamos construir una comunidad más fuerte de personas defensoras de la justicia en el territorio para que puedan apoyarse y aprender unas de otras. Nuestro objetivo es desarrollar un núcleo de liderazgo más sólido para el movimiento y encontrar formas en que las personas defensoras puedan mejorar su trabajo conectándose, desarrollando su pensamiento y trabajando en colaboración.

Los tres pilares - aprendizaje, promoción y comunidad - alimentan nuestra visión, que consiste en cultivar un movimiento global para el empoderamiento legal que movilice a millones de personas para el abordaje colectivo de las mayores injusticias de nuestro tiempo.

¿Qué rol desempeña Namati en la Red de Empoderamiento Legal?

Namati es la organización que convoca la Red, y en muchos sentidos funciona como su secretariado. Nosotros nos consideramos como un miembro activo de la Red que se ocupa de aspectos tales como las finanzas, la coordinación y el mantenimiento de la infraestructura. Trabajamos con el Comité de Orientación de la Red, un consejo de miembros, para decidir las prioridades y estrategias de la Red y organizar oportunidades de aprendizaje e incidencia. Cada año encuestamos a los miembros de la Red para saber lo que quieren hacer, y esta información nos sirve como herramienta de planificación. En tanto que miembro de la Red, Namati participa en este proceso, pero es una voz entre muchas otras.

Namati también tiene programas nacionales. Los miembros de la Red trabajan en una amplia gama de desafíos relativos a la justicia en todo el mundo, y Namati trabaja en estrecha colaboración con algunos de ellos para abordar tres cuestiones urgentes - justicia ambiental y territorial, justicia sanitaria y justicia ciudadana - en seis países: Estados Unidos, India, Kenia, Mozambique, Myanmar y Sierra Leone.

¿Podría contarnos un poco más sobre la campaña Justicia para Todos?

Lanzamos la campaña Justicia para Todos hace casi tres años. Nuestra campaña anterior, llamada Justicia 2015, fue un llamado a integrar la justicia en los ODS. Lo logramos, pero después de la adopción de los ODS nadie centró su atención en el cumplimiento del compromiso del Objetivo 16 de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todas las personas. En respuesta a ello lanzamos la campaña Justicia para Todos, centrada en el hecho de que el financiamiento y la protección de las personas defensoras de la justicia son las bases necesarias para el cumplimiento del Objetivo 16, y en realidad de cualquiera de los ODS, y que por lo tanto es necesario impulsar el empoderamiento legal.

Los miembros de la Red promueven la campaña Justicia para Todos de diferentes maneras en sus países y regiones y a nivel global. Algunos miembros han organizado reuniones con sus gobiernos, otros actores de la sociedad civil y otras partes interesadas para discutir estos problemas y tratar de encontrar soluciones de política pública para aumentar el financiamiento y la protección de las personas defensoras de la justicia en el terreno. Otros miembros se han centrado en la arena global, acercándose a donantes internacionales y asistiendo a eventos globales tales como el Foro Político de Alto Nivel sobre los ODS (HLPF, por sus siglas en inglés). Y otros miembros se han concentrado en sus respectivas regiones, tratando de ejercer influencia sobre organismos o acuerdos regionales.

Como miembro de la Red con fuertes conexiones globales, Namati vincula las experiencias de los miembros a nivel nacional con la esfera global. Hemos trabajado mucho para resaltar las experiencias de base al hacer incidencia en el HLPF, la Asamblea General de la ONU y otras conferencias y eventos de alto nivel, y hemos trabajado con los principales donantes de todo el mundo para que reconozcan el valor del empoderamiento legal y la necesidad de financiamiento.

¿Han debido hacer algún cambio en respuesta a la pandemia de COVID-19?

Durante la pandemia, la Red de Empoderamiento Legal hizo un giro para responder directa e integralmente a las necesidades de sus miembros generadas por la crisis. Para comprender cuáles eran sus necesidades más urgentes administramos una encuesta. Les preguntamos a los miembros de la Red cómo les estaba afectando la pandemia, cómo se estaban adaptando, qué tipo de recursos necesitaban para seguir haciendo su trabajo, qué tipos de intervenciones de política pública consideraban necesarias para garantizar una respuesta justa, y cómo podíamos ayudarles.

Con respecto a los desafíos que enfrentan los miembros de la Red, clasificamos las respuestas a la encuesta en cuatro categorías: desafíos del trabajo a distancia, desafíos financieros, desafíos de logística y movilidad, y desafíos de seguridad, protección y salud. El trabajo a distancia resultó ser un gran problema para los miembros de la Red, al igual que las finanzas, a causa tanto del aumento de los gastos como de la reducción de los ingresos.

En reacción a la encuesta reunimos recursos que se ajustaban a las necesidades. Primero, creamos un centro virtual que ofrece recursos multilingües para ayudar a los grupos de empoderamiento legal a comprender la pandemia, obtener información veraz y confiable e identificar formas de mitigar los daños. Elaboramos un documento con respuestas a preguntas frecuentes sobre la COVID-19, con consejos útiles sobre las formas en que las organizaciones de base de acceso a la justicia pueden prepararse y protegerse. Adaptamos esta información para abordar los desafíos que enfrentan subconjuntos específicos de miembros de la Red, por ejemplo, quienes viven o trabajan en áreas densamente pobladas. La información se obtuvo de las principales autoridades en materia de salud pública, tales como la Organización Mundial de la Salud, y fue compilada por expertos en salud pública.

En segundo lugar, publicamos un informe, “Justicia de base en la pandemia: garantizar una respuesta y una recuperación justas”, que hace recomendaciones a las autoridades políticas, los donantes y las instituciones multilaterales sobre cómo financiar y proteger a las personas promotoras del acceso a la justicia en el territorio durante y después de la pandemia. Lo compartimos ampliamente con diversas partes interesadas, tales como donantes gubernamentales y filantrópicos.

En tercer lugar, facilitamos una serie de conversaciones entre personas defensoras de base, examinando el trabajo de empoderamiento legal durante la pandemia, a través de una serie de conferencias telefónicas y webinarios. Estos últimos se han desarrollado durante los últimos meses. Cientos de miembros han participado en estas conversaciones. Las conversaciones temáticas y regionales subsiguientes sirvieron como espacios para el debate sobre buenas prácticas y aprendizaje a partir de las formas en que los miembros están adaptando sus esfuerzos, monitoreando y respondiendo a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis y accediendo a apoyo financiero y demás recursos necesarios. En estas conversaciones también exploramos lo que podemos hacer juntos para ayudarnos mutuamente a salir adelante. Compilamos las mejores prácticas de trabajo a distancia y estamos preparando más materiales acerca de recursos, servicios y técnicas que pueden usarse para trabajar durante la pandemia.

Nos hemos dado cuenta de que en una crisis como esta no se puede seguir actuando como de costumbre, de modo que nos deshicimos de nuestro plan anual y comenzamos desde cero para hacer lo que teníamos que hacer.

¿Qué ha logrado hasta ahora la campaña Justicia para Todos?

La campaña ha ayudado a enhebrar una narrativa común que resalta las perspectivas de base en eventos globales de alto nivel, fomenta el diálogo y la comprensión pública e insta a la acción sobre los dos temas clave: el financiamiento y la protección de quienes promueven la justicia en el territorio.

A nivel nacional, ha ayudado a la gente a articular sus necesidades y traducirlas en esfuerzos de incidencia a más largo plazo. Los miembros de la red dijeron que el informe producido por la campaña les resultó muy útil en sus discusiones con sus gobiernos nacionales acerca de las razones por las cuales debería haber financiamiento local para los grupos comunitarios de apoyo legal.

A nivel mundial, hemos cambiado la discusión y las normas vigentes. Antes no se hablaba de lo que se debía hacer para promover el acceso a la justicia y alcanzar el Objetivo 16; no se reconocía que los servicios de justicia requerían financiamiento y que quienes realizaban el trabajo necesitaban seguridad. En este momento, estos temas se están abordando a alto nivel y se han integrado en informes y agendas relevantes. De modo que sentimos que hemos influido en el diálogo internacional en torno de las personas defensoras del acceso a la justicia, y si bien hay más trabajo por hacer, eso de por sí ya es una victoria.

En el ámbito financiero, la campaña Justicia para Todos ha influido sobre los donantes para que destinaran nuevos recursos al acceso a la justicia y al empoderamiento legal. Durante la pandemia, la campaña ajustó su enfoque: estableció un Fondo de Justicia de Base COVID-19 y logró convencer a varios donantes para que hicieran contribuciones. Esto fue una respuesta a la desesperada necesidad de financiamiento de nuestros miembros bajo la pandemia. Nos dimos cuenta de que no necesitaban montos desmesurados; era mucho lo que podía lograrse con pequeñas inyecciones de fondos, por ejemplo, bajo la forma de subvenciones únicas de unos pocos miles de dólares. Estos fondos relativamente modestos podían hacer una gran diferencia en términos del abordaje de problemas urgentes de acceso a la justicia relacionados con la pandemia. Lanzamos este fondo en julio con el objetivo de recaudar un millón de dólares, y creemos que lo vamos a lograr. Hemos recibido mucho apoyo; ya hemos aceptado las primeras solicitudes y el dinero debería distribuirse en el próximo mes. Se trata de montos pequeños, de entre 3.000 y 20.000 dólares, para que los grupos de base que promueven el acceso a la justicia solventen costos de insumos, capacitación, salarios y cualquier otra cosa que necesiten para mantenerse a flote. La idea subyacente es que la pandemia no es solamente una crisis sanitaria, sino que también es una crisis de justicia, y que debemos sostener a las personas defensoras que están ayudando a las comunidades a hacerle frente

¿Qué tipo de apoyo de la sociedad civil internacional necesitarían para poder continuar haciendo este trabajo?

Nuestra encuesta hizo a nuestros miembros exactamente esa pregunta, y el 58% respondió que necesitaban apoyo tecnológico. La naturaleza del trabajo de empoderamiento legal es en gran medida un ejercicio de construcción de confianza que generalmente requiere de interacciones cara a cara. La mayoría de los grupos de base con los cuales trabajamos están acostumbrados a salir a hablar con miembros de la comunidad, convocar reuniones comunitarias presenciales y educar a la gente. No están acostumbrados a trabajar a distancia; no están familiarizados con el trabajo con aplicaciones y no tienen suficientes dispositivos para hacerlo. Además, el 67% respondió que necesita apoyo para el fortalecimiento de capacidades. Necesitan este apoyo tanto para adaptarse a la tecnología como para imaginar nuevas formas de hacer su trabajo en forma remota o con distanciamiento social. Por último, pero no menos importante, el 88% respondió que lo que necesitan de la sociedad civil internacional es apoyo financiero. Y dejaron en claro que no se trata solamente de conseguir más fondos aquí y ahora, sino más bien de asegurar un financiamiento más sostenible y confiable en el largo plazo.

Contáctese con la Red de Empoderamiento legal a través del sitio web sitio web o el perfil de Facebook de Namati, y siga a @GlobalNamati en Twitter.

 

 

MYANMAR: “Los partidos de oposición se quejan de que el organismo electoral censura su discurso”

Cape DiamondCIVICUS conversa con el galardonado periodista Cape Diamond (Pyae Sone Win) acerca de las próximas elecciones en Myanmar. Cape es un periodista multimedia basado en Myanmar que cubre temas de derechos humanos, crisis y conflicto. Actualmente trabaja en forma independiente para Associated Press (AP). Ha cubierto críticamente la crisis de los refugiados rohingya y ha colaborado con numerosos medios internacionales, incluidos Al Jazeera, ABC News y CBS. También contribuyó al documental ganador del premio BAFTA, Myanmar’s Killing Fields, y al ganador de la medalla de oro en el Festival de Cine de Nueva York, The Rohingya Exodus.

 

Programadas para el 8 de noviembre de 2020, estas elecciones serán las primeras desde 2015, cuando resultaron en una victoria aplastante para la Liga Nacional para la Democracia (LND), y serán apenas las segundas elecciones competitivas desde 1990, cuando la abrumadora victoria de la LND fue anulada por el ejército.

¿Cuál es la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil en vísperas de las elecciones?

La situación de la libertad de expresión es muy preocupante. A lo largo de los años, periodistas y activistas de derechos humanos de Myanmar han sufrido acusaciones penales a causa de su trabajo. Se siguen utilizando leyes restrictivas, como la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas, la Ley de Secretos Oficiales y las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para enjuiciar a activistas y periodistas. También se ha utilizado la Ley de Procesión y Reunión Pacífica contra los manifestantes.

Muchos partidos políticos se han quejado de que la Comisión Electoral de la Unión (UEC), el órgano electoral, ha censurado los mensajes que emitirán en la televisión nacional antes de las elecciones. Por ejemplo, Ko Ko Gyi, presidente del Partido Popular, dijo que las modificaciones que hizo la UEC en su discurso de campaña le impiden expresar plenamente la postura política de su partido frente a las elecciones. Dos partidos, el Partido Democrático para una Nueva Sociedad y Fuerza Nacional Democrática, cancelaron sus transmisiones electorales en protesta por la censura.

Al mismo tiempo, los críticos dicen que el órgano electoral está predispuesto a favor del partido gobernante, el NLD, que lidera Aung San Suu Kyi. Es un tema al que debemos estar atentos y sobre el cual tenemos que hablar para garantizar elecciones creíbles.

¿Ha habido acercamientos del órgano electoral a la sociedad civil?

He escuchado que la actual UEC no ha buscado activamente un vínculo con la sociedad civil. La UEC inicialmente prohibió que la Alianza Popular para unas Elecciones Creíbles (PACE), uno de los grupos de monitoreo electoral más grandes del país, monitoreara las elecciones. La UEC acusó a la PACE de no estar registrada bajo la ley que rige a las organizaciones de la sociedad civil y de recibir financiamiento de fuentes internacionales. A pesar de que la UEC acabo permitiéndole operar, la organización está experimentando dificultades para hacerlo, debido a las restricciones recientemente impuestas a causa del COVID-19.

¿Cuáles son los principales temas en torno de los cuales girará la campaña?

La pandemia de COVID-19 y la guerra civil en curso en el país son nuestros principales problemas en este momento. Está muy claro que el partido gobernante y el gobierno no están prestando suficiente atención a la situación de las minorías en las regiones que sufren la guerra civil.

Es preocupante que el país esté atravesando una pandemia, que creo que no tiene suficiente capacidad para manejar. Al 29 de septiembre de 2020, hemos tenido un total de 11,000 casos reportados y 284 muertes a causa del COVID-19. El aumento de las infecciones en las últimas semanas ha sido preocupante, ya que en agosto solo tuvimos alrededor de 400 casos confirmados. Me preocupa que la situación sea segura para que la gente salga a votar en las elecciones.

Más de 20 partidos políticos han enviado al órgano electoral solicitudes para que postergue las elecciones debido a la pandemia, pero fueron rechazadas. El partido gobernante no está dispuesto a posponer las elecciones.

¿Será posible desarrollar una campaña “normal” en este contexto?

No creo que sea posible tener mítines de campaña normales como los de las elecciones pasadas, las de 2015, ya que estamos en plena pandemia. El gobierno ha tomado varias medidas para combatir la propagación de la enfermedad, entre ellas la prohibición de las reuniones de personas. Los partidos políticos no pueden hacer campaña en las áreas que están en situación de semi-confinamiento.

Las principales ciudades, como Yangon y su región metropolitana, así como algunos municipios de Mandalay, están en semi-confinamiento, bajo un programa que el gobierno ha llamado “Quédate en casa”. Al mismo tiempo, todo el estado de Rakhine, que está experimentando la guerra civil, también se encuentra en semi-confinamiento. Me temo que la gente en la zona de guerra civil no pueda salir a votar.

Para dirigirse a sus públicos, los candidatos utilizan tanto las redes sociales como los medios convencionales. Sin embargo, como señalé anteriormente, algunos partidos opositores han sido censurados por la UEC. Algunos integrantes de la oposición han denunciado un trato injusto por parte de la UEC y el gobierno, mientras que el partido gobernante está usando su poder para expandir su popularidad. Esto claramente perjudicará las chances electorales de la oposición.

¿Qué desafíos específicos enfrentan los candidatos en el estado de Rakhine?

Como todo el estado de Rakhine está sujeto a restricciones por el COVID-19, los candidatos no pueden hacer campaña en forma presencial. Por lo tanto, en general realizan campañas en las redes sociales. Al mismo tiempo, en muchos municipios del estado de Rakhine ha habido un prolongado corte del servicio de Internet, impuesto a causa de los combates en curso entre el Ejército de Arakan y las fuerzas militares. Me preocupa que la gente allí no pueda obtener suficiente información en torno de las elecciones.

El gobierno de Myanmar también está utilizando la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982 y la Ley Electoral para privar de sus derechos a las personas rohingya y evitar que se postulen para competir por cargos políticos. Los funcionarios electorales impidieron la presentación de la candidatura de Kyaw Min, líder del Partido de la Democracia y los Derechos Humanos (DHRP), liderado por personas rohingya. Kyaw Min fue descalificado junto con otros dos candidatos del DHRP porque supuestamente sus padres no eran ciudadanos, como lo exige la ley electoral. Esta es una de las diversas herramientas que se utilizan para oprimir a la población rohingya.

En octubre, la UEC lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes que fue criticada por utilizar un rótulo despectivo en referencia a las personas musulmanas rohingya. La aplicación mVoter2020, destinada a generar conciencia entre los votantes, se refiere a por lo menos dos candidatos del grupo étnico rohingya como “bengalíes”, lo cual sugiere que se trata de inmigrantes procedentes de Bangladesh, pese a que la mayoría de las personas rohingya ha vivido en Myanmar durante generaciones. Esta etiqueta es rechazada por muchos rohingya. Además, no podrá votar ninguno de los más de un millón de rohingya refugiados en Bangladesh, ni tampoco los cientos de miles dispersos en otros países.

El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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UN75: “La sociedad civil debe ser la conciencia de la comunidad global”

En conmemoración del 75º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), CIVICUS está teniendo conversaciones con activistas, personas defensoras y profesionales de la sociedad civil acerca de los roles que la ONU ha desempeñado hasta ahora, los éxitos que ha conseguido y los desafíos que enfrenta de cara al futuro. CIVICUS conversa con Keith Best, Director Ejecutivo interino del Movimiento Federalista Mundial-Instituto de Política Global (WFM/IGP), una organización no partidista sin fines de lucro comprometida con la realización de la paz y la justicia globales a través del desarrollo de instituciones democráticas y la aplicación del derecho internacional. Fundado en 1947, WFM/IGP trabaja para proteger a la población civil de las amenazas del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; facilitar la transparencia en la gobernanza; a aumentar el acceso a la justicia; y promover la vigencia del estado de derecho.

Keith best

¿Qué tipo de relación ha mantenido la sociedad civil con la ONU a lo largo de sus 75 años de historia?

La relación de la sociedad civil con la ONU a lo largo de su historia ha sido principalmente la de un amigo crítico, y así lo refleja la experiencia de WFM/IGP. A menudo, este sentimiento ha sido mutuo. Recuerdo vívidamente que cuando era Secretario General de la ONU (SGNU), en una reunión con organizaciones de la sociedad civil (OSC) Boutros Boutros-Ghali nos pidió que le ayudáramos a lograr que Estados Unidos pagara sus cuotas atrasadas – ¡cosa que hizo en cuanto necesitó apoyo para la Guerra del Golfo! El exdirector ejecutivo de WFM/IGP, Bill Pace, también escribió que “Kofi Annan fue un secretario general muy importante, con quien tuve la suerte de desarrollar una relación tanto profesional como personal. Aunque su legado aún está siendo debatido, creo que tuvo el compromiso de hacer frente a las grandes potencias y plantarse frente a la corrupción de los principios establecidos en la carta”. Fue gracias a Kofi Annan que se adoptó por unanimidad la doctrina de la responsabilidad de proteger.

¿De qué maneras el trabajo de la ONU ha marcado una diferencia positiva?

Hay una tendencia a pensar a la ONU solamente en su rol de mantenimiento de la paz y en sus esfuerzos más visibles para tratar de mantener la paz mundial, descuidando el trabajo, menos celebrado pero a veces más efectivo, que llevan a cabo sus agencias. Mencionaré a solo tres de ellas. A pesar de la reciente controversia en torno del COVID-19, donde los problemas principales parecen haber sido sus limitados poderes y la falta de coordinación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha logrado un éxito duradero. Fue establecida oficialmente el 7 de abril de 1948 con el fin de “alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud”, entendiendo a la salud no solo como ausencia de enfermedad o dolencia, sino como el bienestar físico, mental y social pleno de cada individuo. Su mayor triunfo fue la erradicación de la viruela en 1977; asimismo, los esfuerzos que ha llevado a cabo a nivel global para poner fin a la poliomielitis se encuentran ahora en sus etapas finales. En los últimos años, la OMS también ha coordinado batallas contra las epidemias virales de Ébola en la República Democrática del Congo y de Zika en Brasil. Será un desastre si Estados Unidos se retira de la organización en vez de ayudarla a implementar un mecanismo de alerta más eficaz y a coordinar la distribución de medicamentos tras una pandemia a la que, seguramente, habrán de seguir otras.

Otro héroe olvidado es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que ha trabajado mucho para mejorar la situación de los pequeños agricultores, la conservación y el mejoramiento de los métodos agrícolas y el conocimiento sobre biotecnologías, entre otras cosas. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fundado en 1965, promueve la cooperación técnica y de inversión entre naciones y aboga por el cambio, conectando a los países con el conocimiento, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a las personas a construir una vida mejor para sí mismas; y proporciona asesoramiento especializado, capacitación y subvenciones a los países en desarrollo, con un énfasis cada vez mayor en la asistencia a los países menos desarrollados. Algunas de estas agencias han sido criticadas no tanto por el trabajo que realizan sino sobre todo por la conducta y las acciones de algunos de sus funcionarios. La forma en que algunos de ellos son seleccionados es un asunto pendiente para WFM/IGP.

En gran medida gracias al trabajo de la ONU, se han producido avances importantes como son la Corte Penal Internacional (CPI) y la responsabilidad de proteger. Sobre la base de las recomendaciones de la Comisión de Derecho Internacional y los tribunales de Nuremberg, Tokio, Ruanda y Yugoslavia, la CPI ha consagrado por primera vez en la historia la responsabilidad individual de los jefes de estado y otras personas en posición de autoridad por la comisión de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio y, más recientemente, el crimen de agresión. A la luz más calma de la mirada retrospectiva, esto será considerado un desarrollo importante en el concepto de responsabilidad global que, hasta ahora, solamente se atribuía a los estados, no a los individuos. El concepto de responsabilidad de proteger, respaldado abrumadoramente en 2005 en la Cumbre Mundial de la ONU, la mayor reunión de jefes y jefas de estado y de gobierno de la historia, dio la vuelta a siglos de obligaciones del ciudadano hacia el Estado- una obligación no solo de pagar impuestos, sino en última instancia de dar la propia vida – para enfatizar su reverso, la responsabilidad del Estado de proteger a sus ciudadanos. Encierra el potencial de poner fin a 400 años de inviolabilidad del Estado para responder a sus pares, consagrada en el Tratado de Westfalia, en tanto que el concepto de no intervención no ha sobrevivido al siglo pasado.

¿Qué cosas no están funcionando actualmente y deberían cambiar, y cómo está trabajando la sociedad civil para que ello ocurra?

Lo decepcionante, por supuesto, ha sido la incapacidad de la ONU para reformarse a sí misma desde dentro de manera efectiva y, sobre todo por efecto del interés de las principales potencias en mantener el statu quo, el hecho de que se ha vuelto inadecuada para cumplir su propósito en el mundo moderno. El mejor ejemplo de ello es el uso o la amenaza de uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU). El P5, es decir sus cinco miembros permanentes, todavía representan a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, con la salvedad de que en 1971 la República Popular China sustituyó a Taiwán/República de China. Hasta el Brexit, dos escaños eran ocupados por estados parte de la Unión Europea. Ni la democracia más numerosa del mundo, India, ni su tercera economía, Japón, están representadas. En los últimos años, el uso o la amenaza de uso del veto tornaron a la ONU incapaz de prevenir conflictos en una cantidad de situaciones. En un libro reciente, Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes (Límites legales vigentes al poder de veto en el Consejo de Seguridad frente a crímenes atroces), Jennifer Trahan explica que este abuso de poder es, de hecho, contrario al espíritu y a la letra de la Carta de la ONU. Hay una presión cada vez mayor de otros estados para reducir ese abuso, y esperamos que las campañas de la sociedad civil en ese sentido logren que el cambio se materialice.

Otra cosa que debe cambiar es la forma de nombrar al SGNU, que en el pasado ha sido entre bambalinas y posiblemente no lograra sondear a todos los candidatos adecuados. Pero gracias a la Campaña 1 para 7 mil millones, en la que WFM/IGP participó activamente junto con muchos otros actores, gobiernos incluidos, el proceso de selección del SGNU posiblemente haya cambiado para siempre, ya que el espacio donde ocurría, y que permitía la concreción de acuerdos entre las principales potencias, se desplazó desde el CSNU hacia la Asamblea General de la ONU (AGNU). El actual SGNU, António Guterres, ha elogiado y apoyado con frecuencia el nuevo proceso a través del cual fue seleccionado. Este proceso fue el resultado del trabajo conjunto de numerosas organizaciones lideradas por un comité directivo informal integrado por Avaaz, la Fundación Friedrich Ebert-Nueva York, United Nations Association-UK y WFM/IGP, y tuvo el apoyo de más de 750 OSC, con un alcance estimado en más de 170 millones de personas. Muchas de ellas esperan poder insuflar nueva vida a una campaña para consolidar y mejorar los logros obtenidos hasta ahora. Uno de los aspectos delicados es que la campaña original favorecía un mandato único más prolongado para el SGNU en lugar de dos potenciales mandatos; este objetivo seguirá vigente, y con suerte el actual titular del cargo no lo considerará una amenaza para su propia posición.

Muchas organizaciones ahora están reclamando una conferencia de revisión en virtud del artículo 109 de la Carta de la ONU, pero debemos tener cuidado con lo que deseamos. En el clima actual, dominado por el nacionalismo y el populismo cortos de miras, bien podríamos terminar con una versión diluida de la Carta actual. Sería mucho mejor alentar un cambio evolutivo e incremental, que probablemente será más duradero.

¿Considera que es necesario y posible democratizar a la ONU?

Efectivamente. Las principales debilidades del sistema de la ONU reclaman no solo la reforma del CSNU para que sus miembros permanentes - y muchos argumentan que no debería haber ninguno, o al menos que no debería incorporarse ninguno nuevo - reflejen con mayor precisión el poder económico y diplomático en el mundo actual, sino también el abordaje de su frecuente falta de transparencia y rendición de cuentas y la ausencia de un elemento democrático; de ahí la campaña 1 para 7 mil millones.

En el futuro previsible, es probable que la ONU siga basándose en los estados nacionales, cuya igualdad en el seno de la AGNU es una de sus características más entrañables. Sin embargo, hay un reclamo cada vez más fuerte de mayor democracia para realizar el principio de “nosotros, los pueblos de las naciones unidas”, en contraposición con la mera representación de los gobiernos. De ahí el llamamiento al establecimiento de una asamblea parlamentaria de la ONU, quizás creada en virtud del artículo 22, que comenzaría no como un cuerpo legislativo sino como un órgano de monitoreo de la ONU y sus agencias, dado que cualquier atribución de poderes legislativos aseguraría su fracaso porque haría que los estados se opusieran desde el principio. Cuando tantas organizaciones y tratados internacionales incluyen asambleas parlamentarias - con diferentes poderes -, no debería haber ninguna razón, más allá de la mecánica electoral, para que ello no ocurra también a nivel mundial.

¿Qué lecciones para la cooperación internacional se pueden extraer de la pandemia de COVID-19? ¿Qué debería cambiar después de esta crisis?

Sin duda, la pandemia de COVID-19 ha concentrado nuestra atención, pero queda por verse si acaba siendo lo suficientemente cataclísmica como para convertirse en un motor de la clase de cambio que en el pasado fue estimulado por las guerras mundiales. La pandemia ha enfatizado que estamos “todos juntos en esto”, que un cruce animal-humano o el desarrollo de un nuevo virus en una parte remota del planeta pronto puede tener efectos en todas partes y que no habrá frontera que lo detenga. Ha dejado en evidencia que las más afectadas son las sociedades que ya eran más vulnerables, más pobres, peor preparadas y peor equipadas desde el punto de vista sanitario. Resulta revelador que las empresas farmacéuticas estén enseñando ética a los políticos en relación con una distribución equitativa de los medicamentos que asegure que no sea la riqueza lo que determine el acceso. Esta es una lección que tiene una aplicabilidad más amplia. Ha resaltado la necesidad de decisiones globales ejecutables en interés de la humanidad en su conjunto. Se trata, nuevamente, de un mensaje con una relevancia más amplia en el contexto del cambio climático y ambiental.

Gran parte del idealismo de los años sesenta y setenta, que fueron tiempos emocionantes para quienes los vivimos, se ha traducido en el realismo de la era actual. No hay nada de malo en ello, ya que estas cuestiones deben resistir el escrutinio severo. La tecnología ha puesto de manifiesto el hecho de que las guerras ahora se libran contra civiles y no contra soldados uniformados y que los ataques cibernéticos a los suministros de energía y agua tienen más probabilidades de incapacitar al enemigo que los armamentos, que ahora son tan caros que enfrentan limitaciones de sostenibilidad y solo son útiles para los estados que pueden permitírselos. El mundo se ha hecho más pequeño, al punto en que es más probable que sepamos lo que está sucediendo en el otro extremo del mundo que en la casa de nuestro vecino. A través de los medios digitales, las voces de la gente están cada vez más presentes y están mejor articuladas; la gente quiere que se escuche su voz. La tecnología satelital permite no solo la extracción precisa de individuos, sino también la observación de acciones hasta el nivel más elemental: ya no hay donde esconderse. Si se usa de manera responsable para fomentar la justicia internacional en función de normas universalmente aceptadas, esta tecnología moderna puede ser una fuerza para el bien, pero si se usa incorrectamente, también puede conducirnos a la destrucción.

El desafío del multilateralismo en la actualidad es difundir estos mensajes de interdependencia y dejar en claro que, cada vez más, para lograr sus fines y las aspiraciones de sus ciudadanos, los estados deben trabajar juntos, en sociedad y a partir del entendimiento mutuo. Por sí misma, esta comprensión conducirá inevitablemente a la necesidad de mecanismos que puedan ser implementados para gestionar nuestro clima y nuestro comportamiento, sabiendo que la acción de cada cual provocará en otros lugares una reacción que probablemente nos afectará. Ya sea que se trate de la destrucción de la selva amazónica o del empobrecimiento de un pueblo a través de la rapiña y el autoritarismo, el resto de la humanidad resultará afectado. La pobreza destruye los mercados para las naciones industrializadas, lo cual luego produce inestabilidad, la cual a su vez resulta en un mayor gasto en prevención o resolución de conflictos. La respuesta a los flujos migratorios no es el cerco y el fortalecimiento de las fronteras, sino el abordaje de las causas últimas de la migración.

Vivimos en la época más veloz de la historia, donde certezas aún recientes son cuestionadas y dejadas de lado. Eso es disruptivo, pero también puede abrirnos a nuevas oportunidades y formas de hacer las cosas. En semejante clima político, es más importante que nunca la capacidad de WFM/IGP y de la sociedad civil para ser la conciencia de la comunidad global y apuntar a una mejor forma de gobernanza, que sea federalista y permita que se escuche la voz de la gente.

Contáctese con el Movimiento Federalista Mundial-Instituto de Política Global a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @worldfederalist en Twitter.

 

LÍBANO: ‘Esta crisis debe manejarse con una visión feminista’

CIVICUS conversa con Lina Abou Habib, una activista feminista basada en Beirut, Líbano, acerca de la respuesta de la sociedad civil a la emergencia causada por la explosión del 4 de agosto de 2020. Lina enseña Feminismos Globales en la Universidad Americana de Beirut, donde integra el Instituto Asfari, y preside el Colectivo de Investigación y Capacitación en Acción para el Desarrollo, una organización feminista regional que trabaja en Medio Oriente y África del Norte. También se desempeña en la junta de Gender at Work y como asesora estratégica del Fondo Mundial para la Mujer en Medio Oriente y África del Norte.

Lina Abou Habib

¿Podría contarnos acerca del momento en que ocurrió la explosión?

La explosión de Beirut ocurrió el 4 de agosto de 2020, alrededor de las 18:10 hora de Beirut. Yo estaba en mi casa y desde hacía una hora que sabía que se había producido un gran incendio en el puerto de Beirut. Cuando el fuego empezó a extenderse, el cielo se oscureció a causa del humo. Yo estaba mirando hacia afuera, y lo primero que sentí fue una sensación aterradora, similar a un terremoto, y apenas una fracción de segundo más tarde ocurrió una gran explosión. Los vidrios a mi alrededor se hicieron añicos. Me tomó un par de minutos comprender lo que acababa de suceder. Lo primero que todos hicimos fue llamar a nuestras familias y amigos cercanos para asegurarnos de que estaban bien. Todo el mundo estaba en un estado de completa incredulidad. La explosión fue tan poderosa que cada uno de nosotros sintió que había sucedido justo a nuestro lado.

¿Cuál fue la respuesta inmediata de la sociedad civil?

Es importante subrayar que junto con la respuesta de la sociedad civil también hubo una respuesta individual. La gente salió a las calles para intentar ayudar a los demás. Nadie confiaba en que el Estado fuera ayudar de ninguna manera; de hecho, el Estado era el responsable de lo sucedido. Las personas asumieron la responsabilidad de ayudarse unas a otras, lo cual supuso abordar problemas inmediatos, tales como despejar las calles de escombros y hablar con otras personas para averiguar qué necesitaban, por ejemplo refugio y comida. Cerca de 300.000 personas se habían quedado sin hogar y lo habían perdido todo en una fracción de segundo. Hubo una reacción extraordinaria por parte de gente común que se dispuso a ayudar: personas con escobas y palas comenzaron a quitar los escombros y a distribuir alimentos y agua. La indignación se convirtió en solidaridad.

Se trató de un momento de gran empoderamiento, que aún continúa. En este mismo momento hay personas voluntarias y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que básicamente están haciéndose cargo de la situación y no solo brindan ayuda inmediata, sino que también ofrecen toda clase de apoyos a la gente en dificultades.

Sin embargo, estos actos de solidaridad y cuidado también han sido criticados. La principal crítica ha sido que son contraproducentes porque eximen al Estado de cumplir con sus obligaciones y hacer sus deberes. Entiendo esta crítica, pero no estoy de acuerdo con ella. Para mí, los actos de solidaridad realizados por la sociedad civil y la gente común constituyeron nuestras principales historias de éxito, historias de poder y resistencia de las que es bueno hablar. Es necesario resaltar la respuesta inmediata brindada individualmente por las mismas personas que habían experimentado daños o habían perdido mucho. Las propias comunidades de trabajadores migrantes, que viven en condiciones extremas de explotación, racismo y abuso, salieron a limpiar los escombros y ayudar a otras personas. No creo que debamos ignorar el significado de estos actos de solidaridad.

