PARAGUAY: “Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar”

CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

AliciaAmarilla

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

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Venezuela: “Necesitamos de la comunidad internacional un enfoque multilateral, flexible, y creativo”

CIVICUS conversa con Feliciano Reyna, fundador y presidente de Acción Solidaria, una organización de la sociedad civil (OSC) venezolana establecida en 1995 con la misión de contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH, que a raíz de las múltiples crisis que enfrenta Venezuela ha expandido su radio de acción para proveer medicinas e insumos médicos a poblaciones más amplias en situación de vulnerabilidad.

Feliciano Reyna

¿Cómo se ha llegado a la crisis actual en Venezuela?

Se ha producido a lo largo de varios años un proceso de desmontaje del Estado de derecho que aún continúa. Hace tiempo que la justicia dejó de ser independiente y opera en función de los intereses del gobierno. A esto se agrega un gran nivel de corrupción. Hay muchos documentos e informes, como uno reciente de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que describe cómo se fue instaurando una estructura de justicia no independiente, que se aprovechó de la opacidad de los datos públicos y del manejo discrecional del Estado.

Esto llevó a que muchos, actuando en función de sus intereses, destruyeran el aparato económico y productivo. Hoy en día la economía venezolana es el 20% de lo que era en 2013. Esto impacta sobre los niveles de pobreza, la calidad de los servicios públicos y la total falta de protección.

Hubo un primer periodo de ingentes ingresos, gran derroche de riqueza, que permitió que durante muchos años les llegaran recursos a los principales grupos de apoyo del gobierno de Hugo Chávez, entre 2005 y 2013. Pero era solo gasto en beneficios individuales, nada de inversión en servicios públicos. Así, poco a poco lo público fue quedando en un estado de total abandono: hospitales, carreteras, alumbrado, sistema eléctrico, distribución de agua. Todo está muy destruido. Hay alrededor de cuatro millones de personas que cocinan con leña o carbón porque no les llega el gas. En donde yo vivo recibimos agua una vez a la semana durante 24 horas, y hay momentos en que no nos llega agua durante dos o tres semanas.

Hubo un cambio importante en la economía mundial, con una fuerte caída del precio del petróleo que coincidió en los últimos días de Chávez en el gobierno. Cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013 quedó en evidencia la fragilidad de un régimen en gran medida basado en la personalidad de Chávez. Tras el triunfo de Maduro se desencadenaron protestas políticas porque su mandato fue cuestionado, y en consecuencia se iniciaron prácticas represivas muy duras. Desde entonces se percibe un gran deterioro conducente a esta crisis de derechos humanos. Las OSC han documentado detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en prisión. Ha habido un ataque sostenido a la disidencia y a los adversarios políticos. A cualquiera que tenga una posición de poder y sea visto como una amenaza política lo sacan de juego.

Los años entre 2014 y 2016 fueron terribles. Además de la vulneración a los derechos humanos, hubo un daño generalizado a la población en materia de salud, nutrición, acceso al agua, educación y otros derechos. A medida que la economía se fue deteriorando, comenzó a haber muchas protestas sociales, no por razones políticas sino por problemas de ingresos, falta de recursos, cortes de electricidad, falta de medios de transporte y servicios públicos. Con dos grandes excepciones – las olas de protesta de 2017 y de 2019, que expresaron un desacuerdo político -, la gran mayoría de las protestas han sido protestas sociales, no ideológicas, en las cuales expresaba su descontento mucha gente que en última instancia apoyaba y votaba al gobierno.

Mientras que el ataque a la oposición y a la disidencia ha llevado a muchos al exilio, las carencias económicas han provocado una ola migratoria masiva. Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado y se han ido muchos profesionales, maestros, médicos, lo cual debilitó aún más a los sistemas de prestación de servicios.

¿Cómo es el contexto en que trabaja la sociedad civil?

Hay un gran debilitamiento del Estado, que claramente no puede controlar todo el territorio bajo su jurisdicción, y por eso ha ido entregando el control a otros actores. El poder está cada vez más en manos de actores locales paraestatales que gozan de pequeñas burbujas de bienestar en el marco de la inmensa pobreza en que vive la gran mayoría de la población.

A causa del debilitamiento del Estado y del deterioro de la industria petrolera, siempre la principal fuente de ingresos del país, el gobierno ha abierto algunos espacios a una economía más libre. Eso significa que para servir a las poblaciones con las que trabajamos, hemos podido importar medicamentos e insumos gracias a la cooperación internacional. Tenemos donantes internacionales que nos envían los insumos o que pagan el transporte para que podamos recibirlos, usando el sistema de transporte puerta a puerta.

Desde 2017 Acción Solidaria ha traído casi 240 toneladas de ayuda. Hemos pasado de ser nueve personas en 2016 a ser 40 en 2021. Cada semana recibimos a unas 120 personas que vienen a las oficinas de Acción Solidaria a buscar medicina. La mayoría son mujeres y personas con muy pocos recursos, mayores de 55 años. Puede que las cosas que ellas necesitan estén disponibles en la economía paralela, pero a unos precios que les resulta imposible pagar.

Pero el entorno para la sociedad civil sigue siendo de alto riesgo. El año pasado tuvimos un allanamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales, el comando más temible de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que nos hicieron no fue un operativo oficial sino una acción delictiva. La sociedad civil que hace incidencia en derechos humanos es objeto de criminalización, y la sociedad civil que trabaja en acción humanitaria enfrenta graves problemas de acceso, es extorsionada por estos grupos autónomos y por actores paraestatales. Nos hemos convertido en blanco no porque seamos opositores o disidentes, sino porque tenemos recursos codiciados.

De hecho, tenemos a un compañero preso hace 160 días y otros cinco compañeros de una organización que trabaja junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados que estuvieron presos un mes en una instalación militar.

Con el proceso electoral, las redes de información del gobierno en los sectores populares parecen haber alertado que los programas gubernamentales - que transfieren a los beneficiarios el equivalente a unos cuatro dólares mensuales - no podían competir con los cerca de 60 dólares que organizaciones humanitarias transferían a las personas pertenecientes a sus poblaciones objetivo, sin exigirles nada a cambio, como parte de la respuesta humanitaria. De modo que intervinieron de inmediato y suspendieron los 38 programas de ayuda humanitaria que hacían transferencias en efectivo.

Después de las elecciones se ha empezado a recomponer el ecosistema de transferencias, pero por el momento solo se han activado los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF.

 

¿Cuánto apoyo popular le queda al gobierno de Maduro? ¿Suficiente para ganar las elecciones regionales de noviembre, o ha recurrido al fraude?

En noviembre de 2021 se realizaron las elecciones regionales en las que se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales y los 335 municipios del país. La cifra oficial de participación fue de poco más de 40%, y el gobierno obtuvo 19 gobernaciones, frente a cuatro de la oposición. El chavismo también ganó 213 alcaldías, pero los distintos grupos de oposición obtuvieron una cantidad no desdeñable, 121.

Las condiciones de la lucha electoral se plantearon bastante antes de la selección de las candidaturas, las campañas y la propia votación, con el nombramiento de nuevos miembros para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Foro Cívico, una OSC, había propuesto nombres de personas independientes para integrar el CNE – personas con mucha trayectoria en lo electoral, que podían establecer un puente de diálogo con la gente en el gobierno que quiere gobernar de una manera menos autoritaria. Así se consiguió un CNE más equilibrado, con un rector independiente y uno procedente de la oposición, entre los cinco principales, y tres suplentes propuestos por la sociedad civil, entre los cinco suplentes. Esto permitió pensar que las elecciones tendrían mayor legitimidad que otras anteriores.

El proceso electoral fue muy tenso; si bien no hubo fraude en el sentido de que se cambiaran las cifras de la votación, hubo muchas presiones y obstáculos para que no votaran los partidarios de la oposición. Políticos de mucho peso en la oposición fueron inhabilitados y no pudieron presentar sus candidaturas. Se cambiaron las condiciones en los centros de votación, incluidos los horarios, para mayor conveniencia del gobierno, y se acarreó mucha gente para que fuera a votar, aunque ya el gobierno no tiene la misma capacidad de movilización que en procesos anteriores. La participación fue baja por varias razones: influyó el hecho de que millones de personas han migrado, y de que muchas figuras populares de la oposición no participaban de la competencia.

La oposición tuvo también mucha responsabilidad en esto, porque contempló las elecciones con mucha suspicacia, voceros de peso se oponían a participar, y no cerró acuerdos amplios que le hubieran permitido hacerse con hasta diez o doce gobernaciones. En parte, vio limitado su crecimiento por los obstáculos impuestos por el gobierno, pero también por su incapacidad para ponerse de acuerdo.

Aun así, es importante recalcar que las condiciones de la competencia no eran equitativas. La oposición podría haber ganado más gobernaciones de las que ganó, pero esto tenía un claro límite. Esto se vio en el estado Barinas, de donde era originario Hugo Chávez, que el gobierno no podía permitirse dejar en manos de la oposición. Allí ganó claramente un candidato opositor, pero luego de las elecciones el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el candidato en realidad no cumplía con las condiciones para estar habilitado para competir, y ordenó repetir las elecciones.

Frente a estas limitaciones, que eran previsibles, hubo una parte de la oposición que desde el inicio se opuso a participar en las elecciones y dejó abierto el camino a muchos triunfos oficialistas que tal vez en otras circunstancias no se hubieran producido.

¿Cuán consolidado está el régimen de Maduro, y cuáles son las chances de que pueda producirse una apertura democrática?

La apertura democrática no parece ser una opción en el corto plazo. La oposición es muy diversa y está muy dispersa en términos de programa y manejo institucional, por lo que es cuestionable si sería capaz de gobernar si ahora mismo tuviera la oportunidad.

Lo que tenemos por delante es un largo tránsito por el desierto. El gobierno padece muchas debilidades, pero tiene apoyos en China, Irán, Rusia, Turquía, y mucho apoyo político de Cuba y de otros países de la región, como se puede ver en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A imagen y semejanza de estos estados que le apoyan, el gobierno de Maduro ha tenido un manejo hábil: a pesar de la corrupción y la falta de transparencia, ha ido abriendo la economía al tiempo que ha mantenido intacta su conducta represiva.

Los apoyos internacionales que recibe el gobierno son importantes y han sido sistemáticamente subestimados, en tanto se ha sobreestimado el apoyo que recibe el gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Se dice que tiene de su lado a Estados Unidos y a 60 países, pero quienes lo apoyan con acciones concretas son en realidad muchos menos.

Para muchos en la oposición el interinato en sí mismo ha sido un gran problema, en parte porque quedó asociado a la administración de Donald Trump, y en parte porque desde que se instaló el interinato lo que hacía el gobierno interino pasó a ser lo único que importaba y se abandonó el espacio de la Asamblea Nacional, que había contado con un amplio apoyo popular.

El interinato fue impulsado sobre la base del artículo 233 de la Constitución venezolana; puesto que en virtud de su reelección fraudulenta Maduro en 2018 no era reconocido por la oposición como presidente legítimo, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, proclamó a su presidente, en aquel momento Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Pienso que se debería haber continuado trabajando a través de la Asamblea Nacional, un cuerpo electo y legítimo en cuya presidencia se alternaban los partidos con más votos. Se podrían haber presentado pruebas de la corrupción y buscado mecanismos para proteger los activos del país con ayuda de la comunidad internacional.

En cambio, la oposición se asumió como un gobierno legítimo sin ningún control sobre los procesos internos. Y al asumir, planteó condiciones y plazos expeditos, reclamando que primero saliera Maduro del gobierno para que el gobierno interino se constituyera en gobierno de transición y organizara elecciones libres.

La opción por el interinato fue el resultado de la subestimación de las fuerzas del gobierno y la sobreestimación de las fuerzas propias. Cuando las expectativas no se satisficieron, como era evidente que iba a ocurrir, empezó a aumentar la desafección hacia el gobierno interino. Sigue habiendo un deseo enorme de cambio, porque las cosas están mal para la gran mayoría de la población, pero se fue perdiendo la esperanza de que ese cambio se lograría con el interinato.

¿Qué clase de apoyos debería brindar la comunidad internacional para facilitar una salida democrática?

Lo que desearíamos de la comunidad internacional es un enfoque multilateral, flexible, y creativo. El cambio de administración en Estados Unidos es sumamente importante porque la postura del gobierno de Trump era unilateral y avasalladora. Afortunadamente, el gobierno de Biden parece adherir a un enfoque multilateral, que incluye a Europa, Canadá y otros países de nuestra región.

De parte de Europa, fue muy importante que enviara una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre, así como lo fue que la ONU y el Centro Carter enviaran a expertos electorales. La ONU también tiene aportes esenciales que hacer en materia humanitaria y de derechos humanos, tanto en lo que se refiere a la movilización de recursos para atender la emergencia humanitaria en el país y en apoyo a personas migrantes y refugiadas en la región, como respecto de las situaciones de violación de derechos humanos que siguen ocurriendo.

La comunidad internacional debe escuchar a la sociedad civil y prestar atención a los reclamos de la gente que es directamente afectada por las medidas que actores externos toman en relación con Venezuela. Muchas de las sanciones que se han impuesto al gobierno, como la sanción secundaria de Estados Unidos que penaliza el intercambio de petróleo por diésel, terminan no afectando al gobierno, que tiene vías de acción alternativas, y en cambio perjudican a los usuarios y consumidores, a personas comunes cuyas vidas, ya complicadas, se complican aún más.

Si se escuchara a esa parte de la sociedad venezolana, se podría pensar políticas alternativas para generar los espacios de negociación y acuerdos que nos permitan retomar el camino de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, de manera no violenta.

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CHILE: “Por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay voces antidemocráticas inaceptables”

Alberto Precht

CIVICUS conversa con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, acerca de las elecciones presidenciales de Chile y el patrón persistente de bajo presentismo electoral. Fundada 23 años atrás, Chile Transparente es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la transparencia de las instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción. 

¿Cuáles son las particularidades de este proceso electoral?

En Chile ha habido últimamente tres votaciones: primero el plebiscito nacional de octubre de 2020, que preguntó a la ciudadanía si quería una nueva constitución y, en caso afirmativo, qué cuerpo debía redactarla; luego las elecciones de convencionales constituyentes en mayo de 2021; y actualmente, con la convención constitucional funcionando, las elecciones presidenciales, que ya han tenido su primera vuelta el 21 de noviembre y tendrán su segunda vuelta el 19 de diciembre.

Estos procesos electorales han sido bastante particulares porque cado una ha dado resultados bastante distintos en relación con el eje izquierda-derecha. Por un lado se logró una convención constitucional progresista, incluso con un componente importante de una izquierda más dura. Por el otro lado, tanto en las elecciones primarias como en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se impuso en primer lugar un candidato de la derecha más dura, José Antonio Kast, seguido por Gabriel Boric, un candidato progresista que se presenta en coalición con el Partido Comunista.

El ambiente político está bastante polarizado, pero lo que llama más la atención es que entre el 50% y el 60% de los chilenos no va a votar. Esto vuelve los resultados de las elecciones muy inciertos; además, quien gane lo hará con el 13 o 14% de los votos de todos los electores habilitados. No sorprende que luego se generen enormes corrientes de opinión contrarias al gobierno, ya que éste nunca representa a una mayoría. 

¿Por qué vota tan poca gente? 

Es paradojal, porque en el contexto actual uno hubiese esperado una mayor participación. La elección más importante desde 1988 fue la de convencionales constituyentes de 2021, y la participación no alcanzó el 50%. La única votación que superó ese umbral fue el plebiscito de 2020, con 51%, pero era diferente porque se trataba de un voto por sí o por no. Este bajo presentismo llamó la atención, porque si bien nadie esperaba que concurriera un 80 o 90%, como ocurrió en el plebiscito histórico de 1988 que le dijo “no” a la dictadura de Pinochet, sí se esperaba que la participación estuviera más cerca del 60%.

Es muy posible que en la segunda vuelta tengamos aún menos participación, aun cuando hay dos opciones muy claras y distintas, lo cual se esperaría que motive a más personas a votar. 

En Chile hay un problema estructural de baja participación. En parte, eso tiene que ver con que el voto es voluntario, pero también tiene que ver con el escaso atractivo de la oferta política. A pesar de que la oferta ha cambiado mucho y la última reforma en el sistema de elección de parlamentarios ha permitido un mayor pluralismo, esto no ha sido suficiente para motivar a las personas a votar. Las últimas elecciones han sido una montaña rusa muy difícil de analizar; lo único cierto es que hay por lo menos un 50% de la ciudadanía que no se siente representado en el sistema electoral.

¿Cómo se podría motivar a la ciudadanía para votar? 

Ya se están haciendo algunas reformas normativas en ese sentido. El plebiscito nacional de 2022, donde la ciudadanía manifestará si está de acuerdo con la nueva constitución, va a ser con voto obligatorio. Asimismo, la votación se va a organizar en forma georreferenciada, para que la gente tenga su local de votación a una distancia caminable.

Esto no es un detalle menor: en Chile, los lugares de votación no se asignan en función del lugar de residencia, por lo que la gente, sobre todo la de bajos recursos, tiene que tomar mucho transporte colectivo para llegar a votar. A pesar de que no le cuesta dinero, porque es gratuito, tiene que dedicar el día a ir a votar, cosa que muchos no pueden hacer. Estos cambios tendrán el efecto de aumentar los porcentajes de participación, pero va a ser muy difícil que Chile llegue en el corto plazo a una participación del 80%.

El gran interrogante que nadie ha podido responder es quién y qué piensa el que no vota. Entre la elección de convencionales constituyentes y la elección presidencial parece haber habido un recambio de votantes. El votante más joven fue a votar en las elecciones para constituyentes, mientras que en las presidenciales tendió a participar el votante más adulto.

¿Qué rol desempeña Chile Transparente en el proceso electoral?

Chile Transparente tiene un sistema de denuncias y protección a víctimas y testigos de la corrupción que ha estado recibiendo denuncias de mal uso de fondos electorales. Hoy en día estamos trancados con una polémica bastante importante que involucra al candidato que salió tercero en la primera ronda de las elecciones presidenciales, Franco Parisi. Es un candidato neopopulista cuya campaña ha tenido un financiamiento opaco.

También trabajamos para motivar la participación y hemos participado en observaciones de procesos electorales locales que tuvieron que repetirse. Contamos con el apoyo de la Unión Europea para un programa que se llama Convención Transparente, que da a conocer el funcionamiento de la convención relevando ciertos temas que podrían parecer relativamente opacos y que hay que sacar a la luz pública.

Somos una de las pocas organizaciones del país activas en temas de transparencia y anticorrupción y tenemos un rol muy importante junto con el periodismo de investigación.

¿Cómo influyó sobre estas elecciones el movimiento de protesta?

La elección de constituyentes se alimentó de la fuerza de las protestas de 2019; de hecho, en un momento en la Convención Constitucional reflejó a las personas que estaban protestando. Pero para las elecciones presidenciales, celebradas un año después, solo quedaba la resaca de las protestas, y en los resultados se vieron reflejadas las personas que padecieron o estuvieron en contra de las protestas.

Hay que entender que el proceso de protestas no ha sido meramente romántico, sino que vino acompañado de muchísima violencia. Entre la pandemia y la violencia, hay personas que no han podido reabrir sus negocios, que no pueden ir a trabajar tranquilas, que lo perdieron todo. Al mismo tiempo, obviamente tenemos una deuda en materia de violaciones a de derechos humanos.

Estas tensiones se expresaron en las urnas, y seguramente tengamos una segunda vuelta de infarto, que se definirá entre un candidato que representa a una derecha muy dura, distinta de la derecha tradicional que ha gobernado en los últimos años, y un candidato que ha estado en coalición con el Partido Comunista, hasta ahora marginal en un juego político que tendía más hacia el centro.

¿Qué ha pasado con el otrora institucionalizado sistema de partidos chileno?

Indudablemente hay un cansancio con la democracia de los últimos 30 años, independientemente de todos los avances que tuvo el país. Hay grandes sectores que consideran que el consenso centrista de la transición a la denominada “democracia de los acuerdos”, consistente en hacer ciertas cosas “en la medida de lo posible”, no genera soluciones. Esto condujo no solo al estallido social, sino también a una reacción conservadora. Es una situación de manual: a toda revolución le sigue una contrarrevolución.

A esto se suma el problema de la gestión de la migración, que ha provocado un enorme vuelco electoral en todo el país, y sobre todo en el norte. Antes Chile solía votar por la izquierda y ahora votó por dos candidatos – uno de extrema derecha y otro populista - que proponían medidas más duras contra la migración, tales como la construcción de zanjas o la expulsión masiva: nada más alejado de la cultura de los derechos humanos. 

Al mismo tiempo, a la izquierda le ha faltado una autocrítica. No ha entendido la importancia de responder al malestar con la inseguridad y atender a las víctimas de la violencia. Cuando hay un estallido de violencia, las víctimas de la violencia van a votar por quienes les ofrezcan orden. Como es sabido, en Chile hay desde hace mucho tiempo un conflicto importante con el pueblo indígena mapuche. También ha conflicto con sectores que no son del pueblo mapuche, muchas veces con vínculos con el crimen organizado, que han tomado medidas violentas. En esas zonas, donde se esperaría un voto por la izquierda, ha ocurrido completamente lo contrario. En ciertas localidades donde la violencia está instalada, el candidato conservado ha recibido hasta el 60 o 70% de los votos. 

¿Qué implicancias tendría para la sociedad civil del triunfo de uno u otro contendiente en la segunda vuelta? 

Una parte de la prensa más tradicional busca dar la imagen de que si gana Boric se viene el comunismo, y otra parte afirma que si gana Kast se viene el regreso pinochetista. Sin embargo, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, en los últimos años han florecido los medios alternativos. Incluso hay canales de televisión más pluralistas y canales con líneas editoriales bastante diversas, que tienen visiones más matizadas. 

Creo que con ambas alternativas hay riesgos, porque ambos candidatos incluyen dentro de sus coaliciones a personas o partidos que buscan limitar el espacio de la sociedad civil, que levantan discursos de que la prensa está financiada por poderes internacionales, de que Chile Transparente sirve a ciertos megapoderes, y promueven teorías conspirativas. Recordemos que el candidato del Partido Comunista que perdió las elecciones primarias contra Boric proponía una intervención de los medios de comunicación. Por su parte, Kast tiene el apoyo de elementos del pinochetismo más duro.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta los dos candidatos se han corrido al centro para poder captar los votos que les faltan para poder ganar. Los sectores que seguían a la expresidenta Michelle Bachelet, que se oponían a Boric, ahora trabajan con él. Del otro lado del espectro, para atraer a sectores de la derecha liberal, Kast ha debido moderar su discurso.

Puede que la esperanza esté en que el parlamento actúe como un termorregulador de los dos extremos. Es un parlamento diverso y donde ningún partido tendrá mayoría, por lo cual al que le toque gobernar, tendrá que hacerlo en negociación con el parlamento. Al mismo tiempo, el proceso constituyente, que sigue en marcha, puede producir una constitución de unidad que permitiría al nuevo presidente gobernar. 

El problema es que por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay algunas voces inaceptables desde el punto de vista democrático. Por ejemplo, dos diputados electos por la extrema derecha recientemente se burlaron de una candidata electa que es transgénero. También desde la izquierda se han expresado posiciones no muy alentadoras en materia derechos humanos. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile acaba de reconocer a Daniel Ortega como presidente legítimo de Nicaragua y sigue reconociendo a Nicolás Maduro en Venezuela.

El espacio cívico en Chile es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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NACIONES UNIDAS: “La sociedad civil siempre ha sido parte integral del ecosistema de la ONU”

CIVICUS conversa con Natalie Samarasinghe, directora ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido (UNA-UK), sobre el reciente informe del Secretario General de la ONU “Nuestra Agenda Común” y la necesidad de incluir las voces de la sociedad civil en la ONU.

UNA-UK es un movimiento de base nacional de más de 20.000 miembros y constituye la principal fuente de información y análisis independiente sobre la ONU en el Reino Unido y se dedica a fomentar el apoyo a la ONU entre los tomadores de decisiones, los formadores de opinión y la ciudadanía.

Natalie Samarasinghe

¿Cuáles son los objetivos de “Nuestra Agenda Común” y cuáles son sus principales recomendaciones?

Nuestra Agenda Común” es un informe publicado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021. Aunque “La ONU publica un informe” no sea un titular demasiado impactante, éste se distingue por dos razones.

En primer lugar, por la forma en que fue elaborado. Fue encargado en virtud de la declaración de la Asamblea General con motivo del 75º aniversario de la ONU, que encomendó al Secretario General la elaboración de recomendaciones para responder a los desafíos actuales y futuros. El informe se basa en los comentarios aportados por 1,5 millones de personas y 60.000 organizaciones que participaron en la conversación global UN75, así como en los aportes generados a través de una innovadora consulta digital que permitió a las partes interesadas de diversos sectores intercambiar ideas.

En segundo lugar, por su tono visionario. El informe parece el manifiesto de un secretario general en su segundo mandato. Puesto que le tocó hacer frente a grandes desafíos, desde parásitos nacionales hasta un virus global, Guterres pasó sus primeros cinco años en el cargo luchando contra múltiples crisis e implementando reformas sensatas, aunque tecnocráticas. Acaba de ser reelegido para un segundo mandato, y este informe indica que ahora va en serio: tiene grandes ideas y quiere llevarlas a cabo. Esto refuerza aún más los argumentos a favor de dar a los secretarios generales un solo mandato más largo.

Salpicado de datos y cifras, el informe presenta un análisis sombrío del estado del mundo, y un pronóstico aún más sombrío. Al mismo tiempo, presenta un escenario alternativo esperanzador basado en la acción colectiva, algo así como una versión existencial de un libro de los de “elige tu propia aventura”.

En él se plantean cuatro cambios fundamentales: un contrato social renovado basado en los derechos humanos; acción urgente para proteger los bienes comunes globales y proporcionar bienes públicos a nivel global; mayor solidaridad con la juventud y las generaciones futuras; y una ONU en versión mejorada, más inclusiva, interconectada e impulsada por evidencia empírica.

Para cada cambio hay una serie de propuestas. Algunas son concretas, tales como la de un plan de vacunación mundial contra el COVID-19 y reuniones bienales para el G20 y las instituciones internacionales. Otras son más abiertas: una plataforma de emergencia para responder a futuras crisis, por ejemplo, y planes para transformar la educación. Algunas -como la de darle una nueva misión el Consejo de Administración Fiduciaria para que haga las veces de guardián de las generaciones futuras- se basan en ideas antiguas. Otras, como la de un pacto digital global, llevarían a la ONU a un terreno nuevo. Y otras buscan poner en práctica los cambios propuestos: tales son los casos de la Cumbre del Futuro que se celebrará en 2023 y la Cumbre Social Mundial que tendrá lugar en 2025.

¿Cuáles son los aspectos positivos del informe desde la perspectiva de la sociedad civil y de la participación ciudadana en la ONU?

Uno de los aspectos más interesantes del informe es que recalibra el papel de la ONU en la escena global. Podría decirse que la mayor transformación que ha tenido lugar desde la fundación de la ONU en 1945 es la explosión de actores a nivel local, nacional e internacional. Fue refrescante ver a Guterres combinar ambición respecto del rol de la ONU con humildad sobre lo que puede lograr, y establecer claramente que el éxito dependerá de la acción de y el trabajo conjunto con otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El informe señala que desde un principio las OSC han sido parte integral del ecosistema de la ONU. Sitúa a las OSC como elemento central de un nuevo contrato social, vinculándolas a la creación de confianza y cohesión, así como a la prestación de servicios en una serie de áreas, desde el desarrollo sostenible a la acción climática, la gobernanza digital y la visión estratégica. También aboga por que las instituciones, incluida la ONU, escuchen mejor a la gente, adopten enfoques participativos y reduzcan la complejidad para que sus procesos y resultados sean más fáciles de entender.

Guterres recomienda que los gobiernos lleven a cabo consultas para que la ciudadanía pueda opinar sobre el futuro de sus países. Urge a los Estados a considerar las sugerencias presentadas para ampliar la participación en todos los órganos intergubernamentales. Además, anuncia dos cambios en el Secretariado de la ONU: una Oficina de la Juventud y el establecimiento de puntos focales para la sociedad civil en todas las entidades de la ONU, con el fin de crear espacios de participación a nivel de país, a nivel global, y dentro de los procesos de la ONU.

¿Qué falta o habría que reforzar en el informe?

En algunas secciones el informe es notablemente directo. Al pedir un nuevo contrato social, por ejemplo, Guterres entrelaza una serie de cuestiones políticamente sensibles, como los derechos humanos, la fiscalidad y la justicia. Hace bien en situar estas cuestiones como esencialmente nacionales, pero la definición de un camino a seguir será difícil: el énfasis en el rol de la ONU en cuestiones “internas” sin duda irritará a los gobiernos, mientras que las OSC podrían temer que implique una regresión hacia el establecimiento de normas y la provisión de asistencia técnica.

En otros momentos, Guterres no se anda con rodeos. Puede que esto sea acertado en áreas controvertidas como la paz y la seguridad, donde el informe establece propuestas modestas que, en su mayor parte, ya están en marcha. A UNA-UK y a nuestras organizaciones de la sociedad civil aliadas les habría gustado un mayor hincapié en el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y en el freno al desarrollo de armas letales autónomas.

En cuanto al clima, el tema estelar de Guterres, el informe podría haber avanzado más y enmarcado la “triple crisis” de la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad como una emergencia interrelacionada cuyo núcleo son los derechos humanos. También podría haber sensibilizado a los tomadores de decisiones con una serie de medidas más audaces. Y tras una excelente destilación de los desafíos, quienes están en busca de nuevos enfoques en materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género también se quedan con las ganas.

Para muchos de nosotros, sin embargo, el tema más decepcionante fue la inclusión de la sociedad civil. El lenguaje de Guterres es positivo, pero menos enfático que en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, y aporta pocos detalles más allá de unas cuantas palabras bonitas.

Durante las consultas con las partes interesadas, las OSC de todas las regiones pidieron un representante de alto nivel de la sociedad civil en la ONU para ayudar a aumentar y diversificar la participación y dar asesoramiento en materia de acceso a todos los espacios, desde la sede de la ONU hasta las COP sobre el clima. Esta fue la única propuesta concreta que atrajo un amplio apoyo y, aunque el informe se compromete a explorarla más a fondo, resultó bastante desconcertante que Guterres no avanzara e hiciera esta designación, que está en sus manos hacer.

Por supuesto, tener puntos focales distribuidos en todo el sistema es importante. Muchas entidades de la ONU ya los tienen. Pero por nuestra experiencia en materia de género y de derechos humanos sabemos que la transversalidad (mainstreaming) no es suficiente. Esta es, sin duda, parte la justificación subyacente a la creación de una Oficina de la Juventud. El mismo argumento debería aplicarse también a la sociedad civil.

¿Qué habría que hacer para mejorar la participación en la ONU?

A corto plazo, la propuesta de establecer puntos focales en todo el sistema debería implementarse rápidamente y en consulta con la sociedad civil. Debería establecerse un calendario y un proceso para cartografiar y monitorear la participación, como se prevé en el informe. Un representante de alto nivel sería el actor ideal para hacer ambas cosas, por lo que es de esperar que se establezca este puesto.

A mediano plazo serían útiles otros cambios, tales como una estrategia amplia en materia de espacio cívico dentro y fuera de la ONU; una plataforma en línea sencilla para efectivizar la participación, que podría incluir un mecanismo de petición ciudadana; un fondo voluntario para apoyar la participación, así como herramientas como los bonos de impacto social para financiar la actividad de las OSC a nivel de país; y un nuevo marco de partenariado para mejorar la capacidad de colaboración, incluso a nivel de país, simplificar la participación y permitir el escrutinio.

Más a largo plazo, las Naciones Unidas deberían avanzar hacia un modelo de partenariado, poniendo en marcha una campaña global de desarrollo de capacidades para transferir varias de sus funciones a las OSC y a otras entidades mejor preparadas para actuar en el terreno. Esto permitiría a la organización concentrarse en otras tareas para las que está especialmente bien equipada. De hecho, el informe ya parece ir en esta dirección al enfatizar el rol de la ONU en tanto que foro convocante y proveedora de datos precisos, análisis y pronósticos.

¿Qué puede hacer la sociedad civil para impulsar el cambio y cómo puede la ONU apoyar mejor a la sociedad civil? 

La ONU ya depende de la sociedad civil en todos los aspectos de su trabajo. Somos fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para hacer frente a la emergencia climática. Proporcionamos una ayuda fundamental en las crisis humanitarias, a veces en tanto que únicos actores con acceso a las comunidades marginadas y con el beneficio de su confianza. Defendemos a las personas ignoradas y maltratadas. Somos socios fundamentales de la ONU, al tiempo que actuamos como su conciencia, instándola a ser más audaz y ambiciosa y a actuar sin miedos ni favoritismos. Y todo esto lo hacemos en el marco de crecientes ataques.

Las OSC pueden presionar de muchas maneras para que se avance en “Nuestra Agenda Común”, desde la incidencia ante los Estados para que le den al Secretario General el mandato que necesita para avanzar, hasta la concretización de las numerosas propuestas del informe y su implementación en comunidades, capitales y foros de la ONU.

Podemos hacer esto desde los márgenes: tenemos mucha experiencia en hacer oír nuestras voces pese a la reducción del espacio cívico. Pero seremos mucho más eficaces si se nos reconoce un rol formal en procesos específicos, tales como los preparativos de la Cumbre del Futuro, así como en el trabajo de la ONU más en general; y si sabemos que podemos contar con el apoyo del funcionariado de la ONU. El nombramiento de un representante de la sociedad civil sería un buen comienzo.

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COP26: “Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo”

La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

RuthAlipaz

¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

El espacio cívico en Bolivia es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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NICARAGUA: “Estas elecciones fraudulentas fueron para el gobierno un completo fracaso”

CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones en Nicaragua, caracterizadas por la proscripción de candidaturas, el fraude y la represión, con una defensora de derechos humanos perteneciente a una plataforma nacional de la sociedad civil nicaragüense, que por razones de seguridad solicitó mantener el anonimato.

Nicaragua elections Nov 2021

¿En qué contexto político se desarrollaron las elecciones presidenciales del 7 de noviembre?

El contexto comenzó a configurar se en el año 2006, con el pacto entre los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, y la fuerza por entonces gobernante, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el expresidente Arnoldo Alemán a la cabeza. El objetivo del llamado “pacto Alemán-Ortega” consistía en instaurar un sistema bipartidista dominado por ambos líderes, lo cual no funcionó para ambos: resultó en una completa reestructuración del sistema político, incluidas una reforma de la Constitución y la modificación de las fechas de las elecciones, que le permitió al FSLN – que llevaba varios turnos electorales perdiendo la presidencia - ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, para ya no volver a dejar el poder.

Ya en el poder, el FSLN realizó varias reformas constitucionales y de la ley electoral ordenadas por Daniel Ortega, en contubernio con los poderes legislativo, judicial y electoral, para imponer una constitución a su medida y hacerse reelegir indefinidamente.

Desde las más recientes reformas electorales, que datan de mayo de 2021, el contexto electoral ya estaba diseñado para que el actual gobierno ganase las elecciones. Esta reforma le entregó al FSLN el control de toda la estructura electoral, le dio a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores y quitó financiamiento a sus candidatos.

Ya en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional había aprobado una ley para neutralizar candidaturas opositoras: bajo el pretexto de rechazar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, inhibió las candidaturas de quienes hubieran participado en las protestas de 2018, catalogadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado financiado por potencias extranjeras.

Todas estas leyes fueron aplicadas por las instituciones del Estado para proscribir a todos los postulantes democráticos que de alguna manera pudieran ser considerados idóneos para derrotar al candidato del FSLN. El resultado fueron unas elecciones sin ninguna competencia real.

¿Se hizo algún intento de postergar la elección hasta que estuvieran dadas las condiciones?

Primero, en el contexto de las protestas de 2018, que fueron fuertemente reprimidas y arrojaron centenares de muertos, varios sectores, incluida la Conferencia Episcopal de Nicaragua, propusieron adelantar las elecciones para resolver la crisis. Algunos también pensaron en la posibilidad de forzar la renuncia del presidente por su responsabilidad en las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas de 2018.

Pero Ortega se negó a convocar a elecciones anticipadas, y en cambio desafió a los supuestos “golpistas” que protestaban contra él a conseguir el voto del pueblo en las elecciones de 2021. Y entretanto, en vez de proceder a la reforma electoral que se reclamaba desde hace años, se dedicó a preparar el terreno para que nadie pudiera desafiarlo en esas elecciones.

Con el proceso electoral de 2021 ya en marcha, y en vistas de que no habría ninguna competencia real, hubo actores de la sociedad civil que recomendaron suspender y reprogramar unas elecciones que serían claramente ilegítimas y carentes de credibilidad, pero desde ya que este reclamo no tuvo ningún eco.

¿Cómo evalúas los resultados de las elecciones?

Claramente la abrumadora mayoría de la ciudadanía nicaragüense consideró que estas elecciones eran ilegítimas, puesto que solo aproximadamente el 10% de los votantes habilitados se presentaron a votar. Algunos de los que lo hicieron son partidarios del gobierno, mientras que otros, como los integrantes del ejército y la policía y los trabajadores del Estado, fueron obligados por el temor y por sus circunstancias laborales.

Estas afirmaciones son respaldadas por los datos de los sondeos de diversos grupos de la sociedad civil dentro y fuera del país, tales como Coordinadora Civil, Mujeres Organizadas y Urnas Abiertas. El día de las elecciones, algunas de estas organizaciones hicieron un sondeo rápido en el terreno, en dos tiempos – en una franja matutina y otra vespertina – y documentaron a través de fotos, videos y testimonios de algunos observadores electorales invitados por el gobierno que la mayoría de la población no salió a votar.

Desde el punto de vista de la sociedad civil, estas elecciones fueron para el gobierno un completo fracaso, ya que nos da todos los fundamentos para demostrar a nivel internacional que el presidente no cumple con las condiciones mínimas de legitimidad para permanecer en su puesto. No solamente el pueblo no reconoce los resultados de estas elecciones: hay más de 40 países que no los han reconocido. El gobierno llevó a cabo unas elecciones fraudulentas para ganar legitimidad, pero no lo consiguió porque nadie lo reconoce ni a nivel nacional ni a nivel internacional.

¿Cuál es el panorama para la sociedad civil nicaragüense tras las elecciones?

El panorama no ha cambiado. Lo que nos espera es más de lo mismo: más represión, más persecución, más secuestros, más presos políticos, más exiliados. Al mismo tiempo, este gobierno que no responde ni rinde cuentas, es completamente incapaz de resolver ninguno de los problemas que tiene Nicaragua, de modo que también continuarán profundizándose la pobreza, el desempleo y la inseguridad ciudadana.

En respuesta, no podemos hacer otra cosa que sostener la resistencia y tratar de romper las cadenas del miedo, porque este gobierno ilegítimo domina a través del temor.

¿Qué clase de apoyos internacionales necesita la sociedad civil nicaragüense?

La sociedad civil nicaragüense necesita toda clase de apoyos, desde apoyos para la construcción y el fortalecimiento de alianzas que amplifiquen nuestras voces para dar a conocer la situación política que vive Nicaragua y reclamar acción en los foros internacionales, hasta apoyos financieros y en especie para dotarnos de las herramientas con que hacemos nuestro trabajo, sostener a nuestras organizaciones y proveer de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidas y atacadas.

El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestra lista de vigilancia, que incluye casos donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.

 

CHILE: “Las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración”

Delio.CubidesCIVICUS conversa con Delio Cubides, asesor jurídico migratorio del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), acerca de la situación de las personas migrantes en Chile, y sobre las medidas restrictivas y las expulsiones masivas que tuvieron lugar este año. Fundado en 1955, el INCAMI es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar a personas migrantes en Chile, proveyendo, entre otras cosas, servicios de acogida, asistencia social, asesoramiento para la regularización de documentos, capacitación y apoyo en la búsqueda de empleo.

¿Cómo se llegó en Chile a la actual situación de protestas contra migrantes y expulsiones masivas?

Para responder esa pregunta deberíamos situarnos en el contexto internacional, al que Chile no es ajeno. Desde 2010 se percibe un aumento en la cantidad de personas migrantes de países no fronterizos, como Venezuela y Haití, que han superado al flujo procedente de países fronterizos.

