HUNGRÍA: ‘A las personas trans nos están arrebatando nuestros derechos’

Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.

Krisztina Kolos Orban

¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?

En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.

Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.

Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.

En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.

El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.

Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?

¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?

En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.

Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?

Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.

Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.

Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.

¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?

Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.

Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.

También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.

Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.

Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?

En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.

Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.

En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.

También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.

¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?

Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.

Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.

La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.

La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.

¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?

Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.

El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
Contáctese con la Asociación Transgénero Transvanilla a través de su sitio web o su perfil de Facebook, y siga a @Transvanilla en Twitter y a @transvanilla.official en Instagram.

 

TÚNEZ: ‘La respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia’

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS y la Red Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Ramy Khouili, director de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD). Fundada en 1989 por el movimiento feminista autónomo en respuesta al feminismo estatal, ATFD promueve la igualdad de género en todas las áreas, desde la esfera política hasta los derechos socioeconómicos, incluidos los derechos sexuales, corporales y reproductivos de las mujeres, y lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

Tunisia Interview

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Túnez? ¿Cuánto han logrado hasta ahora?

Alrededor de un mes después de la independencia, en 1956, se promulgó el Código de Estatus Personal. Hasta el día de hoy este código sigue siendo considerado el más progresista y revolucionario de la región, porque abolió la poligamia, instituyó el matrimonio civil y abolió el repudio y muchas otras formas de degradación de las mujeres. Desde entonces hemos tenido una situación muy peculiar, ya que en la esfera pública ha prevalecido el feminismo estatal. Aunque vivimos bajo una dictadura durante casi 50 años, Túnez fue siempre elogiado como un buen ejemplo para la región en lo que concierne a los derechos de las mujeres. Este elogio tomó de rehenes a las mujeres, negándoles el derecho a una igualdad real. En respuesta a ello se fundó un movimiento feminista autónomo que se impuso la misión denunciar que la situación no era tan buena como el régimen la presentaba, lo cual le provocó muchísimos problemas.

Después de la revolución de 2011 hubo un resurgimiento de los grupos islamistas y conservadores, por lo que los derechos de las mujeres fueron amenazados. Entre 2011 y 2014, durante el proceso para redactar una nueva constitución, la mayoría islamista trató de imponer el concepto de “complementariedad” entre el hombre y la mujer, en reemplazo del de igualdad. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) debieron realizar muchos esfuerzos y se debieron organizar muchas movilizaciones callejeras para evitarlo. En consecuencia, el Artículo 21 de la Constitución de Túnez ahora establece de manera clara que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación.

Fue gracias a este movimiento social que se logró redactar una constitución que es considerada la más progresista de la región. El Artículo 46, un agregado de último momento, reconoce el rol del Estado en la lucha contra la violencia contra las mujeres, establece que el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos de las mujeres y prohíbe todo retroceso en el reconocimiento de sus derechos.

Desde entonces hemos logrado otros cambios legales. En 2016 se aprobó una ley contra el tráfico de personas y en 2017 se aprobó una ley anti-violencia, que fue la primera en su tipo en la región y fue redactada principalmente por activistas de la sociedad civil y organizaciones feministas. En materia de representación política, la ley de partidos políticos aprobada en 2011 estableció que todas las listas electorales deben tener paridad de género.

¿Qué desafíos persisten?

La situación de hecho difiere de lo que dice la ley, ya que las desigualdades siguen estando muy presentes. Muchas prácticas discriminatorias persisten en la práctica. Las estadísticas son alarmantes. La mitad de las mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Las crisis socioeconómicas tienen peores impactos sobre las mujeres que sobre los hombres. Entre las mujeres, la tasa de desempleo es casi el doble que la de los hombres. El acceso de las mujeres a la tierra es limitado: solamente el 4% de las mujeres son propietarias de algún terreno, a pesar de que constituyen casi el 90% de la fuerza de trabajo agrícola.

Por mucho tiempo, Túnez fue presentado como un buen ejemplo en materia de planificación familiar y salud reproductiva, dado que estableció programas de planificación familiar y salud reproductiva ya en los años ‘50 y ‘60, y concedió a las mujeres el derecho al aborto a comienzos de los ‘70, incluso antes que muchos países europeos. Sin embargo, desde la revolución hemos notado que las autoridades estatales han dado un paso atrás en el área de los servicios sociales, especialmente de educación, salud y salud sexual y reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos y al aborto se está volviendo más limitado y cada vez hay más necesidades insatisfechas en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo cual es alarmante.

En 2019, junto con otras OSC de Túnez, presentamos un informe sombra con un seguimiento de los avances realizados en dirección de los objetivos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y señalando los desafíos futuros. Nuestro informe ofreció una perspectiva diferente de la del gobierno de Túnez. Una de nuestras más grandes preocupaciones es que Túnez es un país con mayoría musulmana y cuando se adoptaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el Estado de Túnez presentó, en común con otros países de mayoría musulmana, una declaración donde advertía que no se comprometería con ninguna medida que pudiese contradecir los valores del islam. El Artículo 1 de la nueva Constitución establece que Túnez es un país musulmán. La mencionada declaración sigue en pie. Aunque ha levantado la mayoría de sus reservas respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado de Túnez no levantó todas sus reservas respecto de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. De modo que sigue habiendo desafíos tanto en la ley como en la práctica. 

¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos, y qué está haciendo la sociedad civil para enfrentarlos?

Al principio de la pandemia del COVID-19, la ATFD emitió una advertencia a las autoridades tunecinas donde expresó sus preocupaciones relativas al período de cuarentena, en el cual muchas mujeres han tenido que permanecer enceradas en sus hogares junto con sus agresores. Teníamos razón, ya que el número de casos de violencia de género siguió creciendo durante la cuarentena. El Ministerio de Asuntos de las Mujeres dijo que la cantidad de llamadas recibidas a través del número de teléfono de emergencia creado por el gobierno se multiplicó por cinco. En nuestros centros de atención también hemos observado un pico, ya que el número de mujeres víctimas de violencia que buscaron nuestro apoyo aumentó. La situación se tornó más difícil cuando la gente empezó a actuar en forma más agresiva. Sin embargo, al mismo tiempo se volvió cada vez más difícil ir a una estación de policía o buscar servicios de salud, de modo que el acceso a los servicios disminuyó. Las mujeres se han sentido aisladas y se vieron obligadas a seguir conviviendo con sus agresores durante la cuarentena.

La mayoría de los tribunales cerraron durante la cuarentena y nosotros tuvimos que hacer cabildeo con el alto consejo del sistema judicial y el Ministerio de Justicia para incluir casos de violencia contra las mujeres entre los casos de emergencia que estaban siendo tratados durante la cuarentena. Afortunadamente, nuestro pedido fue aceptado.

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también fue afectado porque, por temor al virus, las mujeres no podían salir a buscar estos servicios. Tuvimos que colaborar con el Ministerio de Salud y el de Asuntos de las Mujeres para encontrar soluciones para esta situación, y ahora estamos tratando de encontrar una forma de asegurar la continuidad de los servicios de salud reproductiva.

Asimismo, los derechos socioeconómicos de las mujeres han sido severamente afectados. Debido a la crisis económica que conllevó la pandemia, muchas mujeres perdieron sus empleos o no están percibiendo sus salarios. Muchas mujeres en Túnez trabajan en el sector informal, por lo que no pudieron seguir trabajando y se quedaron sin ningún ingreso. Esto está afectando su capacidad para ocuparse de sí mismas y de sus familias. Junto con un grupo de trabajadoras domésticas, hemos estado trabajando en un estudio sobre la situación de las trabajadoras domésticas en Túnez. La situación es realmente alarmante porque las trabajadoras domésticas no pueden trabajar durante la cuarentena y no tienen ninguna otra fuente de ingresos. A pesar de que el sector informal representa una gran parte de la economía, las medidas adoptadas por el gobierno para dar ayuda de emergencia solo se aplican al sector formal. A su vez, los apoyos gubernamentales se han dirigido a las familias, y como según la ley tunecina los hombres son los jefes de familia, el dinero ha sido recibido principalmente por hombres. En casos de conflicto, violencia o separación, las mujeres no tienen acceso a ayuda gubernamental.

Hemos hecho mucho trabajo de incidencia con las autoridades porque la respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia. Hemos trabajado con la mayoría de los ministros. Nos hemos reunido con la mayoría de los departamentos ministeriales para crear conciencia. Hemos enviado documentos políticos y cartas abiertas. Continuamos brindando servicios en nuestros centros de atención, los cuales siguen operando. También hemos adaptado estos servicios para que puedan ser brindados por teléfono. Hemos lanzado una campaña contra la violencia hacia las mujeres durante la pandemia, la cual ha sido seguida por miles de personas y ha tenido mucho éxito. Como resultado de ello, el departamento de Facebook para Medio Oriente y África del Norte se puso en contacto con nosotros y ahora estamos trabajando con ellos para amplificar el impacto de futuras campañas. También vamos a establecer canales de comunicación con Facebook para reportar violencia y expresiones de odio en las redes sociales.

¿Qué restricciones de las libertades de asociación, expresión y protesta han enfrentado durante la pandemia, y qué están haciendo para superarlas?

No hemos enfrentado restricciones procedentes del gobierno, pero nuestra presencia en el espacio público se ha visto afectada por la imposibilidad de hacer manifestaciones. Las manifestaciones son algo a lo que estamos acostumbrados, porque ocupar el espacio público para decir “estamos aquí y reclamamos esto o aquello” se una táctica que funciona. Y ahora no lo podemos hacer. Pero estamos moviéndonos hacia una nueva fase de la cuarentena y tal vez pronto pueda ser un poco más fácil, de modo que ya estamos pensando en nuevas formas de protestar respetando las medidas de distanciamiento social. Estamos reflexionando sobre cómo adaptar nuestras tácticas de movilización. Estamos enfocándonos en las redes sociales, así como en los medios tradicionales, para comunicar nuestros mensajes y hablar de los problemas que enfrentamos, y llegar al mayor número posible de personas. También tratamos de diversificar nuestros medios de comunicación para llegar a diferentes públicos.

Asimismo, estamos estableciendo una coalición con el sindicato de periodistas, la Liga de Derechos Humanos de Túnez y otras organizaciones para trabajar sobre el impacto que ha tenido la respuesta a la pandemia sobre los derechos humanos.

Muchos donantes y aliados han sido muy flexibles porque era obvio que no podíamos seguir operando como si nada hubiese cambiado. Tuvimos que adaptar muchas de nuestras actividades, posponer otras y resignar el presupuesto para asistencia social. La mayoría de nuestras contrapartes han sido comprensivas y hemos tenido buenas discusiones con ellos para reajustar nuestros planes a la situación causada por la pandemia. Sin embargo, también hemos tenido problemas con donantes que han disminuido salarios durante este período.

Además de afrontar los problemas más urgentes, también estamos en un proceso de reflexión interna y con nuestros socios y aliados. Queremos ver cambios positivos como resultado de la pandemia. Queremos una sociedad más justa e igualitaria en donde todas las personas se sientan incluidas. La pandemia ha revelado algunos problemas subyacentes que el gobierno durante mucho tiempo había preferido ignorar, pero que ahora necesitarán ser abordados, como por ejemplo las fallas y limitaciones del sistema de salud.

¿Qué apoyo necesita la sociedad civil de Túnez de parte de la comunidad internacional?

La principal forma de apoyo es el trabajo en conjunto. Tenemos que trabajar juntos porque nosotros tenemos experiencia en el terreno, mientras que las organizaciones internacionales tienen redes más amplias, son capaces de trabajar en una variedad de contextos y tienen acceso a mecanismos internacionales y capacidad para influir sobre la agenda internacional. Para que una alianza sea efectiva, debe trabajar simultáneamente para influir a nivel tanto nacional como internacional. La pandemia ha mostrado que algunos de los problemas más grandes no pueden ser atacados desde el nivel nacional, sino que debemos trabajar a nivel internacional y en colaboración con redes regionales. Si juntamos esas dos cosas, creo que podemos lograr un mayor impacto.

El espacio cívico en Túnez es clasificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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COSTA RICA: ‘Logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural’

El 26 de mayo de 2020 Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. CIVICUS conversa con Herman Duarte, abogado habilitado para ejercer en Costa Rica y El Salvador y director de Simple Legal Consulting, así como enlace para América Latina del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y fundador y presidente de la Fundación Igualitxs. Fundación Igualitxs es un centro de pensamiento líder en América Central, enfocado en la promoción del matrimonio civil igualitario en la región. Persigue este objetivo mediante la conducción de litigios estratégicos a nivel tanto nacional como interamericano, la presentación de sus ideas en sitios de alto prestigio académico y el trabajo con aliados internacionales de alto nivel.

Herman Duarte 

¿Qué roles desempeñaron la sociedad civil y el gobierno en el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica?

Costa Rica es una democracia constitucional estructurada como un estado unitario con tres poderes - legislativo, ejecutivo y judicial – en principio independientes, donde, al menos en teoría, se respetan los principios del Estado de derecho y la igualdad legal de trato de todos sus habitantes. Pero también es un Estado confesional: su constitución reconoce expresamente al catolicismo como la religión oficial. En las últimas décadas, las congregaciones evangélicas se han expandido en número hasta llegar a ser cerca de 3.800. Hacia 2017, más del 80% de la población se identificaba como católica o evangélica; claramente, Costa Rica es culturalmente un país conservador.

En el marco de una lucha de décadas del movimiento de la diversidad, el puntapié inicial lo dio el Gobierno de Costa Rica, cuando en mayo de 2016 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva respecto de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Esta consulta abrió una ventana para todas las partes interesadas en presentar argumentos, cosa que hicieron más de 90 actores de naturaleza variada, como Estados, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), universidades y particulares. Las audiencias tuvieron lugar los días 16 y 17 de mayo de 2017 y nosotros participamos en ellas.

El impulso generado por este evento se reflejó en la organización del Primer Congreso de Matrimonio Igualitario, celebrado en San José en noviembre de 2017, que reunió a más de 54 oradores de la región. En enero de 2018 la Corte IDH publicó su decisión, donde explicaba que los Estados parte deberían regular el estatus de las familias no heterosexuales, abriendo las puertas del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Un grupo de 60 organizaciones LGBTQI+ de la región celebró la decisión como la más importante en la historia de los derechos de las personas LGBTQI+ hasta la fecha.

En ese momento se generó una gran discusión sobre si la opinión de la Corte IDH era o no vinculante para Costa Rica, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica saldó este debate en agosto de 2018, cuando argumentó que las secciones del Código de Familia que limitaban el matrimonio civil (no religioso) a las parejas heterosexuales eran inconstitucionales. El fallo dio a la Asamblea Legislativa 18 meses para enmendar la normativa; caso contrario, la restricción se levantaría automáticamente y a partir del 26 de mayo de 2020 cualquier pareja podría casarse sin obstáculo alguno en Costa Rica. Y así fue, ya que no hubo consenso legislativo para legislar en ese sentido.

En el trayecto hacia la entrada en vigencia del fallo de la Corte se desarrollaron importantes campañas de la sociedad civil para generar aceptación social que acompañara al cambio normativo.

 

¿Debieron enfrentar reacciones de grupos anti-derechos?

La reacción de los sectores conservadores ha sido brutal. Hay que entender que la comunidad LGBTQI+ ha enmarcado sus luchas en la demanda del reconocimiento de su dignidad humana y su igual valor en tanto que seres humanos y que de igual modo los grupos religiosos se han movilizado como grupos de identidad – solo que su identidad es definida en forma estrecha, no universalista, en oposición a un enemigo. Estos grupos canalizaron los resentimientos provocados por los cambios legales igualadores y dieron esperanzas a quienes se habían sentido desplazados por ellos, dando lugar al surgimiento de partidos políticos religiosos.

En ese contexto, las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una especie de referéndum sobre los derechos de las personas LGBTQI+, y específicamente sobre el matrimonio igualitario. Un pastor evangélico, Fabricio Alvarado, por entonces el único congresista de un partido evangélico, se postuló para la presidencia, explotando los sentimientos de indignación y temor de la ciudadanía conservadora ante el fallo de la Corte Suprema. El candidato se destacó por sus declaraciones incendiarias; declaró, por ejemplo, que la homosexualidad era “causada por el diablo”. Así escaló hasta el primer lugar en las encuestas preelectorales: en solo un mes pasó del 3% al 17% de la intención de voto, y se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, conquistando además 14 de los 54 escaños legislativos, lo cual representó un aumento del 1300% en la presencia legislativa de su partido político.

La segunda vuelta para la elección presidencial giró en torno de los derechos de la población LGBTQI+. El otro contendiente, Carlos Alvarado, era el candidato del partido gobernante y tenía una postura favorable a los derechos LGBTQI+. Esta postura finalmente se impuso, pero la elección nos obligó a confrontar el enorme poder que han alcanzado las iglesias evangélicas. La victoria de Carlos Alvarado se explica por varios factores; uno de ellos fue la gran movilización de la sociedad civil. Entre las campañas de la sociedad civil que tuvieron impacto cabe mencionar la del grupo Coalición por Costa Rica, que buscó generar un debate informado e inclusivo, divulgando las propuestas de los candidatos para que la ciudadanía pudiera deliberar antes votar; y la de Igualitxs, “Por todas las familias”, lanzada una semana antes de las elecciones para difundir un mensaje inclusivo y pedir un trato igualitario hacia la población LGBTQI+.

La profunda división generada en torno de las elecciones ha tenido secuelas. Siguen abundando los políticos que usan la religión para polarizar a la sociedad y reclaman porque, según ellos, el gobierno solo atiende los problemas de la población LGBTQI+. Esto se ha intensificado con la entrada en vigor del matrimonio igualitario y la propuesta de leyes para censurar el odio y el discurso discriminatorio.

 

¿Piensas que el cambio legal ha ido acompañado de un cambio en las actitudes? ¿Qué está haciendo la sociedad civil para promover la aceptación de las personas LGBTQI+?

Una cosa es el cambio legal y otra el cambio cultural. El cambio legal ha representado un progreso de los derechos humanos y una forma de concretar la aplicación universal de la ley. Ha sido el resultado de una lucha de varias décadas de la comunidad LGBTQI+. Pero sigue habiendo homofobia, discriminación y violencia contra las personas LGBTQI+. Una vez logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural. Porque el cambio legal por sí mismo no necesariamente produce sensación de pertenencia a una comunidad. Como lo explica el teórico político Bikku Parekh, mientras que la ciudadanía es un tema de estatus y derechos, la pertenencia se alcanza cuando uno es aceptado y se siente bienvenido. Y para esto último todavía falta. Las actitudes de la gente no cambian en forma automática por efecto de la implementación de una ley. La ley es un parámetro objetivo de lo permitido, pero es necesario trabajar mucho más para modificar los parámetros de lo que es considerado normal o moralmente aceptable.