El Líbano ya estaba atravesando una profunda crisis económica, que se vio agravada aún más por la pandemia de COVID-19 y la explosión. ¿Cuáles fueron los grupos más afectados?

Los peores efectos los sintieron quienes ya se encontraban en las situaciones más vulnerables. Un claro ejemplo de múltiples formas de discriminación que se superponen y se refuerzan entre sí es la situación de las trabajadoras migrantes en el Líbano. No es una situación nueva, sino que ya lleva décadas. Primero, las mujeres migrantes trabajan en el ámbito privado, lo cual las torna aún más invisibles y vulnerables. En segundo lugar, no hay absolutamente ninguna regla que sea obligatorio seguir para contratarlas, por lo que básicamente están a merced de sus empleadores. Se les mantiene en condiciones de cuasi esclavitud sobre la base de los denominados “contratos de patrocinio”. El aire mismo que respiran depende de la voluntad de sus empleadores y están completamente atadas a ellos. En resumen, se trata de una población de mujeres procedentes de países pobres del sur global que se desempeñan como trabajadoras domésticas y cuidadoras, posiciones que las vuelven increíblemente vulnerables al abuso. No hay leyes que las protejan, y siempre ha sido así. Por tanto, son quienes acaben siendo dejadas atrás cuando ocurre una crisis de seguridad o una crisis política.

Tres hechos consecutivos afectaron su situación. El primero fue la revolución que se inició el 17 de octubre de 2019, un momento increíblemente importante que fue la culminación de años de activismo, y en el que también participaron las trabajadoras migrantes, que fueron apoyadas, sostenidas y orientadas por jóvenes feministas libanesas. Como resultado de ello, hubo en el seno de la revolución trabajadoras migrantes que se rebelaron contra el sistema de patrocinio, que las priva de su humanidad y las expone a condiciones de trabajo equivalentes a la esclavitud, y exigieron trabajo decente y una vida digna.

A ello se sumaron el colapso económico y la pandemia de COVID-19, los cuales sobrevinieron cuando aún continuaban las protestas. Como resultado de la crisis económica, algunas personas optaron por no pagar los salarios de trabajadores domésticos y migrantes o, lo que es peor, simplemente se deshicieron de ellos dejándoles en la calle durante la pandemia.

Y luego ocurrió la explosión del puerto de Beirut, que nuevamente afectó particularmente a los trabajadores migrantes. Fue una sucesión de crisis que afectaron ante todo a los trabajadores migrantes, y en particular a las mujeres, porque ya se encontraban en condiciones precarias en las que sufrían abusos, su trabajo se daba por descontado y eran luego descartados en las calles, olvidados por sus embajadas e ignorados por el gobierno libanés.

Como activista y feminista, ¿cómo evalúa la respuesta del gobierno ante la explosión?

No ha habido una respuesta responsable de parte del gobierno. Ni siquiera llamaría “gobierno” a esto que tenemos, sino “régimen”. Es una dictadura corrupta, un régimen autoritario que sigue simulando ser democrático e incluso progresista. El régimen dice ser la encarnación de la reforma, pero nunca la lleva a cabo. Por ejemplo, diez días después de la revolución, en octubre de 2019, el presidente se dirigió a la nación y nos prometió una ley civil de familia igualitaria, algo que las activistas feministas hemos exigido durante décadas. Fue toda una sorpresa, pero resultó que no era en serio, ya que no se ha hecho nada al respecto. Las autoridades simplemente dicen lo que creen que la gente quiere escuchar, y parecen estar convencidas de que la ciudadanía es demasiado ignorante para darse cuenta.

De modo que debemos situar la respuesta a la explosión en el contexto del reciente levantamiento. La respuesta del gobierno a la revolución ha sido no reconocer los problemas que la gente señalaba: que había vaciado las arcas públicas, que seguía ejerciendo el nepotismo y la corrupción y, lo peor de todo, que estaba desmantelando las instituciones públicas. La única respuesta del gobierno ha sido cerrar el espacio de la sociedad civil y atacar las libertades de asociación y expresión y el derecho de protesta. He vivido en este país la mayor parte de mi vida y he pasado por una guerra civil, y creo que no hemos experimentado una represión de las libertades de la magnitud que estamos viendo ahora mismo bajo este régimen. Nunca habíamos visto que las personas fueran citadas por la policía o las instituciones de seguridad por algo que dijeron o publicaron en las redes sociales. Esto es exactamente lo que este régimen hace, y lo continúa haciendo. El presidente actúa como si tuviéramos una ley de lesa majestad y no acepta crítica alguna; quienes lo critican pagan por ello con su libertad. Es la primera vez que vemos a activistas detenidos por esta causa.

En resumen, el régimen no ha hecho nada significativo en respuesta a la explosión. El hecho de que haya enviado al ejército a distribuir paquetes de ayuda alimentaria no tiene gran importancia. De hecho, se han negado a entregar artículos de ayuda alimentaria a personas no libanesas que fueron afectadas. Esto pone en evidencia la forma en que interactúan en este proceso sucesivas capas de corrupción, intolerancia y mala gestión.

Tras la explosión, la gente volvió a salir a las calles a protestar. ¿Cree que las protestas han tenido algún impacto?

El sábado siguiente a la explosión hubo gente protestando en las calles. Yo estaba allí y me asustó el despliegue de violencia de las fuerzas de seguridad.

Ante tantas calamidades, la única razón por la que la gente no se ha volcado masivamente a las calles es la pandemia de COVID-19. En ese sentido, la pandemia ha sido para el régimen un regalo del cielo. Ha impuesto toques de queda, ha destruido las carpas que los revolucionarios habían armado en la Plaza de los Mártires y ha hecho arrestos y detenciones, todo ello con el pretexto de proteger a la gente del virus. Pero, por supuesto, no logra engañar a nadie. Los niveles de contagio aumentan en lugar de disminuir. El hecho de que el régimen sea tan corrupto que básicamente no tengamos un servicio de salud en funcionamiento, realmente no ayuda.

Las limitaciones creadas por la pandemia y los temores de la gente por su propia salud están limitando seriamente las acciones contra el régimen; sin embargo, no creo que esto vaya a detener la revolución. La gente ya ha tenido suficiente. Mucha gente lo ha perdido todo. Y cuando te ponen contra la pared, no te queda otro lugar a donde ir como no sea hacia adelante. El régimen seguirá usando la fuerza bruta, seguirá mintiendo y administrando mal los fondos y los recursos, pero esto se está volviendo totalmente inaceptable para una porción cada vez mayor de la población.

Creo que la movilización callejera ha tenido éxito en varios niveles. Uno puede estar en desacuerdo y señalar que el régimen todavía está en el poder, y es verdad que todavía tomará mucho tiempo para que caiga. Pero el éxito inmediato de las protestas fue que quebraron un tabú. Había una especie de halo o santidad en torno de ciertos líderes que eran considerados intocables. Ahora es obvio que ya no disfrutan de esa protección. Aunque el régimen no esté dispuesto a ceder, apenas está ganando tiempo.

A mi modo de ver, un logro importante ha sido el rol de liderazgo desempeñado por los grupos feministas a la hora de pensar el país que queremos, los derechos y prerrogativas que reivindicamos y la forma de gobierno que deseamos. Junto a 40 organizaciones feministas publicamos una lista de demandas. Pensamos juntas y establecimos cómo debe ser una reconstrucción humanitaria desde una perspectiva feminista y estamos utilizando esto como una herramienta de incidencia ante la comunidad internacional. La forma en que estamos interviniendo indica que esta crisis debe manejarse con una visión feminista.

Además, por primera vez la comunidad LGBTQI+ ha sido parte integral en la configuración del proceso de reforma, el proceso de transición y la configuración del país que queremos, tanto en lo que se refiere a la forma de estado como en lo que concierne a las relaciones humanas. También se ha amplificado la voz de la comunidad migrante. Para mí, estos logros son irreversibles.

¿Qué apoyo de la comunidad internacional necesitaría la sociedad civil de Beirut y el Líbano?

Hay varias cosas que podrían hacer. En primer lugar, necesitamos formas tangibles de solidaridad en el campo de las comunicaciones, para amplificar nuestra voz. En segundo lugar, debemos presionar a la comunidad internacional en nombre del movimiento feminista libanés para que el régimen libanés rinda cuentas por cada centavo que recibe. Para dar un ejemplo: recibimos unos 1.700 kilos de té de Sri Lanka, pero el té ha desaparecido; parece que el presidente lo distribuyó entre los guardias presidenciales. Necesitamos la influencia y la presión de la comunidad internacional para que este régimen rinda cuentas. En tercer lugar, debemos que los principales medios de comunicación internacionales amplifiquen estas voces.

Quiero enfatizar el hecho de que la ayuda internacional no debe estar exenta de condiciones, ya que el régimen gobernante no opera con transparencia y no rinde cuentas. Por supuesto que no le corresponde a la sociedad civil reconstruir lo dañado o poner en pie la infraestructura. Pero cada centavo que vaya dirigido al régimen para estos menesteres debe entregarse bajo condiciones de transparencia, rendición de cuentas y debida diligencia. Debe empoderarse a la sociedad civil para que desempeñe funciones de control. Esto significa que las OSC deben tener la voz y las herramientas para monitorear. De lo contrario, nada va a cambiar. La ayuda internacional se desvanecerá; sólo ayudará al régimen a prolongar su dominio mientras la ciudad permanece en ruinas.

El espacio cívico en el Líbano es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con el Colectivo de Investigación y Capacitación en Acción para el Desarrollo a través de su página web, y siga a @LinaAH1 en Twitter.

 

 

KAZAJISTÁN: “La cuarentena se convirtió en una suerte de excusa del gobierno para perseguir a la sociedad civil”

CIVICUS conversa con Asya Tulesova, una defensora de los derechos cívicos y ambientales de Kazajstán. El 8 de junio de 2020 Asya fue arrestada y detenida tras participar en una manifestación pacífica en la ciudad de Almaty. Fue liberada el 12 de agosto de 2020, pero bajo libertad condicional. El caso de Asya fue parte de la campaña de CIVICUS #StandAsMyWitness, lanzada el 18 de julio, el Día de Nelson Mandela, para exigir la liberación de las personas defensoras de derechos humanos que están encarceladas o son perseguidas o acosadas por defender la libertad, los derechos y la democracia y denunciar la corrupción de gobiernos y compañías multinacionales.

Asya Tulesova

¿Nos contarías un poco acerca de tu historia y tu activismo ambiental?

Durante los últimos años he trabajado para una organización de la sociedad civil, la Fundación Cívica Sentido Común, enfocada en el desarrollo comunitario. Trabajamos en proyectos ambientales y educativos orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. En 2015 lanzamos nuestro proyecto de monitoreo de la calidad del aire en Almaty con el objetivo de brindar a la gente acceso a información gratuita y actualizada sobre la calidad del aire en la ciudad. El proyecto mejoró considerablemente la comprensión de la gente sobre la importancia del tema.

Cuando me di cuenta de que la calidad del aire era un problema político, intenté postularme para el consejo local. Sin embargo, mi candidatura fue rechazada debido a discrepancias menores en mi declaración de ingresos fiscales. Este mismo razonamiento se utilizó para excluir a cientos de candidatos y candidatas que se postulaban como independientes en todo Kazajistán. Demandamos a la comisión electoral central, pero no pudimos persuadir al tribunal para que restableciera mi candidatura, a pesar de de que teníamos todas las pruebas que respaldaban mi reclamo. Mi caso ahora está siendo examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Continuamos nuestro activismo ambiental mediante la publicación de artículos, investigaciones sobre la contaminación del aire, la participación en eventos públicos y la organización de charlas públicas sobre el tema. En abril de 2019 mi compañero, el activista Beibarys Tolymbekov, y yo fuimos arrestados por sostener una pancarta en la maratón anual de Almaty; nuestros amigos Aidos Nurbolatov, Aigul Nurbolatova y Suinbike Suleimenova fueron multados por filmarnos sosteniendo el cartel. En tanto que integrantes de un movimiento de activistas jóvenes, queríamos llamar la atención de la gente sobre el carácter injusto de las siguientes elecciones presidenciales y la falta de candidatos independientes. Beibarys y yo recibimos 15 días de arresto administrativo; mientras estaba detenida hice una huelga de hambre para protestar contra la decisión del tribunal, y en un momento mi compañera de celda me dio un puñetazo en el estómago por negarme a cumplir con su reclamo de poner fin a mi huelga de hambre. Nuestra detención resultó en una serie de protestas en todo el país y en un aumento de la participación política de los jóvenes. Continuamos nuestro trabajo con la esperanza de que nuestros esfuerzos atrayeran más candidaturas independientes a la competencia electoral.

La condición de activista en Kazajistán está asociada a un cierto grado de presión constante por parte del gobierno y las autoridades policiales. Muchas personas activistas y defensoras de derechos humanos, así como periodistas, viven bajo un intenso escrutinio y bajo constante vigilancia e intimidación por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o de otros que actúan en su nombre.

¿Qué fue lo que ocurrió durante la protesta de junio de 2020 en la que te arrestaron?

Durante la protesta del 6 de junio de 2020 presencié actos de brutalidad policial hacia manifestantes pacíficos. No era la primera vez; cada manifestación pacífica “no autorizada” que hemos tenido hasta ahora ha ido acompañada del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Pero en esta oportunidad decidí pararme frente a una de las camionetas policiales cargadas de personas detenidas ilegalmente para evitar que se las llevaran. Varios policías me atacaron, me sacaron a rastras de la camioneta y, cuando intenté regresar, me tiraron al suelo. En ese estado emocional le quité la gorra a un oficial de policía, a modo de protesta por las acciones policiales ilegales y la detención de manifestantes pacíficos. Es difícil articular lo que pasaba por mi cabeza en ese momento. Definitivamente estaba en estado de shock.

Esto fue capturado en video y fui acusada de “insultar públicamente a un representante de las autoridades” en virtud del artículo 378, parte 2 del Código Penal, y de “infligir daño no grave a un representante de las autoridades”, en virtud del artículo 380, parte 1.

¿Cómo fue estar presa? ¿Tuviste miedo de contraer COVID-19?

Estuve en prisión durante más de dos meses. El centro de detención adonde me llevaron está ubicado en el extremo norte de Almaty. Me llevaron por la noche y primero me pusieron en una celda de cuarentena para los detenidos recién llegadao, donde pasé más de diez días familiarizándome con las normas internas de la institución. Después de eso me trasladaron a una celda diferente.

Debido a la pandemia de COVID-19, las visitas de familiares y amigos estaban prohibidas. Solo pude hablar con mi madre dos veces por semana durante diez minutos por videollamada y recibir visitas de mis abogados cada dos semanas. Las condiciones en esta institución eran mucho mejores que en el centro de detención temporario ubicado en la estación de policía donde antes había pasado dos días. La celda estaba relativamente limpia y tenía dos literas para cuatro personas, un lavabo y un inodoro. Nos turnábamos para limpiar la celda. Dos de mis compañeras de celda fumaban en el baño. Nos alimentaban tres veces al día, principalmente guisos y sopas. Nos llevaban a “pasear” cinco veces por semana, a una instalación especialmente diseñada para ello, que era básicamente una celda sin ventanas ni techo. Nuestros paseos por lo general duraban de 15 a 20 minutos, por lo que tuve que escribir una queja a las autoridades de la institución para que cumplieran con sus propias regulaciones internas y nos dieran una hora completa para caminar. Nos duchábamos una vez a la semana, durante 15 minutos por persona.

Varias veces a la semana recibía paquetes procedentes de familiares y amigos. Su apoyo fue muy útil para mantener alto mi ánimo. Recibí una radio que me mandó otro activista, Marat Turymbetov, cuyo amigo Alnur Ilyashev había estado detenido en el mismo centro por sus críticas al partido gobernante, Nur Otan. Pasábamos mucho tiempo escuchando la radio a la espera de noticias, pero la mayoría de las noticias eran sobre la pandemia de COVID-19. Ocasionalmente también escuchábamos rumores acerca de casos de COVID-19 en la institución, pero no había nada seguro, así que no tuve demasiado temor a contraer el virus. Mi madre, sin embargo, estaba muy preocupada por eso y cada tanto me enviaba medicamentos. La pandemia ha sido muy dura para nuestro país y se ha cobrado muchas vidas.

Esta vez, personalmente no he experimentado ninguna violación importante mientras estaba detenida, más allá del incumplimiento de algunas reglas internas por parte del personal. Sé que otras personas detenidas pasaron meses en la institución sin recibir visitas de la persona que investigaba su caso, su abogado o sus familiares. En un principio tuve sospechas cuando, en el centro de detención temporaria, me colocaron en una celda con la misma mujer que había estado conmigo en el centro de detención especial para faltas administrativas un año atrás.

No puedo decir que sienta que he estado detenida durante mucho tiempo, pero fue suficiente para que aumentaran mi aprecio y mi compasión hacia los activistas y otras personas que han pasado meses y años en prisión. Por ejemplo, el defensor de derechos humanos Max Bokayev ha estado en prisión durante más de cuatro años por apoyar una manifestación pacífica contra la venta ilegal de tierras a empresas chinas. Durante la cuarentena, muchos activistas y líderes políticos fueron sometidos a registros y detenciones, por lo que la cuarentena se convirtió en una suerte de excusa del gobierno para perseguir a la sociedad civil. Entre los activistas detenidos se contaron Sanavar Zakirova, que ha sido perseguida por sus intentos de registrar un partido político, los activistas Abay Begimbetov, Askar Ibraev, Serik Idyryshev, Askhat Jeksebaev, Kairat Klyshev y muchos otros.

¿Qué piensas sobre la sentencia que recibiste?

No estoy de acuerdo con mi sentencia, por eso vamos a apelar. El tribunal debe tener en cuenta el grado de peligro para la sociedad que suponen las faltas que cometí, que difícilmente constituyen un delito. Sin embargo, sí lamento la falta de autocontrol y la mala educación que exhibí. Creo firmemente en la protesta no violenta y mi caso es una gran oportunidad para que tanto nosotros como el gobierno condenemos la violencia procedente de ambos lados.

¿Qué apoyos necesitarían los activistas como ustedes de la comunidad internacional?

Estoy muy agradecida de que mi caso haya recibido atención y apoyo internacionales. Fue un honor estar representada en la campaña de CIVICUS, #StandAsMyWitness. También estoy muy agradecida hacia mi madre, mis abogados, mi familia, amigos y simpatizantes de Kazajistán y de todo el mundo, a quienes se les ocurrieron muchas ideas creativas para crear conciencia pública y atraer la necesaria atención a mi caso y al problema de la brutalidad policial en Kazajistán. Personalmente, me inspiré mucho en una de las iniciativas lanzadas por mis buenos amigos Kuat Abeshev, Aisha Jandosova, Irina Mednikova y Jeffrey Warren, Protest Körpe, una forma simple y visualmente bella de presentar demandas de justicia y derechos humanos de una manera agradable y cariñosa. Es fácil unirse a ella. La mayoría de los mensajes de Protest Körpe son universales y tienen relevancia para muchos países. ¡Hagamos oír nuestros mensajes! Siento que podemos aprender nuevas tácticas creativas de Protest Körpe y de otras iniciativas y adaptarlas a nuestro contexto local. ¿No sería fantástico si esas campañas y movimientos pudieran conformar una red para que todos podamos compartir y aprovechar las experiencias de los demás?

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POLONIA: “La crisis de la democracia y los derechos humanos se agravará”

CIVICUS conversa con Małgorzata Szuleka sobre las recientes elecciones presidenciales de Polonia, celebradas durante la pandemia de COVID-19, y sobre el uso que hizo el partido gobernante de la retórica anti-LGBTQI+ para movilizar a su electorado. Małgorzata es abogada de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos (HFHR) de Polonia, una de las organizaciones de derechos humanos más grandes y antiguas tanto de Polonia como de la región. HFHR Polonia representa a víctimas de abusos de derechos humanos en procesos judiciales, realiza investigaciones y monitorea las violaciones de los derechos humanos. Desde 2015 ha hecho un activo seguimiento de las crecientes violaciones del estado de derecho en Polonia. Trabaja con organizaciones aliadas en Europa del Este, Asia Central, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos.

Małgorzata Szuleka

Tras su reprogramación, las elecciones polacas se realizaron en junio y julio de 2020. ¿Cuál fue la posición de la sociedad civil respecto de la celebración de elecciones durante la pandemia de COVID-19?

Originalmente las elecciones estaban programadas para mayo de 2020 y organizarlas planteaba un gran problema legal porque no existía un mecanismo legal para posponerlas. La única forma de reprogramarlas era declarar el estado de emergencia, según lo dispone la Constitución. No se pueden organizar elecciones durante un estado de emergencia o dentro de los 90 días siguientes a su finalización. Desde una perspectiva constitucional, una declaración oficial de que el país estaba experimentando una epidemia le hubiera dado al gobierno la prerrogativa de imponer el estado de emergencia. Esto hubiera extendido automáticamente el mandato del presidente hasta que se pudieran programar elecciones regulares, una vez superada la epidemia. Sin embargo, el gobierno no siguió este procedimiento. Las elecciones se reprogramaron y la segunda vuelta entre los dos principales candidatos se reailzó el 12 de julio de 2020 sobre la base de argumentos legales muy dudosos. Sin embargo, esto no fue cuestionado ni por la mayoría gubernamental ni por la oposición.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) primero presionaron al gobierno para que hiciera correctamente el llamado a las elecciones, instándolo a declarar un estado de emergencia. Cuando esto no ocurrió, las OSC intentaron plantear el tema del monitoreo internacional, principalmente en términos de equidad y financiamiento de la campaña. El problema era que se esperaba que las elecciones fueran libres pero no justas. Los medios públicos se inclinaron por el presidente Andrzej Duda, el candidato apoyado por el gobernante partido Ley y Justicia (PiS), y fueron extremadamente críticos y bastante poco profesionales en relación con todo candidato de oposición. Aunque no se había declarado el estado de emergencia, muchos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el acceso a la información, estaban limitados. Estas eran las principales preocupaciones.

También se presentó el problema de que la Corte Suprema confirmó la validez de las elecciones. El 12 de julio, el presidente Duda fue reelegido para un segundo mandato por un margen estrecho. Recibió el 51% de los votos, mientras que su contendiente de la opositora Coalición Cívica recibió el 49%. El presentismo apenas superó 68% y se presentaron más de 5.800 denuncias de irregularidades en el proceso. La Corte Suprema dictaminó que 92 de esas denuncias estaban justificadas pero no habían influido en el resultado final, por lo que declaró válidos los resultados. Lamentablemente, esta decisión pasó completamente por alto el problema de los fundamentos constitucionales y legales sobre la base de los cuales se habían convocado estas elecciones.

¿Se adoptaron medidas para proteger a la gente durante la campaña y el proceso de votación? ¿Tuvo la pandemia algún impacto sobre la participación?

La organización de la campaña implicó medidas sanitarias en materia de distanciamiento social y uso de mascarillas. Pero estas disposiciones no fueron completamente respetadas por ambas partes. Con fines de campaña, el gobierno relajó algunas restricciones; por ejemplo, aunque el uso de mascarillas faciales era obligatorio, se publicaron fotografías en las que el primer ministro no la llevaba puesta en público. También fue preocupante el hecho de que muchas autoridades participaran en la campaña electoral junto con el presidente Duda. Las instituciones públicas fueron instrumentalizadas por políticos del partido gobernante. El centro de seguridad gubernamental, responsable de la coordinación y la información en caso de emergencias o catástrofes naturales, envió mensajes de texto masivos el día de las elecciones. Cada votante recibió un mensaje que decía que las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad podrían votar sin hacer cola. Esto pudo haber sido utilizado para movilizar al electorado del partido gobernante. Este es solo un ejemplo, pero podría ser indicativo del rol desempeñado por las instituciones estatales para inclinar el campo de juego a favor del partido PiS.

¿Fue equitativa la cobertura de los medios durante las elecciones?

La cobertura de los medios públicos fue absolutamente injusta. El resto de la cobertura, mayormente por parte de medios privados, fue bastante buena; definitivamente no fue tan mala como la de los medios públicos, que fue utilizada para hacer propaganda y realzó la campaña del presidente Duda.

Uno de los reclamos electorales presentados ante la Corte Suprema se refería específicamente a la cobertura mediática. Manifestó que la televisión pública apoyaba al presidente al tiempo que desacreditaba sistemáticamente a su rival, y que las instituciones y funcionarios públicos violaron reiteradamente el código de conducta al apoyar a uno solo de los candidatos. Pero el problema en relación con el mecanismo de los reclamos electorales es que requiere que se demuestre no solo que la supuesta irregularidad ocurrió, sino también que ella tuvo un impacto sobre los resultados electorales. En elecciones presidenciales como esta, esto es algo muy difícil de probar. Además, el código electoral no regula la labor de los medios de comunicación, por lo que es difícil sostener legalmente que los medios de comunicación deben operar de manera diferente. Y en caso de hacerlo, también es difícil probar que la cobertura (o la falta de cobertura) recibida de un medio por un candidato en particular haya resultado en un determinado resultado electoral. Esto es algo que intuitivamente podemos suponer, particularmente ante resultados tan ajustados, pero es muy difícil crear un argumento legal sólido.

¿Qué implicancias tiene la reelección del presidente Duda para la democracia y los derechos humanos en Polonia?

Representa la continuidad de una tendencia muy preocupante. De todos los posibles temas de campaña, el presidente Duda escogió avivar la homofobia. La campaña tuvo lugar en el marco de un proceso de larga data de retroceso del estado de derecho, en medio de una crisis de las relaciones entre Polonia y la UE, durante un enorme desafío sanitario y al borde de una crisis económica que nos afectará a todas y todos los polacos. Pero ninguno de estos temas se convirtió en el foco de la campaña electoral y la discusión pública. El presidente Duda habló sobre todo de que las personas LGBTQI+ representan una amenaza para nuestra herencia tradicional cristiana, equiparando la homosexualidad con la pedofilia. El tema destiló en la narrativa divisiva, indignante y deshumanizante del partido PiS. Fue una movida muy pragmática de los astutos propagandistas del PiS porque movilizó al núcleo mismo del electorado. De repente, los grupos y comunidades LGBTQI+ se convirtieron en el chivo expiatorio de todo lo que está mal en Polonia. Es indignante lo que se politizó este tema y la forma en que se lo utilizó para deshumanizar a esta minoría. Fue un espectáculo doloroso y desgarrador.

Y esto no se terminó con la campaña. El presidente Duda es apenas un representante del partido PiS, por lo que dirá lo que sea necesario para mantenerlo alineado. No es más que una cuestión de cálculo y lucha interna de poder. En junio, el partido PiS apuntó contra la población LGBTQI+. En julio, apuntó contra las víctimas de violencia doméstica al iniciar un debate sobre la retirada del Convenio de Estambul. En agosto, propuso un sistema de registro de las OSC que reciben financiamiento del exterior. Ahora no sé quién será su próximo enemigo. No se trata solamente de que la actual mayoría gobernante sea homofóbica, sino también de que todo el tiempo necesita tener un enemigo con el que confrontar o a quien culpar.

Acabamos de entrar en una fase en la que no habrá elecciones por tres años, por lo que cabe esperar una gran consolidación del poder que permita al gobierno hacer todo lo que quiera: crear presión sobre las OSC, polarizar aún más a los medios de comunicación, atacar a grupos minoritarios y escalar el conflicto con la UE, entre otras cosas. Cabe esperar que todo esto ocurra durante los próximos tres años. Lo único que podría detenerlos es la evaluación pragmática de si se trata de algo que responde a la necesidad del momento o si acaso podría haber alguna otra cosa más importante. Pero creo que la crisis de la democracia y los derechos humanos en Polonia se profundizará.

El espacio cívico en Polonia es clasificado como “reducido” por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos-Polonia a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @hfhrpl y a @m_szuleka en Twitter.

 

#UN75: ‘La pandemia de COVID-19 demostró que las instituciones multilaterales son esenciales’

En conmemoración del 75º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas (ONU), CIVICUS está teniendo conversaciones con activistas, personas defensoras y profesionales de la sociedad civil acerca de los roles que la ONU ha desempeñado hasta ahora, los éxitos que ha conseguido y los desafíos que enfrenta de cara al futuro. Bajo condición de anonimato, el encargado de incidencia ante la ONU de una organización internacional de la sociedad civil habla de las oportunidades y los desafíos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se vinculan con diversos órganos de la ONU.

UN photo

¿Qué diferencia significativa considera que ha hecho la ONU?

La ONU ha marcado muchas diferencias positivas a lo largo de sus 75 años, y lo sigue haciendo ahora. Desde mi perspectiva, una significativa reafirmación reciente de la importancia de la ONU, que es una especie de reflejo invertido de sus fracasos o deficiencias recientes, es que su Secretario General (SGNU) ha respondido rápidamente a los aspectos de seguridad humana de la pandemia de COVID-19.

Una de mis críticas de larga data a la ONU ha sido su falta de liderazgo público de alto nivel. Este fue el enfoque adoptado por el actual SGNU, que privilegió la diplomacia entre bambalinas sobre la defensa abierta. No negaré que el SGNU se encuentra en una situación difícil, pero aun así no ha sido lo suficientemente asertivo a la hora de exigir a los principales estados rendición de cuentas por sus violaciones de derechos humanos.

Creo que la pandemia cambió las cosas de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo. El SGNU finalmente hizo lo que por regla general debería haber estado haciendo, es decir, dejó claro que no es cuestión de política o de tener que andar de puntillas para no herir la sensibilidad de ciertos estados miembros: hay que decirle al mundo que la única forma en que venceremos esta crisis es uniéndonos, y que ello requiere de una suspensión inmediata de las hostilidades a nivel mundial. Esto es aspiracional e idealista, pero también es técnicamente correcto.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), pese a sus evidentes desafíos, esencialmente mostró para qué sirve y reveló su relevancia para el público en general. Por supuesto, el Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) defraudó al SGNU como cuerpo político, pero aun así la pandemia demostró que las agencias de la ONU y las instituciones multilaterales en general son esenciales y que las necesitamos tanto en el contexto de una crisis de salud pública como para organizar una respuesta global a cualquier otra crisis global.

En el largo plazo, el logro evidente de la ONU ha sido construir un sistema multilateral y establecer un marco internacional basado en reglas para los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la protección de la población civil. Ese marco ya existe; el desafío es su implementación. Actualmente, no solo no estamos viendo que esa implementación tenga lugar, sino que además en los últimos años hemos venido presenciando una erosión permanente de dichas normas y estándares internacionales. China y Rusia están participando más activamente en conflictos en todo el mundo, en forma ya sea directa o indirecta, y se sienten envalentonados para desguazar a la ONU o reformar sus instituciones para ponerlas al servicio de sus objetivos, mientras que otros estados que tradicionalmente protegían e incluso defendían esas normas ahora están menos dispuestos o menos empoderados para hacerlo. La ONU avanzó mucho durante seis o siete décadas en la construcción de ese marco, pero ahora se encuentra bajo severas presiones.

¿De qué modo ha trabajado usted con la ONU y qué desafíos ha enfrentado?

Nuestro trabajo se centra en proteger a la población civil en conflictos armados, por lo que nuestras relaciones con la ONU se concentran casi en su totalidad en el CSNU y en las agencias de las áreas de seguridad y consolidación de la paz. Tendemos a relacionarnos con el Consejo de Derechos Humanos (CDHNU) y la Asamblea General (AGNU) principalmente cuando identificamos que el CSNU está completamente paralizado, lo cual desafortunadamente ocurre cada vez con mayor frecuencia. Pero en otros puestos que ocupé anteriormente trabajé con un amplio abanico de órganos de la ONU, incluidos el CDHNU, la AGNU y otras agencias que trabajan sobre cambio climático y educación, por lo que estoy al tanto de las oportunidades comparativas disponibles para la participación de la sociedad civil.

Las formas de participación de la sociedad civil en el CSNU son mucho más informales que las del CDHNU. Y creo que el hecho de que no haya procesos formales para la participación de la sociedad civil tiene bastantes ventajas, porque la ausencia de un proceso formal puede resultar en una participación más efectiva. En el CDHNU, hay un tema de agenda y 500 OSC hacen cola para dar una declaración de dos minutos, que ningún embajador escucha, y terminamos teniendo un proceso de participación artificial que no es demasiado productivo. Muchas OSC no logran identificar al CSNU como una oportunidad; piensan que no es un espacio para ellas. Esto significa que hay menos OSC buscando una vía de entrada, por lo que es un terreno menos concurrido.

Trabajar en el CSNU requiere de la construcción de relaciones directas con los estados que lo integran. No mantienes un perfil público alto. Estableces relaciones con las misiones y, a través de este proceso, a menudo terminas teniendo una influencia más directa y significativa. Por tanto, la ausencia de un proceso formal a menudo puede resultar en una participación más eficaz de las OSC. Es cierto que también puede ser más difícil, aunque esto depende de la composición del CSNU en lo que respecta a sus miembros electos. Algunos de ellos no tienen una larga historia de trabajo con la sociedad civil, no están muy interesados en escuchar o tienen muy poca capacidad de acción. Pero siempre hay algunos estados que priorizan la participación de la sociedad civil y reconocen que la única forma en que el CSNU puede adquirir legitimidad es reflejando las experiencias y perspectivas de las personas directamente afectadas. Quisiera subrayar que uno de los éxitos del CSNU en los últimos 20 años ha sido abrir un espacio para presentaciones de la sociedad civil, particularmente sobre temas de mujeres, paz y seguridad. La presencia de menos oradores significa que cada uno de ellos tiende a tener más peso: los 15 miembros del CSNU escuchan a una persona, que cuenta con tiempo ilimitado y mantiene el foco en la protección de la población civil o en el tema de que se trate. En términos de participación pública, es un signo de progreso.

Por supuesto, también está el hecho de que, nos guste o no, tenemos que interactuar con los cinco miembros permanentes del CSNU, porque están allí para quedarse y tienen poder de veto. Y en ese sentido, la situación actual es muy mala. Desde nuestra perspectiva, el actual gobierno de los Estados Unidos no está parado en el lugar correcto y no defiende consistentemente la rendición de cuentas por crímenes de guerra. Francia y el Reino Unido actúan en forma inconsistente según el país de que se trate, y China y Rusia sí tienen posiciones consistentes, pero basadas en razones equivocadas. China se está abriendo a la vinculación internacional con la sociedad civil, lo cual creo que es parte de una estrategia más amplia. Hace cinco o seis años, China no creía que necesitara tratar con la sociedad civil y parecía no reconocer la legitimidad de las OSC internacionales de derechos humanos, pero ahora sus embajadores han comenzado a aceptar reunirse colectivamente con grupos de la sociedad civil. Puede que sea apenas un ejercicio de relaciones públicas o que China haya ganado suficiente confianza como para confrontar directamente con las OSC internacionales. Es un cambio claro en su política exterior. Rusia, hay que reconocerlo, lleva mucho tiempo haciendo eso mismo, y hasta cierto punto reconoce que estas relaciones tienen algún valor, aunque la dinámica pueda ser difícil y contenciosa.

 

¿Cómo ha respondido a estos desafíos?