En cierta forma, Chile ha sido visto en la región como un país con seguridad y estabilidad institucional y económica, al mismo tiempo que la situación política, social y económica en Venezuela hizo que desde 2013 el ingreso de personas de ese país creciera exponencialmente, con un pico en 2013 y otro en 2018, pese a que, a diferencia de lo que ocurre con la migración haitiana, no existe en Chile una visa de reunificación familiar para venezolanos.

Frente al aumento de las migraciones, la actual administración de Sebastián Piñera comenzó a tomar medidas restrictivas; de hecho, a los 30 días de asumido su mandato en 2018 publicó una minuta destinada a limitar el ingreso de personas haitianas y venezolanas. La migración haitiana se vio especialmente restringida por la implementación de un visado consular de turismo simple para el ingreso a Chile y, al igual que el resto, por la eliminación del visado por contrato de trabajo.

Aunque no tenemos cifras exactas, sabemos que la tasa de rechazo de las visas consulares solicitadas por personas haitianas es alta; testimonios de migrantes haitianos que atendemos en nuestras oficinas dan cuenta de numerosos rechazos por motivos que les son ajenos o por requisitos que no está en sus manos cumplir.

Por ejemplo, para la tramitación de la permanencia definitiva de las personas migrantes ya presentes en Chile, el gobierno solicita un certificado de antecedentes penales que debe obtenerse en el consulado del país de origen. En el caso de países como Haití, al costo elevado y la prolongada tramitación en el país de origen se suma el hecho de que, en el actual contexto político, social y sanitario, el certificado es casi imposible de conseguir. En consecuencia, muchas personas no logran presentarlo dentro de los plazos establecidos. En la actualidad, ese requisito está limitando el acceso de cientos de personas de origen haitiano al llamado ‘proceso de regularización extraordinaria´.

A las personas migrantes procedentes de Venezuela se les impuso en 2019 la exigencia de una visa consular conocida como ‘visa de responsabilidad democrática’. Pero la situación desesperada de Venezuela siguió impulsando a las personas a migrar a pesar de los obstáculos, ya que las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración.

Lo que no lograron estas medidas lo hicieron las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19: en noviembre de 2020 el gobierno suspendió alrededor de 90 mil trámites de visas a personas venezolanas, y muchas otras con sus visas ya otorgadas o próximas a la entrevista de otorgamiento no pudieron ingresar a Chile porque la suspensión de los vuelos internacionales les impidió hacerlo dentro del plazo de 90 días que les otorga la ley; en consecuencia, sus trámites fueron cerrados administrativamente sin ninguna consideración por la situación de pandemia.

Muchas personas han interpuesto recursos de amparo y han logrado reabrir sus casos, pero claramente Chile ha optado por una estrategia de restricción. Todas estas medidas se tomaron para regular y controlar un flujo migratorio que venía en crecimiento, pero muchos lo vemos como un reflejo de la falta de empatía a la realidad humanitaria que atraviesan estas personas en su país de origen. Muchas de ellas requerían protección o estaban en proceso de reunificarse con sus familias, proyectos que se vieron truncados ya sea por la pandemia, ya por las restricciones administrativas.

¿Está la sociedad chilena polarizada en torno del tema de la migración?

Yo no veo tal polarización. La situación de la ciudad de Iquique, donde en septiembre de 2021 se produjo una marcha contra la llegada de migrantes, fue un hecho aislado, fruto también del estrés que puede generar una situación de convivencia en condiciones indignas, como consecuencia de la falta de políticas públicas que se anticiparan al drama de esta crisis humanitaria.

En las redes sociales las opiniones se polarizan y la gente dice muchas cosas, pero estas posiciones no se han materializado en marchas en la capital, Santiago de Chile, o en otras ciudades. Al contrario, en Iquique hemos visto migrantes en las calles en condiciones sumamente difíciles, y a residentes de la ciudad ayudándoles y acogiéndoles en la medida de sus posibilidades.

La situación en Iquique también fue de la exclusión de la posibilidad de regularización de las personas que ingresaron por pasos no habilitados, por efecto de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería aprobada en abril de este año. En el anterior proceso de regularización de 2018 se permitió la incorporación de ingresantes por pasos no habilitados, aunque no se otorgaron permisos de trabajo a quienes se inscribieron. Las personas migrantes lo saben, pero prefieren esa precariedad antes que pasar hambre en su país de origen.

En el contexto de la pandemia, a causa de las restricciones sanitarias, muchas personas migrantes se vieron obligadas a quedarse en plazas públicas, sin poder ir a ninguna parte, sin documentos y excluidas de los beneficios sociales. Esto generó dificultades para los residentes locales, así como para los propios migrantes desprovistos de asistencia estatal.

Recién luego de que se produjeran muertes de migrantes venezolanos durante su cruce de la frontera, el Estado chileno comenzó a proveer asistencia, entendiendo que se trataba de personas refugiadas o solicitantes de refugio.

 

¿Qué tendría que hacer el Estado frente a esta situación?

El Estado tiene la obligación de dar una solución a esta realidad. Una alternativa puede venir de la articulación con el sector privado, que requiere trabajadores sobre todo en la construcción, la agricultura, los servicios y ciertas profesiones. La situación de estas personas podría regularizarse previa coordinación con tal sector, brindándoles capacitación e inserción laboral. Esto daría otra perspectiva a la migración y evitaría situaciones de dependencia y de falta de autonomía.

Pareciera que poner restricciones no es la mejor solución. Las restricciones no detienen las migraciones, y en cambio profundizan las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, pues las hace susceptibles a las inclemencias del mercado de trabajo o del mercado de alquiler de vivienda y les limita el acceso a derechos básicos como salud y educación. Esto tampoco resulta útil para la autoridad, que no sabe dónde están, quiénes son, cuántos son o cómo llegaron.

En todo el período reciente desde la recuperación de la democracia, ninguno de los sucesivos gobiernos de Chile desarrolló una verdadera política migratoria que incluyera una reforma y actualización de la normativa. Este gobierno ha sido el único con una propuesta de cambio en la Ley de Extranjería y en la gestión migratoria, pero, a causa del contexto y de la presión de los flujos migratorios, ha devenido en una política restrictiva, o cuanto menos limitante de los flujos. Es una política que desincentiva el ingreso al país, llevando también a las personas en situación regular a la extenuación por la eterna espera en la obtención de documentos, la escasa comunicación de la autoridad migratoria y la centralización de la gestión en Santiago.

Ahora estamos en campaña, y en estos tiempos el tema migratorio puede ser instrumentalizado para ganar votos. Los programas de gobierno de todos los candidatos son muy pobres esta materia, pero todos los que han hablado del tema lo han hecho en un tono restrictivo. Creo que el problema pasa por ahí, más que por el hecho de que haya xenofobia en la sociedad. Pareciera que el migrante solo comienza a ser oído cuando se vuelve una fuerza con capacidad de elección, lo cual en Chile apenas empieza a ocurrir.

¿Qué tan apta es la nueva ley para lograr una migración “segura, ordenada y regular”?

La Ley 21.325 refleja bien la posición de esta administración en torno al tema de la migración. Hay que recordar que en diciembre de 2018 Chile se negó a firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, alegando que cada país debe conservar su soberanía para fijar sus reglas migratorias, pese a que Chile había sido uno de los países que había liderado su redacción.

La nueva ley tiene algunos aspectos positivos y garantiza ciertos derechos: a la salud, a la educación, a la reunificación familiar y al trabajo. Incluye visa para menores de edad y considera a las personas en situación de discapacidad y a las mujeres y les da protección en ciertos casos específicos como embarazo, tráfico y trata y violencia de género. Descentraliza la revalidación de títulos y aumenta la presencia en las regiones. Asimismo, concede autonomía para el desarrollo de actividad económica a las personas con visa en calidad de dependientes.

Si bien estos derechos actualmente no están negados, tampoco están garantizados en la ley, sino que se conceden por vía administrativa, lo cual les confiere cierta fragilidad.

Al mismo tiempo, la nueva ley representa un cambio en la gestión migratoria. Hasta ahora la normativa permitía el cambio de estatus dentro del territorio nacional, pero la nueva normativa no lo va a permitir: todas las visas deberán obtenerse en los consulados de los respectivos países de origen. Eso entregará a la administración la decisión última de cuántos migrantes permite entrar, cuáles y en qué condiciones. Este es tal vez el mayor cambio propuesto en la nueva ley. Solo en algunos casos se permitirá a algunas personas cambiar su estatus migratorio, pero esto dependerá de los contenidos del reglamento para la implementación de la nueva ley.

¿Qué trabajo realiza el Instituto Chileno Católico de Migración en este contexto? 

Como está fuera de nuestro alcance atacar las causas de la migración, defendemos los derechos de las personas migrantes. Nuestros objetivos son acogerlas, protegerlas e integrarlas. 

Hacemos incidencia con las autoridades, lo cual a veces tiene costos. Este es un trabajo necesario porque si bien existen organizaciones de personas migrantes, suelen estar organizadas en torno de una persona, un líder, sin mucha institucionalidad. Hay organizaciones de colombianos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos, entre otros. También está la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, que nuclea a varias organizaciones, tiene presencia en las manifestaciones, en las redes sociales, y cuenta con presencia de varios colectivos haitianos, peruanos y venezolanos.

También prestamos un servicio de asesoría legal, que es lo que más escasea en Chile, por falta de acceso a la información, que no es promovido por la autoridad que debería atender a las personas migrantes. Nos encargamos de trámites digitales y brindamos asistencia social, particularmente bajo la forma de casas de acogida, ya que no hay albergues para migrantes gestionados por el Estado.

Todo lo que existe en materia de acogida y atención a personas migrantes en Chile es por iniciativa de la sociedad civil, y mayormente de organizaciones, instituciones y servicios de la Iglesia Católica. INCAMI es el organismo de la Iglesia Católica de Chile referente en temas de migración: a través de los equipos de trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) en las distintas regiones de Chile, coordinamos con otros organismos de la Iglesia la recepción y atención de personas migrantes. Nuestros recursos son limitados, pero durante la pandemia hemos habilitado iglesias y parroquias para recibir a mujeres y niños y hemos brindado toda la atención que hemos podido a través de las redes sociales.

Nosotros escuchamos lo que las personas precisan, cosa que las autoridades no hacen. Con ayuda de algunas municipalidades acompañamos el retorno de miles de personas no solamente de la vecina Bolivia, sino también de Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela y otros países.

Nuestros equipos de atención migratoria se desplazan no solo dentro de la Región Metropolitana de Santiago sino también a las regiones, para visitar las comunas con mayor presencia de migrantes y acercarles la posibilidad de regularizarse, tener una visa, trabajar en igualdad de condiciones, aportar al sistema previsional y acceder a sus derechos fundamentales. En ocasiones lo hacemos con el apoyo de los equipos de la PMH en las regiones, de algunas autoridades o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

¿Qué apoyo necesitan de la comunidad internacional las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Chile?

Enfrentamos un desafío regional que requiere una respuesta regional. Los Estados deberían coordinar un abordaje internacional de la migración, como ya lo está haciendo la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM. Se requiere seguir avanzando en este proceso, pues la situación que vive Venezuela está lejos de terminar.

Para asistir a las personas migrantes al tiempo que hacemos este necesario trabajo de incidencia necesitamos recursos: bienes alimentarios para armar canastas básicas y recursos económicos para el pago de alojamiento, entre otras cosas. Es importante recordar que las personas migrantes no son el problema, sino que son el síntoma de realidades en transformación más profunda, y en su mayoría requieren protección.

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Póngase en contacto con el Instituto Católico Chileno de Migración a través de su sitio web o sus páginas de Facebook e Instagram, y siga a @INCAMIchile y a @JosDelioCubides en Twitter.

 

 

COP26: “Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido”

 En portugues

Daniel Gutierrez GovinoMientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.

CIVICUS conversa con Daniel Gutiérrez Govino, fundador de la Brigada de Incendios Forestales de Alter do Chão, un grupo que trabaja para prevenir, combatir y promover la coordinación sociopolítica contra los incendios en la selva amazónica en el estado de Pará, Brasil. Daniel también es cofundador del Instituto del Acuífero de Alter do Chão, institución que promueve proyectos sociales en la localidad de Alter do Chão, municipio de Santarém, estado de Pará.

¿Qué le llevó a convertirse en defensor del medio ambiente?

Sentí la urgencia de trabajar para mantener al planeta viable para los seres humanos y otras especies. Me conmovió, y lo sigue haciendo hoy, la posibilidad de que los seres humanos reviertan sus acciones y su forma de pensar sobre nuestro papel en la naturaleza. Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido.

¿Qué hace la Brigada Alter do Chão?

Trabajamos desde 2017 para prevenir y combatir los incendios forestales en Alter do Chão, en el municipio de Santarém, en el norte de Brasil. Reunimos a un grupo de voluntarios de la comunidad que, con gran valentía, han trabajado para proteger la biodiversidad, a la población de Alter do Chão y a la región de los incendios forestales. Para ello, recibimos formación del Cuerpo de Bomberos Militares, la Defensa Civil y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra. Hemos formado a nuevos brigadistas y promovido la coordinación sociopolítica y la comunicación con las comunidades locales.

¿Qué restricciones han enfrentado en respuesta a su activismo ambiental?

En el caso de la Brigada de Alter do Chão, yo y otros tres brigadistas fuimos detenidos en 2019 bajo acusaciones infundadas de provocar incendios en un área de protección ambiental. Nuestro trabajo fue criminalizado porque propone soluciones y exige una transformación del contexto político local.

Además, el contexto nacional actual es hostil para la sociedad civil organizada. Hemos sido chivos expiatorios en una narrativa que pretendía criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, en un momento en que el presidente del país y sus partidarios intentaban culpar a la sociedad civil del dramático aumento de los incendios forestales.

También he enfrentado resistencias al intentar promover cambios en las políticas públicas actuales en el microcosmos de Santarém. El conservadurismo político y social socava todo movimiento que pretenda impulsar agendas progresistas. El gobierno, la policía civil y la élite local rechazan el activismo ambiental atacando nuestro trabajo. Hemos tenido suerte y nuestro privilegio nos ha mantenido con vida, pero los activistas de la Amazonia están permanentemente amenazados de violencia y muerte. No es una región segura para quienes luchan por la libertad y la justicia.

¿Qué tipo de apoyo recibieron cuando fueron criminalizados?

Cuando nos detuvieron recibimos toda clase de apoyos, a nivel tanto nacional como internacional. El principal apoyo provino de los abogados penalistas pro-bono del Proyecto Libertad, que aún hoy nos acompañan. Pero también recibimos apoyo de instituciones nacionales como Proyecto Salud y Alegría y Conectas, así como de organizaciones internacionales como WWF Brasil, Artículo 19, Front Line Defenders y muchas otras.

Salimos de la cárcel a los pocos días gracias a la actuación de estas redes de incidencia y protección. Sin embargo, el proceso penal contra nosotros continuó y ya lleva dos años, aunque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones en nuestra contra. A nivel federal, la investigación policial se cerró; sin embargo, las autoridades del estado de Pará han insistido en sus acusaciones. Recientemente, la fiscalía federal impugnó la competencia de la causa judicial, pero durante meses el proceso ha seguido dando vueltas en la justicia brasileña. Parte de nuestro equipo sigue estando confiscado hasta el día de hoy. Ya no tengo esperanzas de que se haga justicia.

A pesar de todo, creo que la sociedad civil brasileña está saliendo fortalecida. Nuestro socio Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, que también trabaja en Alter do Chão, dice que se trata de algo así como un efecto búmeran. Creo que esta apreciación es brillante. Ellos nos atacan, y sus ataques nos hacen más fuertes.

¿De qué vías disponen los activistas de su región para buscar protección y apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan de la sociedad civil y de la comunidad internacional?

Lo principal es conocer las redes de apoyo disponibles y coordinarse con ellas antes de que ocurra algo malo, es decir, coordinarse preventivamente. Esto incluye a instituciones nacionales e internacionales como las que nos apoyaron. Pero, sobre todo, es fundamental conocer las redes de apoyo locales.

Los tipos de apoyos necesarios son específicos y dependen mucho de cada región. Brasil tiene un tamaño continental y las necesidades del sur, por ejemplo, no son las mismas que las de la Amazonia. Ni siquiera se puede decir que la Amazonia sea una región, porque es, de hecho, un continente con particularidades en cada región. Pero son estas redes las que pondrán en contacto a los que necesiten apoyo con los que puedan ayudar.

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Póngase en contacto con el Cuerpo de Bomberos Forestales de Alter do Chão a través de su sitio web o su página de Facebook.

 

COP26: “El norte global debe rendir cuentas y comprometerse con la lucha contra el cambio climático”

LorenaSosaMientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre. 
CIVICUS conversa con Lorena Sosa, directora de operaciones de Zero Hour, un movimiento dirigido por jóvenes que busca generar vías de acceso, ofrece formación y distribuye recursos para nuevos activistas y organizadores jóvenes. A través de Zero Hour, Lorena ha apoyado el trabajo de activistas de Jamaica, Filipinas y Singapur, buscando generar acción inmediata y llamar la atención sobre los impactos del cambio climático.

¿Cuál es el problema climático de tu país en que trabaja tu organización?

Actualmente, Zero Hour está abocada a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en la política estadounidense y busca subsanar la ausencia de recursos para la organización y movilización por el clima. Recientemente hemos logrado organizar una manifestación virtual, “End Polluter Welfare” (“Acabemos con el Estado de bienestar para los contaminadores”), que contó con la participación del senador líder de la mayoría Chuck Schumer y el diputado Ro Khanna, así como una movilización llamada “People Not Polluters” (“La gente contra los contaminadores”) en la ciudad de Nueva York. También ayudamos a organizar la movilización “People vs Fossil Fuels” (“La gente contra los combustibles fósiles”) en Washington DC. Actualmente estamos trabajando en la revisión de una serie de actividades de formación para ayudar a nuestros capítulos a aprender a organizar campañas locales específicas para sus comunidades.

Muchas de nuestras acciones expresan nuestro deseo de vincularnos y colaborar con otras personas involucradas en el movimiento para elevar las acciones de los demás, porque es difícil conseguir cobertura y atención para las acciones que todos estamos organizando. Es muy lindo ver a los y las activistas apoyarse mutuamente; el amor y el apoyo son realmente necesarios para mejorar el estado del movimiento e impulsar sus reivindicaciones.

¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

La reacción contra el trabajo de los activistas varía ampliamente, especialmente en el caso de nuestras secciones internacionales, que enfrentan límites a las protestas y movilizaciones a causa de restricciones gubernamentales. En Estados Unidos, el principal efecto negativo del trabajo que realizamos está relacionado con el agotamiento que resulta de trabajar sin ver ninguna acción por parte de los líderes que tienen el poder de iniciar acciones para el bien de nuestro planeta. El agotamiento es muy común en el movimiento juvenil por el clima, sobre todo porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer malabares con nuestras obligaciones académicas, nuestra vida social y nuestro activismo mientras tratamos de mantener viva la esperanza de que el cambio es posible.

En lo que respecta a conservar el bienestar y mantenerse a salvo de los impactos del agotamiento, he aprendido que lo mejor es comprometerme con la comunidad climática de la que formo parte; sé que no estoy sola con mis preocupaciones porque mantengo constantes intercambios acerca de ellas con mis amigos y colegas. No hay un remedio universal para el agotamiento, pero he aprendido que dedicar tiempo a cuidarme y a mantener el vínculo con mi familia y mis amigos es increíblemente útil para mantener los pies en la tierra.

¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

Nuestros equipos de vínculos globales y Operaciones, liderados por Sohayla Eldeeb y por mí, han trabajado juntos para dar forma a nuestras comunicaciones con nuestros capítulos internacionales en Jamaica, Filipinas y Singapur. Hemos mantenido horas de consulta específicas para nuestras secciones internacionales para poder ayudarles a resolver todo conflicto que se les presentara en su trabajo de campaña y proporcionarles apoyo en todo lo que pudiéramos.

En cuanto a las campañas internacionales, nuestra directora adjunta de Asociaciones, Lana Weidgenant, participa activamente en campañas internacionales que buscan llamar la atención y fomentar la educación y la acción sobre la transformación de los sistemas alimentarios para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro medio ambiente. Lana fue vicepresidenta juvenil de Transición hacia Patrones de Consumo Sustentables para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, es una de las líderes juveniles de la campaña internacional Act4Food Act4Change (“Actúa por los alimentos, actúa por el cambio”) que ha recolectado los compromisos y las prioridades relativas a los sistemas alimentarios de más de 100.000 jóvenes y aliados de todo el mundo, y es una de las dos representantes juveniles en las negociaciones agrícolas de la COP26 de este año.

¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 logre avances en la lucha contra el cambio climático?

Me gustaría que el norte global rinda cuentas y se comprometa a aportar 100.000 millones de dólares para que el sur global pueda implementar con éxito sus propias medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Muchas de nuestras perspectivas en Zero Hour se centran en la justicia, más que en la equidad, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores causantes de esta crisis. Los líderes del norte global, y especialmente los actores clave en los Estados Unidos, tienen que dejar de apoyar a la industria de los combustibles fósiles y empezar a comprometerse con soluciones que den prioridad a las personas más que a los contaminadores.

Me encantaría que todos los líderes que asistan a la COP26 tomaran medidas serias y contundentes para combatir y eliminar los efectos del cambio climático. El empeoramiento de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar ya han demostrado que la inacción va a ser perjudicial para el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes.

El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha destacado que existen pruebas suficientes para que nuestros dirigentes traten el cambio climático como la emergencia que es. Espero que todos los líderes mundiales que participen en la conferencia tengan muy en cuenta las conclusiones del informe del IPCC a la hora de redactar los resultados de la conferencia.

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COP26: “Los tomadores de decisiones tienen objetivos nacionales pero los problemas son transnacionales”

Al tiempo que la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la cumbre.

 

ECUADOR: “La sociedad civil debe poner en evidencia el valor agregado de su participación”

CIVICUS conversa con Estefanía Terán, directora de incidencia de Grupo Faro, acerca del rol de la sociedad civil organizada en las elecciones presidenciales de Ecuador y los retos que la sociedad civil enfrenta en la actualidad. Grupo Faro es un centro de investigación y acción independiente del Ecuador que genera evidencia para incidir en la política pública y promover la transformación y la innovación social.

Estefanía Terán

¿Qué roles desempeña la sociedad civil ecuatoriana durante los procesos electorales?

No hay mucho acercamiento de los partidos políticos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para nutrir sus propuestas. Si bien algunas recurren a OSC en busca de información, otras contratan a consultoras privadas. Esto ocurre porque muy pocas organizaciones políticas tienen dentro de sus estructuras un equipo y/o las herramientas necesarias para desarrollar planes de gobierno de calidad, con contenidos claros, que respondan a las necesidades de la población o de sus votantes, y cuyo diagnóstico parta de un ejercicio de investigación riguroso, objetivo y técnico.

Durante las elecciones las OSC desarrollan iniciativas para promover el voto informado. Así, construyen plataformas web u otras herramientas comunicacionales para visibilizar desde una perspectiva ciudadana las propuestas de los distintos contendientes. Mediante este trabajo, en las últimas elecciones se organizaron las iniciativas con criterios ideológicos y en términos de su respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, con el propósito de poner en evidencia el cómo de las ofertas, que en general solo enuncian el qué, se desarrollan foros y debates entre los y las candidatas.

Grupo FARO forma parte del grupo de OSC que promueven el voto informado; en ese marco desarrollamos la iniciativa Ecuador Decide. Esta iniciativa, que es activada en tiempos de elecciones desde 2017 y ya ha sido implementada en cuatro oportunidades, tiene el objetivo de propiciar un ejercicio del voto basado en las propuestas programáticas de los distintos candidatos y candidatas y de las organizaciones políticas que los respaldan. Para ello, recopila, difunde y analiza los contenidos de todos sus planes de gobierno.

En las elecciones de 2021, Grupo FARO analizó los planes de gobierno de todos los y las candidatos presidenciales. Encontramos que, de las 1500 propuestas identificadas bajo 16 temas de relevancia nacional, solo el 55,5% contenía información sobre cómo iban a ser ejecutadas, y únicamente el 26,7% explicaba a quién estaban dirigidas.

Además, a partir de nuestra experiencia organizando debates entre candidatos y candidatas durante las elecciones seccionales, asistimos al Consejo Nacional Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales, que a partir de la reforma al Código de la Democracia de febrero de 2020 pasaron a ser obligatorios.

¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la baja calidad de los planes de gobierno?

La baja calidad de los planes de gobierno, que hace que no sean instrumentos adecuados para informar a la población sobre las posturas de los diferentes candidatos, candidatas y organizaciones políticas, responde a la falta de exigibilidad y reglamentación de parte del organismo rector, que no exige que estos documentos cumplan con estándares mínimos y puedan ser comparables entre sí. De hecho, hemos analizado algunos planes de gobierno de tres páginas y otros de más de cien. Además, en muchos casos difieren del discurso del o la candidata o incluyen propuestas ajenas a su ámbito de competencia. Por esto, no es común que los electores accedan a estos instrumentos para informarse, y, por ende, no tiene otro propósito que cumplir con un requisito formal para registrar la candidatura. Esto último contradice el hecho de que una de las causales para solicitar revocatoria de mandato de autoridades de elección popular es el incumplimiento de su plan de gobierno.

El alto grado de generalidad de las propuestas contenidas en los planes de gobierno hace que el discurso de campaña de los candidatos apunte al votante mediano, y que estratégicamente los candidatos no se diferencien. Esto fragmenta las preferencias de los electores y genera complicaciones, tales como el estrechísimo margen entre el segundo y el tercer lugar en las últimas elecciones, entre los candidatos Guillermo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades, y Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Ello hizo que quien ganó en segunda vuelta fuera alguien que en la primera vuelta no había alcanzado ni el 20% del voto total: llegó al poder por efecto de un voto obligatorio, con muy baja legitimidad, y un alto riesgo de enfrentar problemas de gobernabilidad en el mediano plazo.

¿Qué desafíos enfrenta la sociedad civil ecuatoriana bajo el nuevo gobierno?

A pesar de que no se identificaron propuestas específicas en relación con la promoción de la participación de la sociedad civil, el presidente Lasso ha procurado emitir un mensaje amigable y de colaboración. Sin embargo, debido a su origen empresarial, el gobierno tiende a equiparar a la sociedad civil con el sector privado. Esto decanta en dos retos para la sociedad civil. El primero es diferenciarse del sector privado y el segundo es trabajar de forma armoniosa con éste. Para esto debe promover un ejercicio de reflexión sobre el rol actual de la sociedad civil y poner en evidencia el valor que su involucramiento agrega a la gestión pública. Además, debe insistir en que esta participación no se circunscriba a unas pocas organizaciones afines al gobierno, sino que sea abierta e inclusiva, plural y diversa.

Lo anterior implica, por un lado, avanzar en un proceso de fortalecimiento organizacional de la sociedad civil para el trabajo colaborativo entre sí y con otros actores. Y, por otro lado, iniciar un proceso de aprendizaje y de generación de confianza con el sector privado. Hay una gran oportunidad para que la sociedad civil organizada contribuya a que el aporte de las empresas a lo social se haga desde la transparencia, con rectoría pública y en base a principios internacionales de funcionamiento efectivo de alianzas público-privadas sociales que garanticen proyectos o acciones de calidad, y que vayan más allá del beneficio corporativo.

La antesala para el desarrollo de las alianzas previamente mencionadas es la promulgación de una ley mínima para las OSC que nos dé seguridad jurídica y nos proteja de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Al momento estamos normadas por un decreto ejecutivo y bajo una lógica de concesión y control, y no de registro y corresponsabilidad. Lograr la promulgación de una ley que contribuya a la construcción de un ambiente habilitante y de fomento de la participación es otro de los desafíos que tenemos como sector en este periodo de gobierno. Grupo FARO, en alianza con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y otras organizaciones aliadas, promueve una propuesta de ley mínima que, en la anterior Asamblea Nacional, llegó hasta la instancia del desarrollo de un informe para segundo debate.

 

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BIODIVERSIDAD: “Los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo”

Gadir LavadenzCIVICUS conversa con Gadir Lavadenz, coordinador global de la Alianza de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Alianza de la CDB), sobre el proceso en curso para redactar un Marco Global de la Biodiversidad post-2020 con la plena participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en general.

La Alianza de la CDB es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con un interés común en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Trabaja para aumentar la comprensión pública de las cuestiones que aborda, mejorar la cooperación entre las organizaciones que desean tener una influencia positiva en la CDB y saldar la brecha entre quienes participan en las sesiones de la CDB y quienes trabajan por la biodiversidad en el terreno, respetando la independencia y la autonomía de los pueblos indígenas, un actor clave.

¿Qué es la Alianza de la CDB, qué hace y cómo se desarrolló?

Los orígenes de la Alianza de la CDB, hace unas dos décadas, fueron orgánicos: surgió de forma natural cuando los participantes en el proceso de la CDB reconocieron la necesidad de actuar juntos y amplificar las voces de la sociedad civil en las negociaciones. Desde el principio, el rol de la Alianza de la CDB no fue hablar en nombre de la gente, sino apoyar de la mejor manera posible todos los esfuerzos de incidencia que se realizaban de forma autónoma.

A pesar de nuestras limitaciones, tenemos muy claro que los grupos menos privilegiados necesitan un apoyo específico. Además, aunque nuestra red es diversa, respetamos el rol y mantenemos una coordinación fluida con los demás grupos importantes que participan en el proceso, en particular el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), la Red Mundial de Jóvenes sobre Biodiversidad y el Cónclave de Mujeres.

La Alianza de la CDB es una comunidad amplia: incluye tanto a los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) como a las OSC que les dan apoyo. Respetamos plenamente las estructuras de gobierno y los procesos de toma de decisiones de cada uno de estos grupos. Mantenemos una comunicación y una coordinación fluidas con el FIIB, que representa al mayor grupo de pueblos y comunidades indígenas comprometidos con la CDB. Apoyamos sus declaraciones durante las reuniones oficiales, apoyamos la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las reuniones internacionales siempre que resulta posible y amplificamos todas sus publicaciones y campañas.

¿Por qué es necesario un nuevo Marco Global de la Biodiversidad?

Históricamente, la aplicación de la CDB se ha centrado en su primer objetivo, la conservación de la diversidad biológica, y se ha prestado relativamente poca atención a su segundo y tercer objetivos, que son la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Esta es una de las razones por las cuales la CDB no ha podido obtener los resultados esperados. En la última década, la falta de voluntad política de las partes de la CDB condujo al fracaso en la consecución de los objetivos de Aichi, y existe abundante literatura que demuestra que la destrucción de la biodiversidad sigue ocurriendo a un ritmo galopante.

Un nuevo marco debería ser una oportunidad única para corregir los errores del pasado. La CDB abarca un amplio abanico de temas, pero no ha conseguido abordar las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, y su excesiva atención a objetivos como el de las áreas protegidas, centrado en la cantidad y no en la calidad, ha ocultado enormes incoherencias en nuestro abordaje de la pérdida de biodiversidad.

Por ejemplo, el Forest Peoples Programme, miembro de la Alianza de la CDB, reportó que el financiamiento global para la biodiversidad ha aumentado significativamente en la última década, y se calcula que actualmente oscila entre 78.000 y 147.000 millones de dólares al año. Sin embargo, se ve superado ampliemante por las subvenciones públicas y los flujos financieros que impulsan la pérdida de biodiversidad, estimados en entre 500.000 millones de dólares y varios billones de dólares al año.

Además, aunque la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales es ampliamente reconocida como de vital importancia para la protección de la biodiversidad, a menudo se ven afectados negativamente por el financiamiento para la biodiversidad y sus esfuerzos reciben pocos apoyos directos.

Otro miembro de la Alianza de la CDB, la Red del Tercer Mundo, informó que en 2019, 50 de los bancos más grandes del mundo respaldaron con más de 2,6 billones de dólares en industrias reconocidas como causantes de pérdida de biodiversidad. Un estudio reciente llegó a la conclusión de que “el sector financiero está financiando la crisis de extinción masiva, al tiempo que socava los derechos humanos y la soberanía indígena”.

Según la Coalición Mundial por los Bosques, también integrante de la Alianza de la CDB, el financiamiento del clima y la generación de energía renovable subsidiada son una forma de subvención directa que a menudo perjudica a los bosques y no reduce las emisiones. El ejemplo más destacado de ello es el de la central eléctrica de Drax, en el Reino Unido, que recibe dos millones de libras esterlinas (unos 2,8 millones de dólares) al día para producir electricidad altamente contaminante a partir de madera talada de bosques de humedales de gran biodiversidad en el sureste de Estados Unidos, entre otros lugares. Otros ejemplos son el subsidio del Fondo Mundial para el Medio Ambiente a las empresas siderúrgicas para que produzcan carbón vegetal a partir de plantaciones de eucalipto en Brasil, y las numerosas subvenciones a nivel nacional y de la Unión Europea que recibe la industria de la pulpa y el papel en Portugal.

Recientemente, en un acto organizado por el Secretariado de la CDB, varios de los llamados líderes globales prometieron grandes cantidades de dinero para la biodiversidad. Sin embargo, los países del norte global han incumplido sus compromisos internacionales en relación con fondos nuevos y adicionales. Lo que prometen para la naturaleza está mezclado con todo tipo de planes que no abordan las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad. Y las cantidades prometidas para proteger la biodiversidad se ven claramente superadas por todo el dinero que se invierte en su destrucción.

Además de estas preocupantes contradicciones e incoherencias, los grupos poderosos y las naciones desarrolladas intentan constantemente y por todos los medios eludir sus responsabilidades. Consideramos que la presión para incorporar en la CDB términos tales como “soluciones basadas en la naturaleza” no es más que otro truco de los grandes contaminadores para incumplir sus obligaciones y una nueva forma de “lavado verde” y de acaparamiento de tierras por parte de las empresas.

¿Por qué todo esto no sale en los medios de comunicación? Esto es lo que ocurre cuando los principales actores enfocan toda su atención en determinadas políticas y actividades, tales como el aumento de las áreas protegidas. Las áreas protegidas no son malas en sí, pero están lejos de ser una solución real, como lo es el cambio en nuestros patrones de producción y consumo. La narrativa en torno de la CDB debe reorientarse hacia las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, que son más estructurales y están relacionadas con la justicia y la equidad. Del mismo modo en que el cambio climático ya no es considerado un problema puramente medioambiental, tenemos que entender al panorama general de destrucción de la biodiversidad en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los campesinos, las mujeres, las generaciones futuras y la propia naturaleza. Hay que acabar con la mercantilización de la naturaleza, ya que la naturaleza no nos pertenece ni a nosotros ni a unos pocos privilegiados entre nosotros. La naturaleza no necesita esquemas extravagantes ni mucho dinero para prosperar, necesita que dejemos de destruirla. Esta narrativa debería hacer que todos deseáramos y trabajáramos realmente por un profundo cambio individual y colectivo.

¿Qué cambios debería aportar el Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

La CDB es un acuerdo jurídicamente vinculante y, si se implementa plenamente, tiene un gran potencial. El Marco Global de la Biodiversidad post-2020 debería ser el instrumento para hacer cumplir las obligaciones legales de las partes de la CDB mediante mecanismos de rendición de cuentas que sancionen toda inacción. También es una oportunidad para adoptar un enfoque basado en los derechos que sitúe en el centro del debate a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres y los campesinos, así como a los derechos de la naturaleza, conectando a la CDB con el andamiaje internacional de los derechos humanos. 

Varios informes han demostrado que se han cometido violaciones de derechos humanos en aras de la promoción de las áreas protegidas. Aunque abordar la crisis de la biodiversidad y el cambio climático es posible e inevitable, diversos intereses presionan para que esta conexión se centre en las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, que no son sino una tapadera para esquemas como las compensaciones, que no benefician a la naturaleza sino al statu quo y no aportan soluciones reales a nuestros problemas estructurales.

Otro gran desafío radica en el hecho de que la implementación de las normas medioambientales suele estar en manos de los ministerios de medio ambiente, que suelen ser completamente impotentes en comparación con otros que son los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad. Con el nuevo Marco Global de la Biodiversidad esto tiene que cambiar.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad se ha pospuesto dos veces debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué desafíos ha provocado esta situación?

El primer desafío que enfrentamos fue que los países del norte global presionaron fuertemente para continuar con las negociaciones a través de medios virtuales, sin tener en cuenta las diversas dificultades experimentadas no solamente por sus pares del sur global sino también por la sociedad civil. La Alianza de la CDB expresó en varias ocasiones su preocupación por las desigualdades e injusticias de las negociaciones virtuales y apoyó la propuesta de las partes del sur global de posponer las negociaciones. Recién cuando los Estados africanos y algunos latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por esta situación, las naciones ricas dieron marcha atrás. Se mantuvieron las reuniones en línea para que las conversaciones pudieran continuar, pero se estableció que las decisiones solo se adoptarían en reuniones presenciales.

¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor el trabajo que están realizando en torno del Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

Algunos de nuestros objetivos son garantizar que el Marco Mundial de la Diversidad post-2020 se centre en una sólida declaración de principios tales como los de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR); un mecanismo para lidiar con los incumplimientos, que incluya sanciones y esté bien integrado con el principio de CBDR; un objetivo centrado en las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente y en las mujeres, ya que ellas son quienes están defendiendo la biodiversidad en el mundo real; y un objetivo sobre la prohibición de grandes alteraciones de la naturaleza.

Una vez aprobado el Marco, nuestra misión será coordinarnos con las regiones, redes y organizaciones que tienen una conexión directa con quienes trabajan en el terreno y en las primeras líneas. Esta coordinación deberá incluir una difusión masiva e intensa del Marco, pero centrándose en cómo puede empoderar a la gente en sus resistencias, luchas y proyectos.

Aunque enfrenten obligaciones jurídicamente vinculantes, los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo. Dicha presión no puede producirse en ausencia de empoderamiento e información acerca de las decisiones adoptadas a nivel internacional.

Póngase en contacto con la Alianza de la CDB a través de su sitio web, su página de Facebook y su cuenta de Twitter. 

 

COP26: “Sigue faltando conciencia de que necesitamos proteger el clima para protegernos a nosotros mismos”

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Sascha Müller-Kraenner, director ejecutivo de Acción Medioambiental Alemania (Deutsche Umwelthilfe), una organización que promueve modos de vida sostenibles y sistemas económicos que respetan los límites ecológicos. Lleva más de 40 años defendiendo la conservación de la diversidad biológica y la protección del clima y los bienes naturales.

Sascha Muller Kraenner

Foto: Stefan Wieland

¿Cuál es el principal problema climático en su país?

Alemania y Europa deben eliminar progresivamente el gas fósil para tener alguna esperanza de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC. Los políticos aún no aceptan esta realidad, y el debate público se ve enturbiado por el lobby del gas, que impulsa una campaña engañosa para presentar el gas fósil como limpio, barato y respetuoso del medio ambiente. Pero tomarse en serio la preservación del clima supone transformar todo el sistema energético, y en esta transformación el gas fósil no tiene cabida. Tenemos que dejar de subvencionarlo y de construir nuevas obras de infraestructura a su servicio.

Las energías renovables y la eficiencia energética deben ampliarse masivamente para reducir la demanda de gas y generar energía limpia. En el sector de la calefacción, tenemos que prohibir la venta de nuevos calentadores de gas y sustituir los existentes por tecnologías sostenibles, tales como las bombas de calor, en lugar de ofrecer falsas soluciones como el hidrógeno.

La aparición de los llamados “gases verdes”, como el hidrógeno, supone una amenaza y una oportunidad en este sentido, y el diseño de una normativa adecuada para un futuro neutro desde el punto de vista climático es un desafío fundamental. Como el suministro de hidrógeno verde será muy limitado, ya que su producción es muy costosa, tenemos que utilizarlo solamente en los sectores que son más difíciles de descarbonizar, como los procesos industriales de alta temperatura, más que para la calefacción o el transporte, donde hay otras opciones disponibles.

¿De las devastadoras inundaciones que sufrió Alemania en julio, han resultado un mayor reconocimiento de la crisis climática y una mayor voluntad de actuar?

Un mayor reconocimiento, sí. Las inundaciones fueron atribuidas por la mayoría, y con razón, al cambio climático. Sin embargo, el debate no ha cambiado mucho una vez superada la crisis inmediata. El gobierno tuvo que comprometer 30.000 millones de euros (unos 35.000 millones de dólares) para reparar los daños causados por las inundaciones y reconstruir las regiones afectadas. Sin embargo, en el contexto de las elecciones federales, la política climática fue debatida como un “costo” que la sociedad tiene que pagar por razones altruistas.