Por eso, para preparar el terreno para el cambio legal, en los 18 meses entre la publicación de la sentencia de la Corte Suprema y la entrada en vigencia de la decisión, más de 35 OSC locales desarrollaron la campaña “Sí, Acepto”, llamando al reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esta campaña también fue acompañada por medios de comunicación, empresas que son parte del gremio de la publicidad, gremiales como el Asocio Empresarial para el Desarrollo, las Naciones Unidas y embajadas como las de Canadá y los Países Bajos.

La campaña presentó testimonios de personas, parejas y familias LGBTQI+, así como de sus familiares, vecinos y amigos con el objetivo de promover la aceptación y modificar las percepciones de lo que significa ser LBGTQI+ en la sociedad costarricense. Fue una activación a nivel nacional, con videos que fueron transmitidos no solo por las redes sociales sino también por la televisión nacional durante meses. Es la mejor campaña que se ha ideado sobre el tema, y se la debemos a la señora Nisa Sanz, presidenta de la OSC Familias Homoparentales, y a Gia Miranda, vocera oficial de la campaña.

Los videos mueven emociones y generan empatía. Llevaron a miles de personas que no estaban involucradas políticamente a renunciar a su sagrado derecho a la privacidad y dar la cara, para dejar ser una abstracción y volverse una realidad. Le puso un rostro humano a la idea abstracta de “los gays”, como la presentan los periódicos. Al decirles que no van a ser rechazadas, generó las condiciones para que las personas vayan perdiendo el miedo, pues la mayoría de las personas LGBTQI+ sufren algún tipo de rechazo en su vida cotidiana, independientemente de su estatus social. El resultado fue la participación de una ciudadanía activa, que con o sin pandemia no dio un paso atrás sobre el terreno conquistado. Esto fue determinante para dejarles claro a los diputados que intentaban sabotear el matrimonio civil igualitario que no les sería posible conseguirlo.

Fue una de las campañas de derechos civiles más importantes de la historia, y quedará en el recuerdo como una luz que brilló en las tinieblas de la pandemia. Un día antes de que el matrimonio civil comenzara a regir para todas las personas adultas en Costa Rica, el obispo de la Iglesia Católica de Alajuela pronunció un mensaje que decía: “nos alegramos de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia y creo que ahí, donde hay una manifestación de cariño y de familia de alguna forma, ahí se manifiesta Dios, y tenemos que favorecerlo”. Si bien no necesariamente reflejaba la posición de toda la institución, las palabras de este representante religioso fueron el producto del excelente trabajo de los y las activistas para lograr el cambio cultural necesario para lograr la aceptación de las personas LGBTQI+.

Es notable el modo en que Costa Rica pasó de criminalizar la homosexualidad en los años ’70 y cerrar sus bares, considerados “perversos”, y perseguirla con redadas bajo la excusa de la salud pública en los ’80, a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en 2016 y, tras una elección presidencial enfocada en el tema, nombrar en 2018 un comisionado presidencial para asuntos LGBTQI+ y reconocer dos años más tarde el matrimonio igualitario.

Hemos dejado atrás una ley injusta más. Y mucha gente ha comprendido que el hecho de que la unión de pareja y los planes de vida de dos adultos del mismo sexo reciban protección legal no les afecta en nada – a lo sumo, valida la institución matrimonial de la cual ellos también forman parte – y que ser gay no tiene nada de malo, y que en todo caso nadie se “hace gay” como resultado de esta normalización.

¿Qué significación regional tienen los progresos logrados en Costa Rica?

Centroamérica es una de las regiones más hostiles de América Latina para las personas LGBTQI+. Los asesinatos de personas homosexuales y trans son frecuentes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica, el primer país centroamericano que aprueba el matrimonio igualitario, debería ser un modelo para toda la región. La opinión consultiva de la Corte IDH tiene validez para la veintena de países de las Américas que reconocen su competencia. Panamá pronto podría seguir el camino de Costa Rica: se ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad fundada en el fallo de la Corte IDH, y la Fundación Iguales Panamá está coordinando la participación de la sociedad civil nacional internacional en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La Fundación Igualitxs también lleva mucho tiempo trabajando en el mismo sentido en El Salvador, mi país de origen. La sociedad civil salvadoreña ha logrado avances inmensos. En función de las tendencias regresivas de la Asamblea Legislativa sobre el tema de matrimonio civil igualitario, durante una década y media nuestros esfuerzos se centraron en la presentación de demandas de inconstitucionalidad del Código de Familia. Yo presenté una de estas demandas, titulada Demanda por la Igualdad, el 11 de noviembre de 2016. Poco después, varias OSC, como la Asociación Entre Amigos, Comcavis y Hombres Trans El Salvador, así como numerosos activistas independientes, presentaron una demanda similar.

Igual que en Costa Rica, los sectores conservadores reaccionaron con fuerza. En la Asamblea Legislativa, se apuraron a dar inicio al proceso de ratificación de una reforma constitucional excluyente que llevaba años estancada, y que daría rango constitucional a la definición restrictiva del matrimonio que nosotros cuestionábamos en el Código de Familia, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frente a esto promovimos una solicitud de medida cautelar contra el proceso de reforma constitucional, y logramos que la Corte Suprema lo frenara. Fue a raíz de esta demanda que se creó el movimiento Igualitos, que luego se convertiría en la Fundación Igualitxs.

Las dos demandas de inconstitucionalidad de 2016 fueron finalmente admitidas en agosto de 2019, y en enero de 2020 un magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anunció que el tribunal fallaría próximamente y admitió que esta es una de sus grandes deudas pendientes. De modo que puede que estemos cerca de lograrlo.

¿Qué apoyo necesita la sociedad civil defensora de los derechos de las personas LGBTQI+ de la sociedad civil internacional?

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la situación se está poniendo cada vez más difícil. Los Estados tienen sus recursos comprometidos en la lucha contra la pandemia; las OSC enfrentan dificultades presupuestarias y la crisis está afectando a todo el mundo. Además, mucha gente se vuelca a la fe para sobrellevar la crisis y algunos grupos religiosos están aprovechando para impulsar campañas contra las personas LGBTQI+. Sin embargo, sigue siendo posible tomar medidas y acciones concretas, como por ejemplo, en El Salvador, la aprobación de un proyecto de ley que decenas de organizaciones impulsan para que se reconozca a las personas defensoras de derechos humanos.

En lo que se refiere específicamente a nuestra organización, que no tiene fondos y funciona enteramente sobre la base del voluntariado, estamos tratando de ir de a un día a la vez, para retomar el control que hemos perdido por la pandemia. Pienso que es el momento para preguntarnos no solo qué queremos y podemos obtener de la vida, sino también qué podemos darle de regreso. De esta manera entramos a una zona de poder, donde conservamos agencia pese a las limitaciones. Salimos así de nuestra zona de confort para ingresar a una zona de crecimiento. A partir de la aceptación de la realidad que nos toca, tenemos que hacer una profunda introspección para reinventarnos. Este es el momento para volver a creer que todas las personas tenemos el potencial de hacer grandes cosas y dejar huella si actuamos no para obtener halagos y ganar popularidad, sino en busca de la satisfacción de hacer lo correcto y lo justo, generando un impacto positivo en el mundo.

El espacio cívico en Costa Rica es clasificado como ‘abierto’ por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con la Fundación Igualitxs a través de su sitio web y su perfil de Facebook. 

 

MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’

CIVICUS conversa con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

Wendy Figueroa

¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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MALAWI: ‘Las niñas necesitan protección no solo contra el COVID-19, sino también contra la violación endémica de sus derechos’

CIVICUS conversa con Ephraim Chimwaza, Director Ejecutivo del Centro para el Avance Social y el Desarrollo (Centre for Social Concern and Development, CESOCODE), una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en temas de salud reproductiva y promueve los derechos de las mujeres de Malawi. CESOCODE trabaja para eliminar todas las formas de violencia de género (VG) que padecen niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y promueve sus derechos humanos y su bienestar a través de la incidencia, la investigación, la educación, la capacitación y la prestación de servicios básicos de salud reproductiva.

Ephraim Chimwaza picture

¿Cuál es la situación de las niñas y las mujeres jóvenes en Malawi?

En Malawi, la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las niñas enfrentan más obstáculos que los niños para acceder a la educación y a oportunidades laborales, y muchas niñas no conocen sus derechos legales. La falta de acceso a oportunidades también impulsa el matrimonio infantil, que es otro factor que obstaculiza fuertemente el disfrute de los derechos de las niñas.

Malawi se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, temprano y forzado para 2030, de acuerdo con el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también ha ratificado varios instrumentos internacionales con ese fin. Aun así, el 42% de las niñas en Malawi se ven obligadas a casarse antes de los 18 años, y casi el 10% lo hace antes de cumplir los 15. En algunos grupos étnicos, los matrimonios arreglados son comúnmente utilizados para establecer alianzas entre familias. En todo el país, las familias más pobres a menudo dan a sus hijas en matrimonio para reducir la carga económica de mantenerlas o con la intención de ofrecerles la oportunidad de una vida mejor. En otros casos, las obligan a casarse si quedan embarazadas, para que no deshonren a sus familias. Algunos padres en situaciones desesperadas también obligan a sus hijas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o comida.

La violencia contra las adolescentes y las mujeres jóvenes es moneda corriente. Una de cada cuatro jóvenes ha experimentado recientemente episodios de violencia por parte de una pareja, pero son pocas las que buscan ayuda. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son socialmente aceptadas en forma generalizada, incluso entre los jóvenes. No resulta sorprendente que las adolescentes sigan siendo las más afectadas por la epidemia del VIH. El número de niñas de entre 10 y 19 años que viven con el VIH está aumentando, dado que las adolescentes representan casi tres de cada cuatro nuevas infecciones.

¿De qué modo aborda CESOCODE estos desafíos?

Desde 2009 trabajamos con el foco puesto en la promoción de los derechos de las niñas, y específicamente con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil. Con ese fin, trabajamos con las comunidades y sus líderes para alentar a las niñas a que permanezcan en la escuela. Ofrecemos a las adolescentes un espacio seguro donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y damos asesoramiento a las que padecen violencia de género.

También integramos una iniciativa global llamada “Niñas, no novias” (Girls Not Brides), que incluye a más de 1300 OSC de más de 100 países que trabajan para terminar con el matrimonio infantil y contribuir a que las niñas alcancen todo su potencial aumentando su acceso a la salud, a la educación y a mayores oportunidades. A través de esta alianza llamamos la atención del mundo sobre el matrimonio infantil y las violaciones concomitantes de los derechos de las niñas, contribuimos a generar una comprensión del problema y reclamamos cambios en las leyes, así como la implementación de políticas y programas que harán una gran diferencia en las vidas de millones de niñas.

¿Qué impactos específicos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las niñas en Malawi, y cómo han logrado ustedes continuar trabajando en este contexto?

La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto negativo sobre las niñas en Malawi. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde trabajamos. Las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno han llevado al cierre de escuelas. Como los centros de salud y las clínicas móviles también suspendieron la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era limitado, disminuyó aún más. Durante el encierro obligado por la cuarentena, los casos de violencia de género y abuso sexual han aumentado, pero las denuncias han disminuido. La mayoría de las niñas no pueden salir y denunciar la violencia de género que padecen y tienen que seguir viviendo con sus abusadores y temiendo por sus vidas.

Nuestros programas y actividades se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno para disminuir el riesgo de infección por COVID-19. No hemos podido reunirnos físicamente con las niñas y brindarles servicios vitales, tales como condones y anticonceptivos. Las niñas no pueden salir de sus hogares para asistir a reuniones, talleres o conferencias, ya que todas las reuniones públicas han sido prohibidas para mantener el distanciamiento social.

Sin embargo, hemos seguido llegando a las niñas a través de diversos medios.

En primer lugar, nos comunicamos a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. Estamos utilizando plataformas en línea como Facebook y aplicaciones móviles como WhatsApp para difundir mensajes sobre salud pública y prevención de la violencia doméstica. Hemos desarrollado un servicio de mensajería vía Bluetooth, de móvil a móvil, que nos permite mantener el contacto con las niñas y que ellas pueden usar para avisarnos si están en riesgo. También hemos producido un breve podcast centrado en la violencia doméstica contra las niñas, que incluye una versión en lenguaje de señas, de modo de no excluir a las niñas sordas o con dificultades auditivas.

En segundo lugar, estamos usando la radio y la televisión comunitarias para difundir mensajes a medida y empaquetando contenido en programas populares para llegar a las niñas en sus hogares con mensajes de prevención de la violencia de género. Estos también incluyen interpretación en lenguaje de señas.

En tercer lugar, seguimos trabajando en las comunidades, difundiendo mensajes de boca en boca o mediante el uso de altavoces. Usamos nuestro vehículo con altavoz para recorrer las comunidades y difundir información sobre prevención de la violencia de género y el matrimonio infantil y para promover los derechos de las niñas en general.

Cuarto, estamos distribuyendo material impreso de divulgación para explicar las consecuencias de las violaciones de los derechos de las niñas e informar dónde denunciar casos de violencia contra las niñas. Lo hacemos a través del reparto de volantes y folletos, y también pegamos carteles en lugares por donde niñas y adolescentes pasan con frecuencia, tales como tiendas, fuentes de agua y minimercados. Estos materiales están siempre escritos en el idioma local e incluyen imágenes para que el contenido sea más fácil de entender.

Así hemos podido continuar con nuestro trabajo y no hemos abandonado a las chicas que confían en nosotros en el momento en que más nos necesitan.

¿A qué crees que se deben los buenos resultados obtenidos?

Pienso que hay tres factores principales que explican los buenos resultados que hemos obtenido.

Primero, hemos mantenido el vínculo con los líderes comunitarios y otros actores clave y hemos apuntalado su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la violencia de género contra las niñas. Llevamos a cabo reuniones virtuales y compartimos programas en formato podcast con diversos actores relevantes que trabajan con niñas. Estos materiales sirven para incentivar relaciones positivas y saludables de modo de prevenir la violencia contra las niñas al tiempo que promueven la salud reproductiva de las jóvenes durante la pandemia del COVID-19.

En segundo lugar, hemos identificado herramientas de bajo costo que nos han permitido mantener el contacto con las niñas y hemos continuado empoderándolas durante la pandemia. Lo hemos hecho mediante el uso de nuevas tecnologías en los casos en que están disponibles y son accesibles, y hemos buscado conectarnos de otras maneras con las niñas que viven en comunidades que carecen de acceso a las redes sociales.

En tercer lugar, hemos impulsado la integración de mensajes de prevención de la VG en los materiales de prevención del COVID-19, de modo que los servicios de atención médica se comuniquen con las niñas y les brinden apoyo y protección integrales, no solo contra el COVID-19 sino también contra la violación endémica de sus derechos.

El espacio cívico en Malawi es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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Líbano: ‘El cambio comienza cuando se les pasa el micrófono a las organizaciones feministas de base’

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS y laRed Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Hayat Mirshad, periodista y activista feminista y jefa de comunicaciones y campañas del Encuentro Democrático de Mujeres Libanesas (RDFL), una organización de la sociedad civil (OSC) feminista y secular que defiende los derechos de las mujeres. Fundada en 1976 y basada en el voluntariado, RDFL es una de las organizaciones feministas más antiguas del Líbano. Lucha por la eliminación de la violencia de género y de todas las formas de discriminación y busca lograr el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. Ha lanzado varias campañas exitosas, entre ellas la campaña #NoAntesdelos18 (#NotBefore18) de 2017, que resultó en la presentación de un proyecto de ley, actualmente bajo consideración parlamentaria, para establecer en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

 

JAPÓN: ‘La vulnerabilidad de las personas en situación de calle es el resultado de la exclusión incorporada en la sociedad contemporánea’

Independiente (Moyai Support Centre for Independent Living) sobre la situación de las personas en situación de calle durante la pandemia del COVID19 en Japón. Fundado en 2001, el Centro de Apoyo Moyai apoya a personas en situación de calle creando un espacio comunitario y proporcionando asesoramiento y garantías de alquiler para quienes buscan vivienda.

En Japón es ilegal pedir dinero en la calle y hay poca simpatía hacia las personas sin hogar, que a menudo son vistas en forma estereotipada, como personas que huyen de deudas de juego. En Tokio, los preparativos para los juegos Olímpicos, originalmente planeados para 2020 pero ahora postergados para 2021, resultaron en el desmantelamiento de las carpas de personas en situación de calle ubicadas cerca de estaciones de trenes y parques. En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Centro de Apoyo Moyai lanzó un petitorio en línea para pedir autorización a los organizadores de las Olimpíadas de Tokio y al gobierno de la ciudad para usar la Villa Olímpica como refugio para personas en situación de calle.

 

ASIA: ‘Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado’

CIVICUS conversa con Gam Shimray, Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (Asian Indigenous Peoples Pact, AIPP) sobre la situación de los grupos Indígenas en Asia durante la pandemia del COVID-19. AIPP es una federación regional de movimientos de pueblos Indígenas de Asia que trabaja para promover y defender los derechos humanos de los pueblos Indígenas, incluyendo derechos territoriales y culturales. Debido a su posición de subordinación y a su distancia respecto de la cultura y la política convencionales, los pueblos Indígenas padecen graves violaciones de derechos humanos, racismo sistémico, discriminación y exclusión. Como resultado de la constante negación de sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, muchas comunidades Indígenas se cuentan entre los grupos más vulnerables y desfavorecidos.

 Gam Shimray

¿Qué nos puedes contar acerca del trabajo de AIPP?

El trabajo de AIPP se guía por nuestra creencia en los derechos humanos universales y el derecho inherente a la autodeterminación de todos los pueblos, incluidos los pueblos Indígenas. Los derechos a la autodeterminación y el autogobierno son una necesidad social para lograr una continuidad de los procesos sociales el autodesarrollo Indígena.

Mientras que nuestro trabajo de incidencia se centra principalmente en los niveles regional y global, a través de nuestros miembros y redes establecemos conexiones con procesos a nivel país. AIPP consolida una posición común de las organizaciones Indígenas para la incidencia global y regional. Para ello, nos enfocamos en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, consolidando los movimientos Indígenas y programando una agenda común para campañas y actividades de incidencia colectivas a nivel nacional.

AIPP también trabaja en la construcción de liderazgos y promueve un liderazgo distribuido a lo largo de Asia, incluyendo a mujeres, jóvenes y personas con discapacidades.

¿Cuál era la situación de los pueblos Indígenas en Asia antes de la pandemia del COVID-19?

Antes de la pandemia causada por el COVID-19 la situación política en Asia se había ido deteriorando, particularmente en los últimos años. En muchos países asiáticos hemos experimentado ataques crecientes contra la sociedad civil y la restricción del espacio democrático necesario para el debate y la formación de la opinión pública. Algunos intelectuales atribuyeron esta tendencia a la existencia de liderazgos políticos cada vez más apartados de la democracia y los derechos humanos.