Con el CSNU la incidencia colectiva suele ser lo que mejor funciona. Cuando la sociedad civil logra formar coaliciones rápidas de organizaciones humanitarias, organizaciones de derechos humanos, socios locales, líderes religiosos y representantes de la juventud y presentar algunas demandas centrales que todos estos grupos compartan, obtiene credibilidad entre los miembros del CSNU y aumenta las probabilidades de que éste actúe con prontitud. Hay alrededor de 30 OSC que trabajan en forma estable con el CSNU. Tienen diferentes prioridades y una variedad de mensajes, por lo que ciertamente también participan individualmente. Pero el mensaje es más poderoso cuando se expresa de manera colectiva. Por ejemplo, si algo sale mal en Yemen y el Reino Unido está a cargo de la preparación del borrador de un documento, tiene mucha más fuerza la demanda de 12 organizaciones que enfocan colectivamente su reclamo frente al Reino Unido en los mismos puntos que las quejas individuales de esas mismas 12 organizaciones por separado.

¿Qué cosas actualmente no estarían funcionando y deberían cambiar?

Lo que debería reformarse a fondo es el veto, que es el núcleo mismo de la ONU y ha sido un problema desde el primer día. En este sentido, el CSNU claramente no es apto para cumplir sus objetivos; su composición y sus equilibrios de poder no reflejan el mundo en que vivimos hoy. No hay ninguna razón para que Francia o el Reino Unido tengan poder de veto, ni para que lo tenga ningún otro estado. El problema inherente de la ONU es que se construyó como parte de un acuerdo por el cual las potencias triunfantes de la Segunda Guerra Mundial tomarían las riendas del poder, y no hay forma de desmantelarlo en ausencia de un acuerdo unánime. En los casos de China, Estados Unidos, Rusia e incluso del Reino Unido, eso no ocurrirá. Francia, hay que reconocerlo, apoya - al menos públicamente – los procesos voluntarios para controlar el uso indebido del veto.

No quiero parecer demasiado pesimista, y tal vez sonaría diferente si estuviera hablando de otros temas, como los progresos realizados en dirección de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero el CSNU encarna la política del poder en su forma más pura y no hay participación ciudadana que pueda cambiar eso. La única forma de eludir el veto sería desmantelar la ONU y comenzar desde cero, a menos que de alguna manera nos encontráramos en un mundo paralelo en el cual estos cinco países fueran dirigidos por líderes ilustrados que se dieran cuenta en simultáneo de que deben renunciar a ese poder por el bien de la humanidad. Pero eso no podría estar más lejos de nuestra realidad actual, en la cual China, Estados Unidos y Rusia abusan del poder de veto y lo usan como arma para desacreditar a la ONU.

Al margen de este problema insuperable, otras cosas han ido cambiando para bien. Por ejemplo, los temas de cambio climático y seguridad ahora están en la agenda de CSNU. Al tiempo que China, Estados Unidos y Rusia se empeñan en impedir el uso de la expresión “cambio climático”, Alemania, Níger y varios estados más han establecido un grupo de trabajo informal sobre cambio climático, aunque para lograr colocar el tema en la agenda del CSNU debieran designarlo con una expresión alternativa, “degradación ambiental”. Obviamente, esto es algo que debería haber ocurrido hace décadas, pero al menos está sucediendo ahora y se trata de un progreso.

¿Qué lecciones para la cooperación internacional se pueden extraer de la pandemia de COVID-19? ¿Qué debería cambiar para que la próxima crisis nos encuentre mejor preparados?

Durante la pandemia, la sociedad civil apoyó y coordinó el trabajo para que se hiciera un llamamiento sin precedentes a un alto el fuego global. La declaración inicial del SGNU fue muy ambiciosa, al punto de ser poco realista, pero tenía toda la razón tanto en términos de lo que debería suceder en el mundo como en la actitud de asumir el liderazgo sin antes consultar con Donald Trump, Xi Jinping ni nadie más. Fue valiente y correcto. Por un momento, revitalizó el papel del SGNU y de la ONU en su conjunto.

Si bien la respuesta institucional de la ONU desde la cúspide fue buena, el CSNU fue un fracaso absoluto. China y Estados Unidos tuvieron conductas hostiles e inmaduras en momentos en que el futuro del mundo dependía de la efectividad de la ONU.

Por otro lado, la AGNU respondió razonablemente bien, tomando la iniciativa a pesar de no poder reunirse físicamente. A principios de abril aprobó una resolución para reivindicar la cooperación internacional y el multilateralismo en la lucha contra el COVID-19. Estratégicamente, México impulsó una resolución para instar a la cooperación internacional a la hora de asegurar el acceso global a medicamentos, vacunas y equipamiento médico para enfrentar el COVID-19, la cual fue adoptada por consenso a fines de abril. Sin embargo, en vistas de los desafíos que experimentó la AGNU, creo que una lección aprendida en materia de procedimientos refiere a la necesidad de que la ONU esté mejor preparada para trabajar en forma virtual en caso de otra crisis.

La evaluación del desempeño de otras instituciones multilaterales como la OMS cae fuera de mi área de especialización, pero todos hemos leído acusaciones de que en un comienzo no fue lo suficientemente agresiva con China. Esto se encuentra actualmente bajo revisión independiente, lo cual por lo menos sugiere que existen controles y contrapesos básicos.

 

COVID-19: ‘Necesitamos un nuevo contrato social basado en los derechos y en la prosperidad compartida’

Owen TudorCIVICUS conversa sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 y las medidas de emergencia sobre los derechos laborales, y sobre la respuesta brindada por la sociedad civil, con Owen Tudor, Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Reconocida como la voz global de los y las trabajadoras de todo el mundo, la CSI trabaja para promover y defender los derechos e intereses de las personas trabajadoras a través de la cooperación internacional entre sindicatos, la realización de campañas globales y la incidencia en las principales instituciones mundiales. La CSI adhiere a los principios de democracia e independencia sindical y agrupa a tres organizaciones regionales de África, las Américas y Asia y el Pacífico, al tiempo que coopera con la Confederación Europea de Sindicatos.

¿Cuáles han sido los principales impactos de la pandemia de COVID-19 sobre los derechos laborales?

La CSI recogió información de sus centrales sindicales nacionales afiliadas en forma regular durante los primeros meses de la pandemia y rápidamente entendió que, si bien en muchos países se observaban relaciones constructivas entre el gobierno y los sindicatos, en otros ello no ocurría. En muchos países como los de Escandinavia y el resto de Europa, y a menudo sobre la base de formas ya existentes de diálogo social, gobiernos, empleadores y sindicatos trabajaron juntos para desarrollar medidas para hacer frente a la pandemia y a sus efectos en los lugares de trabajo. Eso también sucedió en algunos países donde dicha cooperación ha sido más infrecuente, como Argentina, Georgia, Nigeria y el Reino Unido. A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacó la importancia del diálogo social como uno de los cuatro pilares de la acción contra la pandemia, junto con el estímulo de la economía y el empleo, el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos, y la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo.

Pero en algunos países, empleadores deshonestos y gobiernos neoliberales pensaron que podrían usar la pandemia para restringir los derechos de trabajadores y sindicatos, pasando por alto los límites al tiempo de trabajo o la seguridad del empleo. En países como Croacia y Lituania, hicimos campaña en apoyo de nuestras organizaciones afiliadas para evitar esos cambios, pero no en todas partes tuvimos éxito. En India, por ejemplo, los gobiernos estaduales implementaron una desregulación generalizada de las protecciones laborales.

¿Se han producido cambios en la forma de trabajo de los sindicatos?

En demasiados países se perdieron puestos de trabajo y se disparó el desempleo. Esto inevitablemente ha tenido un impacto sobre la organización sindical. Pero en varios países, incluidos algunos que habían experimentado reducciones en la tasa de afiliación sindical en el pasado reciente y otros donde la membresía sindical seguía siendo fuerte, el papel clave desempeñado por los sindicatos en defensa del empleo y el salario y su campaña por una cobertura de salud decente y seguridad en el trabajo resultaron en un aumento de la afiliación. En pocas palabras, los trabajadores vieron con mayor claridad la importancia de afiliarse a un sindicato para recibir protección frente a los malos manejos empresariales y las violaciones de sus derechos más fundamentales.

En algunos casos, la pandemia ha acelerado la experiencia de la organización virtual, a través de Zoom u otras plataformas de internet. Y en algunos casos estas tecnologías han llevado a los militantes sindicales a cambiar su punto de vista, pasando de concentrarse en explicar los beneficios de la afiliación a escuchar lo que quieren los potenciales afiliados. Esto no hizo más que acelerar una tendencia preexistente al desplazamiento de la idea de ofrecer a la gente un modelo que resuelva sus problemas hacia la idea de permitir que los y las trabajadoras definan qué es lo que mejor funciona para ellos. Como lo expresó un líder sindical australiano, “finalmente comenzamos a contactar a nuestros miembros en la forma en que ellos querían ser contactados”.

¿Cómo han trabajado los sindicatos para defender derechos y apoyar a sus afiliados y a sus comunidades durante la pandemia?

El trabajo cotidiano de los sindicatos se intensificó con la pandemia. Los sindicatos representaron a trabajadores bajo amenaza de despido, presionaron para obtener indemnizaciones adecuadas, buscaron un mayor acceso a la seguridad social, y plantearon las preocupaciones de las mujeres trabajadoras, que enfrentaron una discriminación aún mayor, y las de los y las trabajadores migrantes, a quienes les era negada la igualdad de acceso y de trato. En muchos casos, los sindicatos obtuvieron avances que antes no eran considerados posibles; ahora debemos defender esos logros para el largo plazo.

Los sindicatos han trabajado activamente con instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con gobiernos nacionales de todos los continentes y con empleadores desde el piso de fábrica hasta la sala de directorio de las multinacionales para garantizar la protección de los y las trabajadoras y sus empleos. Desde la negociación de planes nacionales de trabajo a corto plazo en Alemania, hasta la búsqueda de garantías para asegurar el respeto de los contratos en la industria global de la confección y la organización de políticas sectoriales para el regreso seguro al lugar de trabajo en Bélgica, los sindicatos se han estado rompiendo la espalda para garantizar que se reconozcan los intereses de los y las trabajadoras. Lamentablemente, cada vez que nos llega información acerca de la transmisión comunitaria del COVID-19, ésta suele referirse a casos ocurridos en el lugar de trabajo, por ejemplo en la industria hotelera y gastronómica, en la atención de la salud o en plantas de procesamiento de carne. Los sindicatos han subrayado la necesidad de que la salud ocupacional sea considerada tan importante como la salud pública y de que incluya la provisión de equipos de protección personal y el acceso a licencia paga por enfermedad.

Los sindicatos también han estado negociando ferozmente con los empleadores para detener los despidos, los cuales se han producido, vergonzosamente, incluso en empresas que fueron rescatadas con dinero de los contribuyentes. En algunos países, la ley ha impedido a los empleadores despedir trabajadores. Hemos negociado acuerdos para el trabajo domiciliario, que se está volviendo cada vez más común aún tras el retroceso de la pandemia. En Argentina los sindicatos negociaron una nueva ley de teletrabajo que aportó innovaciones tales como la de dar a los y las trabajadoras la oportunidad de decidir si quieren volver a sus lugares de trabajo.

¿Qué ha revelado la pandemia en relación con los problemas económicos y laborales subyacentes y los cambios que deberían producirse?

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la desigualdad masiva, incluidas las disparidades de ingresos, la injusticia racial y la discriminación de género, ya estaba motorizando una indignación que se traducía en disturbios civiles y desconfianza hacia la democracia. Si a ello se le suma la destrucción resultante de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, los riesgos para las economías y las sociedades ya eran evidentes. Adicionalmente, enfrentamos disyuntivas asociadas a los impactos positivos y negativos de la tecnología en ausencia de una perspectiva de derechos.

La pandemia ha puesto de relieve las fisuras que ya estaban presentes en el contrato social. La inadecuada provisión de atención médica hizo que las primeras semanas de la pandemia fueran particularmente preocupantes, ya que se temía que los hospitales no dieran abasto. Similares brechas de financiamiento en materia de cuidado de las personas mayores y disposiciones laborales abusivas requerían que los y las trabajadoras se trasladaran entre instalaciones residenciales y no pudieran tomar licencia por enfermedad cuando mostraban síntomas. La inseguridad del empleo y la insuficiente protección social obligaron a muchas personas a seguir trabajando estando infectadas para poder poner comida en la mesa familiar. El hecho de que no se les proporcionara el equipo de protección personal adecuado fue apenas el signo más visible de los déficits en materia de salud y seguridad ocupacional.

Para la economía en su conjunto, las nefastas predicciones de la OIT respecto de la pérdida de cientos de millones de puestos de trabajo en la fuerza laboral formal se vieron eclipsadas por el número de trabajadores y trabajadoras del sector informal que perdieron sus medios de vida. En cada una de estas áreas de falla sistémica, fueron las mujeres las que más padecieron la precariedad del empleo y gozaron de menores protecciones para su salud, y las que más se vieron afectadas por situaciones de confinamiento que obligaron a muchas a asumir la carga adicional del cuidado infantil no remunerado y arrojaron a algunas a la trampa de la violencia y el abuso.

Necesitamos reconstruir una realidad mejor, que incluya un nuevo contrato social que impulse la recuperación y la resiliencia brindando protección y garantías laborales universales, tanto para el empleado de tiempo completo de Amazon como para el precarizado conductor de Uber. La salud y la seguridad en el trabajo deben convertirse en derechos laborales tan fundamentales como el derecho a no ser esclavizado y el derecho de huelga. Necesitamos servicios públicos de salud, educación y agua de calidad y con financiación adecuada, como parte de un mecanismo de protección social universal. Y necesitamos regular el poder económico, imponiendo la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, salarios mínimos dignos y obligación de debida diligencia en materia de derechos humanos y normas ambientales en las cadenas de suministro.

Los sindicatos y los millones de afiliados que representamos pueden ayudar a lograr todo esto a través de la negociación colectiva con sus empleadores, el diálogo social con sus gobiernos y la participación en instituciones internacionales y multilaterales.

¿Qué deberían hacer los gobiernos y las empresas para trabajar mejor con los sindicatos, y qué rol podría desempeñar la comunidad internacional?

Los gobiernos y las empresas deben reconocer el rol fundamental de representación de los trabajadores que desempeñan los sindicatos, no solamente en las elecciones o cuando se negocian acuerdos salariales, sino durante todo el año y en todos los recovecos de la economía. Deben respetar los derechos y libertades fundamentales que los sindicatos necesitan para funcionar, incluidos la libertad de asociación, el derecho a negociar colectivamente y el derecho de huelga. Cuando toman decisiones que afectan a millones, si es que no a cientos de millones de personas, deben respetar el principio que reza “nada sobre nosotros sin nosotros”, lo cual significa que deben trabajar mano a mano con los sindicatos.

Al mismo tiempo, estamos frente a una crisis del multilateralismo, a menudo impulsada por políticos nacionalistas y populistas, pero también resultante del colapso de la confianza pública en la globalización impulsada por el comportamiento rapaz y motivado por el lucro de las corporaciones multinacionales globales y las poderosas empresas de tecnología.

El mundo enfrenta una convergencia de varias crisis; sin embargo, las instituciones globales establecidas para apuntalar y reforzar los derechos, la igualdad, el crecimiento inclusivo y la estabilidad global están en su punto de mayor fractura. Es necesario reforzarlas y reenfocarlas para que respondan a las necesidades de los seres humanos y del planeta.

La OMS ha demostrado ser necesaria a la hora de dar una respuesta global al COVID-19, pero aun así, es necesario asegurar que los riesgos para la salud se gestionen sobre la base de la ciencia y se provea acceso universal al tratamiento, sin compromisos políticos.

La Organización Mundial del Comercio preside un modelo comercial global que nos ha fallado tanto a los seres humanos como al medio ambiente. Y las instituciones de Bretton Woods se han desviado de sus mandatos al promover la reforma estructural neoliberal y las políticas de austeridad, los intereses de los países dominantes y la codicia empresarial. Esto debe cambiar.

La OIT, con su sistema tripartito único, es tan necesaria hoy como lo era cuando dio origen a un contrato social basado en un mandato de justicia social. Las partes involucradas deben estar hoy tan comprometidas con la garantía de un piso global de derechos y prosperidad compartida como lo estuvieron sus fundadores 100 años atrás, en 1919, y como lo reafirmó la Declaración de Filadelfia en 1944.

Trabajando con nuestros aliados en la sociedad civil, los sindicatos queremos construir un nuevo contrato social basado en esos principios. De lograrlo, podremos crear una mejor economía, una mejor sociedad y un mundo mejor.

Contáctese con la Confederación Sindical Internacional a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @ituc y a @Owen4ituc en Twitter.

 

SERBIA: “La crisis política se profundizará porque una gran porción de la ciudadanía carece de representación”

CIVICUS conversa con Ivana Teofilović acerca de las causas de las recientes protestas y la reacción del gobierno frente a ellas, así como sobre las elecciones celebradas en Serbia durante la pandemia de COVID-19. Ivana es coordinadora de programas de políticas públicas en Civic Initiatives, una asociación ciudadana serbia que persigue el objetivo de fortalecer la sociedad civil a través de la educación cívica, la promoción de valores y prácticas democráticos y la creación de oportunidades para la participación ciudadana.

Ivana Teofilovic

¿Por qué estallaron en Serbia protestas durante la pandemia de COVID-19, y cómo reaccionó el gobierno?

La causa inmediata de la reunión masiva y espontánea de ciudadanos en julio de 2020 fue el anuncio de la introducción de un nuevo toque de queda, es decir, una nueva prohibición de todo movimiento durante 72 horas. En cuanto terminó la conferencia de prensa del presidente, la gente descontenta comenzó a reunirse frente a la Asamblea Nacional en la capital, Belgrado. Si bien el motivo inmediato fue el descontento ante el manejo de la crisis del COVID-19, la ciudadanía también quiso manifestar su insatisfacción con muchas otras medidas gubernamentales y sus impactos, y en particular con las condiciones en que se habían desarrollado las recientes elecciones parlamentarias.

En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia de forma injustificada en decenas de casos y se extralimitaron en el uso de sus facultades legales. Su respuesta violenta frente a reuniones pacíficas espontáneas fue una grave violación del derecho a la libertad de reunión pacífica y una amenaza injustificada para la integridad física de un gran número de manifestantes. Las protestas estuvieron marcadas por el empleo de una gran cantidad de gas lacrimógeno, que fue arrojado indiscriminadamente contra las masas de manifestantes pacíficos. En consecuencia, en los días posteriores muchos manifestantes experimentaron problemas de salud. Aparte del hecho de que se utilizaron cantidades injustificadamente grandes, la atención pública se centró en el hecho de que el gas lacrimógeno utilizado estaba vencido.

Los medios de comunicación y la propia ciudadanía también informaron y documentaron muchos casos de abuso policial, incluido el de tres jóvenes que estaban tranquilamente sentados en un banco y fueron golpeados repetidamente con una porra por un agente de gendarmería. En otro incidente, un joven fue derribado al suelo y golpeado con porras por 19 agentes, pese a que había dos miembros de la Defensoría del Pueblo de guardia en la cercanías, precisamente para monitorear la conducta de la policía. Un gran número de individuos de civil provocaron más disturbios y actos de violencia. En su momento no se pudo determinar si se trataba de policías de civil o de miembros de fuerzas parapoliciales o de bandas criminales, pero luego numerosas pistas parecieron indicar que eran bandas delictivas vinculadas con las autoridades y que operaban bajo sus órdenes.

Los medios también desempeñaron un rol muy importante en las protestas. En este contexto, muchos trabajadores de los medios de comunicación se comportaron profesionalmente e informaron objetivamente sobre las protestas, convirtiéndose a menudo en víctimas de la brutalidad policial o de ataques de personas infiltradas entre los manifestantes para incitar disturbios. Según la Asociación de Periodistas de Serbia (NUNS), por lo menos 28 periodistas fueron agredidos mientras cubrían las protestas y 14 sufrieron lesiones físicas, que en seis casos requirieron atención médica urgente. Según un comunicado de NUNS, el herido más grave fue Zikica Stevanovic, periodista de la agencia de noticias Beta.

Sin embargo, los medios de comunicación cercanos al gobierno ignoraron o distorsionaron la imagen real de la protesta, difundiendo mentiras sobre quién la había organizado o financiado y quiénes habían participado en ella e ignorando o negando casos evidentes de abuso policial. Los periodistas, analistas y activistas de la sociedad civil que apoyaron públicamente las protestas y hablaron críticamente sobre el gobierno y el presidente fueron a menudo el blanco de campañas sensacionalistas y fueron difamados por los ocupantes de altos cargos políticos en un intento de desacreditar su trabajo.

También se utilizaron en su contra medidas burocráticas, por ejemplo mediante su inclusión en una lista compilada por la Dirección de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Finanzas para exigir a los bancos que examinen todas las transacciones financieras realizadas por ellos durante el año pasado. Las asociaciones e individuos afectados publicaron un comunicado conjunto con más de 270 firmas para pedir a las autoridades que hicieran públicas urgentemente las razones de la sospecha de que estas organizaciones e individuos podían estar involucrados en acciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. También dejaron claro que estas presiones no los disuadirían de seguir luchando por una Serbia libre y democrática.

La reacción violenta de la policía, el uso indiscriminado de la fuerza, la cobertura sesgada y las represalias gubernamentales motivaron aún más a la ciudadanía a protestar. En consecuencia, la gente salió a las calles en cantidades aún mayores en los días siguientes. Las protestas también comenzaron a tener lugar en otras ciudades serbias además de Belgrado, tales como Kragujevac, Nis, Novi Sad y Smederevo.

¿Ha experimentado la sociedad civil desafíos adicionales para continuar haciendo su trabajo bajo la pandemia?

Bajo el estado de emergencia impuesto en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero también después de levantado el estado de emergencia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentaron numerosas dificultades que obstaculizaron enormemente su trabajo. Durante las primeras semanas del estado de emergencia, algunas OSC que brindan servicios a grupos vulnerables no pudieron realizar sus actividades debido a la prohibición de circular, dificultad que solo se superó de manera gradual y parcial a medida que se fueron otorgando permisos especiales a ciertas categorías de personas.

Otro desafío fue el planteado por el Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos, adoptado en respuesta a los impactos económicos de la pandemia. Este reglamento no extendía la exención del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos, bienes de consumo y servicios donados al sector humanitario y sin fines de lucro para apoyar a grupos socialmente vulnerables. Por este motivo, un grupo de OSC envió al Ministerio de Hacienda una propuesta para ampliar la exención del IVA.

El mayor desafío para las OSC fue la sostenibilidad financiera, que se vio especialmente amenazada por la suspensión del concurso para proyectos co-financiados de importancia pública, a nivel tanto nacional como local. Además, si bien no eran suficientemente claras en lo que respecta a las OSC, las disposiciones del Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos excluían inequívocamente las iniciativas ciudadanas informales y, por lo tanto, ponían en peligro su supervivencia.

Además, el derecho a la libertad de expresión estuvo especialmente en peligro durante la pandemia. Los desafíos incluyeron restricciones enfrentadas por la prensa para asistir a las conferencias de prensa del Gabinete de Crisis y hacer preguntas, el desprecio expesado por funcionarios de órganos e instituciones gubernamentales hacia los representantes de los medios y la persecución de los medios de comunicación que expresaron críticas durante la pandemia. Estas restricciones abrieron las puertas a la difusión de información no verificada. La falta de información oportuna y objetiva resultó en una mayor propagación del pánico y dejó en evidencia que, además de una pandemia, Serbia enfrentaba una “infodemia”.

¿Qué opina la sociedad civil de la respuesta del gobierno a la pandemia y las condiciones en que se celebraron las últimas elecciones?

A pesar de la posición muy desfavorable en que se encontraron, las OSC desempeñaron un rol significativo durante la crisis del COVID-19. Las OSC también jugaron un importante rol correctivo de las acciones de gobierno, ya que presentaron numerosas propuestas de calidad para superar la crisis. En muchas situaciones fueron las OSC, debido a su mejor capacitación, las que asumieron las funciones de determinados servicios gubernamentales. La impresión predominante es que el Estado no estaba preparado para la crisis y, por lo tanto, no tenía capacidad suficiente para responder adecuadamente.

Por su carácter cerrado, el gobierno esgrimió la necesidad de actuar con velocidad y eficiencia como pretexto para eludir el diálogo. En la adopción de determinadas medidas se produjeron frecuentes violaciones de las leyes, la constitución y los derechos de la ciudadanía, y en particular del derecho de los periodistas a hacer su trabajo. Las medidas económicas no fueron adoptadas de manera oportuna y efectiva, lo cual puso en peligro a muchas OSC y a sus activistas, y en última instancia tuvo su mayor impacto sobre la ciudadanía en tanto que usuaria de los servicios de las OSC.

En cuanto a las elecciones parlamentarias, que se celebraron el 21 de junio tras ser aplazadas de su fecha original del 26 de abril, aún queda sin respuesta la pregunta acerca de la responsabilidad del gobierno para conducir un proceso electoral bajo la pandemia. Se sospecha que la decisión de realizar las elecciones fue motivada políticamente e irresponsable. Esta impresión se vio reforzada por el hecho de que, en las semanas posteriores a las elecciones, el número de infecciones y muertes por COVID-19 aumentó drásticamente. Daría la impresión de que los esfuerzos realizados por algunas OSC para crear las condiciones para el desarrollo de elecciones libres y democráticas no dieron los resultados deseados.

¿Cuáles fueron los principales obtáculos que impidieron que las elecciones fueran libres y justas?

Más allá de la pandemia, la principal preocupación respecto de las elecciones fue que estuvieron dominadas por el partido gobernante, a través de la presión sobre el periodismo y los medios de comunicación críticos y el control de los principales medios de comunicación, que carecen de diversidad de opiniones y cobertura equilibrada y son utilizados con fines de campaña.

La cobertura de los medios durante la campaña electoral fue un poco más equilibrada que en las elecciones anteriores, ya que el gobierno quería demostrar el carácter infundado de los reclamos de la ciudadanía y la oposición política respecto de las malas condiciones para la competencia electoral y la captura de los medios de comunicación. En principio, los candidatos recibieron igual trato por parte de los medios públicos, aunque los funcionarios públicos que hacían campaña a diario recibieron mucha cobertura adicional. Además, los miembros de la oposición que habían decidido boicotear las elecciones, y por lo tanto no presentaron candidatos, carecieron de espacio para presentar sus argumentos en la televisión nacional.

El trato desigual hacia los candidatos fue especialmente visible en los canales de televisión comerciales de alcance nacional, que brindaron apoyo logístico al partido gobernante y a sus socios de coalición. Este problema se vio agravado por la actitud pasiva del Organismo Regulador de Medios Electrónicos (REM), que jugó un papel casi imperceptible durante la campaña electoral. En mayo de 2020, el REM cambió su metodología de seguimiento de la representación mediática de los actores políticos, contando cada mención de una opción política como prueba de representación mediática. De ahí la conclusión de que la opositora Alianza por Serbia era el partido más representado. Pero en verdad la Alianza por Serbia, que boicoteó las elecciones, no recibió ninguna cobertura en la televisión nacional; en realidad, fue el blanco más frecuente de los ataques del partido gobernante y sus medios aliados. En ese sentido, otro problema de fondo es el marco normativo desigual: las regulaciones del REM relativas a los servicios de medios públicos son legalmente vinculantes, pero las relativas a las emisoras comerciales están redactadas bajo la forma de recomendaciones y no tienen efectos vinculantes, y no existen salvaguardas efectivas contra las violaciones.

¿Qué implicancias tienen los resultados de las elecciones para el futuro de la democracia y los derechos humanos en Serbia?

El gobernante Partido Progresista Serbio, que en verdad es un partido de derechas, obtuvo más del 60% de los votos y se quedó con unos 190 escaños parlamentarios, sobre un total de 250. Su socio de coalición, el Partido Socialista de Serbia, quedó en segundo lugar, con aproximadamente 10% de los votos, sumando unos 30 escaños a la coalición. En consecuencia, la Asamblea Nacional se quedó sin representantes de la oposición, abriendo un espacio adicional para el ejercicio de un poder ilimitado y sin obstáculos legales por parte del partido gobernante. Los últimos cuatro años son prueba de que la mera presencia de la oposición en el parlamento no es una barrera suficiente contra la arbitrariedad, ya que el gobierno ha perfeccionado mecanismos que le permiten vaciar de sentido a los procedimientos parlamentarios y restringir la libertad de expresión de los representantes de la oposición. Sin embargo, algunos legisladores de la oposición, a través de sus iniciativas, apariciones públicas y propuestas, habían logrado llamar la atención sobre los numerosos escándalos y las violaciones de la ley cometidas por los funcionarios.

Las protestas que siguieron a las elecciones parecen señalar en dirección de una mayor polarización y una profundización de la crisis política, ya que una gran porción de la ciudadanía carece de representación y se siente privada del derecho a elegir a sus representantes sin temor mediante elecciones libres y democráticas. Los más recientes intentos de lidiar con la sociedad civil, el periodismo y destacadas personalidades críticas mediante la promoción de investigaciones sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo hablan de una polarización cada vez más profunda. El desarrollo de los derechos humanos requiere de coordinación y cooperación entre las OSC y los órganos gubernamentales, así como de consenso social y voluntad política, por lo que ciertamente esto no está contribuyendo a mejorar la situación de los derechos humanos en Serbia. Por el contrario, está provocando una crisis cada vez más grave, el agravamiento de las desigualdades e injusticias y protestas más frecuentes.

El espacio cívico en Serbia es clasificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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CHILE: ‘Este histórico momento constituyente es un logro de la ciudadanía’

CIVICUS conversa con Marcela Guillibrand De la Jara, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile y Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar. La Red de Voluntarios es una plataforma nacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas que promueven el voluntariado. Ahora Nos Toca Participar es una iniciativa de organizaciones sociales agrupadas en el Nuevo Pacto Social (NPS-Chile) que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y a cohesión social mediante la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito sobre la reforma constitucional previsto para octubre de 2020 y en el proceso constituyente que se espera que se inicie con el plebiscito. La campaña se centra en la formación ciudadana, la creación de espacios de diálogo y la generación de propuestas para alimentar el proceso constituyente.

Marcela Guillibrand

A fines de 2019 se convocó a un referéndum para disparar un eventual proceso constituyente. ¿En qué medida se trató de una victoria de la sociedad movilizada?

En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse, para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando en nuestro país desde largo tiempo atrás.

Todo esto fue inicialmente motivado por el descontento de los jóvenes respecto de un alza de 30 pesos (0,33 USD) en el costo de la tarifa del sistema de transporte de la capital de Chile, el Metro. En reacción al aumento se produjeron manifestaciones que primero se tradujeron en la evasión del pago del pasaje pero que eventualmente se hicieron eco en consignas tales como “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al tiempo que llevamos viviendo en democracia – desde la transición que se produjo en 1990 - y al sentimiento compartido por gran parte de la población de que no somos parte de las decisiones que se han venido tomando. Esto fue alimentado por elevados índices de desconfianza en las instituciones, una gran desafección política y la reacción contra un modelo que empujó a nuestro país a una mirada y a una participación más individualista en todos los ámbitos.

Ante una movilización que no cedía, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de distintos sectores firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con ello se abrió a la ciudadanía la oportunidad de decidir a través de un plebiscito, que se realizará el próximo 25 de octubre, si desea una nueva constitución. Mediante el plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse además sobre el mecanismo que se utilizaría para redactar la nueva constitución: una convención constitucional, un órgano íntegramente elegido para ello, o por una convención mixta constitucional, que estaría compuesta por un 50% de congresistas actuales y un 50% de representantes elegidos para este cometido. Para un gran sector de la sociedad este proceso abre una oportunidad única de elegir de manera libre el Chile que queremos. Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro de la ciudadanía.

En el marco de este proceso, la sociedad civil también ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso. De imponerse en el plebiscito la opción de redactar una nueva constitución, regirá para la elección de constituyentes la regla de la paridad de género. Sin embargo, ésta solo operará plenamente si se impone la opción de la convención constitucional, ya que todos los integrantes de este órgano serían elegidos en un acto eleccionario. En cambio, en el caso de la convención mixta constitucional, las reglas de paridad operarían para la mitad del cuerpo que será electo, pero no para la mitad constituida por parlamentarios que ya ocupan una banca legislativa.

¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil chilena frente a la perspectiva de un proceso de reforma constitucional?

A medida que se acerca la fecha del plebiscito ha aumentado el interés sobre el tema. Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia de COVID-19, y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte. Así y todo, de a poco han manifestado un interés creciente en el tema constitucional. Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación ciudadana de los cuales puedan disponer y articular distintos espacios formativos a través de plataformas digitales y de otros mecanismos para llegar a distintos territorios, tales como las radios o la mensajería de texto.

En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red Nuevo Pacto Social, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente - que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra plataforma web, www.ahoranostocaparticipar.cl, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole. La idea es que todas las personas que lo deseen puedan encontrar respuestas en estos materiales sobre la constitución y el posible proceso constituyente, de modo de poder participar en el plebiscito de manera libre e informada y así contribuir a lograr la votación más masiva de la historia de Chile.

A causa de la pandemia, el plebiscito originalmente planeado para abril fue postergado para octubre. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la postergación y la fijación de la nueva fecha?

El escenario sanitario motivado por la pandemia obligó a las instituciones pertinentes a mover la fecha del plebiscito para octubre. El sector de sociedad civil con el cual nos relacionamos entendió que el cambio era necesario en función de un bien común superior, la salud de las personas. Por el momento damos por hecho que el plebiscito tendrá lugar en octubre, ya que las instituciones que podrían tomar la decisión de moverlo aún no lo han hecho, por lo que seguimos trabajando en función de esa fecha. Actualmente se están discutiendo temas relativos a la implementación del plebiscito, en primer lugar sobre los resguardos sanitarios, pero también sobre cómo promover la participación de la ciudadanía en esta instancia que sin duda tendrá características muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Se han conformado mesas de trabajo intersectoriales para trabajar en el tema. Primero el Senado formó una mesa para recibir recomendaciones y analizar experiencias comparadas con otros países que han estado en nuestra misma situación. Luego el Servicio Electoral dio continuidad a esta mesa, para seguir trabajando en la línea de garantizar un plebiscito seguro y participativo. A esta mesa han sido invitadas distintas OSC, entre ellas Ahora Nos Toca Participar. Junto a estas organizaciones produjimos un documento de recomendaciones que abarca desde los temas sanitarios hasta la regulación de las campañas, pasando por temas de acceso a información y formación ciudadana, que son nuestros temas. Actualmente, esta mesa continúa en funcionamiento.

¿Se están tomando medidas para que la participación ciudadana en la campaña y la votación no se vea menoscabada por efecto de la pandemia?

El actual escenario de pandemia naturalmente nos obliga a tomar resguardos. Por de pronto, el pasado 26 de agosto, se dio inicio al periodo de propaganda electoral, esto es, a la posibilidad de hacer propaganda en lugares públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral, así como también en los medios de comunicación. El debate está teniendo lugar con mucha fuerza en las redes sociales, que dada la necesidad de tomar recaudos, evitar las aglomeraciones y el contacto físico y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad, constituyen hoy el principal espacio de visibilización.

Cómo hacer para garantizar a todas las personas el derecho a participar el día del plebiscito es algo que ha estado en discusión. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, algunos lugares de nuestro país permanecen en confinamiento, múltiples sectores se encuentran en cuarentena por casos activos y hay comunas que habían iniciado un plan de desconfinamiento pero tuvieron que retroceder ante el rebrote del virus.