Presentar la política climática como contrapuesta al desarrollo económico es una falsa dicotomía. La verdad es que debemos reducir las emisiones, incluso en las áreas donde resulta difícil, precisamente para evitar que eventos terriblemente costosos como las inundaciones y las sequías sean cada vez más frecuentes. Sigue faltando esta conciencia de que necesitamos proteger el clima para protegernos a nosotros mismos.

¿Hasta qué punto la crisis climática estuvo presente en la campaña electoral de octubre, y cómo está presionando el movimiento climático al posible nuevo gobierno para que haga más en ese sentido?

Según las encuestas, el cambio climático fue el tema más importante de las elecciones. Esto se debe, en parte, a la frustración con el gobierno saliente de “gran coalición”, que se mostró complaciente con la crisis climática, incapaz de alcanzar sus propios objetivos y poco dispuesto a tomar decisiones de gran alcance en áreas críticas como las energías renovables, la construcción, el transporte y la agricultura.

El movimiento por el clima, y en particular el de Viernes por el Futuro, se ha fortalecido mucho desde las elecciones de 2017. La juventud está movilizada y mantendrá la presión porque teme, y con razón, por su futuro. Es muy probable que el partido de los Verdes forme parte del nuevo gobierno tras conseguir el mejor resultado electoral de su historia. Esto es un buen augurio para la política climática así como para el ejercicio de influencia por parte del movimiento por el clima. El Partido Verde es, de lejos, el más experto y dispuesto a adoptar una política climática ambiciosa, y también el más abierto a las preocupaciones del movimiento por el clima.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Deutsche Umwelthilfe se vincula con el movimiento por el clima en Europa a través de su membresía en asociaciones paraguas como Climate Action Network-Europe y European Environmental Bureau. Participamos regularmente junto con nuestros socios europeos en intercambios y grupos de trabajo sobre diversos temas, tales como la eliminación progresiva del gas, la regulación de las emisiones de metano, el financiamiento sostenible y la calefacción sustentable.

¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentra a este tipo de procesos internacionales?

No hay duda de que la cooperación internacional es crucial si queremos limitar el calentamiento global de forma efectiva, y el Acuerdo de París es testimonio de ello. Sin embargo, desde el inicio de la serie de reuniones de la Conferencia de las Partes hemos visto un aumento continuo de las emisiones a nivel global. Muchos también critican estos eventos porque están fuertemente patrocinados por la industria y, por lo tanto, sus resultados están algo inclinados en dirección de las expectativas de la industria.

Así, los procesos internacionales son, por un lado, cruciales, pero, por otro, son también una oportunidad para que la industria de los combustibles fósiles gane, o al menos conserve, su reputación como parte de la solución a la crisis climática, al tiempo que en muchos casos continúa impidiendo que se produzcan avances.

Por lo tanto, debemos tener cuidado al considerar de manera realista los resultados que pueden surgir de la COP26. Espero que se avance en compromisos de reducción de emisiones para estar en condiciones de cumplir el Acuerdo de París. Pero será necesario que la sociedad civil exija e implemente los cambios necesarios, independientemente del resultado de la COP26. Nosotros somos y seguiremos siendo parte de ese cambio.

¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

En los últimos años hemos sido testigos de los increíbles esfuerzos realizados por la generación joven para que por fin se actúe en consonancia con las promesas hechas en el Acuerdo de París. Sin embargo, con demasiada frecuencia los responsables de la toma de decisiones hacen caso omiso de sus conocimientos y demandas en torno a la crisis climática y, en cambio, siguen actuando como de costumbre. Creo que todos nos beneficiaríamos si la juventud tuviera mayor influencia en los procesos de toma de decisiones con potencial para detener el calentamiento global.

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COP26: “Se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de los responsables”

Lia Mai TorresEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns (CEC) - Filipinas, una organización de la sociedad civil (OSC) que ayuda a las comunidades filipinas a afrontar desafíos medioambientales. Fundada en 1989 por iniciativa de organizaciones que representan a pescadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, personas que experimentan pobreza urbana y sectores profesionales, el CEC se dedica a la investigación, la educación, la incidencia y las campañas medioambientales. También integra la secretaría de la Red de Defensores del Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APNED), una coalición de organizaciones que trabajan solidariamente para proteger el medio ambiente y a sus defensores.

¿Cuál es el principal problema climático en tu país?

El principal problema ambiental que enfrenta Filipinas actualmente es la proliferación de proyectos y programas destructivos del medio ambiente. Esta situación ha persistido e incluso empeorado durante la pandemia.

Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que ya tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento. Un ejemplo de ello es el pueblo de Didipio, Nueva Vizcaya, en el norte de Filipinas, donde se renovó por 25 años más un acuerdo minero con la empresa australiano-canadiense OceanaGold. Las comunidades indígenas de Bugkalot y Tuwali ya sufren la falta de suministro de agua debido a la actividad minera y temen que esto empeore si dicha actividad continúa.

Los proyectos de infraestructura también son una prioridad del gobierno, que afirma que estos contribuirán a mejorar la situación de la economía. Sin embargo, hay proyectos financiados con onerosos préstamos extranjeros que solo empeorarán la situación de la población local. Un ejemplo de ello es la represa de Kaliwa, financiada por China, en la provincia de Rizal, al sur de la isla de Luzón. La reserva invadirá los territorios ancestrales del pueblo indígena Dumagat, incluidos sus lugares sagrados, así como un área protegida.

Otro ejemplo son las plantaciones de monocultivo que se encuentran sobre todo en las provincias de Mindanao. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas Lumad se han convertido en plantaciones de plátanos y piñas. Algunos residentes reportan enfermedades causadas por los productos químicos sintéticos utilizados en las plantaciones y muchos están siendo desplazados de sus tierras de cultivo.

Estos son algunos ejemplos de proyectos prioritarios impulsados por el gobierno para conducirnos al llamado desarrollo. Sin embargo, es evidente que no mejoran realmente la situación de las comunidades locales, que en su mayoría ya se encuentran en situación de pobreza. Además, los recursos naturales del país en su mayoría no son explotados en beneficio de sus ciudadanos, ya que los productos extraídos se destinan a la exportación. Se benefician de ellos unas pocas empresas locales e internacionales. Los recursos naturales se utilizan para obtener beneficios y no para impulsar el desarrollo nacional.

¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que realizan?

El CEC trabaja con las comunidades locales, ya que creemos que las luchas medioambientales no pueden ganarse sin el esfuerzo conjunto de quienes sufren el impacto medioambiental. El verdadero poder proviene de las organizaciones de base. Las OSC como la nuestra y otros sectores deben apoyar sus esfuerzos, conectando las luchas locales para construir un fuerte movimiento medioambiental a nivel nacional e internacional.

A causa del apoyo que brindamos a las comunidades locales, hemos enfrentado represalias. En 2007, Lafayette Mining Ltd, una empresa minera australiana, presentó una demanda por difamación contra el entonces director ejecutivo de CEC, ya que éste había denunciado los impactos de las actividades de la empresa. En 2019 y 2021, nuestra organización fue víctima de una práctica habitual mediante la cual el gobierno declara a personas y organizaciones como terroristas o comunistas. Lo hizo en represalia por las misiones humanitarias que realizamos tras un tifón y durante la pandemia. 

También se nos amenazó con una redada policial en nuestra oficina, en represalia por ofrecer refugio a niños indígenas Lumad que se habían visto obligados a abandonar sus comunidades debido a la militarización, las amenazas y el acoso. Nuestras acciones de protesta pacífica suelen ser dispersadas violentamente por la policía y las fuerzas de seguridad privadas, y en 2019 un miembro del personal de nuestra organización fue detenido.

Detrás de todos estos ataques están las fuerzas de seguridad del Estado junto con las fuerzas de seguridad privadas de las corporaciones. La policía y el ejército claramente se han convertido en parte de las fuerzas de seguridad de las corporaciones, utilizando medidas represivas para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Dado que muchos países, especialmente del sur global, están experimentando problemas medioambientales similares, reconocemos la necesidad de conectarnos con organizaciones de otros países. En 2015, el CEC se contó entre los convocantes de la Conferencia Internacional de los Pueblos sobre la Minería, que ofreció a personas defensoras del medio ambiente la posibilidad de aprender de las experiencias de los demás y coordinar campañas locales.

El CEC también ayudó a crear la APNED, una red de campañas solidarias que provee apoyo mutuo para la realización de campañas, plantea los temas a nivel internacional, aboga por una mayor protección de las personas defensoras, realiza actividades de capacitación y facilita servicios. Creemos que la solidaridad entre personas defensoras es importante para ayudar a fortalecer los movimientos locales, así como la lucha internacional por nuestros derechos medioambientales.

¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

Incluso antes de la pandemia, existía preocupación por la inclusión de las personas defensoras del medio ambiente de base o en las primeras líneas en procesos internacionales tales como estas conversaciones sobre el clima. La falta de inclusión se hizo más evidente con la pandemia, ya que muchas OSC han tenido dificultades para asistir a causa de los requisitos y gastos adicionales. Además, sólo las organizaciones acreditadas pueden asistir a los actos oficiales, y son muy pocas las que están acreditadas. Asimismo, los informes de los gobiernos suelen estar muy alejados de la realidad. El empeoramiento de la crisis climática es la prueba de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.

A pesar de ello, seguiremos participando en los eventos formales y paralelos de la COP26, con el objetivo de llamar la atención sobre la forma en que muchos países desarrollados y grandes empresas están profundizando la crisis climática mediante el acaparamiento de recursos y la explotación de los recursos naturales de los países pobres, exacerbando la pobreza existente, y de qué manera se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de su responsabilidad y falta de rendición de cuentas. También queremos destacar la importancia de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de nuestro entorno y la defensa de nuestros derechos medioambientales, y por lo tanto la necesidad de garantizar que no sufran más violaciones de sus derechos humanos por motivos políticos que les impidan realizar su importante labor.

¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

Esperamos que el marco capitalista orientado al beneficio cambie en Filipinas. Esto garantizaría el abordaje de los conflictos por los recursos, el mantenimiento de la protección del medio ambiente para el equilibrio ecológico, el establecimiento de auténticos programas de adaptación al cambio climático y la atención que los grupos vulnerables necesitan. Esto también supone responsabilizar a los países y a las empresas que contribuyen a la crisis climática y proporcionar apoyo a los países pobres para que puedan adaptarse.

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COP26: “La juventud está presentando propuestas, no se limita a exigir cambios sosteniendo un cartel”

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Antonella Regular y Joaquín Salinas, respectivamente Coordinadora de Comunicación y Coordinador del área de Formación de Juventudes COP Chile, una plataforma independiente de jóvenes enfocada en la acción climática. La agrupación busca generar espacios de incidencia para la población juvenil y es un espacio intergeneracional e interseccional de enseñanza mutua.

Antonella Regular y Joaquin Salinas

¿Cuáles son los principales problemas ambientales en Chile?

Un problema de base corresponde directamente a las zonas de sacrificio medioambiental o con un alto nivel de impacto ambiental, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes que tienen un impacto directo sobre las comunidades. Otro problema es la minería y la forman en que los derechos de extracción se posicionan sobre los derechos de las comunidades y el medio ambiente, con explotaciones como la del controversial proyecto Dominga en la región de Coquimbo, en la costa centro-norte de Chile. Y en el sur, el tema de la deforestación.

Estas problemáticas ambientales son nuestra vía de entrada en las comunidades: nos permiten conocer cuáles son los desafíos y las metas para poder incidir y accionar, y no solamente exigir. Desde la plataforma buscamos generar soluciones para los problemas.

El hecho de que los jóvenes no encuentren espacios donde sean escuchados y puedan participar activamente en la toma de decisiones también es un problema. Ahora Chile está pasando por un proceso constituyente: tenemos una Asamblea Constituyente muy diversa y plural, elegida directamente por la ciudadanía, que está redactando una nueva Constitución. Por primera vez existe la posibilidad de que algunas demandas históricas que fueron ignoradas durante mucho tiempo sean atendidas. En este momento decisivo es importante que los jóvenes sean incluidos en la toma de decisiones y que puedan incidir en el diseño de políticas públicas progresistas.

¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

La plataforma Juventudes COP Chile trata de ser un puente entre la sociedad civil y los espacios de incidencia internacionales como las conferencias climáticas. Nuestro objetivo es la sociedad civil en su conjunto se empodere con opiniones y exigencias para incidir en estos espacios. Hemos abierto espacios de participación y generado alianzas, y todas las propuestas que han surgido en esos espacios serán entregadas a la COP26. 

Juventudes COP Chile promueve la participación de los jóvenes y los incita a tomar una posición activa. Estamos presentando propuestas, no nos limitamos a exigir cambios sosteniendo un cartel.

¿Qué avances esperan de la COP26? Más en general, ¿qué utilidad les ven a estos procesos internacionales?

Hay muchos asuntos que quedaron pendientes de la COP25. Por ejemplo, cerrar el libro de reglas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, para que estados y empresas intercambien unidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Esperamos que en esta COP los países se pongan de acuerdo de una vez y haya un gran avance en ese sentido. También deberían dejar de aplazar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) hasta el 2050. Y las NDC deberían dejar de ser voluntarias. Esto parece casi una burla teniendo en cuenta el estado de la crisis climática.

Es urgente que haya avances porque estamos viendo que el cambio climático es real y está ocurriendo. Algunos cambios son ya irreversibles: los estamos experimentando diariamente en nuestro relacionamiento con el medio ambiente y es posible que apenas podamos ya adoptar normas de adaptación.

Las partes participantes de la COP26 deberían darse cuenta de eso y dejar sus intereses de lado para pensar en la supervivencia de la especie humana. Deben escuchar a la ciencia y a los jóvenes. La participación de los jóvenes en estos procesos no puede ser un mero protocolo: debe ser real, activa y significativa.

¿Qué cambios les gustaría ver, en el mundo o en su comunidad, que puedan ayudar a resolver la crisis climática?

En nuestras comunidades esperamos una mayor participación y acceso a la información. En Chile hay una gran centralización: todo ocurre en la capital, Santiago de Chile, y eso genera un déficit de participación ciudadana en la toma de decisiones y de entrega de información en las comunidades. Esperamos que se avance en temas de descentralización y redistribución de poder efectivo de toma de decisiones.

Uno de los principios de Juventudes COP Chile es precisamente la descentralización, y por eso trabajamos con personas de diferentes partes del país. Nos gustaría ver una adopción más masiva de algunas de las prácticas que integramos en Juventudes COP, tales como el artivismo, la cultura regenerativa, la horizontalidad y el trabajo comunitario.

A nivel nacional, esperamos que los políticos empiecen a tomarse este problema en serio. Tienen que trabajar para reducir la contaminación y paliar la crisis climática. Deben partir del reconocimiento de que la crisis climática es una crisis de derechos humanos, que afecta drásticamente la calidad de vida de las personas y las comunidades más vulnerables. Es importante que haya un reconocimiento de que esto está ocurriendo y de que es un problema grave.

Un paso importante para empezar a andar sería que Chile finalmente firme el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Durante años Chile impulsó las negociaciones que resultaron en este acuerdo, pero luego decidió no firmarlo. Debería hacerlo sin demoras.

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PERÚ: “Es necesario recuperar la confianza en las elecciones”

CIVICUS conversa con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sobre las recientes elecciones presidenciales y el estado de la democracia en Perú. La Asociación Civil Transparencia es una organización de la sociedad civil independiente que trabaja por la calidad de la democracia y la representación política mediante la facilitación del diálogo entre actores políticos, gubernamentales y de sociedad civil, la implementación de programas de educación y de desarrollo de capacidades para el liderazgo ciudadano y político, la elaboración de propuestas de política pública y la observación de los procesos electorales.

Ivan Lanegra

¿Cuáles fueron las particularidades de este proceso electoral, y qué es lo que estuvo en juego?

Las últimas elecciones generales estuvieron vinculadas con varios procesos políticos y sociales. En primer lugar, tuvo lugar al cabo de un período de cinco años muy inestable políticamente, en el cual tuvimos cuatro presidentes -Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti- y el Congreso fue disuelto constitucionalmente. Al mismo tiempo, la economía ya no venía creciendo tanto, con lo cual empezó a aumentar el descontento social. En este contexto, los escándalos de corrupción terminaron por minar la credibilidad de los partidos políticos. A esto se sumó el impacto socioeconómico de la pandemia, que generó mayores demandas redistributivas.

Como resultado de todos estos procesos, se produjo una atomización de las preferencias de la ciudadanía. Los efectos de esta situación se expresaron en una gran fragmentación del voto en las elecciones parlamentarias de enero de 2020 y, nuevamente, en la primera vuelta de la elección presidencial de abril de 2021, donde los dos candidatos que salieron primeros, y que por lo tanto pasaron a la segunda vuelta, sacaron en conjunto apenas el 33% de los votos. En un Congreso de 130 asientos hay representados diez partidos políticos diferentes.

En la segunda vuelta, el triunfo de Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular -un partido de derecha-, mostró el gran peso que tuvo la demanda de cambio, sumada al rechazo de la política convencional de los últimos años.

Sin embargo, los resultados oficiales demoraron en ser proclamados, lo cual generó un clima de gran incertidumbre. En un contexto de alta polarización, hubo un aumento exponencial de los recursos contra los resultados electorales: lo habitual es que se presente menos de una decena, pero en esta ocasión se presentaron más de mil, ninguno de los cuales fue considerado con fundamentos. Se hizo un uso instrumental de estos recursos: las denuncias infundadas de fraude fueron utilizadas para alargar al máximo el proceso y tratar de impedir la oficialización de los resultados. Si bien este intento no tuvo éxito, demoró la transferencia del poder y aumentó la desconfianza hacia la política y las instituciones electorales.

¿Por qué hubo tanta gente que no fue a votar?

La tasa de ausentismo en la primera vuelta fue de casi 30%, algo superior a la de las elecciones legislativas de 2020, cuando había sido del 26%; sin embargo, en la segunda vuelta bajó a menos de 24%. Hay que recordar que la primera vuelta electoral se dio en el punto más alto de la pandemia de COVID-19 en Perú. En otros países, como Chile, ni siquiera fue posible votar debido a la emergencia sanitaria, pero en Perú las elecciones se desarrollaron normalmente. En realidad, es notable que el ausentismo no haya sido más alto.

¿Qué rol desempeñó Transparencia en relación con el proceso electoral?

En el período previo a las elecciones, en el marco de la campaña #DecideBien, Transparencia difundió información sistemática sobre los partidos, las candidaturas y las propuestas, para que la ciudadanía pudiera evaluar sus opciones. Desglosamos los programas de gobierno para que cada persona pudiera conocer y comparar las propuestas de cada candidato en torno de los temas de su interés y votar en función de ese conocimiento.

Además, invitamos a la ciudadanía a inscribirse a la Red Nacional de Voluntariado de Transparencia para participar como observadores en las elecciones. Desde nuestra perspectiva, la observación electoral consiste en vigilar, orientar y dar testimonio de los hechos ocurridos durante la jornada electoral, además de hacer pedagogía ciudadana sobre la conducta y las reglas electorales.

Con esta red de voluntarios y voluntarias Transparencia observó el proceso y desde un primer momento señaló que el proceso electoral se había desarrollado con normalidad, más allá de los incidentes menores que suelen ocurrir en todas las elecciones, pero que no afectan los resultados.

En vistas de las alegaciones infundadas que buscaron desacreditar el proceso, también trabajamos para contrarrestar la desinformación electoral. El fenómeno de la desinformación en redes sociales, en particular después de la segunda vuelta, fue mucho más fuerte que en elecciones anteriores, y las propias autoridades electorales tuvieron que montar equipos dedicados casi exclusivamente a desmentir las “noticias falsas”. El clima de polarización seguramente contribuyó a aumentar el impacto de la desinformación.

¿Qué desafíos políticos se perfilan tras las elecciones?

Los principales desafíos son cómo reducir la desconfianza en el Estado, como encarar la insatisfacción con la democracia y cómo mejorar la representación política. Aunque en comparación con estos retos, la polarización política, que se exacerbó en el contexto electoral, es menos preocupante, también debe ser considerada. Si bien los sectores más radicalizados siguen atizando la polarización, se trata de sectores minoritarios. Lograron polarizar las elecciones porque consiguieron pasar a la segunda vuelta a pesar de haber conseguido un bajo porcentaje de votos, pero pasadas las elecciones, la mayoría de la ciudadanía se ubica lejos de los extremos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la desconfianza, la insatisfacción y la sensación de falta de representación son elementos que los sectores que buscan polarizar pueden aprovechar en su beneficio.

Es necesario recuperar la confianza en las elecciones. Para eso debemos continuar formando e informando a la ciudadanía sobre las reglas de las elecciones, la política y la democracia. También debemos mejorar los mecanismos de que disponemos para combatir la desinformación. Asimismo, es necesario avanzar en las reformas electorales pendientes, para crear incentivos para el fortalecimiento de los partidos políticos, así como para mejorar la calidad de la representación política.

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COP26: “Esperamos obligaciones más estrictas bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada”

Charles WanguhuEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Charles Wanguhu, activista social y coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas, un foro donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes comparten información, planifican y elaboran estrategias comunes para llevar a cabo una labor de incidencia conjunta, se vinculan con organismos gubernamentales, empresas y medios de comunicación, e informan y concientizan a la ciudadanía.

¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el cual está trabajando?

La Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas es una organización de membresía sin ánimo de lucro que trabaja por la sostenibilidad del sector del petróleo y el gas en Kenia y por transiciones energéticas justas. Con el descubrimiento de petróleo en el condado keniano de Turkana, nuestro trabajo pasó a incluir la incidencia en favor de marcos políticos y legales que garanticen la justicia medioambiental y las consideraciones climáticas en el desarrollo del petróleo. Hacemos este trabajo a través de la revisión de políticas y normativas y el desarrollo de capacidades para que las comunidades locales puedan participar de forma efectiva en los procesos de evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) y así salvaguardar su entorno. 

También participamos directamente en la revisión de las EIAS, abogando siempre por la inclusión de las consideraciones relativas al cambio climático y la protección del medio ambiente a nivel de proyecto. Por ejemplo, a medida que el proyecto petrolero de Turkana se fue acercando a la fase de producción, hemos participado en los foros de consulta con las partes interesadas del proyecto, donde hemos planteado la necesidad de que la EIAS del proyecto incorpore evaluaciones de impacto en materia de cambio climático. También hemos abogado por la transparencia en el sector mediante la divulgación de los acuerdos y licencias petroleras para que la ciudadanía pueda entender las obligaciones de las empresas petroleras en materia de medio ambiente y cambio climático, lo cual redundará en una mayor rendición de cuentas por parte del Estado y de estas empresas.

¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

La reducción del espacio cívico sigue siendo un desafío en el entorno en que trabajamos. Los grupos de la sociedad civil enfrentan reacciones negativas del gobierno cuando se refieren a temas de actualidad. Las restricciones suelen consistir en la denegación de permisos para realizar protestas o celebrar reuniones relacionadas con los proyectos de su interés. En algunos casos, organismos gubernamentales como la Junta de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y la autoridad impositiva de Kenia han sido utilizados para atacar a las OSC.

También enfrentamos restricciones por parte de las empresas, tales como la exclusión deliberada de las OSC de eventos de participación pública. Aquellos de nuestros miembros que han expresado su preocupación o se han hecho oír en cuestiones relacionadas con la extracción de recursos gasíferos y petroleros se han encontrado con que ya no se les invita a participar o no se les permite hacer comentarios en las audiencias públicas.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Estamos desarrollando un programa panafricano para una transición justa que implicará la colaboración con otros grupos regionales e internacionales para garantizar que la transición energética mundial sea justa para África y refleje los impactos de la crisis climática en el continente.

 

¿Qué esperanzas tiene en relación con la COP26, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

La inclusión de consideraciones sobre el cambio climático a nivel de proyecto ya tiene un asidero legal en Kenia a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático aprobada en Kenia en 2016. El retraso en la implementación de la ley ha supuesto un desafío, pero tenemos conocimiento de varios proyectos de reglamentación que están siendo revisados para su eventual promulgación.

En lo que respecta a la transición energética justa, esperamos que se impongan obligaciones más estrictas que cumplan con el principio de responsabilidad común pero diferenciada, el cual reconoce que los distintos países tienen diferentes responsabilidades y capacidades para abordar cuestiones transfronterizas tales como el cambio climático. Esto garantizaría que África no se quede atrás en la transición o, lo que es peor, que la transición no se produzca a sus expensas.

Los procesos internacionales han sido útiles en la medida en que han facilitado en parte la domesticación de los marcos legales y políticos sobre cambio climático, pero ciertamente esperamos un mayor compromiso por parte de los Estados.

¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

Quisiéramos que se acelerara la implementación de los marcos jurídicos y las obligaciones en materia de cambio climático, a nivel tanto local como internacional. Además, quisiéramos que los países desarrollados del norte global se comprometieran y cumplieran sus promesas de financiamiento para el clima realizadas en el marco del Acuerdo de París. Esto será muy útil para financiar transiciones energéticas justas en África.

El espacio cívico en Kenia es calificado como obstruidopor el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas a través de su página web y siga a @KCSPOG y a @CharlesWanguhu en Twitter. 

 

COP26: “Debemos empoderar a las comunidades y a las mujeres en la gestión de los recursos climáticos”

Nyangori OhenjoEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Nyang'ori Ohenjo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMIRIDE), una organización de la sociedad civil keniana que aboga por el reconocimiento de las minorías y los pueblos indígenas en los procesos políticos, legales y sociales y trabaja para capacitar a las comunidades para obtener medios de vida sostenibles.

 

¿Cuál es el problema climático de su país en que se centra su trabajo?

Nos centramos en los efectos cada vez peores del cambio climático, especialmente sobre los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas. A pesar de que cuenta con una gran cantidad de programas climáticos, Kenia no está logrando los objetivos deseados. Por ejemplo, en el norte del país se está produciendo un aumento de las sequías, con las habituales consecuencias nefastas, y el presidente ya ha declarado la sequía de este año como desastre nacional.

El desafío principal es que los marcos políticos no conectan con la agenda de las comunidades indígenas, que incluyen a comunidades pastoriles, habitantes de los bosques y comunidades de pescadores. Esto deja a estas comunidades y a sus sistemas económicos en situación de vulnerabilidad y no aporta soluciones que mejoren su resiliencia. Los programas y las políticas suelen ignorar los elementos culturales.

Los pastores, por ejemplo, diversifican sus rebaños en cuanto a sexo, edad y especie para distribuir los riesgos y maximizar las pasturas disponibles. El tamaño de los rebaños se equilibra con el tamaño de las familias, y la composición de los rebaños busca responder a las necesidades familiares. A veces los rebaños se dividen como estrategia de supervivencia, sobre todo en tiempos de sequía, y para permitir un uso innovador de los recursos disponibles. A través de sistemas de apoyo mutuo, los pastores se cuidan entre sí para poder recuperarse rápidamente de los desastres. Cada grupo de pastores tiene una forma diferente de apoyar a sus miembros, por ejemplo mediante diversas formas de ganar dinero en efectivo y diversificar sus medios de vida. Sin embargo, la ayuda alimentaria y las dádivas se han convertido en la norma política en tiempos de crisis como la actual sequía, lo cual no tiene sentido económico para nadie, y en particular para las comunidades pastoriles.

En los 50 años en que predominó la perspectiva de la ayuda alimentaria no se logró una solución sostenible; de ahí la necesidad de un verdadero cambio de política, que nos desplace de la respuesta a las catástrofes, que es reactiva, a la preparación, que es proactiva. Esto implica tener a mano una cantidad de recursos básicos, incluido dinero en efectivo de ser necesario, antes de que se produzca la crisis, para ayudar a las comunidades a atravesar los momentos difíciles, al mismo tiempo que se enfoca la atención en la inversión y el desarrollo a largo plazo, de modo de aumentar la resiliencia de las comunidades para absorber futuras crisis.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Nos vinculamos a través del trabajo con numerosas redes globales de sociedad civil, entre ellas la de CIVICUS, y con organizaciones de promoción del desarrollo, organizaciones de base y grupos kenianos que reclaman acción por el clima, así como con instituciones académicas, órganos de las Naciones Unidas e instituciones regionales e internacionales de derechos humanos. El principal objetivo de estos vínculos es asegurar que las voces de las comunidades indígenas de Kenia sean escuchadas dentro del movimiento contra el cambio climático y puedan influir en las conversaciones internacionales.

La participación de los pueblos indígenas en el movimiento internacional por el clima, y el hecho de que los pueblos indígenas formen parte de una conversación que, de manera sensible al género, reconozca sus derechos y valore sus conocimientos tradicionales, así como sus prácticas innovadoras en materia de resiliencia climática, son fundamentales para diseñar y aplicar políticas y acciones climáticas eficaces.

A nivel nacional, a través de la Dirección de Cambio Climático, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Kenia, y de la Plataforma Multisectorial de Agricultura Inteligente para el Clima, CEMIRIDE ha participado en el proceso en que se estableció la posición del gobierno keniano de cara a la COP26 y dentro de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma CLPI).

¿Cómo interactúan las comunidades indígenas con el gobierno de Kenia?

La iniciativa contra las emergencias por sequía, que finaliza en 2022, ha tenido éxito a la hora de desarrollar políticas climáticas, pero ha avanzado poco en la resolución del problema de la sequía. También está el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (2018-2022), que prevé la participación e inclusión efectivas de las comunidades indígenas marginadas, pero, nuevamente, ha resultado en muy pocos avances en términos de asegurar una participación estructurada y significativa de estas comunidades en la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Nacional.

El gobierno también está implementando el Proyecto de Agricultura Climáticamente Inteligente de Kenia, uno de cuyos componentes clave es la mitigación del clima. Sin embargo, su implementación carece de mecanismos estructurados de vinculación con las comunidades indígenas, las cuales por lo tanto tienen mínima presencia y capacidad de aportar a su diseño y puesta en marcha.

¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 avance en estas cuestiones, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

Estos procesos internacionales como la COP26 son importantes para dar visibilidad a los pueblos indígenas en las conversaciones sobre el cambio climático. Aunque los gobiernos, y especialmente los de África, tardaron mucho tiempo en reconocer el rol de los pueblos indígenas y la necesidad de que sus voces sean escuchadas en la mesa internacional de toma de decisiones sobre el cambio climático, ahora han entendido que los pueblos indígenas pueden realmente influir en la dirección de estos procesos. En concreto, la Plataforma CLPI fue creada para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, crear capacidad para la participación de las partes interesadas en todos los procesos relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aprovechar los diversos sistemas de conocimiento y sus innovaciones para el diseño y la implementación de políticas y acciones por el clima.

CEMIRIDE espera que las voces de los pueblos indígenas ocupen el centro de la escena y que los gobiernos se comprometan a implementar soluciones locales por las cuales deban rendir cuentas, en vez de hacer amplias promesas globales que nunca se cumplen y de las cuales nadie les exige rendición de cuentas. En especial, esperamos que los gobiernos se comprometan a apoyar y facilitar la puesta en marcha de un marco nacional para la participación de las comunidades indígenas en acciones relativas al cambio climático.

¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

Queremos que ocurra una verdadera devolución de poder a las comunidades, y especialmente a las mujeres, en la gestión de los recursos climáticos. Los pueblos indígenas son colectivos únicos no solamente por los impactos que el cambio climático está teniendo sobre ellos, sino también por el rol que desempeñan a la hora de asegurar el éxito de las medidas de intervención y por las perspectivas y experiencias que aportan a través de sus conocimientos indígenas y locales. Nadie conoce mejor una comunidad que las personas que viven en ella y dependen de sus recursos.

Las comunidades indígenas marginadas han desarrollado desde hace mucho tiempo conocimientos y experiencia específicos para preservar y conservar los entornos naturales de donde obtienen su sustento, y en torno a los cuales han desarrollado sus sistemas y estructuras sociales, culturales y religiosas. Por lo tanto, su gestión directa de los recursos climáticos les permitirá influir positivamente sobre el desarrollo, la revisión, la adopción y la implementación de políticas y regulaciones que aborden el cambio climático, con un énfasis específico en el mejoramiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

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COP26: “Mi esperanza reside en que la gente se una para exigir justicia”

Mitzi Jonelle TanEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Mitzi Jonelle Tan, una joven activista por la justicia climática basada en el área metropolitana de Manila, Filipinas, integrante de Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas y participante activa del movimiento internacional Viernes por el Futuro.

¿Cuál es el principal problema climático en tu comunidad?

Filipinas padece numerosos impactos del cambio climático, desde sequías cada vez más largas y con mayor calor hasta tifones cada vez más frecuentes e intensos. Aparte de estos impactos climáticos -a los cuales no hemos podido adaptarnos y que nos dejan sin apoyos a la hora de afrontar las pérdidas y los daños-, también enfrentamos numerosos proyectos que son destructivos para el medio ambiente, a menudo emprendidos por empresas multinacionales extranjeras, que nuestro gobierno está permitiendo e incluso fomentando.

Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas, la versión filipina de Viernes por el Futuro, aboga por la justicia climática y por que las voces de las personas de las comunidades más afectadas tengan espacio y sean escuchadas y amplificadas. Yo me convertí en activista en 2017, después de haber trabajado con líderes indígenas de Filipinas, porque este trabajo me hizo comprender que la única manera de lograr una sociedad más justa y más verde es a través de la acción colectiva conducente al cambio sistémico.

¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

Sí, al igual que cualquiera que se manifieste en contra de la injusticia y la inacción, nuestro gobierno, a través de sus troles a sueldo, designa como terroristas a los activistas: básicamente nos llama terroristas por exigir rendición de cuentas y presionar por un cambio. El hecho de ser activista por el clima va siempre acompañado de temor en Filipinas, el país que por ocho años consecutivos ha sido calificado como el más peligroso de Asia para las personas defensoras y activistas ambientales. Ya no se trata solamente de temor por los impactos climáticos, sino también de temor a que la policía y las fuerzas del Estado vengan a por nosotros y nos hagan desaparecer.

¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

Hago mucho trabajo de organización con la comunidad internacional, especialmente a través de Viernes por el Futuro - Personas y Áreas Más Afectadas, uno de los grupos del sur global de Viernes por el Futuro. Lo hacemos manteniendo conversaciones, aprendiendo unos de otros y creando estrategias juntos, todo ello mientras nos divertimos. Es importante que el movimiento global de jóvenes esté muy bien interconectado, que se una y exhiba solidaridad para poder abordar realmente el problema global de la crisis climática.

¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

Mi esperanza no reside en los mal llamados líderes, políticos que se han adaptado al sistema y lo han gestionado durante décadas para beneficio de unos pocos, normalmente del norte global. Mi esperanza reside en la gente: en los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para exigir justicia y poner en evidencia que este sistema enfocado en las ganancias que nos condujo a esta crisis no es el que necesitamos para salir de ella. Creo que la COP26 es un momento crucial y este proceso internacional tiene que resultar útil, porque ya hemos tenido 24 que no han aportado gran cosa. Estos problemas deberían haberse resuelto en la primera COP, y de un modo u otro tenemos que asegurarnos de que esta COP sea útil y resulte en cambios significativos, y no en más promesas vacías.

¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

El único cambio que pido es uno grande: un cambio de sistema. Tenemos que cambiar este sistema que prioriza la sobreexplotación del sur global y de los pueblos marginados en beneficio del norte global y de unos pocos privilegiados. El desarrollo bien entendido no debería basarse en el PBI y el crecimiento eterno, sino en la calidad de vida de las personas. Esto es factible, pero solamente si abordamos la crisis climática y todas las demás injusticias socioeconómicas que están en su raíz.

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COP26: “Las comunidades marginadas deben estar en el centro de la acción por el clima”

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Jessica Dercontée, coorganizadora del Colectivo contra el Racismo Ambiental (CAER), un grupo de la sociedad civil de Dinamarca que trabaja para introducir el tema de la discriminación y la injusticia racial en el debate danés acerca del clima, llamando la atención del público sobre el racismo ambiental.

El activismo y la labor académica de Jessica se centran en la gobernanza del clima y exploran las arraigadas injusticias sociales y climáticas relacionadas con la clase, el género y la raza. Jessica es coordinadora de proyectos de desarrollo internacional en el Sindicato de Estudiantes Daneses y en el Consejo Danés de la Juventud para los Refugiados, y asistente de investigación en la consultora In Futurum.

Jessica Dercontee

¿Cuáles son los objetivos del CAER? 

Somos un colectivo formado por mujeres y personas no binarias de color que trabajan en la intersección del ecologismo, el antirracismo y la justicia climática. CAER busca movilizar y amplificar las voces de las personas más afectadas por el racismo ambiental, incluidas las personas negras, indígenas y de color en el sur global, así como en el norte global. Nuestro colectivo se formó para dar visibilidad y tener una mirada crítica en los actuales debates y conceptualizaciones, subrayando los efectos diferenciadores de la crisis climática y medioambiental.

¿Cuál es el principal problema climático o medioambiental en el que están trabajando? 

El CAER se centra en la ecología política y el neocolonialismo de los principales debates daneses sobre el medio ambiente y el clima. Los principales debates públicos sobre la crisis climática que tienen lugar en Dinamarca están centrados en los impactos perjudiciales que nuestra cultura de consumo y estilos de vida tienen sobre los biosistemas del planeta, y en cambio prestan menos atención a las personas afectadas por estos impactos y al deseo inagotable de las grandes empresas de obtener beneficios y maximizar sus utilidades. Aunque estamos de acuerdo respecto de lo urgente de estas cuestiones, nuestro colectivo considera que el debate en Dinamarca debería ir más allá de la afirmación de la necesidad de que los gobiernos y otras partes interesadas encuentren grandes soluciones tecnológicas para mitigar la crisis climática. El debate público actual es demasiado simplista, apolítico y técnico, centrado en la búsqueda de soluciones verdes. 

El CAER subraya las diferentes dinámicas de poder que caracterizan a nuestros actuales sistemas, así como el modo en que las actuales prácticas y formas de pensar perpetúan el colonialismo y la opresión global, que además están fuertemente arraigados en el capitalismo. Lo hacemos a través de talleres, artículos, sensibilización en las redes sociales y colaboraciones con personas o grupos marginados del sur global. 

Un ejemplo de cómo aportamos una perspectiva diferente al tema de la transición verde es nuestro análisis de la forma en que las grandes empresas danesas causan degradación medioambiental e impulsan el acaparamiento de tierras en el sur global. La empresa danesa de energía eólica Vestas tiene actualmente una causa judicial en contra, iniciada por comunidades indígenas de México que acusan a la corporación de causar impactos negativos en los medios de vida de los pueblos indígenas, además de vincularla con severas violaciones de los derechos humanos de manifestantes locales y activistas de la sociedad civil que han sido objeto de intimidación y amenazas de muerte por denunciar estos abusos. Los gobiernos de ambos países han llegado a acuerdos que, según ellos, eran mutuamente beneficiosos, ya que se esperaba que aportaran crecimiento económico y desarrollo a México, además de ayudar a Dinamarca a ecologizar su economía. Sin embargo, el subsiguiente acaparamiento de tierras ha privado de derechos a comunidades del sur global, perpetuando el ciclo de dependencia de la ayuda y regurgitando formas neocoloniales de control y explotación de las tierras y los pueblos indígenas.

Otro ejemplo mucho más cercano a Dinamarca es el del racismo medioambiental que impregna las relaciones de Dinamarca con Groenlandia, excolonia y actual nación de la Commonwealth danesa. Debido al control que ejerce Dinamarca sobre los recursos naturales de Groenlandia, la población de este país está excluida de las decisiones importantes sobre el futuro del Ártico, lo cual cabe considerar que tiene un gran impacto racial en el área de la conservación, la política medioambiental y el consumismo.

El principal objetivo del CAER ha sido proporcionar un espacio seguro para las personas negras, indígenas y de color, incluidas las que son queer y trans, que quieran movilizarse en los espacios del ecologismo y el antirracismo en Dinamarca. A menudo se considera que el movimiento danés por el clima ha sido excluyente y discriminatorio hacia estas personas. Esperamos que el discurso público danés no se limite a utilizar y presentar a las comunidades marginadas como casos de estudio, sino que las sitúe en el centro de la acción por el clima como legítimas proveedoras de soluciones y participantes activas en la toma de decisiones.

¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

Nos hemos encontrado con un auténtico entusiasmo por parte de otras organizaciones y actores que están dispuestos a cambiar sus estructuras organizativas y hacerlas más inclusivas y aptas para encontrar soluciones a la crisis en que nos encontramos. Aunque no hemos experimentado ninguna reacción negativa directa como consecuencia de nuestro trabajo o de nuestro foco en la raza y el carácter discriminatorio de la política medioambiental, nos parece que la sociedad no está preparada para lidiar con las diversas realidades que experimenta la gente sobre el terreno, que son diferentes de la narrativa extremadamente homogeneizada de la experiencia danesa. En Dinamarca, las leyes y las políticas han sido consideradas inclusivas sobre la base de la imagen progresista de nuestro modelo de estado de bienestar que protege a todas las personas. Así, tanto a las instituciones como a las personas les resulta más difícil comprender que su propia posición de privilegio descansa en la explotación y la opresión de otros grupos sociales, no solamente en el pasado histórico sino también en la actualidad.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Nos vinculamos con el movimiento internacional por el clima a partir de nuestro objetivo de descolonizar las estructuras del activismo climático. Además, buscamos activamente entablar colaboraciones, y esto se refleja en los ejemplos que seleccionamos como la cara visible de nuestros proyectos y en las voces que intentamos amplificar. Tratamos de devolver poder y crear espacios donde las personas marginadas puedan contar sus propias historias y aportar sus conocimientos y soluciones a la crisis climática. Además, al construir y compartir conocimiento desde tantas perspectivas y con aportes de tantos académicos del sur global como sea posible, tratamos de ofrecer un contrapeso al etnocentrismo que impregna al intercambio de conocimiento en materia de gobernanza del clima, acción climática y ecologismo.

¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 logre avances en cuestiones climáticas?

En el CAER esperamos que, aunque el escenario actual de la COP26 tiene la importante limitación de carecer de representación diversa, haya espacio para la expresión del conocimiento vital del sur global y para el involucramiento de un conjunto diverso de voces en la elaboración de políticas, de modo tal que la próxima ronda de objetivos tenga mayores matices y sea lo más interseccional posible.

¿Qué cambio les gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

Esperamos que en un futuro próximo nuestro movimiento contra el racismo medioambiental crezca, y que esto nos permita tender puentes entre la corriente principal del movimiento climático y el movimiento antirracista danés, de modo de mitigar la crisis climática de una manera mucho más inclusiva y abierta a la diversidad y a la pluralidad de conocimientos, abarcando a diferentes sectores e instituciones de Dinamarca, así como del resto del mundo.

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EEUU: “Los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto”

CarolineDuble

CIVICUS conversa con Caroline Duble, directora política de Avow, sobre la actual reacción contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, y en Texas en particular, así como sobre las respuestas de la sociedad civil. Avow es una organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar el acceso al aborto sin restricciones para todas las personas en Texas, y se guía por la visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con respeto y tengan libertad para perseguir la vida que desean.

¿Cómo ha llegado Texas al punto en que el aborto ha quedado casi completamente prohibido?

Para quienes acaban de enterarse de esta cruel prohibición, que impide el aborto a partir de las seis semanas de gestación, puede resultar difícil creer que algo tan extremo pueda llegar a convertirse en ley. Pero quienes llevamos mucho tiempo luchando por el acceso al aborto en Texas sabemos que los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Esto queda claro si se observa la línea de tiempo completa de las restricciones médicamente innecesarias a los procedimientos de aborto que fueron imponiéndose en Texas desde la sentencia de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe vs Wade, que estableció que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de la mujer embarazada para optar por un aborto sin interferencias excesivas del gobierno. Han sido implacables, engañosos y crueles en sus intentos de poner la atención de la salud fuera del alcance de personas que la necesitan.

¿En qué se diferencia esta ley de otros intentos anteriores, menos exitosos, de prohibir el aborto en otros estados?

A diferencia de las prohibiciones impuestas en otros estados, que son implementadas por funcionarios estaduales, este proyecto de ley -conocido como Proyecto de Ley del Senado 8, o SB8- otorga a la ciudadanía una autoridad sin precedentes para hacer cumplir la prohibición. Permite que cualquier persona -incluidos activistas antiaborto sin ninguna relación con la paciente- actúe como cazarrecompensas y lleve a los tribunales a médicos, centros de salud y a cualquiera que ayude a otra persona a acceder a un aborto, con el incentivo de recibir 10.000 dólares por cada aborto denunciado. En otras palabras, el estado de Texas está intentando eludir el escrutinio judicial y la responsabilidad en los tribunales alentando a ciudadanos particulares a hacer el trabajo sucio en su lugar. Pero las maniobras legales del SB8 no cambian el hecho de que prohibir el aborto a las seis semanas es inconstitucional y, lo que es más importante, es injusto e inmoral.

¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la prohibición, y qué reacciones ha generado?

La SB8 está funcionando tal como se pretendía que lo hiciera. Desde que entró en vigor, el 1º de septiembre, ha diezmado nuestra ya vulnerable infraestructura de atención y ha dejado a las personas de Texas que necesitan acceso a atención y a servicios de apoyo temerosas de pedir ayuda, y a activistas y proveedores temerosos de ayudarles. Con esta ley, se le está negando a la gente de Texas los abortos que desean y necesitan. Muchas personas están tratando de reunir los miles de dólares necesarios para viajar fuera del estado, tomarse licencia laboral y organizar el cuidado de los niños y el transporte.

Muchas personas en Texas están autogestionando sus propios abortos, los cuales pueden ser extremadamente seguros, pero solamente si la persona embarazada tiene acceso a información y recursos. Y, trágicamente, innumerables personas en Texas se ven obligadas a continuar embarazos en contra de su voluntad. Por supuesto, esto está afectando con mayor intensidad a personas negras, latinas e indígenas, a personas indocumentadas y a personas de bajos ingresos, que enfrentan barreras más severas para acceder a atención fuera del estado y por consiguiente están siendo perjudicadas en forma desproporcionada por la nueva ley.

Frente a esto, la gente ha protestado financiando abortos. En conjunto, los fondos para el aborto en Texas han recaudado más de 3 millones de dólares desde el 1º de septiembre, y buena parte de esos fondos se utilizará para sacar del estado a quienes necesiten un aborto. La gente también está, literalmente, protestando. Basta con echar un vistazo a #BansOffOurBodies para ver las imágenes de las protestas que han tenido lugar en todo el país, y en particular de las marchas por los derechos reproductivos que tuvieron lugar el 2 de octubre. Y, por supuesto, la gente está aprendiendo más acerca del aborto autogestionado, porque la prohibición del aborto no acaba con la necesidad de abortar.

 

¿Qué tácticas utiliza Avow para evitar regresiones y ampliar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos?

Avow continuará luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas de Texas, por el motivo que sea. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona de nuestro estado que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

Trabajamos para presentar el aborto bajo una luz positiva porque el aborto es seguro, común y normal, aunque esto no se sepa a causa del estigma que impide que la gente comparta sus experiencias de aborto. Nos comprometemos a cambiar la conversación acerca del aborto para que refleje esa realidad. Durante demasiado tiempo, los extremistas antiabortistas han dictado el modo en que se nos permite hablar del aborto; mediante la difusión de mentiras e inexactitudes médicas han controlado la narrativa a tal punto que incluso los partidarios del derecho al aborto se sienten incómodos al pronunciar esa palabra y prefieren utilizar en cambio eufemismos tales como “derechos de las mujeres”, “salud reproductiva” y “elección”. Esto ha permitido que el estigma impregne la provisión de servicios de aborto y, en última instancia, avergüence a las personas que han abortado y alimente una narrativa sobre la existencia de abortos “buenos” y “malos”. En Avow nos negamos a juzgar las razones de una persona para abortar, y en cambio la apoyamos una vez que ha tomado su decisión de hacerlo.

De cara a las elecciones de medio término de 2022, Avow se está preparando para exigir rendición de cuentas a los legisladores antiaborto mediante anuncios digitales, organización en el terreno y movilización de votantes. También estamos presionando al gobierno federal para que haga más por proteger el derecho al aborto mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que busca establecer legalmente el derecho de los proveedores de atención de la salud a prestar servicios de aborto, y el correspondiente derecho de los pacientes a recibir dicha atención, sin restricciones médicamente innecesarias. También les pedimos que deroguen la Enmienda Hyde, una disposición legislativa de 1980 que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos y es eminentemente racista. También seguiremos trabajando para acabar con el estigma del aborto, ayudando a las personas a hablar abiertamente sobre el aborto y sobre la importancia que tiene para ellas poder acceder a él.

¿Cuáles son las perspectivas de que se anule la prohibición?

Es muy preocupante que la Corte Suprema no haya bloqueado esta ley incluso antes de celebrar una audiencia sobre ella. Durante casi 50 años, la Corte Suprema ha afirmado que la Constitución garantiza el derecho al aborto, pero ahora en Texas vivimos una realidad diferente. Mucha gente da por sentado que la Corte Suprema es un órgano legal objetivo, pero sus jueces son nombrados por el presidente, y los presidentes tienen agendas políticas. La negativa de la Corte Suprema a bloquear la entrada en vigor de la SB8 es simplemente una prueba más de algo que sabemos desde hace años: la salvación no vendrá de los tribunales. Es necesario aprobar una ley federal que garantice el acceso y la financiación del aborto sin restricciones para todas las personas en este país. 

Dicho esto, agradecemos que el Departamento de Justicia (DJ) esté emprendiendo acciones legales para luchar contra la SB8. El DJ está solicitando una orden de restricción temporaria y un mandato judicial preliminar en un tribunal federal con sede en Austin, la capital de Texas. De ser concedida, esta orden de restricción impediría al estado de Texas, incluidas las personas privadas que inicien demandas en virtud de la ley, implementar o hacer cumplir la SB8. Este es un primer paso necesario en lo que esperamos que sea una larga batalla judicial para detener esta ley. La orden de restricción debería ser concedida sin problemas porque la ley es claramente inconstitucional y las personas en Texas necesitan conservar el acceso a servicios de aborto mientras la ley haga su recorrido por el sistema judicial.

¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en Estados Unidos de sus pares de todo el mundo?

Lo mejor que la gente de fuera de Texas puede hacer por nosotros es apoyarnos contribuyendo a los fondos para el aborto y a las organizaciones de incidencia política de Texas, y amplificando nuestro mensaje. También pueden prestar más atención al impacto de las prohibiciones del aborto y el estigma en sus propias comunidades. En lugar de boicotear a empresas de Texas, aprueben ordenanzas locales que proporcionen apoyos concretos a las personas de sus regiones que buscan abortar.

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MIGRACIÓN: “La propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia”

CIVICUS conversa con Maddalena Avon, coordinadora de proyectos del Centro de Estudios para la Paz (CPS), sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en Europa en el marco de la pandemia y las formas en que la sociedad civil está respondiendo a la creciente presión fronteriza ejercida por gobiernos europeos hostiles.

CPS es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la no violencia y el cambio social a través de la educación, la investigación, la incidencia, las campañas y el activismo. Fundada en 1996, trabaja en tres áreas: asilo, integración y seguridad humana; educación para la paz y afirmación de la no violencia; y lucha contra las desigualdades. CPS es miembro activo de la Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras, una red independiente de OSC basadas en su mayoría en los Balcanes y Grecia, que monitorea las violaciones de derechos humanos en las fronteras exteriores de la Unión Europea y aboga por poner fin a la violencia contra las personas en movimiento.

Maddalena Avon

¿Cuáles han sido las principales tendencias migratorias en Europa, y específicamente en los Balcanes, durante la pandemia?

El panorama del acceso al asilo ha cambiado drásticamente desde que entraron en vigor las restricciones establecidas en respuesta a la pandemia. La Red de Monitoreo de la Violencia en las Fronteras (BVMN) ya había publicado informes que referían al asilo como un conjunto de derechos erosionados, pero el debido proceso para las solicitudes de protección internacional se ha visto aún más cuestionado en el marco de la emergencia sanitaria de los últimos meses.

En primer lugar, las persistentes medidas de devolución en las fronteras siguen impidiendo a las personas solicitar protección internacional, y los Estados realizan expulsiones colectivas. En segundo lugar, las decisiones de los gobiernos de suspender o cerrar las oficinas de asilo sin ofrecer ninguna alternativa o remedio eficaz han colocado a las personas refugiadas y otros migrantes en un limbo efectivo y en riesgo de devolución. Igualmente, la implementación de medidas contra la COVID-19 ha permitido a países como Croacia, Grecia y Hungría restringir aún más el acceso a protecciones internacionalmente garantizadas.

En medio de la escalada del brote de COVID-19, la Unión Europea (UE) lanzó su Plan de Acción Conjunto para los Derechos Humanos. Sin embargo, el espíritu de esta declaración diverge agudamente con la realidad sobre el terreno. En particular, continúan las violaciones de derechos fundamentales por parte de Estados miembros de la UE y de terceros países que tienen con la UE diversos acuerdos sobre migración, asilo y seguridad fronteriza, así como sistemas de campamentos financiados. En lugar de ayudar a las comunidades vulnerables en este período de precariedad, las políticas y regulaciones han permitido que el fortalecimiento de las fronteras de la mayoría de los Estados miembros erosione aún más los derechos de asilo, el debido proceso y el trato humanitario.

Según un reciente informe de la BVMN, en marzo y abril de 2020 Eslovenia experimentó un descenso en el número de cruces irregulares de fronteras en comparación con los dos primeros meses de 2021 y el mismo periodo de 2019, y esto se reflejó en el número mucho menor de personas detenidas en las comisarías debido a cruces irregulares de fronteras. Sin embargo, la cantidad de expulsiones colectivas a Croacia se mantuvo constantemente alta. A principios de 2020, durante el brote de COVID-19 y las restricciones subsiguientes, Eslovenia continuó negando sistemáticamente el derecho de asilo y utilizó su acuerdo de readmisión con Croacia -que le permite entregar personas a la policía croata si hay pruebas de que han cruzado ilegalmente la frontera en las últimas 48 horas- para deportar a un gran número de personas, aunque el acuerdo de readmisión no se aplica si la persona ha pedido asilo o es un potencial solicitante de asilo. Ha seguido haciéndolo a pesar de ser plenamente consciente del alto riesgo de tortura y de nuevas expulsiones ilegales a Bosnia y Herzegovina.

En Croacia, como en otros lugares, la pandemia ha cambiado muchas cosas, pero algunas cuestiones, como el régimen de expulsiones, desgraciadamente se mantienen igual. La única diferencia es que estas violentas expulsiones colectivas atraen ahora menos atención, ya que todas las miradas están puestas en la pandemia y no se ha permitido a los observadores de derechos humanos permanecer en el terreno a causa de las restricciones sanitarias. Las expulsiones y la violencia en las fronteras han persistido: en un caso de los cientos documentados por la BVMN, un grupo que incluía a una persona gravemente herida y a un menor fue golpeado con porras por agentes croatas, que también quemaron su ropa, y el grupo fue devuelto a Bosnia y Herzegovina.

Un fenómeno relativamente nuevo en materia de prácticas de devolución es el de marcar a grupos de personas con pintura en aerosol naranja, como informó No Name Kitchen, una organización de base y miembro de la BVMN que presta asistencia directa a personas en movimiento en ciudades fronterizas a lo largo de la Ruta de los Balcanes. También han continuado las devoluciones en cadena desde Eslovenia a través de Croacia, que envían de regreso a las personas migrantes por el mismo camino por el que llegaron.

Resultan preocupantes los reportes que indican un aumento de la brutalidad en el marco de las devoluciones, dada la mayor autonomía que las autoridades estatales han ganado con la pandemia. Las devoluciones son ilegales y la propagación de la COVID-19 no es excusa para tratar a personas vulnerables con mayor violencia.

¿Cómo responden el CPS y la BVMN a estas tendencias?

El valor del trabajo realizado por la BVMN radica en la interconexión de diversos métodos: el trabajo de campo, que incluye el establecimiento de relaciones de confianza con las personas localizadas en zonas fronterizas, la recolección de testimonios y el trabajo de incidencia política, que supone la presentación de demandas claras a las instituciones para que rindan cuentas de determinadas acciones. El trabajo jurídico también es esencial cuando las personas que han sobrevivido a violaciones de derechos humanos quieren reclamar justicia. Cada miembro de la BVMN es fuerte en uno o varios de estos métodos de trabajo, y nuestra fuerza colectiva consiste en combinarlos a todos en un enfoque integral.

Dentro de la red, el CPS lleva a cabo investigaciones que alimentan nuestros esfuerzos de concientización e incidencia sobre el acceso al sistema de asilo, la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas, la conducta ilegal de la policía, la criminalización de la solidaridad y la integración, con especial atención al empleo y la educación.

En lo que se refiere a la integración, dos de nuestros grandes éxitos han sido la Brújula del Danubio, una herramienta web que incluye toda la información relevante para la integración de personas migrantes y refugiadas en la sociedad croata, y nuestro programa de educación no formal para solicitantes de asilo, Hablemos de la Sociedad, que ofrece a los nuevos miembros de nuestra comunidad una introducción a la sociedad y las instituciones croatas, les informa acerca de sus derechos y fomenta su participación activa en la sociedad.

Dentro de la red, el CPS es un fuerte actor jurídico, ya que hasta ahora hemos presentado 12 denuncias penales contra autores desconocidos en uniforme de policía. Mediante un litigio estratégico, impedimos una extradición y logramos presentar dos demandas contra la República de Croacia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como resultado de nuestra labor de incidencia, varias instituciones internacionales y de la UE, incluida la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, comenzaron a cuestionar y condenar las prácticas de las autoridades croatas.

Como consecuencia de nuestra exposición pública de las prácticas ilegales hacia las personas refugiadas, hemos sufrido mucha presión y se nos prohibió ingresar y trabajar en los centros de asilo. Esto dificultó nuestro trabajo, pero no comprometió nuestra autonomía.

¿Consideras que se ha logrado algún progreso para que Frontex, la agencia fronteriza europea, rinda cuentas por no proteger los derechos humanos?

Frontex ha enfrentado graves acusaciones de violaciones de derechos humanos procedentes de diversos actores e instituciones, y la sociedad civil se ha unido en torno de múltiples campañas y acciones sobre el asunto, incluyendo #DefundFrontex. Con el apoyo de 22 OSC y redes de sociedad civil, incluida la BVMN, esta campaña reclama que se desfinancie a la agencia y que su presupuesto se reoriente hacia la creación de un programa europeo de salvamento marítimo civil dirigido y financiado por los gobiernos.

El principal problema es que Frontex opera en una zona gris en materia legal y se considera que no tiene responsabilidad por sus acciones: la responsabilidad siempre recae sobre el Estado miembro donde Frontex opera. Las normas de la agencia están redactadas de forma tal que en gran medida le permiten no rendir cuentas. Sin embargo, estamos viendo pequeños pasos hacia un cambio en este sentido, por ejemplo con la participación activa de la Defensoría del Pueblo Europeo.

¿Cómo puede la sociedad civil presionar a la UE para que su compromiso con los derechos humanos se extienda a las personas migrantes y refugiadas, y cómo puede alentar a los Estados miembros a respetar sus derechos?

Una de las formas que los miembros de la BVMN han encontrado para aunar múltiples fuerzas y ser más asertivos en demandas clave es la construcción de redes transfronterizas. Creemos que la implicación activa de la sociedad civil en cada zona fronteriza, país y pueblo puede suponer una diferencia real en la influencia ciudadana. Es muy importante expresarnos con voz fuerte en defensa de los derechos de refugiados y migrantes. También es importante conectar una variedad de luchas que están muy interconectadas y que tienen lugar a través de las fronteras, tales como las luchas relativas al cambio climático y los derechos de las mujeres.

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COP26: “Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario”

Mubiru HuzaifahEn vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Mubiru Huzaifah, de la Organización Cristiana Ecológica (ECO) de Uganda, una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja para asegurar medios de vida sostenibles a los grupos marginados, desatendidos y vulnerables de Uganda. Sus iniciativas en curso se centran en la gobernanza de los recursos naturales, la resiliencia y la adaptación al cambio climático y la gestión y restauración de los ecosistemas.

¿Cuál es el problema climático en el cual actualmente se centra su trabajo?

El tema que más nos preocupa son los altos niveles de vulnerabilidad que el cambio climático está generando en los sistemas humanos. El cambio de largo plazo de los elementos climáticos con respecto a los niveles previamente aceptados está provocando cambios en los sistemas medioambientales y humanos. Según los informes sobre el estado del medio ambiente publicados por la Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental de Uganda, los principales problemas relacionados con el cambio climático son la contaminación industrial, la quema indiscriminada de vegetación, el uso ineficaz de los combustibles y la mala planificación de las redes de transporte, todo lo cual genera altos niveles de emisiones.

¿Existen iniciativas gubernamentales para mitigar el cambio climático?

Hay un proyecto de mitigación que está implementando el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, denominado Mejoramiento de los Ingresos Agrícolas y Conservación de los Bosques, que reparte gratuitamente plántulas que son plantadas para mejorar la capacidad de absorción del suelo. También está el Plan de Subvenciones a la Producción de Aserrín, cuyo objetivo es aumentar los ingresos de la población rural mediante la plantación de árboles comerciales por parte de las comunidades locales y de medianas y grandes empresas, lo que al mismo tiempo contribuye a mitigar los efectos del cambio climático mediante la reforestación intensiva. También hay varios proyectos de energía solar en los distritos de Mayuge, Soroti y Tororo, que han aumentado la producción de energía solar del país, y un proyecto de humedales apoyado por el Fondo Verde para el Clima, que busca conservar los humedales y detener su degradación.

Otras intervenciones relevantes son la puesta en marcha de sistemas de flujo de agua por gravedad para facilitar el suministro de agua sin utilizar fuentes de energía; el desarrollo de carreteras con canales de drenaje de agua y luces solares y el desarrollo de redes de carreteras libres de atascos que permitan un tráfico fluido y ayuden a reducir las emisiones de los automóviles; y la adopción de motocicletas eléctricas o libres de emisiones para reducir aún más las emisiones resultantes del uso de combustibles fósiles, tema en que el Ministerio de Energía está trabajando junto con el sector privado.

¿Qué tipo de trabajo realiza ECO en estos temas?

El trabajo de ECO apunta a aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático, a reducir los riesgos de desastres, a mejorar la gobernanza y la gestión de los recursos naturales, especialmente en el sector extractivo, y a promover la gestión y restauración de los ecosistemas.

Por ejemplo, en el marco de un proyecto que busca promover y apoyar a las zonas conservadas por las comunidades en la cuenca del lago Victoria, hemos prestado apoyo a prácticas de pesca legal, desarrollado e impartido formación sobre la promoción de la agricultura sostenible y apoyado buenas prácticas de gobernanza de los recursos locales. Tenemos otro proyecto que busca aumentar la transparencia, la inclusión social, la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de las empresas mineras en la región de Karamoja.

En estos y en muchos otros proyectos en que trabajamos, siempre buscamos impulsar el cambio poniendo en el centro a las personas en riesgo y aprovechando los recursos y conocimientos locales y tradicionales. Intentamos vincular los ámbitos de la acción humanitaria y la labor de desarrollo centrándonos en los medios de subsistencia. Trabajamos para garantizar una planificación adaptativa, tratando de vincular las realidades locales con los procesos globales e integrar disciplinas y enfoques para abarcar diferentes riesgos. Para ello trabajamos en conjunto con comunidades, OSC, organismos gubernamentales, universidades e institutos de investigación, entidades del sector privado y medios de comunicación.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Nos vinculamos con el movimiento climático global a través de la Red de Acción Climática-Uganda, que incluye a más de 200 OSC nacionales. Actualmente nosotros la presidimos. Esto nos permite participar como observadores en las reuniones de la COP.

También participamos en las reuniones consultivas previas a la COP organizadas por el gobierno ugandés para preparar las negociaciones internacionales sobre el cambio climático. En estas reuniones, ayudamos a evaluar los avances realizados en la lucha contra el cambio climático y en materia de cumplimiento de nuestras contribuciones determinadas a nivel nacional.

Convertimos nuestras lecciones aprendidas en acciones de incidencia que pueden adaptarse a los foros internacionales sobre el cambio climático. Algunos problemas locales pueden alimentar la agenda nacional, convertirse en acciones de política pública y pasar a influir en las políticas internacionales.

¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 produzca avances en materia de mitigación del cambio climático?

Esperamos que de la COP26 surja una nueva plataforma de comercialización para el comercio de emisiones que sustituya al Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permitía a los países con un compromiso de reducción o limitación de emisiones en virtud del Protocolo de Kioto poner en marcha proyectos de reducción de emisiones en los países en desarrollo. También esperamos que se comprometan más fondos para acelerar la difusión de energías renovables.

Estos procesos internacionales son relevantes siempre que contribuyan a la financiación de los esfuerzos de mitigación del cambio climático y produzcan estrategias de financiación novedosas, como el Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación y su programa piloto para fomentar la innovación en las prácticas de adaptación de los países vulnerables. Viniendo de un país en vías de desarrollo, creo que es fundamental aumentar inmediatamente el financiamiento de medidas de adaptación, ya que los impactos perturbadores del cambio climático sobre los sistemas humanos ya son evidentes.

¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

Una prioridad clave es abordar la vulnerabilidad a nivel comunitario. Nuestra visión es la de una comunidad con mayor capacidad de adaptación para hacer frente a los impactos del cambio climático y sus efectos ulteriores. Esto puede hacerse aumentando el acceso a tecnologías y proporcionando financiamiento para la mitigación y la adaptación a través de estructuras comunitarias.

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MÉXICO: “El debate público y la diversificación de voces son indispensables para ampliar derechos”

CIVICUS conversa con Verónica Esparza y Rebeca Lorea, respectivamente abogada investigadora y coordinadora de Incidencia en Política Pública del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), acerca de la significación de los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia en relación con el derecho al aborto y de la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México. GIRE es una organización feminista y de derechos humanos que lleva casi 30 años trabajando para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan ejercer sus derechos reproductivos.

Veronica Esparza y Rebeca Lorea

De izquierda a derecha: Verónica Esparza y Rebeca Lorea

¿Cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos en México?

Actualmente las mujeres y otras personas con capacidad de gestar no encuentran México condiciones óptimas para decidir sobre su vida reproductiva: hay un elevado número de niñas y adolescentes embarazadas, afectadas por un contexto grave de violencia sexual que el Estado sigue fallando en remediar; obstáculos de acceso a servicios como anticoncepción de emergencia y aborto por violación; criminalización de las mujeres y personas gestantes que abortan; violencia obstétrica cotidiana durante el embarazo, parto y posparto y mujeres que mueren en el parto por causas prevenibles.

A las fallas estructurales del sistema de salud se suma el hecho de que la mayoría de las personas en México está empleada en el sector informal, lo que limita su acceso a la seguridad social y, por tanto, a ciertas prestaciones, como licencias por maternidad y estancias infantiles. Las mujeres, que siguen asumiendo un papel principal en las labores del hogar y de cuidados, cargan con esta falta de acceso a servicios, que afecta de manera particular a quienes viven condiciones múltiples de discriminación, como las niñas y adolescentes, las mujeres indígenas y las personas con discapacidad.

¿De qué modo entiende GIRE la justicia reproductiva, y qué trabajo realiza para impulsarla?

GIRE entiende a la justicia reproductiva como el conjunto de factores sociales, políticos y económicos que confieren a las mujeres y a otras personas con capacidad de gestar poder y autodeterminación sobre su destino reproductivo. Para alcanzarla es indispensable que el Estado garantice los derechos humanos de estas personas tomando en cuenta la discriminación y las desigualdades estructurales que afectan su salud, sus derechos y el control de su vida, y genere las condiciones óptimas para la toma de decisiones autónomas.

Ya no alcanza con entender a los derechos reproductivos en términos de libertades individuales definidas jurídicamente, haciendo caso omiso de las barreras que limitan el acceso efectivo de ciertas poblaciones a estos derechos. El de la justicia reproductiva es un marco analítico más inclusivo porque vincula los derechos reproductivos con las desigualdades sociales, políticas y económicas que afectan la capacidad de las personas para acceder a servicios de salud reproductiva y ejercer efectivamente sus derechos reproductivos.

GIRE ha trabajado por casi 30 años en la defensa y promoción de la justicia reproductiva en México, visibilizando los obstáculos normativos y estructurales que enfrentan mujeres y personas con capacidad de gestar en el ejercicio pleno de sus derechos humanos e impulsando el cambio a través de una estrategia integral que comprende el acompañamiento legal, estrategias de comunicación, la exigencia de una reparación integral por violaciones a derechos reproductivos que incluya medidas de no repetición, tanto a nivel federal como local, y la recopilación de datos que sustentan nuestra labor. 

Nuestros temas prioritarios son la anticoncepción, el aborto, la violencia obstétrica, la muerte materna, la reproducción asistida, y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Si bien ponemos el foco en la discriminación por sexo y/o género que sufren mujeres y niñas en México, nuestra búsqueda por la justicia reproductiva reconoce que estas variables se cruzan con otras formas de discriminación, por ejemplo por clase social, edad, discapacidad y etnia. Además, reconocemos que la discriminación que enfrentan las mujeres y personas con capacidad de gestar no las afecta solamente a ellas, sino también a sus comunidades, y particularmente a sus familias.

¿Qué significación tienen los dos recientes fallos de la Corte Suprema en materia de derechos reproductivos?

En la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido un rol fundamental, ya que desde 2007 ha emitido varias sentencias que reconocen el acceso al aborto como un asunto de derechos humanos.

En abril de 2018, la SCJN otorgó sendos amparos a dos jóvenes víctimas de violación sexual cuyos casos acompañó GIRE. Los servicios públicos de salud de Morelos y Oaxaca les habían negado un aborto pese a que es un derecho que tienen las víctimas de violencia sexual. La Corte afirmó que esa negativa constituyó una violación de sus derechos humanos y que las autoridades de salud están obligadas a atender de manera inmediata y eficiente estas solicitudes, a fin de no permitir que las consecuencias derivadas de la violación continúen en el tiempo. Esto implica que las autoridades de salud no pueden implementar mecanismos ni políticas internas que obstaculicen o retrasen la materialización de este derecho. Con estas resoluciones, la SCJN reafirmó la obligación legal de los prestadores de servicios de salud de garantizar el acceso al aborto en casos de violación sexual.

El 15 de mayo de 2019, en otro caso acompañado por GIRE, la SCJN otorgó un amparo una mujer a quien se le había negado el acceso a la interrupción del embarazo a pesar de que éste le podía causar complicaciones serias de salud. Con esta resolución, la SCJN reconoció que el derecho a la salud incluye el acceso al aborto y se pronunció sobre las necesidades particulares de servicios de salud reproductiva para las mujeres, resaltando las graves consecuencias de la negación de la interrupción del embarazo por razones de salud.

El 7 de julio de 2021, la Primera Sala de la SCJN resolvió otro caso acompañado por GIRE, el de una joven con parálisis cerebral y fuertes limitaciones para realizar actividades esenciales de la vida diaria, agravadas por un precario entorno económico. A consecuencia de una crisis convulsiva, su familia la llevó a un hospital en Chiapas, donde se les informó que estaba embarazada y tenía 23 semanas de gestación. El embarazo había sido producto de una violación sexual cuando ella tenía 17 años. Se solicitó la interrupción del embarazo, pero el director del hospital rechazó la solicitud porque habían pasado los 90 días de gestación que establecía como límite el código penal del estado. La SCJN señaló que esta limitación temporal desconocía la naturaleza de las agresiones sexuales y sus consecuencias sobre la salud de las mujeres, y suponía un total desconocimiento de la dignidad humana y la autonomía de la mujer cuyo embarazo, lejos de resultar de una decisión libre y consentida, es el resultado de conductas arbitrarias y violentas.

Finalmente, en septiembre de 2021 el Pleno de la SCJN analizó dos legislaciones que impactaban negativamente sobre el derecho a decidir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Primero analizó la acción de inconstitucionalidad 148/2017 sobre la legislación penal del estado de Coahuila, que la Procuraduría General de la República había considerado violatoria de los derechos humanos de las mujeres por catalogar al aborto como delito.

El 7 de septiembre, en un fallo histórico, resolvió por unanimidad que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, convirtiéndose en la primera Corte Constitucional de la región en emitir una sentencia de este tipo. La SCJN puntualizó que, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, consagrado en el artículo 4° de la Constitución. En otras palabras, determinó que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional.

Las implicaciones de este fallo son varias. Por un lado, el Congreso del estado de Coahuila deberá reformar su legislación penal para despenalizar el aborto consentido. Además, genera un precedente, es decir, los argumentos centrales del fallo tienen que ser aplicados por la totalidad de las y los jueces de México, tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de todas las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta. Además, los congresos de los estados donde aún se restringe y castiga el aborto voluntario cuentan con criterios avalados por la SCJN para despenalizarlo.

En la misma semana, la Corte analizó las acciones de inconstitucionalidad 106 y 107/2018 sobre el reconocimiento del “derecho a la vida desde la concepción” establecido en la Constitución de Sinaloa, promovidas por una minoría legislativa y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por unanimidad, la SCJN consideró que los estados no tienen competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General. Además, consideró que no se le puede dar el estatus de persona al embrión o feto y pretender, con base en esto, adoptar medidas restrictivas a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes; esto es inconstitucional.

Con base en precedentes tanto de la Suprema Corte como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN estableció que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación —como bien constitucionalmente valioso— deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, garantizando los derechos de las mujeres con embarazos deseados, proveyendo las condiciones necesarias para partos dignos, sin violencia obstétrica y erradicando las causas que provocan muertes maternas.

¿Cuáles son las perspectivas de conseguir el aborto legal, seguro y gratuito en todo el territorio mexicano en el futuro cercano?

En México y en la región se han producido en la última década varios éxitos en la lucha por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, aunque persisten numerosas barreras y desafíos.

En nuestro país persiste un fuerte estigma en torno al aborto, basado en la idea de que la maternidad es el destino obligado de las mujeres. Esta idea continúa permeando a todas las instituciones del Estado y sus leyes, y constituye la base para la criminalización no solo social sino también legal del aborto, que afecta particularmente a mujeres y otras personas gestantes procedentes de contextos de violencia, marginación económica y falta de acceso a información reproductiva. Además, envía el fuerte mensaje de que el Estado desempeña un rol en decisiones reproductivas que deberían pertenecer a la esfera privada.

En la mayor parte de México, al igual que en América Latina, el aborto voluntario aún es considerado un delito. Desde hace décadas activistas, colectivos y organizaciones feministas hemos impulsado la derogación de esas leyes, señalando que el aborto consentido forma parte de la vida reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y que la criminalización no inhibe su práctica sino que implica que en ciertos contextos se realice de forma insegura. 

A partir de la década de 1970, las feministas mexicanas plantearon el acceso al aborto como un asunto de justicia social y de salud pública y como una aspiración democrática. A pesar de la contundencia de sus argumentos, tuvieron que pasar 35 años para que se lograra —apenas en la Ciudad de México— la despenalización del aborto durante el primer trimestre. Esa victoria se replicó más de una década después en tres estados: Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

En el corto plazo, la despenalización en todo el territorio nacional se presenta complicada porque cada una de las 32 entidades federativas tiene su propio código penal, por lo que aún sería necesario que cada entidad federativa reforme su legislación penal y de salud para, por una parte, dejar de considerar al aborto como delito y, por la otra, reconocerlo como un servicio de salud y dotar a las instituciones públicas de recursos humanos y financieros para garantizar el acceso.

En la práctica, en los últimos años tanto la narrativa como la realidad del aborto en México han cambiado debido a la importancia que ha cobrado el aborto con medicamentos. Hace algunas décadas el aborto clandestino —es decir, realizado al margen de la ley— era considerado sinónimo de aborto inseguro, pero esto ya no es así. Ahora existen redes de acompañamiento de aborto seguro, y en contextos de restricción legal, en las primeras semanas de gestación las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden abortar con medicamentos en sus casas, sin acudir a una institución de salud.

La victoria del movimiento de mujeres argentino en diciembre de 2020 ha demostrado que las alianzas, el debate público y la diversificación de voces son indispensables para avanzar en la lucha por la ampliación de derechos. El aumento exponencial de iniciativas relacionadas con el aborto seguro es una expresión de los logros que ha tenido el movimiento de mujeres en la lucha por los derechos humanos y la justicia reproductiva. La Marea Verde, el movimiento cuyo color distintivo se volvió sinónimo de la lucha por el derecho al aborto en Argentina, se ha extendido en México y aunque todavía falta para lograr el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en todo el país, lo cierto es que en los últimos años el tema fue discutido en diversos recintos legislativos, incluso en entidades con marcos legales sumamente restrictivos.

¿Qué clase de apoyos adicionales necesitaría la sociedad civil mexicana de sus pares de la región y del mundo para lograr sus objetivos?

El respaldo social a las causas que defendemos las organizaciones feministas de derechos humanos es indispensable para obtener logros como la sentencia de la SCJN del 7 de septiembre de 2021. También es sumamente valiosa la difusión de nuestro trabajo y nuestras voces. La articulación local, nacional y regional para compartir experiencias y buenas prácticas también ha demostrado ser una herramienta de la cual todas nos beneficiamos las involucradas. De igual forma, la articulación con otras luchas a partir de la reflexión sobre sus intersecciones puede fortalecer a los movimientos de derechos humanos.

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COP26: “Esperamos que las palabras se traduzcan en compromisos que cambien las conductas”

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Theophile Hatagekimana, Secretario Ejecutivo de la Organización para la Concientización Medioambiental de Ruanda (REAO), una organización de la sociedad civil ruandesa que trabaja para crear conciencia acerca del cambio climático y los problemas medioambientales y promueve la implementación de políticas sólidas de gestión ambiental.

Theophile Hategekimana

¿Cuál es el principal problema medioambiental de su comunidad en el que está trabajando?

Trabajamos en la resiliencia y la mitigación del cambio climático con respeto de los derechos humanos. En los últimos años hemos empezado a colaborar con los esfuerzos del gobierno para reducir la cantidad de combustible utilizado para cocinar en los hogares. Hemos unido fuerzas en esta y otras iniciativas porque el gobierno ruandés está siendo muy proactivo en el tema de la mitigación del cambio climático.

En el marco de este proyecto, enseñamos a personas vulnerables, incluidas mujeres jóvenes, mujeres pobres, madres solteras adolescentes y víctimas de abusos sexuales, a utilizar métodos mejorados para cocinar, tales como estufas, en lugar de leña, lo cual no solamente salva de la tala a muchos árboles y reduce la exposición de estas personas a emisiones tóxicas en sus hogares, sino que también les ahorra mucho tiempo. Las animamos a que destinen el tiempo que esto les ahorra a actividades de autodesarrollo, educativas y de interacción social, y a que realicen actividades generadoras de ingresos.

También plantamos árboles para restaurar los bosques y plantamos y distribuimos árboles agroforestales, que hacen que el suelo sea más resistente y pueda hacer frente a fenómenos climáticos extremos tales como sequías y lluvias torrenciales, además de proporcionar alimento, forraje, materias primas industriales, madera, combustible y mantillo, ayudando a diversificar las dietas y los ingresos. Uno de nuestros proyectos se centra en la compra de semillas y su siembra en las escuelas, en el marco de un programa que incluye la alfabetización ecológica, la demostración de los principios medioambientales mediante el desarrollo de prácticas verdes en la vida cotidiana, y el desarrollo de una ética medioambiental.

Aunque pueda parecer que solamente trabajamos en la protección ambiental, en realidad nos preocupa mucho la dimensión de derechos humanos de la protección del medio ambiente, por lo cual nos oponemos a la práctica de desplazar gente sin la debida compensación. Concientizamos a la población sobre los derechos que les reconoce la ley y la apoyamos para que los reclame cuando sea necesario. Un ejemplo es el de los indígenas batwa, que a menudo son expulsados de sus tierras, por lo que les proporcionamos las herramientas necesarias para que conozcan sus derechos, tal y como los enuncian el derecho internacional y la ley ruandesa.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Muchos activistas, entre los cuales me incluyo, mantienen conexiones personales con organizaciones internacionales y con pares de todo el mundo. Pero también a nivel organizativo intentamos conectarnos con otros grupos que tienen una misión similar a la nuestra y participamos en redes y coaliciones climáticas y medioambientales. REAO es miembro de la Red de Cambio Climático y Desarrollo de Ruanda, una asociación nacional de organizaciones defensoras del medio ambiente. A nivel internacional, trabajamos en red con otras organizaciones que se dedican a la protección y mitigación del cambio climático, y hemos colaborado con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros.

¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 logre algún avance en la mitigación del cambio climático?

Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos internacionales encaminados a tomar decisiones coordinadas para proteger el medio ambiente y mejorar el bienestar de las comunidades, y tenemos la esperanza de que la COP26 dé lugar a la adopción de medidas concretas para hacer frente al cambio climático y a la degradación del medio ambiente. A nivel discursivo, por supuesto, todo lo que dicen los líderes de los países en el escenario global es exactamente lo que queremos escuchar; nada de eso va en contra de nuestra misión, visión y valores. Esperamos que en la COP26 esas palabras se traduzcan en compromisos que den lugar a un cambio positivo en el comportamiento de sus países en materia climática.

¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- para ayudar a resolver la crisis climática?

A nivel mundial, queremos que los países que más contaminan actúen para reducir sustancialmente sus emisiones. Países como China, India, Estados Unidos y otros deben tomar decisiones claras y actuar en materia de cambio climático, o todos padeceremos las consecuencias de su inacción. Esperamos que los grandes contaminadores paguen las soluciones climáticas y la cuenta quede saldada.

A nivel local, esperamos que las condiciones de vida de las comunidades menos favorecidas mejoren y logren adaptarse al cambio climático con el apoyo de políticas públicas adecuadas y financiamiento de los gobiernos.

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EL SALVADOR: “El objetivo del presidente es concentrar poder”

CIVICUS conversa con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en El Salvador, acerca de la situación política luego de que el partido del presidente Nayib Bukele ganara las elecciones legislativas de febrero de 2021.

Eduardo Escobar

¿Consideras que la democracia y el Estado de Derecho están siendo erosionados en El Salvador?

Primero deberíamos preguntarnos si alguna vez hubo democracia y Estado de Derecho en El Salvador. Si reducimos la democracia a su dimensión lectoral, puede decirse que se respetaba voluntad de la gente y las elecciones se habían convertido en la única forma de acceso al poder. Pese a algunas irregularidades, en ese sentido sí había democracia. Desde 2009 algo se había avanzado también en el terreno de la separación de poderes, teníamos una Sala Constitucional de la Corte Suprema que era independiente, un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) independiente, y una fiscalía que intentaba funcionar.

Así, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, había una democracia electoral en funcionamiento, con algunos avances importantes en la dimensión republicana y del Estado de Derecho. El presidente Bukele interrumpió este proceso, atacando constantemente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. En el marco de la pandemia, el gobierno vulneró la libertad de movimiento de forma ilegítima e inconstitucional. Lo poco que se había avanzado se perdió por completo.

A partir de las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, que Bukele ganó por amplia mayoría, la seguridad jurídica dejó de existir. En cuanto se conformó, a principios de mayo, la nueva Asamblea legislativa destituyó a los jueces de la Sala Constitucional y al titular de la fiscalía general. Habíamos llegado a confiar en que la Sala Constitucional nos protegería de las arbitrariedades, pero esa certeza se desvaneció en un instante. Poco después, la nueva Sala Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata para un segundo mandato, hasta entonces prohibida por la Constitución de El Salvador.

¿Han podido la oposición o la sociedad civil hacer algo al respecto?

La oposición no fue inteligente. Hasta mayo de 2021 contaba con la mayoría absoluta en la Asamblea, pero no la supo aprovechar. Los partidos de oposición no creían que hubiera apuro, nunca pensaron que iban a perder. Ahora se han vuelto irrelevantes. Su presencia es meramente testimonial porque el partido del presidente, Nuevas Ideas, y sus aliados tienen una supermayoría. La oposición se limita a hacer declaraciones y a impulsar propuestas que todos saben que no van a prosperar.

A la mayor parte de la sociedad civil se le ha cerrado la posibilidad de participar en el proceso legislativo. No es que antes se aprobara cada propuesta de la sociedad civil – de hecho, muchas veces ni siquiera se las discutía – pero había ciertas áreas temáticas donde la participación de la sociedad civil era vital para aprobar una ley. Eso se terminó: ahora solamente las organizaciones afines al gobierno son convocadas y admitidas en las sesiones de las comisiones. La sociedad civil independiente tiene poca influencia sobre las políticas públicas porque el gobierno no entiende su rol y no está dispuesto a integrar sus aportes a la toma de decisiones. Así, ha quedado limitada a ser una voz de denuncia sin poder para revertir decisiones ilegales o inconstitucionales, ya que no quedan instituciones independientes que puedan reaccionar a sus demandas.

El presidente Bukele hizo campaña con un programa anticorrupción. ¿Ha habido algún avance en ese sentido?

La instrumentalización del tema de la corrupción fue una de las bases de la victoria de Bukele, cuyo slogan de campaña fue “devuelvan lo robado”. El tema de la corrupción es amplio y complejo, pero ese slogan era claro y preciso, y atrajo a mucha gente. Pero era solo una estrategia de campaña.

Una vez en el poder, desactivó todos los mecanismos anticorrupción existentes, desacatando las resoluciones del IAIP, impidiendo auditorías de la Corte de Cuentas en los ministerios, negando la entrada de la fiscalía a organismos públicos involucrados en casos de corrupción, y finalmente removiendo al fiscal e imponiendo a un incondicional suyo, que incluso tiene denuncias en su contra. No tenemos cómo conocer los gastos del gobierno, en particular los relacionados con la pandemia. El manejo ha sido tan opaco que ni siquiera tenemos datos confiables de cuántas personas se contagiaron de COVID-19, cuántas están hospitalizadas, cuántas fallecieron. El gobierno no entrega información, la oculta. Y cuando hay revelaciones o denuncias de corrupción, ataca y difama al denunciante.

¿Cómo ha impactado esta situación sobre el trabajo de Acción Ciudadana?

Acción Ciudadana promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el combate a la corrupción y la impunidad. De ahí que buena parte del trabajo que hacemos consista hacer monitoreos - del financiamiento de la política, las elecciones internas de los partidos políticos y la propaganda electoral; de la labor de la fiscalía general, la transparencia de la gestión pública y los obstáculos para el acceso a la información; y del funcionamiento de los mecanismos institucionales de prevención, detección y castigo de la corrupción.

Para hacer nuestras investigaciones necesitamos acceder a información pública, pero las vías de acceso se están cerrando. Por ejemplo, la ley establece que la información sobre los viajes de los funcionarios públicos debe ser pública; sin embargo, el gobierno decidió que esas informaciones se mantendrían reservadas por siete años. En este caso puntual hubo algo de presión en los medios y en las redes sociales y el gobierno modificó el criterio, y ahora retiene esa información hasta 30 días después del viaje, supuestamente para proteger la seguridad del funcionario – lo cual sigue siendo ilegal.

Cuando se nos deniega la información que debería ser pública, ya no podemos acudir a las instancias que salvaguardan el acceso a la información porque o están cooptadas o tienen miedo. Por ejemplo, algunos partidos políticos – empezando por el oficialista - no nos entregan su información financiera. Llevamos casi tres años denunciándolo al Tribunal Supremo Electoral, pero éste no admite nuestras denuncias. Entonces cuando un partido no nos da información ya no recurrimos al Tribunal, y frente a una ley inconstitucional ya no recurrimos a la Sala Constitucional.

También hemos perdido capacidad de incidencia. Normalmente nuestros monitoreos darían lugar a denuncias e investigaciones penales. Pero actualmente lo máximo que podemos hacer es publicar los resultados de nuestras investigaciones en algunos medios y ofrecerlos a la opinión pública, pero ya no alimentar con ellos procesos institucionales. Por ejemplo, encontramos que en la campaña presidencial de 2019 una empresa le donó un millón de dólares a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la coalición electoral de Bukele, y en 2020 el gobierno le adjudicó a esa empresa un contrato de asociación público-privada para administrar y ampliar el aeropuerto. Nosotros evaluamos que hubo un conflicto de interés, pero no podemos llevar el tema ni a la fiscalía ni a la Corte de Cuentas para pedirles que investiguen.

El presidente Bukele parece difícil de clasificar ideológicamente. ¿Cuál es su programa?

Si tuviera que clasificar al partido del presidente, diría que es un partido “atrapa-todo”, sin un proyecto político definido en términos ideológicos. Hasta que fue expulsado en 2017, Bukele era del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y se mostraba como una persona de izquierda revolucionaria que abrazaba a Hugo Chávez y hablaba de justicia social. Luego, como presidente electo, dio un discurso en la Fundación Heritage, uno de los centros de pensamiento más conservadores de los Estados Unidos, y más neoliberal no podía ser. Él siempre decía que las cosas que hay que resolver no son cuestión de ideología, y Nuevas Ideas se armó con la lógica de que ahí cabían todos sin importar si eran de izquierda o de derecha. Y así fue, allí adentro hay de todo.

Bukele no tiene un programa ideológico; el objetivo que persigue es concentrar poder. Puede tomar medidas de derecha o de izquierda, pero no porque tenga una u otra ideología, sino porque es lo que más lo beneficia. Por ejemplo, la mayor parte del sistema de pensiones en El Salvador es privado y probablemente él lo nacionalice, pero no porque por una cuestión de principios considere que este servicio público esencial tiene que ser de gestión estatal, sino porque el Fondo de Pensiones mueve cantidades millonarias, y el gobierno quiere echarle mano porque no tiene recursos y está endeudado y sin fuentes de financiamiento, ya que se le acaba de caer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la privatización es presentada como un acto de justicia hacia los pensionados, que reciben pensiones de hambre. En función de esta medida un observador externo podría pensar que su gobierno es de izquierda, pero no es una medida ideológica sino de conveniencia. El gobierno se mueve en función de la búsqueda de provecho político y económico, y por eso muchas veces aparece como errático o improvisado. No hay una visión que oriente la planificación de las 

¿A qué se deben las protestas que enfrenta actualmente el gobierno?

Las protestas que se iniciaron a principios de septiembre estallaron en reacción a la adopción del bitcoin como divisa oficial junto al dólar estadounidense. Mucha gente que apoya y valora a Bukele se opuso a esta medida pensando que les podría afectar. Ha sido la primera medida del gobierno que ha tenido un gran rechazo popular, y pienso que no ha sido solo por oposición hacia la criptomoneda, sino también por la forma en que se están tomando las decisiones, sin suficiente información, debate y participación. Bukele hizo el anuncio en un evento en Miami un día sábado, y el lunes siguiente se presentó el proyecto de ley, que fue aprobado el martes. Todo se resolvió en tres o cuatro días con total secretismo.

Lamentablemente, la reacción en este tema ha sido la excepción, y posiblemente se deba a que es un tema del que mucha gente no entiende demasiado y eso provoca temor. En términos generales, la mayoría aplaude al presidente, a su manejo de la pandemia y a su Plan de Control Territorial, que es una estrategia de militarización de la seguridad ciudadana. Esto se debe a que la narrativa que construyó el gobierno ha sido exitosa. Por ejemplo, cuando destituyeron a los jueces de la Sala Constitucional – una maniobra que desde la sociedad civil se denunció como un golpe de Estado - el gobierno dijo que habían echado a los corruptos y mucha gente se lo creyó. Hubo gente que salió a protestar, no solo de la sociedad civil organizada, sino también ciudadanos comunes, pero fueron una minoría. Contrarrestar la narrativa oficial es difícil. 

¿Qué apoyo necesita la sociedad civil salvadoreña para poder ejercer plenamente su rol?

Es bien complicado. Los periodistas logran que les filtren información y sacan sus notas, pero nosotros no somos periodistas. Nuestras vías para conseguir el material que necesitamos para desempeñar nuestro rol de contralor es buscarlo en los portales institucionales y hacer solicitudes de información. Nos ayudaría cualquier esfuerzo para lograr que las instituciones públicas abran un poco más la información. 

También necesitamos apoyo en términos de seguridad personal y digital, así como en el área de comunicaciones, porque evidentemente desde la sociedad civil no hemos logrado comunicar adecuadamente nuestros mensajes y no hemos logrado construir una narrativa alternativa a la oficial.

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COP26: “En respuesta a la presión desde abajo, deben responder con acciones justas por el clima”

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Caroline Owashaba, jefa de equipo de Acción por el Desarrollo Juvenil Uganda (Action for Youth Development Uganda) y coordinadora voluntaria de la Alianza Niñas, no novias (Girls Not Brides) en Uganda.

Caroline Owashaba

¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el que está trabajando?

Un problema clave en Uganda es el uso de grandes cantidades de bolsas de plástico de un solo uso, que tienen efectos medioambientales extremos. Las bolsas de plástico tardan muchos años en descomponerse; liberan sustancias tóxicas en el suelo y, cuando son quemadas, en el aire; obstruyen los desagües y pueden provocar inundaciones; y matan a los animales que las comen confundiéndolas con alimento o que se enredan en ellas.

En 2018 se aprobó una medida para prohibir la fabricación, la venta y el uso de bolsas de plástico, pero los fabricantes presionaron mucho para que les dieran más tiempo hasta la entrada en vigor de la prohibición, y en consecuencia su implementación ha sido lenta y en gran medida ineficaz. Así que, a principios de 2021, el gobierno decidió aplicar nuevas medidas en el mismo sentido, junto con un paquete más amplio de medidas medioambientales.

Mientras el gobierno trabaja para hacer cumplir la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso, nosotros estamos trabajando en una iniciativa para producir materiales alternativos, ecológicos y biodegradables. Esto es bastante urgente, porque ahora mismo, si la prohibición de las bolsas de plástico realmente se implementara, la oferta de opciones de envases biodegradables no sería en absoluto suficiente.

Acción por el Desarrollo Juvenil Uganda (ACOYDE, por sus siglas en inglés) está desarrollando un proyecto denominado CHACHA (Niños por el Cambio Alternativo), que utiliza la fibra del plátano para fabricar diversos artículos útiles, tales como felpudos e individuales para mesas, almohadas, artículos de decoración interior y, por supuesto, bolsas. Los residuos generados en la extracción de la fibra del plátano y la fabricación de estos artículos se reciclan para producir briquetas de carbón de alta calidad que los jóvenes y las mujeres que participan en el proyecto utilizan como fuente de calor tanto en sus hogares como en sus lugares de trabajo, reduciendo el consumo de combustible y aumentando al mismo tiempo sus ingresos familiares.

Toda la comunidad participa en el proceso de producción, porque es la que provee los tallos de plátano. Y el proyecto permite a los jóvenes, y especialmente a las mujeres jóvenes, mantener a sus familias. Tenemos posibilidades de expansión, ya que el surgimiento de hoteles ecológicos ha creado una mayor demanda de productos sustentables.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Nos hemos vinculado con el movimiento internacional a través de intercambios regionales sobre el cambio climático tales como la Semana Africana del Cambio Climático, y como parte de la Red Juvenil de Agricultura Climáticamente Inteligente. También seguimos los debates del Grupo de Países Menos Adelantados (PMA) sobre adaptación, mitigación y financiamiento.

También ha funcionado a la inversa: ACOYDE ha apoyado los esfuerzos para domesticar el marco climático internacional y ha impulsado el proyecto de ley nacional sobre cambio climático, que se aprobó en abril de 2021. Esta iniciativa dio fuerza de ley a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al Acuerdo de París, del cual Uganda es signataria. A continuación, trabajamos para bajar la ley al nivel local. Es clave que la legislación se implemente efectivamente a nivel local, porque nos ayudará a superar las injusticias del cambio climático en nuestras comunidades.

También nos conectamos con el movimiento por el clima más amplio desde una perspectiva de género. Personalmente me interesan las intersecciones entre el género y el cambio climático. En las COP anteriores pude contribuir al Plan de Acción de Género (PAG), que ha guiado y ejercido influencia en temas de género y juventud en los procesos de negociación de la CMNUCC. Participé en los debates sobre los avances del PAG en relación con el equilibrio de género, la coherencia, la aplicación con perspectiva de género, el seguimiento y la presentación de informes. También he participado activamente en el Grupo de Trabajo Nacional de Género de Uganda y en otros procesos nacionales sobre cambio climático para garantizar la domesticación de las normas globales de género y un financiamiento consistente con el Acuerdo de París, entre otras cosas informando sobre la implementación de las disposiciones del PAG en Uganda.

¿Cuáles son sus expectativas para la COP26?

La COP26 debería ofrecer espacios para llevar las cuestiones de género a nivel global y proporcionar más oportunidades de debate. Debería aumentar la participación de las mujeres, emprender la integración de la perspectiva de género y garantizar la implementación del PAG. Debe contribuir a amplificar las voces de las mujeres en las negociaciones sobre el cambio climático. Las mujeres están haciendo gran parte del trabajo pesado a nivel de base, pero reciben muy poco a cambio, no sólo porque es muy poco lo que llega a sus bolsillos, sino también porque siguen estando subrepresentadas y, por tanto, sus voces no son escuchadas.

Los foros internacionales como la COP26 deben proporcionar espacios para la participación de las bases y, en respuesta a esas presiones desde abajo, deben desarrollar intervenciones sólidas para una acción climática justa y respetuosa de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de la igualdad de género. 

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INNOVACIÓN: “Las estructuras y prácticas usuales de derechos humanos ya no son óptimas ni suficientes”

Ed Rekosh

CIVICUS conversa con Edwin Rekosh, cofundador y socio director de Rights CoLab, sobre los efectos en la sociedad civil del surgimiento de infraestructuras digitales y la importancia de la innovación y los derechos digitales. Rights CoLab es una red multinacional de colaboración que busca desarrollar estrategias audaces para impulsar los derechos humanos en los campos de la sociedad civil, la tecnología, las empresas y las finanzas.

¿Qué hace Rights CoLab?

Rights CoLab produce estrategias experimentales y de colaboración para abordar los desafíos actuales en materia de derechos humanos desde una perspectiva sistémica. En particular, investigamos y facilitamos nuevas formas de organizar el compromiso cívico y de aprovechar los mercados para lograr un cambio transformador.

Vemos en los cambios que están ocurriendo fuera del espacio filantrópico tradicional una oportunidad para impulsar el compromiso cívico. Por ejemplo, nos interesan los modelos organizativos que están surgiendo en el campo de la empresa social, donde pueden generarse ingresos de actividades comerciales para mantener las operaciones. También nos interesa el uso de la tecnología para reducir costos y alcanzar los objetivos de la sociedad civil sin necesidad de una estructura organizativa formal, por ejemplo, a través de una página web o una aplicación. Además, estamos explorando el cambio generacional que está ocurriendo respecto de la forma en que la juventud percibe sus carreras: cada vez son más numerosos los y las jóvenes que buscan una vida laboral que combine objetivos profesionales sin ánimo de lucro y con ánimo de lucro. Creemos que es imperativo desarrollar formas más eficaces de colaboración, especialmente a través de las fronteras, las perspectivas profesionales y los terrenos de experiencia.

Entre los desafíos que tratamos de abordar está el resurgimiento del autoritarismo y la política populista, que ha reforzado el énfasis en la soberanía nacional y la demonización de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales, percibidas como agentes de valores e intereses extranjeros antagónicos. También tratamos de abordar las cambiantes realidades geopolíticas que están socavando la infraestructura de derechos humanos construida en el último medio siglo, así como los legados a largo plazo de la dinámica de poder colonial. Y queremos desarrollar nuevos enfoques para frenar el impacto negativo sobre los derechos humanos del creciente poder corporativo, especialmente bajo las formas que se han visto agravadas por la pandemia.

¿Qué fue lo que les inspiró a fundar Rights CoLab?

La decisión de fundar Rights CoLab se basó en la comprensión de que el campo de los derechos humanos ha llegado a una etapa de madurez, llena de desafíos que plantean interrogantes respecto de estructuras y prácticas que se han vuelto convencionales, pero que posiblemente hayan dejado de ser óptimas o suficientes.

Yo era un abogado de derechos humanos que había pasado de ejercer el derecho en un gran bufete a trabajar para una organización de derechos humanos en Washington, DC. La experiencia que tuve gestionando un proyecto en Rumanía a principios de los años ‘90 transformó por completo mi forma de ver los derechos humanos y mi rol como abogado estadounidense. Trabajé codo a codo con OSC locales, desempeñando entre bambalinas un rol clave de apoyo e interconexión de la sociedad civil, poniendo a las OSC en contacto entre sí y acercándolas a los recursos, e impulsando la implementación de otras estrategias basadas en la solidaridad.

Poco después, fundé y luego presidí PILnet, una red mundial de abogados de interés público y del sector privado dentro del espacio de la sociedad civil. Más o menos cuando decidí dejar ese rol, me estaba comenzando a enfocar en el cierre del espacio cívico que veía que estaba ocurriendo a mi alrededor, y que afectaba especialmente al trabajo que estábamos haciendo en Rusia y China. Me reconecté con Paul Rissman y Joanne Bauer, los otros dos cofundadores de Rights CoLab, y empezamos a comparar nuestras apreciaciones, preocupaciones e ideas sobre el futuro de los derechos humanos. Los tres creamos Rights CoLab como una forma de continuar la conversación, examinando los desafíos actuales en materia de derechos humanos desde tres perspectivas muy diferentes. Queríamos crear un espacio donde pudiéramos continuar ese diálogo e incluir a otras personas para fomentar la experimentación con nuevos enfoques.

¿En qué medida ha cambiado en los últimos años el terreno de la sociedad civil como consecuencia del surgimiento de infraestructuras digitales?

Ha cambiado muchísimo. Una de las principales consecuencias del surgimiento de la infraestructura digital ha sido la ampliación de la esfera pública en varios sentidos. El papel de los medios de comunicación está menos limitado por las fronteras y hay mucha menos intermediación vía control editorial. Esto representa tanto una oportunidad como una amenaza para los derechos humanos. Los individuos y los grupos pueden influir sobre el discurso público con menos barreras de entrada, pero, por otro lado, la esfera pública ya no es regulada por los gobiernos de forma predecible, lo cual erosiona los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas y vuelve difícil garanteizar un terreno de juego parejo para el mercado de las ideas. La tecnología digital también permite que la solidaridad se exprese a través de las fronteras de forma mucho menos restringida por ciertas limitaciones prácticas del pasado. En resumen, aunque el surgimiento de las infraestructuras digitales supone nuevas amenazas para los derechos humanos, las herramientas digitales también ofrecen oportunidades.

¿Cuán centrales para el trabajo de la sociedad civil son los derechos e infraestructuras digitales?

En muchos sentidos, los derechos digitales son secundarios a las estructuras, prácticas y valores de la sociedad civil. La sociedad civil se deriva intrínsecamente del respeto a la dignidad humana, el espíritu creativo de la acción humana y la política de la solidaridad. Los modos en que las personas se organizan para relacionarse con el mundo que les rodea dependen principalmente de valores, capacidades y prácticas orientadas socialmente. La tecnología digital solo proporciona herramientas, las cuales no poseen intrínsecamente ninguna de esas características. En ese sentido, la tecnología digital no es necesaria para la organización de la sociedad civil, ni tampoco es suficiente. Sin embargo, las tecnologías digitales pueden mejorar la organización de la sociedad civil, tanto mediante el aprovechamiento de algunas de las nuevas oportunidades inherentes a la infraestructura digital emergente como mediante el aseguramiento de los derechos digitales que necesitamos para evitar las consecuencias negativas que dicha infraestructura puede tener sobre los derechos humanos.

Estamos esforzándonos por identificar perspectivas de sociedad civil que puedan ayudar a abordar estas cuestiones. Un ejemplo de ello es Chequeado, un medio de comunicación argentino sin fines de lucro que se dedica a verificar el discurso público, contrarrestar la desinformación y promover el acceso a la información en las sociedades latinoamericanas. Chequeado, que toma la forma de una plataforma tecnológica y una aplicación, logró adaptarse rápidamente para responder a la pandemia de COVID-19 desarrollando un tablero de verificación de datos que pudiera disipar la desinformación sobre los orígenes, la transmisión y el tratamiento de la COVID-19, así como combatir la desinformación conducente a la discriminación étnica y al aumento de la desconfianza en la ciencia. Es decir, si bien es esencial comprender los usos potenciales de la tecnología digital, también lo es mantener la atención en ciertos elementos que tienen poco que ver con la tecnología en sí, tales como los valores, la solidaridad y las normas e instituciones basadas en principios.

¿Cómo promueve RightsColab la innovación en la sociedad civil?

Impulsamos la innovación en la sociedad civil en varias dimensiones: en la forma en que se organizan los grupos de la sociedad civil, incluidas sus estructuras básicas y modelos de ingresos; en el modo en que utilizan la tecnología; y en los cambios que necesita el ecosistema de la sociedad civil internacional para mitigar los efectos negativos de las contraproducentes dinámicas de poder procedentes del colonialismo.

Respecto de las dos primeras dimensiones, nos hemos asociado con otros nodos de recursos para crear conjuntamente un mapa geolocalizado de estudios de casos que ilustren la innovación en materia de formas organizativas y modelos de ingresos. Para esta creciente base de datos de ejemplos hemos desarrollado una tipología centrada en las alternativas al modelo tradicional disponibles para los grupos de sociedad civil de base local, es decir, las alternativas a la financiación benéfica transfronteriza. Junto con nuestros aliados, también estamos desarrollando metodologías de formación y estrategias de comunicación que buscan facilitar una mayor experimentación y una más amplia adopción de modelos alternativos para estructurar y financiar las actividades de la sociedad civil.

Nuestro esfuerzo para mejorar el ecosistema de la sociedad civil internacional se basa en un proyecto de cambio sistémico que hemos lanzado bajo el nombre de RINGO (“Reimaginando la ONG internacional”, por sus siglas en inglés). Un punto clave del proyecto RINGO es la intermediación entre las grandes OSC internacionales y los espacios cívicos más locales. La hipótesis es que las OSC internacionales pueden ser una barrera o un factor habilitante de una sociedad civil local más fuerte, y que la forma en que el sistema está organizado ahora -con los roles principales concentrados en el norte y el oeste del planeta- necesita ser replanteada.

RINGO incluye un Laboratorio Social con 50 participantes que representan un espectro amplio de OSC de distintos tipos y tamaños, procedentes de una diversidad de geografías. A lo largo de un proceso de dos años, el Laboratorio Social generará prototipos que podrán ponerse a prueba con la intención de transformar radicalmente el sector y la forma en que organizamos la sociedad civil a nivel global. Esperamos extraer valiosas lecciones de los prototipos que puedan reproducirse o reformularse e implementarse en mayor escala. Ya hay muchas buenas prácticas, pero también hay disfuncionalidades sistémicas que siguen sin ser abordadas. Por eso buscamos prácticas, estructuras y procesos nuevos y más transformadores. Si bien no perseguimos una utopía, sí pretendemos lograr un cambio sistémico. De ahí que el proceso de indagación a través del Laboratorio Social sea vital para profundizar en los problemas de fondo que paralizan el sistema, avanzando más allá de prácticas paliativas y superficialmente atractivas.

Póngase en contacto con Rights CoLab a través de su página web y siga a @rightscolab y a @EdRekosh en Twitter. 

 

JAMAICA: “Tras 20 años de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+”

Karen LloydCIVICUS conversa con Karen Lloyd, directora asociada de J-FLAG, sobre la situación de las personas LGBTQI+ en Jamaica y la significación de un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que responsabiliza al gobierno jamaiquino de la violación de derechos. J-FLAG es una organización de derechos humanos y justicia social que defiende los derechos, la vida y el bienestar de las personas LGBTQI+ en Jamaica.

¿Cuál es la situación de las personas LGBTQI+ en Jamaica?

La discriminación basada en el género y la sexualidad sigue siendo preocupante y afecta a las personas de muchas maneras, ya que dificulta su derecho al trabajo, a la educación y a la salud, e incluso los derechos a la vida y la igualdad ante la ley. La ley no protege a las personas de la discriminación por orientación sexual o identidad de género, y las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo está penalizada.

En abril de 2011, el gobierno jamaiquino aprobó la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales, pero los llamamientos para que incluyera garantías de no discriminación por orientación sexual e identidad de género no fueron escuchados. La Encuesta Nacional de 2012 sobre Actitudes y Percepciones hacia las Relaciones entre Personas del Mismo Sexo, encargada por J-FLAG, reveló que una de cada cinco personas en Jamaica respetaba a las personas LGBTQI+ y apoyaba la inclusión de la orientación sexual como motivo de no discriminación. Además, aproximadamente un tercio de la población creía que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente para proteger a las personas LGBTQI+ de la violencia y la discriminación.

Las personas que integran la comunidad LGBTQI+ jamaiquina se ven sistemáticamente privadas de sus derechos humanos y sufren discriminación, exclusión, ataques violentos, abusos policiales, falta de empleo y una clara falta de protección legal, entre otros problemas generalizados. Muchas personas LGBTQI+ viven con miedo debido a las políticas, leyes y actitudes discriminatorias y a la falta de voluntad política para proteger sus derechos humanos. Desde 2009, J-FLAG recibió más de 600 denuncias de casos de abuso y violencia, y la Encuesta Nacional realizada en 2015 reveló que apenas el 12% de la ciudadanía manifestaba tolerancia hacia las personas LGBTQI+.

Un informe de 2016 reveló que de 316 jamaiquinos LGBTQI+, el 32% informó haber sido amenazado con actos de violencia física en los cinco años precedentes y el 12% dijo haber sido agredido; el 23,7% informó que había sido amenazado con violencia sexual y el 19% haber sido agredido sexualmente. Sin embargo, el 41% no había denunciado estos incidentes porque creía que la policía no haría nada al respecto, y el 30% consideró que lo ocurrido no era lo suficientemente importante. Uno de cada cuatro temió una reacción homofóbica de la policía y uno de cada cinco se sintió demasiado avergonzado y prefirió que nadie se enterara.

Esta realidad se ve agravada por la homofobia y la transfobia, así como por las leyes que criminalizan la intimidad homosexual entre hombres, una legislación antidiscriminatoria débil y en gran medida inaccesible, una débil protección contra la violencia sexual y doméstica y la falta de reconocimiento legal de las relaciones entre personas del mismo sexo.

En febrero de 2021, la CIDH publicó un informe sobre los derechos del colectivo LGBTQI+ en Jamaica. ¿Cuál fue su relevancia?

Varios artículos de la Ley de Delitos contra la Persona (OAPA, por sus siglas en inglés), que data de 1864, prohíben las actividades sexuales entre hombres. Su artículo 76 tipifica como delito la sodomía, su artículo 77 tipifica como delito a todo intento de sodomía y su artículo 79 tipifica como delito los actos de indecencia grave, que pueden incluir besos, cogidas de mano y otros actos de intimidad entre hombres. Los hombres condenados por sodomía se enfrentan a un máximo de 10 años de trabajos forzados. Esta y otras leyes relativas a delitos sexuales que preceden a la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales están protegidas de desafíos legales fundados en derechos.

En los casos examinados por la CIDH, los peticionarios -el Sr. Gareth Henry, que es gay, y la Sra. Simone Edwards, que es lesbiana- alegaron que, al seguir criminalizando la actividad sexual privada consentida entre varones adultos y al proteger a estas leyes de toda impugnación, Jamaica estaba contraviniendo su obligación asumida en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sostuvieron que esto contribuía a perpetuar la cultura de homofobia violenta de Jamaica y animaba al Estado y a la población en general a perseguir no solamente a los hombres homosexuales, sino también a la comunidad LGBTQI+ en su conjunto. Ambos afirmaron que habían sido víctimas de ataques homofóbicos. 

El informe de la CIDH concluyó que el gobierno jamaiquino era responsable de estas violaciones de sus derechos. Lo último que supimos fue que el departamento del fiscal general había reconocido la decisión y estaba preparando una respuesta. Para la sociedad civil, el informe reforzó los llamamientos en curso a enmendar la OAPA y pasó a formar parte de la incidencia legislativa para lograr el cambio legal. Sin embargo, los esfuerzos de incidencia con legisladores han seguido siendo difíciles, ya que éstos no quieren que se los asocie públicamente con un llamamiento a derogar la OAPA, en previsión de una posible reacción de grupos extremistas religiosos y de algunos segmentos de la ciudadanía.

¿Cómo trabaja el J-FLAG para intentar mejorar la situación?

J-FLAG es la principal organización de derechos humanos y justicia social jamaiquina que aboga por los derechos, los medios de vida y el bienestar de las personas LGBTQI+ en Jamaica. Nuestro trabajo apunta a construir una sociedad que respete y proteja los derechos de todas las personas. Nuestra dirección y nuestro personal están comprometidos con la promoción del cambio social, el empoderamiento de la comunidad LGBTQI+ y el fomento de la tolerancia y la aceptación hacia las personas LGBTQI+. Promovemos los valores de la inclusión, la diversidad, la igualdad, la equidad y el amor. Estos valores están en el centro de todo lo que hacemos, ya que buscamos convertirnos en agentes eficaces de cambio social.

Para lograr nuestros objetivos, trabajamos en cuatro áreas principales. En primer lugar, tratamos de mejorar la prestación de servicios sanitarios no discriminatorios, de involucrar a las principales partes interesadas para hacer frente a la discriminación relacionada con el empleo y de ofrecer a los y las jóvenes LGBTQI+ una organización enfocada en las cuestiones que afectan directamente sus perspectivas de vida.

En segundo lugar, tratamos de aumentar la participación en los procesos de desarrollo y revisión de políticas, empoderando a la juventud LGBTQI+ y a los y las líderes juveniles y aumentando la colaboración entre jóvenes LGBTQI+ que participan en organizaciones juveniles convencionales.

En tercer lugar, creamos paquetes de servicios para jamaiquinos LGBTQI+ con el objetivo de aumentar su acceso a información y asesoramiento, reducir el número de personas sin hogar, incrementar el acceso a servicios sociales no discriminatorios, habilitar el acceso a un ocio seguro y alentar la creación de redes.

En cuarto lugar, defendemos los derechos humanos de las personas LGBTQI+ legitimando las necesidades de la comunidad, sensibilizando a la población y a los parlamentarios en materia de derechos humanos, estigma y discriminación, aumentando la capacidad de los y las líderes LGBTQI+, de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de otras partes interesadas y titulares de obligaciones para que estén mejor equipados para responder a las necesidades de las personas LGBTQI+, y aumentando la visibilidad de las experiencias y los problemas que les afectan. 

¿Cuáles han sido sus principales logros y lecciones aprendidas hasta ahora? 

Nuestros logros en la última década incluyen la formación de más de 700 trabajadores de la salud, en colaboración con el Ministerio de Salud y Bienestar, sobre cómo tratar a pacientes LGBTQI+; exitosas campañas en los medios de comunicación, tales como We Are Jamaicans (“Somos Jamaiquinos”), #iChooseLove (“Yo elijo el amor”) y #OutLoudJA (“En vos alta”), que buscaban concientizar a la ciudadanía sobre la situación y los derechos de las personas LGBTQI+; nuestras celebraciones públicas del Orgullo; cuatro encuestas nacionales sobre las actitudes y percepciones de la ciudadanía sobre las personas y los temas LGBTQI+; la provisión de apoyo en desarrollo de capacidades para OSC y líderes juveniles; y la producción de numerosas investigaciones y publicaciones sobre temas LGBTQI+.

Desde nuestro evento inaugural del Orgullo en 2015, todos los años Jamaica ha tenido celebraciones durante el período de la “Emancipendencia”, que incluye celebraciones en conmemoración tanto del fin de la esclavitud como de la independencia del dominio colonial británico. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Orgullo de Jamaica ha sido conceptualizado e implementado en forma adaptada al contexto cultural; por ejemplo, no incluye un desfile y en cambio adopta la forma de un conjunto diverso de eventos y actividades que son relevantes para los jamaiquinos, entre las que se cuentan una jornada de deportes, un servicio religioso, una feria comercial, un concierto, eventos festivos y una jornada de servicio. En nuestro Orgullo inaugural de 2015, la oradora principal de la ceremonia de apertura fue la alcaldesa de Kingston, la Dra. Angela Brown-Burke, que constituyó una señal de que la comunidad tenía aliados en la cúpula política y parlamentaria.

Otro éxito ha sido contar en los actos del Orgullo con la participación de artistas de renombre, como Tanya Stephens, D'Angel, Jada Kingdom, Tifa, Ishawna, Yanique Curvy Diva y Stacious. Esto enfocó la atención nacional en nuestras celebraciones y supuso un cambio positivo en relación con espacios culturales que habían sido muy disputados.

Por primera vez este año, J-FLAG no estuvo al frente de la organización de todos los actos del Orgullo, sino que proporcionó apoyo financiero y logístico a integrantes de la comunidad para que lideraran sus propios actos. Bautizada como #PrideShare (“Orgullo compartido”), la iniciativa contó con actos dirigidos por miembros de la comunidad, incluidos eventos artísticos y una batalla de sincronización de labios, cuyo éxito indicó que nuestros esfuerzos constituyen un paso en la dirección correcta.

Tras 20 años de labor de incidencia, hoy se habla públicamente de los derechos de las personas LGBTQI+ y se observa un aumento de la tolerancia pública y una creciente voluntad entre representantes parlamentarios, líderes políticos y tomadores de decisiones de interactuar con la comunidad LGBTQI+ local, lo cual ha implicado avances en el trabajo con organizaciones y personas defensoras de los derechos LGBTQI+ para mejorar la vida de quienes integran esta comunidad. En particular, J-FLAG ha establecido y sostenido una importante alianza con el Ministerio de Salud que ha permitido formar y sensibilizar a más de 500 trabajadores de la salud para luchar contra el estigma y la discriminación en el sector sanitario.

A pesar de estos logros, el movimiento se ha visto afectado por la lentitud de las reformas legislativas y políticas, la escasa disponibilidad de espacios para la movilización y la participación de la comunidad, el escaso apoyo financiero para hacer frente a la falta de vivienda y al desplazamiento, y el escaso involucramiento de las personas LGBTQI+ que viven en zonas rurales. J-FLAG, en particular, ha subrayado la necesidad de mayores apoyos para fortalecer los sistemas comunitarios como medio para amplificar los esfuerzos de incidencia y garantizar un mayor alcance y un mayor impacto.

¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor la lucha de las personas LGBQTI+ en Jamaica, y en el Caribe en general?

La sociedad civil internacional puede apoyar al movimiento local y regional de muchas maneras. Por ejemplo, puede darnos un asiento a la mesa durante las conversaciones globales y partir de la base de que, en lo que atañe a lo que está sucediendo en nuestras sociedades, nosotros somos los expertos. En la medida de lo posible, también debería respaldar nuestros esfuerzos de financiación con los donantes internacionales. También puede ayudarnos compartiendo buenas prácticas e investigaciones pertinentes y concientizando a un público más amplio sobre los problemas que enfrentamos en Jamaica y en el Caribe.

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COLOMBIA: “La juventud vive un sentimiento de querer cambiarlo todo”

CIVICUS conversa acerca de las protestas que comenzaron en Colombia en abril de 2021, en reacción a un alza de impuestos, con una joven activista social y de derechos humanos que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. La entrevistada pertenece a una red de organizaciones y activistas jóvenes que promueve la solidaridad, la organización y la lucha de los sectores excluidos y tiene presencia en la capital, Bogotá, y en la ciudad de Medellín.

¿Cuáles fueron las causas de las protestas? ¿Qué reclaman los manifestantes?

La reforma tributaria fue apenas la gota que derramó el vaso, ya que se sumó a un cúmulo de problemas. En las asambleas en que participamos se recogieron cientos de reivindicaciones y reclamos de toda índole, desde tapar huecos en las calles de un barrio hasta tumbar el gobierno del presidente Iván Duque y hacer justicia frente a los llamados “falsos positivos”, es decir, casos de civiles asesinados por las fuerzas militares y presentados como parte del conflicto armado. Lo que vivía la juventud era un sentimiento de querer cambiarlo todo, de no querer seguir viviendo como antes.

Pero a pesar de la diversidad de demandas, algunas aglutinan más a los jóvenes populares. Pienso que, en materia económica, la juventud de los sectores populares reclama empleo y oportunidades de salir adelante, y en materia política estos jóvenes, en particular los que conformaron algunas de las primeras líneas de las protestas, reclaman dignidad, dejar de ser humillados. Nada agrupa más a estos jóvenes que su odio profundo a la policía, como representante principal de los ultrajes y humillaciones que viven a diario. Se sienten como parias sin futuro económico, sin esperanzas de conseguir un trabajo más allá del rebusque diario para sobrevivir, rechazados por la sociedad y perseguidos como delincuentes por la policía por el hecho de ser jóvenes y pobres.

Los sectores estudiantiles, también jóvenes pero más intelectuales, algunos de clase media, también fueron una fuerza significativa en las protestas, pero tendieron a enfatizar demandas contra la represión política y la violación de los derechos humanos, los “falsos positivos”, los asesinatos de líderes sociales y la criminalización de la protesta.

¿En qué se diferencian estas protestas de las ocurridas en años precedentes? ¿Guardan alguna línea de continuidad con aquéllas?