Las transiciones de regímenes autoritarios hacia la democracia que algunos países han experimentado en las últimas décadas, como Filipinas en los años ‘80, Indonesia a finales de los ‘90 y Nepal a comienzos de los 2000, no han culminado. Otros países, como China, Laos y Vietnam, tienen sistemas de partido único de jure, mientras que Camboya tiene uno de facto. En Myanmar, los militares todavía controlan el gobierno, mientras que la tradición tailandesa de gran tolerancia todavía no ha producido un Estado democrático moderno y estable. A su vez, el ascenso del populismo constituye una seria amenaza para estas democracias. En India, la democracia más grande del mundo y probablemente una de las más fuertes en la región, bajo el gobierno populista del Primer Ministro Narendra Modi estamos viendo continuos ataques contra toda institución autónoma, desde la justicia hasta el banco central y la prensa independiente.

El resultado es que, en los últimos años, la mayoría de los defensores de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas han sido Indígenas. Ellas han perdido sus vidas defendiendo sus derechos, hogares, tierras, territorios y recursos.

Estos problemas también evidencian la existencia de problemas subyacentes más profundos, referidos a la insuficiente capacidad política e institucional para abordar eficientemente los desafíos que presentan la democracia y los derechos humanos en los países asiáticos. Enfrentamos cuestiones morales y políticas que requieren una evaluación seria de la erosión de los estándares y prácticas de derechos humanos y el debilitamiento de la capacidad política e institucional para responder a los desafíos sociales y políticos del presente. La experiencia de sufrimiento de las personas más pobres durante la pandemia del COVID-19 es evidencia de ello.

¿Qué desafíos han enfrentado los grupos y activistas Indígenas durante la pandemia?

Los problemas y desafíos varían según las diferentes situaciones de los países. Aún así, uno de los principales desafíos se relaciona con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de Asia impusieron cuarentenas en sus países sin mucha preparación, lo cual desencadenó el caos. La situación fue abrumadora y no pudimos responder a las necesidades de activistas, comunidades y trabajadores migrantes.

Las personas refugiadas, trabajadoras migrantes y apátridas fueron las que más sufrieron. Las que carecían de documentos identidad tuvieron problemas para demostrar su ciudadanía, lo cual debían hacer para recibir ayuda gubernamental. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas carecen de la documentación necesaria y también abundan los errores de registro, y quienes no figuran en el registro nacional no pueden recibir un documento de identidad.

Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado. Esta situación ha sido peor en India, donde gente del noreste del país fue expulsada de sus hoteles o de las casas que alquilaban, no podían comprar comida, ir a los mercados o usar transporte público. Hubo gente que les escupió y se les detenía sin ningún tipo de explicación. Muchas de estas personas, entre ellas mujeres, fueron golpeadas sin ninguna razón, por lo que mucha gente en ciudades de toda India vive en un estado de temor permanente.

En algunos países, los gobiernos están aprovechando la situación actual como excusa para emprender campañas militares, acaparar tierras, autorizar grandes proyectos de infraestructura, denegar derechos y debilitar regulaciones y protecciones medioambientales. Muchos activistas y miembros de las comunidades en países como Bangladesh, India, Filipinas y Myanmar fueron asesinados o encarcelados a raíz de acusaciones inventadas. La policía y las fuerzas de seguridad también han impedido que los líderes de las comunidades realizaran tareas de emergencia y ayudaran a comunidades en emergencia alimentaria.

Estos incidentes son graves y hay muy poco que podamos hacer al respecto, ya que la gente no puede salir a protestar o hacer campaña, y apenas pueden tener acceso a la justicia. En India están permitidas las peticiones electrónicas y los tribunales siguen atendiendo los temas más urgentes mediante videoconferencia, pero muchas comunidades no están familiarizadas con procesos tan complicados y tampoco tienen acceso adecuado a internet.

¿Como han respondido ante esta situación AIPP y otras organizaciones de derechos Indígenas?

Lo primero que hicimos fue comunicarnos con nuestros miembros y redes para juntar información de las bases. También les respondimos a quienes se comunicaron con nosotros en busca de ayuda y apoyo. Nuestra primera acción fue proveer o movilizar asistencia, y en particular alimentos para las personas en situación crítica en diferentes áreas, por intermedio de nuestros miembros. Nuestra ayuda también se concentró en compartir información relativa a las comunidades Indígenas. Esto ha sido necesario porque los niveles de desinformación han sido abrumadores, y han desencadenado reacciones impulsadas por el pánico. Hemos compartido con las comunidades solicitudes y llamamientos solidarios para impulsar respuestas humanitarias y difundir buenas prácticas que las comunidades pueden implementar.

La situación es complicada porque no se trata solamente de responder a la pandemia. Las comunidades indígenas padecen de muchos problemas subyacentes. Lo mínimo que podíamos hacer era dejar constancia de nuestra protesta y llevar a cabo campañas a través de medios digitales.

La pandemia del COVID-19 ha desenmascarado muchos problemas y nos plantea nuevos desafíos. Por lo tanto, estamos evaluando y haciendo esfuerzos para dar pasos adicionales para afrontar el impacto de la pandemia en el largo plazo. Con respecto a esto, también hemos formado una alianza regional en respuesta al COVID-19, que se encuentra en proceso de expansión. Pronto tendremos listo nuestro informe preliminar de evaluación regional, que nos va a ayudar a planificar mejor. Ya sabemos que el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades va a ser crucial en el proceso de adaptación a lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.

¿Qué otros apoyos necesitarían los grupos Indígenas en este momento?

El apoyo que las comunidades Indígenas necesitan es enorme, porque los impactos se seguirán sintiendo en el largo plazo. Pero algunas de las necesidades principales son las siguientes.

En primer lugar, necesitamos establecer grupos locales de respuesta rápida a la pandemia con fondos asignados y con un equipo de funcionarios designados para coordinar con autoridades provinciales o estaduales y organizaciones de la sociedad civil para monitorear la situación en las comunidades Indígenas y proveerles el apoyo que necesiten. El equipo de respuesta también debe coordinar con las autoridades correspondientes para atender las necesidades especiales de las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades en las comunidades Indígenas.

En segundo lugar, necesitamos asegurar que las autoridades locales y provinciales reciban pautas e instrucciones apropiadas en relación con las medidas que deben tomarse para que los pueblos Indígenas puedan afrontar el COVID-19 y cumplir la cuarentena.

El tercer lugar, es crucial crear conciencia y asegurar el acceso a los servicios de salud. Por eso es importante preparar materiales informativos en formatos amigables para las comunidades, que expliquen con claridad la naturaleza de la enfermedad, las medidas de cuarentena y contención y las pruebas virales, de modo de derribar los mitos acerca del virus. Se necesita coordinación entre los trabajadores del departamento de salud y los sanadores tradicionales para garantizar que los sistemas de conocimiento Indígenas estén integrados en los mecanismos de respuesta. Se deberían fomentar estrategias de cuarentena localizadas y separadas que promuevan un ambiente natural y de participación de la comunidad. También se pueden preparar centros de atención para casos de COVID-19 manejadas por sanadores y enfermeros de las comunidades.

En áreas remotas se deberían desplegar unidades móviles de salud que incluyan a sanadores tradicionales y trabajadores de la salud. Se debería prestar particular atención a aquellas áreas donde hay más trabajadores migrantes que han retornado a sus hogares. También se debería facilitar el acceso al testeo y proveer instalaciones para que estas personas puedan hacer la cuarentena. También se debería proveer acceso a servicios de salud en caso de emergencia, incluido el transporte. El acceso al agua para limpiar y beber es otra necesidad crítica que se debería asegurar.

Asegurar la seguridad alimentaria, el nivel de ingresos y el sustento económico también es crucial dados los niveles de desnutrición que existen en muchas regiones Indígenas. Por lo menos en los próximos seis meses va a ser sumamente necesario distribuir en forma gratuita raciones alimenticias para todas las personas, independientemente de si tienen cédula de identidad o son clasificadas como migrantes.

Por último, es urgente fortalecer los medios de subsistencia basados en la producción forestal no maderable (PFNM) mediante la creación de mecanismos institucionales efectivos de recolección, almacenamiento, adquisición y venta. En Asia hay una alta dependencia de la PFNM. Se debería proveer apoyo financiero y logístico a las comunidades para que puedan generar una fuente de ingreso sustentable. Las comunidades que viven en áreas protegidas deben tener acceso a los bosques por motivos de subsistencia.

¿Que lecciones han aprendido sobre la situación de los pueblos Indígenas durante la pandemia?

Durante la pandemia la situación ha sido abrumadora, y las medias impuestas por los gobiernos han desencadenado actos de violencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Centenares de personas pobres han muerto de hambre, y las que se aventuraron a salir por efecto de la desesperación han sido atacadas brutalmente por la policía.

El impacto potencial parecía bastante sombrío y si no hubiésemos puesto nuestra confianza en la gente y en las comunidades, nuestros esfuerzos no hubiesen sido muy exitosos. Los servicios de asistencia en emergencia debían ser eficientes y la clave de nuestro éxito en países como Malasia o Tailandia ha sido depositar nuestra confianza en el trabajo de los voluntarios de las comunidades. Todos los recursos que fue posible generar les fueron transferidos a ellos y ellos reportaron las acciones y actividades que llevaban a cabo por teléfono o por otros medios que tuvieran a disposición.

Además, por lo que pudimos ver, muchas comunidades respondieron muy bien a la situación iniciando cuarentenas en los pueblos, regulando las visitas, poniendo a los retornados en cuarentena o implementando medidas de distanciamiento social aun con poca información o sin los recursos apropiados. También hubo miedo, pero las comunidades lo fueron superando y fueron mejorando sus respuestas. Las comunidades no solo recibieron asistencia de nuestra parte o de otras fuentes: algunas de ellas también aportaron alimentos para otras comunidades más necesitadas. La mayoría de estas comunidades han trabajado con nosotros en el pasado y han podido gestionar exitosamente sus sistemas de producción alimentaria y sus recursos naturales. No estaban preocupadas por escasez de alimentos; por el contrario, sus líderes aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia de la importancia de mejorar la producción local y el manejo sustentable de los recursos. Personalmente, esto ha sido inspirador.

También nos hemos sentido inspirados por comunidades que se organizaron y usaron prácticas curativas y medicinas locales para mejorar la inmunidad y la resistencia a la enfermedad o establecieron sistemas de intercambio de alimentos con poca o casi nada de ayuda de parte del Estado, cuando los programas estatales no funcionaban o no llegaban a tiempo. Lo que es más importante, esto demostró que la devolución de atribuciones y el empoderamiento de las comunidades pueden ser más efectivos a la hora de afrontar una crisis si se entrega a las instituciones locales autónomas los recursos y el apoyo necesarios.

Las respuestas espontáneas de las comunidades se fueron dando de forma casi natural porque se trata de comunidades que históricamente se han autogobernado. De aquí en adelante, si confía en la gente y empodera a las comunidades el Estado podrá lidiar de forma más eficiente con cualquier crisis de salud pública y con sus impactos en el largo plazo.

Contáctese con el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia a través de su sitio web o de su perfil de Facebook, y siga a @aippnet en Twitter.

 

MALASIA: ‘Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia’

Adrian Perei

CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.

NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.

Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personas trabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamiento y deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Un informe sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.

¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?

En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.

Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.

También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.

¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?

Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.

El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.

Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.

También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.

La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.

¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?

Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita, y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.

También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.

Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.

Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.

¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?

Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.

¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?

Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.

Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.

Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.

Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.

El espacio cívico en Malasia es clasificado como obstruido por el CIVICUS Monitor

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DERECHOS DE LAS MUJERES: ‘A este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar la igualdad’

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS conversa con Serap Altinisik, directora de la oficina de Plan International para la Unión Europea (UE) y representante en la UE. Anteriormente, como Directora de Programas de la organización Lobby Europeo de Mujeres (European Women’s Lobby), Serap dirigió la Campaña 50/50, "No hay democracia moderna sin igualdad de género", en toda Europa. Recientemente también ha pasado a integrar la Junta Directiva de CIVICUS.

Serap Altinisik

Un cuarto de siglo después, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales? ¿Qué se debe hacer ahora para que para 2030 se alcance el Objetivo 5 sobre igualdad de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

2020 marca el 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la agenda más visionaria para los derechos de las niñas y las mujeres. 2020 también inicia la cuenta regresiva de una década para alcanzar los ODS.

En las últimas décadas se ha producido un progreso claro y medible hacia la igualdad de género. Por ejemplo, 131 países han promulgado 274 reformas legales y regulatorias en apoyo de la igualdad de género, la mortalidad materna ha disminuido en por lo menos 45%, la matriculación de niñas y niños en la escuela primaria casi se ha igualado, y aproximadamente el 25% de los escaños en los cuerpos legislativos nacionales están ocupados por mujeres, un número que se ha duplicado en las últimas décadas.

Sin embargo, 25 años después de que los estados miembros de la ONU se comprometieran a lograr la igualdad de género y cinco años después de la formulación de los ODS, ningún país ha cumplido plenamente la promesa de la igualdad de género. Si los gobiernos continúan a este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar esa meta.

Para lograr el ODS 5, estoy de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que ha reclamado una década de acción para cumplir con los ODS y quiere que este sea el siglo de la igualdad de género. Retrospectivamente, la desigualdad de género es una de las cosas que más nos avergonzarán del siglo XXI.

Los gobiernos tienen que invertir consistentemente en la igualdad de género, lo cual significa no solo promulgar leyes y reglamentos, sino también implementar presupuestos sensibles en materia de género de manera consistente. Las investigaciones disponibles muestran que allí donde las inversiones son consistentes, los derechos de las niñas y las mujeres aumentan. Sin embargo, no existe un enfoque único que funcione para todos. Al adoptar reglamentos y leyes, los gobiernos deben utilizar un enfoque del ciclo de vida para abordar las necesidades específicas de las mujeres en cada etapa de sus vidas. Si deseamos medir e incrementar los avances y aprender de los datos, entonces debemos desglosar los datos por edad, género, discapacidad y origen étnico, entre otras variables.

Sin embargo, los factores más persistentes que impiden que niñas y mujeres tengan roles de liderazgo, decidan y prosperen a la par de los niños y los hombres son las normas sociales, los estereotipos y el sexismo. Los estudios disponibles y las experiencias de niñas y mujeres muestran que en muchos países las prácticas a nivel del hogar subordinan a las mujeres incluso cuando están educadas, aun cuando están dentro del mercado laboral e incluso cuando desempeñan roles en el gobierno. Dado que lo personal es político, como dice el eslogan del movimiento feminista de la década del ‘60, la igualdad de género y los derechos de niñas y mujeres deben ser una prioridad para la política, la economía, las prácticas y las normas sociales, y esto comienza en casa. Si el objetivo es cumplir por completo la promesa de la igualdad de género para 2030, no puede ser un mero adorno.

En un análisis retrospectivo de 2019, ¿cuáles dirías que han sido los principales éxitos y desafíos en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres?

El ascenso de líderes autoritarios y el establecimiento de gobiernos de derecha están preparando un terreno fértil para la violencia y la discriminación contra niñas y mujeres. En los últimos años hemos observado retrocesos y ataques contra las victorias obtenidas con tanto esfuerzo para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres tanto en el norte global como en el sur global. Últimamente los conflictos y las crisis humanitarias se han vuelto más complejos y prolongados, y en esos contextos las mujeres y niñas enfrentan los mayores riesgos. Desafortunadamente, la discriminación, la pobreza y la violencia todavía están presentes en las vidas de niñas y mujeres de todo el mundo. Da la impresión de que la misoginia, acompañada de racismo, está en aumento, mientras que el espacio para la sociedad civil se está contrayendo cada vez más.

Sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres están alzando la voz, colaborando y mostrando solidaridad, y no están dispuestas a esperar más por el cambio y la justicia de género. En esto, las organizaciones de derechos de las mujeres y las líderes feministas, ¡juegan un papel vital! Desafían el statu quo y están en la primera línea insistiendo en que otro mundo es posible.

Soy consciente de que cuando menciono solamente algunos éxitos, es posible que no esté haciendo justicia a tantas otras victorias obtenidas. Sin embargo, considero que los principales éxitos han sido diversos e inspiradores: incluyen, por ejemplo, el nombramiento de la primera mujer para dirigir la Comisión Europea en toda su historia; el rol de las manifestantes de sudanesas en el liderazgo del movimiento prodemocracia; la cantidad de mujeres jóvenes que lideran el movimiento ambientalista; la resistencia encarnada por niñas y mujeres en todos los continentes. Están desafiando el statu quo y se ponen a la vanguardia para insistir en que otro mundo es posible.

Sus acciones no solo están cambiando las leyes y las regulaciones y trayendo a la mesa nuevos acuerdos, como el Acuerdo Verde Europeo de la UE y la ambición de tener representación paritaria en todas las instituciones de la UE, sino que también están cambiando las normas sociales y están contribuyendo a una “nueva normalidad” en cuyo marco las niñas y las mujeres también pueden dar forma a nuestro mundo.

Has estado personalmente involucrada en la iniciativa Fair Share. ¿Cuál sería una “porción justa” de representación y liderazgo femeninos, y por qué es importante alcanzarla?

Fair Share of Women Leaders es una OSC que busca probar y mostrar nuevas formas de gobernanza que reflejen los valores y principios feministas y superar algunas de las consecuencias del desequilibrio de poder, la jerarquía y la burocracia que caracterizan a los mecanismos tradicionales de gobernanza. Presionamos por una representación proporcional de las mujeres en roles de liderazgo en el sector social, un objetivo que queremos alcanzar como mucho hacia 2030.

Aunque representan casi el 70% de la fuerza laboral mundial de impacto social, las mujeres ocupan menos del 30% de los principales puestos de liderazgo en sus organizaciones. Esta falta de voces diversas en los puestos clave de toma de decisiones socava el impacto de las organizaciones para lograr el ODS 5. A raíz de #MeToo y una serie de escándalos de abuso sexual en la sociedad civil, muchas organizaciones han tenido que repensar sus estrategias. Nuestra esfera necesita comenzar a promover sistemáticamente el liderazgo de las mujeres como motor del cambio.

Por supuesto, hay que reconocer que muchas cosas están cambiando para mejor dentro de la sociedad civil. Algunas OSC se han comprometido a desarrollar una cultura organizacional y de liderazgo que valore la representación igualitaria de género, la diversidad y la toma de decisiones participativa, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género. Tenemos que estar a la altura de nuestros valores si queremos reclamar legítimamente un cambio positivo en el mundo. Tenemos que ser el cambio si deseamos verlo.