¿Cómo garantizamos el derecho a la participación de las personas contagiadas de COVID-19? ¿De qué alternativas disponemos? Estas son preguntas que hoy debate tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes que están en condiciones de dar una respuesta a esta demanda. 

En esta línea, en conjunto con diversas OSC estamos impulsando una serie de recomendaciones que atienden no solamente el aspecto sanitario - para que pacientes con COVID-19 puedan sufragar – sino también cuestiones tales como la garantía del acceso a información oportuna y de formación ciudadana para todas aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la participación por múltiples razones, entre ellas por no contar con canales de información adecuados para recibir los contenidos o porque éstos no se disponibilizaban en diferentes lenguas. En ese sentido, es importante que se hagan los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la participación, no solo a quienes en este momento podrían no estar en condiciones de ejercerlo por razones de salud, sino también a quienes se han encontrado históricamente en una situación más vulnerable, tales como los adultos mayores, los miembros de pueblos originarios, las poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes.

El espacio cívico en Chile es clasificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.

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NIGERIA: ‘La protesta antirracista global renovó el reclamo para que la policía rinda cuentas’

CIVICUS conversa con Nelson Olanipekun, abogado de derechos humanos y fundador y líder del equipo de Citizens’ Gavel, una organización nigeriana de tecnología cívica que trabaja para aumentar la velocidad de la impartición de justicia mediante la promoción del acceso a la justicia, la participación ciudadana y el uso de tecnologías digitales. Citizens’ Gavel fue fundada en 2017, en reacción a la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sector de la justicia.

Nelson Olanipekun1

¿Qué tipo de trabajo hace Citizens’ Gavel?

Citizens’ Gavel es una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Nigeria. Fue establecida hace tres años para hacer frente a la lentitud de los procesos judiciales, promover la rendición de cuentas y ofrecer apoyo legal. Nuestro principal objetivo es aumentar la eficacia de la impartición de justicia a través de la tecnología, la incidencia y el cabildeo estratégico, y reducir las violaciones de derechos humanos a través de políticas e incidencia legal. Actualmente estamos trabajando en conjunto con otras OSC en la reforma legal. En ese sentido, estamos tratando de convertirnos en un actor relevante en los procesos de formulación de políticas que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía nigeriana.

Trabajamos con casos que involucran problemas que van desde el encarcelamiento masivo hasta la falta de procesos digitalizados en el sector de la justicia. El proceso de administración de justicia en Nigeria es uno de los más lentos de África; en consecuencia, tenemos una elevada proporción de personas encarceladas en espera de juicio. Alrededor del 70% del total de personas encarceladas están esperando su juicio; apenas el 30% tienen condena. En 2017 presentamos una demanda colectiva en nombre de más de 500 personas que esperaban su juicio en prisión en el estado de Oyo. Estas personas ya habían pasado varios años en la cárcel, pese a que la ley establece que se puede retener a los acusados durante un máximo de 28 días antes de llevarlos ante los tribunales. También digitalizamos los listados de causas de más de 30 tribunales de Nigeria y nos concentramos en mejorar la cooperación entre los actores del sector judicial.

Brindamos representación legal gratuita para los detenidos con prisión preventiva que no pueden pagar un abogado. Hemos desarrollado programas y aplicaciones para que las víctimas de abusos de derechos humanos y sus familias puedan buscar ayuda legal fácilmente. Entre ellos se destaca Podus, una plataforma tecnológica que permite a las personas con prisión preventiva conectarse con el abogado pro bono que se encuentre más cerca. Esta plataforma fue creada específicamente para jóvenes que no tienen fácil acceso a abogados o a los programas de justicia. Contamos con más de 160 abogados en 24 estados de Nigeria y con un equipo legal de respuesta rápida de siete abogados. Hasta ahora hemos resuelto 1.500 casos. Otra aplicación de tecnología que desarrollamos para el área de justicia es el Reloj de la Justicia (Justice Clock), una plataforma tecnológica que calcula la cantidad de tiempo que los reclusos pasan detenidos y la cantidad de días que los sospechosos pasan en juicio en comparación con lo que disponen la Ley de Administración de Asuntos Penales y otras leyes. La plataforma también ofrece un espacio donde los actores del sector de la justicia -el poder judicial, la policía, los fiscales y los funcionarios penitenciarios- pueden informarse sobre las mejores prácticas internacionales y mejorar su trabajo. Hemos colaborado estrechamente con el estado de Ogun para implementar con éxito el Reloj de la Justicia de modo que el sector de la justicia, y específicamente el director del Ministerio Público y el Comisionado de Justicia del estado de Ogun, se aseguraran de que se respetaran los plazos constitucionales dentro de los cuales los acusados en espera de juicio pueden permanecer encarcelados.

Hacemos un seguimiento de los casos que involucran violencia sexual y de género (VSG), tomamos casos de brutalidad policial, monitoreamos las campañas anticorrupción y los casos de corrupción para brindar información relevante al público, y abogamos por las personas indigentes y las conectamos a través de la tecnología. Nuestra preocupación por esta población surgió de la constatación de que el número de personas pobres que permanecen presas en espera de juicio va en aumento. Si no reciben ninguna ayuda, los acusados sin medios económicos pasan mucho tiempo en la cárcel por delitos menores, simplemente porque no pueden pagar la fianza ni sobornar a la policía. También son vulnerables y pueden ser obligados a confesar delitos que no cometieron y en consecuencia puede que terminen pasando en prisión períodos aún más prolongados.

Citizens’ Gavel también trabaja en el tema del abuso policial. ¿Cuál es la situación en Nigeria, y cómo resonaron localmente las protestas globales provocadas por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos?

La brutalidad policial es un gran problema en Nigeria y llevamos bastante tiempo trabajando en el tema. En abril de 2019, por ejemplo, instamos a la Policía de Nigeria para que realizara una evaluación de la salud mental a los oficiales que habían cometido abusos o asesinatos; caso contrario iniciaríamos acciones legales.

En Nigeria, la protesta global ante la muerte de George Floyd renovó el reclamo de que la policía rinda cuentas y la gente comenzó a compartir historias de sus interacciones con agentes de policía. En conjunción con los problemas locales preexistentes, el incidente ocurrido en los Estados Unidos y sus resonancias globales realzaron las voces locales que se pronunciaban contra la brutalidad policial. Tuvimos la oportunidad de contribuir a este movimiento abordando las quejas que los ciudadanos nos hicieron llegar y continuamos trabajando para garantizar que los policías culpables rindan cuentas de sus actos.

¿De qué modo se han profundizado los problemas de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19?

En cuanto comenzó la pandemia hubo un aumento de los casos de brutalidad policial relacionados con la aplicación de las medidas de confinamiento y el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las interacciones entre ciudadanos y agentes de policía aumentaron y como resultado de ello hubo más denuncias en contra de agentes de policía. Hacia abril de 2020, parecían ser más las personas muertas a manos de la policía que las fallecidas a causa del COVID-19. Además, los abusos cometidos por la Unidad del Escuadrón Especial Antirrobo de la Fuerza de Policía de Nigeria continuaron durante la pandemia, y las autoridades siguieron sin procesar a los agentes que cometieron actos de tortura y delitos violentos, en su mayoría contra hombres jóvenes de bajos ingresos.

Otra epidemia de larga data, la de la VSG, también floreció bajo la pandemia. Antes de la pandemia, alrededor del 30% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años de edad habían sufrido abusos sexuales. Al tiempo que previenen los brotes del virus, las medidas de confinamiento representan una amenaza creciente para la seguridad de mujeres y niñas, ya que obliga a las víctimas de VSG a permanecer encerradas junto con sus abusadores. Entre marzo y abril de 2020, las denuncias de VSG aumentaron 149%. El confinamiento también comprometió la disponibilidad y el acceso a servicios, ya que muchos centros y refugios para víctimas de VSG cerraron o redujeron la gama de servicios que brindaban. Como resultado, estos servicios esenciales estuvieron en falta precisamente en el momento en que las sobrevivientes más los necesitaban.

En respuesta a esta situación, Citizens’ Gavel aumentó la cantidad de casos de VSG que maneja. Estamos haciendo todo lo que podemos teniendo en cuenta que las reuniones físicas y las intervenciones legales fueron suspendidas y los miembros de nuestro equipo han estado trabajando de forma remota durante varios meses. Afortunadamente, nos resultó relativamente fácil manejar la situación porque somos una organización de tecnología cívica y nuestro personal ya estaba capacitado en el uso de herramientas virtuales.

¿De qué modo podría la sociedad civil internacional apoyar su trabajo?

Agradeceríamos toda oportunidad de capacitación que nos ponga en mejores condiciones para atender mejor a las comunidades locales con las que trabajamos. También nos gustaría conocer las estrategias que mejor han funcionado para frenar los abusos de derechos humanos en otros contextos.

Citizens’ Gavel pone mucho énfasis en el uso de la tecnología para resolver algunos de los problemas de justicia que tiene el país y ha podido desarrollar algunas herramientas tecnológicas en ese sentido; sin embargo, nos gustaría aprender más sobre las tecnologías que están funcionando en otros contextos. El acceso a plataformas internacionales a través de las cuales podamos exigir que nuestro gobierno rinda cuentas también es clave para nuestra estrategia.

El espacio cívico Nigeria is calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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POLONIA: ‘Inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción’

CIVICUS conversa con Klementyna Suchanow, activista, autora e investigadora basada en Varsovia, Polonia, acerca del reciente anuncio del gobierno polaco de que comenzará el proceso de retirada del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer. Klementyna es una de las fundadoras del Paro de Mujeres de Polonia (Polish Women’s Strike) y del Paro Internacional de mujeres. El Paro de Mujeres de Polonia es un movimiento feminista de base fundado en 2016 para defender los derechos de las mujeres contra la iniciativa del gobierno para prohibir y criminalizar el aborto. Durante la pandemia del COVID-19, el movimiento se ha mantenido unido y activo a través de un grupo de Facebook y continúa movilizándose por los derechos de las mujeres polacas.

Klementyna Suchanow

¿Cuál ha sido en los últimos años la situación de Polonia en materia de género?

Vivimos bajo un gobierno conservador, y aunque nunca diría que hace cinco años esto era el paraíso, la situación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ recientemente ha empeorado. Cada día presenciamos más ataques verbales y físicos contra grupos marginados. Se han establecido divisiones a lo largo de líneas políticas y los principales blancos de agresiones han sido los inmigrantes y las personas LGBTQI+. Las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y las elecciones presidenciales de este año han estado enfocadas sobre todo en el odio contra las personas LGBTQI+. La ola de odio es muy intensa y lidiar con ella es un gran desafío.

La situación de las mujeres y los movimientos por los derechos de las mujeres es ligeramente diferente. Nuestra nueva corriente de feminismo popular es muy inclusiva y pragmática. Es por eso que tantas jóvenes se han unido a nosotras en los últimos meses. Vemos que las generaciones más jóvenes están más politizadas y conscientes. De modo que el movimiento de mujeres está en una posición muy fuerte. Es el único movimiento que ha podido obligar al gobierno a dar un paso atrás en su intento de prohibir el aborto en 2016, y posteriormente en otros temas. Parece que nuestra ira los asusta, pero siguen haciendo cosas para empeorar nuestra situación.

En resumen, las mujeres estamos experimentando reveses en nuestra situación legal pero nuestro poder sigue creciendo. No estoy segura de si este es el caso de la comunidad LGBTQI+, porque se trata de un grupo minoritario y está más expuesta. La situación de las personas LGBTQI+ definitivamente está empeorando en todo sentido.

¿Se han producido más retrocesos en materia de género durante la pandemia del COVID-19?

Aprovechando la pandemia, el gobierno y otros actores han hecho varios intentos para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En mayo de 2020, el parlamento polaco propuso un proyecto de ley que eliminaría la obligación legal de los centros médicos de derivar pacientes a otras instituciones en caso de negarse a proporcionar servicios de aborto en función de las creencias personales de su personal. Según la ley polaca actual, el aborto solo es legal cuando la vida de la madre está en peligro, el embarazo es el resultado de una violación o el feto tiene alguna deformidad grave. Aproximadamente el 98% de los abortos que se realizan caen en esta última categoría, pero en mayo se propuso un proyecto de ley para eliminar esta cláusula. En junio, nuevas disposiciones del Código Penal impusieron duras penas de prisión para quienes apoyen a las mujeres mediante servicios relacionados con el aborto.

Las modificaciones de las leyes sobre el aborto introducidas durante la pandemia surgieron de un proyecto cívico presentado por una organización fundamentalista. Nosotras organizamos protestas, lo cual fue una locura, porque ¿cómo se hace para protestar durante una pandemia, cuando la gente no tiene permitido reunirse? Por eso nos volvimos creativas: inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción. Organizamos “colas de protestas”, paradas en fila con dos metros de distancia fuera de una tienda cercana al edificio del Parlamento, de modo de cumplir con las regulaciones de la cuarentena, mientras sosteníamos carteles y paraguas. Esto sucedió en varias ciudades, no solamente en la capital, Varsovia. Como no se nos permitía caminar libremente, también organizamos “protestas en automóvil”. Así interrumpimos el tráfico y bloqueamos la plaza principal de Varsovia durante aproximadamente una hora.

Estas protestas fueron bastante efectivas. Las enmiendas no avanzaron y ahora están “congeladas”. Fueron enviadas a una comisión parlamentaria, pero la comisión no las está estudiando. No han sido rechazadas ni aprobadas. Pero esto también significa que en el futuro podrían ser resucitadas repentinamente y tendremos que volver a lidiar con ellas.

Este gobierno ha dejado claro desde el principio que no apoya los derechos de las mujeres y no le importa la violencia contra las mujeres. Desde que llegó al poder, recortó el financiamiento de los centros de apoyo a las mujeres, los cuales han tenido que recurrir al crowdfunding o están sobreviviendo con donaciones privadas, porque ya no tienen acceso a la financiación estatal. Sin embargo, también se han logrado algunos avances, como ocurrió con una ley que se aprobó recientemente, a propuesta de un partido de izquierda, y que faculta a los agentes de policía a emitir órdenes de restricción que prohíben a los perpetradores de violencia ingresar al hogar de la víctima durante 14 días. Esto ha contribuido a separar inmediatamente a las víctimas de los perpetradores.

Por otra parte, en los últimos meses las autoridades han anunciado repetidamente que están pensando en sacar a Polonia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Al principio no nos lo tomamos demasiado en serio. Pero siempre es así: primero prueban las aguas para ver qué tan lejos pueden llegar, y si no encuentran demasiada resistencia comienzan a avanzar. El tema no se planteó ni durante la campaña ni durante la elección presidencial, pero apenas una semana más tarde quedó puesto en la agenda. Muchos hechos graves, tales como arrestos de activistas, tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones.

Ahora la situación se está poniendo grave. Varios ministros han hecho anuncios y el presidente ha aprobado la idea de retirarnos del Convenio de Estambul. También están haciendo mucha propaganda en los medios estatales para convencer a la gente de que el Convenio trata sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, las encuestas muestran que más del 60% de la población está en contra de abandonar el Convenio, en comparación con apenas 15% que apoya la idea. La mitad de quienes se oponen votaron por el partido gobernante. Es extraño que el gobierno esté llevando esta iniciativa tan lejos, dado que va en contra de las opiniones de sus propios votantes.

 

Habiendo estado al frente de la huelga de mujeres polacas de 2016, ¿qué opina de la situación actual?

Estamos tan acostumbradas a escuchar malas noticias que este último anuncio no nos sorprendió. La situación en Polonia es tal, y cada día suceden tantas cosas malas, que una se vuelve inmune a las malas noticias.

Durante la pandemia, todo se ha vuelto muy político. En lugar de poner el foco en cuidar la salud de las personas, todo se politizó. Se suponía las elecciones presidenciales iban a ser en mayo y hubo mucha discusión sobre si debían realizarse; finalmente se las postergó para finales de junio. El partido gobernante sabía que estaba perdiendo popularidad porque el sistema de salud no es lo suficientemente eficiente y su propio Ministro de Salud estaba ganando mucho dinero mediante la provisión de máscaras y equipos médicos. Por eso el partido gobernante presionó para que las elecciones fueran lo antes posible, antes de que perdiera demasiados votos. Y en lugar de cuidar nuestra seguridad y nuestras vidas, se enfocó en hacer avanzar su propia agenda política. Los intentos de prohibir el aborto fueron indignantes y decepcionantes porque en un momento tan crítico uno espera más responsabilidad de su gobierno.

Yo sabía que la gente estaba cansada de movilizarse, así que me sorprendió ver que tanta gente salió a defender el Convenio de Estambul, que se convirtió en un tema de discusión nacional en los medios de comunicación y en todas partes. Se ha creado mucha energía positiva en torno de este tema, y esto nos está dando la fuerza que necesitamos para detener la iniciativa.

Llevamos cinco años protestando. La protesta tiene su propia dinámica: hay que percibir cuál el momento para decidir cómo reaccionar; a veces intentas una cosa y no funciona. Todo es un experimento. Pero en este momento, sentimos que hay una energía real y un impulso que debemos aprovechar. Hay mucho interés por parte de los medios extranjeros y mucha receptividad en relación con este tema. Esto es un poco extraño, porque en el pasado cada vez que intentamos hacer algo en relación con la violencia contra las mujeres fue muy difícil hacer que la gente se movilizara en las calles. Hay algo en el tema de la violencia que hace difícil traducir los sentimientos en acciones callejeras. Si bien muchas personas lo experimentan o conocen a alguien que ha sido víctima de violencia, prefieren no reaccionar. Muchas veces en el pasado fracasamos cuando intentamos organizar algo sobre el tema de la violencia, pero esta vez la gente se enganchó. Puede que ahora tengamos la oportunidad de defender el derecho a una vida libre de violencia, convirtiéndolo en un problema para el gobierno.

¿Enfrentan los y las activistas polacas que trabajan temas de género alguna restricción de su derecho a organizarse, expresarse y movilizarse?

Soy escritora y artista, y como resultado de mi activismo me han cortado las subvenciones estatales. Ninguna institución estatal quiere trabajar conmigo en este momento, porque si mi nombre aparece en alguna lista, se convierte en un problema para ellos. También podría ser arrestada o llevada a los tribunales por una fundación legal de derecha como Ordo Iuris. Por supuesto, también está el discurso de odio: el gobierno usa tu nombre y tu imagen para hacer propaganda en los medios estatales, y también puedes ser atacada por troles en las redes sociales. La policía te puede hacer daño, como me pasó a mí durante una protesta en 2018. Esta situación se fue dando de forma paulatina, pero en este momento hay una amplia gama de formas de represión disponibles. Por el momento, sin embargo, no he oído hablar de activistas feministas que hayan experimentado ataques físicos procedentes de civiles.

Soy una de las activistas que comenzaron a emprender acciones directas contra el gobierno, de modo que me acusan de muchas cosas. A Ordo Iuris no le agrado porque escribí un libro revelando detalles acerca de la red fundamentalista internacional de la cual forma parte. Estoy en su lista de enemigos, pero hasta ahora no me han demandado. Dicen que están trabajando en su lista de acusaciones en mi contra, porque son muchas. Durante nuestra última protesta, miembros de Ordo Iuris se acercaron a un oficial de policía y trataron de convencerlo de que me pidiera identificación. Pero la policía de Varsovia nos conoce, conoce nuestras caras, sabía que yo no había hecho nada ilegal durante la protesta y rechazó su exigencia.

¿De qué manera puede la sociedad civil llamar a rendir cuentas a un gobierno cada vez más autoritario como el de Polonia, y qué apoyo de la sociedad civil internacional necesita para hacerlo?

Con respecto al Convenio de Estambul, estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que los fondos europeos deben asignarse teniendo en cuenta la situación real del respeto de los derechos humanos por parte de cada miembro de la Unión Europea (UE). La UE cuenta con un nuevo instrumento que establece que la financiación debe estar vinculada a la adhesión a los principios y prácticas democráticos. Estamos tratando de convencer al Consejo de Europa, la fuente del Convenio de Estambul, de que introduzca medidas similares contra los gobiernos que atacan los derechos de sus ciudadanos. Se trata de vincular el financiamiento con el respeto y la promoción de los derechos humanos. El dinero es el único idioma que los gobiernos entienden. Actualmente hay seis ciudades polacas que no reciben fondos europeos por haberse declarado “zonas libres de LGBTI”, lo cual es considerado un acto contrario a los derechos humanos. Quisiéramos plantear este tema junto con las mujeres turcas, que enfrentan una batalla similar contra la iniciativa de su gobierno de retirar al país del Convenio de Estambul. No puedes atacar los derechos humanos como lo están haciendo Hungría y Rusia, y aun así seguir siendo tratado por el Consejo de Europa igual que todos los demás, como interlocutor válido en la conversación. Este es un nuevo enfoque que estamos tratando de que la gente entienda.

Queremos que las organizaciones internacionales de la sociedad civil presionen a los políticos locales para que tomen conciencia de que los temas de derechos humanos y fondos deben considerarse en forma inseparable. El Consejo de Europa también debe entender esto para que podamos sentar un precedente y, en el futuro, tanto aquí como en otros países las mujeres estén protegidas. Si tenemos un gobierno autoritario que hace lo que quiere, aun cuando la ciudadanía no está de acuerdo, necesitamos contar con algunas protecciones externas. Todo lo que tenemos en Polonia es represión, de modo que necesitamos que alguien de fuera esté de nuestro lado y no nos deje solos.

El espacio cívico en Polonia es calificado de “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’

CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.

El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola de protestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. El CIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.

Patrick Poon

¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?

La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.

La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.

La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.

La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.

Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.

¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?

La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.

¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?

Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.

En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.

El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.

¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?

La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.

El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

 

#BEIJING25: ‘Nos indignamos ante la discriminación y transformamos nuestros reclamos en acciones’

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS conversa con Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e integrante del Secretariado de la campaña Gqual, una iniciativa global que busca promover la paridad de género en la composición de los organismos internacionales.

viviana Krsticevic

¿Cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en mejoras concretas?

Todavía nos falta mucho para garantizar que las mujeres podamos vivir con autonomía sin el lastre de la discriminación. Claramente, hay disparidades y afectaciones entre las mujeres por la edad, la situación económica, el color de la piel, la etnicidad, la calidad de migrantes o campesinas y muchas otras situaciones que definen parte de nuestra experiencia. Las cifras a nivel global de disparidades en la educación, el acceso a la salud, a la propiedad y los puestos de poder evidencian la enorme desventaja en la que estamos las mujeres en la mayor parte de las sociedades y los pesos diferenciados de la desigualdad. Por ejemplo, según datos de ONU Mujeres actualizados al primer semestre de 2020, a nivel mundial solo el 6,6% de las jefaturas de gobierno son ocupadas por mujeres, así como el 20,7% de los cargos ministeriales; asimismo, las mujeres ocupan el 24,9% de las bancas parlamentarias. La subrepresentación de mujeres también se ve reflejada en otros ámbitos, tales como el acceso a la educación: a nivel global, el 48,1% de las niñas no se encuentran escolarizadas. También se observa en el terreno laboral, ya que las mujeres perciben un 23% menos de ingresos económicos que los hombres. Lo mismo puede decirse de la prevalencia de la violencia de género: la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estima que 87.000 mujeres fueron víctimas de femicidios en todo el mundo en 2017, y que más de la mitad –50.000, es decir el 58%- fueron asesinadas por sus parejas o miembros de sus familias.

Es decir, falta mucho por andar, pero hemos avanzado significativamente en los 25 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing. Algunos ejemplos importantes son las conquistas, en las leyes y en la calle, en rechazo de la violencia machista y al feminicidio, el reconocimiento de las afectaciones diferenciadas de la violencia que afecta a las mujeres afrodescendientes, las modificaciones en las políticas para enfrentar la mortalidad materna, los avances en el acceso a los puestos de gobierno o legislativos, la revisión del valor de las tareas de cuidado y el desarrollo de marcos legales para el hostigamiento laboral, entre otras.

En parte, estos avances fueron posibles gracias a las sinergias entre los procesos nacionales de cambio y los procesos internacionales de elaboración de metas y reconocimiento de derechos. En este sentido, el objetivo de desarrollo sustentable (ODS5) sobre la igualdad de las mujeres, pactado a nivel mundial en el ámbito de la ONU, es una de las herramientas clave para lograr el respeto de la autonomía individual y del desarrollo colectivo de la comunidad. Acompañando esta meta consensuada por los gobiernos, hay una serie de espacios institucionales que promueven su avance en los niveles internacional y regional.

A ello se suma el hecho de que muchas mujeres de diversos sectores, en América Latina y en el mundo, nos indignamos ante la discriminación y la violencia estructural y transformamos nuestros reclamos en acciones. Ejemplos de ello han sido las iniciativas de #NiUnaMenos, #SayHerName y #LasTesis, entre muchas otras. El análisis, la protesta y la propuesta son claves para asegurar la superación de las estructuras discriminatorias.

¿Por qué es importante la paridad de género en la representación, y cuál es la situación en las instituciones internacionales? 

Uno de los argumentos más significativos de las mujeres y otros movimientos en búsqueda de representación es el de la igualdad, ya que muchas veces la ausencia de las mujeres de los sitios de toma de decisiones no es el resultado de una decisión propia sino el efecto de los techos de cristal, las discriminaciones implícitas y la segmentación de los mercados de trabajo, entre otros factores. A ello se suma el argumento del impacto de la participación igualitaria en la riqueza de los debates, la innovación y la debida diligencia en la toma de decisiones, la legitimidad y la sostenibilidad de ciertos procesos, entre otros posibles efectos benéficos de la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. En este mismo espíritu, varias convenciones internacionales innovadoras han incluido cláusulas para promover la representación y la igualdad de género. La Resolución 1325 de la Asamblea General de la ONU sobre paz y seguridad también incluye lenguaje sobre la necesidad de la participación de las mujeres en los procesos de paz.

Este reconocimiento contrasta con la limitada participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, las normas y los mecanismos instaurados en la mayor parte de dichos espacios no aseguran la participación de las mujeres en condiciones de igualdad ni la representación paritaria.

En el ámbito internacional, en los espacios que deciden sobre la guerra y la paz, el curso del derecho penal internacional, el alcance de los derechos humanos, el derecho económico, el derecho ambiental y muchas otras cuestiones clave, las mujeres están subrepresentadas a niveles insólitos. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia actualmente cuenta con apenas tres juezas mujeres (19%) e históricamente ha habido solamente cuatro mujeres sobre un total de 108 magistrados (3,7%). En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo una de los siete integrantes actuales es mujer (14,3%), y en la Corte Penal Internacional las mujeres son apenas seis sobre un total de 18 miembros (33%). Finalmente, 10 de los 56 mecanismos especiales de la ONU hasta el día de hoy nunca han sido ocupados por una mujer.

En otras palabras, las mujeres están al margen de las decisiones que se toman en la mayor parte de los temas más significativos para el futuro de la humanidad en lo político, lo judicial y los procesos de paz. Esta realidad contrasta con el reconocimiento del derecho a la participación en el ámbito internacional en condiciones de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ampliamente ratificada a nivel mundial, y con las aspiraciones de participación balanceada o igualitaria propuestas en diferentes espacios de la ONU y otras instituciones.

¿Cuál fue el origen de la campaña Gqual, cuáles son sus objetivos, y qué han logrado hasta la fecha?

Teniendo en cuenta la realidad de los techos de cristal y las involuciones drásticas que se han producido recientemente en la composición de algunos órganos, un grupo de mujeres y hombres convencidos del valor de los espacios paritarios y diversos nos unimos en una iniciativa para impulsar la paridad de género en los espacios de justicia y monitoreo a nivel internacional. Con ese objetivo lanzamos la campaña Gqual en septiembre de 2015. Desde allí impulsamos compromisos individuales e institucionales con la paridad de género en la representación internacional, el desarrollo de investigaciones, estándares y mecanismos que promueven la igualdad de género en los espacios de monitoreo y de justicia a nivel internacional, el debate vibrante y oportuno sobre el tema para hacer avanzar la agenda de igualdad, y la generación de una comunidad de discusión y acción sobre el tema.

Entre las acciones de la campaña se encuentran el seguimiento y distribución de la información sobre los puestos disponibles en la esfera de la justicia internacional. Enviamos cartas y publicamos información en redes llamando la atención acerca de las oportunidades y las disparidades, promovemos investigaciones académicas, y hacemos propuestas para la modificación de los procedimientos de nominación y selección de quienes ocupan los puestos de justicia y monitoreo a nivel nacional e internacional. Entre las iniciativas más interesantes se cuenta el ranking donde incluimos el número de hombres y mujeres en puestos por país. También hacemos reuniones de personas expertas para contribuir al desarrollo de documentos especializados. Adicionalmente, hacemos sinergia con los procesos de selección en los espacios de la justicia a nivel nacional y participamos de debates sobre representación a nivel nacional e internacional, de modo de avanzar en la agenda más amplia de cambio político y social en favor de la igualdad.

Quiero invitar a todas y todos a sumarse a la campaña en línea y a seguirla e interactuar con ella en redes sociales. Desde el lanzamiento de la campaña hemos avanzado en el debate del tema y hemos tenido varios logros significativos, entre los que se cuentan resoluciones de la ONU y la Organización de los Estados Americanos sobre equilibrio de género en la composición de órganos internacionales, la sistematización de información sobre la composición de puestos en el ámbito de la ONU desagregados por género e investigaciones excelentes que permiten fundamentar las obligaciones internacionales de los estados y los organismos internacionales, entre muchos otros. Al trabajar por el acceso de las mujeres a los espacios internacionales en condiciones de paridad, la campaña Gqual impulsa varios de los compromisos expresados en los ODS: el de igualdad, el de acceso a la justicia, el de lucha contra la pobreza y el de compromiso con la paz.

¿Qué apoyo de la sociedad civil internacional se necesita para seguir impulsando la campaña?

El mayor apoyo que la sociedad civil internacional podría dar a la campaña es sumarse al debate sobre la importancia de asegurar la participación paritaria de las mujeres en los espacios de monitoreo y justicia a nivel internacional. Dependiendo de las posibilidades de cada persona, organización o institución, quizás puedan avanzar en agendas más específicas a nivel local o internacional en sinergia con los objetivos de la campaña. Por ejemplo, impulsando que el gobierno de su país haga seguimiento de sus nacionales en puestos de elección, haciendo investigaciones de campo sobre los procesos de selección, escribiendo sobre las obligaciones constitucionales o derivadas del derecho internacional para garantizar la igualdad en el acceso a la representación internacional, haciendo campañas de sensibilización pública, o escribiendo para el blog de la campaña o en periódicos locales. Dada la desigualdad estructural y la inercia de algunos gobiernos que los vuelve reacios a actuar, la sociedad civil y la ciudadanía deben exigir que las autoridades aseguren que las mujeres sean nominadas y consideradas para puestos de toma de decisiones a nivel internacional y nacional. La sociedad civil también puede ayudar a impulsar el debate recopilando datos y publicando análisis y estudios.

Quiero resaltar que por la naturaleza de la campaña -que surge de la iniciativa de mujeres que abogan por la igualdad y que en su mayoría donan su tiempo para conseguir avanzar- les agradecemos cualquier aporte de tiempo o donaciones para apoyar el trabajo y las iniciativas. Queremos un mundo más justo, igualitario y en paz, y para eso precisamos que las mujeres intervengan en pie de igualdad en la toma de las decisiones que nos atañen a todos y todas.

Contáctese con la campaña Gqual a través de su página web o su perfil de Facebook, y siga a @GqualCampaign, a @cejil y a @mundopenelope en Twitter.

 

BURUNDI: ‘Elegir nuevos líderes no es sinónimo de democracia’

CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones en Burundi con un activista de la sociedad civil que por razones de seguridad ha preferido conservar el anonimato.

El 20 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19, se celebraron en Burundi elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. En marzo, dos meses antes de las elecciones, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (ONU) sobre Burundi lanzó un llamamiento a la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las instituciones regionales, para que unieran fuerzas para alentar al gobierno de Burundi a reabrir los espacios democráticos, civiles y políticos. El día de las elecciones, el presidente de la Comisión de Investigación afirmó que no estaban dadas las condiciones para realizar elecciones libres y creíbles. Según informó el CIVICUS Monitor, miembros de la oposición recibieron amenazas de muerte y sufrieron agresiones físicas, además de enfrentar obstáculos administrativos, ya que varias candidaturas fueron rechazadas. El líder de un partido opositor fue asesinado y otros candidatos fueron arrestados bajo acusaciones falsas. El periodismo independiente enfrentó obstáculos sistemáticos, tales como el arresto de periodistas y el bloqueo de las plataformas de redes sociales.

Burundi Elections

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¿Se han introducido mayores restricciones al espacio de la sociedad civil como resultado de la respuesta del gobierno de Burundi a la pandemia del COVID-19?

El espacio cívico en Burundi se ha mantenido cerrado desde abril de 2015, tras los disturbios políticos provocados por la decisión del recientemente fallecido expresidente Pierre Nkurunziza de postularse para un controvertido tercer mandato. Esto provocó una violencia generalizada que dejó al menos 1.200 muertos y obligó a 400.000 personas a huir del país. Sorprendentemente, en marzo de 2020, mientras la pandemia del COVID-19 se propagaba en casi todos los países africanos, las autoridades de Burundi abrieron un espacio para que se llevaran a cabo campañas para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de mayo. Pero cabe concluir que el espacio cívico continúa estando cerrado en términos de las posibilidades de expresión de toda crítica abierta al modo en que se maneja políticamente el país, lo cual incluye las críticas a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia durante el período electoral.

¿Qué posición mantuvo la sociedad civil respecto de la decisión de celebrar elecciones durante la pandemia?

La decisión de las autoridades de Burundi de habilitar la continuidad de las campañas electorales en un período en que muchos otros países africanos estaban tomando medidas de confinamiento para detener la propagación del COVID-19 fue interpretada como una negación de la realidad de la pandemia orientada a salvar los intereses políticos del partido gobernante, el CNDD-FDD (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia), en detrimento de la salud de la población.

A pesar de los temores de un contagio masivo de COVID-19, una de las razones por las cuales el gobierno se apuró a realizar las elecciones fue la oportunidad de realizar un proceso electoral en ausencia de un número considerable de observadores independientes e internacionales que pudieran denunciar cualquier irregularidad. Dado que la Comisión Electoral Nacional Independiente estaba compuesta principalmente por miembros del partido gobernante, esta decisión puso al gobierno en posición de manipular los resultados de las elecciones tanto como lo quisiera.

¿Fue el resultado de las elecciones aceptado por la mayoría de la ciudadanía?

El 20 de mayo de 2020 el candidato del CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, fue elegido presidente con el 71% de los votos. El partido gobernante también ganó 72 de los 100 escaños en juego en la Asamblea Nacional.

Tan pronto como la Comisión Electoral anunció estos resultados, partidos de oposición como el Consejo Nacional para la Liberación, que quedó en un distante segundo lugar, declararon a medios extranjeros que las cifras oficiales no eran creíbles y eran el resultado de un fraude masivo. Lo cierto es que las elecciones se realizaron en un contexto de permanente represión de la oposición política, los medios independientes y la sociedad civil. No hubo observadores internacionales porque el gobierno les había advertido que, a causa de la pandemia, quienes vinieran tendrían que permanecer en cuarentena durante 14 días a partir de su llegada.