En el fondo, los móviles son los mismos de las protestas de 2019 y 2020. En las protestas de 2019 pesó más la crisis del desempleo y el hambre, mientras que en las de 2020 se impuso más el tema de la represión, el no querer seguir siendo humillados y asesinados. Las que estallaron en abril de 2021 combinaron los móviles de las dos oleadas precedentes, porque no solamente ninguno de los dos problemas había sido atacado de raíz, sino que ni siquiera se habían ofrecido paliativos; al contrario, la crisis económica se agudizó y la represión política se mantuvo.

Tal vez una diferencia sea que las últimas protestas han recibido mayor atención internacional, lo cual responde a la fuerza con que el pueblo colombiano salió a las calles. La protesta tuvo una amplia legitimidad en sectores que generalmente no se movilizan. La crisis y la asfixia económica y política era tal que sectores como el de los comerciantes medianos e incluso grandes apoyaron las protestas. La masividad de las protestas también obligó a todos, desde artistas hasta congresistas, a tomar partido.

Hubo colombianos en el exterior que hicieron protestas en sus respectivos países planteando lo que les contaban sus familiares en el país. Tal vez algunos piensen que la mayor atención internacional se debió a la represión, pero yo soy más de la idea de que fue la cantidad de sectores medios que se movilizaron lo que magnificó el mensaje. La represión ha estado muy presente en ciclos anteriores y también frente a las protestas del sector campesino. Creo que lo determinante en este caso ha sido la diversidad de capas sociales que apoyaron la protesta.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno a las protestas?

En general, primero reprimiéndolas violentamente, luego deslegitimándolas utilizando los medios de comunicación para atacar a algunos sectores, y en particular a la juventud, y finalmente intentando dividirlas para desmovilizar a algunos sectores y dejar aislada a la juventud popular. Para esto último el gobierno entabló varias negociaciones con un autoproclamado Comité Nacional del Paro, y también llevó a cabo negociaciones a nivel local intentando contener o calmar a algunos sectores.

Particularmente a nivel local, incluso en localidades con gobiernos que se dicen de centro e independientes, el gobierno conformó mesas de diálogo que no solucionan nada, donde se escuchan los reclamos pero no se ofrece nada concreto para responder a las demandas. Muchos gobiernos locales se lavaron las manos de la represión, culpando de ella solo al gobierno central, pero hicieron todo lo que estuvo a su alcance para desmovilizar las protestas, enviando representantes para calmar a los manifestantes y prometiendo a la gente que si dejaba de protestar escucharían sus demandas, cosa que no habían hecho durante todo el año precedente.

La violencia de algunos grupos parece haberse vuelto un problema. ¿Cómo lidiaron con esto las organizaciones y activistas de la sociedad civil?

La violencia ha sido una reacción muchas veces espontanea frente a la represión. Enfrentar con el juicio y el regaño al joven que está tirando una piedra no sirve para nada, excepto para radicalizarlo más y ganarse su desconfianza. Para poder cambiar esta violencia hay que empezar por entenderla y por distinguirla y no ponerla en el mismo nivel que la violencia del Estado. No se trata de que la violencia sea deseable; de hecho, desvíe la iniciativa de buena parte de los jóvenes. Pero interponerse entre ellos y el Comando de Atención Inmediata - la unidad policial que actúa en los perímetros urbanos – para tratar de detenerlos acaba teniendo un efecto más de psicología inversa que de disuasión o educación.

En mi experiencia, las organizaciones de la sociedad civil que no extienden la mano a esos jóvenes ni les ofrecen espacios alternativos de politización y concientización, los aíslan y pierden la capacidad de influir sobre ellos. Nuestra organización ha lidiado con esto mediante la estrategia de evitar partir del juicio negativo y, en cambio, aproximarnos desde el entendimiento y procurar ir generando espacios alternativos para la participación política y la organización de los jóvenes.

¿Qué roles ha desempeñado tu organización en el marco de las protestas?

Nuestra organización tuvo un rol activo: organizó la participación en las protestas de jóvenes y familias en los barrios donde desarrolla trabajo comunitario y promovió una campaña de solidaridad con los manifestantes para recoger apoyo económico y otros recursos, tales como primeros auxilios, apoyo en las ollas comunitarias e incidencia en derechos humanos para auxiliar a diferentes focos de protesta en las ciudades de Bogotá y de Medellín.

En Bogotá dio apoyo para reclamar información sobre personas desaparecidas y participó en campañas de solidaridad con los heridos. En Medellín realizó jornadas de ollas comunitarias y reparación de techos y otros daños causados por las protestas en los barrios cercanos a los mayores puntos de protestas en la ciudad. Finalmente, durante las protestas desarrolló actividades de concientización y promovió el involucramiento de jóvenes manifestantes en procesos más duraderos de construcción social y comunitaria.

¿Qué impactos consideran que tendrá este ciclo de protestas y represión sobre las próximas elecciones?

A mi forma de ver, las protestas aumentaron el capital político del ex alcalde de Bogotá y excandidato a presidente por la izquierda, Gustavo Petro. El gobierno no dio ninguna respuesta real a las demandas de las protestas y la gente sigue buscando alternativas, y – aunque nuestra organización no tiene ningún interés ni intención de hacerle campaña - creo que Petro es la única opción disponible. Para las próximas elecciones esperaría un mayor índice de participación juvenil, y no me extrañaría para nada el triunfo de Petro.

El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

 

ECUADOR: “Los derechos de las mujeres atraviesan una situación emergencia desde mucho antes de la pandemia”

CIVICUS conversa con Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío, acerca de los avances conseguidos y los desafíos pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador. Virginia se refiere a la significación del avance que tuvo lugar en abril de 2021, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación. Activa desde el año 2000, la Fundación Desafío es una coalición feminista dedicada a la defensa y a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia en Ecuador.

Virginia Gomez de la Torre

¿Cuáles son los desafíos para los derechos de las mujeres en Ecuador?

Los derechos de las mujeres en Ecuador siguen siendo un desafío porque en todos los aspectos tenemos asuntos pendientes a causa de la discriminación, la exclusión y la violencia machista. En materia de acceso al trabajo y a oportunidades económicas y de desarrollo personal, por ejemplo, las mujeres padecieron la pandemia y la desaceleración de la actividad en forma desproporcionada; la eliminación de pequeños emprendimientos y la reducción de las oportunidades para las ventas informales las golpearon con mayor fuerza, y para muchas fue difícil recuperar esos espacios.

Las desigualdades afectan de maneras diferentes a mujeres de distintos grupos sociales. Ecuador tiene una población indígena grande, hay una gran fuerza campesina femenina, pero las mujeres no son dueñas de la tierra. Hay muchísima discriminación, y las personas indígenas y afrodescendientes tienen muchas más dificultades para acceder a oportunidades. Las mujeres indígenas y negras campesinas y migrantes internas son más vulnerables porque sufren la violencia de un sistema que desvaloriza lo indígena y lo campesino.

En Ecuador también hay una gran presencia de mujeres en situación de movilidad, en su mayoría jóvenes, en edad reproductiva. Están llegando sin papeles y entrando por pasos migratorios no autorizados, lo que las expone a situaciones de trata, explotación sexual y violación, además de a situaciones de violencia xenófoba. En ese sentido, los derechos de las mujeres atraviesan una situación de emergencia desde mucho antes de la pandemia. 

Todas estas exclusiones van acompañadas de violencia, y Ecuador sigue teniendo pendiente el desarrollo de una estrategia para enfrentar esa violencia. Aunque la violencia psicológica sigue siendo la más prevalente, todas las formas de violencia han aumentado. Por ejemplo, la violencia obstétrica - es decir, las acciones u omisiones por parte del personal de salud que violan derechos de las mujeres durante el embarazo o el parto- es altísima: afecta a un 42% de mujeres, y en el área rural y en determinados grupos étnicos es mucho más prevalente. El Estado hace escasos esfuerzos y no da prioridad al tema del femicidio; el año pasado tuvimos 118 casos. Este año ya llevamos 131, entre los que se cuentan muertes violentas de mujeres relacionadas con venganzas de pandillas o delincuentes. La violencia contra las mujeres es un problema gravísimo en el Ecuador, y mientras el gobierno no se ocupe de ella estará incumpliendo con los derechos que están en la Constitución.

El Estado ecuatoriano debería entregar boletas de protección u órdenes de alejamiento e investigar femicidios. También debería combatir la violencia que está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y que se expresa muy fuertemente bajo la forma de violencia sexual, así como en otras formas de violencia como la violencia política.

En ese marco se coloca el panorama de los derechos sexuales y reproductivos. Recién el 28 de abril de 2021 se despenalizó el aborto en caso de violación. Es algo tan básico y por lo cual hubo que luchar tanto tiempo, lo que indica hasta qué punto el Estado ecuatoriano está atado a intereses de grupos de poder económicos que están fuertemente ligados a grupos de poder religioso. Cada año se embarazan en Ecuador entre 2.000 y 3.000 niñas. En 2019 fueron 4.000 menores de 14 años, y en la pandemia unas 3.000; según el Código Penal, estos embarazos son producto de violación.

¿Cómo ha sido el proceso que condujo a la legalización del aborto en casos de violación?

Hasta abril de 2021, el aborto solo estaba permitido cuando la vida o la salud de la mujer estaba en peligro o si el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. En respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto para todos los casos de violación. 

Esta ha sido una lucha de muchos años. Las organizaciones de derechos de las mujeres estamos defendiendo el aborto terapéutico y para casos de violación desde el año 2008, cuando se redactó la nueva constitución y cuando los grupos antiderechos intentaron derogar el aborto terapéutico. Ellos querían que las mujeres de este país no tuvieran posibilidad de abortar bajo ninguna circunstancia.

En ese marco, la propuesta de legalización del aborto por violación se presentó en 2012, cuando se elaboró el nuevo Código Penal. En 2013, el entonces presidente Rafael Correa - el activista antiderechos con más poder– excluyó esta posibilidad. Amenazó con renunciar y lanzó el típico cliché de que la Constitución garantiza y protege la vida desde la concepción.

En 2019 se volvió a plantear la despenalización del aborto en caso de violación producto de una iniciativa legislativa procedente de la Defensoría Pública. La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (CNME) y la Fundación Desafío volvimos a trabajar por la despenalización en casos de violación. Pero a último momento, en la negociación legislativa, el tema fue usado como moneda de cambio, y perdimos la votación. Teníamos los 70 votos que se necesitan para aprobar una moción en la Asamblea, pero varios asambleístas de bancadas que habían comprometido su apoyo finalmente votaron en contra. Logramos 65 votos frente a 59 de los antiderechos. Perdimos y el proceso tomó otro rumbo, el de la Corte Constitucional.

Dos meses antes de la votación, la Fundación Desafío y la CNME ya habíamos interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y una demanda de incumplimiento en la Corte Constitucional, porque las mujeres de este país no tenemos confianza en que los poderosos de turno contemplen nuestros intereses. En diciembre de 2019 estas dos demandas fueron admitidas y en noviembre de 2020 se sumaron otras organizaciones de mujeres, además de la Defensoría del Pueblo.

Tras el fallo de la Corte Constitucional, la determinación de los plazos sigue siendo un desafío inmenso. Nosotras planteamos que no hubiese plazo, pero algunos médicos y profesionales de la salud ya están poniendo plazos en el proyecto de ley, de modo que eso es algo que vamos a tener que pelear en la Asamblea.

¿Qué roles ha desempeñado la Fundación Desafío?

Además de presentar las mencionadas demandas de inconstitucionalidad y de incumplimiento, hemos desempeñado un rol de liderazgo en el cabildeo legislativo. Este trabajo se sumó a la contribución de muchas otras organizaciones que trabajaron con la población, haciendo talleres, organizando redes para acompañar a mujeres en situación de aborto y abriendo espacios que dan a las mujeres la posibilidad de decidir, aunque sea en un contexto de ilegalidad.

En los procesos legislativo de 2013 y 2019 hicimos de todo. Hicimos campañas comunicacionales, produjimos videos cortos de gente que tiene visibilidad pública, trabajamos en redes, presentamos nuestras investigaciones. Tuvimos un rol en el día a día en la Comisión de Justicia, que trabajó los dos informes que luego pasaron al plenario. Nosotras canalizamos la presencia de Human Rights Watch, que desde una perspectiva de legislación comparada instó a la Asamblea a avanzar en la legalización, y de varias mujeres que dieron sus testimonios, incluidas una mujer violada y una mujer que trabaja en el sector de la violencia en los niños. También hicimos una campaña para que se aprobara el Código de la Salud, que incluía varios artículos sobre derechos sexuales y reproductivos. Después de ocho años de debates, el Código de Salud se aprobó en agosto de 2020 en la Asamblea y el expresidente Lenin Moreno lo vetó totalmente al mes siguiente.

Finalmente, apoyamos la conformación de la Red Ecuatoriana de Fe, formada por cristianos evangélicos progresistas. Este grupo hizo presentaciones y comunicados. El movimiento sindical y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador también se posicionaron a favor en el proceso. Toda esa documentación fue entregada a la Asamblea y luego a la Corte Constitucional.

¿Qué impacto piensas que tendrá este cambio legal?

Para quienes hemos dejado la vida en esto y la seguiremos dejando, este cambio tiene un gran impacto simbólico a pesar de ser un pequeño paso. Obviamente, la legalización del aborto en casos de violación es algo enorme para las niñas violadas, que en Ecuador son muchísimas, y para las mujeres en general que ahora pueden finalizar un embarazo producto de un crimen, si así lo deciden. Y si bien no se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en cualquier circunstancia, simbólicamente es un progreso enorme porque desmitifica el aborto y la posibilidad de tomar decisiones sobre el curso de un embarazo en caso de violación. Ahora es legal tomar decisiones sobre el cuerpo de una mujer embarazada que ha sido violada; el Estado ha dado su aprobación y por primera vez ha puesto a la víctima en el centro del debate. Entonces, ¿por qué no van a poder las mujeres que no han sido violadas tomar decisiones sobre sus cuerpos? Implícitamente creo que se van dando estos desplazamientos.

El próximo paso a muy corto plazo sería que también se despenalice el aborto en caso de malformación letal del feto. El escenario de la despenalización total hay que plantearlo en la Asamblea, como ha ocurrido en otros países. Tal vez digan que no, pero ese es el camino y alguien lo tiene que hacer.

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COLOMBIA: “Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida”

CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Colombia con un grupo de integrantes de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, quienes respondieron a nuestras preguntas en forma colectiva. La FCSPP es una organización que promueve el respeto y la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en Colombia, con el foco en los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, trato digno, juicio justo e imparcial y otros derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en protestas. La Campaña Defender la Libertad es una red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

¿Cuáles son las principales causas de las recientes protestas en Colombia?

Desde nuestra lectura, las razones que impulsan las protestas en Colombia son diversas. A la injusticia tributaria, reflejada en propuesta presentada por el gobierno nacional para recaudar más impuestos, se sumó su pésimo manejo de la crisis sanitaria y de las crisis económica, ecológica y socioambiental exacerbadas por la pandemia. En el contexto de la pandemia, una demanda clave pasó por el ineficiente manejo del sistema de salud colombiano y la necesidad de una reforma con foco en la protección de quienes trabajan en el sector sanitario y de atención integral y preventiva a la población en general. También pasaron a primer plano el ineficiente manejo del sistema público de pensiones y los reclamos por la ausencia de políticas públicas que promuevan el acceso equitativo de la juventud colombiana a una educación gratuita y de calidad, así como a empleos de calidad.

Además, a las injusticias socioecológicas provocadas por la política minero-energética promotora de megaproyectos extractivos depredadores se sumó la falta de compromiso del gobierno nacional para firmar el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales, acompañada de una ola que no cede de homicidios y otros ataques contra liderazgos sociales, comunitarios, ambientales, territoriales, comunales y de derechos humanos. Esta violencia se ve perpetuada por la impunidad garantizada por el sistema judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos dentro de la fuerza pública y el Estado en general.

Las protestas también han resaltado la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, la cual en vez de ser protegida, es estigmatizada y atacada por el Estado.

¿Qué conexión mantienen estas protestas con las que ocurrieron en años anteriores?

Las protestas actuales se colocan en directa continuidad con las protestas del año 2020, dado que la pandemia generó un paréntesis extendido durante el cual se impidió que la protesta social se desarrollara físicamente. Durante ese período, sin embargo, las problemáticas estructurales que motivan las protestas sociales no se olvidaron ni mucho menos desaparecieron, sino que por el contrario a menudo se profundizaron y se agravaron.

¿Cómo han respondido las autoridades a las protestas?

La Policía Nacional ha respondido con una avanzada violenta, desproporcionada y en varios casos ilícita, contra las personas manifestantes. Según datos de la Campaña Defender la Libertad, desde el 28 de abril hasta el 21 de julio de 2021 esta violencia dejó 87 personas civiles asesinadas en el marco de protestas, 28 de ellas atribuibles a la fuerza pública, siete a civiles no identificados y 46 a agresores no identificados. En ese lapso, 1905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) y civiles no identificados. Asimismo, 326 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, 106 fueron víctimas de violencias basadas en género, y 3.365 personas fueron detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, lo que dio lugar a 1.603 denuncias por abuso de poder y violencia policial. Estas cifras evidencian la poca disposición al diálogo de las autoridades y la forma en que es violado el derecho a la protesta social en el país. Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida.

Estas vulneraciones de derechos no se producen solamente en el momento de la protesta social sino que también se extienden a las instituciones que deben atender, sistematizar datos y dar seguimiento a las violaciones. Hemos documentado casos de personas heridas que no han sido atendidas en hospitales y centros médicos. Asimismo, los registros de personas desaparecidas de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía divergen ampliamente; al 5 de junio la Defensoría registraba 89 personas desaparecidas en el marco de las protestas, mientras que la Fiscalía registraba 129. Esto demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones estatales que deben desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y oportuno a las vulneraciones de derechos humanos.

¿Qué efectos tuvo la represión sobre los manifestantes?

Luego de que los medios de comunicación difundieran algunos casos, en especial de homicidios y violencia sexual cometida presuntamente por la fuerza pública, la ciudadanía siguió manifestándose en actos de solidaridad y memoria colectiva. También, con el objeto de coordinar acciones, informar a la ciudadanía, debatir y establecer reivindicaciones comunes claras, se realizaron tres Asambleas Nacionales Populares, dos de carácter presencial – una en Bogotá, del 6 al 8 de junio, y otra en Cali, del 17 al 20 de julio- y una tercera de manera virtual, el 15 de agosto. Todas ellas tuvieron amplia participación popular, de organizaciones y movimientos sociales. En localidades, municipios y ciudades también se hicieron discusiones para plantear intereses, necesidades y propuestas. Esto demuestra la disposición de la ciudadanía que ha estado protestando al diálogo permanente con instancias gubernamentales para plantear sus exigencias.

 

¿Cómo se ha podido sostener la movilización durante varios meses? ¿Se espera que las protestas continúen?

En algunos territorios los manifestantes encontraron una serie de condiciones que les permitieron reunirse pacíficamente y originar nuevos procesos organizativos mediante el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación. Estos procesos se basaron en relaciones de solidaridad previamente constituidas, no solamente en las organizaciones sino también en la sociedad civil no organizada, que se movilizó no únicamente en las marchas pacíficas, sino también a través del envío de donaciones no perecederas, insumos médicos básicos, elementos de protección y otras formas de apoyo a las juventudes movilizadas en lo que actualmente se conoce como “las primeras líneas”.

La movilización se ha sostenido gracias a formas de organización nuevas y creativas que lograron distribuir roles en medio de las álgidas jornadas de represión policial, con personas encargadas de sostener barreras defensivas con escudos improvisados o relativamente elaborados, otras a cargo de devolver los gases lacrimógenos y elementos de disuasión usados por la policía, otras encargadas de dar primeros auxilios médicos, psicosociales, emocionales y jurídicos a quienes los necesitaran, y otras desempeñando roles de cuidado, proporcionando alimentación e hidratación a los manifestantes. El resultado fue el surgimiento de espacios tales como “Puerto Resistencia” en Cali y el “Espacio Humanitario Al Calor de la Olla” en Bogotá, que se replicaron en otros puntos de resistencia en el país. En estos espacios confluyen tejidos interorganizativos e intergeneracionales que a través del diálogo y encuentros asamblearios construyen consensos y priorizan acciones itinerantes adaptables al contexto de cada territorio.

Es de esperar que las protestas continúen, toda vez que éstas no se han surgido únicamente de los históricos epicentros de convocatorias, como las centrales obreras y sindicatos profesorales, sino que hay múltiples epicentros de convocatorias en las ciudades y carreteras del país que logran movilizar ciudadanías diversas organizadas, en proceso de organizarse y no organizadas con diversas motivaciones o coyunturas particulares que las impulsan a salir a las calles. Se vienen fechas históricas que seguramente generarán movilización, tal vez no con una constancia diaria como ocurrió entre abril y julio, pero sí con acciones que mantendrán vivas las exigencias visibilizadas tanto en las Mesas Nacionales de Diálogo del Comité Nacional de Paro como en otros espacios promovidos por la sociedad civil a nivel local y municipal.

¿Cómo han afectado a las manifestaciones los ataques de grupos civiles armados?

La Campaña ha documentado múltiples situaciones en que civiles armados atacan a manifestantes, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. Varias de las agresiones registradas fueron cometidas por civiles en compañía de miembros de la fuerza pública, quienes no realizaron ninguna acción para detenerlos, sino que más bien los apoyaron. Varios de estos civiles se autodenominan “defensores de la propiedad privada”.

Un claro ejemplo de ello, tomado de los registros del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña, ocurrió en Cali en la tarde del 9 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional, junto a varios civiles movilizados en camionetas, atacaron a la Guardia Indígena, un grupo de resistencia civil movilizado en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. El ataque dejó diez personas heridas, una de ellas en estado de gravedad tras recibir un doble impacto de bala en el estómago. Otro caso registrado por el SIAP sucedió en Cali el 6 de mayo; en esta oportunidad, personas armadas vestidas de civil se bajaron de un camión y dispararon contra manifestantes. Como resultado de los reclamos de la ciudadanía para que el Ejército los detuviera, el interior del camión fue revisado y se encontró una chaqueta de la policía, y cuando se revisaron las placas del automotor se determinó que era propiedad policial.

En otros casos, los civiles armados actúan sin presencia de la policía. Es importante mencionar la presencia de grupos paramilitares: en sectores donde hubo un aumento de la movilización se encontraron grafitis y panfletos de grupos paramilitares como las Águilas Negras y las Autodefensas Unidas de Colombia, destinados a amedrentar a la población para disuadirla de participar en la protesta.

¿Cómo ha respondido el gobierno a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

En las declaraciones públicas en que se refirió a las recomendaciones de la CIDH, el presidente Iván Duque estigmatizó una vez más el ejercicio del derecho a la protesta social y subrayó los efectos de los cortes de ruta sobre los derechos a la movilidad y el trabajo. El Gobierno se amparó en la Constitución para rechazar la propuesta de separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y se mostró a la defensiva frente a la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento de los derechos humanos.

Muy a pesar de las recomendaciones, las vulneraciones de derechos humanos no cesaron. A partir del 7 de julio de 2021, día en que se conocieron públicamente las recomendaciones de la CIDH, la Campaña registró 152 detenciones, en su mayoría arbitrarias, 92 personas heridas por el accionar del ESMAD, la Policía Nacional y civiles armados, cuatro casos de violencias basadas en género, 29 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, 72 denuncias por abuso y violencia policial y 29 allanamientos. Esto ocurrió a pesar de que las movilizaciones habían disminuido en intensidad y frecuencia; buena parte de estas violaciones se concentró en la jornada del 20 de julio. Pero se observó un cambio de estrategia represiva, ya que aumentaron drásticamente los casos de allanamientos.

¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar a la sociedad civil colombiana?

La sociedad civil internacional puede apoyarnos a través de campañas como SOS Colombia, pero de manera permanente, no circunscripta a los momentos álgidos de represión. También podrían ayudarnos dando acompañamiento a los países garantes del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016 en la revisión exhaustiva de la ejecución de los recursos para la construcción de paz, y apoyando a las organizaciones que han denunciado el abuso policial y estatal a través de estrategias investigativas, comunicativas y de incidencia política en organismos internacionales de derechos humanos y espacios de incidencia para dar mayor visibilidad a la crisis social, humanitaria y ecológica que enfrenta Colombia.

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HONDURAS: “La sentencia de la Corte Interamericana marca un antes y un después para las personas LGBTQI+”

CIVICUS conversa con Indyra Mendoza, fundadora y coordinadora general de la Red Lésbica Cattrachas, una organización lésbica feminista dedicada a la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Honduras. En marzo de 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió un fallo en el caso de Vicky Hernández. Vicky, mujer trans y defensora de derechos humanos, fue asesinada entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, mientras regía un toque de queda a continuación de un golpe de Estado. Su asesinato ocurrió en un contexto de enorme discriminación y violencia, incluso de parte de la fuerza pública, contra las personas LGBTQI+.

Indyra Mendoza

¿Cómo fue el proceso que resultó en el fallo de la Corte IDH? ¿Cuál fue el rol de Cattrachas?

El Observatorio de Violencia de la Red Lésbica Cattrachas registró el caso de Vicky y enseguida lo identificó como un potencial caso de litigio estratégico, ya que fue uno de los primeros asesinatos de personas LGBTQI+ tras el golpe de Estado.

Ya antes del golpe de Estado, Cattrachas había identificado un patrón de violencia no letal hacia mujeres trans propiciado por agentes policiales. Y si bien ya habíamos registrado 20 muertes violentas de personas LGBTQI+ ocurridas entre 1998 y 2008, los asesinatos de personas LGBTQI+ se incrementaron tras el golpe de Estado en 2009, en particular el número de mujeres trans asesinadas incrementó. El Observatorio registró un total de 15 muertes violentas de mujeres trans, en su mayoría ocurridas durante toques de queda o estados de excepción decretados ilegalmente por el gobierno, cuando la custodia absoluta de las calles estaba en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

En el caso de Vicky, Cattrachas tuvo conocimiento de que no se había practicado autopsia, contactó a la familia y corroboró que se habían llevado a cabo muy pocas diligencias investigativas. El 23 de diciembre de 2012 Cattrachas presentó la petición inicial por el asesinato de Vicky ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; posteriormente se sumaría Robert F. Kennedy Human Rights, una organización de derechos humanos de los Estados Unidos. La Comisión emitió su informe de fondo, que estableció que había habido violaciones de derechos humanos, el 7 de diciembre de 2018 y envió el caso a la Corte IDH el 30 de abril de 2019. La audiencia pública se llevó a cabo los días 11 y 12 de noviembre de 2020. 

Finalmente, el 26 de marzo de 2021 la Corte IDH dictó una sentencia que declaró al Estado de Honduras responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la libertad personal, la privacidad, la libertad de expresión y el nombre en perjuicio de Vicky. Dictaminó además que el Estado de Honduras incumplió con la obligación establecida en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como la Convención de Belém Do Pará. Por otra parte, la Corte IDH estableció que la muerte de Vicky no fue investigada con la debida diligencia, por lo que condenó a Honduras por la violación del debido proceso, la protección judicial y la obligación establecida en el artículo 7.b de dicha Convención. Por último, la Corte declaró que se había violado el derecho a la integridad personal de las familiares de Vicky. La sentencia fue notificada el 28 de junio de 2021, a 12 años de consumados el golpe de Estado y el transfemicidio de Vicky Hernández.

La resolución de este caso fue excepcional. ¿A qué se debió esta excepción?

La resolución fue excepcional debido a las múltiples interseccionalidades de violencia presentes en la vida de Vicky. Vicky era una mujer trans, hondureña, joven, defensora de derechos humanos, trabajadora sexual, que vivía con VIH, contaba con escasos recursos económicos y en algún momento de su vida había sido migrante a causa de la precariedad laboral. El caso de Vicky es el primer caso de violencia letal en contra de una persona LGBTQI+ que se dio en la intersección de dos contextos relevantes: el golpe de Estado de 2009 y el contexto de violencia estructural que las personas LGBTQI+, y en particular las mujeres trans, viven en Honduras.

El caso permitió a la Corte reiterar estándares sobre el derecho a la identidad de género, la igualdad y no discriminación, e insistir en que, en contextos de violencia, subordinación y discriminación históricas, en este caso contra las personas trans, los compromisos internacionales imponen al Estado una responsabilidad reforzada. Asimismo, mediante una interpretación evolutiva la Corte estableció que las mujeres trans son mujeres, y por ende están protegidas por la Convención de Belém Do Pará.

¿Cuál es la significación de este fallo para las personas LGBTQI+ en Honduras?

La sentencia en el caso de Vicky marca un antes y un después, ya que establece garantías de no repetición que deben transformarse en políticas públicas a favor de las personas LGBTQI+.

Las medidas que establece la sentencia incluyen el establecimiento de una beca educativa para personas trans, que llevará el nombre de Vicky Hernández, la puesta en marcha de un plan de formación, sensibilización y capacitación para cuerpos de seguridad, la adopción de protocolos para el diagnóstico, la recopilación de datos, el seguimiento y la investigación de casos de violencia contra personas LGBTQI+, y la adopción de un procedimiento para reconocer la identidad de género en los documentos de identidad y en los registros públicos. Este procedimiento debe guiarse por los estándares de la Opinión Consultiva 24/17, lo cual implica que no requerirá de ninguna ley, debe ser expedito, no requiere exámenes patologizantes, no debe existir un registro histórico de los cambios y debe ser, en la medida de lo posible, gratuito.

A más de una década del asesinato de Vicky Hernández, ¿cuál es la situación de las personas LGBTQI+ en Honduras?

Las personas LGBTQI+ en Honduras nos enfrentamos a limitaciones constitucionales y legales basadas en orientación sexual, expresión e identidad de género que nos prohíben el acceso al matrimonio igualitario así como al reconocimiento del matrimonio celebrado en el extranjero, la unión de hecho, la adopción, la visita íntima en centros penitenciarios, el cambio de nombre basado en la identidad de género y la donación de sangre. Específicamente en relación con el cambio de nombre, la sentencia de la Corte IDH en el caso de Vicky manda al Estado a establecer un procedimiento adecuado y efectivo para poder reconocer la identidad de las personas trans.

Honduras es el país con la tasa de muertes violentas de personas LGBTQI+ más alta de Latinoamérica y el Caribe. Desde el transfemicidio de Vicky a la fecha han asesinado a 388 personas LGBTQI+ en Honduras y una persona se encuentra desaparecida; 221 de esas personas son gays, 112 son trans y 46 lesbianas; tan solo 83 casos han sido judicializados, resultando en 11 sentencias absolutorias y 34 sentencias condenatorias, lo cual refleja un 91% de impunidad.

En suma, las personas LGBTQI+ no solo nos enfrentamos a obstáculos legales grandes, sino también a un contexto de violencia letal muy alto y a la falta de acceso a la justicia.

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ZAMBIA: "Las prácticas electorales observadas hasta ahora no indican buenas lecciones para la región"

McDonald ChipenziCIVICUS conversa con McDonald Chipenzi, Director Ejecutivo de la iniciativa Servicios de Gobernanza, Elecciones, Incidencia e Investigación (GEARS, Governance, Elections, Advocacy, Research Services) y presidente del Consejo de ONG de Zambia, acerca del estado del espacio cívico en vísperas de las cruciales elecciones generales que se celebrarán el 12 de agosto de 2021.

¿Cuál es la situación del espacio cívico y las libertades de los medios de comunicación antes de las elecciones?

El espacio cívico y mediático en Zambia sigue siendo frágil y se ha ido reduciendo a causa de restricciones legales. Esto se ha visto agravado por el estallido de la pandemia de COVID-19 y la imposición de nuevas normas y directrices que han aumentado las restricciones a la libertad de movimiento y a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de la ciudadanía. Esto ha resultado en una ineficaz participación de la ciudadanía en los asuntos públicos nacionales.

Las normas y directrices relativas al COVID-19 han agravado el ya delicado y restringido estado del espacio cívico, mediático y político en Zambia. Estas restricciones son el resultado de la aplicación selectiva de leyes arcaicas, como la Ley de Orden Público de 1955, y de leyes recientemente promulgadas, como la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelitos de 2021, cuyo objetivo es interceptar, vigilar e interferir en las conversaciones, la correspondencia y las comunicaciones de la ciudadanía, incluso sin orden judicial. Esta nueva ley, que se considera destinada a reducir el espacio cívico virtual, ha infundido temor en la ciudadanía, disuadiéndola de participar efectivamente en forma virtual. Como resultado, muchas personas han optado por permanecer en silencio o han abandonado plataformas virtuales como WhatsApp y Facebook.

El espacio de los medios de comunicación también sigue marcado por la intimidación y el acoso como resultado de leyes restrictivas y de las acciones de las élites gobernantes. El cierre de Prime TV, una cadena de televisión privada, en marzo de 2021, tuvo un efecto paralizador en la comunidad de los medios de comunicación. La mayoría de ellos temen ahora acoger voces críticas y líderes de la oposición. Temen perder la publicidad del gobierno y otras oportunidades de negocios. Los actores más cercanos a los poderes fácticos también se distancian de los medios de comunicación que dan cabida a las voces críticas.

¿Cuáles son las principales preocupaciones de la sociedad civil de cara a las elecciones?

La principal preocupación de la sociedad civil es la seguridad de todos los involucrados, ya que la policía no se compromete a proporcionar seguridad a todos por igual. La policía se ha mostrado reacia a hacer frente a la violencia perpetuada por las élites del partido gobernante, e incluso ha contribuido a ella. Se teme que el día de las elecciones, cuando algunos partidos sientan que están perdiendo en algunos distritos electorales, realicen acciones disruptivas para obligar a repetir la votación, lo cual podría beneficiarles.

Otra preocupación es la posibilidad de que se produzca un corte de internet, de los servicios de telefonía móvil y de las redes sociales, especialmente después de la votación, para tratar de ocultar los resultados.

Una tercera preocupación es la pandemia de COVID-19, que se temió que se extendería si los partidos políticos celebraban mítines. Según el Ministerio de Salud y la Comisión Electoral de Zambia (CEZ), los mítines fueron considerados potenciales eventos de superdifusión de la COVID-19, por lo que se recomendó su prohibición. Esto afectó sobre todo a la oposición, ya que los funcionarios del partido gobernante continuaron utilizando las inauguraciones e inspecciones de proyectos de desarrollo como excusa para hacer campaña.

Hay que tener en cuenta que el grupo de trabajo sobre COVID-19 formado por la CEZ para desarrollar las directrices estuvo dominado por las instituciones gubernamentales. De las 14 instituciones representadas, nueve eran gubernamentales, y hubo apenas tres espacios para los medios de comunicación y dos para organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de género y agua y saneamiento.

Para prevenir la violencia y mantenerla bajo control en caso de que se produzca, la sociedad civil trabaja con la policía, alentándola a ser más profesional y ética, y con los partidos políticos, para que proporcionen orientación a sus cuadros. También está haciendo un llamamiento al presidente de la República para que libere a la policía para que pueda enfrentarse a los delincuentes independientemente de su filiación partidaria.

En cuanto a la posibilidad de un corte de los medios de comunicación y de internet, las organizaciones de la sociedad civil han enviado peticiones al presidente de la República para que se abstenga de interrumpir el servicio de internet o las redes sociales durante y después de las elecciones.

Para estas elecciones, la Iniciativa GEARS desarrolló la llamada “estrategia Ing'ombe Ilede”, que permitirá recolectar los resultados electorales en caso de un corte de internet. Se ha designado un lugar común para que los coordinadores de circunscripción y de provincia que participan en las elecciones compartan sus documentos sin necesidad de reunirse. Esta estrategia está inspirada en las antiguas tácticas comerciales utilizadas en un lugar llamado Ing'ombe Ilede, situado en el valle de Gwembe, en una provincia del sur de Zambia. Creemos que esta estrategia ayudará a sortear un posible corte de internet, sobre el cual ya ha advertido el gobierno.

¿Está aumentando la polarización en vísperas de las elecciones? ¿Qué efectos tendrán las elecciones sobre la división social y política?

Las elecciones han polarizado al país, ya que los políticos del partido gobernante están utilizando el regionalismo y el tribalismo para ganar votos en sus supuestos bastiones. El impacto de esto será una profunda división después de las elecciones, especialmente si el partido gobernante gana las elecciones, ya que marginará a quienes considere que no lo apoyaron en las elecciones. Los grupos o regiones percibidos como baluartes del principal partido de oposición ya han sido marginados y discriminados en términos de oportunidades económicas y de desarrollo, incluido el reparto de cargos políticos en el gobierno.

Las oportunidades de empleo y negocios también son un coto de quienes son percibidos como partidarios del partido gobernante. Los mercados y las estaciones de autobuses están en manos de partidarios del partido gobernante y no de los ayuntamientos. Esto ha reducido el espacio cívico de muchos ciudadanos que sobreviven gracias al comercio en los mercados y las estaciones de autobús, ya que les ha llevado a adoptar la llamada “estrategia de la sandía”, así designada porque dicha fruta es verde (el color del partido gobernante) por fuera y roja (el color de la oposición) por dentro. Esto les permite sobrevivir en esos mercados, paradas de autobús y estaciones y paradas de taxi. Esta situación puede agravarse si el partido gobernante mantiene el poder.

¿Cuál es la situación de la economía, y cómo influirá en las decisiones de los votantes?

El estado de la economía zambiana no es bueno, sino que afecta a muchos ciudadanos de a pie. La moneda local, el kwacha, ha seguido depreciándose frente a las principales divisas convertibles. El costo de vida se ha cuadruplicado y los precios de los productos básicos se han disparado. Los pobres apenas consiguen vivir mientras las élites políticas gobernantes duermen encima del dinero debido a la excesiva corrupción y al abuso de los recursos del Estado en ausencia de controles y rendición de cuentas. Los pobres comen para vivir, no viven para comer. Esto tendrá un fuerte impacto en las zonas periurbanas de las principales ciudades, como Lusaka y los pueblos de Copperbelt.

La población rural, por su parte, puede que no se vea tan afectada por la situación de la economía, ya que la mayoría recogió buenas cosechas en las últimas temporadas de lluvias y también se benefició de un plan de transferencias sociales en efectivo dirigido a las personas mayores y e sectores vulnerables, que ahora se ha convertido en una herramienta de campaña. Además, los votantes rurales tienden a ser conservadores y a votar por los partidos políticos tradicionales preferidos por sus antepasados.

Zambia ha sido conocida como un bastión de la democracia en la región. ¿Qué impacto tendrán estas elecciones sobre la democracia, tanto en Zambia como en la región?

Esta elección es clave para el desarrollo de una tendencia regional sobre el manejo electoral. Si se gestiona muy mal y desemboca en el caos, puede influir negativamente en la región, ya que los líderes de la mayoría de los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) suelen copiarse unos a otros. Al tratarse de una de las pocas elecciones celebradas en la región durante la pandemia de COVID-19 tras las históricas elecciones de Malawi, Zambia tiene la oportunidad de demostrar que sigue siendo el bastión de la democracia en la SADC.

Sin embargo, las prácticas observadas hasta ahora no indican buenas lecciones para la región. Por ejemplo, la cancelación de mítines y otras actividades de campaña, principalmente dirigidas contra la oposición, mientras el partido gobernante y los funcionarios públicos siguen realizando sus campañas, es una muy mala lección para la democracia, la competencia justa y la credibilidad de las elecciones. La aplicación selectiva del código de conducta electoral por parte de la autoridad electoral es también un muy mal ejemplo para la región. Por lo tanto, la región tendrá que separar las buenas prácticas de las malas. Sin embargo, la mayoría de las instituciones electorales y los líderes políticos se inclinan más por las malas prácticas y dejan de lado las buenas, ya que aquellas benefician a los titulares del poder.

¿Qué pueden hacer los grupos regionales y globales de la sociedad civil para apoyar a la sociedad civil zambiana durante este periodo de elecciones y tras ellas?

La sociedad civil regional y global tiene un rol importante que desempeñar para garantizar que en Zambia prevalezca la paz y que después de las elecciones no se produzcan intimidaciones y acosos dirigidos contra el movimiento de la sociedad civil. Es necesario vigilar los acontecimientos postelectorales, especialmente en lo que respecta a las maniobras para reducir el espacio cívico. A pocos días de las elecciones, el 9 de agosto, el Secretario Permanente del Ministerio de Información y Radiodifusión, Amos Malupenga, emitió un comunicado en el que advertía a la ciudadanía que el gobierno podría cortar internet antes de las elecciones, lo cual supone una amenaza directa para el disfrute de las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en línea de la ciudadanía durante y después de las elecciones.