Para impulsar este cambio, Fair Share monitorea el número de mujeres en posiciones de liderazgo para forzar a la sociedad civil a rendir cuentas; promueve el liderazgo feminista y moviliza a mujeres y hombres para crear organizaciones feministas; y busca crear oportunidades para mujeres de diversos orígenes económicos y sociales, nacionalidades y etnias que actualmente tienen menos probabilidades de llegar a posiciones de liderazgo.

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COLOMBIA: ‘La protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz’

Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con un joven estudiante colombiano, activo en el movimiento climático, que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. Además de movilizarse en el marco de movimiento #FridaysForFuture, el entrevistado forma parte de Hijos del Postconflicto, un colectivo creado recientemente para visibilizar las experiencias de la gente en los territorios y defender el proceso de paz en Colombia. En la convergencia entre diversas luchas, el entrevistado enfatiza la defensa del proceso de paz como clave para preservar el medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

colombia protests

¿Cuál es, desde tu perspectiva, el problema ambiental más urgente en Colombia?

El problema ambiental más urgente es la deforestación. Las tasas de deforestación en Colombia son altísimas, y la situación no ha mejorado desde la firma de los acuerdos de paz. Eso se debe a que, en tiempos de conflicto armado, las guerrillas colombianas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían dominio de gran parte del territorio selvático de Colombia. Por supuesto que nadie se metía en ese territorio: no llegaban las multinacionales ni las petroleras; tampoco llegaba la ganadería. Con la firma de los acuerdos de paz y la retirada de las guerrillas se acentuó el problema que ha tenido Colombia desde la década del ’50: la distribución de las tierras.

Colombia tiene una distribución de la tierra extremadamente regresiva; la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Con la retirada de la guerrilla y la llegada de las multinacionales el acaparamiento de tierras se ha acentuado. Muchas tierras son apropiadas, deforestadas y utilizadas para la cría de ganado, y la población local continúa siendo desplazada.

Al mismo tiempo sigue habiendo grupos armados al margen de la ley que continúan activos, sobre todo grupos paramilitares de extrema derecha, aunque también queda la guerrilla, más pequeña, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las FARC que decidieron no acoplarse al proceso de paz. Estos grupos armados están disputando el territorio para hacerse del dominio de los cultivos de coca y expandirlos, provocando mayor deforestación.

En consecuencia, tanto la continuidad del conflicto en algunos territorios como su finalización en otros influyen directamente sobre la deforestación. El proceso de paz contiene una serie de mecanismos para contrarrestar la deforestación, pero sus efectos dependerán de que efectivamente se lo implemente. En ese sentido, la protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz.

¿Qué mecanismos contemplados en los acuerdos de paz permitirían detener la deforestación?

Los acuerdos de paz incluyen dos puntos específicos para frenar la deforestación. El primero es la reforma rural integral, que pretende distribuir el campo colombiano y respetar los usos asignados al suelo – por ejemplo, que si es para uso agrícola, no sea utilizado para ganadería. El segundo punto es el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que apunta a resolver el problema de las drogas. Es importante entender que muchas familias campesinas pobres se han visto obligadas a cultivar coca para sobrevivir; a través de este programa el Estado les ofrece incentivos económicos para que hagan una transición hacia otros cultivos sustentables. 

¿De qué modo colabora el activismo juvenil con la efectiva implementación de los acuerdos de paz?

La lucha por la paz se da en todos los frentes. Nosotros hacemos tres cosas: nos movilizamos en las calles en defensa del proceso de paz; hacemos pedagogía para que la gente entienda porqué el proceso de paz es tan importante; y trabajamos en distintos espacios haciendo incidencia política.

El contexto para este trabajo es bastante difícil. Ni bien asumió el poder, el presidente Iván Duque objetó el proceso de paz e intentó modificar todos los aspectos con los que no estaba de acuerdo o que según él no eran justos, lo cual en definitiva supondría desactivar el proceso que resultó de los acuerdos y volver a comenzar desde cero. Esto no fue una sorpresa: toda su campaña giró en torno del proceso de paz y se basó en la difusión de mentiras acerca del proceso de paz. Ganó las elecciones manipulando el temor de la gente, a la que le aseguró que los acuerdos consagraban la impunidad. Trató de asustarnos diciéndonos que si ganaba la izquierda nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. También mintió en relación con sus planes para las industrias extractivas: llegó a asegurar que no se autorizaría la exploración y explotación petroleras por medio de fracking, pero a fines de diciembre de 2019 hizo púbico un proyecto de decreto para habilitar el fracking.

En tanto que activista por la paz y el medio ambiente en Colombia ¿has tenido alguna participación en el movimiento global por la justicia climática?

Sí, con un pequeño grupo nos sumamos a la iniciativa Fridays for Future. Nuestra participación se limitó a una serie de acciones y plantones para dar inicio al movimiento climático en el país.

Nos ha sido bastante difícil generar movilización en torno de la crisis climática global. Ante todo, hay mucha ignorancia. En Colombia la mayoría de las personas no tiene idea de lo que les están haciendo; de hecho, el actual presidente se aprovechó de ello para difundir mentiras, hacer una campaña de desinformación y ganar las elecciones. En un país donde la educación pública es muy mala y solamente la gente rica puede estudiar es muy fácil mentir y que te crean. Entonces, el primer problema es la ignorancia. A eso se suma el miedo: en Colombia a la gente le da miedo hablar, organizarse y manifestarse. Los colombianos vivimos una increíble zozobra debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ambientales. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos en general, y para los líderes ambientalistas en particular.

Todo esto ha limitado la movilización por el clima. Hubo algunas acciones sueltas, pero no una gran marcha nacional de alto impacto. Por eso nos sorprendió que se produjera una movilización escolar masiva en el sur del país, en el departamento del Huila, donde menos esperábamos una movilización debido a las dinámicas complejas de seguridad que se viven en esos territorios. Logramos ponernos en contacto con los jóvenes que se movilizaron en Huila y juntos participamos de un encuentro nacional que realizamos en el departamento del Caquetá, también conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí logramos articular el trabajo con las comunidades que viven en territorio amazónico y hasta el momento seguimos en el proceso para elevar las consignas amazónicas e iniciar una resistencia en defensa de nuestra selva.

Actualmente estamos empezando a sumarnos todos los colectivos ambientales en un mismo frente climático. Esperamos que esto inspire a los que tienen miedo para que también se sumen.

¿Han tenido alguna participación en foros internacionales sobre el clima?

Hemos estado en un encuentro latinoamericano de Fridays for Future que se hizo en Chile con el apoyo de 350.org. Fue un encuentro de defensores del clima para generar lazos latinoamericanos e impulsar el movimiento a nivel regional. Nos ayudó bastante encontrar jóvenes de otras partes de la región que también estaban movilizándose, ver que podíamos unirnos y sentir que teníamos apoyos internacionales para hacer nuestro trabajo. Esto nos dio algo de esperanza.

Fue después de esa reunión que empezamos a tratar de formar una red ambientalista nacional, viajando a la mayor cantidad de territorios y sumando a jóvenes de otras regiones del país. Todavía nos falta mucho por construir, pero estamos creciendo exponencialmente, porque cuando sumamos a un colectivo, ese mismo colectivo tiene llegada a otros tres o otros cuatro colectivos más. Todo el año 2019 nos hemos centrado en este proceso, recorriendo territorios, comunicando nuestro mensaje a la gente y haciendo lazos. Creemos que la próxima vez tal vez sí podamos movilizarnos a nivel nacional. Lo haremos el 24 de abril de 2020, cuando se realice la próxima huelga global.

¿Qué clase de apoyos necesitarían para poder hacer en 2020 la movilización que no pudieron hacer en 2019?

Nuestra oportunidad en este momento es el paro nacional, la serie de manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades colombianas a partir de noviembre de 2019. En un país donde a la gente le da miedo hablar, el 21 de noviembre del año pasado salieron a la calle millones de personas, en una de las movilizaciones más grandes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad única. En el marco de estas protestas, el movimiento ambientalista también ha puesto sus propuestas y demandas. Tal vez no podamos movilizar a la gente específicamente por el clima, pero podemos aprovechar estas movilizaciones masivas y sumar nuestros temas. Si hay gente dispuesta a movilizarse, podemos acercarnos para contarles lo que está pasando en relación con el medio ambiente y comunicarles nuestras demandas para que vean que también les conciernen y se movilicen por ellas. Así es como logramos que el comité de paro incluyera entre sus demandas la declaración de la emergencia climática en Colombia. Este ha sido un avance muy grande.

El espacio cívico en Colombia es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.
Contáctese con Fridays for Future a través de su sitio web y con la campaña en Colombia por email o a través de su perfil de Facebook, y siga a @FutureColombia en Twitter.

 

COLOMBIA: ‘La ciudadanía está indignada y cansada de las políticas que la han sumido en la pobreza’

CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

alexandra gonzalez zapata

¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

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‘Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado’

Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

Rodrigo Mundaca

¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

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BOLIVIA: ‘Empoderamos a los jóvenes para que ellos lideren el movimiento por el clima’

Rodrigo MeruviaAl cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Meruvia, coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al cuidado y conservación del medio ambiente. Basada en Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha impulsa iniciativas de investigación, extensión y desarrollo, a partir de la cooperación con otras OSC, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas.

¿Cuál es el principal problema ambiental en el contexto en que ustedes trabajan?

El tema central es el cambio climático, un fenómeno planetario que está teniendo impactos en todos los niveles, sobre las poblaciones y sus sistemas productivos y alimentarios, y sobrepasa las capacidades locales e institucionales. Entre otras cosas, este fenómeno se refleja en un aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos y en la profundidad de sus impactos.

Nosotros trabajamos con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales al cambio climático, así como la conciencia de las ciudades en relación con el modo en que los patrones de consumo afectan las visiones de desarrollo de muchas comunidades en el área rural. En ese sentido trabajamos, primero, viendo cómo el cambio climático impacta en zonas de pequeña producción familiar de subsistencia y generando mecanismos para ayudar a aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Por otro lado, trabajamos tanto en las comunidades rurales como en las ciudades empoderando a los jóvenes, capacitándolos en temas técnicos pero también de estrategia y liderazgo, para que puedan ser propositivos y generar alternativas en temas tales como la deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero. Los alentamos a generar proyectos para sus entornos inmediatos y propiciamos redes y puentes con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, para dar soporte en la implementación de las iniciativas.

Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con universidades de Cochabamba en el tema del transporte alternativo, con el objetivo de generar ciclorutas entre los diferentes campus universitarios que hay en la ciudad, para que los jóvenes puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte libre de emisiones en condiciones seguras. Para eso se están generando aplicaciones para teléfonos móviles que indican las rutas más seguras y se están estableciendo parqueos para las bicicletas, entre otras cosas. También se está trabajando en la educación de los conductores de automóviles, no solo con la universidad sino también con el municipio y algunas empresas privadas están interesadas en este tema. 

¿Hubo en Bolivia movilizaciones por el cambio climático durante 2019?

Si, en el mes de setiembre, cuando fueron las movilizaciones por el clima a nivel global, se sumaron también las principales ciudades de Bolivia. En Cochabamba, nosotros apoyamos al movimiento de jóvenes, apoyándoles para que pudieran ser ellos quienes lideraran el movimiento por el clima. Los apoyamos a nivel logístico y con respaldo institucional, porque todavía en nuestras ciudades todavía hay una falta de confianza en los jóvenes. Nosotros los impulsamos sin por ello convertirnos en voceros del movimiento. Generamos un proceso de capacitación en diferentes temas para darles los fundamentos y las bases conceptuales, para que pudieran dar cuenta de las razones de la movilización y que no fuera solo ir a una marcha con apenas una consigna. La idea es que fueran multiplicadores de información acertada tanto sobre las causas como sobre los efectos a nivel local del cambio climático global.

Para eso hicimos varios talleres para jóvenes. Capacitamos en forma directa a unos 100 jóvenes, y en forma indirecta hemos llegado después a aproximadamente 1400.

¿La movilización por el clima en Bolivia replicó las demandas globales, o tuvo componentes locales específicos?

En Bolivia, las manifestaciones tuvieron demandas relacionadas principalmente con los incendios forestales que vienen de la mano de la expansión de la frontera agrícola. La principal demanda fue la derogación de las leyes que benefician a la agroindustria, descuidando la protección de los bosques.

La ley boliviana no protege a los bosques, sino más bien al contrario. A mediados de 2019, apenas unos meses antes de los grandes incendios forestales de ese año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de los departamentos de Beni y Santa Cruz, y habilitó las quemas controladas. En otras palabras, la ley da rienda suelta cualquier propietario interesado en expandir su espacio de producción, ya sea ganadera o agrícola. Lamentablemente esta ha sido hasta ahora la posición del Estado, y en nuestra experiencia el hecho de que el gobierno fuera de izquierda o de derecha no ha hecho ninguna diferencia. Más allá de la ideología de partido del gobierno de turno, están los intereses sectoriales de la agroindustria que son mucho más permanentes y amplios, ya que involucran no solo a actores locales sino también a empresas transnacionales.

Creemos que la causa de los incendios es ante todo antrópica, ya que se los inicia para expandir la frontera agrícola. Así se han quemado alrededor de cinco millones y medio de hectáreas. Para dar una idea de las dimensiones del desastre: lo que se ha quemado en las tierras bajas de Bolivia equivale casi a la extensión del territorio de Guatemala. Y no solo se pierde masa boscosa, sino que se degrada todo el hábitat, desaparecen las fuentes de agua de ciertas comunidades y los efectos se extienden más allá de Bolivia, ya que se generan bioclimas y cambian las precipitaciones.

Entendemos que el fenómeno que nos afecta es parte de un problema mayor, que este año se expresó en incendios en la Amazonia brasileña, en países africanos y en Australia. Hay lluvias insuficientes a raíz del cambio climático y los bosques se vuelven mucho más propensos a quemarse. Esto, sumado a las políticas de expansión agrícola, sobre todo para sembrar soja (que además es transgénica), vuelve a estos lugares mucho más vulnerables. Las consecuencias las padece no solamente la población que vive en el territorio donde suceden estos incidentes, que es afectada en forma directa, sino también la población en general.

En paralelo con esto, enfatizamos también el tema de la deforestación urbana. En Cochabamba tenemos aproximadamente 200 muertes por año a causa de problemas respiratorios. Es una de las ciudades con el aire más contaminado en Latinoamérica, así que este también fue uno de los pedidos específicos de nuestras movilizaciones, más allá de que nos sumamos al llamado global a la acción definitiva y efectiva por parte de los gobiernos.

¿Han tenido la experiencia de participar en procesos internacionales relacionados con el cambio climático?

Hemos participado desde el nivel local preparando a jóvenes para que pudieran tomar parte de los procesos internacionales de negociación, principalmente en las reuniones de a COP, la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Comenzamos haciendo una convocatoria en diversas instituciones que trabajan con jóvenes, y haciendo un diagnóstico para identificar quiénes estaban preparados y comprometidos para abordar el tema del cambio climático, y luego fuimos haciendo selecciones en función de los temas que íbamos trabajando. Dimos talleres en temas que iban desde el abordaje conceptual y técnico del tema del cambio climático hasta la gestión de proyectos medioambientales, pasando por las características del proceso de negociación, las estrategias para participar, y entrenamiento para expresarse de manera adecuada dentro de estos eventos. Fue un proceso largo pero dio muy buenos resultados, porque ya tenemos líderes en los nueve departamentos que están capacitados para ir a debatir y mostrar al mundo las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Bolivia.

Lamentablemente, el cambio de último momento de la sede de la COP 25 a España – ya que no pudo realizarse en Santiago de Chile dado el contexto de protestas y represión - nos desinfló, porque teníamos una buena preparación y un posicionamiento muy fuerte que no pudimos llevar al evento. Esto nos afectó no solamente en Bolivia, sino más en general a nivel de Latinoamérica, donde se estaba preparando algo muy grande para compartir en Chile. El cambio de sede y la poca anticipación con que fue decidido nos complicó mucho en términos económicos y logísticos. En el caso de Bolivia se sumaron también los problemas resultantes de los recientes conflictos sociopolíticos, y todo esto impidió que nuestra estrategia ante la COP se hiciera efectiva.

Sin embargo, no queremos desaprovechar la motivación existente y el trabajo de construcción que se ha hecho a lo largo de aproximadamente un año y medio, y seguimos trabajando en la preparación de líderes jóvenes. Nuestro objetivo es apuntalar la capacidad de los jóvenes para generar propuestas e iniciativas, tanto a nivel técnico como a nivel político, no solo en sus regiones sino también en espacios internacionales.

¿Crees que lo decepcionante de los resultados de la COP 25 estuvieron vinculados con la ausencia de muchos actores que estaban preparados para influir sobre la agenda pero no pudieron participar?

Pienso que sí. Sin desmerecer el trabajo que hicieron los países y las organizaciones que sí participaron, creo que acabó siendo un evento muy improvisado, y que si se hubiese hecho en Chile como estaba planeado, los resultados podrían haber sido un poco más significativos y positivos gracias a la presencia e interlocución de los jóvenes. Bolivia iba a contar por primera vez con la participación de un grupo de jóvenes reconocidos por el Estado que iban a llevar el mandato de un proceso colectivo desarrollado en los nueve departamentos del país a lo largo de cuatro o cinco foros previos.

Sin embargo, intentamos tomar este revés con una actitud constructiva, y aprovecharemos el tiempo extra que tendremos para prepararnos. Entretanto ya contamos con estos jóvenes que están en condiciones de ir a expresar sus demandas y propuestas adonde sea necesario, ya sea en Inglaterra, donde tendrá lugar la COP 26, como en cualquier otro evento internacional que se presente.

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BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

Bolivia-Protests (2).jpgEn todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

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ESPAÑA: ‘Las reglas de juego de la democracia son usadas para promover una ideología anti-derechos’

CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones españolas con Núria Valls, presidenta de La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, una plataforma que integra a 29 organizaciones de la sociedad civil de 17 países de Iberoamérica, especializadas en desarrollo humano, social y comunitario. Legalmente constituida en España, la Liga Iberoamericana lleva 20 años trabajando en temas de niñez, juventud, educación y trabajo con una perspectiva de derechos humanos, a través del asesoramiento a gobiernos, el monitoreo y la evaluación de programas y la integración de redes y la incidencia en política pública a nivel local, nacional e internacional. 

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¿A qué se debe la inestabilidad política que llevó a España a celebrar dos elecciones en 2019?

La desafección generalizada respeto del sistema político que se constituyó después de la transición de la dictadura a la democracia en los años ‘70 conllevó un deterioro importante de los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Estos partidos políticos estaban muy acostumbrados al bipartidismo y a gobernar con amplias mayorías. Cuando aparecieron otros partidos en el escenario se volvieron necesarios los pactos y coaliciones, que hasta entonces solo se habían dado en el ámbito local. Se hizo necesario incluir a partidos más minoritarios y a los partidos nacionalistas de las periferias del país, lo cual no siempre comporta buenos réditos electorales.