Algunos, como la Iglesia Católica, hicieron algunas críticas discretas en relación con los incidentes que marcaron el proceso electoral. Otros susurraron -ya que en Burundi no es fácil hacer críticas abiertas- que los resultados de las elecciones habían sido manipulados. Pero eso fue todo. Miembros poderosos de la comunidad internacional, como los gobiernos de Bélgica y los Estados Unidos, se apresuraron a saludar al presidente electo, y la Comunidad de África Oriental felicitó a Burundi por haber celebrado unas elecciones “pacíficas y exitosas”.

En mi opinión, los resultados de las elecciones fueron finalmente aceptados porque se temió que habría derramamiento de sangre si el rechazo abierto de los resultados de las elecciones por parte de la oposición fuera seguido de protestas callejeras.

¿Qué posibilidades hay de que el resultado de las elecciones conduzca a un mejoramiento de la democracia y el espacio cívico?

Hay quienes dicen creer que elegir nuevos líderes es sinónimo de democracia. El resultado de las elecciones de mayo de 2020 ayudó a Burundi a cambiar los rostros de los principales líderes y a mostrar que el dictador que nos había gobernado durante 15 años ya no dirige al país. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la campaña electoral, el nombramiento de funcionarios bajo sanciones económicas europeas o estadounidenses por haber cometido abusos de derechos humanos y la retórica política utilizada para retratar a algunos países y a sus líderes como colonialistas muestran que la democracia en Burundi todavía tiene un largo camino por recorrer.

Sin embargo, algunas medidas de lucha contra la corrupción y otros abusos que ha tomado el presidente Ndayishimiye desde que asumió el cargo nos llevan a creer que la impunidad de que gozaron algunas autoridades locales bajo el gobierno de Nkurunziza podría llegar a su fin.

Muchos creían que el plan era que el expresidente Nkurunziza siguiera detentando el poder entre bastidores. ¿Han cambiado las perspectivas como resultado de su muerte?

El expresidente Nkurunziza murió inesperadamente en junio, antes de que asumiera su sucesor. Como ya había un presidente electo, el Tribunal Constitucional decidió que éste debía prestar juramento con dos meses de anticipación.

Muchos creyeron que la muerte de Nkurunziza permitiría al presidente Ndayishimiye gobernar con total independencia, y así pareció confirmarlo en su discurso inaugural, donde prometió entablar un diálogo amplio sobre todos los temas. Es demasiado pronto para asegurar que el hecho de que Nkurunziza haya quedado fuera de la ecuación permitirá que el nuevo gobierno abra el espacio cívico y para saber si el nuevo presidente aprovechará esta oportunidad. Sin embargo, resulta alentador ver que el nuevo presidente ya se ha reunido con los líderes de otros partidos políticos, con expresidentes de Burundi y con obispos de las iglesias católica y anglicana, y ha prometido promover el diálogo. Estamos ansiosos por corroborar si sus palabras se convertirán en acciones.

Al mismo tiempo, sin embargo, recientemente el ministro del Interior ha emitido una resolución para suspender hasta nueva orden el registro de nuevas organizaciones de la sociedad civil e iglesias y el reconocimiento de las nuevas autoridades de las organizaciones. Esta decisión es inconsistente con el cambio que se busca. Si se mantiene, impedirá que la sociedad civil crezca y se convierta en un interlocutor legítimo y públicamente reconocido.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional para contribuir a mejorar el espacio cívico en Burundi?

Es difícil establecer unas pocas prioridades, ya que son muchas las cosas que es necesario poner en marcha para que Burundi se convierta en una tierra de libertades. Sin embargo, sería vital involucrar al gobierno de Burundi en un diálogo multidimensional. Es necesario relanzar la cooperación internacional de manera que ésta ayude al gobierno de Burundi a poner fin a la pobreza endémica. La comunidad internacional debe abogar por la repatriación de todas las personas refugiadas, incluidas las que tienen órdenes de arresto del gobierno de Burundi, y garantizar su protección. Y también debe ofrecer su mediación para resolver el conflicto entre Burundi y sus países vecinos, especialmente Ruanda, a fin de facilitar la circulación de personas y bienes y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Si se persiguen las prioridades sugeridas, las autoridades de Burundi podrían llegar a darse cuenta de que Burundi no está aislado y que la comunidad internacional no está actuando para sabotear sus intereses, sino en cambio para fortalecer los aspectos positivos de la globalización en todos los ámbitos.

El espacio cívico en Burundi es calificado de “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

 

SRI LANKA: ‘El control de los medios le dio al gobierno una gran ventaja’

CIVICUS conversa con Sandun Thudugala, Director de Programas de Law and Society Trust (LST), acerca de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Sri Lanka el 5 de agosto de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19. LST es una organización de investigación y defensa legal fundada en 1982 en Colombo, Sri Lanka, con el objetivo de promover reformas legales para mejorar el acceso a la justicia, la judicialización de los derechos y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

Ante las elecciones de agosto de 2020, el CIVICUS Monitor documentó el hecho de que abogados de derechos humanos y periodistas estaban siendo sujetos a arrestos, amenazas y acoso. Un informe del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, publicado en mayo de 2020, también mostró que la sociedad civil enfrentaba desafíos para registrarse y operar y diversas barreras para el ejercicio del derecho de protesta.

Sandun Thudugala

¿Cuál era la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil antes de las elecciones?

Como ocurre en muchos otros países, en Sri Lanka la situación de las libertades cívicas y el espacio para la sociedad civil siempre ha sido precaria. Incluso bajo el gobierno anterior, que se suponía que apoyaba más a la sociedad civil y a la agenda de derechos humanos, continuaron los esfuerzos para introducir nuevas leyes draconianas para controlar la sociedad civil y socavar las libertades básicas en nombre de la lucha contra el terrorismo.

La situación empeoró con la elección de Gotabaya Rajapaksa como nuevo presidente en noviembre de 2019. Su campaña electoral, basada en las ideas de la supremacía del budismo cingalés, la sociedad disciplinada y la seguridad nacional, recibió el apoyo de una abrumadora mayoría, y en particular de la comunidad budista cingalesa. El resultado fue interpretado como un mandato otorgado al gobierno para que pudiera socavar las libertades básicas y el espacio cívico en nombre de la seguridad nacional y el desarrollo.

Ha habido indicios de una mayor militarización de todos los aspectos de la sociedad y del debilitamiento de las instituciones democráticas, como el nombramiento de miembros de las Fuerzas Especiales Presidenciales, que solo rinden cuentas al presidente, en puestos clave de gobierno. También se ha transmitido un claro mensaje de falta de voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales, incluida la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el gobierno anterior había apoyado y perseguía el objetivo de promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka tras el conflicto interno desarrollado entre 1983 y 2009. Lo mismo se observa en relación con los mecanismos nacionales de derechos humanos.

Han aumentado la vigilancia de las actividades de la sociedad civil y los arrestos de activistas activos en las redes sociales. Esto ha reflejado claramente el intento de socavar las libertades y el espacio cívico ante las elecciones. La situación se vio agravada por la pandemia del COVID-19. La necesidad de hacer frente al virus ha sido utilizada como excusa para incrementar la militarización y la concentración de poder en manos del presidente.

¿Cuáles fueron los principales temas de campaña?

El gobierno, encabezado por el recientemente electo presidente Rajapaksa, del partido Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), quería alcanzar la mayoría de los dos tercios en el Parlamento para estar en condiciones de reformar la actual constitución y otorgar poderes adicionales al presidente. Ese ha sido el principal objetivo de la campaña electoral del SLPP. La necesidad de un gobierno fuerte para proteger las aspiraciones de la mayoría budista cingalesa, defender la soberanía nacional y fomentar el desarrollo económico fueron, por consiguiente, algunos de los principales temas de su campaña. La popularidad que tenía el presidente tras su victoria en las elecciones presidenciales fue utilizada para movilizar a los votantes en apoyo del SLPP.

Los principales partidos de la oposición estaban divididos, y en la campaña electoral sus conflictos internos fueron más prominentes que sus mensajes electorales. Una de sus principales promesas fue brindar asistencia económica a las personas pobres que habían resultado más afectadas por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento.

Durante la campaña electoral ninguno de los partidos principales puso de relieve cuestiones centrales tales como la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza democrática, la justicia para las víctimas de la guerra, y la búsqueda de soluciones de más largo plazo para los problemas étnicos o las causas fundamentales de la pobreza rural, el endeudamiento y la desigualdad.

¿Hubo alguna discusión acerca de la conveniencia de realizar las elecciones en el contexto de la pandemia?

El gobierno quería llevar a cabo las elecciones lo antes posible. Estaba dispuesto a realizarlas en abril de 2020, tal como estaba previsto, aun cuando estábamos en lo peor de la pandemia. Casi todos los partidos de la oposición se opusieron a la celebración de elecciones en abril. Posteriormente, la Comisión Electoral decidió posponerlas hasta agosto de 2020 debido a los riesgos para la salud que podría conllevar su realización. En agosto la situación había mejorado considerablemente, por lo que no hubo una gran oposición a la realización de las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de agosto.

Hasta donde yo sé, no se consideró la posibilidad de habilitar el voto vía internet para esta elección. No creo que Sri Lanka tenga la infraestructura y la capacidad para ofrecer esa opción en este momento. Más del 70% de los votantes habilitados emitieron sus votos y, con excepción de las personas que todavía se encontraban en centros de cuarentena, no experimentaron obstáculos significativos a la hora de votar. Aunque sí hubo incidentes cuando algunas fábricas privadas negaron a sus empleados el permiso para ir a votar.

¿Fue posible desarrollar una campaña “normal” en el contexto de la pandemia?

La Comisión Electoral publicó una serie de pautas sanitarias e impuso controles importantes sobre la campaña electoral. No se permitieron grandes mítines o reuniones, pero el gobierno y los principales partidos de la oposición violaron estas pautas sanitarias al organizar abiertamente actos públicos y otras reuniones, y no enfrentaron ninguna repercusión. Quedó claro que los partidos con mayor poder contaban con una clara ventaja que les permitía eludir ciertas reglas. Además, los candidatos de los principales partidos políticos, que tenían más dinero para invertir en campañas en medios electrónicos y en redes sociales, corrieron con una clara ventaja sobre los demás.

Gracias a su control sobre los medios estatales y al apoyo que recibió de la mayoría de los medios privados, tanto electrónicos como impresos, el gobierno tuvo una clara ventaja sobre la oposición durante la campaña electoral. Los partidos políticos más pequeños de la oposición se encontraron en la posición más desventajosa, ya que no obtuvieron ningún espacio significativo de aire ni de publicidad en los principales medios de comunicación.

Esto seguramente afectó los resultados de las elecciones, en las que el SLPP, liderado por el presidente Rajapaksa y por su hermano, el expresidente Mahinda Rajapaksa, obtuvo 145 escaños parlamentarios sobre un total de 225. El partido opositor Samagi Jana Balavegaya, establecido a principios de 2020 como resultado de un desprendimiento del Partido Nacional Unido, de derecha, obtuvo 54 escaños. El partido Illankai Tamil Arasu Kadchi, que representa a la minoría étnica tamil, obtuvo 10 escaños, y otros 16 escaños se dividieron entre 12 partidos más pequeños. En consecuencia, el 9 de agosto el hermano del presidente fue designado Primer Ministro de Sri Lanka por cuarta vez.

¿Pudo la sociedad civil desempeñar algún rol significativo en el proceso electoral?

Aparte de participar en el monitoreo de las elecciones, la participación de la sociedad civil independiente en el proceso electoral fue mínima. Este fue un cambio drástico en comparación con las elecciones de 2015, en las cuales la sociedad civil desempeñó un rol clave en la promoción de una agenda de buena gobernanza y reconciliación en el marco de la campaña electoral. Las divisiones dentro de la oposición y el contexto del COVID-19 dificultaron el efectivo involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Algunas organizaciones intentaron producir un discurso sobre la importancia de proteger la 19a enmienda a la Constitución, que limitaba los poderes presidenciales al tiempo que fortalecía el papel del parlamento y las instituciones independientes y los procesos de rendición de cuentas, pero no obtuvieron espacios significativos para discutir estos temas en los medios de comunicación ni en ningún otro espacio público.

El espacio cívico en Sri Lanka es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con Law and Society Trust a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @lstlanka y a @SandunThudugala en Twitter.

 

COVID-19: ‘Los refugiados pagaron un precio mayor en una crisis que se creyó que afectaba a todos por igual’

CIVICUS conversa sobre la situación de los refugiados del clima y los crecientes desafíos enfrentados durante la pandemia del COVID-19 con Amali Tower, fundadora y directora ejecutiva de Climate Refugees. Fundada en 2015, Climate Refugees defiende los derechos de las personas desplazadas y obligadas a migrar, incluso a través de las fronteras, como consecuencia del cambio climático. Documenta sus casos para arrojar luz sobre las brechas de protección y los vacíos legales y aboga por la adopción de soluciones con perspectiva de derechos humanos y la creación de normas y políticas que protejan a las personas afectadas por la migración y el desplazamiento impulsados por el cambio climático.

Amali Tower

Su organización se llama Climate Refugees (“refugiados del clima”) aunque actualmente el término no tiene respaldo en el derecho internacional. ¿A qué se debe esta elección? ¿Piensa que esta categoría debería ser oficialmente reconocida?

Es verdad, el concepto no existe en el derecho internacional, pero los factores que impulsan la migración están cada vez más entrelazados, como se ha observado en el caso de las personas refugiadas y desplazadas internamente por efecto de conflictos y persecuciones. No es diferente en el contexto de la migración climática, que para millones de personas no es un problema puramente ambiental, sino una cuestión de justicia. Para muchas poblaciones que dependen de la tierra, los cambios climáticos tienen efectos sobre la supervivencia y los medios de vida, con impactos que exceden con creces lo individual, ya que afectan a la familia, la comunidad, la producción y las empresas locales. De modo que, antes de ser un factor que contribuye a la migración, el clima es un factor que durante años provoca profundas pérdidas y sufrimientos, se expresa en pérdidas económicas y tiene ramificaciones políticas. Esto se observa, por ejemplo, entre los agricultores de subsistencia del África subsahariana, de América Central y de muchas otras regiones. En este contexto, una persona desplazada por los impactos del cambio climático es al mismo tiempo desplazada por factores económicos y políticos, dado que en muchos países la situación política y los sistemas económicos tienen una gran vinculación con la situación del medio ambiente.

Además, es importante recordar que los impactos del cambio climático y la migración y el desplazamiento provocados por el clima no son riesgos futuros. Se trata de una realidad que muchas personas ya están experimentando, y que se está manifestando en algunos de los sitios más frágiles del mundo y está siendo padecida por poblaciones empobrecidas y vulnerables que casi no han tenido responsabilidad alguna en la generación del cambio climático.

Por eso abordamos el tema como una cuestión de igualdad y justicia. Habiendo trabajado durante mucho tiempo en la protección de personas refugiadas, habiendo entrevistado y proporcionado servicios a innumerables refugiados que huían del conflicto y la persecución, como lo establece la definición legal, soy plenamente consciente de la controversia y la reacción que esto puede provocar. Me costó tomar esta decisión, pero en última instancia, no pude reconciliar la definición legal con años de testimonios de personas que huían por razones diversas y que resaltaban entre sus motivaciones el impacto de años de devastación ambiental más que la guerra que todos sabíamos que estaba ocurriendo.

De modo que finalmente nos decidimos por el término “refugiados climáticos” o “refugiados del clima” para provocar una discusión. Para enfatizar la responsabilidad política por el cambio climático. Para generar conciencia sobre los dispares impactos del cambio climático, que sobre algunas personas son letales. Para contribuir a las políticas públicas, provocarlas y desafiarlas. Para subrayar las necesidades escuchando la voz de las personas afectadas y para ayudarles a conseguir protección legal. En definitiva, para presentar esto como una cuestión de igualdad.

En el terreno de las migraciones hay mucha discusión –hay quienes dirían que confusión- en materia de terminología. No hay consenso sobre los términos apropiados, por lo que se utilizan términos diversos, tales como “migración inducida por el clima” y “migrantes ambientales”.

Creo que debemos tener cuidado de no simplificar el mensaje. Pero tampoco debemos emplear una terminología demasiado técnica sobre los temas de fondo y el sufrimiento que tantas personas de carne y hueso están experimentando. Debemos ayudar a los formuladores de políticas y a la ciudadanía a comprender que toda situación compleja supone una cantidad de factores coadyuvantes. A menudo las personas se han trasladado, convirtiéndose en refugiadas, como consecuencia de conflictos y sequías; basta con mirar el caso de Somalia. Otras personas se trasladan en busca de seguridad y mejores oportunidades para ganarse la vida, como lo estamos viendo en el caso de Centroamérica.

Debemos dejar en claro que la línea divisoria entre migración “forzada” y “voluntaria” es a menudo malinterpretada, si es que no se trata de una falsa dicotomía.

En resumen, utilizamos la expresión “refugiados del clima” para llamar la atención sobre la responsabilidad política de los países ricos y de ciertas industrias a la hora de garantizar acceso a la justicia, compensación, protección e igualdad en todos los niveles, porque las soluciones también deben ser multifacéticas.

¿Qué tipo de trabajo hace Climate Refugees?

Climate Refugees es una organización de investigación e incidencia que produce informes a partir del trabajo de campo y se involucra en la formulación de políticas para examinar el cambio climático a través de una lente humana y ayudar a incluir y amplificar las voces de las comunidades cuyos medios de vida y seguridad han sido afectados y que han sido desplazadas u obligadas a migrar. De lo contrario, la conversación sobre el cambio climático seguiría siendo fría y abstracta, en vez de centrarse en los impactos que tiene sobre comunidades enteras y sobre seres humanos de carne y hueso.

Además de producir informes en los sitios críticos de desplazamiento climático, educamos y contribuimos a generar conciencia acerca de los impactos del cambio climático sobre la movilidad humana en tiempo real y en formas no siempre exploradas, a través de dos publicaciones: EN FOCO: El desplazamiento climático en las noticias (SPOTLIGHT: Climate Displacement in the News) que, como su nombre lo indica, es un resumen actual de noticias globales y análisis de expertos acerca de los impactos del cambio climático sobre las migraciones, los derechos humanos, las leyes y políticas, los conflictos y la seguridad; y PERSPECTIVAS: El desplazamiento climático en el terreno (PERSPECTIVES: Climate Displacement in the Field), que incluye artículos sobre una variedad de temas relacionados con las migraciones y los desplazamientos inducidos por el clima, con opiniones de expertos e historias en primera persona.

El objetivo que perseguimos con estas publicaciones es ofrecer información y presentar historias de personas migrantes y desplazadas y análisis experto a través de una lente de justicia climática que resalte los impactos desproporcionados del cambio climático sobre las poblaciones marginadas y desfavorecidas que son las menos responsables del cambio climático. Creo que, en gran medida, fundé esta organización para poder tener la conversación que creo que muchos de nosotros queremos tener, en torno de la idea de que estamos ante todo frente a una cuestión de justicia e igualdad y de que nuestras soluciones deberían derivarse de esa constatación.

¿Se han visto las personas refugiadas por el clima particularmente afectadas por la pandemia del COVID-19 y las restricciones derivadas de ella? ¿Qué se está haciendo al respecto?

La pandemia del COVID-19 proporciona un buen ejemplo de un aumento de las violaciones de derechos en un contexto de crisis, y una refutación enfática de la afirmación de que “estamos todos en el mismo barco”. Las personas migrantes y refugiadas ciertamente pagaron un precio más alto durante una pandemia global que muchos creyeron que afectaba a todos los seres humanos por igual. Es difícil lograr mantener la distancia social cuando se es una persona desplazada que vive en condiciones de hacinamiento en un asentamiento, ya sea formal o informal, urbano o rural, ya sea que se trate de un campamento de refugiados o de viviendas provisorias para migrantes. A las personas migrantes y refugiadas les fueron negados la libertad de movimiento, el derecho a la salud y el derecho a la información en un grado más alto que a otras poblaciones, y experimentaron más impedimentos para acceder a sus derechos.

No se trata de señalar a ningún país en particular, porque el punto es que las poblaciones vulnerables que durante la pandemia deberían haber recibido mayores protecciones, en casi todas partes se volvieron, por el contrario, más vulnerables. En el Líbano, las personas refugiadas fueron sometidas a restricciones más estrictas de toque de queda, que incluso impidieron su acceso a tratamiento médico. En el asentamiento de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, las personas refugiadas rohingya fueron forzadas a permanecer en el campamento y se les negaron los derechos a la comunicación y a la salud. En muchos países donde se hacinan en viviendas precarias, como ocurre en Malasia, muchas personas migrantes fueron detenidas. Estados Unidos les negó a las personas solicitantes de asilo el derecho a solicitar asilo y violó el principio de no devolución, retornándolas a la frontera sin audiencia previa, deportando a solicitantes de asilo cuyos tests de COVID-19 dieron positivo y exportando en ese acto el virus a Haití y a Centroamérica. Estados Unidos continúa deteniendo a miles de personas, mayoritariamente procedentes de Centroamérica, que huyen no solamente de la violencia y la persecución sino también de los impactos del cambio climático, negándoles la libertad de movimiento y, posiblemente, en algunos casos también los derechos a buscar asilo, al debido proceso y a la salud.

Cuando el ciclón Amphan estaba a punto de azotar la Bahía de Bengala en mayo de 2020, en el punto más álgido de la pandemia, las poblaciones de las zonas afectadas fueron reubicadas antes del desastre, lo cual salvó vidas, pero también significó que el distanciamiento social no se pudo implementar en el contexto del desplazamiento y la vulnerabilidad frente al virus pasó a ser una gran preocupación.

Me temo que la situación no será diferente a medida que la crisis climática empeore. Ésta afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del mundo y, una vez más, nos encontraremos en una situación en la que debería ser pertinente pensar que estamos todos en el mismo barco, pero nuevamente nos daremos cuenta de que algunos de nosotros tenemos los medios para escapar de la peor parte de los impactos del cambio climático, mientras que otros cuentan con protecciones sociales limitadas mientras que muchos otros, que ya están en la pobreza extrema y al margen de la sociedad, caerán más abajo y no podrán huir de los múltiples impactos en todos los niveles.

¿Está el tema del desplazamiento climático recibiendo suficiente atención? ¿Se ha logrado algún progreso en la conformación de un marco legal internacional que proteja a las personas desplazadas por el cambio climático?

Sin duda, estamos viendo que los medios prestan más atención a los impactos del cambio climático, entre ellos las migraciones. Pero a medida que el tema se convierte en parte de la conversación cotidiana, también existe la posibilidad de que se pierdan matices importantes. Yo diría que se han logrado algunos avances en el área del desplazamiento climático, es decir, de los desplazamientos que se producen como resultado de desastres tales como inundaciones y tormentas. Tenemos datos que nos dicen cuántas personas son desplazadas cada año por desastres -un promedio de alrededor de 25 millones- y comprendemos mejor la naturaleza y las determinaciones causales de estos desplazamientos.

Pero la migración climática es mucho más complicada, ya que los factores que impulsan esta migración, ya sea interna o a través de las fronteras, están cada vez más entrelazados. Y cuando hay múltiples factores en juego, es difícil desentrañar qué papel juega cada uno de ellos, o en qué medida el fenómeno resultante, en este caso la migración, puede atribuirse a una causa determinada, en este caso al cambio climático. La ciencia y la tecnología en el área de la atribución climática están mejorando, lo que permite a los expertos determinar cada vez mejor la medida en que el cambio climático es un factor relevante en cada situación. Pero en términos generales, en muchas partes del mundo el medio ambiente también es un problema económico y político, por lo que por el momento es correcto afirmar que el cambio climático está contribuyendo grandemente a las migraciones.

Dicho esto, gran parte de la discusión sobre el marco legal se estanca en conversaciones que giran en torno del hecho de que las migraciones son en gran parte internas, así como en proyecciones de desplazamientos apocalípticas. El sistema internacional duda en impulsar conversaciones que conviertan aún más a las migraciones en un tema de seguridad y los estados se resisten a asumir compromisos que brinden mayores protecciones a las personas migrantes o refugiadas.

Entonces, por ahora los avances se limitan a compromisos no vinculantes por parte de los estados bajo la forma Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que incluye algunas medidas relacionadas con la migración ambiental a través de las fronteras. La Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres es una iniciativa liderada por estados que hace un buen trabajo a la hora de proteger a las personas desplazadas a través de las fronteras a causa de desastres y del cambio climático.

A principios de este año el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió revisar el caso de una persona de Kiribati que afirmaba ser “refugiada climática”. Había llevado su caso ante dicho órgano de derechos humanos con el argumento de que el hecho de que Nueva Zelanda denegara su solicitud de asilo violaba su derecho a la vida en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ONU estableció que los países no pueden deportar a personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático que violan su derecho a la vida.

¿Qué debería hacerse para que el problema sea no solamente reconocido sino también mitigado?

Hay quienes temen que alertar sobre una inminente crisis migratoria provocada por el cambio climático podría tener el efecto de alimentar la hostilidad y la xenofobia contra las personas migrantes y refugiadas. Si bien entiendo el argumento y reconozco que el riesgo es real, también creo que es igualmente cierto que, para las personas xenófobas y hostiles hacia migrantes y refugiados, cuál sea el motivo que lleva a la gente a migrar no es relevante. De modo que cuando hablamos de estas cosas debemos preocuparnos por encontrar un delicado equilibrio, ya que realmente no sabemos cómo resultará, pero lo que sí sabemos es que las trayectorias y las perspectivas no suelen ser tan buenas, falta voluntad política y la cuestión no suele abordarse desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en la protección de las comunidades afectadas, entre ellas las personas migrantes. En ese sentido, no se trata de ser alarmistas con los números, sino más bien de hacer sonar la alarma respecto de la necesidad de hacer mejor las cosas para llenar vacíos vitales en materia de derechos y protecciones.

Se suele poner demasiado el acento en cómo no deberíamos llamar a estas personas, cómo no deberíamos enmarcar el tema, pero en cambio no se presta suficiente atención a cómo deberíamos proteger a las poblaciones vulnerables.

Los países que ya tenían un problema de pobreza extrema ahora están luchando también contra condiciones climáticas extremas, y hay en este punto una enorme injusticia subyacente, en la medida en que no se reconoce que el cambio climático no fue provocado por todos por igual, y que sus impactos tampoco serán experimentados por todos por igual.

Se podría hacer mucho más en materia de adaptación. La adaptación es muy costosa y los países que soportan el grueso de los impactos del cambio climático no están en condiciones de asumir también sus costos financieros. Muchos expertos regionales afirman que gran parte de la financiación internacional que se les destina se centra en la mitigación de los efectos del cambio climático más que en la adaptación.

Tenemos que desarrollar la resiliencia de las comunidades para resistir los efectos del cambio climático y, en algunos contextos, esto también podría suponer la construcción de instituciones de gobernanza, instituciones públicas y capacidades para resistir frente a las fuertes presiones de los impactos del cambio climático sobre las sociedades.

La adaptación puede requerir innovación, desarrollo de infraestructura y cambios sociales, todo lo cual puede ser muy costoso, y la planificación de la adaptación debe respetar los derechos humanos y habilitar opciones, incluida la opción de migrar, que tampoco es necesariamente una “opción” enteramente voluntaria. El punto es que el establecimiento de caminos seguros para migrar, cuando las condiciones no permiten que la gente se quede, es una forma de salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones afectadas por el cambio climático.

¿Se están estableciendo suficientes conexiones entre los esfuerzos de promoción de los derechos de migrantes y refugiados y el activismo climático?

Desde mi perspectiva, daría la impresión de que existen pocas conexiones entre estos dos movimientos y pienso que hay un gran potencial para una labor de incidencia conjunta más fuerte. Por ejemplo, el solo hecho de ampliar la conversación sobre la migración climática y convertirla en el debate de un movimiento más que en una conversación sobre investigación y política pública, sería un paso adelante en el involucramiento de la ciudadanía en una cuestión que me temo que para mucha gente es demasiado difícil de entender, por no decir de abordar.

Al mismo tiempo, existe un público preocupado e interesado que desea ser parte de la solución. De modo que, al mismo tiempo que tratamos de contribuir a las políticas públicas, nos esforzamos para que la información sea más accesible de modo de poder involucrar y unir al movimiento con la ciudadanía para abordar el problema como una cuestión de justicia climática, ya que así es como lo vemos.

Contáctese con Climate Refugees a través de su página web, su cuenta de Instagram o su perfil de Facebook, y siga a @Climate_Refugee y a @TowerAmali en Twitter.

 

REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Somos parte de un movimiento antirracista global’

CIVICUS conversa con Elena Lorac, coordinadora de Reconoci.do, una red cívica independiente y pluralista conformada principalmente por personas dominicanas jóvenes de ascendencia haitiana. Reconoci.do defiende los derechos humanos y promueve la integración real, plena y efectiva en la sociedad dominicana de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Con presencia a lo largo de la República Dominicana, Reconoci.do sostiene la visión un país multicultural donde personas diversas conviven dignamente, sin estigma ni discriminación, y sus derechos fundamentales son respetados por la sociedad y protegidos por el Estado.

Elena Lorac

¿Cuándo y por qué surgió Reconoci.do, y cuáles son los objetivos de la organización?

Reconoci.do es un movimiento de personas dominicanas de ascendencia haitiana, mayormente jóvenes, que luchamos por nuestro derecho a la nacionalidad y por el acceso a todos los derechos que se derivan de esta pertenencia: derechos civiles, políticos y sociales; derechos tan básicos como el derecho al trabajo, a una vivienda, a la educación y a la salud, que nos son sistemáticamente negados.

El movimiento se formó a fines de noviembre de 2011, en reacción a una resolución de la Junta Central Electoral que suspendió “temporalmente” la validez de nuestras actas de nacimiento y documentos de identidad, es decir, en un contexto en que, en vez de avanzarse en el reconocimiento de derechos, se estaban produciendo retrocesos que institucionalizaban una exclusión histórica.

Hasta 2010, la Constitución de la República Dominicana reconocía como nacionales a todas las personas nacidas en territorio nacional, con la excepción de los miembros del personal diplomático y las personas consideradas “en tránsito”, expresión que en principio se refería solamente a quienes llevaban unos pocos días en el país. Durante ocho décadas, bajo estas definiciones el Estado entregó certificado de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte dominicanos a los hijos e hijas de padres haitianos nacidos en el país. Sin embargo, en los años ’90 grupos nacionalistas empezaron a impulsar una interpretación restrictiva que, en 2004, se tradujo en una nueva Ley de Migración según la cual los trabajadores extranjeros temporales y los trabajadores migrantes indocumentados eran considerados extranjeros “en tránsito”, con lo cual sus hijos ya no tendrían acceso a la nacionalidad dominicana por el solo hecho de haber nacido en el país. La Junta Central Electoral, el organismo que coordina el registro civil, empezó a aplicar esta ley en forma retroactiva, y en 2007 institucionalizó esta práctica mediante una circular y una resolución que impidieron la expedición o renovación de documentos de identidad a los hijos nacidos en la República Dominicana de inmigrantes haitianos que estaban en situación migratoria irregular. En 2010, la nueva Constitución denegó el derecho automático a la nacionalidad a los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes en situación irregular. Por último, en septiembre de 2013 la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional estableció que las personas nacidas en el país cuyos padres hubiera estado en situación de indocumentación nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana. La sentencia se aplicó con carácter retroactivo a todas las personas nacidas entre 1929 y 2007, es decir, despojó de la nacionalidad dominicana a cuatro generaciones de personas, mayormente de ascendencia haitiana, que durante ocho décadas habían sido registradas como dominicanas.

Estos cambios legales institucionalizaron una exclusión histórica que ha sido perpetuada por una política de odio, racismo y xenofobia impulsada por grupos nacionalistas. Desde la visión dominante, todo lo que viene de Haití es extraño, ajeno e imposible de asimilar. Así, personas como yo, nacidas en República Dominicana de padres haitianos, somos tratadas como extranjeras. Por haber nacido en República Dominicana, tampoco el Estado haitiano nos considera haitianos. Y en todo caso, estamos hablando de personas que en muchos casos nunca hemos ido a Haití, que nos hemos criado aquí y hablamos español; muchos jóvenes de hecho no hablan nada de creole. La falta de reconocimiento es terriblemente dolorosa.

Para resolver la situación creada por el Tribunal Constitucional, y en respuesta a una fuerte labor de incidencia tanto nacional como internacional, en 2014 se aprobó la Ley 169-14, o Ley de Naturalización Especial. Esta ley estableció un régimen especial para las personas consideradas “descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular”, sobre la base de la distinción entre dos grupos. A los integrantes del “Grupo A”, que incluyó a quienes en el pasado habían estado inscriptos en el registro civil dominicano, la ley les reconoció la nacionalidad dominicana y ordenó a la Junta Central Electoral entregarles o devolverles sus documentos de identidad. En cambio, a los del “Grupo B”, que aunque habían nacido y vivido siempre en el país y no mantenían vínculo alguno con el país de origen de sus padres, nunca habían estado inscriptos, la ley les dio un plazo de 90 días para registrarse como extranjeros, con la posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana mediante naturalización en un plazo de dos años. Esta distinción es completamente arbitraria, y es común encontrar familias con hermanos que pertenecen a uno y otro grupo, así como familias que, aunque habían inscripto a sus hijos, se quedaron sin papeles como consecuencia de algún desastre natural y no pudieron iniciar el proceso de naturalización debido a su situación económica, a la lejanía de las oficinas administrativas y las tarifas involucradas. Apenas unos pocos miles de personas del Grupo B han logrado conseguir la nacionalidad por esta vía. Actualmente hay unas 133 mil personas jóvenes en situación de apatridia.

Actualmente yo tengo mi cédula como resultado de la Ley 169-14; me la dieron cuando tenía 27 años. Mis años de desarrollo personal y formación y los inicios de mi vida productiva quedaron truncos porque no tenía cédula y no pude ir a la universidad. Muchos de mis compañeros y compañeras activistas están en la misma situación. Algunos han podido avanzar en la universidad y hasta llegaron a graduarse, mientras que otros no tuvieron la misma suerte.

¿Han llevado la causa de las personas dominicanas de ascendencia haitiana a los foros regionales o internacionales de derechos humanos?

Durante décadas, la comunidad internacional y la sociedad civil dominicana han hecho incidencia tanto a nivel nacional como internacional para denunciar el atropello, la discriminación y el racismo estructural en la República Dominicana.

Conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC), nosotros trabajamos asiduamente en el sistema interamericano, por ejemplo participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2014 la CIDH otorgó medidas cautelares a miembros del movimiento que habían sido amenazados o atacados. También en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que obligaba al Estado a devolvernos la nacionalidad. Pero el Tribunal Constitucional no reconoció la sentencia. El Estado dominicano no acata las decisiones de la Corte.