El ejército y otras fuerzas de defensa, además de la policía, se han desplegado en las calles de todo el país con el pretexto de sofocar cualquier posible acto de violencia política y electoral. Esto puede dar lugar a abusos que socaven el espacio cívico físico. Por lo tanto, el espacio cívico y político tanto físico como virtual continuarán constantemente bajo amenaza del establishment durante y después de las elecciones, como lo han estado antes.

La sociedad civil y los medios de comunicación críticos son blancos potenciales de intimidación y acoso tras las elecciones; de ahí la necesidad de que la sociedad civil global y regional apoye a la sociedad civil de Zambia con estrategias para contrarrestar las represalias que tras las elecciones pueda imponerles la maquinaria estatal. Si el gobierno actual gana, su categorización, marginación y discriminación de las organizaciones de la sociedad civil según su filiación partidaria real o percibida empeorará tras las elecciones.

Dado que el proceso de derogación de la Ley de ONG sigue en curso, el periodo postelectoral podría ser testigo de la adopción de un nuevo enfoque para completarlo.

Se necesitarán estrategias de solidaridad y fondos legales para ayudar a quienes puedan ser incriminados y acusados bajo leyes arcaicas. Es necesario seguir desafiando la Ley de Ciberseguridad y Ciberdelitos, la Ley de Orden Público y la Ley de ONG. Para ello, es necesario que la sociedad civil regional y global apoye, defienda, promueva y proteja el espacio cívico y mediático en Zambia antes, durante y después de las elecciones.

El espacio cívico en Zambia es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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MYANMAR: “Casi todos los detenidos nos dicen que fueron golpeados”

CIVICUS conversa con Manny Maung, investigador en Myanmar de Human Rights Watch (HRW), acerca de la situación de derechos humanos en Myanmar. Anteriormente Manny fue periodista y pasó muchos años viviendo y trabajando en Myanmar.

Myanmar sigue figurando en la lista de vigilancia de CIVICUS, que incluye a países que recientemente han experimentado rápido deterioro de sus libertades cívicas. En Myanmar los militares tomaron el poder mediante un golpe de estado el 1º de febrero de 2021, arrestaron a los líderes civiles de los gobiernos nacional y estaduales y lanzaron una brutal represión contra el movimiento de protesta en todo el país. Más de seis meses más tarde, el asalto al espacio cívico continúa. Miles de personas han sido detenidas y encarceladas arbitrariamente. Muchas enfrentan acusaciones infundados y se han denunciado torturas y malos tratos durante los interrogatorios, así como muertes bajo custodia.

Manny Maung

¿Cuál es la situación de las libertades cívicas en Myanmar a más de cinco meses del golpe?

Desde el golpe militar del 1º de febrero, hemos asistido a un rápido deterioro de la situación. Miles de personas han sido detenidas arbitrariamente y cientos han sido asesinadas, mientras que muchas más están escondidas e intentan evitar ser detenidas. HRW ha determinado que los militares han cometido contra la población abusos que equivalen a crímenes contra la humanidad, por lo que es evidente que la situación para la sociedad civil es extremadamente peligrosa, ya que las libertades cívicas se han vuelto inexistentes.

¿Sigue activo el movimiento de desobediencia civil (MDC) a pesar de la represión?

Se siguen realizando protestas a diario, aunque son más pequeñas y ad hoc. Se producen protestas relámpago en todo Myanmar, no solamente en las principales ciudades. Pero estas manifestaciones están ahora algo acalladas, no sólo por la violenta represión de las fuerzas de seguridad, sino también por la devastadora tercera oleada de infecciones por COVID-19. Se han dictado cientos de órdenes de detención contra los líderes de las protestas, incluidos casi 600 médicos que han participado en o liderado el MDC. Periodistas, abogados y líderes de la sociedad civil han sido objeto de ataques, al igual que cualquiera que sea considerado un líder de la protesta o de la huelga. En algunos casos, si las autoridades no encuentran a la persona que pretenden detener, arrestan a sus familiares como forma de castigo colectivo.

¿Cuál es la situación de los manifestantes que han sido detenidos y encarcelados?

Casi todas las personas con las que hablamos que fueron detenidas o acorraladas durante la represión generalizada de las protestas nos cuentan que fueron golpeadas cuando fueron detenidas o mientras estaban retenidas en centros de interrogatorio militares. Un adolescente describió que le golpearon tan fuerte con la culata de un rifle que se desmayó entre entre una y otra paliza. También describió cómo le obligaron a meterse en una fosa y le enterraron hasta el cuello mientras tenía los ojos vendados, todo ello porque las autoridades sospechaban que era un líder de la protesta. Otros han relatado las graves palizas que les propinaron mientras estaban esposados a una silla, que les fueron negados agua y alimentos, que se les privó del sueño y que sufrieron violencia sexual o amenazas de violación.

Muchos de los manifestantes que siguen detenidos no han tenido realmente un juicio. Algunos han sido acusados y condenados, pero se trata de un número pequeño comparado con los miles que están esperando que sus casos avancen. Muchos de los detenidos que ya han salido de la cárcel nos dicen que han tenido un contacto mínimo, si es que han tenido alguno, con sus abogados. Pero los abogados que los representan también corren riesgos. Al menos seis abogados que defienden a presos políticos han sido detenidos, tres de ellos mientras representaban a un cliente en un proceso judicial.

¿Cómo ha afectado al MDC la interrupción de los servicios de internet y televisión?

La prohibición de la televisión por satélite se ha sumado a las restricciones del acceso a la información. La Junta alegó que las “organizaciones ilegales y las organizaciones de noticias” estaban emitiendo por satélite programas que amenazaban la seguridad del Estado. Pero las prohibiciones parecen dirigirse principalmente a los canales de noticias extranjeros que emiten por satélite en Myanmar, entre ellos dos emisoras independientes en lengua birmana, Voz Democrática de Birmania y Mizzima, a las que la Junta revocó sus licencias de medios en marzo. Los cortes de internet también han dificultado el acceso a la información y la comunicación en tiempo real.

Los cortes generalizados de internet son una forma de castigo colectivo. Dificultan el acceso a la información y las comunicaciones necesarias para la vida cotidiana, y resultan especialmente disruptivos durante la crisis y la pandemia de COVID-19. Las restricciones también dan cobertura a los abusos de derechos humanos y complican los esfuerzos para documentar las violaciones.

¿Por qué ha aumentado la violencia en las zonas étnicas, y cuáles son sus blancos preferidos?

En algunas partes del país el golpe provocó la reanudación de los combates entre grupos étnicos armados y el ejército. El estado de Rakhine parece ser la excepción, ya que allí el Ejército de Arakan ha negociado un alto el fuego y las protestas contra los militares no han sido tan ruidosas ni generalizadas. Otros grupos étnicos armados, como el Ejército por la Independencia de Kachin y el Ejército de Liberación Nacional de Karen (KNLA), han acogido con satisfacción la resistencia frente a los militares y están proporcionando refugio a quienes huyen de los militares en los territorios que controlan. Los renovados enfrentamientos entre el ejército y el KNLA han dado lugar a diversas violaciones de derechos humanos de la población civil y han desplazado a miles de personas en la frontera entre Tailandia y Myanmar.

¿Qué opina de la respuesta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a la situación de Myanmar?

La ASEAN ha intentado utilizar los canales diplomáticos, pero esta situación no es la habitual. Los militares se han hecho con el poder y han estado cometiendo crímenes contra su propio pueblo, una población civil que ya ha expresado su preferencia en las elecciones. Tras meses de negociaciones inútiles, la ASEAN debería estar preparada para imponer sanciones a Myanmar. Como naciones independientes, los Estados miembros de la ASEAN deben actuar juntos e imponer sanciones selectivas a Myanmar para garantizar que los militares dejen de actuar con total impunidad.

La reacción del general Min Aung Hlaing, que se ha autoproclamado primer ministro, ante el plan de consenso de cinco puntos propuesto por la ASEAN, muestra su absoluto desprecio por la diplomacia regional y pone de manifiesto que sólo responderá a demostraciones de fuerza, tales como la de cortar su acceso y el de los militares a ingresos del exterior mediante la imposición de sanciones.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a la sociedad civil e impulsar el retorno a la democracia?

HRW recomienda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) remita la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. El CSNU y países influyentes como Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Japón, India, Tailandia y la Unión Europea deberían aplicar sanciones coordinadas para presionar a la junta. El CSNU también debería aprobar una resolución para prohibir la venta de armas a Myanmar.

En cuanto a las organizaciones internacionales de la sociedad civil, deben seguir defendiendo a los miembros de la sociedad civil que actualmente se encuentran escondidos o detenidos arbitrariamente. Esto significa seguir presionando para que se reconozca la gravedad de la crisis política y humanitaria en Myanmar y presionar a los gobiernos para que actúen en beneficio del pueblo de Myanmar.

El espacio cívico en Myanmar es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

Siga a @mannymaung en Twitter.

 

MYANMAR: “Los militares convirtieron a los trabajadores de la salud de héroes en criminales de la noche a la mañana”

Nay Lin Tun May

CIVICUS conversa con Nay Lin Tun, un médico que colabora habitualmente como voluntario con los equipos de rescate en las zonas de emergencia de la ciudad de Yangon, en Myanmar. Desde que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado el 1º de febrero de 2021, el ejército ha iniciado una brutal represión contra el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), un movimiento de protesta que se extendió por todo el país y en el cual los profesionales de la salud han desempeñado un rol fundamental.

Desde el golpe de Estado, Nay Lin Tun ha estado en la primera línea tratando a manifestantes heridos por las fuerzas de seguridad. Anteriormente trabajó en el estado de Rakhine prestando atención médica comunitaria móvil a la población rohingya y a otros desplazados internos en zonas afectadas por el conflicto. También participó en la campaña Goalkeepers Youth Action Accelerator, dedicada a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

 

FILIPINAS: “Los cargos en mi contra son parte de la tentativa del gobierno de silenciar a quienes lo critican”

CIVICUS conversa con la presidenta del grupo de derechos humanos Karapatan, Elisa “Tita” Lubi, que actualmente enfrenta cargos falsos de intento de asesinato. Fue acusada, junto con el secretario general de Karapatan para la región de Mindanao Sur, Jayvee Apia, por la presunta comisión de estos delitos durante un enfrentamiento armado entre militares y miembros del grupo opositor armado Nuevo Ejército del Pueblo en mayo de 2018. La causa recién se abrió en junio de 2020, dos años después del supuesto enfrentamiento.

 

INDONESIA: “Los activistas independentistas pacíficos corren el riesgo de ser considerados terroristas”

CIVICUS conversa con Samuel Awom, coordinador del grupo de derechos humanos KontraS Papúa, que monitorea violaciones de derechos humanos, realiza trabajo de incidencia en favor de las víctimas y trabaja por la paz en Papúa. KontraS Papúa tiene su sede en Jayapura, la capital de Papúa, y monitorea la situación de derechos humanos en toda la región de Papúa.

 

MALASIA: “El gobierno debería haber asistido a los refugiados durante la pandemia”

CIVICUS conversa con Htoon Htoon Oo, refugiado y activista de Myanmar, actualmente residente en Malasia. En 2007 era estudiante de Química en la Universidad de Yangon Oriental y, en calidad de activista, participó en la llamada Revolución Azafrán, una serie de protestas desencadenadas por un aumento de los precios del combustible en 2007, las cuales fueron duramente reprimidas. También estuvo activo durante la transición de Myanmar de la dictadura militar a un gobierno cuasi civil en 2010.

Consciente de estar bajo la vigilancia del Estado y temiendo que sus familiares y seres queridos sufrieran represalias y acoso a causa de su activismo, huyó de Myanmar en 2011 y desde entonces vive como refugiado en Malasia.

Htoon Htoon Oo

¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en Malasia?

La vida de las personas refugiadas de Myanmar en Malasia sigue siendo difícil, ya que supone diversas luchas y sufrimientos. A menudo nos sentimos indefensos, desesperados y desprotegidos. En mayo de 2021, había unas 179.570 personas refugiadas y solicitantes de asilo registradas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Malasia. La mayoría -un total de 154.840- procedían de Myanmar, incluidas unas 102.950 de etnia rohingya, 22.490 de etnia china y 29.400 de otros grupos étnicos que huían de la persecución o de zonas afectadas por el conflicto.

Malasia aún no ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. La ausencia de un marco legal para reconocer a las personas refugiadas y solicitantes de asilo ha creado condiciones problemáticas y de explotación porque las personas refugiadas y solicitantes de asilo carecemos de derechos formales para trabajar, no tenemos estatus legal y seguimos corriendo el riesgo de ser arrestadas, detenidas y devueltas, y no nos beneficiamos de ninguna protección legal.

También tenemos libertades cívicas limitadas. Aunque hay muchas organizaciones de personas refugiadas de diversos orígenes, a la hora de expresar nuestras preocupaciones y organizar nuestras luchas, la realidad es que no podemos hacerlo libremente. Existe un temor común entre las personas refugiadas respecto de las consecuencias de hablar sobre nuestras luchas, expresar nuestras preocupaciones y reclamar por nuestros derechos.

Por ejemplo, según el artículo 4(a) de la Ley de Reuniones Pacíficas, el derecho a manifestarse pacíficamente está reservado exclusivamente a quienes tienen ciudadanía malaya. Además, en Malasia hay muchas leyes que tienen un efecto amedrentador que evita que las personas refugiadas se manifiesten, tales como la Ley de Inmigración, que criminaliza a los inmigrantes indocumentados, así como a los refugiados, dado que no estamos reconocidos por la ley. La Ley de Inmigración también expone a las personas refugiadas a severas formas de castigo, como la flagelación. La falta de reconocimiento de las personas refugiadas y solicitantes de asilo en Malasia nos expone a la detención, a la cárcel y a diversos abusos.

¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas refugiadas en el marco de la pandemia?

Desde que estalló la pandemia de COVID-19 en Malasia, en marzo de 2020, las personas refugiadas han enfrentado numerosas dificultades. El confinamiento, conocido como Orden de Control de Movimientos (OCM), que se implementó en todo el país, ha tenido un gran impacto sobre los refugiados.

Aunque según la legislación malaya no pueden trabajar, algunas personas refugiadas buscan trabajos informales para sobrevivir. Durante la pandemia, hemos visto casos de empleadores que obligan a personas refugiadas a trabajar por salarios inferiores a los normales o a tomar licencias no remuneradas o a renunciar solamente por su condición de refugiados. Muchas personas refugiadas han perdido sus empleos debido a la pandemia. Nada nos protege de estos abusos.

Durante la pandemia también hemos temido por nuestra seguridad porque ha habido varios casos de personas refugiadas que han sido blanco de la policía y de los funcionarios de inmigración debido a la falta de políticas claras y de conciencia de lo que es un refugiado entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Algunas personas refugiadas fueron multadas por la policía, y algunas incluso permanecieron detenidas en comisarías durante varios días.

También hay quienes nos tachan de inmigrantes ilegales aunque tengamos tarjetas o documentos completos y auténticos del ACNUR que nos acreditan como refugiados.

La mayoría de las personas refugiadas que enfrentan estas dificultades también hacen frente a la depresión y están mentalmente agotadas de tanto pensar en cómo sobrevivir y mantenerse a salvo.

¿Han recibido las personas refugiadas algún tipo de apoyo del gobierno malayo o del ACNUR durante la pandemia?

No hemos recibido ningún apoyo del gobierno de Malasia; más bien hemos experimentado más redadas y mayores restricciones. Esto es lo contrario de lo que debería haber ocurrido: deberían habernos facilitado el acceso a información sobre tratamientos y pruebas de diagnóstico del COVID-19 y debería haber habido otros programas de apoyo para refugiados durante la pandemia.

En cambio, en mayo de 2020 el departamento de inmigración y la policía de Malasia llevaron a cabo redadas de inmigración en Kuala Lumpur. Mientras que las personas inscritas en el ACNUR se libraron en gran medida de ser detenidas, las personas solicitantes de asilo no inscriptas fueron detenidas junto con los trabajadores migrantes indocumentados. Además, algunas quedaron atrapadas en zonas bajo confinamiento estricto, rodeadas de alambre de púa, donde se prohibía a los residentes salir de sus casas, lo que hizo que la situación fuera muy difícil. Muchos de nosotros no nos hemos recuperado de esto.

Durante la pandemia también ha habido en internet una oleada de discurso de odio hacia las personas refugiadas, y en particular hacia las rohingya, acompañada de anuncios y políticas gubernamentales hostiles hacia las personas migrantes y refugiadas.

El ACNUR envió mensajes directos a aquellas personas refugiadas cuyos documentos habían caducado, informándoles que seguirían siendo válidos hasta que el ACNUR pudiera reanudar sus operaciones normales, interrumpidas por la pandemia. Sin embargo, esto no supuso ninguna diferencia para la autoridad de aplicación de la ley, y muchas personas han sido multadas e incluso detenidas.

¿Cuál es la situación de las personas refugiadas en materia de acceso a la vacuna contra la COVID-19?

El gobierno de Malasia ha alentado a las personas refugiadas a inscribirse para la vacunación, pero no ha proporcionado información clara, y los sistemas existentes no son accesibles para las personas refugiadas.

Por ejemplo, la inscripción para la vacunación exige documentos específicos. El sistema exige a refugiados y solicitantes de asilo que introduzcan un documento de identidad o número de pasaporte, dos documentos a los que no tenemos acceso. El sistema debería ser más inclusivo para todas las personas que viven en Malasia, incluidas las refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes indocumentadas, porque las vacunas deberían ser la primera barrera contra el contagio de la COVID-19. Si nos detienen las cosas solo empeorarán, porque es sabido que en los centros de detención se producen cadenas letales de contagio. En la raíz de este problema está la criminalización de la inmigración.

¿Cuáles son las demandas de las comunidades de refugiados hacia el gobierno malayo y la comunidad internacional?

Nos gustaría que el gobierno malayo concientizara a la opinión pública sobre la condición de las personas refugiadas como tales, no como inmigrantes ilegales, grupos de riesgo o incluso delincuentes. Se ha impuesto una percepción negativa de las personas refugiadas, como si sólo se beneficiaran de la sociedad y no contribuyeran nada a ella, lo cual es falso.

La verdad es que queremos contribuir a Malasia en todo lo que podamos. Instamos al gobierno de Malasia a que dé a las personas refugiadas acceso legal al trabajo y a que reconozca el estatus legal de las personas refugiadas. Actualmente no podemos encontrar empleo formal, y la ausencia de reconocimiento nos expone a la explotación. Esperamos que el gobierno genere conciencia sobre las verdaderas razones por las que las personas refugiadas están aquí.

Espero que el gobierno pueda trabajar mano a mano con el ACNUR y la sociedad civil para resolver los problemas de las personas refugiadas de forma más adecuada y eficaz y no deporte a ninguna persona detenida de regreso a Myanmar, actualmente bajo un régimen militar. En cambio, deberíamos encontrar soluciones, tales como un programa de reasentamiento. También debería haber políticas e información claras sobre la vacunación que sean accesibles para todas las personas refugiadas.

El espacio cívico en Malasia es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

 

KIRGUISTÁN: “La decisión de la ciudadanía en el referéndum será clave para nuestro futuro”

Ulugbek AzimovCIVICUS y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos (International Partnership for Human Rights) conversan con Ulugbek Azimov, experto legal de la Fundación para la Prosperidad Jurídica (Legal Prosperity Foundation), acerca de las protestas que tuvieron lugar en Kirguistán en octubre de 2020 y los acontecimientos políticos que se produjeron a continuación. La Fundación para la Prosperidad Jurídica (ex Grupo Juvenil de Derechos Humanos) es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente que desde 1995 promueve los derechos humanos y los principios democráticos en Kirguistán. La organización lleva a cabo programas educativos, realiza un monitoreo de derechos humanos, interactúa con los mecanismos internacionales de derechos humanos y promueve el respeto de los derechos humanos en el contexto de las reformas legales.

A menudo se habla de Kirguistán como la única democracia de Asia Central. ¿Qué tan cerca de la verdad está esta caracterización?

Es cierto que a principios de la década de 1990, es decir, en los primeros años de independencia, la democracia brotó y comenzó a desarrollarse en Kirguistán. En comparación con otros países de la región, Kirguistán se caracterizó por tener un mayor nivel de participación ciudadana, una sociedad civil más desarrollada y condiciones más favorables para el funcionamiento y la participación de los partidos políticos en el proceso político. Por este motivo, Kirguistán fue calificado como una “isla de democracia” en Asia Central.

Sin embargo, en los 30 años transcurridos desde la independencia, Kirguistán ha enfrentado graves problemas. Los intentos de los expresidentes de preservar y reforzar su poder presionando a la oposición, persiguiendo a los medios de comunicación y al periodismo independiente, restringiendo la libertad de expresión, utilizando los recursos públicos en su beneficio, sobornando a los votantes y falsificando los resultados de las elecciones, han provocado grandes convulsiones políticas en varias oportunidades. En los últimos 15 años, el gobierno ha sido derrocado tres veces, en las llamadas revoluciones de los Tulipanes, de abril y de octubre, producidas en 2005, 2010 y 2020, respectivamente. Dos expresidentes se vieron obligados a huir del país, y el tercero debió dimitir antes de tiempo.

Desgraciadamente, a cada revuelta le siguió un proceso que socavó los logros democráticos anteriores. Por lo tanto, no es de extrañar que Freedom House haya calificado sistemáticamente a Kirguistán como “parcialmente libre” en su índice anual de Libertad en el Mundo. Además, en la última medición publicada este año, Kirguistán fue degradado a la categoría de “no libre” debido a las consecuencias de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020, que se vieron empañadas por graves violaciones. Así, Kirguistán se encuentra ahora en la misma categoría en la que se hallaban otros países de Asia Central desde hacía muchos años.

¿Se impusieron restricciones relacionadas con la pandemia en el período que precedió a las elecciones de 2020?

En respuesta al rápido aumento de los casos de COVID-19 en la primavera de 2020, las autoridades kirguisas adoptaron medidas de emergencia e impusieron el confinamiento en la capital, Bishkek, y en varias otras regiones del país, lo cual redundó en restricciones del derecho a la libertad de circulación y otros derechos relacionados. Se prohibieron todos los actos públicos, incluidos los de naturaleza política.

Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia también suscitaron preocupación porque impusieron restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información. Las autoridades apretaron fuertemente las tuercas a las voces críticas en respuesta a las críticas generalizadas a los gobernantes, incluido el entonces presidente Sooronbai Jeenbekov, por su incapacidad para luchar eficazmente contra la pandemia. Las autoridades policiales persiguieron a blogueros y comentaristas de las redes sociales con posiciones críticas, los visitaron en sus domicilios y mantuvieron con ellos conversaciones “profilácticas”. En algunos casos, se detuvo a usuarios de redes sociales por publicar información supuestamente falsa sobre la pandemia y se les obligó a disculparse públicamente bajo la amenaza de ser procesados.

La ley sobre “manipulación de la información”, que el Parlamento aprobó en junio de 2020, es especialmente preocupante. Aunque los promotores de la ley afirmaron que su único objetivo era abordar el problema de las cuentas falsas en redes sociales, desde el principio quedó claro que se trataba de un intento de las autoridades de introducir la censura en internet y clausurar sitios molestos en vísperas de las elecciones. Tras una avalancha de críticas por parte de la comunidad de medios de comunicación y de personas defensoras de derechos humanos, el entonces presidente Jeenbekov se negó a firmar la ley y en agosto de 2020 la devolvió al parlamento para que la revisara. Desde entonces, la ley ha permanecido en el parlamento.

¿Qué fue lo que desencadenó las manifestaciones postelectorales de octubre de 2020? ¿Quiénes protestaron y por qué?

El principal motivo de las protestas de octubre de 2020, que volvieron a provocar un cambio en el poder, fue el descontento de la población con los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de octubre.

De los 16 partidos que competían por escaños en el parlamento, sólo cinco superaron el umbral electoral del 7%, requerido para entrar en el parlamento. Aunque el entonces presidente Jeenbekov declaró públicamente que no apoyaba a ningún partido, el más votado, Birimdik (Unidad), estaba vinculado con él, ya que entre los candidatos se contaban su hermano y otros integrantes de la élite gobernante. El partido que quedó en segundo lugar, Mekenim Kirguistán (Patria Kirguisa), también era considerado progubernamental y estaba asociado a la familia del ex alto funcionario del servicio de aduanas Raiymbek Matraimov, implicado en una investigación mediática de alto nivel sobre corrupción, publicada en noviembre de 2019. El gobierno de Jeenbekov ignoró las conclusiones de esta investigación y no inició una causa penal contra Matraimov, a pesar de los llamamientos públicos en este sentido.

Era previsible que Birimdik y Mekenim Kirguistán obtuvieran buenos resultados en las elecciones, dado el uso de recursos públicos y la aparente compra de votos a favor de sus candidatos. Estos dos partidos, que competían en las elecciones parlamentarias por primera vez, obtuvieron casi la mitad de los votos y, por lo tanto, la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios. Los métodos utilizados por los dos partidos ganadores para asegurarse el control del parlamento provocaron la indignación de otros partidos políticos que compitieron en las elecciones, de sus votantes e incluso de personas sin identidad partidaria.

Las elecciones se celebraron en un contexto de creciente descontento con las dificultades sociales y económicas causadas por la pandemia, así como de un creciente sentimiento antigubernamental entre la ciudadanía.

Las elecciones “sucias”, caracterizadas por un nivel de violaciones sin precedentes, se convirtieron en un catalizador de los acontecimientos posteriores. Las protestas comenzaron inmediatamente después del anuncio de los resultados provisorios al final de la jornada electoral, el 4 de octubre, y continuaron durante todo el día siguiente. La juventud desempeñó en ellas un rol decisivo: la mayoría de quienes salieron a la calle a protestar y se reunieron en la plaza central de la capital eran jóvenes. Por desgracia, la mayoría de las personas heridas, así como el manifestante que murió durante las manifestaciones de octubre, también eran jóvenes.

¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a las protestas?

Las autoridades tuvieron la oportunidad de tomar el control de la situación y resolverla pacíficamente, pero no la aprovecharon. Recién en la noche del 5 de octubre el entonces presidente Jeenbekov anunció que se reuniría con los líderes de los diferentes partidos que habían participado de las elecciones. Fijó una reunión para la mañana del 6 de octubre, pero resultó ser demasiado tarde, ya que en la noche del 5 de octubre las protestas pacíficas en Bishkek se convirtieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que terminaron con la toma de la Casa Blanca, sede de la presidencia y el parlamento, y otros edificios públicos por parte de los manifestantes. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Como consecuencia de los enfrentamientos, murió un joven de 19 años y más de 1.000 personas, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, requirieron atención médica; más de 600 policías resultaron heridos. Durante los disturbios también sufrieron daños coches de policía, ambulancias, cámaras de vigilancia y otros bienes materiales, por un valor estimado de más de 17 millones de soms (unos 200.000 dólares estadounidenses).

¿Lograron las elecciones presidenciales anticipadas celebradas en enero de 2021 resolver los problemas planteados por las protestas?

La principal demanda de las protestas era la anulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020 y la celebración de nuevas elecciones justas. Esta demanda se satisfizo en parte el 6 de octubre de 2020, cuando la Comisión Electoral Central (CEC) declaró inválidos los resultados de las elecciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado nueva fecha para las elecciones parlamentarias. La CEC las programó inicialmente para el 20 de diciembre de 2020, pero el parlamento respondió adoptando rápidamente una ley que suspendía las elecciones a la espera de una revisión de la Constitución y ampliaba el mandato de los miembros del parlamento saliente hasta el 1º de junio de 2021.

En su evaluación de esta ley, la Comisión de Venecia -un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por personas independientes expertas en derecho constitucional- concluyó que durante el actual periodo de transición el parlamento debería ejercer funciones limitadas y abstenerse de aprobar medidas extraordinarias, tales como reformas constitucionales. Sin embargo, el parlamento saliente ha continuado su labor con normalidad y ha convocado a un referéndum constitucional a celebrarse en abril de 2021. El presidente recientemente electo, Sadyr Japarov, ha sugerido la celebración de nuevas elecciones parlamentarias en otoño de 2021, lo cual significaría que los integrantes del parlamento saliente continuarían en sus puestos incluso después del 1º de junio de 2021.

En respuesta a otras demandas de los manifestantes, en octubre de 2020 se modificó la legislación electoral del país para reducir el umbral electoral para obtener representación parlamentaria de siete a tres puntos porcentuales y se redujo la tarifa de inscripción de candidatura de cinco millones a un millón de soms (unos 12.000 dólares). Estas modificaciones apuntaron a facilitar la participación de un mayor número de partidos, incluidos los más nuevos, y para promover el pluralismo y la competencia.

Los manifestantes también expresaron resentimiento por las inadecuadas medidas adoptadas para luchar contra la corrupción. Reclamaron que las autoridades llevaran ante la justicia a los funcionarios corruptos, y en particular a Matraimov, y exigieran la devolución al Estado de los bienes robados. En su discurso para los manifestantes antes de ser presidente, Japarov prometió que Matraimov sería detenido y castigado.

A decir verdad, Japarov cumplió su palabra. Después de que Japarov llegara al poder, en octubre de 2020, Matraimov fue detenido en relación con una investigación sobre tramas de corrupción en el servicio de aduanas, se declaró culpable y aceptó compensar el daño devolviendo más de 2.000 millones de soms (unos 24 millones de dólares). Posteriormente, un tribunal local lo condenó, pero le impuso una pena atenuada bajo la forma de una multa de 260.000 soms (unos 3.000 dólares) y levantó las órdenes de congelamiento de sus bienes, por haber cooperado con la investigación. Esta sentencia extremadamente indulgente provocó la indignación de la opinión pública. El 18 de febrero de 2021, Matraimov fue otra vez detenido bajo nuevas acusaciones de lavado de dinero, pero al cabo de unos días fue trasladado desde el centro de detención preventiva donde se encontraba a una clínica privada para recibir tratamiento por problemas de salud. Tras ello, muchos calificaron a las medidas anticorrupción del actual gobierno como “populistas”.

En enero de 2021 la ciudadanía kirguisa también votó en un referéndum constitucional. ¿Cuáles fueron sus resultados y qué consecuencias tendrán para la calidad de la democracia?

Según los resultados del referéndum, que tuvo lugar el mismo día que las elecciones presidenciales de enero de 2021, el 84% de los votantes apoyó la transición de un sistema de gobierno parlamentario a uno presidencialista.

Sobre la base de la experiencia comparada, muchos abogados y activistas de la sociedad civil no ven este cambio como algo negativo per se, siempre que vaya acompañado de un sistema de frenos y contrapesos que funcione bien. Sin embargo, les preocupa seriamente que las autoridades intenten llevar a cabo la transición a un ritmo injustificadamente rápido utilizando enfoques y métodos cuestionables que no se corresponden con principios generalmente aceptados ni con las normas y procedimientos legales establecidos.

El primer proyecto de constitución que preveía un sistema de gobierno presidencial, presentado en noviembre de 2020, fue apodado “khanstitución”, en referencia a los históricos gobernantes autocráticos de Asia Central. Sus críticos acusaron a Japarov, que ha defendido este cambio desde que asumió el cargo en octubre de 2020, de intentar usurpar el poder.

El proyecto de constitución otorgaba al presidente poderes prácticamente ilimitados, al tiempo que reducía al mínimo el estatus y los poderes del parlamento, poniendo en peligro los frenos y contrapesos y aumentando el riesgo de abusos del poder presidencial. También preveía un complicado procedimiento de destitución mediante juicio político que sería imposible de aplicar en la práctica. Además, aunque no mencionaba el principio del Estado de Derecho ni una sola vez, el texto se refería repetidamente a valores y principios morales. Se excluyeron muchas disposiciones de la actual Constitución que garantizan los derechos humanos y las libertades públicas.

Debido a las duras críticas que recibió el proyecto constitucional, las autoridades se vieron obligadas a abandonar sus planes iniciales de someterlo a referéndum el mismo día de las elecciones presidenciales de enero de 2021 y acordaron organizar un debate más amplio. Para ello, convocaron a una llamada conferencia constitucional, cuyos miembros trabajaron durante dos meses y medio, a pesar de las acusaciones de que sus actividades eran ilegítimas. A principios de febrero de 2021, la conferencia constitucional presentó sus recomendaciones al parlamento.

Hay que reconocer que, como resultado del debate y las propuestas presentadas por la conferencia constitucional, se mejoraron algunas partes del proyecto original. Por ejemplo, se restableció la referencia al principio del Estado de Derecho y se introdujeron importantes modificaciones en las secciones sobre derechos humanos y libertades, incluso en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación independientes y el derecho de acceso a la información. Pero el borrador se mantuvo prácticamente sin cambios en lo que respecta al otorgamiento de poderes ilimitados al presidente.

En marzo de 2021, el parlamento aprobó una ley sobre la celebración de un referéndum sobre el proyecto constitucional revisado, fijando la fecha para el 11 de abril de 2021. Esto desató una nueva ola de indignación entre políticos, abogados y activistas de la sociedad civil, que señalaron que esto iba en contra del procedimiento establecido para la reforma constitucional y advirtieron nuevamente que la concentración de poder en manos del presidente podría dar lugar a un gobierno autoritario. Estas preocupaciones también fueron expresadas en un dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, emitido en marzo de 2021 a petición de la Defensoría del Pueblo de Kirguistán.

El proyecto de constitución contiene otras dos disposiciones problemáticas. Una de ellas permite imponer restricciones a toda manifestación que contradiga los “valores morales y éticos” o “la conciencia pública del pueblo de la República Kirguisa”. Estos conceptos no están definidos ni regulados, por lo que podrían interpretarse de forma diferente en cada caso, lo que crea el riesgo de una interpretación excesivamente amplia y subjetiva y de una aplicación arbitraria. Esto, a su vez, podría dar lugar a restricciones excesivas de los derechos humanos y las libertades públicas, incluidos los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión.

La otra disposición obliga a partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones públicas a garantizar la transparencia de sus actividades financieras y económicas. En el contexto de recientes intentos de intensificar el control sobre las OSC, es preocupante que esta disposición se utilice para presionarlas. El mismo día en que el parlamento votó a favor de la celebración de un referéndum sobre el proyecto de constitución, algunos legisladores acusaron a las OSC de socavar los “valores tradicionales” y de suponer una amenaza para el Estado. 

Los y las activistas de la sociedad civil siguen reclamando que se disuelva el actual parlamento, que a su juicio ha perdido su legitimidad, y que el presidente convoque rápidamente nuevas elecciones. Con este fin están movilizándose en este momento y, si no se satisfacen sus demandas, planean recurrir a los tribunales con una demanda por usurpación de poderes.

El presidente, sin embargo, ha desestimado todas las preocupaciones expresadas sobre la reforma constitucional. Ha asegurado que Kirguistán seguirá siendo un país democrático, que se respetará la libertad de expresión y la seguridad personal de los periodistas, y que no habrá más persecuciones políticas.

La ciudadanía de Kirguistán debe tomar una decisión. El próximo referéndum sobre el actual proyecto de constitución puede convertirse en un nuevo punto de inflexión en la historia de Kirguistán, y la decisión que tome la ciudadanía será clave para las perspectivas futuras de estabilidad y prosperidad.

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BANGLADESH: “Para hacer frente a las violaciones necesitamos una profunda reforma del sistema legal”

CIVICUS conversa con Aparajita Sangita, activista bangladesí de derechos humanos y cineasta independiente premiada internacionalmente. Aparajita ha trabajado en varias películas sobre la discriminación de género y los derechos de las mujeres, y ha participado en diversas acciones sociales, tales como proyectos de educación de los niños en situación de calle y bancos de alimentos. En respuesta a su activismo, ha sido acosada por la policía. Por su activismo en las redes sociales también fue demandada por acoso bajo la draconiana Ley de Seguridad Digital. Las acusaciones en su contra fueron retiradas en reacción a las protestas que se produjeron tanto en las calles como en internet.

Aparajita Sangita

¿Qué desencadenó las recientes protestas contra las violaciones en Bangladesh?

En la noche del 5 de enero de 2020, una estudiante de la Universidad de Dhaka (UD) fue violada tras bajar de un autobús universitario en la zona de Kurmitola de la capital, Dhaka. Los y las estudiantes de la UD se sintieron perturbados por este incidente, que dio lugar a protestas y a la organización de varios actos.

A pesar de las protestas generalizadas contra la violación, la violencia sexual contra las mujeres persistió e incluso aumentó durante la pandemia de COVID-19.

El 25 de septiembre, una mujer que visitaba el MC College de Sylhet con su marido fue violada en un albergue del campus por activistas políticos vinculados al partido gobernante. Mientras estallaban protestas en reacción a este hecho, el 4 de octubre se hizo viral en las redes sociales un video en el que se veía cómo abusaban de una mujer en Begumganj, Noakhali. El video mostraba a un grupo de hombres entrar en la casa de la mujer, desnudarla y agredirla físicamente, al tiempo que dejaban todo grabado en video.

Estos incidentes son apenas algunos de los numerosos casos de violación y violencia sexual contra las mujeres que han circulado por las redes sociales en Bangladesh. Entre los autores de esta violencia se encuentran padres, familiares cercanos, agentes de la ley, funcionarios públicos, líderes políticos y actores religiosos.

Todo ello gatilló las protestas masivas contra la violación que tuvieron lugar en octubre de 2020, en las que personas de todo el país se unieron para protestar contra la violencia contra las mujeres. El movimiento de protesta contra la violación comenzó en Shahbag, conocida como “la Plaza del Movimiento de Bangladesh”, pero pronto se extendió a todas las ciudades, e incluso a los pueblos, de todo Bangladesh. Entre ellas se contaron Bogra, Brahminbaria, Champainabganj, Chandpur, Dhamirhat (Nowgaon), Faridpur, Gafargaon (Mymensingh), Gopalganj, Jaipurhat, Kurigram, Manikganj, Noakhali, Panchgarh, Rajshahi, Satkhira y Syedpur (Nilphamari).

En el movimiento de protesta contra la violación confluyeron personas de diferentes ámbitos, como miembros de partidos políticos, escritores, activistas culturales, activistas de las redes sociales, jugadores del equipo nacional de críquet, activistas por los derechos de la mujer y periodistas. Por primera vez en Bangladesh, las mujeres se manifestaron contra las violaciones en plena noche. En Dhaka, marcharon desde Shahbag hasta el Parlamento, portando antorchas y gritando consignas.

¿Cuáles eran las principales reivindicaciones de las manifestantes?

El movimiento de protesta contra la violación planteó nueve demandas para acabar con las violaciones y la violencia sexual. Entre ellas, la introducción de castigos ejemplares para los implicados en violaciones y violencia contra las mujeres en todo Bangladesh y la destitución inmediata del ministro del Interior, que no ha desempeñado su rol de impartir justicia.

Las manifestantes también exigieron el fin de todos los abusos sexuales y sociales contra las mujeres tribales; la creación de un comité para prevenir el acoso sexual contra las mujeres en todas las organizaciones gubernamentales y en el sector privado, así como en las instituciones educativas, en línea con los fallos del Tribunal Superior; y la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). También instaron a la abolición de las leyes y prácticas que perpetúan las desigualdades de género.

También se hicieron llamamientos a poner fin al acoso mental de las víctimas durante las investigaciones y a garantizar su seguridad jurídica y social, a incluir a personas expertas en criminalidad y género en los Tribunales de Prevención de la Represión de la Mujer y el Niño, y a crear más tribunales para garantizar la rápida tramitación de los casos.

Por último, las manifestantes instaron a la modificación del artículo 155(4) y otros artículos pertinentes de la Ley de Evidencia para poner fin a la admisibilidad de las pruebas del carácter de las denunciantes en juicios por violación y a la eliminación de los libros de texto de todo material considerado difamatorio hacia las mujeres o que las describiera como inferiores.

¿Cómo respondieron las autoridades a las protestas?

El 6 de octubre, las manifestantes marcharon desde Shahbag hasta la Oficina del Primer Ministro con banderas negras, pero fueron detenidas por la policía en las cercanías del Hotel Intercontinental. Varios dirigentes y activistas de un organismo estudiantil de izquierdas resultaron heridos por la policía.

Además, el comunicado emitido por la jefatura de policía el 10 de octubre contenía elementos de vilipendio de los y las manifestantes. En él se afirmaba que determinados sectores intentaban utilizar la protesta “para servir a sus intereses”, socavando la ley y el orden y “creando caos social”. La policía advirtió a los y las manifestantes que evitaran cualquier “actividad antiestatal” y anunció que la policía se comprometía a garantizar la paz y el orden internos a toda costa. Esta declaración provocó pánico entre las personas movilizadas, que temieron ser reprimidas.