Además, el conflicto político en Cataluña había radicalizado las posiciones de los partidos de alcance estatal, que entraron en una especie de “carrera” para demostrar quién es más español. Incluso los partidos de izquierdas no se atreven a tener un discurso de reconocimiento de las pluralidades nacionales en España porque los medios de comunicación, especialmente los de la capital, Madrid, los critican de forma agresiva.

En las primeras elecciones de 2019, celebradas en mayo, el PSOE se sintió incómodo pactando con los partidos de izquierdas e independistas, que habían apoyado la moción de censura para cambiar el gobierno conservador del PP. A esto se sumaron los egos personales de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, la coalición de izquierda conformada en 2016 por el movimiento político Podemos y varias fuerzas políticas más, que hicieron imposible un pacto en ese momento.

El PSOE hizo una mala lectura de las encuestas y creyó que unas segundas elecciones le darían la mayoría, y por lo tanto la posibilidad de gobernar en solitario. Ante las elecciones de noviembre la gente se enfadó porque interpretó que a causa de los egos personales de sus líderes los partidos no habían hecho su trabajo, y en cambio nos habían hecho perder tiempo y dinero. Todo ello profundizó aún más el desprestigio de la política.

¿Piensas que el partido de extrema derecha Vox se benefició de esta situación?

Vox es uno de los partidos que más se ha beneficiado de estas segundas elecciones. Dobló su cantidad de votos y pasó a ser el tercer partido más representado, con 52 escaños, detrás de los dos partidos mayoritarios.

Tradicionalmente en España se consideraba que no había extrema derecha porque el PP aglutinaba a toda la derecha. Pero Vox emergió con mucha fuerza, con un discurso franquista, agresivo, anti-derechos humanos y, por supuesto, presentándose como garante de la unidad de España frente a los separatismos. De hecho, la gestión de la situación de Cataluña ha sido un caldo de cultivo para la aceptación de discursos cada vez más de derechas, justificados en la necesidad de preservar la unidad de España.

Otro resultado electoral para analizar es que el partido “liberal” Ciudadanos, que no hace mucho pensaba que tenía opción a gobernar, prácticamente desapareció dado lo magro de sus resultados. Ciudadanos había centrado su discurso en el conflicto territorial y en la unidad de España. Los votantes que priorizaban este tema prefirieron a Vox, que tiene una postura más radical.

A pesar de los buenos resultados obtenidos por Vox, las izquierdas ganaron las elecciones y esta vez sí rápidamente, en apenas 24 horas, se forjó el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, que anteriormente había sido imposible. La ciudadanía no entendió por qué lo que hacía unos meses había sido imposible ahora era posible. Pero lo importante es que se priorizó formación de un gobierno frente a la sensación de inestabilidad y parálisis de los últimos años. Ante este pacto amplio de los partidos de izquierdas, la derecha reaccionó con discursos muy agresivos, fuertemente enraizados en el franquismo.

Finalmente se logró, gracias a la abstención de los independentistas catalanes, formar un gobierno. No le va a ser fácil gobernar, pero promete ser una experiencia muy interesante y con posibilidades de generar cambios. Será un gobierno muy amplio, con 22 carteras ministeriales, en el que resalta la paridad de género.

¿Cómo caracterizarías a Vox como fuerza política y como tendencia ideológica?

Vox es un partido de extrema derecha que no esconde su discurso xenófobo, anti-derechos humanos y con dos objetivos fundamentales: la unidad y centralización de España y la eliminación de las políticas de género.

Es un fenómeno preocupante que no solamente se está dando en España. Los partidos de ultraderecha surgen en momentos de frustración de la población ante las desigualdades económicas y sociales en un mundo globalizado. Hay un movimiento internacional – que se extiende por Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y muchos otros países - que pone el foco en estigmatizar y criminalizar la migración y la llamada “ideología de género”. Y habría que analizar el apoyo a estos discursos por parte de algunas congregaciones religiosas.

Estos partidos utilizan las reglas de juego de la democracia para promover una ideología anti-derechos humanos. Es paradójico que la democracia, que nace bajo los valores de la participación y del respeto de los derechos, sirva en estos momentos para fortalecer y fomentar una ideología totalmente opuesta a esos valores.

¿Cómo ocurrió este giro a la derecha tan solo unos años después de que tanta gente se movilizara con reclamos de justicia económica y social?

Un elemento de este giro tiene que ver con el enfado de una parte de la población con la política. La corrupción de los partidos ha tenido un gran impacto en la sociedad, que piensa que los políticos solo están en política para enriquecerse. No hay una concepción de la política en sentido amplio bajo el concepto del bien común.

En particular, hay un sector de jóvenes que ven su futuro muy difícil, con muy pocas expectativas y que piensan que votar a Vox es una opción antisistema. Es el voto de los que piensan que la migración les va a quitar el trabajo y los recursos del estado y que las políticas de género son exageradas. Vox utiliza muy bien las redes sociales con mensajes directos y muchas veces basados en falsedades, pero que van calando en la población.

El conflicto territorial de España con Cataluña también ha sido un catalizador de este enfado. El mensaje de “A por ellos” con los que se despedía a los policías del resto de España que iban a Cataluña para evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017, y que después fue reforzado por el mensaje del Rey, despertó un sentimiento anti-catalán. El bloque de derechas, y especialmente Vox, se ha apropiado la defensa de la monarquía frente a los partidos de izquierdas republicanos.

Desde la sociedad civil, ¿cómo se está viviendo este proceso? ¿Piensas que el espacio para la sociedad civil se está degradando en España?

A la sociedad civil organizada nos ha cogido un poco desprevenidos. Por una parte, no creíamos que el apoyo electoral a Vox fuera tan fuerte, y por otra parte hemos tenido un debate sobre si debíamos responderles, y por tanto darles más repercusión mediática, o si lo mejor era ignorarlos. Predominó la segunda opción, también entre los partidos políticos. Y la estrategia de ignorarlos contribuyó al aumento de los votos de Vox. No hubo nadie que respondiera a sus expresiones de forma contundente y con argumentos claros.

Ahora el debate de la sociedad civil gira en torno de la necesidad de defender de forma clara y contundente los derechos humanos y contestar cualquier expresión que vulnere o estigmatice a cualquier colectivo.

En los territorios donde está gobernando junto con el PP y Ciudadanos, tales como Andalucía, Madrid y Murcia, una de las primeras acciones de Vox ha sido presionar para que se acaben las ayudas a las organizaciones que trabajan con mujeres o con colectivos vulnerables.

Estamos en un momento de riesgo de retroceso en las libertades y por tanto es necesario trabajar más unidos que nunca como sociedad civil. Hay que desarrollar una estrategia de comunicación clara para llegar a toda la ciudadanía. Muchas veces desde la sociedad civil estamos muy encerrados en nosotros mismos y nos cuesta llevar nuestro mensaje más allá de nuestro círculo.

Otra estrategia de la derecha, especialmente de Vox y el PP, es utilizar la justicia para dirimir desacuerdos políticos. Gran parte de la justicia en España todavía está muy ideologizada, ya que sigue habiendo muchos jueces conservadores, herederos del régimen franquista. Como consecuencia ha habido muchas sentencias en contra de la libertad de expresión en las redes, incluida la censura de temas musicales. Y también ha habido muchas personas condenadas por manifestarse públicamente, especialmente en Cataluña.

¿Cómo ha evolucionado la situación de Cataluña desde el referéndum de 2017?

El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue un acto de empoderamiento de una parte de la población catalana que participó de forma muy activa, con un importante sentimiento colectivo de desobediencia civil, para conseguir un futuro mejor frente un estado que hizo todo lo posible para que no se celebrara. La violenta represión estatal durante el referéndum y las fechas posteriores incrementaron el sentimiento colectivo de una parte importante de la población a favor de la independencia, y especialmente a favor del derecho a decidir mediante elecciones.

A partir del referéndum, la represión contra los independentistas catalanes se incrementó, y el estado hizo uso de toda su maquinaria policial y judicial. Además, puso en marcha el artículo 155 de la Constitución, que dota al estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan obligaciones constitucionales o legales o atenten gravemente contra el “interés general” de España. Mediante el artículo 155 se suspendió la autonomía de Cataluña desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 2 de junio de 2018, cuando se celebraron nuevas elecciones regionales. Esto supuso prácticamente un año de paralización política, financiera y administrativa en Cataluña.

Anteriormente, el 16 de octubre del 2017, los líderes de las dos entidades civiles independentistas catalanas más representativas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, habían sido encarcelados por mediar en una manifestación espontánea y pacifica delante de un edificio de la Generalitat, el gobierno catalán, donde la policía estaba haciendo un registro. Se les encarceló preventivamente, sin posibilidad de salir en libertad antes del juicio.

A partir de estas detenciones aumentó la represión judicial hacia el gobierno de Cataluña, que culminó con la detención del vicepresidente y cinco ministros del gobierno más la presidenta del Parlamento de Cataluña, todos los cuales fueron puestos en prisión preventiva antes del juicio. Por su parte, el presidente de la Generalitat se exilió en Bélgica junto con cuatro ministros más, y dos políticas se exiliaron en Suiza. El gobierno de España hizo declaraciones afirmando que había descabezado al movimiento independentista.

Todo este proceso judicial y represivo complicó aún más la situación política en Cataluña. La sentencia del 14 de octubre del 2019, que condenó a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión, por un total de 100 años, hizo estallar nuevas protestas callejeras.

A diferencia de todas las manifestaciones independentistas desde 2012, estas últimas protestas provocaron muchos disturbios y fueron enfrentadas con represión policial. Además, los jóvenes fueron protagonistas y adoptaron una actitud más radical frente a la represión. En ese contexto surgió el movimiento anónimo Tsunami Democrático. Inspirado en las protestas de Hong Kong, este movimiento convoca a través de las redes sociales a grandes movilizaciones pacíficas en diversos sitios, como la frontera o el aeropuerto. La policía ha intentado descubrir quien está detrás, pero es un momento de empoderamiento colectivo de la sociedad civil independentista.

En la actualidad, tras las últimas elecciones en España donde el PSOE y Unidas Podemos necesitaron la abstención del partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña para poder hacer gobierno, el panorama es otro. El gobierno se ha comprometido a hacer una mesa de diálogo con el gobierno de Cataluña y a llevar los acuerdos de esta mesa a la votación de la ciudadanía. No va a ser fácil porque los partidos de derecha, utilizando los recursos judiciales a su alcance, están intentando boicotear este proceso. Hay que hacer un esfuerzo para buscar una solución para los presos independentistas que facilite una solución política y pacífica y permita iniciar un proceso de diálogo real.

El espacio cívico en España es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.
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CUBA: ‘Los disidentes son millones; no hay calabozos para tanta gente’

CIVICUS conversa con Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El Observatorio es una plataforma proactiva de la sociedad civil para promover cambios no violentos, y combina el análisis riguroso de la conflictividad con la capacitación y el empoderamiento de la ciudadanía para que reclame por sus derechos.

havana protest

Protesta exitosa en el barrio de El Cerro, La Habana, en reclamo de la restauración de los servicios de luz y agua, 13 de septiembre de 2017.

El CIVICUS Monitor califica al espacio para la sociedad civil – el espacio cívico - en Cuba como ‘cerrado’, indicativo de un régimen de control total donde es difícil imaginar siquiera la existencia de protestas. ¿Coincides con este diagnóstico?

Absolutamente. Cuba es una sociedad cerrada, anclada en el estalinismo no solo en lo político sino también en lo económico, ya que el estado asfixia o bloquea las iniciativas y el talento emprendedor de la ciudadanía, lo cual se conoce como “bloqueo interno”. El estado niega la autonomía individual y aplasta toda asociación independiente para mantener a la sociedad balcanizada. Así cree poder asegurar el control estatal sobre la conducta ciudadana.

En la década del noventa del pasado siglo, tras caer la Unión Soviética, era evidente que Cuba tendría que hacer una transición para sostenerse. El ecosistema geopolítico que la sustentaba con infinitos y masivos subsidios se derrumbó junto con el comunismo del Este de Europa. Todos pensamos, y no porque creyésemos que era el llamado “fin de la Historia”, que la única transición posible era hacia alguna modalidad de sociedad abierta, democracia política y economía de mercado. Podía ser más o menos socialdemócrata o liberal, pero siempre apoyada en esos pilares. Algunos intentamos empujar esa transición desde posiciones reformistas. Nos equivocamos.

Al final, la transición que ocurrió no fue la que preconizaba el marxismo hacia el comunismo, ni la de Francis Fukuyama al estado liberal y la sociedad de mercado. Fue hacia el estado mafioso transnacional. No se trata de endilgarle otra etiqueta peyorativa; es la realidad que arroja el análisis de los cambios ocurridos en la estructuración del poder y las clases sociales, los instrumentos de dominación y los mecanismos de creación y distribución de riquezas. Ha ocurrido un verdadero cambio en el ADN del régimen de gobernanza.

El poder real está hoy más alejado que nunca del Partido Comunista de Cuba y ubicado en una cúpula inasible que representa menos del 0,5 % de la población, en un país que ha roto incluso con la ideología del pacto social comunista que vendía la idea de sumisión basada en el compromiso con derechos sociales básicos a cambio de la supresión de todos los demás.

A comienzos de 2019 se dio un proceso de reforma constitucional, pero este no generó ningún cambio significativo en materia de apertura del espacio cívico. Se proyectó externamente una imagen de cambios que contrasta con la realidad interna de estancamiento. Algunas frases colocadas en un discurso o en la propia nueva Constitución han servido para alimentar eternas esperas de que los líderes – que la ciudadanía no controla – se iluminen por sí solos y generen el cambio necesario. Así distraen también la atención de la opinión pública internacional de la monstruosidad nacida de la colusión con Venezuela.

¿Cómo calificarías las actuales condiciones para el ejercicio de la protesta en Cuba? ¿Existe más espacio para la presentación de demandas que no son vistas como políticas?

No hay mayor espacio político, legal, ni institucional para el ejercicio de la protesta, pero la ciudadanía está creándolo con su praxis. Todos los derechos que proclama la Constitución están subordinados a la normatividad que establecen leyes y regulaciones complementarias. Al final, la Constitución no es la “Ley de Leyes”, sino un texto sometido a las restantes leyes y normas. Un ejemplo de ello es el Código Penal, que contiene el concepto fascista de “peligrosidad predelictiva” por el cual una persona puede pasar hasta cuatro años en la cárcel sin haber cometido un delito. Sin embargo, la conflictividad y las protestas se han incrementado.

El gobierno ha cambiado sus tácticas represivas respecto de los opositores políticos para proyectar una imagen más benévola hacia el exterior. En lugar de largas condenas de cárcel hay miles de detenciones arbitrarias de corta duración. En vez de hacer actos de repudio frente a un local de reuniones ahora paralizan la reunión antes de que suceda, deteniendo a los activistas en sus casas. En lugar de negarle el pasaporte o condenar a cárcel a un activista por haber asistido a una reunión en el exterior, ahora le impiden montarse en el avión. Si llevan a un opositor a juicio no lo hacen ya sobre la base de acusaciones de subversión política sino por supuestamente haber cometido un delito común o ser socialmente “peligroso”.

Por otra parte, los ciudadanos cubanos – más de la mitad de los cuales viven actualmente en condiciones de pobreza según respetados economistas radicados en la isla – tienen urgencias existenciales que se agravan y no pueden esperar por un cambio de gobierno o de régimen para resolverlas. En otro contexto serían “problemas personales”, pero en un régimen de gobernanza estatista, que hace depender todas las soluciones de las instituciones estatales y bloquea toda solución autónoma, sea de la ciudadanía o del sector privado, se convierten en conflictos sociales y económicos de los ciudadanos contra el estado.

En este punto es necesario establecer una diferencia entre oposición y disidencia. Opositores son aquellos que asumen de forma abierta, ya sea individual o colectivamente, una postura contestaria y política al gobierno. El disidente, por su parte, es quien siente un profundo malestar e inconformidad con el régimen de gobernanza porque bloquea sus necesidades básicas y sueños de prosperidad. El disidente social tiende a no manifestarse de forma pública si no cree que con eso va a lograr que le concedan alguna demanda concreta. Pero si su situación es angustiosa pasa – a menudo de forma espontánea – de la queja y el lamento privados a la protesta pública.

En los últimos dos años se han incrementado de manera notable las protestas por motivos sociales y económicos que no pueden ampararse legalmente en un inexistente derecho de manifestación pública, pero que el estado ha preferido en muchos casos apaciguar antes que enfrentar con la fuerza. Dado el nivel de deterioro de las condiciones de vida – y de la aún más deteriorada legitimidad de las autoridades y de la ideología oficial comunista –, la sociedad cubana asemeja una pradera seca que cualquier chispa puede incendiar.

La dominación de la elite de poder ha estado basada más en el control de la psicología social que en los propios recursos del aparato represivo. Después del Gran Terror de los sesenta, setenta y ochenta, con un paredón de fusilamiento que no cesaba y condenas de 30 años por cuestiones insignificantes, tres generaciones han sido educadas en la falsa premisa de que “esto no hay quien lo pueda tumbar ni arreglar”. Esa ha sido la idea fuerza de una pedagogía de la sumisión que ahora ha entrado en crisis.

¿A qué se debe ese cambio?

Los factores que más han incidido en el actual cambio de perspectiva y actitud ciudadana han sido, por una parte, el quiebre del monopolio de la información por las nuevas tecnologías digitales, la muerte del caudillo y el traspaso gradual de poder a personas sin legitimidad histórica para justificar sus incompetencias. Por otra parte, el agravamiento acelerado de las condiciones de vida y de toda la infraestructura del país convierte la cotidianidad en un cerco de penurias. Colapsan los sistemas de salud y educación, el abastecimiento de alimentos, medicinas, gas de cocinar y gasolina, el servicio de transporte. Pero también colapsan cientos de edificios multifamiliares y la gente pierde su tiempo reclamando, esperando por años una nueva vivienda o la reparación de la que tenían. Muchos también pierden la vida entre los escombros del derrumbe.

En ese contexto el disidente social, hasta entonces latente y silencioso, sale a la luz pública a manifestar su descontento y exigir sus derechos básicos sociales. Reclama ni más ni menos que el derecho a la dignidad, a condiciones dignas de existencia. Y no son miles como los opositores, son millones. No hay suficientes calabozos para tanta gente.

¿Cómo surgió el Observatorio Cubano de Conflictos?

El Observatorio Cubano de Conflictos es una idea surgida en Cuba de un grupo de mujeres que antes habían creado el Movimiento Dignidad. Al nacer, este movimiento tenía como misión denunciar las leyes de peligrosidad predelictiva (es decir, leyes que permiten a las autoridades acusar y detener gente considerada proclive a cometer delitos, e imponerles sentencias de hasta cuatro años de prisión) y los abusos en el sistema penitenciario contra los presos de cualquier categoría, fuesen políticos o no.