El Estado no asume que hay un problema por resolver. Hoy nuestra lucha es mucho más compleja que cuando comenzamos porque ahora existe la sensación de que la situación está resuelta, y no es así. La gran mayoría de los jóvenes en esta situación provenimos de los bateyes, guetos o comunidades que se establecieron en la era de producción de caña de azúcar a finales del siglo XIX, cuando República Dominicana y Haití acordaron traer braceros haitianos a trabajar en el país. Estas personas, a veces por el engaño e incluso por la fuerza, eran llevadas directamente a los bateyes, unas pequeñas aldeas ubicadas en los alrededores de las explotaciones de caña. Los jóvenes que vienen de estos sitios alejados de las ciudades están en una situación muy vulnerable. La gran mayoría no tiene nada; son varias generaciones de familias que no tienen documentos, y sin ellos no pueden conseguir trabajo ni estudios. A los que logramos terminar el bachillerato y pretendemos ir a la universidad, nos sucede lo que me ocurrió a mí, que cuando quise comenzar la universidad me enteré de que, aunque tenía mi acta de nacimiento, no estaba habilitada por ser hija de padres haitianos. Para mí fue un golpe enorme, y es así para decenas de miles de jóvenes. De repente te dicen que no existes, y esto conlleva enormes traumas psicológicos. El Estado culpa a nuestros padres o abuelos, cuando en verdad fue el mismo Estado que los trajo para trabajar en la producción de azúcar, pero como ahora esa industria ya no existe, también quieren acabar con nosotros.

Estas injusticias nos cierran caminos. Nos dejan sin perspectivas de futuro. Es por eso que de sitios como este surgió nuestro movimiento.

¿Cuáles fueron las implicancias de esta situación en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19?

La ausencia de reconocimiento de algo tan básico como la nacionalidad genera enormes dificultades para acceder a otros derechos básicos como la salud y la asistencia social. La pandemia ha magnificado las dificultades que enfrentan estas poblaciones vulnerables, confinadas en bateyes donde no hay producción ni trabajo. Muchos de estos jóvenes son chiriperos, es decir, trabajadores ocasionales, empleados día sí y día no en lo que hubiese disponible, y la pandemia los dejó sin nada. Tampoco tienen acceso a los programas sociales de asistencia desarrollados para paliar los efectos de la pandemia porque no tienen cédula y no aparecen en los registros gubernamentales.

¿En qué medida la situación que enfrentan las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana es resultado del racismo?

Esta situación es del principio al fin un problema de racismo estructural. El problema del acceso a la nacionalidad en República Dominicana ha afectado exclusivamente a personas cuyos padres o abuelos procedían de Haití; no se trata de un problema generalizado para los extranjeros. Es reflejo del racismo estructural porque son las personas dominicanas de ascendencia haitiana, o aquellas que son percibidas como tales por el color de su piel, las que padecen de esta violación de sus derechos humanos. Así lo reconoció la CIDH cuando, después de una visita al país, confirmó que no había recibido ninguna denuncia de un descendiente de extranjeros no haitianos que hubiera tenido problemas para que se le reconociera su nacionalidad, se la inscribiera en el registro civil o se le entregaran documentos de identidad.

En República Dominicana se cree que todo negro es haitiano. Si yo soy negra y tengo el cabello crespo, constantemente me cuestionan aunque tenga papeles, y en caso de no poder mostrar mis documentos puedo ser deportada porque se supone que soy haitiana. Ha habido casos de personas dominicanas de raza negra que han sido deportadas por su color de piel. Las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que no tienen papeles y van a parir al hospital son tratadas como extranjeras, generando además el mito de que las mujeres haitianas vienen a ocupar las camas de nuestros hospitales, cuando la mayoría de ellas no son haitianas sino dominicanas negras de ascendencia haitiana.

La población dominicana es una población negra que no se reconoce a sí misma como tal. Evidentemente hay un problema de racismo sistémico, sostenido desde el Estado, y no reconocido.

Así, con el correr del tiempo, como movimiento nos dimos cuenta de que el problema de la nacionalidad que nos movilizó en primer lugar no era solamente un problema de papeles, identificaciones y registros, sino también y más profundamente un problema de identidad y discriminación racial que se remonta al contexto histórico de nuestros ancestros.

En consecuencia, somos un movimiento que no solamente lucha por la nacionalidad y los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, sino que también comparte las luchas de todos los movimientos antirracistas y se moviliza contra todas las discriminaciones. Por eso nos solidarizamos y apoyamos todo tipo de manifestaciones que busquen garantizar los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de todas las minorías estigmatizadas y discriminadas.

¿Cómo repercutieron en la República Dominicana las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos?

En reacción a los sucesos producidos en los Estados Unidos, varias OSC nos unimos para organizar una conmemoración. No se trató estrictamente de una manifestación, ya que había restricciones para las reuniones públicas en el contexto de la pandemia del COVID-19, y respetábamos la cuarentena. Y tampoco se trató exclusivamente de una manifestación de solidaridad, ya que la muerte de George Floyd tuvo resonancia en nuestro contexto, donde hemos tenido situaciones similares de abusos policiales.

Junto con otras OSC organizamos una actividad en memoria de George Floyd. La idea era hacer un gesto ritual, una ofrenda floral. La consigna era “Una flor para Floyd”, y era un llamado a que cada persona llevara, en el momento en que pudiera, una flor y la colocara en la ofrenda. Nuestro relato de la muerte de Floyd también hizo alusión a la violencia policial e institucional sufrida en la República Dominicana por muchas personas negras, tanto migrantes como dominicanas, de modo de poner en relieve la situación que experimentamos nosotros.

¿Han recibido amenazas o ataques de movimientos anti-derechos?

Hay varios grupos ultranacionalistas que se movilizan en reacción contra nuestras movilizaciones y eventos, básicamente para amedrentarnos y boicotear nuestras actividades. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional el clima se ha vuelto más favorable para los discursos de odio y ha habido numerosos actos de hostilidad. Muchos integrantes de nuestro movimiento y de otras organizaciones que luchan por los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana son objeto de agresiones, tanto verbales como físicas, como se ha reflejado en numerosos informes de derechos humanos. De ahí que en algunos casos hubiera que solicitar a la CIDH medidas de protección para compañeros y compañeras. Incluso las personas dominicanas que no son de ascendencia haitiana y se solidarizan con nosotros son catalogadas como traidoras la patria. Estas expresiones se han vuelto más comunes porque no han sido repudiadas con firmeza por las autoridades.

Cuando nos manifestamos por el tema de la nacionalidad y el racismo, siempre hay grupos que se oponen, y como la policía nunca nos cuida, estos grupos generalmente se imponen y nosotros nos vemos obligados a suspender o terminar nuestras actividades. Así ocurrió en el caso de las actividades que planificamos en conmemoración de George Floyd.

Desde que se anunció la actividad Una Flor para Floyd, varios grupos ultranacionalistas empezaron a amenazarnos a través de nuestro Facebook. Nos acusaron de querer generar violencia y de estar haciendo un boicot contra el país trayendo temas que no son del país. Recibimos tales niveles de amenazas que muchas personas pensaron que no íbamos a poder hacer la actividad. Días antes del evento, el líder de uno de esos grupos anti-derechos, Antigua Orden Dominicana, nos amenazó a través de un video donde decía que si lo llevábamos a cabo iba a haber derramamiento de sangre, ya que el evento se realizaría en el Parque Independencia, dedicado a los Padres de la Patria, y ellos no lo permitirían.

El día de la conmemoración, el 9 de junio, estos grupos se hicieron presentes. No era la primera vez que lo hacían: 2017, en una actividad que realizamos cada año en el aniversario de la sentencia 168-13, también se presentaron y se generó una situación similar.

El 9 de junio estos grupos llegaron para agredir a las compañeras que estaban manifestándose en ese momento, y cuando la policía intervino fue para llevarse detenidas a nuestras compañeras Ana María Belique y Maribel Núñez junto con otra persona que participaba de la actividad. Cada vez que se hace una protesta relacionada con el tema de la nacionalidad y el racismo el Estado interviene para reprimir.

¿Qué clase de apoyo necesitarían de la sociedad civil internacional y del movimiento antirracista global?

Nosotros nos consideramos parte de un movimiento global. Muchas veces nos han dicho que el movimiento Black Lives Matter era por algo que ocurría en Estados Unidos y que a nosotros no nos incumbía; sin embargo, como personas vulnerables y estigmatizadas entendemos que es un tema que nos involucra directamente y que debemos hacerle frente.

Lo que necesitamos es más apoyo para difundir la situación actual que se vive en nuestro país. El Estado se ha encargado de decirle al mundo que aquí no hay apátridas, que no existen el racismo ni la xenofobia. Que todo lo que decimos es mentira y que estamos pagados por ONG internacionales para hacerle daño al país. Lo que nosotros buscamos es visibilidad y ayuda para denunciar las realidades terribles que viven las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Nosotros no contamos con suficientes recursos para dar publicidad a nuestra causa, y la solidaridad internacional es lo que nos permite llevar adelante nuestras luchas y darlas a conocer a nivel mundial.

El apoyo internacional es una de las cosas que nos han ayudado a salir adelante. Hemos tenido apoyo de grupos de la diáspora dominicana en Nueva York. Uno de ellos, We Are All Dominican, nos ha venido apoyando desde 2013. En el contexto de la pandemia nos ha ayudado a asegurar la alimentación y otras necesidades básicas de más de 250 familias durante tres meses. Todos los apoyos son bienvenidos, ya sean expresiones de solidaridad, contribuciones a la difusión o acciones de protección para personas defensoras de derechos humanos.

El espacio cívico en República Dominicana es calificado de “reducido” por el CIVICUS Monitor.
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COVID-19: ‘Necesitamos políticas públicas que reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidado no remunerado’

CIVICUS conversa acerca de los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre las desigualdades de género y las respuestas formuladas por la sociedad civil con Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). CIPPEC es una organización de la sociedad civil argentina dedicada a la producción de conocimiento y recomendaciones para la elaboración de políticas públicas orientadas al desarrollo, la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la eficacia y solidez de las instituciones.

 

BOLIVIA: ‘La pandemia se convirtió en un justificativo para estrechar el control informacional’

CIVICUS conversa sobre el panorama político y el calendario electoral bolivianos en el contexto de la pandemia del COVID-19 con Cristian León, director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360, un proyecto que persigue el fortalecimiento democrático de los gobiernos subnacionales y se implementa en tres países latinoamericanos.Asuntos del Sur es una organización de la sociedad civil de alcance regional, basada en Argentina, que diseña e implementa innovaciones políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Cristian León es también uno de los fundadores, y actualmente también colaborador, de InternetBolivia.org, que defiende los derechos digitales en Bolivia.

 

TURQUÍA: ‘Retirarnos del Convenio de Estambul significaría que no creemos en la igualdad de género’

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS conversa con Elif Ege, voluntaria de Mor Çatı, una organización de la sociedad civil fundada por feministas turcas 30 años atrás para combatir la VCM. Mor Çatı administra un centro de solidaridad y el único refugio independiente para mujeres de Turquía. Se concentra en brindar a las mujeres apoyo legal, psicológico y social, y en fomentar la formulación de políticas feministas, a través de la elaboración de leyes, la presión sobre el gobierno para que las implemente y el monitoreo de su implementación.

ElifEge

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Turquía?

En Turquía hemos tenido muchos logros en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género. En cierta medida las feministas han estado involucradas en los procesos legislativos. Si se comparan las leyes de diferentes países, se observa que tenemos una buena ley sobre VCM, que es muy completa y, de implementarse correctamente, consagraría los derechos de las mujeres que experimentan situaciones de violencia. Mor Çatı es una de las organizaciones que participaron en su proceso de elaboración. Formamos parte del movimiento de mujeres que fue la fuerza impulsora de esta ley. Visto desde la perspectiva actual, el principal problema es de implementación. Además, en los últimos años hemos luchado por preservar las leyes que consagran los derechos de las mujeres. Ya no se trata solamente de su implementación, sino también de conseguir que esas leyes se mantengan. El gobierno ha hecho varios intentos de derogarlas.

La situación de los derechos de las mujeres se ha deteriorado. Un principio fundamental que ha defendido nuestra organización es que la VCM está estrechamente vinculada con la desigualdad de género: se deriva de la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. En Turquía, hemos escuchado declaraciones de altos funcionarios gubernamentales que han afirmado explícitamente que hombres y mujeres no son iguales. Intentamos activamente luchar contra esta mentalidad que no acepta la igualdad de género.

Además, no hay datos oficiales sobre la VCM; por eso nos es imposible conocer las cifras exactas. Solo podemos recopilar datos de las mujeres que nos contactan, y estos datos muestran que en este momento la VCM es muy elevada. Sabemos que mujeres de diferentes sectores de la sociedad experimentan muy diversas formas de violencia. En vistas de esta escalada de violencia y de las dañinas declaraciones públicas formuladas contra la igualdad de género, diría que la situación se está deteriorando.

¿Cuáles son los principales desafíos en el marco del proceso Beijing+25 y la implementación de la Agenda 2030?

La eliminación de la VCM es uno de los principales desafíos pendientes. Es por eso que continuaremos colocando este tema en la agenda cuando nos movilicemos alrededor del proceso Beijing+25.

Junto con otras organizaciones feministas y de mujeres turcas, tales como Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres-Nuevos Caminos (Women for Women’s Human Rights-New Ways), Mor Çatı históricamente ha participado en reuniones internacionales y acciones de incidencia transnacional. Compartimos nuestros conocimientos y aprendizajes y construimos solidaridad en el ámbito internacional. Participamos en el proceso Beijing+25 y en la implementación de la Agenda 2030 con el foco en la VCM y aportamos nuestra experiencia en este tema.

Estos mecanismos se utilizan para empujar al gobierno a tomar medidas sobre la base de recomendaciones generales. Las organizaciones de derechos de las mujeres tienen una larga tradición de participación y uso de estos mecanismos internacionales. Pero ha habido un cambio en la posición del gobierno turco. Hacia el año 2000, el gobierno era más receptivo en relación con estos mecanismos y “escuchaba” sus recomendaciones, pero ahora estamos viendo un retroceso.

En el pasado experimentamos algunos progresos. Con los años, a través de las reuniones de monitoreo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le recomendó al gobierno que hiciera algunos cambios, y vimos que esos cambios estaban ocurriendo. El número de refugios no era suficiente y ahora tenemos más refugios. Pero lo que vemos ahora es que falta un enfoque feminista. Este es un problema importante que se ve en los refugios.

El aborto también es un gran problema. También en este tema tenemos una ley que reconoce a las mujeres este derecho. El aborto es legal, pero esta ley no se implementa. En la práctica, el aborto es denegado en los hospitales públicos y, en algunos casos, también en los privados. En este momento, las mujeres no tienen un acceso fácil al ejercicio de su derecho al aborto.

¿En qué medida la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos? ¿Qué papel ha desempeñado la sociedad civil para hacerles frente?

Durante la pandemia hemos estado trabajando mucho, al igual que todas las organizaciones que trabajan en el tema de la VCM. Es posible afirmar que las condiciones se han deteriorado, ya que todos los mecanismos de apoyo que supuestamente previenen la violencia y protegen a las mujeres han fallado. Ya antes la situación no era buena, pero ahora ha empeorado. No es solo que la tasa de violencia haya aumentado, sino que todo el mecanismo se ha desmoronado. Ya desde antes teníamos problemas con las fuerzas policiales. Según la ley, cuando una mujer acude a la policía en busca de refugio, la policía debe llevarla inmediatamente a un refugio para mujeres. Pero en cambio, los agentes de policía solían exhibir un comportamiento disuasivo, dando a las mujeres información falsa para tratar de hacerles cambiar de opinión y hacerlas regresar al ambiente violento de sus hogares. Desde antes de la pandemia teníamos muchas dificultades con este tema, pero durante la pandemia la situación empeoró. La pandemia sirvió de excusa para tal comportamiento, ya que se le hizo fácil a la policía mentirles a las mujeres diciéndoles que los refugios estaban cerrados, aunque esto no era cierto. Esto es apenas un ejemplo. Tampoco contábamos con ningún mecanismo de apoyo psicológico en línea, lo cual significó que las mujeres se encontraron solas en un ambiente hogareño abusivo.

Las redes sociales se convirtieron en una importante herramienta para nosotras. Ya desde mucho antes solíamos usarlas, pero durante la pandemia su uso se intensificó. Las usamos para proporcionar información a las mujeres e informarles sobre sus derechos. En Turquía no hubo una cuarentena completa, sino que hubo algunas excepciones. El gobierno tenía la responsabilidad de comunicar a las mujeres que una de las excepciones contempladas era la VCM: en caso de violencia, les seguía estando permitido concurrir a una estación de policía. Pero el anuncio no se hizo público, así que fuimos nosotras quienes tuvimos que proporcionar esa información. También compartimos mucha información que recopilamos sobre problemas en la interacción con la policía, con los colegios de abogados y con otras instituciones estatales. Hicimos publicaciones sobre esto en Twitter, Facebook e Instagram para que el público estuviera informado. Presentamos muchos informes, recopilamos mucha información y datos y los presentamos al público. También continuamos brindando apoyo a las mujeres.

Entre mediados de marzo y fines de junio de 2020 realizamos más de 514 entrevistas con mujeres. La mayoría de estas entrevistas fueron con mujeres que nos llamaban por primera vez. Es un número un poco más alto que el de las mujeres que nos habían llamado durante el mismo período del año anterior. Pero queremos dejar claro que esto no significa que la violencia doméstica comenzara durante la pandemia. Queremos alejarnos del discurso que sugiere que la violencia doméstica se intensificó durante la pandemia. Más bien queremos enfatizar que son los mecanismos de apoyo los que han fallado a las mujeres. En ausencia de mecanismos de apoyo, las mujeres que de otro modo hubieran podido resolver sus problemas por sí mismas no pudieron hacerlo.

En tanto que organización de defensa de los derechos de las mujeres, ¿han enfrentado restricciones adicionales a su derecho a organizarse, expresarse y protestar?

Cada vez nos es más difícil hacer nuestro trabajo. Las cosas han cambiado: el gobierno solía pedirnos información y consejos y colaboraba con nosotros. Pero en los últimos años, nuestras interacciones con el gobierno han cambiado: ya no somos invitadas a las reuniones ni nos piden nuestros puntos de vista. En ese sentido, la situación es cada vez más difícil para nosotras.

En términos generales, el derecho a protestar en Turquía está restringido. Justo antes de la pandemia hicimos nuestra marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Si bien pudimos reunirnos, no se nos permitió marchar, por lo que tuvimos que cambiar nuestro recorrido. En este momento el gobierno está considerando retirar su ratificación del Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos del Consejo de Europa contra la VCM. Esto ha provocado protestas para presionar al gobierno para que mantenga e implemente el convenio. Nuestra ley nacional está en sintonía con este convenio, por lo que retirarse de él dificultaría todo intento de prevención de la VCM. El convenio busca prevenir la violencia de género sobre la base de la igualdad de género y el trato a las mujeres como ciudadanas iguales. Los grupos y partidos que sugieren retirarse del Convenio dicen que nosotros podemos crear nuestras propias leyes nacionales. Pero el Convenio mismo fue creado gracias a los esfuerzos de las feministas de Turquía. Retirarnos de este convenio significaría que no creemos en la igualdad de género. Recientemente intentamos hacer un foro sobre el Convenio de Estambul, que fue prohibido, por lo que la situación no es fácil.

Necesitamos políticas contra la VCM coordinadas y correctamente implementadas. No se trata solo de la fuerza policial o de los refugios. Cuando una mujer quiere abandonar un ambiente violento, necesita apoyo legal, social y financiero. Necesita permanecer en un refugio si no tiene donde ir. Es necesario reunir todas estas cosas, que se mencionan en el Convenio de Estambul, para crear un ambiente seguro para las mujeres. Cuando todo el mecanismo de apoyo se desmorona, como sucedió durante la pandemia, es imposible que las mujeres salgan de la casa y comiencen sus propias vidas. Lo que necesitamos ahora es discutir no la retirada del Convenio, sino cómo implementarlo.

El espacio cívico en Turquía es calificado de “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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MALAUI: ‘La sociedad civil espera que la agenda del nuevo gobierno priorice los derechos humanos’

CIVICUS conversa con Michael Kaiyatsa, Director Ejecutivo interino del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (Centre for Human Rights and Rehabilitation, CHRR), sobre las recientes elecciones presidenciales de Malaui, celebradas en el contexto de la pandemia del COVID-19 y resultaron en un cambio de gobierno. El CHRR es una organización de la sociedad civil (OSC) que apoya y promueve la democracia y los derechos humanos en Malaui. Su misión es contribuir a la protección, promoción y consolidación de la buena gobernanza mediante el empoderamiento de las comunidades rurales y urbanas para que ejerzan sus derechos. Fundada en 1995 por antiguos estudiantes exiliados que regresaron al país atraídos por la promesa de una nueva democracia, opera a través de dos programas principales: Movilización y Empoderamiento Comunitario y Monitoreo y Capacitación en Derechos Humanos.

 

REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Puede que tengamos por delante una época de cambios positivos’

CIVICUS conversa sobre las elecciones recientemente celebradas en la República Dominicana, en el contexto de la pandemia del COVID-19, con Hamilk Chahin, coordinador del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral, y Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG. El Manifiesto Ciudadano, una iniciativa multiactor liderada por la sociedad civil, fue lanzado en diciembre de 2019 para monitorear las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2020 e impulsar la consolidación de las instituciones democráticas. Alianza ONG es una red que abarca a 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de República Dominicana. Fundada en 1995, se dedica a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, la capacitación y la socialización de información, la incidencia política, y el fomento de la solidaridad y el voluntariado.

Ya antes del estallido de la pandemia del COVID-19, el panorama electoral se presentaba complicado. ¿Cuál era la situación hacia marzo de 2020?

DominicanRepublic FlagEn los últimos años el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha acumulado mucho poder en todas las instituciones del Estado, afectando la calidad de la democracia. El mismo partido se reeligió varios períodos y las élites políticas se acomodaron en sus sitios y se acostumbraron a ejercer el poder para su propio beneficio y en desmedro de los intereses de la colectividad. De a poco e inadvertidamente, la sociedad también fue aceptando esta situación. Ayudó en ese sentido el manejo excepcionalmente eficiente de los mecanismos de comunicación por parte de los sucesivos gobiernos. Sumado a buenas alianzas internacionales y buena fortuna en el manejo económico, el andamiaje publicitario y propagandístico facilitó la perpetuación del gobierno.

Afortunadamente hay en toda sociedad un germen que es prácticamente imposible desarraigar: la sociedad civil. Puede que por momentos permanezca latente o en hibernación, pero en algún momento algo ocurre que la lleva a ponerse en movimiento. En nuestro caso, fue la extrema confianza de nuestros gobernantes de tener el poder asegurado, que los llevó a prácticas cada vez más descaradas, hasta el punto de que la ciudadanía, que en su mayoría llevaba mucho tiempo tolerándolas, en un determinado momento dijo basta y entró en estado de efervescencia. La primera manifestación importante de este hartazgo fue el Movimiento Marcha Verde, iniciado en enero de 2017.

Surgida al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluyó a un amplio espectro de OSC y se centró en la movilización callejera. Todo comenzó con una modesta caminata de protesta que organizamos a través de una OSC llamada Foro Ciudadano, que dio inicio a un gran fenómeno de movilización cuyo principal logro fue romper la indiferencia ciudadana, sacar a la clase media de esa zona de confort desde donde criticaba sin pasar a la acción. Los partidos de oposición comenzaron a montarse en esa dinámica, pero desde su certeza de que tenía todos los resortes del poder asegurados, el gobierno al principio le dio poca importancia. Sin embargo, el fenómeno fue mucho más allá de marchar: se recolectaron firmas, se hicieron encuentros comunitarios, se promovieron muchas formas de movilización. Fue un despertar cuyo motor fue la dignidad. La ciudadanía perdió el miedo de expresarse y esto desconcertó al gobierno.

¿Cómo comenzó el proceso electoral de 2020, y cómo se formó el Manifiesto Ciudadano?

El comienzo del proceso electoral fue también el inicio del fin del actual gobierno. En octubre de 2019 se hicieron las elecciones primarias de los partidos políticos; fueron las primeras que se realizaban bajo una nueva legislación electoral y de partidos políticos, y fueron administradas por la Junta Central Electoral (JCE). Mientras que el PLD optó por primarias abiertas, permitiendo la participación de todos los votantes habilitados, el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo primarias cerradas, permitiendo la participación de sus afiliados. De las internas del PRM surgió claramente la candidatura de Luis Abinader, que acabaría siendo electo presidente. En contraste, en las internas del PLD el candidato Gonzalo Castillo se impuso por una pequeña diferencia sobre el tres veces presidente Leonel Fernández.

Las elecciones primarias del partido de gobierno fueron mucho más que un proceso de selección de candidaturas: en ellas se jugaba el poder del presidente, Danilo Medina. En el poder desde 2012, Medina había sido reelecto en 2016, y había hecho algunos infructuosos intentos de reformar la constitución para volver a reelegirse. En tanto que presidente de su partido, Leonel Fernández se había opuesto a estas maniobras, de modo que no obtuvo el apoyo de Medina cuando presentó su candidatura. Fue evidente el uso de los recursos del Estado en apoyo del delfín de Medina; como consecuencia de esto el PLD se fracturó y Fernández pasó a integrar el bloque de oposición. Fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación. Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería de la elección nacional.

En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto Ciudadano, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso, laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y sobre todo, hicimos incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos convirtió en interlocutor directo de la JCE.

¿Para cuándo estaban programadas las elecciones?

El ciclo electoral incluía una serie de elecciones: las municipales, programadas para febrero, y las nacionales, tanto presidenciales como legislativas, inicialmente programadas para mayo. En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual, completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso, el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.

Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones municipales en todo el país.

Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de febrero, día de la independencia, hubo una manifestación multitudinaria para exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. La diáspora dominicana en distintos países del mundo organizó manifestaciones solidarias en apoyo a la democracia en su país.

Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque de queda.

En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas sanitarias necesarias. Afortunadamente los medios de comunicación facilitaron los espacios necesarios a las OSC; tuvimos una buena plataforma comunicacional.

Dado que las elecciones tuvieron lugar durante la pandemia, ¿se tomaron medidas para limitar el riesgo de contagio?

Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica, porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de protección, y medidas de distanciamiento físico.

La verdad, el gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante, pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música, todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse utilizados para controlar efectivamente la pandemia.

¿Qué posibilidades tuvo la oposición de hacer campaña en el marco de la emergencia sanitaria?

Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como “quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.

La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.

Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con grandes operaciones de propaganda.

Con todo a su favor, ¿cómo se explica que el gobierno perdiera las elecciones?

Efectivamente, el candidato del PRM, Luis Abinader, se impuso en primera vuelta, con más del 52% de los votos, mientras que el candidato del gobierno quedó segundo con el 37% y el expresidente Fernández llegó al 9%. La división del partido gobernante como resultado de las denuncias de fraude en las primarias tuvo efecto, porque de haber estado el partido unido y no afectado por ese escándalo los resultados podrían haber sido otros.

Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25 años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas. La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los cacerolazos.

El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización de la democracia.

El espacio cívico en República Dominicana es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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SINGAPUR: ‘La oposición recibió cobertura desfavorable de los medios estatales y le costó llegar al votante’

CIVICUS conversa con el defensor de derechos humanos Jolovan Wham sobre las recientes elecciones de Singapur, celebradas en el marco de la pandemia del COVID-19. El CIVICUS Monitor ha documentado el uso de leyes restrictivas contra activistas de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados, medios de comunicación independientes en línea y miembros de la oposición política de Singapur, que son criminalizados, por ejemplo mediante demandas por difamación y acusaciones de desacato a la autoridad judicial.

Jolovan Wham

¿Ha habido algún desacuerdo sobre si las elecciones debían celebrarse, o sobre cuándo o cómo debían tener lugar?

Sí. Los partidos de oposición se opusieron en gran medida porque la pandemia del COVID-19 no había amainado y la realización de las elecciones podría representar una amenaza para la salud pública. También les preocupaba que no se permitieran manifestaciones físicas y recorridos de puerta en puerta, lo cual obstaculizaría sus esfuerzos de campaña.

Y, de hecho, resultó más difícil conectarse cara a cara con los votantes cuando era necesario mantener una distancia de un metro durante las caminatas y las visitas de puerta en puerta. Todos tuvieron que dar sus discursos y conectarse con los votantes en línea.

Se introdujeron algunos cambios para que las elecciones se llevaran a cabo en el contexto de la pandemia. El período de votación se extendió dos horas más en previsión de colas más largas a causa del distanciamiento social. Pero no se discutió la posibilidad de votar por internet. Y es posible que las personas mayores o con problemas de salud no participaran por temor a infectarse con COVID-19.

¿Cuál era la situación de las libertades cívicas antes de las elecciones?

El control del partido gobernante, el Partido de Acción Popular (PAP), sobre todas las instituciones públicas es un importante problema en materia de libertad cívica. Significa que puede dar forma al discurso político de acuerdo con su agenda y establecer las reglas de juego que más le convengan. Por ejemplo, el departamento electoral, que traza los distritos electorales, depende del primer ministro. La mayoría de los grupos de sociedad civil temen involucrarse en las elecciones de manera significativa por las consecuencias de ser percibidos como “partidistas”. Si una asociación de la sociedad civil es vinculada con un partido de oposición, puede perder fondos, apoyo y recursos para su trabajo.

Un reciente informe del grupo Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) por los Derechos Humanos documentó fallas estructurales que impidieron que la elección fuera justa. Entre ellas se contaban los amplios poderes del primer ministro sobre todo el proceso electoral y la ausencia de controles efectivos. El contexto en que la ciudadanía de Singapur podía ejercer su derecho a participar en la vida pública estaba muy restringido. Los principales candidatos de la oposición habían sido objeto de demandas por parte de miembros del PAP, y los votantes de distritos liderados por la oposición temían sufrir represalias si no votaban por el PAP. Las libertades fundamentales, que están intrínsecamente vinculadas a la existencia de elecciones libres, son limitadas ya que el gobierno controla los medios de comunicación y usa leyes restrictivas contra voces críticas y disidentes.

¿Cómo afectó esto a las posibilidades de la oposición?

Los candidatos y partidos opositores tuvieron que depender únicamente de las redes sociales para difundir su mensaje, debido a la cobertura desfavorable que recibieron de los medios estatales. También tuvieron dificultades para llegar a los votantes debido al monopolio, la manipulación y el control ejercidos por el PAP sobre sindicatos y organizaciones y grupos de base de todo el país, a lo que se sumaron las dificultades involucradas en la organización de manifestaciones físicas en el contexto de la pandemia.

Las elecciones se celebraron el 10 de julio. El PAP obtuvo 83 escaños parlamentarios, pero también experimentó un revés, ya que la oposición logró avances menores pero históricos. El Partido de los Trabajadores, el único partido de oposición con presencia en el parlamento, aumentó sus escaños de seis a 10, el mejor resultado obtenido por la oposición desde la independencia. El voto popular obtenido por el PAP cayó al 61%.

¿Cuáles fueron los principales temas en torno de los cuales giró la campaña?

Para el PAP, la campaña se centró en la difamación de los candidatos de la oposición, acusándolos de vender falsedades y de tener agendas nefastas, y se enfocó en desacreditarlos. También se usó la táctica del miedo: se transmitió al electorado la idea de que solo el PAP podría sacar a los singapurenses de la pandemia del COVID-19 y que la presencia de más representantes de la oposición en el parlamento frustraría estos esfuerzos.

Los partidos de oposición, por otro lado, se centraron en transmitir al electorado el mensaje de que estaban al borde de ser eliminados del parlamento, ya que contaban con menos de 10 escaños sobre un total de casi 90. Otras cuestiones clave planteadas por la oposición fueron el alto costo de vida y la inmigración.

El espacio cívico en Singapur es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

 

ARGENTINA: ‘Debemos impedir el intento de volver a las injusticias de la pre-pandemia’

CIVICUS conversa sobre la crisis del COVID-19 y las respuestas de la sociedad civil con Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácticas de democracia participativa y deliberativa.

Sebastien Argentina

¿Qué impactos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los derechos de los y las argentinas?

Sin perjuicio de los buenos resultados en términos sanitarios de las medidas de aislamiento, la pandemia ha golpeado muy especialmente a las poblaciones más vulnerables. Por citar solo algunos ejemplos, sobre las y los habitantes de asentamientos informales ha recaído en una proporción significativamente superior el impacto de los contagios. Los adultos mayores institucionalizados también han sufrido la pandemia de un modo particularmente cruel, y a ello se suma el presumible aumento de casos de violencia doméstica asociado al encierro.

El hecho de que se les pida “quedate en casa” a quienes no encuentran satisfecho su derecho a una vivienda adecuada resulta una muestra clara de la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad, así como de la interrelación entre el derecho a la salud y otros derechos fundamentales. Sobre este punto justamente, a mediados de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena obligatoria, junto con otras OSC presentamos una nota al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtiendo la falta de políticas públicas adecuadas para las personas que viven en situación de calle, un grupo especialmente vulnerable ante la pandemia. Si bien el Gobierno de la Ciudad anunció medidas para mitigar la propagación del COVID-19, las acciones están principalmente orientadas al control de la circulación de esta población, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene y salud. Las causas que llevan a la situación de calle son estructurales y están relacionadas con la falta de políticas públicas que garanticen a todas las personas acceder a una vivienda digna. Las acciones que se adopten en esta emergencia deberían ser un punto de partida para construir una política a largo plazo que revierta la precariedad en que viven miles de personas en la ciudad.

Más en general, la iniciativa multisectorial Habitar Argentina ha reclamado en el contexto de la pandemia la implementación de una política nacional de emergencia en materia de hábitat, que apunte no solamente a mejorar las condiciones de las personas que ya se encuentran en situación de calle, sino que incluya también la suspensión -por seis meses o hasta que se haya superado la pandemia- de todos los desalojos y ejecuciones judiciales que puedan producir mayor número de personas en situación de calle o empeorar sus condiciones sanitarias; así como políticas específicas para familias que alquilan, tienen hipotecas o habitan en viviendas precarias. También reclama la implementación de mecanismos de protección para mujeres, niños, niñas, adolescentes y minorías sexuales o disidencias de género que se encuentren en situación de violencia en cualquier tipo de hogar y territorio.

¿Qué obstáculos ha enfrentado ACIJ para continuar funcionando en este contexto, y cómo los ha superado?

El mayor obstáculo se relaciona con las medidas de aislamiento y la consecuente imposibilidad de mantener, en las mismas condiciones, nuestra presencia territorial en las comunidades con las que trabajamos. Ello nos ha llevado a tener que redoblar nuestros esfuerzos para seguir en contacto -virtual o con presencias esporádicas autorizadas- con líderes y lideresas comunitarias, e impulsar acciones tendientes a brindar la protección especial requerida por el contexto.

Así, por ejemplo, junto con la Fundación Huésped y TECHO organizamos una serie de capacitaciones destinadas a referentes populares, que históricamente han sido claves en las redes de contención en sus barrios. A partir del 5 de junio tuvimos cinco encuentros destinados a brindarles información sobre medidas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfermedades presentes en los barrios, información legal en el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en caso de violencia institucional y/o de género y medidas de prevención para comedores comunitarios y ollas populares, y a darles a conocer los programas de asistencia estatal que surgieron en el marco de la pandemia. De los encuentros participaron más de 90 referentes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Tucumán.