Además de enfrentar represión policial, varias mujeres activistas, entre ellas la líder de la Asociación de Estudiantes de Izquierda, que participaron en el movimiento contra la violación, fueron amenazadas por teléfono y por Facebook Messenger. Algunas de las activistas también fueron amenazadas con la apertura de causas penales contra ellas.

¿Qué ha pasado con el movimiento desde entonces? ¿Se ha detenido la campaña?

Después de que las protestas contra las violaciones y agresiones sexuales se extendieran por todo el país, se modificó la Ley de Prevención de la Represión de Mujeres y Niños. Se impuso la pena de muerte como castigo más severo para la violación. Anteriormente, la pena máxima por violación en Bangladesh era la cadena perpetua. La pena de muerte sólo se aplicaba en casos de violación en grupo, o de violación que provocara la muerte de la víctima.

A raíz de esto, las protestas se detuvieron, ya que mucha gente pensó que la pena de muerte reduciría los delitos de violación. Sin embargo, muchas defensoras de los derechos de las mujeres insisten en que la pena de muerte no es la respuesta y exigen una reforma profunda del sistema legal y más educación para hacer frente a lo que, según ellas, es una epidemia de violencia contra las mujeres en Bangladesh.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar al movimiento?

A raíz de los diversos casos de violencia sexual y violación cometidos contra las mujeres, hemos visto surgir un importante movimiento de protesta en el país. Sin embargo, algunas manifestantes y activistas han recibido amenazas por alzar sus voces. La solidaridad de la comunidad internacional es esencial para quienes protestan contra violaciones de derechos humanos y hacen reclamos justos.

La sociedad de Bangladesh es extremadamente patriarcal, y durante años se han sucedido numerosos intentos de restringir las vidas y las voces de las mujeres. La violación es una expresión de este contexto. Vivir seguras es un derecho fundamental de toda mujer, y es responsabilidad de todas y todos los ciudadanos, así como de la comunidad internacional, garantizar este derecho.

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DERECHOS DE LOS MIGRANTES: “Europa instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración”

CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas migrantes y refugiadas en Grecia con Maya Thomas-Davis, una de las responsables de Incidencia y Comunicación del Centro Legal Lesvos AMKE, una organización de la sociedad civil griega que proporciona información y asistencia legal gratuita a las personas migrantes que llegan por mar a Lesbos, donde el Centro tiene su sede. El Centro Jurídico también documenta las violaciones de los derechos de las personas migrantes, aboga por rutas migratorias seguras y legales y hace incidencia y litigio estratégico para que el gobierno griego, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y las instituciones europeas rindan cuentas por el trato que dan a las personas migrantes.

Maya Thomas Davis

Foto: Legal Centre Lesvos @Instagram

¿Qué tipo de trabajo realiza el Centro Jurídico, y cómo se las ha arreglado durante la pandemia?

El Centro Jurídico Lesbos (LCL) es una organización civil jurídica y política sin ánimo de lucro basada en principios de solidaridad, no de caridad. Desde agosto de 2016, ofrece acceso a información, asistencia y representación jurídica a las personas migrantes que llegan por mar a la isla griega de Lesbos. El LCL también trabaja por la justicia colectiva y el cambio estructural como parte del movimiento de resistencia al imperialismo fronterizo de Europa en varios frentes, incluidas la incidencia y el litigio estratégico. El LCL fue fundado en respuesta a la declaración UE-Turquía de marzo de 2016, un acuerdo de dudosa legalidad mediante el cual la Unión Europea convirtió a las personas que buscaban libertad, seguridad y dignidad en mercancías y moneda de cambio: en ese acto, acordó un pago de 6.000 millones de euros al régimen autoritario de Erdogan a cambio de que Turquía actuara como guardia fronterizo de la fortaleza Europa. Este “acuerdo” transformó la isla de Lesbos en un lugar de reclusión indefinida para las personas migrantes. El LCL ofrece acceso a información legal y asistencia en solidaridad con las personas migrantes atrapadas aquí, sin perder de vista que la migración a Europa está íntimamente relacionada con el pasado y el presente imperialista del continente y con los intereses del capitalismo global; que las brutales violaciones que se observan aquí son siempre opciones políticas; y que las personas más afectadas son los actores políticos más importantes a la hora de desafiar el sistema y montar una resistencia.

El LCL tiene una política de puertas abiertas, lo que significa que no rechaza a nadie ni niega a nadie información o asistencia jurídica porque su caso no sea lo suficientemente “sólido” o no resulte adecuado para un litigio estratégico. Mantenemos esta postura porque creemos que, como mínimo, todo el mundo tiene derecho a entender el marco legal al que está sujeto, especialmente en el contexto del derecho de asilo, donde las consecuencias pueden ser una cuestión de vida o muerte.

Para facilitar el acceso a la información, antes de que se introdujeran las restricciones vinculadas con el COVID-19, el LCL había organizado sesiones informativas grupales periódicas sobre los procedimientos de asilo, en varios idiomas. Este es sin duda un aspecto de nuestro trabajo donde la pandemia ha creado dificultades. En Lesbos se han aplicado medidas de confinamiento, con distintos grados de intensidad, desde marzo de 2020. Debido a las limitaciones de capacidad de las oficinas que impusieron las restricciones, nos resultó imposible seguir realizando sesiones informativas grupales. Hemos conseguido mantener la política de puertas abiertas con horarios estrictos, con muchos de nosotros trabajando desde casa al menos una parte del tiempo, y estamos tratando de seguir facilitando un acceso más amplio a la información a través de otros medios, como por ejemplo mediante actualizaciones en varios idiomas en nuestro sitio web y en las redes sociales.

¿Cómo ha evolucionado la situación de las personas migrantes y refugiadas en 2020 a raíz de la pandemia? 

Al tiempo que la pandemia de COVID-19 se extendía por Europa, el 1 de marzo de 2020 el Estado griego  suspendió en forma ilegal el derecho de asilo y procedió a la violenta fortificación de las fronteras. La UE alabó a Grecia como “escudo” de Europa y la Agencia Europea de Fronteras y Costas, también conocida como Frontex, le proporcionó un creciente apoyo material. Aunque la UE lleva muchos años ejerciendo violencia contra las personas migrantes en sus fronteras, rechazándolas y negándoles la entrada, parece que los funcionarios griegos y de la UE creyeron que la pandemia les daría la cobertura perfecta para intensificar su ataque contra las personas migrantes en el Egeo, con total impunidad.

Desde marzo de 2020, el número oficial de llegadas por mar a Grecia ha disminuido drásticamente: se ha reportado una disminución de 85% en comparación con 2019. En el mismo plazo, numerosos informes e investigaciones han revelado que las autoridades griegas recurren sistemáticamente a la práctica de las expulsiones colectivas, llevadas a cabo mediante un modus operandi consistente, con la complicidad documentada de Frontex. Según todos los relatos compartidos con el LCL por sobrevivientes de estas expulsiones, las autoridades griegas han expulsado sumariamente a personas migrantes del territorio griego sin registrar su llegada ni facilitar su acceso a los procedimientos de asilo. Ya sea en medio del mar o tras su desembarco en una isla del Egeo, las autoridades griegas trasladan por la fuerza a las personas migrantes hacia aguas turcas antes de abandonarlas en el mar en botes sin motor y no aptos para la navegación o en balsas salvavidas, absolutamente indiferentes a si viven o mueren. A pesar de los numerosos informes, declaraciones, investigaciones y denuncias de este continuo ataque contra las personas migrantes, las expulsiones fuera de la frontera del Mar Egeo continúan con impunidad; de hecho, constituyen la implementación no oficial de los objetivos del acuerdo entre la UE y Turquía en momentos en que la frontera turca permanece oficialmente cerrada.

Mientras tanto, en Lesbos, las restricciones relacionadas con la pandemia no han hecho más que agravar la situación de violencia policial, discriminación y detención masiva efectiva de personas migrantes. Las restricciones relacionadas con el COVID-19, tales como los toques de queda y la exigencia de llevar una autorización para circular, se han aplicado de forma injustificadamente discriminatoria. Recientemente, el 15 de febrero de 2021, por ejemplo, el toque de queda para la población general de Lesbos se levantó entre las 18:00 a las 21:00 horas; sin embargo, para las personas migrantes que viven en el campamento se mantuvo un régimen separado de restricciones, y se las sometió a un toque de queda más estricto a partir de las 17:00 horas. Más allá de las citas médicas o legales, solo se les permite que un miembro de la familia salga del campamento una vez a la semana. Incluso cuando presentan una justificación escrita, el permiso para salir del campamento es a menudo denegado de forma arbitraria. A la hora de revisar documentos y permisos de circulación, así como al imponer multas, la policía se ensaña desproporcionadamente con personas racializadas.

Mientras tanto, los cambios en el funcionamiento de la Oficina Regional de Asilo y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) en Lesbos, que venían realizando entrevistas a distancia con solicitantes de protección internacional, han dado lugar a nuevas violaciones de los procedimientos. Entre ellas se encuentran los obstáculos en el acceso a la asistencia jurídica en primera instancia y a la presentación de recursos dentro de los plazos debido a las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia y al acceso restringido a las oficinas de la EASO; la imposibilidad de garantizar la confidencialidad necesaria debido a que las entrevistas a distancia por teléfono o vídeo se realizan en instalaciones inadecuadas; y la imposibilidad de presentar de forma exhaustiva los motivos de las solicitudes a causa de interrupciones prácticas y técnicas de las entrevistas de asilo.

En cuanto a la situación sanitaria, el Estado no ha evacuado sistemáticamente a las personas en riesgo de los campamentos superpoblados e insalubres de Lesbos, donde las medidas de distanciamiento son imposibles. Al igual que el anterior campamento de Moria, que se incendió en septiembre de 2020, el nuevo centro de acogida e identificación de Mavrovouni/Karatepe -también conocido como “Moria 2.0”- no es apto para la habitabilidad humana. Por si las condiciones de alojamiento, atención sanitaria, privacidad, alimentación, electricidad, agua corriente, duchas calientes, aseos y otras instalaciones higiénicas no fueran lo suficientemente malas, desde 1926 y hasta su precipitada transformación en campamento en septiembre de 2020, el emplazamiento de Moria 2.0 había sido un campo de tiro militar, y el gobierno griego ha admitido que se ha encontrado una alta concentración de plomo en las muestras tomadas del lugar. La intoxicación por plomo provoca daños en los órganos, cáncer y daños en el desarrollo de fetos y niños. No se conoce ningún nivel de exposición al plomo que no tenga efectos nocivos. En estas condiciones, el hecho de que el Estado griego no traslade a las personas que están desproporcionadamente expuestas a peligro de muerte en las condiciones inhumanas de Moria 2.0 para darles condiciones de vida adecuadas supone un atentado contra las vidas migrantes.

¿Cuáles diría que son las principales violaciones de derechos que sufren las personas migrantes y refugiadas en Lesbos? 

El hecho de que cientos de personas hayan sido, y sigan siendo, trasladadas a la fuerza y luego abandonadas en medio del mar por las autoridades griegas sin medios para pedir rescate, en botes y balsas salvavidas no aptos para la navegación, constituye una forma espectacular de violencia estatal contra las personas migrantes. Más allá de las violaciones de derechos, la posición del LCL es que los elementos constitutivos del modus operandi sistemático de las expulsiones colectivas en el Egeo, sumados al carácter generalizado y sistemático del ataque, equivalen a crímenes contra la humanidad. La práctica de las expulsiones sistemáticas impunes revela hasta qué punto la fortaleza Europa trata las vidas migrantes como desechables. Es la clase de tratamiento que históricamente ha acompañado la comisión de crímenes atroces.

El mismo desprecio por las vidas de las personas migrantes se desprende de las condiciones que éstas se ven obligadas a soportar en los campamentos y centros de detención en Lesbos, que constituyen violaciones del derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes y a la tortura, de los derechos a la libertad y la seguridad, a la vida privada y familiar, al recurso efectivo, a la no discriminación y, en suma, a la vida. Ese desprecio se revela en el hecho de que las personas son obligadas a esperar en el limbo durante años, aisladas de sus familias, amigos, comunidades y objetivos de vida, sin poder avanzar ni retroceder. Se observa también en el hecho de que la UE prioriza y financia cada vez más la detención masiva y efectiva de personas migrantes, mediante sistemas de “puntos calientes”, procedimientos fronterizos acelerados, deportaciones forzosas, militarización de las fronteras y externalización del control fronterizo mediante acuerdos de dudosa legalidad con terceros países y el condicionamiento de la ayuda y otros paquetes financieros a la fortificación de las fronteras.

Aunque la violencia de las expulsiones en el Egeo es escandalosa y debe ser tratada como tal, no es en absoluto una aberración en el marco de la lógica del régimen fronterizo europeo, que instrumentaliza el sufrimiento humano para disuadir la migración a cualquier precio. Incluso si en Lesbos se cumplieran las normas de acogida y de procedimiento exigidas por el Sistema Europeo Común de Asilo, muchas personas seguirían siendo excluidas, y el sistema seguiría siendo violento y fundamentalmente insuficiente para garantizar las condiciones de desarrollo humano que todas las personas merecen. Por esta razón, aunque el LCL seguirá documentando, denunciando y buscando reparación para las violaciones sistemáticas de derechos en Lesbos, somos conscientes de que al mismo tiempo debemos organizarnos para lograr un cambio sistémico: el marco de derechos humanos de Europa no puede fallarles a personas a las que no fue diseñado para proteger.

¿Cuál es su posición respecto de las protestas de personas refugiadas frente a las condiciones de vida en los campos y la suspensión de los procedimientos de asilo? 

El LCL siempre se ha organizado y actuado en solidaridad con la resistencia liderada por migrantes. A lo largo de los años esto ha tomado muchas formas, incluyendo protestas, huelgas de hambre, publicaciones colectivas, asambleas y ocupaciones. El Estado ha respondido con intentos de castigar colectivamente la resistencia organizada de migrantes en Lesbos. Un ejemplo de ello fue el de los 35 de Moria hace unos años. Pero hay muchos ejemplos más recientes. Por supuesto, esta resistencia puede entenderse como un ejercicio de los derechos humanos, y específicamente de los derechos a las libertades de asociación, de reunión pacífica y de expresión, y en tanto que organización legal, esta es una de las formas en que entendemos y apoyamos este tipo de acciones. Sin embargo, en Lesbos -donde los derechos se violan sistemáticamente con total impunidad, se imponen deliberadamente condiciones de miseria y la situación siempre parece seguir empeorando justo cuando ya parecía que no cabía imaginar algo peor- la resistencia organizada es también, en muchos sentidos, la única opción que queda.

¿Qué tipo de apoyo necesitaría el LCL de la sociedad civil internacional para seguir haciendo su trabajo?

El año pasado, el Estado griego introdujo nueva legislación sobre el registro de organizaciones de la sociedad civil, imponiendo requisitos de registro y certificación onerosos y complejos que constituyen barreras innecesarias y desproporcionadas para las organizaciones que trabajan en solidaridad con las personas migrantes en Grecia. Esto sin duda dificultará el trabajo del LCL, tal como está previsto que ocurra. El Consejo de Expertos en Derecho de las ONG de la Conferencia de las ONGI del Consejo de Europa ya ha expresado su preocupación por estos nuevos requisitos, y como forma de apoyo de parte de la sociedad civil internacional, todo desafío que pueda interponerse frente a estas medidas sería bienvenido.

En general, el apoyo y la solidaridad internacionales son necesarios para resistir frente al entorno cada vez más hostil para las personas migrantes en Grecia, así como para quienes trabajan en solidaridad con ellas. Las campañas de desinformación de la extrema derecha, que acusan de criminales a las personas migrantes y a las organizaciones de solidaridad con ellas, se traducen cada vez más en prácticas del Estado griego, tales como la identificación por parte de la policía griega de cuatro grupos de derechos humanos y de solidaridad con migrantes en una investigación en la que se les acusa de espionaje, formación de y pertenencia a una organización criminal; el procesamiento sistemático de migrantes por parte del Estado griego por facilitar entradas o salidas ilegales; su perversa decisión de procesar al padre de un niño de seis años que se ahogó trágicamente en un naufragio cerca de Samos en noviembre de 2020 por haber puesto en peligro la vida de su hijo; y su decisión de presentar cargos penales contra una mujer que, desesperada, se prendió fuego en Moria 2. 0 en febrero de 2021. Esas medidas que presentan a las personas migrantes y a quienes actúan en solidaridad con ellas como criminales y como amenazas para la nación son el producto de una táctica deliberada y eficaz para ocultar el hecho de que son los Estados los que poseen el monopolio de la violencia y para distraer la atención de las violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes que ellos cometen.

En términos más generales, de las propuestas legislativas contenidas en el “nuevo” pacto de la UE sobre migración y asilo se desprende que la UE intentará extender el modelo que ya ha probado en el laboratorio de Lesbos y de las otras “conflictivas” islas griegas a todas las fronteras exteriores de Europa. Este modelo incluye la detención a la llegada, la aceleración de los procedimientos fronterizos de detención en función de tasas de reconocimiento de asilo por nacionalidad, el uso de la deportación como forma de “solidaridad” entre los Estados miembros y la ampliación del uso de los datos personales y biométricos de las personas migrantes. Este año se va a construir un nuevo campo “controlado” en Lesbos, en una zona intencionadamente alejada y conocida por el peligro de incendios forestales. La solidaridad internacionalista será siempre nuestra mejor arma para organizar la resistencia desde abajo frente a todas estas medidas.

El espacio cívico en Grecia es calificado como “reducido” por el CIVICUS Monitor.
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TAILANDIA: “La juventud cuestiona que el gobierno abuse de sus derechos y comprometa su futuro”

CIVICUS conversa con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Tailandia, Piyanut Kotsan, acerca del movimiento por la democracia y la represión de las protestas en Tailandia. Fundada en Bangkok en 1993, Amnistía Internacional Tailandia cuenta con más de 1.000 miembros en todo el país. Su trabajo se centra en la promoción de la libertad de expresión en internet y fuera de ella, la libertad de reunión pacífica, la educación en derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en la denuncia de la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte.

 

ESLOVENIA: “El gobierno ha aprovechado la pandemia para restringir la protesta”

CIVICUS conversa acerca del reciente giro a la derecha producido en Eslovenia con Brankica Petković, investigadora y directora de proyectos del Instituto para la Paz de Liubliana. Fundado en 1991, el Instituto para la Paz -Instituto de Estudios Sociales y Políticos Contemporáneos- es una institución de investigación independiente y sin ánimo de lucro que utiliza la investigación y la incidencia para promover los principios y las prácticas de una sociedad abierta, el pensamiento crítico, la igualdad, la responsabilidad, la solidaridad, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Trabaja en colaboración con otras organizaciones y con la ciudadanía nivel local, regional e internacional.

 

INDIA: “Las organizaciones de la sociedad civil que se atreven a decirle la verdad al poder son atacadas”

Mrinal SharmaCIVICUS habla con la abogada e investigadora de derechos humanos Mrinal Sharma acerca del estado de las libertades cívicas en India. Mrinal trabaja ayudando a personas defensoras de derechos humanos ilegalmente detenidas y a solicitantes de asilo, refugiados y apátridas en India. Trabajó como Asesora de Políticsa en Amnistía Internacional India hasta que el gobierno de este país obligó a la organización a cerrar en octubre de 2020. Su trabajo con Amnistía se enfocó en las personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en Assam, en las barreras para el acceso a la justicia en Cachemira y en la demonización de las minorías en toda India. Mrinal había trabajado anteriormente en la Commonwealth Human Rights Initiative y en la Refugee Solidarity Network.

¿Se están volviendo más restrictivas las condiciones para ejercer las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi?

Ciertamente, el espacio cívico en la India ha experimentado un deterioro gradual bajo el gobierno de Modi. El 90% de los delitos de odio perpetrados en la última década se produjeron después de 2014, es decir, durante el gobierno de Modi. Según la base de datos sobre sedición de Artículo 14, desde 2010 11.000 personas han sido acusadas de sedición en la India. El 96% de los casos de sedición iniciados desde 2010 por criticar al gobierno nacional y a sus líderes fueron iniciados durante el gobierno de Modi. La India no es ajena a la tendencia al bloqueo deliberado del acceso a internet y ostenta el récord de haber impuesto el mayor número de bloqueos de internet en todo el mundo. Según el Internet Shutdown Tracker del Software Freedom Legal Centre, la cantidad de bloqueos de internet ha aumentado constantemente desde 2014. Estos alcanzaron su punto máximo en 2019, lo cual dio cuenta del prolongado apagón de las comunicaciones impuesto por el gobierno indio en Jammu y Cachemira. Además, entre 2012 y 2020, 148 de los 385 bloqueos de internet fueron impuestos para contener “situaciones de orden público” en curso, un eufemismo que suele utilizarse en referencia a las protestas pacíficas. Estos datos indican la magnitud de las restricciones impuestas sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión en la India.

Además, el uso de leyes restrictivas tales como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Pública y otras leyes de detención preventiva para frenar las protestas contra las políticas discriminatorias del gobierno también se ha convertido en algo habitual. Ni siquiera esta virulenta pandemia ha disuadido al gobierno indio de detener o mantener detenidas a personas defensoras de derechos humanos de avanzada edad o en mal estado de salud, a pesar de la situación de hacinamiento en las cárceles. En julio de 2020, Varavara Rao, un poeta y activista de 81 años que fue acusado en virtud de la UAPA por su presunta participación en actos de violencia ocurridos durante las celebraciones de Bhima Koregaon en 2018, dio positivo para el COVID-19 mientras estaba detenido en una prisión superpoblada de Maharashtra. Tras pasar más de dos años y medio detenido a la espera de juicio y de realizar múltiples intentos fallidos para obtener la libertad bajo fianza, recientemente fue puesto en libertad por seis meses en consideración de su precario estado de salud. Del mismo modo, Safoora Zargar, una investigadora académica que estaba embarazada de tres meses fue acusada bajo la UAPA y detenida en otra prisión superpoblada de Delhi por protestar pacíficamente contra la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA). Fue necesario llevar a cabo una intensa campaña pública internacional, nacional y local para que fuera puesta en libertad bajo fianza. Muchos estudiantes siguen detenidos.

La pandemia ha sido utilizada para activar leyes draconianas de “emergencia”. Estas leyes otorgan amplios poderes al gobierno para detener y encarcelar a cualquiera que infrinja el confinamiento punitivo impuesto para frenar la propagación del virus. Estas leyes fueron aplicadas en forma arbitraria contra periodistas, trabajadores esenciales y personas pertenecientes a grupos excluidos. Algunos fueron incluso torturados y asesinados mientras estaban bajo custodia policial. Según un informe reciente del Proyecto de Justicia Penal y Responsabilidad Policial, la mayoría de los informes contravencionales elevados durante el confinamiento en el estado de Madhya Pradesh fueron contra peatones, y en particular contra vendedores ambulantes y personas en vehículos de dos ruedas, lo cual dejó en evidencia la aplicación discriminatoria de las leyes de emergencia.

Cabe señalar que la aplicación de estas leyes es un hilo conductor que une a sucesivos gobiernos. La mayoría de estas leyes fueron aprobadas por el gobierno anterior; el gobierno actual simplemente las ha utilizado para atacar a grupos sociales específicos.

¿Cuáles son los principales motivos que dan cuenta de los ataques contra activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC)?

La sociedad civil desempeña un rol muy importante a la hora de acortar distancias entre derechos y derechohabientes. Al hacer ese trabajo, también comprende los defectos de los sistemas sociales y económicos y tiene poder para cambiar el statu quo exigiendo el fin de las desigualdades y desmantelando las estructuras de poder existentes, cosa que ha hecho con éxito en el pasado. Los líderes políticos demonizan a las OSC, desacreditan su trabajo y experiencia y las convierten en chivos expiatorios en función de sus creencias políticas para adquirir poder y beneficiarse políticamente.

Estos constantes ataques adoptan la forma de restricciones ilegales y uso de términos vagos e imprecisos para describir a las personas defensoras de derechos humanos, a los manifestantes pacíficos y a sus motivaciones, y así moldear a la opinión pública. Entre esos términos se cuentan los de “antinacional”, “naxal urbano” y el más reciente “aandolanjivis” (manifestantes profesionales). Las OSC también son descritas como portadoras de una “ideología extranjera destructiva”, como una elite corrupta y como ese “otro” que trabaja contra el pueblo, mientras que quienes lideran esta demonización son presentados como representantes de ese “pueblo”. Esto aviva aún más las hostilidades entre grupos sociales, distrae al público de las verdaderas taras de la sociedad y habilita la adopción de políticas discriminatorias. Además, la restricción selectiva del derecho de las personas a las libertades de expresión y asociación con el objeto de silenciar las críticas y perpetuar la narrativa del gobierno también conduce efectivamente a la polarización, que es un terreno fértil para promover agendas políticas estrechas.

¿Qué cuestiones de derechos humanos son las que más preocupan a Amnistía Internacional en la India?

La flagrante criminalización del disenso en la India sigue siendo muy preocupante. Las interrupciones masivas de Internet, el uso excesivo, innecesario y a menudo ilegal de la fuerza por parte de la policía y las detenciones ilegales en virtud de las leyes antiterroristas se han convertido en algo demasiado habitual. Dan prueba de ello la respuesta de mano dura del gobierno frente a las protestas pacíficas contra la decisión unilateral de despojar a Jammu y Cachemira de su autonomía constitucionalmente garantizada, en medio de un apagón total de las comunicaciones, la promulgación de la discriminatoria CAA y, más recientemente, la aprobación de tres leyes agrícolas que pretenden desregular la agricultura en la India.

Desde septiembre de 2020, más de 160 agricultores han muerto mientras protestaban pacíficamente contra las leyes agrícolas. Muchos jóvenes activistas que apoyan a los agricultores están detenidos bajo cargos de sedición. Al menos 50 personas murieron en los disturbios que estallaron en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Además, la burbuja de noticias falsas y desinformación facilitada por los modelos de negocios de las grandes empresas tecnológicas, que están basados en la vigilancia, combinada con marcos débiles para la protección de los datos, alimenta constantemente la política de demonización en la India.

También son preocupantes las represalias del Estado contra quienes denuncian violaciones y delitos de casta, así como la impunidad generalizada por los asesinatos y ataques contra minorías religiosas perpetrados por turbas de civiles armados y policías. A modo de ejemplo, a pesar de las pruebas irrefutables, grabadas en video, que muestran la complicidad de agentes de policía en los disturbios producidos en el noreste de Delhi en febrero de 2020, hasta ahora no hay ningún policía procesado. Al mismo tiempo que se ignoran sistemáticamente la violencia y el discurso de odio de los partidarios de la CAA, los manifestantes contrarios a la CAA siguen siendo acosados e intimidados por el gobierno.

¿Podría contarnos acerca de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (FCRA) y su impacto sobre la sociedad civil?

La FCRA regula las donaciones extranjeras en la India. Ostensiblemente, fue promulgada para regular las donaciones extranjeras a los partidos políticos y controlar la influencia extranjera en las elecciones indias. Enmendada en múltiples ocasiones desde su aprobación en 2010, se ha convertido en un arma eficaz en manos del gobierno para sofocar a la sociedad civil india. Su versión más reciente impone restricciones discriminatorias al acceso de las OSC a financiamiento, imponiendo procedimientos de autorización onerosos, altamente burocráticos y difíciles de realizar. Desde 2011, según lo admite el propio gobierno, se han cancelado las licencias de más de 20.000 OSC. Las organizaciones que se atreven a decirle la verdad al poder o a cuestionar las violaciones de derechos humanos, como es el caso de Amnistía Internacional India, son atacadas con la FCRA mediante acusaciones motivadas políticamente.

La última modificación de la FCRA, aprobada en plena pandemia, ha ahogado aún más a la sociedad civil. Prohíbe que los funcionarios públicos reciban fondos extranjeros; prohíbe la transferencia de fondos extranjeros de una organización o individuo a otro, más allá de que cuenten con licencia bajo la FCRA; reduce el límite de utilización del rubro de “gastos administrativos” del 50% al 20%; amplía el periodo de suspensión de la licencia para OSC otorgada por la FCRA de 180 días a un año; y establece que las contribuciones extranjeras solo pueden ser recibidas mediante una cuenta bancaria de la OSC marcada por la FCRA en una sucursal designada del banco estatal situada en Delhi.

Estas enmiendas estigmatizarán efectivamente la asociación de funcionarios públicos con organizaciones sin fines de lucro, ahogarán las colaboraciones entre OSC y, en particular, aquellas que involucren a OSC más pequeñas y de base, reducirán los fondos asignados para pagar sueldos del personal y realizar proyectos en el terreno que conlleven gastos de viaje, y privarán a las OSC de fondos hasta que el gobierno complete su investigación por presuntas violaciones a la FCRA. También obstaculizarán el trabajo de las OSC que tienen su sede fuera de Nueva Delhi, que constituyen aproximadamente el 93% de s las OSC registradas en la India, ya que imponen innecesarios gastos de viaje, los cuales además se contarían dentro del límite de 20% para gastos administrativos.

El gobierno tiene la obligación de justificar la imposición de estas estrictas restricciones y la vulneración de los derechos humanos de las personas y organizaciones a asociarse y expresarse libremente. Tiene que demostrar que estas restricciones son realmente legítimas, razonables y proporcionales al daño que buscan evitar, pero no lo ha hecho. De hecho, hizo caso omiso de los reclamos de la sociedad civil para que el proyecto de ley fuera sometido a un comité de personas expertas para generar mayor debate antes de su aprobación. El debate en el Parlamento también fue mínimo.

La FCRA y sus enmiendas más recientes han sido muy criticadas por la comunidad internacional, y por personalidades como Maina Kiai, ex Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, por ser demasiado amplias y vagas. Pero el gobierno no ha hecho caso. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también ha pedido explicaciones por la cancelación masiva de licencias de la FCRA para las OSC.

Paradójicamente, los partidos políticos siguen recibiendo fondos extranjeros, lo cual antes estaba prohibido, y lo hacen con mínimas restricciones. De hecho, a pesar de que los partidos políticos violan recurrentemente la FCRA, ahora no solamente les resulta más fácil recibir fondos, sino que además el proceso se ha vuelto mucho más opaco. A modo de ejemplo, en 2014 el Tribunal Superior de Delhi dictaminó que el partido gobernante, Bharatiya Janata, y el Congreso Nacional Indio habían violado la FCRA al aceptar fondos extranjeros. En 2016 y luego en 2018, el gobierno indio modificó la FCRA para legalizar el financiamiento extranjero para los partidos políticos y eximir a éstos del escrutinio no solo de los fondos que les llegaran en el futuro, sino también de los que ya les habían sido donados en el pasado. En diciembre de 2020, la Comisión Central de Información, a cargo de la implementación de la Ley de Derecho a la Información de 2005, dictaminó que la revelación pública de la identidad de los donantes de los partidos políticos no sirve a ningún interés público, y por lo tanto no es necesaria.

Esta clara diferencia entre el trato que reciben los partidos políticos y las OSC debería bastar para entender las turbias motivaciones subyacentes a la FCRA.

¿Por qué Amnistía India fue obligada a cerrar, y cuáles han sido las consecuencias?

Amnistía Internacional India se vio obligada a cerrar como represalia por la publicación de dos informes críticos que ponían de manifiesto la situación de derechos humanos en Cachemira y destacaban el papel de la policía de Delhi en los disturbios que tuvieron lugar en el noreste de Delhi en febrero de 2020. Poco después de que publicara estos informes, todas sus cuentas bancarias fueron congeladas. El gobierno no proporcionó ninguna advertencia ni aviso previo, ni ofreció ninguna razón para congelar las cuentas bancarias. Al no poder acceder a los fondos que había recaudado localmente, a partir de contribuciones de la ciudadanía india, Amnistía Internacional India se vio obligada a suspender todas sus actividades y a despedir a todo su personal.

Para Amnistía Internacional India el acoso y la intimidación a causa de su trabajo de derechos humanos no era ninguna novedad. Desde 2016 enfrentaba una incesante campaña de desprestigio por parte del gobierno y de los medios de comunicación afines al gobierno. En 2018 soportó un allanamiento de 10 horas de duración por parte de la Dirección de Ejecución, tras el cual se vio obligada a despedir a varios miembros de su personal, lo cual afectó negativamente a su trabajo en la India, y en particular a su labor con comunidades excluidas. Aunque los tribunales emitieron una medida cautelar en favor de la organización, su buen funcionamiento se vio dificultado por la persecución mediática y la reducción de sus capacidades. Es importante señalar que hasta el día de hoy no se han presentado acusaciones formales contra la organización. Un año después, en noviembre de 2019, en medio de rumores de la inminente detención de sus altos funcionarios, las oficinas de Amnistía Internacional India y la residencia de uno de sus directores volvieron sufrir allanamientos, esta vez por parte de la Oficina Central de Investigación, la principal agencia de investigación del país, dependiente del gobierno central. Sin embargo, la organización siguió trabajando, desafiando estos ataques contra ella y sus empleados.

Pero esta vez los ataques fueron más encarnizados. El impacto inmediato del cierre ha recaído sobre el personal de Amnistía Internacional India -investigadores, responsables de campañas, recaudadores de fondos-, que perdieron sus empleos de la noche a la mañana sin recibir ninguna indemnización, en el contexto de una recesión económica que se ha visto agravada por la pandemia. Los grandes proyectos de investigación y las campañas que llevaba a cabo Amnistía Internacional India se han paralizado. Habría que dejarle en claro al gobierno indio que, con la excusa de sujetar a controles a una supuesta “entidad extranjera”, todo lo que ha hecho es privar de sus medios de vida a muchos de sus propios ciudadanos. Y, lo que es aún más importante, ahora hay una voz menos exigiendo al gobierno indio que rinda cuentas de sus excesos y su inacción.

¿Hay otras organizaciones de derechos humanos que estén enfrentando desafíos similares?

Varias OSC que han cuestionado o criticado las políticas del gobierno han enfrentado desafíos similares en relación con la FCRA. People’s Watch, Indian Social Action Forum, Hazards Centre, Greenpeace India, Sabrang Trust, Navsarjan Trust, Act Now for Harmony and Democracy, Indian Social Action Forum y Lawyers Collective son algunos de los grupos que han recibido acusaciones motivadas políticamente en virtud de la FCRA. Esto no es un accidente. Existe un patrón deliberado de silenciamiento de los grupos de derechos humanos mediante su trato como empresas criminales y la presentación de los disidentes como delincuentes. Lawyers Collective, por ejemplo, ha trabajado ampliamente con las víctimas de los ataques contra musulmanes de 2002 en Gujarat. People’s Watch ha hecho activamente campaña contra los abusos contra personas detenidas. Greenpeace India ha estado a la vanguardia de la lucha por el derecho a la tierra y contra el cambio climático y el impacto medioambiental de la minería del carbón.

Además de la FCRA, otras leyes draconianas contribuyen a crear un entorno incapacitante para la labor de derechos humanos en India. Entre ellas están la UAPA, la Ley de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional. Anunciadas como leyes antiterroristas o leyes que castigan “delitos contra el Estado”, han creado un sistema de impunidad y constituyen herramientas eficaces para mantener a la gente en la cárcel durante períodos prolongados. El índice de condenas en virtud de estas leyes es realmente bajo. Según la Oficina Nacional de Registros de Delitos, en 2018 más del 93% de los casos iniciados bajo la UAPA seguían pendientes de tratamiento en los tribunales, mientras que la tasa de condenas en virtud de la UAPA era de apenas 27%. Desde 2016, solo siete casos de sedición han terminado en condena. Según una investigación anterior de Amnistía Internacional India, alrededor del 58% de las órdenes de detención dictadas entre 2007 y 2016 en virtud de la Ley de Seguridad Pública, que se aplica en Jammu y Cachemira y permite la detención administrativa sin acusaciones ni juicio, fueron anuladas por el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira. Entre marzo de 2016 y julio de 2017, el 81% de las órdenes de detención fueron anuladas. Esto demuestra que estas leyes son utilizadas para privar a las personas de su libertad de movimiento y de expresión durante el tiempo en que sus casos avanzan en los tribunales.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar a los grupos de derechos humanos y ampliar el espacio cívico en la India?

En términos generales, la comunidad internacional debe amplificar las voces de quienes están al frente de la lucha contra las violaciones de derechos humanos en la India. Al mismo tiempo, debe dejar de asumir una posición moral elevada y desestimar las preocupaciones de la gente, reales o proyectadas, sobre la seguridad, el bienestar y el desarrollo. En cambio, debe centrarse en combatir el discurso que transforma a la sociedad civil en un “otro” rechazado y proyectar una visión de un mundo más justo, sostenible y equitativo – un mundo no puede lograrse en ausencia de una sociedad civil robusta que trabaje sin descanso para la gente a lo largo y a lo ancho del país. También debe mantenerse más cerca de las comunidades locales.

En concreto, debe lograr que el Estado indio se responsabilice por todas las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha respaldado y aprobado y en las que se basa, mientras pelea por tener un lugar más importante en la mesa. Han pasado 24 años desde que India presentó al Comité de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Estado parte. La CNDH, el principal órgano de vigilancia de los derechos humanos de la India, no alcanza los niveles mínimos establecidos por los Principios de París para las instituciones nacionales de derechos humanos, pero sigue manteniendo una acreditación de categoría A y, por lo tanto, puede participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La comunidad internacional debe exigir sistemáticamente la reforma de la CNDH y exigirle que rinda cuentas de la disminución de la protección de que gozan las personas defensoras de derechos humanos en la India. Los grupos de derechos humanos deberían poder confiar plenamente en las instituciones de derechos humanos de su país.

El espacio cívico en India es calificado de “represivo” por el CIVICUS Monitor.

Siga las actualizaciones de Amnistía Internacional sobre la India a través de su sitio web.

 

ECOCIDIO: “Los autores de destrucción ambiental deberían ser procesados como los criminales de guerra”

CIVICUS conversa con Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional y presidente de la Fundación Stop Ecocidio. La campaña Stop Ecocidio busca lograr que el ecocidio sea reconocido como un crimen internacional. Para ello, la Fundación Stop Ecocidio, con sede en los Países Bajos, trabaja con abogados penalistas internacionales, investigadores y diplomáticos para elaborar una definición de ecocidio actualizada, clara y jurídicamente sólida y abogar por que los Estados lo incorporen en una enmienda al derecho penal internacional.

 

GRECIA: “Necesitamos un cambio tanto en la narrativa como en las políticas migratorias”

CIVICUS conversa sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en Grecia y sobre el rol de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas con Lefteris Papagiannakis, responsable de incidencia, políticas e investigación de Solidarity Now (Solidaridad Ahora) y ex vice alcalde para asuntos de migrantes y refugiados del Ayuntamiento de Atenas. Solidarity Now es una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja con grupos vulnerables, y en particular con las comunidades de personas migrantes y refugiadas en Grecia, para que reciban un trato digno y accedan a un futuro mejor.

 

NACIONES UNIDAS: “Al sistema de derechos humanos existente hay que criticarlo sin dejar de defenderlo”

CIVICUS conversa acerca con Brian Schapira, Director de Relaciones Institucionales del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una fundación basada en Argentina. que trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos. Con foco en el apoyo a quienes sufren restricciones severas a sus libertades civiles y políticas, CADAL promueve la solidaridad democrática internacional en colaboración con activistas y organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo.

 

ETIOPÍA: “Las elecciones de junio de 2021 son una cuestión de vida o muerte para la democracia”

CIVICUS conversa con Mesud Gebeyehu acerca del conflicto político en la región de Tigray, en Etiopía, y sobre las próximas y muy disputadas elecciones nacionales etíopes, que tendrán lugar en junio de 2021 en medio de la pandemia y de un prolongado estado de emergencia. Mesud es Director Ejecutivo del Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos (CEHRO) y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Mesud también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de OSC de Etiopía, un órgano estatutario creado para coordinar la autorregulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Etiopía.

 

MYANMAR: “Si el golpe no se revierte, habrá muchos más presos políticos”

CIVICUS conversa sobre el reciente golpe militar en Myanmar con Bo Kyi, ex preso político y cofundador de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP). Fundada en 2000 por antiguos presos políticos que viven exiliados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, AAPP tiene su sede en Mae Sot (Tailandia) y dos oficinas en Myanmar que abrieron en 2012. La AAPP aboga por la liberación de los presos políticos y el mejoramiento de sus vidas tras su puesta en libertad, con programas destinados a garantizar su acceso a la educación, la formación profesional, el asesoramiento en salud mental y la asistencia sanitaria.

 

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