Desde un inicio fue un proyecto innovador. No se concibió a sí mismo como organización ni partido político, sino como un movimiento, fluido y sin jerarquías, descentralizado totalmente en sus acciones, sin una ideología que resultara excluyente de otras.

Esas mujeres recogieron por dos años información sobre las cárceles y acerca de la aplicación de las leyes de peligrosidad predelictiva. Su trabajo dentro de Cuba permitió elaborar informes al Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Ellas ponen la letra “D” (de dignidad), que identifica identifica su movimiento, en lugares públicos como recordatorio para la policía política de que no ha podido aplastarlas.

Sin embargo, la misión original del Movimiento Dignidad era demasiado puntual para un movimiento que llevaba por nombre un concepto tan amplio. La lucha del ciudadano cubano hoy es primordialmente por condiciones dignas de vida, por el respeto integral a su dignidad humana. Así fue como el Movimiento Dignidad amplió su misión para, sin abandonar su objetivo inicial, apoyar también a grupos de ciudadanos en sus demandas sociales y económicas. Para combatir la psicología de la sumisión y sustituirla por otra basada en la idea de que se puede luchar y vencer, el Movimiento Dignidad tiene hoy un instrumento específico: el Observatorio Cubano de Conflictos.

¿Podrías contarnos cómo trabaja el Observatorio?

La filosofía en que se basa el Observatorio es que la vida no se debe malgastar esperando un milagro o dádiva de los poderosos; hay que ganar cada día batallas al statu quo. En tan solo un año hemos acompañado exitosamente a una treintena de conflictos sociales de diverso tipo que llevaban décadas sin resolverse y en los que se lograron las concesiones solicitadas al estado.

Lo más significativo ha sido que cuando las autoridades se dieron cuenta de que esos ciudadanos estaban listos mentalmente para pasar a manifestaciones públicas de protesta decidieron concederles lo que reclamaban, para prevenir la explosión y adjudicarse el resultado, aunque éste nunca se habría alcanzado sin la presión ciudadana. Prefirieron una solución win-win puntual al peligro de contagio viral de las protestas en una población harta de promesas incumplidas. Cada victoria popular demuestra a la población que el camino es protestar y exigir, no rogar y esperar.

El método es sencillo: generar un reclamo colectivo con un número crítico de peticionarios que se identifiquen y lo suscriban; y enviar negociadores a solicitar una solución, aclarando que no se aceptarán respuestas negativas, dilatorias o que no identifiquen a la persona responsable de su implementación. De forma paralela se filtra la información a las redes sociales y medios digitales especializados en el tema de Cuba. Ese es el camino a recorrer por las vías establecidas de forma constructiva. Lo nuevo aquí es que se hace saber que si no se llega a un acuerdo y se verifica su implementación, hay disposición a asumir acciones públicas no violentas de diverso tipo.

El espacio cívico en Cuba es clasificado como ‘cerrado’ por el CIVICUS Monitor.
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CHILE: ‘Hay un rechazo estructural hacia la forma de gobernar de todas las décadas anteriores’

Nicole RomoEn octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Nicole Romo, directora del área de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, una red de más de 200 organizaciones de la sociedad civil de Chile que trabajan para combatir la pobreza y la exclusión. En conjunto, las organizaciones miembros trabajan con más de 900.000 usuarios y cuentan con unos 11.000 trabajadores y más de 17.000 voluntarios.

¿Por qué estalló la movilización en Chile, y qué hizo que las protestas escalaran como lo hicieron?

El estallido social en Chile se produjo luego de décadas en que se fue profundizando un modelo de desarrollo que se concentró en generar riquezas, las cuales fueron distribuidas por años sin equidad y justicia. Se profundizaron políticas sociales individuales, cortoplacistas y asistencialistas que dañaron profundamente la cohesión social y el sentido comunitario y colectivo del bienestar, políticas de vivienda que segregaron a los chilenos en territorios “de ricos” y territorios “para pobres” donde el acceso a bienes y servicios también quedó distribuido de la misma manera, un sistema de pensiones que tiene como consecuencia un grave empobrecimiento en la vejez, falta de acceso a la salud de manera oportuna y con adecuados estándares de calidad, y un sistema de educación que también segrega y otorga oportunidades diametralmente distintas a ricos y pobres.

En este contexto, la frase “no son treinta pesos, son treinta años”, que se escuchó mucho en las protestas, explica muy bien el sentir de la ciudadanía, puesto que si bien este movimiento social comenzó con la evasión masiva del pago del transporte público por parte de los estudiantes (tras un alza de 30 pesos chilenos) el verdadero malestar se ha acumulado por más de 30 años, y a pesar de reiteradas manifestaciones por diversas demandas sociales, nunca había sido escuchado y ni siquiera visibilizado. El estallido social del 18 de octubre de 2019 es la acumulación de un rechazo estructural hacia el gobierno y la forma de gobernar de todas las décadas anteriores.

¿Qué actitud han tomado la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en relación con la protesta?

La movilización nacional que estamos viviendo ha dejado en evidencia de manera nítida que tenemos dos Chiles habitando en un mismo territorio, dos Chiles que no se conocen y no se encuentran. Esta división expresa brutalmente la diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen privilegios y quienes no los tienen. Nuestro país se pasó las últimas décadas convenciéndose de que los logros están basados en el mérito individual, que solo el esfuerzo de cada cual es garantía de movilidad social, cuando en realidad y en base a diversos estudios eso no es cierto en absoluto.

Frente a esto, los datos de distintas encuestas muestran una alta aprobación de la ciudadanía hacia las demandas sociales. Sin embargo, lo que genera una mayor división son los actos de violencia, y especialmente aquellos que han afectado infraestructura pública y privada, como saqueos, la destrucción de comercios y la quema de locales comerciales y otros tipos de servicios, así como la violencia de los agentes del Estado que han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas?

El gobierno ha tenido un cuestionable manejo de este conflicto, con el foco puesto principalmente en la agenda de seguridad, criminalizando la protesta, con una agenda legislativa centrada en la sanción de la protesta, lo cual revela que no se ha comprendido la naturaleza de la movilización nacional, como tampoco sus demandas y urgencias.

La agenda social propuesta por el gobierno es débil. No apunta a generar cambios radicales en la estructura existente, que profundiza la inequidad y no garantiza los derechos de todas las personas. Los avances y contenidos de la agenda social liderada por el gobierno no están a la altura de las demandas y de la urgencia de ‘estas. Sus numerosas iniciativas y medidas suponen mejoras acotadas, necesarias pero que no tocan la estructura que genera las inequidades en nuestro país; por lo tanto, no hacen sino duplicar la misma política pública cortoplacista que no está basada en un enfoque de derechos y se centra en el individuo más que en las necesidades de miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

Los últimos informes hablan de decenas de muertos y centenares de heridos. ¿Podrías describir el alcance de la represión y de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas?

Desde que comenzó el estallido social en Chile se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. Estas violaciones han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, pero el Estado ha tendido a relativizarlas.

Para nosotros es fundamental reiterar que en todo momento debe haber un respeto irrestricto de los derechos humanos, y que cada caso de violación debe ser investigado y debe haber sanciones y reparación para cada una de las víctimas. La sociedad civil es clave en el seguimiento y la vigilancia de estos procesos, para garantizar que sean transparentes y resulten en la asunción de responsabilidad por parte del Estado.

Los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que en el 48% de los casos observados de detenciones, las personas detenidas se estaban manifestando pacíficamente (más allá de que estuvieran o no ocupando la calzada). Asimismo, se utilizaron gases en forma indiscriminada en el 56% de los casos observados, y en el 60% de los casos observados se apreció falta de gradualidad en el uso de fuerza, que sobrevino sin previo aviso y en ausencia de diálogo. Se registraron en los hospitales 2.727 casos de personas adultas heridas, así como 211 casos de niños, niñas y adolescentes, y 241 personas resultaron con lesiones oculares. También se constató una serie de violaciones de derechos humanos contra las personas detenidas y retenidas en comisarías. La más frecuente de estas fue el uso excesivo de la fuerza durante la detención, con 751 casos. En total, se registraron 190 casos de acoso o violencia sexual, 171 de ellos correspondientes a desnudamientos.

¿Cómo han respondido la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil ante la represión estatal y las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas?

Hemos respondido sin miedo. Ciudades completas han gritado sin miedo en protesta por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos meses. Muchísimas personas han levantado material testimonial para visibilizar el nivel de exposición y violencia en que se encontraron durante las protestas.

Desde la sociedad civil la respuesta ha sido variada, pero en general todas las organizaciones han llamado a la no violencia, a la generación de nuevos espacios de diálogo y de encuentro conducentes al fortalecimiento de una sociedad con mayor justicia social y equidad. Sin lugar a dudas, la sociedad civil tomó un lugar preponderante, incitando a estos espacios de encuentro y ayudando a relevar las demandas ciudadanas. Lo hizo a través de la creación de una gran red de redes llamada Nuevo Pacto Social, que reúne a más de 600 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por la búsqueda de soluciones reales a las demandas de fondo.

Desde la Comunidad de Organizaciones solidarias sostenemos el principio de no violencia y desde el primer día del estallido social manifestamos la necesidad de respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Si bien nuestro ámbito de acción es otro, creemos que este estallido visibilizó la urgencia de reestructurar las fuerzas policiales. Creemos fielmente en los datos entregados desde el Institución Nacional de Derechos Humanos, y sabemos que su trabajo es consciente y riguroso, al igual que el informe entregado por Amnistía Internacional, por lo que, como organizaciones de la sociedad civil, apoyaremos desde nuestro ámbito de acción todas las acciones tendientes a la reparación de los derechos vulnerados durante el estallido social.

¿Qué medidas inmediatas debería tomar el gobierno de Chile para superar esta crisis? ¿Qué chances hay de que ello ocurra y se alcance una solución duradera?

Una salida duradera requeriría de un proceso largo de construcción y cambios, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

Las medidas de corto plazo y mediano plazo tienen relación con la agenda social, que tiene tres dimensiones. La primera es la mejora de la calidad de vida a través de medidas en temas tales como salud, educación y pensiones. La segunda dimensión abarca medidas para terminar con los abusos de las élites económicas y políticas y cerrar las brechas de aplicación de justicia ante delitos cometidos por integrantes de la élite económica y ciudadanos comunes, quienes enfrentan sanciones completamente distintas: “clases de ética” para los primeros y cárcel efectiva para los segundos. La tercera dimensión refiere a la recaudación de los recursos que el Estado necesita para llevar adelante una agenda social profunda y contundente. Chile requiere una reforma tributaria que permita aumentar la recaudación y de un sistema con mayor eficiencia en la gestión.

El eje de largo plazo pasa por el proceso constituyente, cuyos principales hitos ya están establecidos: plebiscito de entrada, elección de representantes, plebiscito de cierre. Sin embargo, aún no se han logrado condiciones que garanticen una participación transversal y representativa, paridad de género, cuotas para minorías y candidaturas independientes. Sin estas condiciones, la legitimidad del proceso constituyente se verá severamente debilitada.

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CHILE: ‘Se ha producido un despertar ciudadano de dimensiones históricas’

soledad munozEn octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Soledad Fátima Muñoz, activista chilena y fundadora del programa de mentoría y festival feminista Current Symposium.  (Foto de Kati Jenson)

¿Cómo fue que lo que empezó con un pequeño aumento en el precio del boleto del metro se convirtió en una movilización de dimensiones sin precedentes?

Lo primero que hay que aclarar es que esto no se debe tan solo a un aumento del precio del boleto del metro, ni tampoco es una protesta aislada. Las movilizaciones en contra de los abusos derivados del sistema neoliberal han sido constantes en Chile durante años. Entre ellas se destacaron las protestas masivas contra el sistema de pensiones privatizadas, contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y contra la Ley de Pesca, las protestas feministas y del movimiento impulsado bajo la consigna “Ni Una Menos”, las movilizaciones por la deuda histórica con los profesores, las protestas estudiantiles en 2006 y 2011, y las recientes movilizaciones de alumnos en contra de la llamada Ley de Aula Segura. A esto se le suma la indignación por la represión estatal sistemática de los pueblos originarios en Wallmapu, las muertes de Camilo Catrillanca y Macarena Valdés, y el encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao y el Lonko Alberto Curamil, entre otros presos políticos. En combinación con el descontento generacional ante la impunidad de los culpables de las torturas, desapariciones y homicidios de miles de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet, esto produjo un ambiente propicio para un despertar ciudadano de dimensiones históricas. Tras años de abusos, el pueblo chileno despertó y quiere una nueva constitución, ya que la actual fue creada durante la dictadura y está diseñada para promover la desigualdad social.

La gran diferencia entre la protesta actual y todas las anteriores pasa por las acciones del gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y el toque de queda, y con ello desató una represión de Carabineros y militares contra el pueblo chileno que solo es comparable con los crímenes perpetrados durante la dictadura.

Las protestas no tienen un único ente organizador ni una consigna política específica, sino que hay muchas iniciativas independientes que hacen llamados a reunirse y manifestar, a través de las redes sociales o por distintos canales de información independiente. Algunas de las demandas generalizadas reclaman el llamado a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. También se reclama una estatización de los servicios básicos y la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos el cobre, el litio y el agua. Hay también demandas de democracia directa y plebiscitos vinculantes, penalización de la corrupción político-empresarial, reivindicación de los pueblos originarios y respeto de la soberanía plurinacional del territorio, y salud, educación y pensiones dignas. A ello se suman algunas demandas más específicas, tales como el aumento del salario mínimo a $500.000 (unos 650 dólares estadounidenses), la reducción de los sueldos de los legisladores y el alza de los impuestos a los más ricos.

Estos fueron los reclamos por los cuales empezó el movimiento, pero ante la represión desmedida del Estado, la ciudadanía hoy pide también la renuncia y el enjuiciamiento de Sebastián Piñera y de las personas involucradas en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en el pasado mes.

Se ha reportado una veintena de muertos durante la represión de las movilizaciones, además de gran cantidad de personas heridas y bajo arresto. ¿Podrías describir las violaciones de derechos cometidas contra los manifestantes?

Es difícil dimensionar en este minuto las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Sebastián Piñera, ya que – al igual que ocurría en la dictadura - hay miles de detenidos incomunicados. Es por eso que cuando se las llevan detenidas en las calles, las personas gritan su nombre, apellido y cédula de identidad. Las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile son de 335 acciones judiciales, 489 víctimas representadas, 6.199 personas detenidas (726 de ellas menores de edad) y 2.365 personas heridas registradas en hospitales. Pero es difícil asegurar la veracidad de estas cifras ya que las instituciones que las difunden pueden haberse visto presionadas por el gobierno.

El INDH, específicamente, perdió parte de su credibilidad cuando su director negó en un programa de televisión abierta la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Eso es simplemente una mentira, ya que la propia institución se ha querellado en contra del actuar de Carabineros y militares. Se constataron más de 200 casos de mutilación ocular por el uso desmedido de perdigones por parte de Carabineros y maltratos, violencia sexual y torturas en los centros de detención. A esto se sumó el caso del Liceo 7 de Santiago, donde un carabinero disparó en contra de las estudiantes que se encontraban dentro del recinto. Se han efectuado allanamientos en domicilios privados y detenciones desde automóviles sin acreditamientos policial.

A esta represión uniformada se agrega la acción de un grupo de ciudadanos que se autoproclaman “chalecos amarillos” y dicen que su misión es mantener el orden cívico y proteger la labor de Carabineros, pero en realidad son un grupo violento de ultraderecha. Entre ellos se encuentra un tal John Cobin, quien disparó un arma de fuego contra un manifestante a plena luz del día en las calles ocupadas del balneario de Reñaca y pertenece a la Liga del Sur, una organización de supremacistas blancos de California.

¿Qué acciones inmediatas debería adoptar el gobierno de Chile para salvaguardar los derechos civiles y las libertades democráticas?

A un mes del inicio de las manifestaciones, el gobierno se ha caracterizado por no escuchar a la ciudadanía, y en cambio ha respondido con mayor violencia. En la madrugada del 15 de noviembre los parlamentarios llegaron a un acuerdo político entre cuatro paredes, autodenominado “Acuerdo de Paz” que daría paso a una nueva Constitución. El acuerdo garantiza una “hoja en blanco” para que haya una discusión libre y establece el llamado a una convención constituyente a través de un plebiscito público. Pero parte de la ciudadanía movilizada no está conforme con los plazos ni con el quórum (de dos tercios) establecido para la toma de decisiones del órgano constituyente, ya que piensa que reencauzará el actual proceso democrático a un sistema diseñado para proteger a la clase política y evitar que las voces minoritarias adquieran poder.

Pienso que lo más importante en este minuto es la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, de las comunidades en mayor riesgo social, que no solo son las más afectadas por el sistema neoliberal, sino que también son el epicentro de la violencia descriteriada de los Carabineros y las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello fue la comunidad de Lo Hermida, en Peñalolén, que tras el anuncio de las autoridades de no construir las viviendas dignas que les habían prometido se tomaron la viña de Cousiño-Macul. La represión de Carabineros no tardó en llegar, y en una noche hubo más de 200 personas heridas, dos de ellas con trauma ocular severo. Además, Carabineros ingresó y lanzó gas pimienta dentro de hogares donde había personas de la tercera edad y menores.

Es hora de que el gobierno de Sebastián Piñera detenga la represión, deje en libertad a los más de 6.000 manifestantes que hoy se encuentran en centros de detención, asuma las consecuencias de sus acciones, y - por primera vez en la historia de Chile desde Pinochet - acabe con la impunidad ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El gobierno de Piñera deberá responder ante la ley por los más de 20 personas muertas y 200 con mutilaciones oculares, las torturas a menores y los abusos sexuales contra mujeres, hombres y personas de género no binario, ya que todo esto fue consecuencia de la pésima administración de su gobierno, y se hubiese evitado, por lo menos en parte, si desde un principio hubiera mantenido un diálogo directo con la población. En ese sentido, la consigna en las calles es “Sin justicia no hay paz”.

¿Piensas que las movilizaciones en Chile forman parte de tendencias más amplias a nivel regional?

Lo que está pasando en Chile es estructuralmente internacional, ya que se deriva de las medidas de austeridad perpetradas por el neoliberalismo. El sistema socioeconómico actual del país tiene sus raíces en el colonialismo europeo y fue consagrado con el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Específicamente, con un grupo de estudiantes de las élites chilenas que a mediados de la década del ’50 se formaron en Estados Unidos en la ideología del monetarismo extremo y el neoliberalismo, bajo la tutela de Milton Friedman y Arnold Harberger. Estos alumnos - apodados “Chicago Boys” - sirvieron como ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura, instalando medidas de privatización extrema. Estas medidas fueron incorporadas y naturalizadas por una población en estado de shock y represión.