También se desarrollaron un asistente virtual con información específica para responder a las consultas de los habitantes de los barrios populares y una serie de piezas de comunicación que fueron distribuidas a través de los grupos WhatsApp y Facebook de las comunidades.

¿Qué otras acciones han emprendido para defender los derechos afectados bajo la pandemia, y qué logros han conseguido?

Entre las acciones más relevantes que llevamos adelante durante estos meses, cabe destacar las siguientes.

En primer lugar, respecto de los habitantes de villas y asentamientos, impulsamos un protocolo especial de actuación frente al COVID-19, la creación de una plataforma web que georreferencia recursos y permite detectar las urgencias de dicha población, y una medida judicial para brindar acceso a internet gratuito por parte del Estado mientras duren las medidas de aislamiento.

Este avance en materia de acceso a internet fue una respuesta a una demanda que iniciamos junto con otras OSC, con el objeto de posibilitar la continuidad pedagógica del conjunto de estudiantes en el marco de las medidas de educación a distancia dispuestas durante la emergencia. La medida cautelar dictada a principios de junio obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar a todos los estudiantes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social (beneficiarios de planes, becas, subsidios o programas sociales de la ciudad o del Estado nacional, o residentes en villas), un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares de modo de garantizar su continuidad pedagógica. Asimismo, el gobierno está obligado a instalar en todas las villas de la ciudad equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente mantiene en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existan impedimentos técnicos para ello, el gobierno local deberá entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.

Esta medida es fundamental porque no solamente busca revertir la desigualdad existente en materia de acceso a equipamiento educativo, sino que también reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental que resulta instrumental -y en este contexto imprescindible- para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, la información o el acceso a la justicia.

Segundo, respecto de las personas con discapacidad, entre otras cosas denunciamos la reducción de la cobertura de los apoyos, realizamos una campaña para mostrar los efectos del encierro sobre las personas internadas en manicomios, y lanzamos una plataforma web para canalizar el acceso a derechos.

La plataforma discapacidadyderechos.org.ar fue lanzada a principios de julio y busca ayudar a las personas con discapacidad a exigir el cumplimiento de sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida independiente y a la protección social. La plataforma centraliza información relativa a los derechos, las prestaciones y servicios que reconoce la normativa vigente; las vías existentes para reclamar en casos de incumplimiento de obras sociales, empresas de medicina prepaga y del Estado; y los lugares a los que se puede acudir para recibir asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. La página cuenta con un total de 120 modelos de documentos tales como notas administrativas y cartas documento que cada persona puede adaptar a su situación. Además, dispone de una sección específica que brinda información sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia del COVID-19.

Cabe subrayar que el proceso de desarrollo del sitio incluyó instancias de participación de personas con discapacidad y sus familiares, quienes probaron la plataforma e hicieron sugerencias para su mejora, y contó asimismo con el asesoramiento de especialistas en materia de accesibilidad y usabilidad digital.

Tercero, para colectivos vulnerables en general, creamos junto a un grupo de instituciones académicas y de la sociedad civil una iniciativa de difusión de información legal para clarificar los alcances e impactos de la normativa de emergencia y contribuir al empoderamiento jurídico de diversos grupos desaventajados, e impulsamos un posicionamiento regional para alertar sobre el rol de la justicia frente a la crisis. También elaboramos un documento con información clave para revertir injusticias en materia tributaria y contribuir a una política fiscal respetuosa de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de pandemia.

¿Cuál dirías que ha sido la clave de la obtención de estos logros?

Creo que los logros obtenidos durante este contexto se explican fundamentalmente por la articulación de tres variables: en primer lugar, la totalidad del equipo de ACIJ se mostró especialmente movilizado por la necesidad de realizar una contribución significativa desde nuestro rol institucional, y adoptó la flexibilidad necesaria para reaccionar a la crisis de un modo adecuado. En segundo lugar, nuestra cercanía histórica con las comunidades y grupos afectados en relación con las temáticas en que trabajamos fue clave para conocer en primera persona los obstáculos que están enfrentando las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos. Finalmente, la combinación de estrategias de incidencia en las políticas públicas, judicialización de conflictos colectivos y empoderamiento comunitario redundó en impactos de mayor envergadura que los que se hubieran obtenido en ausencia de esta articulación de estrategias.

¿Qué rol debería tener la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción de una mejor “nueva normalidad” post-pandémica?

Lo primero que debe hacer la sociedad civil en este contexto es exhibir con mucha claridad las injusticias de aquel mundo que teníamos antes de la pandemia: la desigualdad política como estructurante de democracias de baja calidad; la desigualdad económica como estructurante de las vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales; y un modelo de producción de los bienes y de organización de los territorios que resultaba insostenible desde el punto de vista ambiental.

Teniendo en cuenta que la pandemia ha profundizado las desigualdades preexistentes y generado mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia. En este contexto, es fundamental garantizar los recursos para financiar políticas sanitarias y de protección social adecuadas. De ahí que, junto con otras OSC de la región, hayamos producido una declaración para instar a los estados a implementar mecanismos para lograr un sistema tributario globalmente progresivo; evaluar las exenciones tributarias existentes para determinar cuáles deberían eliminarse por ser injustificadas e inequitativas; acordar la no aprobación de nuevos privilegios fiscales, salvo en casos urgentes y de efectividad comprobada y preferiblemente en beneficio de las poblaciones vulnerables y pequeñas empresas; y reformar y racionalizar el proceso de aprobación y revisión de los gastos tributarios, aumentando la transparencia, identificando beneficiarios/as, incluyendo evaluaciones de impacto, y sujetándolos a un escrutinio independiente.

Es fundamental que la sociedad civil ayude a imaginar nuevos rumbos: el momento de crisis es también un contexto de oportunidad para estimular nuestra capacidad de idear modos distintos de relacionarnos como comunidad política, y nuevos valores para la reconstrucción de sociedades más justas.

Finalmente, deberemos acompañar a quienes más dificultades tendrán para encontrar estrategias de supervivencia y satisfacer sus necesidades básicas, al mismo tiempo que buscamos espacios de participación para hacer escuchar nuestras voces en los ámbitos de toma de decisiones públicas y hacemos frente a los previsibles intentos de retomar, en la etapa post-pandémica, las injusticias y privilegios propios de la era anterior.

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HUNGRÍA: ‘A las personas trans nos están arrebatando nuestros derechos’

Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.

Krisztina Kolos Orban

¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?

En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.

Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.

Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.

En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.

El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.

Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?

¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?

En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.

Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?

Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.

Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.

Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.

¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?

Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.

Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.

También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.

Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.

Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?

En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.

Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.

En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.

También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.

¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?

Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.

Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.

La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.

La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.

¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?

Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.

El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
Contáctese con la Asociación Transgénero Transvanilla a través de su sitio web o su perfil de Facebook, y siga a @Transvanilla en Twitter y a @transvanilla.official en Instagram.

 

TÚNEZ: ‘La respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia’

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS y la Red Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Ramy Khouili, director de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD). Fundada en 1989 por el movimiento feminista autónomo en respuesta al feminismo estatal, ATFD promueve la igualdad de género en todas las áreas, desde la esfera política hasta los derechos socioeconómicos, incluidos los derechos sexuales, corporales y reproductivos de las mujeres, y lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

Tunisia Interview

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Túnez? ¿Cuánto han logrado hasta ahora?

Alrededor de un mes después de la independencia, en 1956, se promulgó el Código de Estatus Personal. Hasta el día de hoy este código sigue siendo considerado el más progresista y revolucionario de la región, porque abolió la poligamia, instituyó el matrimonio civil y abolió el repudio y muchas otras formas de degradación de las mujeres. Desde entonces hemos tenido una situación muy peculiar, ya que en la esfera pública ha prevalecido el feminismo estatal. Aunque vivimos bajo una dictadura durante casi 50 años, Túnez fue siempre elogiado como un buen ejemplo para la región en lo que concierne a los derechos de las mujeres. Este elogio tomó de rehenes a las mujeres, negándoles el derecho a una igualdad real. En respuesta a ello se fundó un movimiento feminista autónomo que se impuso la misión denunciar que la situación no era tan buena como el régimen la presentaba, lo cual le provocó muchísimos problemas.

Después de la revolución de 2011 hubo un resurgimiento de los grupos islamistas y conservadores, por lo que los derechos de las mujeres fueron amenazados. Entre 2011 y 2014, durante el proceso para redactar una nueva constitución, la mayoría islamista trató de imponer el concepto de “complementariedad” entre el hombre y la mujer, en reemplazo del de igualdad. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) debieron realizar muchos esfuerzos y se debieron organizar muchas movilizaciones callejeras para evitarlo. En consecuencia, el Artículo 21 de la Constitución de Túnez ahora establece de manera clara que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación.

Fue gracias a este movimiento social que se logró redactar una constitución que es considerada la más progresista de la región. El Artículo 46, un agregado de último momento, reconoce el rol del Estado en la lucha contra la violencia contra las mujeres, establece que el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos de las mujeres y prohíbe todo retroceso en el reconocimiento de sus derechos.

Desde entonces hemos logrado otros cambios legales. En 2016 se aprobó una ley contra el tráfico de personas y en 2017 se aprobó una ley anti-violencia, que fue la primera en su tipo en la región y fue redactada principalmente por activistas de la sociedad civil y organizaciones feministas. En materia de representación política, la ley de partidos políticos aprobada en 2011 estableció que todas las listas electorales deben tener paridad de género.

¿Qué desafíos persisten?

La situación de hecho difiere de lo que dice la ley, ya que las desigualdades siguen estando muy presentes. Muchas prácticas discriminatorias persisten en la práctica. Las estadísticas son alarmantes. La mitad de las mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Las crisis socioeconómicas tienen peores impactos sobre las mujeres que sobre los hombres. Entre las mujeres, la tasa de desempleo es casi el doble que la de los hombres. El acceso de las mujeres a la tierra es limitado: solamente el 4% de las mujeres son propietarias de algún terreno, a pesar de que constituyen casi el 90% de la fuerza de trabajo agrícola.

Por mucho tiempo, Túnez fue presentado como un buen ejemplo en materia de planificación familiar y salud reproductiva, dado que estableció programas de planificación familiar y salud reproductiva ya en los años ‘50 y ‘60, y concedió a las mujeres el derecho al aborto a comienzos de los ‘70, incluso antes que muchos países europeos. Sin embargo, desde la revolución hemos notado que las autoridades estatales han dado un paso atrás en el área de los servicios sociales, especialmente de educación, salud y salud sexual y reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos y al aborto se está volviendo más limitado y cada vez hay más necesidades insatisfechas en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo cual es alarmante.

En 2019, junto con otras OSC de Túnez, presentamos un informe sombra con un seguimiento de los avances realizados en dirección de los objetivos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y señalando los desafíos futuros. Nuestro informe ofreció una perspectiva diferente de la del gobierno de Túnez. Una de nuestras más grandes preocupaciones es que Túnez es un país con mayoría musulmana y cuando se adoptaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el Estado de Túnez presentó, en común con otros países de mayoría musulmana, una declaración donde advertía que no se comprometería con ninguna medida que pudiese contradecir los valores del islam. El Artículo 1 de la nueva Constitución establece que Túnez es un país musulmán. La mencionada declaración sigue en pie. Aunque ha levantado la mayoría de sus reservas respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado de Túnez no levantó todas sus reservas respecto de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. De modo que sigue habiendo desafíos tanto en la ley como en la práctica. 

¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos, y qué está haciendo la sociedad civil para enfrentarlos?

Al principio de la pandemia del COVID-19, la ATFD emitió una advertencia a las autoridades tunecinas donde expresó sus preocupaciones relativas al período de cuarentena, en el cual muchas mujeres han tenido que permanecer enceradas en sus hogares junto con sus agresores. Teníamos razón, ya que el número de casos de violencia de género siguió creciendo durante la cuarentena. El Ministerio de Asuntos de las Mujeres dijo que la cantidad de llamadas recibidas a través del número de teléfono de emergencia creado por el gobierno se multiplicó por cinco. En nuestros centros de atención también hemos observado un pico, ya que el número de mujeres víctimas de violencia que buscaron nuestro apoyo aumentó. La situación se tornó más difícil cuando la gente empezó a actuar en forma más agresiva. Sin embargo, al mismo tiempo se volvió cada vez más difícil ir a una estación de policía o buscar servicios de salud, de modo que el acceso a los servicios disminuyó. Las mujeres se han sentido aisladas y se vieron obligadas a seguir conviviendo con sus agresores durante la cuarentena.

La mayoría de los tribunales cerraron durante la cuarentena y nosotros tuvimos que hacer cabildeo con el alto consejo del sistema judicial y el Ministerio de Justicia para incluir casos de violencia contra las mujeres entre los casos de emergencia que estaban siendo tratados durante la cuarentena. Afortunadamente, nuestro pedido fue aceptado.

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también fue afectado porque, por temor al virus, las mujeres no podían salir a buscar estos servicios. Tuvimos que colaborar con el Ministerio de Salud y el de Asuntos de las Mujeres para encontrar soluciones para esta situación, y ahora estamos tratando de encontrar una forma de asegurar la continuidad de los servicios de salud reproductiva.

Asimismo, los derechos socioeconómicos de las mujeres han sido severamente afectados. Debido a la crisis económica que conllevó la pandemia, muchas mujeres perdieron sus empleos o no están percibiendo sus salarios. Muchas mujeres en Túnez trabajan en el sector informal, por lo que no pudieron seguir trabajando y se quedaron sin ningún ingreso. Esto está afectando su capacidad para ocuparse de sí mismas y de sus familias. Junto con un grupo de trabajadoras domésticas, hemos estado trabajando en un estudio sobre la situación de las trabajadoras domésticas en Túnez. La situación es realmente alarmante porque las trabajadoras domésticas no pueden trabajar durante la cuarentena y no tienen ninguna otra fuente de ingresos. A pesar de que el sector informal representa una gran parte de la economía, las medidas adoptadas por el gobierno para dar ayuda de emergencia solo se aplican al sector formal. A su vez, los apoyos gubernamentales se han dirigido a las familias, y como según la ley tunecina los hombres son los jefes de familia, el dinero ha sido recibido principalmente por hombres. En casos de conflicto, violencia o separación, las mujeres no tienen acceso a ayuda gubernamental.

Hemos hecho mucho trabajo de incidencia con las autoridades porque la respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia. Hemos trabajado con la mayoría de los ministros. Nos hemos reunido con la mayoría de los departamentos ministeriales para crear conciencia. Hemos enviado documentos políticos y cartas abiertas. Continuamos brindando servicios en nuestros centros de atención, los cuales siguen operando. También hemos adaptado estos servicios para que puedan ser brindados por teléfono. Hemos lanzado una campaña contra la violencia hacia las mujeres durante la pandemia, la cual ha sido seguida por miles de personas y ha tenido mucho éxito. Como resultado de ello, el departamento de Facebook para Medio Oriente y África del Norte se puso en contacto con nosotros y ahora estamos trabajando con ellos para amplificar el impacto de futuras campañas. También vamos a establecer canales de comunicación con Facebook para reportar violencia y expresiones de odio en las redes sociales.

¿Qué restricciones de las libertades de asociación, expresión y protesta han enfrentado durante la pandemia, y qué están haciendo para superarlas?

No hemos enfrentado restricciones procedentes del gobierno, pero nuestra presencia en el espacio público se ha visto afectada por la imposibilidad de hacer manifestaciones. Las manifestaciones son algo a lo que estamos acostumbrados, porque ocupar el espacio público para decir “estamos aquí y reclamamos esto o aquello” se una táctica que funciona. Y ahora no lo podemos hacer. Pero estamos moviéndonos hacia una nueva fase de la cuarentena y tal vez pronto pueda ser un poco más fácil, de modo que ya estamos pensando en nuevas formas de protestar respetando las medidas de distanciamiento social. Estamos reflexionando sobre cómo adaptar nuestras tácticas de movilización. Estamos enfocándonos en las redes sociales, así como en los medios tradicionales, para comunicar nuestros mensajes y hablar de los problemas que enfrentamos, y llegar al mayor número posible de personas. También tratamos de diversificar nuestros medios de comunicación para llegar a diferentes públicos.

Asimismo, estamos estableciendo una coalición con el sindicato de periodistas, la Liga de Derechos Humanos de Túnez y otras organizaciones para trabajar sobre el impacto que ha tenido la respuesta a la pandemia sobre los derechos humanos.

Muchos donantes y aliados han sido muy flexibles porque era obvio que no podíamos seguir operando como si nada hubiese cambiado. Tuvimos que adaptar muchas de nuestras actividades, posponer otras y resignar el presupuesto para asistencia social. La mayoría de nuestras contrapartes han sido comprensivas y hemos tenido buenas discusiones con ellos para reajustar nuestros planes a la situación causada por la pandemia. Sin embargo, también hemos tenido problemas con donantes que han disminuido salarios durante este período.

Además de afrontar los problemas más urgentes, también estamos en un proceso de reflexión interna y con nuestros socios y aliados. Queremos ver cambios positivos como resultado de la pandemia. Queremos una sociedad más justa e igualitaria en donde todas las personas se sientan incluidas. La pandemia ha revelado algunos problemas subyacentes que el gobierno durante mucho tiempo había preferido ignorar, pero que ahora necesitarán ser abordados, como por ejemplo las fallas y limitaciones del sistema de salud.

¿Qué apoyo necesita la sociedad civil de Túnez de parte de la comunidad internacional?

La principal forma de apoyo es el trabajo en conjunto. Tenemos que trabajar juntos porque nosotros tenemos experiencia en el terreno, mientras que las organizaciones internacionales tienen redes más amplias, son capaces de trabajar en una variedad de contextos y tienen acceso a mecanismos internacionales y capacidad para influir sobre la agenda internacional. Para que una alianza sea efectiva, debe trabajar simultáneamente para influir a nivel tanto nacional como internacional. La pandemia ha mostrado que algunos de los problemas más grandes no pueden ser atacados desde el nivel nacional, sino que debemos trabajar a nivel internacional y en colaboración con redes regionales. Si juntamos esas dos cosas, creo que podemos lograr un mayor impacto.

El espacio cívico en Túnez es clasificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas a través de su página de Facebook y siga a @atfd_tunisie en Twitter y a femmes_democrates en Instagram.

 

COSTA RICA: ‘Logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural’

El 26 de mayo de 2020 Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. CIVICUS conversa con Herman Duarte, abogado habilitado para ejercer en Costa Rica y El Salvador y director de Simple Legal Consulting, así como enlace para América Latina del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y fundador y presidente de la Fundación Igualitxs. Fundación Igualitxs es un centro de pensamiento líder en América Central, enfocado en la promoción del matrimonio civil igualitario en la región. Persigue este objetivo mediante la conducción de litigios estratégicos a nivel tanto nacional como interamericano, la presentación de sus ideas en sitios de alto prestigio académico y el trabajo con aliados internacionales de alto nivel.

Herman Duarte 

¿Qué roles desempeñaron la sociedad civil y el gobierno en el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica?

Costa Rica es una democracia constitucional estructurada como un estado unitario con tres poderes - legislativo, ejecutivo y judicial – en principio independientes, donde, al menos en teoría, se respetan los principios del Estado de derecho y la igualdad legal de trato de todos sus habitantes. Pero también es un Estado confesional: su constitución reconoce expresamente al catolicismo como la religión oficial. En las últimas décadas, las congregaciones evangélicas se han expandido en número hasta llegar a ser cerca de 3.800. Hacia 2017, más del 80% de la población se identificaba como católica o evangélica; claramente, Costa Rica es culturalmente un país conservador.

En el marco de una lucha de décadas del movimiento de la diversidad, el puntapié inicial lo dio el Gobierno de Costa Rica, cuando en mayo de 2016 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva respecto de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Esta consulta abrió una ventana para todas las partes interesadas en presentar argumentos, cosa que hicieron más de 90 actores de naturaleza variada, como Estados, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), universidades y particulares. Las audiencias tuvieron lugar los días 16 y 17 de mayo de 2017 y nosotros participamos en ellas.

El impulso generado por este evento se reflejó en la organización del Primer Congreso de Matrimonio Igualitario, celebrado en San José en noviembre de 2017, que reunió a más de 54 oradores de la región. En enero de 2018 la Corte IDH publicó su decisión, donde explicaba que los Estados parte deberían regular el estatus de las familias no heterosexuales, abriendo las puertas del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Un grupo de 60 organizaciones LGBTQI+ de la región celebró la decisión como la más importante en la historia de los derechos de las personas LGBTQI+ hasta la fecha.

En ese momento se generó una gran discusión sobre si la opinión de la Corte IDH era o no vinculante para Costa Rica, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica saldó este debate en agosto de 2018, cuando argumentó que las secciones del Código de Familia que limitaban el matrimonio civil (no religioso) a las parejas heterosexuales eran inconstitucionales. El fallo dio a la Asamblea Legislativa 18 meses para enmendar la normativa; caso contrario, la restricción se levantaría automáticamente y a partir del 26 de mayo de 2020 cualquier pareja podría casarse sin obstáculo alguno en Costa Rica. Y así fue, ya que no hubo consenso legislativo para legislar en ese sentido.

En el trayecto hacia la entrada en vigencia del fallo de la Corte se desarrollaron importantes campañas de la sociedad civil para generar aceptación social que acompañara al cambio normativo.

 

¿Debieron enfrentar reacciones de grupos anti-derechos?

La reacción de los sectores conservadores ha sido brutal. Hay que entender que la comunidad LGBTQI+ ha enmarcado sus luchas en la demanda del reconocimiento de su dignidad humana y su igual valor en tanto que seres humanos y que de igual modo los grupos religiosos se han movilizado como grupos de identidad – solo que su identidad es definida en forma estrecha, no universalista, en oposición a un enemigo. Estos grupos canalizaron los resentimientos provocados por los cambios legales igualadores y dieron esperanzas a quienes se habían sentido desplazados por ellos, dando lugar al surgimiento de partidos políticos religiosos.

En ese contexto, las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una especie de referéndum sobre los derechos de las personas LGBTQI+, y específicamente sobre el matrimonio igualitario. Un pastor evangélico, Fabricio Alvarado, por entonces el único congresista de un partido evangélico, se postuló para la presidencia, explotando los sentimientos de indignación y temor de la ciudadanía conservadora ante el fallo de la Corte Suprema. El candidato se destacó por sus declaraciones incendiarias; declaró, por ejemplo, que la homosexualidad era “causada por el diablo”. Así escaló hasta el primer lugar en las encuestas preelectorales: en solo un mes pasó del 3% al 17% de la intención de voto, y se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, conquistando además 14 de los 54 escaños legislativos, lo cual representó un aumento del 1300% en la presencia legislativa de su partido político.

La segunda vuelta para la elección presidencial giró en torno de los derechos de la población LGBTQI+. El otro contendiente, Carlos Alvarado, era el candidato del partido gobernante y tenía una postura favorable a los derechos LGBTQI+. Esta postura finalmente se impuso, pero la elección nos obligó a confrontar el enorme poder que han alcanzado las iglesias evangélicas. La victoria de Carlos Alvarado se explica por varios factores; uno de ellos fue la gran movilización de la sociedad civil. Entre las campañas de la sociedad civil que tuvieron impacto cabe mencionar la del grupo Coalición por Costa Rica, que buscó generar un debate informado e inclusivo, divulgando las propuestas de los candidatos para que la ciudadanía pudiera deliberar antes votar; y la de Igualitxs, “Por todas las familias”, lanzada una semana antes de las elecciones para difundir un mensaje inclusivo y pedir un trato igualitario hacia la población LGBTQI+.

La profunda división generada en torno de las elecciones ha tenido secuelas. Siguen abundando los políticos que usan la religión para polarizar a la sociedad y reclaman porque, según ellos, el gobierno solo atiende los problemas de la población LGBTQI+. Esto se ha intensificado con la entrada en vigor del matrimonio igualitario y la propuesta de leyes para censurar el odio y el discurso discriminatorio.

 

¿Piensas que el cambio legal ha ido acompañado de un cambio en las actitudes? ¿Qué está haciendo la sociedad civil para promover la aceptación de las personas LGBTQI+?

Una cosa es el cambio legal y otra el cambio cultural. El cambio legal ha representado un progreso de los derechos humanos y una forma de concretar la aplicación universal de la ley. Ha sido el resultado de una lucha de varias décadas de la comunidad LGBTQI+. Pero sigue habiendo homofobia, discriminación y violencia contra las personas LGBTQI+. Una vez logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural. Porque el cambio legal por sí mismo no necesariamente produce sensación de pertenencia a una comunidad. Como lo explica el teórico político Bikku Parekh, mientras que la ciudadanía es un tema de estatus y derechos, la pertenencia se alcanza cuando uno es aceptado y se siente bienvenido. Y para esto último todavía falta. Las actitudes de la gente no cambian en forma automática por efecto de la implementación de una ley. La ley es un parámetro objetivo de lo permitido, pero es necesario trabajar mucho más para modificar los parámetros de lo que es considerado normal o moralmente aceptable.

Por eso, para preparar el terreno para el cambio legal, en los 18 meses entre la publicación de la sentencia de la Corte Suprema y la entrada en vigencia de la decisión, más de 35 OSC locales desarrollaron la campaña “Sí, Acepto”, llamando al reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esta campaña también fue acompañada por medios de comunicación, empresas que son parte del gremio de la publicidad, gremiales como el Asocio Empresarial para el Desarrollo, las Naciones Unidas y embajadas como las de Canadá y los Países Bajos.

La campaña presentó testimonios de personas, parejas y familias LGBTQI+, así como de sus familiares, vecinos y amigos con el objetivo de promover la aceptación y modificar las percepciones de lo que significa ser LBGTQI+ en la sociedad costarricense. Fue una activación a nivel nacional, con videos que fueron transmitidos no solo por las redes sociales sino también por la televisión nacional durante meses. Es la mejor campaña que se ha ideado sobre el tema, y se la debemos a la señora Nisa Sanz, presidenta de la OSC Familias Homoparentales, y a Gia Miranda, vocera oficial de la campaña.

Los videos mueven emociones y generan empatía. Llevaron a miles de personas que no estaban involucradas políticamente a renunciar a su sagrado derecho a la privacidad y dar la cara, para dejar ser una abstracción y volverse una realidad. Le puso un rostro humano a la idea abstracta de “los gays”, como la presentan los periódicos. Al decirles que no van a ser rechazadas, generó las condiciones para que las personas vayan perdiendo el miedo, pues la mayoría de las personas LGBTQI+ sufren algún tipo de rechazo en su vida cotidiana, independientemente de su estatus social. El resultado fue la participación de una ciudadanía activa, que con o sin pandemia no dio un paso atrás sobre el terreno conquistado. Esto fue determinante para dejarles claro a los diputados que intentaban sabotear el matrimonio civil igualitario que no les sería posible conseguirlo.

Fue una de las campañas de derechos civiles más importantes de la historia, y quedará en el recuerdo como una luz que brilló en las tinieblas de la pandemia. Un día antes de que el matrimonio civil comenzara a regir para todas las personas adultas en Costa Rica, el obispo de la Iglesia Católica de Alajuela pronunció un mensaje que decía: “nos alegramos de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia y creo que ahí, donde hay una manifestación de cariño y de familia de alguna forma, ahí se manifiesta Dios, y tenemos que favorecerlo”. Si bien no necesariamente reflejaba la posición de toda la institución, las palabras de este representante religioso fueron el producto del excelente trabajo de los y las activistas para lograr el cambio cultural necesario para lograr la aceptación de las personas LGBTQI+.

Es notable el modo en que Costa Rica pasó de criminalizar la homosexualidad en los años ’70 y cerrar sus bares, considerados “perversos”, y perseguirla con redadas bajo la excusa de la salud pública en los ’80, a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en 2016 y, tras una elección presidencial enfocada en el tema, nombrar en 2018 un comisionado presidencial para asuntos LGBTQI+ y reconocer dos años más tarde el matrimonio igualitario.

Hemos dejado atrás una ley injusta más. Y mucha gente ha comprendido que el hecho de que la unión de pareja y los planes de vida de dos adultos del mismo sexo reciban protección legal no les afecta en nada – a lo sumo, valida la institución matrimonial de la cual ellos también forman parte – y que ser gay no tiene nada de malo, y que en todo caso nadie se “hace gay” como resultado de esta normalización.

¿Qué significación regional tienen los progresos logrados en Costa Rica?

Centroamérica es una de las regiones más hostiles de América Latina para las personas LGBTQI+. Los asesinatos de personas homosexuales y trans son frecuentes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica, el primer país centroamericano que aprueba el matrimonio igualitario, debería ser un modelo para toda la región. La opinión consultiva de la Corte IDH tiene validez para la veintena de países de las Américas que reconocen su competencia. Panamá pronto podría seguir el camino de Costa Rica: se ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad fundada en el fallo de la Corte IDH, y la Fundación Iguales Panamá está coordinando la participación de la sociedad civil nacional internacional en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La Fundación Igualitxs también lleva mucho tiempo trabajando en el mismo sentido en El Salvador, mi país de origen. La sociedad civil salvadoreña ha logrado avances inmensos. En función de las tendencias regresivas de la Asamblea Legislativa sobre el tema de matrimonio civil igualitario, durante una década y media nuestros esfuerzos se centraron en la presentación de demandas de inconstitucionalidad del Código de Familia. Yo presenté una de estas demandas, titulada Demanda por la Igualdad, el 11 de noviembre de 2016. Poco después, varias OSC, como la Asociación Entre Amigos, Comcavis y Hombres Trans El Salvador, así como numerosos activistas independientes, presentaron una demanda similar.

Igual que en Costa Rica, los sectores conservadores reaccionaron con fuerza. En la Asamblea Legislativa, se apuraron a dar inicio al proceso de ratificación de una reforma constitucional excluyente que llevaba años estancada, y que daría rango constitucional a la definición restrictiva del matrimonio que nosotros cuestionábamos en el Código de Familia, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frente a esto promovimos una solicitud de medida cautelar contra el proceso de reforma constitucional, y logramos que la Corte Suprema lo frenara. Fue a raíz de esta demanda que se creó el movimiento Igualitos, que luego se convertiría en la Fundación Igualitxs.

Las dos demandas de inconstitucionalidad de 2016 fueron finalmente admitidas en agosto de 2019, y en enero de 2020 un magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anunció que el tribunal fallaría próximamente y admitió que esta es una de sus grandes deudas pendientes. De modo que puede que estemos cerca de lograrlo.

¿Qué apoyo necesita la sociedad civil defensora de los derechos de las personas LGBTQI+ de la sociedad civil internacional?

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la situación se está poniendo cada vez más difícil. Los Estados tienen sus recursos comprometidos en la lucha contra la pandemia; las OSC enfrentan dificultades presupuestarias y la crisis está afectando a todo el mundo. Además, mucha gente se vuelca a la fe para sobrellevar la crisis y algunos grupos religiosos están aprovechando para impulsar campañas contra las personas LGBTQI+. Sin embargo, sigue siendo posible tomar medidas y acciones concretas, como por ejemplo, en El Salvador, la aprobación de un proyecto de ley que decenas de organizaciones impulsan para que se reconozca a las personas defensoras de derechos humanos.

En lo que se refiere específicamente a nuestra organización, que no tiene fondos y funciona enteramente sobre la base del voluntariado, estamos tratando de ir de a un día a la vez, para retomar el control que hemos perdido por la pandemia. Pienso que es el momento para preguntarnos no solo qué queremos y podemos obtener de la vida, sino también qué podemos darle de regreso. De esta manera entramos a una zona de poder, donde conservamos agencia pese a las limitaciones. Salimos así de nuestra zona de confort para ingresar a una zona de crecimiento. A partir de la aceptación de la realidad que nos toca, tenemos que hacer una profunda introspección para reinventarnos. Este es el momento para volver a creer que todas las personas tenemos el potencial de hacer grandes cosas y dejar huella si actuamos no para obtener halagos y ganar popularidad, sino en busca de la satisfacción de hacer lo correcto y lo justo, generando un impacto positivo en el mundo.

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MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’

CIVICUS conversa con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

Wendy Figueroa

¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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MALAWI: ‘Las niñas necesitan protección no solo contra el COVID-19, sino también contra la violación endémica de sus derechos’

CIVICUS conversa con Ephraim Chimwaza, Director Ejecutivo del Centro para el Avance Social y el Desarrollo (Centre for Social Concern and Development, CESOCODE), una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en temas de salud reproductiva y promueve los derechos de las mujeres de Malawi. CESOCODE trabaja para eliminar todas las formas de violencia de género (VG) que padecen niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y promueve sus derechos humanos y su bienestar a través de la incidencia, la investigación, la educación, la capacitación y la prestación de servicios básicos de salud reproductiva.

Ephraim Chimwaza picture

¿Cuál es la situación de las niñas y las mujeres jóvenes en Malawi?

En Malawi, la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las niñas enfrentan más obstáculos que los niños para acceder a la educación y a oportunidades laborales, y muchas niñas no conocen sus derechos legales. La falta de acceso a oportunidades también impulsa el matrimonio infantil, que es otro factor que obstaculiza fuertemente el disfrute de los derechos de las niñas.

Malawi se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, temprano y forzado para 2030, de acuerdo con el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también ha ratificado varios instrumentos internacionales con ese fin. Aun así, el 42% de las niñas en Malawi se ven obligadas a casarse antes de los 18 años, y casi el 10% lo hace antes de cumplir los 15. En algunos grupos étnicos, los matrimonios arreglados son comúnmente utilizados para establecer alianzas entre familias. En todo el país, las familias más pobres a menudo dan a sus hijas en matrimonio para reducir la carga económica de mantenerlas o con la intención de ofrecerles la oportunidad de una vida mejor. En otros casos, las obligan a casarse si quedan embarazadas, para que no deshonren a sus familias. Algunos padres en situaciones desesperadas también obligan a sus hijas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o comida.

La violencia contra las adolescentes y las mujeres jóvenes es moneda corriente. Una de cada cuatro jóvenes ha experimentado recientemente episodios de violencia por parte de una pareja, pero son pocas las que buscan ayuda. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son socialmente aceptadas en forma generalizada, incluso entre los jóvenes. No resulta sorprendente que las adolescentes sigan siendo las más afectadas por la epidemia del VIH. El número de niñas de entre 10 y 19 años que viven con el VIH está aumentando, dado que las adolescentes representan casi tres de cada cuatro nuevas infecciones.

¿De qué modo aborda CESOCODE estos desafíos?

Desde 2009 trabajamos con el foco puesto en la promoción de los derechos de las niñas, y específicamente con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil. Con ese fin, trabajamos con las comunidades y sus líderes para alentar a las niñas a que permanezcan en la escuela. Ofrecemos a las adolescentes un espacio seguro donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y damos asesoramiento a las que padecen violencia de género.

También integramos una iniciativa global llamada “Niñas, no novias” (Girls Not Brides), que incluye a más de 1300 OSC de más de 100 países que trabajan para terminar con el matrimonio infantil y contribuir a que las niñas alcancen todo su potencial aumentando su acceso a la salud, a la educación y a mayores oportunidades. A través de esta alianza llamamos la atención del mundo sobre el matrimonio infantil y las violaciones concomitantes de los derechos de las niñas, contribuimos a generar una comprensión del problema y reclamamos cambios en las leyes, así como la implementación de políticas y programas que harán una gran diferencia en las vidas de millones de niñas.