Las consecuencias de esa privatización se traducen en abusos de las corporaciones multinacionales que son habilitados por gobiernos en todo el mundo. En Chile, un buen ejemplo de ello es el caso expuesto por la periodista Meera Karunananthan en un artículo publicado en The Guardian en 2017. La autora explica que Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) es el mayor inversionista en Aguas del Valle, Essbio y Esval, que controla el 41% del sistema de agua y saneamiento en Chile. Esto es posible porque la Constitución chilena habilita la propiedad privada de las aguas, lo cual ha dejado a comunidades enteras en situación de sequía y sin el amparo de la ley. Sin embargo, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano; eso significa que en Chile los derechos humanos se violentan no solo a través de la represión policial sino también a través del sostenimiento de un sistema económico injusto y abusivo.

El ejemplo citado es uno solo dentro de la gran cadena de abusos internacionales perpetrados por corporaciones que, como la empresa canadiense Barrick Gold y la empresa estatal de Noruega Statkraft, continúan abusando de las políticas del Estado subsidiario chileno y atentando en contra de nuestro planeta. Es por eso que debemos crear conciencia a nivel internacional para que se respeten las decisiones del pueblo de Chile y se brinde protección a sus pueblos originarios, sin los bloqueos ni las intervenciones políticas que resguardan al capital extranjero y perpetúan la destrucción de nuestro medio ambiente.

¿Qué apoyos necesita la sociedad civil chilena de la sociedad civil internacional en este proceso?

En estos momentos es importante reconocer y crear conciencia internacional en torno de los abusos en contra de la clase obrera, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y las minorías sexuales. Personalmente he aprendido mucho en el curso de estas movilizaciones. Una de las cosas más subversivas que está impulsando la ciudadanía es el rechazo del binarismo derecha/izquierda que ha afectado severamente a las sociedades latinoamericanas y que ha sido utilizado por los gobiernos neoliberales como excusa para reprimir a la gente trabajadora.  El predominio de una política ciudadana no identificada con ninguna posición dogmática en el espectro derecha/izquierda hizo que el gobierno no pudiera identificar un enemigo ideológico y que acabara declarándole la guerra a su propio pueblo.

La prensa establecida, nacional e internacional, está tergiversado los hechos y construyendo una narrativa en contra de la población movilizada. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy estamos equipados de cámaras en nuestros celulares y podemos informar directamente. Invito a la gente del mundo a informarse a través de canales independientes y de la sociedad civil para saber realmente lo que está ocurriendo.

El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con Soledad Muñoz a través de su página web o siga a música_del_telar en Instagram.

 

México: Más que una tendencia, la filantropía comunitaria ha sido esencial para empoderar al pueblo

Este artículo es parte de la serie #HistoriasDeResiliencia, coordinada por CIVICUS para destacar los esfuerzos de grupos y activistas que promueven mejores prácticas de financiación y movilización de recursos valiosos para la sociedad civil.

En América Latina hay una tradición fuerte de generosidad y solidaridad entre vecinos, comunidades y pueblos quienes no dudan en unir esfuerzos y recursos para ayudar a un individuo o solucionar problemas colectivos. En varios lugares siempre ha existido lo que ahora llamamos filantropía comunitaria, aunque de manera informal. Pero en las últimas décadas, esa filantropía comunitaria se ha formalizado con el establecimiento de fundaciones comunitarias que se han convertido en un pilar para la sociedad civil y el desarrollo.

México es el país de la región que tiene más fundaciones comunitarias. La mayoría está consolidada y lidera esfuerzos de filantropía comunitaria, inversión social estratégica, desarrollo e incluso de acción humanitaria. Por ejemplo, tras los devastadores terremotos ocurridos en el 2017, muchas fundaciones fueron centrales para atender las emergencias y reconstruir las zonas afectadas. Su labor es ampliamente reconocida, gozan de sólida legitimidad entre sus poblaciones y de la confianza de donantes nacionales e internacionales.

Comunalia es una alianza conformada por 14 fundaciones comunitarias de 13 estados de México, la cual lleva nueve años apoyando su trabajo y fortalecimiento. Conversamos con Mariana Sandoval, directora ejecutiva, e Ixanar Uriza, exvicepresidenta*, sobre la importancia de estas fundaciones y de la filantropía comunitaria para la sociedad civil mexicana.

¿Cuáles son las características de una fundación comunitaria que la diferencian de otras fundaciones filantrópicas?

Uriza: Son fundaciones de las comunidades que recaudan recursos de varias fuentes, propios y externos, para invertirlos en beneficio local, gestionados por organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales y las comunidades. Se caracterizan por cubrir una zona geográfica específica; por ser expertas en conocer las características y necesidades de su comunidad; por tener liderazgo y defender los intereses y prioridades de la comunidad, y por tener capacidad de aliarse con otros actores por el bien común.

Hay mucho interés alrededor del mundo en expandir la filantropía comunitaria. ¿Cómo han logrado estas fundaciones en México posicionarse como un canal sólido y legítimo para movilizar recursos para la sociedad civil local?

Sandoval: La reputación y legitimidad se ha construido tras muchos años de trabajo. Algunos miembros de Comunalia tienen más de 20 años operando. Además, es clave que las fundaciones son más que un intermediario de fondos; son una fuente experta de conocimiento del contexto social, necesidades y prioridades de las comunidades. Esto le da confianza a las comunidades que saben que se está velando por su agenda y que en cierta forma orientamos a los donantes externos sobre estas prioridades. Por su parte, los donantes encuentran en las fundaciones el mejor asesor para reconocer las áreas más aptas para hacer inversión social y establecer alianzas con OSC locales.

Hay muchos ataques contra las OSC en América Latina. ¿Cómo pueden ayudarles las fundaciones comunitarias a enfrentar estos retos además de los financieros?

Sandoval: Aparte de ser asesoras, filtros y puntos de enlace entre los donantes y las organizaciones locales, las fundaciones comunitarias cumplen un rol clave de fortalecimiento. Muchas fundaciones trabajan con grupos y colectivos que no están establecidos formalmente y, además de ayudar a conseguirles fondos, les dan asistencia técnica mientras se consolidan. Las organizaciones ya establecidas también consideran a las fundaciones como su primer punto de apoyo cuando tienen retos en general, convirtiéndose en aliados estratégicos. Además, el hecho de que las fundaciones se dedican a movilizar los recursos les permite a las OSC enfocarse en hacer su trabajo de campo, mejorarlo y multiplicar su impacto. Nos queda por delante el reto de ofrecer más y mejor apoyo en incidencia en políticas públicas para mejorar las condiciones en que se desarrollan las OSC en México.

¿Se podría decir entonces que están empoderado a la sociedad civil?

Uriza: Las fundaciones no solo fortalecen a la sociedad civil, de alguna forma también le han posibilitado crecer. Un ejemplo concreto es el de la Fundación Comunitaria Malinalco, la cual empezó a apoyar proyectos hace diez años cuando no había OSC en ese municipio, mientras que ahora hay 23. La presencia de la fundación ayudó a despertar a la sociedad civil en este lugar.

¿Están las fundaciones comunitarias adelante de la tendencia de los últimos años de “transferir el poder a las comunidades” (conocido en inglés como Shift the Power)?

Uriza: La filantropía comunitaria ha existido desde siempre en América Latina, es una práctica prehispánica. Mientras que la idea de transferir el poder a las comunidades se ha convertido en una tendencia reciente, para las fundaciones comunitarias ha sido siempre nuestra metodología de trabajo; no concebimos la idea de movilizar y dar un fondo sin escuchar primero a la comunidad y priorizar sus necesidades e intereses.

¿Qué metas nuevas tienen las fundaciones comunitarias parte de Comunalia?

Sandoval: Como dijimos antes, tenemos robustecer el apoyo en incidencia política y social que brindan las fundaciones las OSC, que ha cobrado relevancia frente a las crecientes amenazas sobre el espacio cívico. La mayoría de las fundaciones ya está haciendo muy bien su trabajo de movilización y manejo de recursos, pero sabemos que en este contexto no es suficiente, en especial para las organizaciones que trabajan en justicia social. Algunas fundaciones están avanzadas en este trabajo de incidencia en sus territorios, pero a muchas les falta desarrollar esta función.

* Ixanar Uriza era la vicepresidenta de Comunalia cuando se realizó la entrevista.

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GRUPOS ANTI-DERECHOS: ‘Su verdadero objetivo es eliminar todas las políticas de género del Estado’

Diana CariboniEn el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Diana Cariboni, periodista y escritora argentina radicada en Uruguay, ganadora del Premio Nacional de Prensa Escrita 2018 y autora de varias notas de periodismo de investigación sobre los grupos anti-derechos en América Latina.

 ¿Podrías contarnos acerca de tu experiencia en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia?

En el año 2018 cubrí la conferencia de este grupo regional – en realidad iberoamericano, ya que tiene miembros en toda América Latina y también en España. Es un grupo grande que quiere ser un movimiento. Es uno de los tantos, porque hay muchos otros, que además se entrecruzan, ya que miembros del Congreso Iberoamericano también forman parte de otros movimientos e interactúan dentro de ellos, al tiempo que están en los consejos de distintas organizaciones.

Yo empecé investigando a este grupo porque se reunió aquí en Punta del Este, Uruguay, a fines de 2018, y venía precedido de algunos incidentes que me llamaron la atención. Los sectores más importantes que yo logré identificar dentro de este movimiento son, en primer lugar, una enorme cantidad de representantes de iglesias evangélicas y, dentro del evangelismo, del neopentecostalismo, aunque también incluye a iglesias bautistas e iglesias evangélicas no pentecostales.

Además de estas iglesias está representada la plataforma Con Mis Hijos No Te Metas, que surgió en Perú en el año 2016, integrada por una serie de personajes que son cristianos evangélicos. Algunos de ellos son pastores de iglesias y algunos son también actores políticos; por ejemplo, hay una gran cantidad de diputados del Congreso de Perú. Justamente, los legisladores son otro sector importante del Congreso Iberoamericano. En muchos países hay legisladores que son pastores o miembros de iglesias: ocurre en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos actores están tratando de articular un movimiento legislativo regional. El Congreso Iberoamericano lleva cierto tiempo trabajando en el área legislativa y coordinándose y haciendo declaraciones sobre determinados temas.

México también es un foco importante porque el fundador del Congreso Iberoamericano es un mexicano, Aaron Lara Sánchez. El movimiento ha articulado espacios de comunicación como Evangélico Digital, que integra un grupo de medios digitales originado en España. También ha creado o quiere crear una especie de grupo de estudios, porque a todo esto le quieren dar un barniz científico, y en sus conferencias participan médicos, abogados, expertos en biología y en genética; todos ellos argumentan la concepción religiosa de que la familia solo puede estar integrada por un hombre y una mujer, que los únicos sexos posibles son el masculino y el femenino y que la persona humana se genera en el momento de la concepción; de ahí su oposición frontal al aborto. Están articulando un discurso pseudo científico para fundamentar estos argumentos a pesar de que la investigación científica indica otras cosas. Su objetivo es construir un discurso que no sea visto tan como de la Edad Media; por eso buscan converger con el sentido común del siglo XXI y hablan de ciencia y de Estado laico, aunque no sea más que un barniz superficial. Por su parte, el discurso de Con Mis Hijos No Te Metas cuaja bien con el sentido común, porque es una apelación muy fuerte a la familia y les dice a las madres y a los padres que tienen derecho a decidir qué educación reciben sus hijos en las escuelas.

¿Caracterizarías a estos grupos como anti-derechos?

Efectivamente, porque su verdadero objetivo es eliminar todas las políticas de género del Estado. De hecho, yo entrevisté al fundador de Con Mis Hijos No Te Metas, Cristian Rosas, quien me decía: ‘Nosotros empezamos por la educación sexual porque era lo que más movilizaba a la gente, porque se refiere a sus hijos, pero lo que en realidad nosotros queremos es eliminar el género, la palabra género, en Perú y en el mundo entero’. El tema es que detrás de esa palabra, género, está el asunto crucial del reconocimiento de las identidades y la búsqueda de equidad: las luchas de las mujeres por terminar con su discriminación y subordinación y las luchas de las comunidades LGBTQI por gozar de los mismos derechos y garantías que tiene el resto de la población. Ellos dicen que estas luchas son innecesarias porque nuestras constituciones ya dicen que todos somos iguales ante la ley, entonces para qué establecer leyes o estatutos especiales para las personas LGBTQI. Lo que pasan por alto es que las personas LGBTQI, y en particular algunas de ellas como las personas trans, no acceden efectivamente a esos derechos ni a las condiciones de una existencia digna. Ellos se empeñan en ignorar esto, y en cambio sostienen que lo que las personas LGBTQI están buscando es que el Estado les financie sus estilos de vida.

En Uruguay vimos recientemente un ejemplo de política anti-derechos promovida por estos sectores. Un diputado católico suplente del Partido Nacional, un diputado evangélico neopentecostal, también del Partido Nacional, y el líder de la iglesia evangélica más numerosa del Uruguay, que también es neopentecostal – todos ellos miembros del Congreso Iberoamericano por la vida y la Familia - llevaron adelante una campaña para derogar la Ley Integral para Personas Trans. De hecho, la campaña de recolección de firmas se anunció durante aquel congreso de Punta del Este.

¿Quiénes eran las personas que participaban en ese congreso? Por tu descripción, parecería un encuentro más de cúpulas que de masas.

No es la feligresía la que se reúne en este caso, sino que son pastores, dirigentes, políticos, líderes de opinión, influencers que buscan aprovechar el lenguaje y los códigos con que se comunica una buena parte de la población, y sobre todo los jóvenes. Pero aún así, era un encuentro de unas 400 personas.

Este evento era cerrado, no podía entrar la prensa; yo me inscribí como una participante más, pagué la inscripción de 150 dólares y entré sin que los organizadores supieran que yo estaba cubriendo el evento como periodista. Además de pagar tuve que mudarme a Punta del Este por tres días, quedarme en un hotel y convivir con esta gente de la mañana a la noche. Por momentos se volvía un poco asfixiante porque la forma en que ellos desarrollan sus actividades no es la misma que en un congreso o una conferencia comunes, donde vos escuchás las presentaciones en los paneles, tomás nota y estás sentada en un auditorio junto con otras personas que hacen más o menos lo mismo. En este caso todas las instancias, incluso los paneles, se mezclaban con oraciones religiosas y plegarias en estilo evangélico. Este no es como la misa católica, que está muy coreografiada, con el sacerdote en el rol protagónico, donde ya se sabe más o menos lo que va a decir y la feligresía responde con determinadas frases en momentos pautados, se sienta, se para y nada más. La experiencia evangélica es muy diferente: la gente habla, grita, levanta los brazos, se mueve, se toca. El pastor les da instrucciones, pero aún así todo es mucho más participativo. Se me hizo difícil pasar desapercibida, pero lo conseguí.

Además logré obtener un buen registro de lo que ocurría, lo cual no estaba permitido. Había muchísima vigilancia, me hubieran echado si se hubieran dado cuenta. Lo supieron cerca del final: a último momento decidieron organizar una conferencia de prensa y prácticamente no había ningún medio que no fuera de ellos. Yo no sabía si ir o no, pero al final decidí hacerlo, porque al fin y al cabo ya había asistido a todas las sesiones. Estuvo también un periodista del semanario Búsqueda. Allí me permitieron hacer entrevistas y me dijeron que solo podía publicar lo de la rueda de prensa, pero no lo que había escuchado dentro del congreso. Por supuesto, no había nada que pudieran hacer para impedirlo y mi artículo ‘El género es el nuevo demonio’ salió publicado en Noticias poco después.

Estar allí adentro me permitió entender algunas cosas. Ciertamente, hay intereses muy poderosos, religiosos y políticos, detrás de las campañas anti-derechos. Pero también hay expresiones religiosas genuinas, distintas formas de abordar la vida, sectores ultraconservadores que experimentan un auténtico rechazo hacia la vida del siglo XXI. Lo que observé en este congreso es el tremendo extrañamiento que alguna gente siente respecto del mundo actual, una realidad que difícilmente pueda volver atrás, pero que ellos sienten completamente ajena: la realidad del matrimonia igualitario, de las relaciones interpersonales y sexuales diversas, la de la educación sexual, el placer y las drogas, la libertad de elegir y el aborto. Esto hay que reconocerlo: hay sectores de nuestras sociedades que no se sienten parte de este mundo del siglo XXI y así reaccionan ante estos avances, que ellos interpretan como degradación y corrupción.

Estos grupos tienen un discurso nacionalista que percibe a los Estados nacionales y a los pueblos como sometidos a dictados foráneos que se consideran malignos, incluso como mensajes del diablo o del demonio. El mal se encarna en una serie de instituciones descriptas como imperialistas: las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano de derechos humanos, los organismos internacionales de crédito, la Organización Mundial de la Salud.

¿No es por lo menos curioso que apelen al nacionalismo cuando ellos mismos se organizan en redes transnacionales y están activos en el terreno internacional?

En el marco de esta batalla cultural que se está librando a nivel internacional, lo que estos grupos no ven es que ellos también son actores en el terreno internacional, aunque más no sea con el objeto de debilitar el alcance del derecho internacional. Apuntan contra los órganos que supervisan los tratados y convenciones, por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer; dicen que se trata de comités de expertos cuyas sus recomendaciones no necesitan ser tenidas en cuenta por los Estados cuando contravienen su derecho interno.

Una discusión reciente en este terreno se generó en torno de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una consulta de Costa Rica acerca de la identidad de género y el matrimonio igualitario. Costa Rica le preguntó a la Corte si en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos estaba obligado a reconocer la identidad de género de las personas y los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. En respuesta, la Corte IDH le dijo a Costa Rica, y por lo tanto a todo el continente, que se trata de derechos protegidos por la Convención. A partir de allí se dio una discusión muy fuerte, porque para los sectores anti-derechos se trató de un caso de un órgano internacional que actúa por encima de los Estados, las constituciones y las leyes nacionales.

Mencionabas que en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia había muchos políticos de diferentes países. ¿Te parece que estos grupos quieren gobernar y se están preparando para llegar al poder? De ser así, ¿Cuál es su estrategia para lograrlo?

Ante todo, sí creo que hay una voluntad de gobernar, que tiene que ver con la evolución del movimiento neopentecostal surgido en los Estados Unidos y luego expandido por todo el continente. El argumento es simple: Si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, estamos llamados a tener un impacto, tenemos que gobernar porque somos los elegidos para ello.