¿Qué impactos específicos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las niñas en Malawi, y cómo han logrado ustedes continuar trabajando en este contexto?

La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto negativo sobre las niñas en Malawi. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde trabajamos. Las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno han llevado al cierre de escuelas. Como los centros de salud y las clínicas móviles también suspendieron la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era limitado, disminuyó aún más. Durante el encierro obligado por la cuarentena, los casos de violencia de género y abuso sexual han aumentado, pero las denuncias han disminuido. La mayoría de las niñas no pueden salir y denunciar la violencia de género que padecen y tienen que seguir viviendo con sus abusadores y temiendo por sus vidas.

Nuestros programas y actividades se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno para disminuir el riesgo de infección por COVID-19. No hemos podido reunirnos físicamente con las niñas y brindarles servicios vitales, tales como condones y anticonceptivos. Las niñas no pueden salir de sus hogares para asistir a reuniones, talleres o conferencias, ya que todas las reuniones públicas han sido prohibidas para mantener el distanciamiento social.

Sin embargo, hemos seguido llegando a las niñas a través de diversos medios.

En primer lugar, nos comunicamos a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. Estamos utilizando plataformas en línea como Facebook y aplicaciones móviles como WhatsApp para difundir mensajes sobre salud pública y prevención de la violencia doméstica. Hemos desarrollado un servicio de mensajería vía Bluetooth, de móvil a móvil, que nos permite mantener el contacto con las niñas y que ellas pueden usar para avisarnos si están en riesgo. También hemos producido un breve podcast centrado en la violencia doméstica contra las niñas, que incluye una versión en lenguaje de señas, de modo de no excluir a las niñas sordas o con dificultades auditivas.

En segundo lugar, estamos usando la radio y la televisión comunitarias para difundir mensajes a medida y empaquetando contenido en programas populares para llegar a las niñas en sus hogares con mensajes de prevención de la violencia de género. Estos también incluyen interpretación en lenguaje de señas.

En tercer lugar, seguimos trabajando en las comunidades, difundiendo mensajes de boca en boca o mediante el uso de altavoces. Usamos nuestro vehículo con altavoz para recorrer las comunidades y difundir información sobre prevención de la violencia de género y el matrimonio infantil y para promover los derechos de las niñas en general.

Cuarto, estamos distribuyendo material impreso de divulgación para explicar las consecuencias de las violaciones de los derechos de las niñas e informar dónde denunciar casos de violencia contra las niñas. Lo hacemos a través del reparto de volantes y folletos, y también pegamos carteles en lugares por donde niñas y adolescentes pasan con frecuencia, tales como tiendas, fuentes de agua y minimercados. Estos materiales están siempre escritos en el idioma local e incluyen imágenes para que el contenido sea más fácil de entender.

Así hemos podido continuar con nuestro trabajo y no hemos abandonado a las chicas que confían en nosotros en el momento en que más nos necesitan.

¿A qué crees que se deben los buenos resultados obtenidos?

Pienso que hay tres factores principales que explican los buenos resultados que hemos obtenido.

Primero, hemos mantenido el vínculo con los líderes comunitarios y otros actores clave y hemos apuntalado su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la violencia de género contra las niñas. Llevamos a cabo reuniones virtuales y compartimos programas en formato podcast con diversos actores relevantes que trabajan con niñas. Estos materiales sirven para incentivar relaciones positivas y saludables de modo de prevenir la violencia contra las niñas al tiempo que promueven la salud reproductiva de las jóvenes durante la pandemia del COVID-19.

En segundo lugar, hemos identificado herramientas de bajo costo que nos han permitido mantener el contacto con las niñas y hemos continuado empoderándolas durante la pandemia. Lo hemos hecho mediante el uso de nuevas tecnologías en los casos en que están disponibles y son accesibles, y hemos buscado conectarnos de otras maneras con las niñas que viven en comunidades que carecen de acceso a las redes sociales.

En tercer lugar, hemos impulsado la integración de mensajes de prevención de la VG en los materiales de prevención del COVID-19, de modo que los servicios de atención médica se comuniquen con las niñas y les brinden apoyo y protección integrales, no solo contra el COVID-19 sino también contra la violación endémica de sus derechos.

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Líbano: ‘El cambio comienza cuando se les pasa el micrófono a las organizaciones feministas de base’

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS y laRed Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Hayat Mirshad, periodista y activista feminista y jefa de comunicaciones y campañas del Encuentro Democrático de Mujeres Libanesas (RDFL), una organización de la sociedad civil (OSC) feminista y secular que defiende los derechos de las mujeres. Fundada en 1976 y basada en el voluntariado, RDFL es una de las organizaciones feministas más antiguas del Líbano. Lucha por la eliminación de la violencia de género y de todas las formas de discriminación y busca lograr el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. Ha lanzado varias campañas exitosas, entre ellas la campaña #NoAntesdelos18 (#NotBefore18) de 2017, que resultó en la presentación de un proyecto de ley, actualmente bajo consideración parlamentaria, para establecer en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

 

JAPÓN: ‘La vulnerabilidad de las personas en situación de calle es el resultado de la exclusión incorporada en la sociedad contemporánea’

CIVICUS conversa con CIVICUS Tsubasa Yuki, del Centro de Apoyo Moyai para la Vida Independiente (Moyai Support Centre for Independent Living) sobre la situación de las personas en situación de calle durante la pandemia del COVID19 en Japón. Fundado en 2001, el Centro de Apoyo Moyai apoya a personas en situación de calle creando un espacio comunitario y proporcionando asesoramiento y garantías de alquiler para quienes buscan vivienda.

En Japón es ilegal pedir dinero en la calle y hay poca simpatía hacia las personas sin hogar, que a menudo son vistas en forma estereotipada, como personas que huyen de deudas de juego. En Tokio, los preparativos para los juegos Olímpicos, originalmente planeados para 2020 pero ahora postergados para 2021, resultaron en el desmantelamiento de las carpas de personas en situación de calle ubicadas cerca de estaciones de trenes y parques. En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Centro de Apoyo Moyai lanzó un petitorio en línea para pedir autorización a los organizadores de las Olimpíadas de Tokio y al gobierno de la ciudad para usar la Villa Olímpica como refugio para personas en situación de calle.

 

ASIA: ‘Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado’

CIVICUS conversa con Gam Shimray, Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (Asian Indigenous Peoples Pact, AIPP) sobre la situación de los grupos Indígenas en Asia durante la pandemia del COVID-19. AIPP es una federación regional de movimientos de pueblos Indígenas de Asia que trabaja para promover y defender los derechos humanos de los pueblos Indígenas, incluyendo derechos territoriales y culturales. Debido a su posición de subordinación y a su distancia respecto de la cultura y la política convencionales, los pueblos Indígenas padecen graves violaciones de derechos humanos, racismo sistémico, discriminación y exclusión. Como resultado de la constante negación de sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, muchas comunidades Indígenas se cuentan entre los grupos más vulnerables y desfavorecidos.

 Gam Shimray

¿Qué nos puedes contar acerca del trabajo de AIPP?

El trabajo de AIPP se guía por nuestra creencia en los derechos humanos universales y el derecho inherente a la autodeterminación de todos los pueblos, incluidos los pueblos Indígenas. Los derechos a la autodeterminación y el autogobierno son una necesidad social para lograr una continuidad de los procesos sociales el autodesarrollo Indígena.

Mientras que nuestro trabajo de incidencia se centra principalmente en los niveles regional y global, a través de nuestros miembros y redes establecemos conexiones con procesos a nivel país. AIPP consolida una posición común de las organizaciones Indígenas para la incidencia global y regional. Para ello, nos enfocamos en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, consolidando los movimientos Indígenas y programando una agenda común para campañas y actividades de incidencia colectivas a nivel nacional.

AIPP también trabaja en la construcción de liderazgos y promueve un liderazgo distribuido a lo largo de Asia, incluyendo a mujeres, jóvenes y personas con discapacidades.

¿Cuál era la situación de los pueblos Indígenas en Asia antes de la pandemia del COVID-19?

Antes de la pandemia causada por el COVID-19 la situación política en Asia se había ido deteriorando, particularmente en los últimos años. En muchos países asiáticos hemos experimentado ataques crecientes contra la sociedad civil y la restricción del espacio democrático necesario para el debate y la formación de la opinión pública. Algunos intelectuales atribuyeron esta tendencia a la existencia de liderazgos políticos cada vez más apartados de la democracia y los derechos humanos.

Las transiciones de regímenes autoritarios hacia la democracia que algunos países han experimentado en las últimas décadas, como Filipinas en los años ‘80, Indonesia a finales de los ‘90 y Nepal a comienzos de los 2000, no han culminado. Otros países, como China, Laos y Vietnam, tienen sistemas de partido único de jure, mientras que Camboya tiene uno de facto. En Myanmar, los militares todavía controlan el gobierno, mientras que la tradición tailandesa de gran tolerancia todavía no ha producido un Estado democrático moderno y estable. A su vez, el ascenso del populismo constituye una seria amenaza para estas democracias. En India, la democracia más grande del mundo y probablemente una de las más fuertes en la región, bajo el gobierno populista del Primer Ministro Narendra Modi estamos viendo continuos ataques contra toda institución autónoma, desde la justicia hasta el banco central y la prensa independiente.

El resultado es que, en los últimos años, la mayoría de los defensores de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas han sido Indígenas. Ellas han perdido sus vidas defendiendo sus derechos, hogares, tierras, territorios y recursos.

Estos problemas también evidencian la existencia de problemas subyacentes más profundos, referidos a la insuficiente capacidad política e institucional para abordar eficientemente los desafíos que presentan la democracia y los derechos humanos en los países asiáticos. Enfrentamos cuestiones morales y políticas que requieren una evaluación seria de la erosión de los estándares y prácticas de derechos humanos y el debilitamiento de la capacidad política e institucional para responder a los desafíos sociales y políticos del presente. La experiencia de sufrimiento de las personas más pobres durante la pandemia del COVID-19 es evidencia de ello.

¿Qué desafíos han enfrentado los grupos y activistas Indígenas durante la pandemia?

Los problemas y desafíos varían según las diferentes situaciones de los países. Aún así, uno de los principales desafíos se relaciona con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de Asia impusieron cuarentenas en sus países sin mucha preparación, lo cual desencadenó el caos. La situación fue abrumadora y no pudimos responder a las necesidades de activistas, comunidades y trabajadores migrantes.

Las personas refugiadas, trabajadoras migrantes y apátridas fueron las que más sufrieron. Las que carecían de documentos identidad tuvieron problemas para demostrar su ciudadanía, lo cual debían hacer para recibir ayuda gubernamental. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas carecen de la documentación necesaria y también abundan los errores de registro, y quienes no figuran en el registro nacional no pueden recibir un documento de identidad.

Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado. Esta situación ha sido peor en India, donde gente del noreste del país fue expulsada de sus hoteles o de las casas que alquilaban, no podían comprar comida, ir a los mercados o usar transporte público. Hubo gente que les escupió y se les detenía sin ningún tipo de explicación. Muchas de estas personas, entre ellas mujeres, fueron golpeadas sin ninguna razón, por lo que mucha gente en ciudades de toda India vive en un estado de temor permanente.

En algunos países, los gobiernos están aprovechando la situación actual como excusa para emprender campañas militares, acaparar tierras, autorizar grandes proyectos de infraestructura, denegar derechos y debilitar regulaciones y protecciones medioambientales. Muchos activistas y miembros de las comunidades en países como Bangladesh, India, Filipinas y Myanmar fueron asesinados o encarcelados a raíz de acusaciones inventadas. La policía y las fuerzas de seguridad también han impedido que los líderes de las comunidades realizaran tareas de emergencia y ayudaran a comunidades en emergencia alimentaria.

Estos incidentes son graves y hay muy poco que podamos hacer al respecto, ya que la gente no puede salir a protestar o hacer campaña, y apenas pueden tener acceso a la justicia. En India están permitidas las peticiones electrónicas y los tribunales siguen atendiendo los temas más urgentes mediante videoconferencia, pero muchas comunidades no están familiarizadas con procesos tan complicados y tampoco tienen acceso adecuado a internet.

¿Como han respondido ante esta situación AIPP y otras organizaciones de derechos Indígenas?

Lo primero que hicimos fue comunicarnos con nuestros miembros y redes para juntar información de las bases. También les respondimos a quienes se comunicaron con nosotros en busca de ayuda y apoyo. Nuestra primera acción fue proveer o movilizar asistencia, y en particular alimentos para las personas en situación crítica en diferentes áreas, por intermedio de nuestros miembros. Nuestra ayuda también se concentró en compartir información relativa a las comunidades Indígenas. Esto ha sido necesario porque los niveles de desinformación han sido abrumadores, y han desencadenado reacciones impulsadas por el pánico. Hemos compartido con las comunidades solicitudes y llamamientos solidarios para impulsar respuestas humanitarias y difundir buenas prácticas que las comunidades pueden implementar.

La situación es complicada porque no se trata solamente de responder a la pandemia. Las comunidades indígenas padecen de muchos problemas subyacentes. Lo mínimo que podíamos hacer era dejar constancia de nuestra protesta y llevar a cabo campañas a través de medios digitales.

La pandemia del COVID-19 ha desenmascarado muchos problemas y nos plantea nuevos desafíos. Por lo tanto, estamos evaluando y haciendo esfuerzos para dar pasos adicionales para afrontar el impacto de la pandemia en el largo plazo. Con respecto a esto, también hemos formado una alianza regional en respuesta al COVID-19, que se encuentra en proceso de expansión. Pronto tendremos listo nuestro informe preliminar de evaluación regional, que nos va a ayudar a planificar mejor. Ya sabemos que el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades va a ser crucial en el proceso de adaptación a lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.

¿Qué otros apoyos necesitarían los grupos Indígenas en este momento?

El apoyo que las comunidades Indígenas necesitan es enorme, porque los impactos se seguirán sintiendo en el largo plazo. Pero algunas de las necesidades principales son las siguientes.

En primer lugar, necesitamos establecer grupos locales de respuesta rápida a la pandemia con fondos asignados y con un equipo de funcionarios designados para coordinar con autoridades provinciales o estaduales y organizaciones de la sociedad civil para monitorear la situación en las comunidades Indígenas y proveerles el apoyo que necesiten. El equipo de respuesta también debe coordinar con las autoridades correspondientes para atender las necesidades especiales de las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades en las comunidades Indígenas.

En segundo lugar, necesitamos asegurar que las autoridades locales y provinciales reciban pautas e instrucciones apropiadas en relación con las medidas que deben tomarse para que los pueblos Indígenas puedan afrontar el COVID-19 y cumplir la cuarentena.

El tercer lugar, es crucial crear conciencia y asegurar el acceso a los servicios de salud. Por eso es importante preparar materiales informativos en formatos amigables para las comunidades, que expliquen con claridad la naturaleza de la enfermedad, las medidas de cuarentena y contención y las pruebas virales, de modo de derribar los mitos acerca del virus. Se necesita coordinación entre los trabajadores del departamento de salud y los sanadores tradicionales para garantizar que los sistemas de conocimiento Indígenas estén integrados en los mecanismos de respuesta. Se deberían fomentar estrategias de cuarentena localizadas y separadas que promuevan un ambiente natural y de participación de la comunidad. También se pueden preparar centros de atención para casos de COVID-19 manejadas por sanadores y enfermeros de las comunidades.

En áreas remotas se deberían desplegar unidades móviles de salud que incluyan a sanadores tradicionales y trabajadores de la salud. Se debería prestar particular atención a aquellas áreas donde hay más trabajadores migrantes que han retornado a sus hogares. También se debería facilitar el acceso al testeo y proveer instalaciones para que estas personas puedan hacer la cuarentena. También se debería proveer acceso a servicios de salud en caso de emergencia, incluido el transporte. El acceso al agua para limpiar y beber es otra necesidad crítica que se debería asegurar.

Asegurar la seguridad alimentaria, el nivel de ingresos y el sustento económico también es crucial dados los niveles de desnutrición que existen en muchas regiones Indígenas. Por lo menos en los próximos seis meses va a ser sumamente necesario distribuir en forma gratuita raciones alimenticias para todas las personas, independientemente de si tienen cédula de identidad o son clasificadas como migrantes.

Por último, es urgente fortalecer los medios de subsistencia basados en la producción forestal no maderable (PFNM) mediante la creación de mecanismos institucionales efectivos de recolección, almacenamiento, adquisición y venta. En Asia hay una alta dependencia de la PFNM. Se debería proveer apoyo financiero y logístico a las comunidades para que puedan generar una fuente de ingreso sustentable. Las comunidades que viven en áreas protegidas deben tener acceso a los bosques por motivos de subsistencia.

¿Que lecciones han aprendido sobre la situación de los pueblos Indígenas durante la pandemia?

Durante la pandemia la situación ha sido abrumadora, y las medias impuestas por los gobiernos han desencadenado actos de violencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Centenares de personas pobres han muerto de hambre, y las que se aventuraron a salir por efecto de la desesperación han sido atacadas brutalmente por la policía.

El impacto potencial parecía bastante sombrío y si no hubiésemos puesto nuestra confianza en la gente y en las comunidades, nuestros esfuerzos no hubiesen sido muy exitosos. Los servicios de asistencia en emergencia debían ser eficientes y la clave de nuestro éxito en países como Malasia o Tailandia ha sido depositar nuestra confianza en el trabajo de los voluntarios de las comunidades. Todos los recursos que fue posible generar les fueron transferidos a ellos y ellos reportaron las acciones y actividades que llevaban a cabo por teléfono o por otros medios que tuvieran a disposición.

Además, por lo que pudimos ver, muchas comunidades respondieron muy bien a la situación iniciando cuarentenas en los pueblos, regulando las visitas, poniendo a los retornados en cuarentena o implementando medidas de distanciamiento social aun con poca información o sin los recursos apropiados. También hubo miedo, pero las comunidades lo fueron superando y fueron mejorando sus respuestas. Las comunidades no solo recibieron asistencia de nuestra parte o de otras fuentes: algunas de ellas también aportaron alimentos para otras comunidades más necesitadas. La mayoría de estas comunidades han trabajado con nosotros en el pasado y han podido gestionar exitosamente sus sistemas de producción alimentaria y sus recursos naturales. No estaban preocupadas por escasez de alimentos; por el contrario, sus líderes aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia de la importancia de mejorar la producción local y el manejo sustentable de los recursos. Personalmente, esto ha sido inspirador.

También nos hemos sentido inspirados por comunidades que se organizaron y usaron prácticas curativas y medicinas locales para mejorar la inmunidad y la resistencia a la enfermedad o establecieron sistemas de intercambio de alimentos con poca o casi nada de ayuda de parte del Estado, cuando los programas estatales no funcionaban o no llegaban a tiempo. Lo que es más importante, esto demostró que la devolución de atribuciones y el empoderamiento de las comunidades pueden ser más efectivos a la hora de afrontar una crisis si se entrega a las instituciones locales autónomas los recursos y el apoyo necesarios.

Las respuestas espontáneas de las comunidades se fueron dando de forma casi natural porque se trata de comunidades que históricamente se han autogobernado. De aquí en adelante, si confía en la gente y empodera a las comunidades el Estado podrá lidiar de forma más eficiente con cualquier crisis de salud pública y con sus impactos en el largo plazo.

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MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’

Adrian Perei

CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.

NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.

Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personas trabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamiento y deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Un informe sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.

¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?

En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.

Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.

También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.

¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?

Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.

El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.

Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.

También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.

La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.

¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?

Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita, y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.

También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.

Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.

Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.

¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?

Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.

¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?

Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.

Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.

Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.

Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.

El espacio cívico en Malasia es clasificado como obstruido por el CIVICUS Monitor

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DERECHOS DE LAS MUJERES: ‘A este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar la igualdad’

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS conversa con Serap Altinisik, directora de la oficina de Plan International para la Unión Europea (UE) y representante en la UE. Anteriormente, como Directora de Programas de la organización Lobby Europeo de Mujeres (European Women’s Lobby), Serap dirigió la Campaña 50/50, "No hay democracia moderna sin igualdad de género", en toda Europa. Recientemente también ha pasado a integrar la Junta Directiva de CIVICUS.

Serap Altinisik

Un cuarto de siglo después, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales? ¿Qué se debe hacer ahora para que para 2030 se alcance el Objetivo 5 sobre igualdad de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

2020 marca el 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la agenda más visionaria para los derechos de las niñas y las mujeres. 2020 también inicia la cuenta regresiva de una década para alcanzar los ODS.

En las últimas décadas se ha producido un progreso claro y medible hacia la igualdad de género. Por ejemplo, 131 países han promulgado 274 reformas legales y regulatorias en apoyo de la igualdad de género, la mortalidad materna ha disminuido en por lo menos 45%, la matriculación de niñas y niños en la escuela primaria casi se ha igualado, y aproximadamente el 25% de los escaños en los cuerpos legislativos nacionales están ocupados por mujeres, un número que se ha duplicado en las últimas décadas.

Sin embargo, 25 años después de que los estados miembros de la ONU se comprometieran a lograr la igualdad de género y cinco años después de la formulación de los ODS, ningún país ha cumplido plenamente la promesa de la igualdad de género. Si los gobiernos continúan a este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar esa meta.

Para lograr el ODS 5, estoy de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que ha reclamado una década de acción para cumplir con los ODS y quiere que este sea el siglo de la igualdad de género. Retrospectivamente, la desigualdad de género es una de las cosas que más nos avergonzarán del siglo XXI.

Los gobiernos tienen que invertir consistentemente en la igualdad de género, lo cual significa no solo promulgar leyes y reglamentos, sino también implementar presupuestos sensibles en materia de género de manera consistente. Las investigaciones disponibles muestran que allí donde las inversiones son consistentes, los derechos de las niñas y las mujeres aumentan. Sin embargo, no existe un enfoque único que funcione para todos. Al adoptar reglamentos y leyes, los gobiernos deben utilizar un enfoque del ciclo de vida para abordar las necesidades específicas de las mujeres en cada etapa de sus vidas. Si deseamos medir e incrementar los avances y aprender de los datos, entonces debemos desglosar los datos por edad, género, discapacidad y origen étnico, entre otras variables.

Sin embargo, los factores más persistentes que impiden que niñas y mujeres tengan roles de liderazgo, decidan y prosperen a la par de los niños y los hombres son las normas sociales, los estereotipos y el sexismo. Los estudios disponibles y las experiencias de niñas y mujeres muestran que en muchos países las prácticas a nivel del hogar subordinan a las mujeres incluso cuando están educadas, aun cuando están dentro del mercado laboral e incluso cuando desempeñan roles en el gobierno. Dado que lo personal es político, como dice el eslogan del movimiento feminista de la década del ‘60, la igualdad de género y los derechos de niñas y mujeres deben ser una prioridad para la política, la economía, las prácticas y las normas sociales, y esto comienza en casa. Si el objetivo es cumplir por completo la promesa de la igualdad de género para 2030, no puede ser un mero adorno.

En un análisis retrospectivo de 2019, ¿cuáles dirías que han sido los principales éxitos y desafíos en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres?

El ascenso de líderes autoritarios y el establecimiento de gobiernos de derecha están preparando un terreno fértil para la violencia y la discriminación contra niñas y mujeres. En los últimos años hemos observado retrocesos y ataques contra las victorias obtenidas con tanto esfuerzo para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres tanto en el norte global como en el sur global. Últimamente los conflictos y las crisis humanitarias se han vuelto más complejos y prolongados, y en esos contextos las mujeres y niñas enfrentan los mayores riesgos. Desafortunadamente, la discriminación, la pobreza y la violencia todavía están presentes en las vidas de niñas y mujeres de todo el mundo. Da la impresión de que la misoginia, acompañada de racismo, está en aumento, mientras que el espacio para la sociedad civil se está contrayendo cada vez más.

Sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres están alzando la voz, colaborando y mostrando solidaridad, y no están dispuestas a esperar más por el cambio y la justicia de género. En esto, las organizaciones de derechos de las mujeres y las líderes feministas, ¡juegan un papel vital! Desafían el statu quo y están en la primera línea insistiendo en que otro mundo es posible.

Soy consciente de que cuando menciono solamente algunos éxitos, es posible que no esté haciendo justicia a tantas otras victorias obtenidas. Sin embargo, considero que los principales éxitos han sido diversos e inspiradores: incluyen, por ejemplo, el nombramiento de la primera mujer para dirigir la Comisión Europea en toda su historia; el rol de las manifestantes de sudanesas en el liderazgo del movimiento prodemocracia; la cantidad de mujeres jóvenes que lideran el movimiento ambientalista; la resistencia encarnada por niñas y mujeres en todos los continentes. Están desafiando el statu quo y se ponen a la vanguardia para insistir en que otro mundo es posible.

Sus acciones no solo están cambiando las leyes y las regulaciones y trayendo a la mesa nuevos acuerdos, como el Acuerdo Verde Europeo de la UE y la ambición de tener representación paritaria en todas las instituciones de la UE, sino que también están cambiando las normas sociales y están contribuyendo a una “nueva normalidad” en cuyo marco las niñas y las mujeres también pueden dar forma a nuestro mundo.

Has estado personalmente involucrada en la iniciativa Fair Share. ¿Cuál sería una “porción justa” de representación y liderazgo femeninos, y por qué es importante alcanzarla?

Fair Share of Women Leaders es una OSC que busca probar y mostrar nuevas formas de gobernanza que reflejen los valores y principios feministas y superar algunas de las consecuencias del desequilibrio de poder, la jerarquía y la burocracia que caracterizan a los mecanismos tradicionales de gobernanza. Presionamos por una representación proporcional de las mujeres en roles de liderazgo en el sector social, un objetivo que queremos alcanzar como mucho hacia 2030.

Aunque representan casi el 70% de la fuerza laboral mundial de impacto social, las mujeres ocupan menos del 30% de los principales puestos de liderazgo en sus organizaciones. Esta falta de voces diversas en los puestos clave de toma de decisiones socava el impacto de las organizaciones para lograr el ODS 5. A raíz de #MeToo y una serie de escándalos de abuso sexual en la sociedad civil, muchas organizaciones han tenido que repensar sus estrategias. Nuestra esfera necesita comenzar a promover sistemáticamente el liderazgo de las mujeres como motor del cambio.

Por supuesto, hay que reconocer que muchas cosas están cambiando para mejor dentro de la sociedad civil. Algunas OSC se han comprometido a desarrollar una cultura organizacional y de liderazgo que valore la representación igualitaria de género, la diversidad y la toma de decisiones participativa, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género. Tenemos que estar a la altura de nuestros valores si queremos reclamar legítimamente un cambio positivo en el mundo. Tenemos que ser el cambio si deseamos verlo.

Para impulsar este cambio, Fair Share monitorea el número de mujeres en posiciones de liderazgo para forzar a la sociedad civil a rendir cuentas; promueve el liderazgo feminista y moviliza a mujeres y hombres para crear organizaciones feministas; y busca crear oportunidades para mujeres de diversos orígenes económicos y sociales, nacionalidades y etnias que actualmente tienen menos probabilidades de llegar a posiciones de liderazgo.

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COLOMBIA: ‘La protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz’

Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con un joven estudiante colombiano, activo en el movimiento climático, que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. Además de movilizarse en el marco de movimiento #FridaysForFuture, el entrevistado forma parte de Hijos del Postconflicto, un colectivo creado recientemente para visibilizar las experiencias de la gente en los territorios y defender el proceso de paz en Colombia. En la convergencia entre diversas luchas, el entrevistado enfatiza la defensa del proceso de paz como clave para preservar el medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

colombia protests

¿Cuál es, desde tu perspectiva, el problema ambiental más urgente en Colombia?

El problema ambiental más urgente es la deforestación. Las tasas de deforestación en Colombia son altísimas, y la situación no ha mejorado desde la firma de los acuerdos de paz. Eso se debe a que, en tiempos de conflicto armado, las guerrillas colombianas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían dominio de gran parte del territorio selvático de Colombia. Por supuesto que nadie se metía en ese territorio: no llegaban las multinacionales ni las petroleras; tampoco llegaba la ganadería. Con la firma de los acuerdos de paz y la retirada de las guerrillas se acentuó el problema que ha tenido Colombia desde la década del ’50: la distribución de las tierras.

Colombia tiene una distribución de la tierra extremadamente regresiva; la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Con la retirada de la guerrilla y la llegada de las multinacionales el acaparamiento de tierras se ha acentuado. Muchas tierras son apropiadas, deforestadas y utilizadas para la cría de ganado, y la población local continúa siendo desplazada.

Al mismo tiempo sigue habiendo grupos armados al margen de la ley que continúan activos, sobre todo grupos paramilitares de extrema derecha, aunque también queda la guerrilla, más pequeña, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las FARC que decidieron no acoplarse al proceso de paz. Estos grupos armados están disputando el territorio para hacerse del dominio de los cultivos de coca y expandirlos, provocando mayor deforestación.

En consecuencia, tanto la continuidad del conflicto en algunos territorios como su finalización en otros influyen directamente sobre la deforestación. El proceso de paz contiene una serie de mecanismos para contrarrestar la deforestación, pero sus efectos dependerán de que efectivamente se lo implemente. En ese sentido, la protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz.

¿Qué mecanismos contemplados en los acuerdos de paz permitirían detener la deforestación?

Los acuerdos de paz incluyen dos puntos específicos para frenar la deforestación. El primero es la reforma rural integral, que pretende distribuir el campo colombiano y respetar los usos asignados al suelo – por ejemplo, que si es para uso agrícola, no sea utilizado para ganadería. El segundo punto es el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que apunta a resolver el problema de las drogas. Es importante entender que muchas familias campesinas pobres se han visto obligadas a cultivar coca para sobrevivir; a través de este programa el Estado les ofrece incentivos económicos para que hagan una transición hacia otros cultivos sustentables. 

¿De qué modo colabora el activismo juvenil con la efectiva implementación de los acuerdos de paz?

La lucha por la paz se da en todos los frentes. Nosotros hacemos tres cosas: nos movilizamos en las calles en defensa del proceso de paz; hacemos pedagogía para que la gente entienda porqué el proceso de paz es tan importante; y trabajamos en distintos espacios haciendo incidencia política.

El contexto para este trabajo es bastante difícil. Ni bien asumió el poder, el presidente Iván Duque objetó el proceso de paz e intentó modificar todos los aspectos con los que no estaba de acuerdo o que según él no eran justos, lo cual en definitiva supondría desactivar el proceso que resultó de los acuerdos y volver a comenzar desde cero. Esto no fue una sorpresa: toda su campaña giró en torno del proceso de paz y se basó en la difusión de mentiras acerca del proceso de paz. Ganó las elecciones manipulando el temor de la gente, a la que le aseguró que los acuerdos consagraban la impunidad. Trató de asustarnos diciéndonos que si ganaba la izquierda nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. También mintió en relación con sus planes para las industrias extractivas: llegó a asegurar que no se autorizaría la exploración y explotación petroleras por medio de fracking, pero a fines de diciembre de 2019 hizo púbico un proyecto de decreto para habilitar el fracking.

En tanto que activista por la paz y el medio ambiente en Colombia ¿has tenido alguna participación en el movimiento global por la justicia climática?

Sí, con un pequeño grupo nos sumamos a la iniciativa Fridays for Future. Nuestra participación se limitó a una serie de acciones y plantones para dar inicio al movimiento climático en el país.

Nos ha sido bastante difícil generar movilización en torno de la crisis climática global. Ante todo, hay mucha ignorancia. En Colombia la mayoría de las personas no tiene idea de lo que les están haciendo; de hecho, el actual presidente se aprovechó de ello para difundir mentiras, hacer una campaña de desinformación y ganar las elecciones. En un país donde la educación pública es muy mala y solamente la gente rica puede estudiar es muy fácil mentir y que te crean. Entonces, el primer problema es la ignorancia. A eso se suma el miedo: en Colombia a la gente le da miedo hablar, organizarse y manifestarse. Los colombianos vivimos una increíble zozobra debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ambientales. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos en general, y para los líderes ambientalistas en particular.

Todo esto ha limitado la movilización por el clima. Hubo algunas acciones sueltas, pero no una gran marcha nacional de alto impacto. Por eso nos sorprendió que se produjera una movilización escolar masiva en el sur del país, en el departamento del Huila, donde menos esperábamos una movilización debido a las dinámicas complejas de seguridad que se viven en esos territorios. Logramos ponernos en contacto con los jóvenes que se movilizaron en Huila y juntos participamos de un encuentro nacional que realizamos en el departamento del Caquetá, también conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí logramos articular el trabajo con las comunidades que viven en territorio amazónico y hasta el momento seguimos en el proceso para elevar las consignas amazónicas e iniciar una resistencia en defensa de nuestra selva.

Actualmente estamos empezando a sumarnos todos los colectivos ambientales en un mismo frente climático. Esperamos que esto inspire a los que tienen miedo para que también se sumen.

¿Han tenido alguna participación en foros internacionales sobre el clima?

Hemos estado en un encuentro latinoamericano de Fridays for Future que se hizo en Chile con el apoyo de 350.org. Fue un encuentro de defensores del clima para generar lazos latinoamericanos e impulsar el movimiento a nivel regional. Nos ayudó bastante encontrar jóvenes de otras partes de la región que también estaban movilizándose, ver que podíamos unirnos y sentir que teníamos apoyos internacionales para hacer nuestro trabajo. Esto nos dio algo de esperanza.

Fue después de esa reunión que empezamos a tratar de formar una red ambientalista nacional, viajando a la mayor cantidad de territorios y sumando a jóvenes de otras regiones del país. Todavía nos falta mucho por construir, pero estamos creciendo exponencialmente, porque cuando sumamos a un colectivo, ese mismo colectivo tiene llegada a otros tres o otros cuatro colectivos más. Todo el año 2019 nos hemos centrado en este proceso, recorriendo territorios, comunicando nuestro mensaje a la gente y haciendo lazos. Creemos que la próxima vez tal vez sí podamos movilizarnos a nivel nacional. Lo haremos el 24 de abril de 2020, cuando se realice la próxima huelga global.

¿Qué clase de apoyos necesitarían para poder hacer en 2020 la movilización que no pudieron hacer en 2019?

Nuestra oportunidad en este momento es el paro nacional, la serie de manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades colombianas a partir de noviembre de 2019. En un país donde a la gente le da miedo hablar, el 21 de noviembre del año pasado salieron a la calle millones de personas, en una de las movilizaciones más grandes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad única. En el marco de estas protestas, el movimiento ambientalista también ha puesto sus propuestas y demandas. Tal vez no podamos movilizar a la gente específicamente por el clima, pero podemos aprovechar estas movilizaciones masivas y sumar nuestros temas. Si hay gente dispuesta a movilizarse, podemos acercarnos para contarles lo que está pasando en relación con el medio ambiente y comunicarles nuestras demandas para que vean que también les conciernen y se movilicen por ellas. Así es como logramos que el comité de paro incluyera entre sus demandas la declaración de la emergencia climática en Colombia. Este ha sido un avance muy grande.

El espacio cívico en Colombia es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.
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COLOMBIA: ‘La ciudadanía está indignada y cansada de las políticas que la han sumido en la pobreza’

CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

alexandra gonzalez zapata

¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

El espacio cívico en Colombia es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.
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‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

Rodrigo Mundaca

¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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