Ahora bien, las estrategias son diversas. Predomina el pragmatismo, de modo que la estrategia depende mucho del contexto. En algunos casos crean partidos propios - religiosos, evangélicos o ultraconservadores - en los que se sientan representados; en otros casos optan por presentar candidaturas a través de distintos partidos. Actualmente en Argentina, por ejemplo, hay candidaturas de este tipo prácticamente en todos los partidos, excepto la izquierda más radical; están tanto en el oficialismo como en la principal coalición opositora. Además hay un pequeño partido formado recientemente, el Frente NOS, fundado sobre la base del rechazo de la ideología de género en el contexto del debate legislativo sobre la legalización del aborto, pero que en las primarias no sacó casi votos. No creo que logre demasiado en las elecciones; en cambio tendrán éxito muchas candidaturas que están en distintas listas, tanto a nivel federal como las provincias.

Otra estrategia complementaria es la de insertarse en los gobiernos desde los niveles más bajos, sobre todo en los países con estructura federal, donde pueden acceder a cargos de dirección en las áreas de salud, educación o justicia; de ahí la estrategia de formar expertos - abogados, juristas, expertos en bioética – que puedan integrarse en distintos espacios de la administración pública. Eso lo veo mucho en Argentina.

En el caso de Uruguay estos sectores están bastante concentrados en un sector del Partido Nacional, que ya tiene algunos diputados evangélicos y neopentecostales y es muy probable que en las próximas elecciones sean algunos más. Creo que es muy probable que de las elecciones de octubre de 2019 en Uruguay emerja una bancada evangélica. También hay algunas figuras similares en los otros partidos, aunque son mucho menos visibles.

También en Uruguay ha surgido un fenómeno nuevo, bajo la forma del partido Cabildo Abierto, encabezado por un ex jefe del Ejército, el primero en declararse como partido anti-ideología de género. Es un fenómeno nuevo porque los líderes y principales figuras del Partido Nacional, que es el que hasta ahora cobijaba a la mayoría de estos personajes, no apoyan estas posturas. Aunque es un partido nuevo y pequeño, las encuestas le dan a Cabildo Abierto entre 7 y 10% de intención de voto, o sea que posiblemente elegirá a algunos diputados, y tendremos un partido que tiene una posición de bloque.

¿Te parecen especialmente preocupantes estos avances en un país como Uruguay, descripto a menudo como el más laico de América Latina?

Sucede que el voto confesional no es automático. En argentina la feligresía evangélica es un porcentaje importante de la población y está creciendo, pero en este momento hay apenas diputado evangélico en el Congreso Nacional. Más o menos lo mismo podría decirse sobre la mayoría de los países: la población que se declara de determinada religión no necesariamente vota a candidatos de esa religión. En otras palabras, el voto confesional, que es lo que estos sectores pretenden instalar, no está teniendo éxito de manera automática en todos los países. En Brasil el voto confesional ha avanzado sustancialmente, pero este avance llevó décadas, además de que se relaciona con características propias del sistema electoral brasileño de listas abiertas que permitió que este tipo de candidaturas se fuera desparramando por muchos partidos, incluido el Partido de los Trabajadores cuando era gobierno. Este crecimiento cuajó en el importante apoyo que prestaron los sectores evangélicos a la candidatura del presidente Jair Bolsonaro, cuyo triunfo también alimentó a la bancada evangélica.

En suma, una cantidad de factores inciden en cómo se vota en determinado momento y las personas no necesariamente se guían por el credo religioso del candidato a la hora de votar. Pero esto es algo que se podría poner en cuestión en estas elecciones. En Argentina y en Uruguay hay elecciones en octubre, el mismo día; en Bolivia una semana antes; y también en octubre hay elecciones regionales en Colombia, con muchos candidatos de este tipo en distintas formaciones. Pronto tendremos un panorama de cómo evoluciona el voto confesional en cada país. Es un tema que hay que observar de cerca para saber si se trata de un fenómeno lineal en acenso, de un proceso con avances y retrocesos, o de un fenómeno que está tocando un techo.

Contáctese con Diana Cariboni a través de su página de Facebook y siga a @diana_cariboni en Twitter. 

 

Sociedad civil en América Latina se abre paso en la economía colaborativa

Este artículo es parte de la serie #HistoriasDeResiliencia, coordinada por CIVICUS para destacar los esfuerzos de grupos y activistas que promueven mejores prácticas de financiación y movilización de recursos valiosos para la sociedad civil.

En junio del 2017, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Centro Regional de Innovación para el Cambio en América Latina y el Caribe –Innovación para el Cambio (I4C) es una red global apoyada por CIVICUS y Counterpart International– lanzaron una plataforma de economía colaborativa para encontrar recursos alternativos en momentos que la cooperación internacional se debilita en la región. La plataforma, llamada ComuniDAS, facilita el trueque de servicios entre OSC latinoamericanas, pero su enorme potencial está seduciendo también al sector privado y a OSC fuera de la región.  En mayo, la iniciativa ganó el premio de voto popular en la SID-Washington Innovation Competition 2019 y pronto será replicada por el Centro Regional de I4C en Medio Oriente y el norte de África. 

Gerardo TorresHablamos con Gerardo Torres, vocero de ComuniDAS, sobre la experiencia de crear esta plataforma, sus retos y fortalezas.

¿Cómo nació la idea ComuniDAS?

Nació en el 2016, cuando nos reunimos 45 OSC para formar el Centro Regional de Innovación para el Cambio en América Latina y el Caribe. Estábamos discutiendo los principales retos de financiación para OSC en la región y qué podíamos hacer al respecto; entonces salió el tema de economía colaborativa, el cual resonaba internacionalmente y según la revista Times era una de las 10 ideas que cambiaría el mundo. En América Latina había algunos casos de éxito como una plataforma que surgió en Chile después del terremoto, mediante la cual las comunidades afectadas se organizaban para recolectar recursos y comprar artículos de necesidades comunes, y varias iniciativas relacionadas con el medio ambiente.  Así vimos la oportunidad de mapear nuestras necesidades y en qué éramos buenos cada uno, con la idea de intercambiar recursos bajo el modelo de economía colaborativa, fortalecer la solidaridad entre OSC y luego atraer solidaridad de otros sectores.

¿Qué retos de acceso a recursos para las OSC desean atender con ComuniDAS? 

Identificamos tres retos principales. Primero, se necesitan alternativas de financiación porque la cooperación internacional –una fuente principal de recursos para la sociedad civil– se está retirando de la región para enfocarse en otras áreas del mundo. También notamos que las OSC más tradicionales, como las que nacieron en la década de 1970 entre guerras civiles y enfocadas en derechos humanos, tienen dificultades para crear alianzas con el sector privado sin sentir que pierden su autonomía. Por último, el World Giving Index señala que América Latina y el Caribe tiene una de las culturas filantrópicas más débiles del mundo, lo que se refleja en la escasa solidaridad dentro del sector de sociedad civil. Las OSC casi no comparten conocimientos ni recursos a pesar de que muchas tienen grandes fortalezas y capacidad para hacerlo.

¿Cuáles facilidades y dificultades han enfrentado al implementar un proyecto con conceptos innovadores para el sector?  

Encontramos mucho interés tanto en la economía colaborativa como en que la sociedad civil lidere proyectos de innovación. Esto facilitó obtener apoyo, asesoría y herramientas de expertos en el tema, como el renombrado Albert Cañigueral, de entes que están impulsando la economía colaborativa, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e, incluso, del sector privado.  

Hallamos varias dificultades. Al inicio pensamos que la plataforma podría basarse en la solidaridad para que una OSC grande con más recursos y capacidades ayude a una OSC pequeña a cambio de otro servicio. Sin embargo, en la práctica, el éxito de estos intercambios reside en asegurar la confianza y la reciprocidad entre los miembros para que provean los servicios prometidos y a tiempo, y no teníamos cómo hacerlo. Otro desafío es evitar agudizar la brecha entre las OSC más fuertes que tienen algo que intercambiar y capacidad participar en este tipo de iniciativas de innovación y las otras más pequeñas y de base que tienen necesidades, pero quizá no pueden ofrecer algo a cambio. Contar con la tecnología para la plataforma también ha sido difícil porque no existía en la región algo listo para usar, entonces tuvimos que desarrollarlo.

¿Cómo han resuelto la necesidad de asegurar la reciprocidad y la confianza? 

Hay mecanismos como permitir a los usuarios publicar evaluaciones o críticas de miembros con los que han hecho intercambios, pero no son suficientes. Revisamos cómo lo abordan otras plataformas del sector privado y encontramos una plataforma de economía simbiótica en Estados Unidos, llamada Simbi, en la cual se acumulan créditos virtuales por un servicio prestado, que pueden canjearse por varios servicios de otros miembros de la comunidad. Esto nos llamó la atención porque permitiría a los miembros de ComuniDAS ofrecer un servicio y guardar sus créditos si no necesitan recibir un servicio de inmediato, también resultaría más útil para atraer a empresas privadas que operan con parámetros precisos. Con esta idea en mente, estamos desarrollando una moneda social que marcará otra etapa para ComuniDAS. En este momento conectamos los usuarios, pero los intercambios ocurren afuera de la plataforma, con la moneda social todo ocurrirá dentro de la comunidad.   

Con respecto al segundo desafío, ¿cómo se podría ayudar a las OSC más pequeñas con necesidades urgentes de recursos a beneficiarse de plataformas como ComuniDAS?

Una plataforma como esta no resuelve urgencias como pagar gastos operativos, pero puede facilitar que estas OSC exploren alianzas que les ayuden a seguir cumpliendo su misión. Estamos intentando atraer apoyo del sector privado que sea apto para OSC de base que trabajan en temas más abstractos como derechos humanos, y estamos promoviendo el valor del retorno social. También seguimos pensando en cómo hacer el puente entre las OSC grandes, las más tecnológicas, las que apuestan al emprendimiento social –que están capitalizando más los fondos de grandes donantes– y esas OSC pequeñas y de base que tienen la ventaja de llegar a poblaciones y sectores que las OSC más “cool” no alcanzan. No tenemos todo resuelto, pero buscamos opciones. Lograr que la innovación sea inclusiva es un reto para todo el sector.

ComuniDAS ganó un premio de innovación y pronto será replicada en Medio Oriente y el norte de África, ¿cuáles fortalezas le han facilitado este éxito?

Primero, el hecho de ser un esfuerzo regional e innovador creado y liderado por la sociedad civil para buscar recursos alternativos a la cooperación internacional. Estamos pasando de la idea de que los donantes tienen que financiarnos a promover un modelo en que las OSC capitalizan sus propios recursos y además saben vender su propuesta y demostrar valor afuera del sector, lo que requiere no satanizar la rentabilidad, promover la transparencia y la rendición de cuentas y contar con un plan estratégico. Esto nos has permitido lograr alianzas exitosas con el sector privado, municipalidades y otros actores. Otra fortaleza es que la tecnología de ComuniDAS se adapta a las necesidades del sector porque fue desarrollada por OSC.  Y al ser de código abierto puede ser replicada, como lo está haciendo el centro de I4C en Medio Oriente y el norte de África, que lanzará la plataforma en unos cuatro meses. Nuestro sueño es que en el futuro existan intercambios globales, por ejemplo, entre OSC de Honduras, Egipto y de otros países. Esto multiplicaría los recursos y la solidaridad para la sociedad civil en el mundo.

Contacte o únase a ComuniDAS a través de su página web. En este video puede ver un demo de la plataforma.

 

 

CHILE: ‘La COP necesita de la participación de la sociedad civil’

Gabriela BurdilesEn un contexto de gran movilización en reclamo de acción climática en todo el mundo, y ante la inminente Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 25), que tendrá lugar en Chile en noviembre de 2019, CIVICUS conversa con Gabriela Burdiles de Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una organización de la sociedad civil que trabaja desde 1998 en la promoción del acceso a la justicia ambiental e impulsa legislación sobre la materia en Chile. 

En vistas de las restricciones de acceso enfrentadas durante la COP 24 en Polonia, ¿qué expectativas tiene la sociedad civil ante la COP 25 en Chile?

Hasta el momento no hemos tenido conocimiento de ninguna acción contraria a a participación de la sociedad civil por parte del gobierno. Al contrario, el gobierno ha intentado acercarse a la sociedad civil haciendo encuentros informativos y facilitando el acceso al ‘espacio verde’ de la COP 25, el área que tradicionalmente ha ocupado la sociedad civil durante estos eventos, y que en Chile estará abierta del 2 al 13 de diciembre en el Parque Metropolitano de Cerrillos. Además, hay iniciativas desde la sociedad civil, tales como la Cumbre Social por la Acción Climática, una cumbre organizada por la sociedad civil de manera paralela a la COP; y la Cumbre de los Pueblos, una reunión anual que congrega a organizaciones y redes de diversas partes del mundo para compartir experiencias, impulsar soluciones alternativas y fortalecer la organización global y la acción local para frenar la catástrofe socioambiental. Si bien no han tenido ningún apoyo oficial del gobierno, estas reuniones tampoco han experimentado hasta ahora restricciones.

Tenemos que ver qué sucede con las protestas que se den en los espacios públicos, las cuales comenzarán pronto, en septiembre. Como sociedad civil durante los días de la COP 25 estamos llamando a una gran movilización el 8 de diciembre, que esperamos convoque a toda la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas y del mundo que estén participando en la conferencia.

¿Cómo está organizando la sociedad civil chilena su participación en la COP?

Chile asumió el reto de recibir a la COP 25 después de que el gobierno de Jair Bolsonaro decidiera no hacerlo en Brasil. Esto ha reducido significativamente los tiempos de planificación. La sociedad civil chilena se está organizando en torno de por lo menos tres colectivos o plataformas. Las tres de que tengo conocimiento son Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), que está a cargo de la Cumbre Social por la Acción Climática, en la cual FIMA participa y coordina varios colectivos; la Cumbre de los Pueblos, que tiene lugar en torno del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la COP 25; y el Foro Paralelo de la Sociedad Civil COP 25.

Es decir, hay varias instancias organizadas. En el caso particular de SCAC, surgió debido a que no existía una articulación previa en torno del tema y porque no había instancias posibles para participar en la COP oficial, ya que FIMA es la única OSC chilena acreditada ante el secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Estos grupos están trabajando en diferentes temas. Se enfocan por un lado en la política climática nacional, en temas tales como la consulta sobre la ley de cambio climático, el plan de descarbonización y las contribuciones nacionalmente determinadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la CMNUCC. También se enfocan en el ámbito internacional, junto con OSC extranjeras tales como Climate Action Network América Latina, y fundamentalmente con organizaciones de Centroamérica, Sudamérica y Europa. Además, estamos incidiendo y participando en los espacios previos a la COP 25, como la Cumbre de Acción por el Clima en septiembre y la Pre-COP.

Las reuniones de la COP necesitan de la participación de la sociedad civil, y una COP participativa tendría que contar con eventos paralelos de la sociedad civil, la academia, los gobiernos y otros actores, en el marco de la conferencia oficial, en el espacio verde, y tendría que facilitar las movilizaciones en los espacios públicos y las actividades en otros foros ciudadanos.

Desde la perspectiva de la sociedad civil chilena, ¿cuáles son los temas más importantes a tratar en la COP 25?

Durante la COP 25 [va a ser muy importante que haya transparencia y que la participación de las OSC en instancias como esta sea garantizada como un derecho y un requisito mínimo que debe garantizar el gobierno de Chile. También se debe resaltar la importancia de sensibilizar respecto de las acciones urgentes que deben desplegarse en la lucha contra el cambio climático y levantar los temas que componen la agenda ciudadana que son indispensables para frenar el calentamiento global. Por último, como sociedad civil vamos a estar trabajando por la descarbonización real de nuestra matriz energética; el fin y la reparación de las zonas de sacrificio ambiental, es decir, de áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes; el fomento de energías limpias y con bajos impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos y políticas para una transición justa y adaptación al cambio climático, y el diseño de mecanismos de mercado que contemplen resguardos ambientales y sociales adecuados.

Por años el gobierno de Chile líderó la negociación del Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental, pero ahora se niega a firmarlo. ¿A qué se debe esta negativa, y por qué es importante que lo firme?

Por varios años Chile lideró, junto con Costa Rica, las negociaciones que llevaron a la adopción del Acuerdo de Escazú. El 7 de junio de 2018, cuando el acuerdo se abrió a la firma, a través de un comunicado emitido en tanto que co-presidentes del proceso de negociación, Chile y Costa Rica reafirmaron su compromiso con su firma y pronta entrada en vigor. Sin embargo, desde que el tratado fue abierto a la firma el 27 de septiembre de 2018, Chile se ha abstenido de firmar.

Según la información difundida en medios de comunicación (ya que hasta hoy la sociedad civil no ha recibido una respuesta formal), la negativa del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú se debe a razones de seguridad y soberanía, y está centrada en la cláusula sobre cooperación con estados sin litoral y resolución de controversias, que afectaría a Chile en virtud de su conflicto fronterizo con Bolivia. Sin embargo, el gobierno no dice que no va a firmar el tratado, sino que aún lo tiene ‘en estudio’. También afirma que todo el contenido del acuerdo ya está garantizado en nuestra legislación nacional, por lo cual no habría necesidad de firmarlo. Sin embargo, creemos que es importante que el gobierno se comprometa con este acuerdo. Chile tiene un gran desarrollo legislativo en temas de derechos de acceso a la justicia ambiental, pero todavía le falta avanzar en su implementación. No hay una protección para los activistas climáticos y hay muchas brechas en materia de información, participación y justicia. Recientemente publicamos nuestro informe sobre los avances y desafíos en acceso a la justicia ambiental y queda mucho por avanzar en esta materia. Por ejemplo, en nuestro país no existen mecanismos de asistencia judicial gratuita en materia ambiental.

En este contexto, esperamos que Chile pronto firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, y que este sea el inicio de un camino hacia una manera diferente de tomar las decisiones, en donde la agendas que buscan fomentar la inversión no menoscaben los derechos fundamentales de las personas y las comunidades.

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BRASIL: ‘La discriminación y el discurso de odio se están normalizando’

Dariele SantosEn el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa sobre los derechos de los trabajadores migrantes con Dariele Santos, joven fundadora del Instituto Alinha, una empresa social enfocada en el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores migrantes empleados en la industria de la moda.

¿Cuándo y por qué decidiste crear el Instituto Alinha?

Cuando estaba en la universidad tuve varios trabajos con los que suplementaba mi beca, y uno de esos trabajos fue una investigación sobre el tema migratorio, y más específicamente sobre los inmigrantes latinoamericanos empleados en la industria del vestido en San Pablo. Entonces empecé a conversar con algunos migrantes y me fui interiorizando en sus precarias condiciones de vida y de trabajo, es decir, en la realidad de la cadena de producción de la industria de la moda en Brasil.

Brasil abarca todos los eslabones de la cadena de esta industria, desde la producción del algodón hasta la confección de la prenda. La industria de la moda está distribuida en todo el país, pero su eslabón final, la confección de vestimenta, está muy concentrado en San Pablo, y ocupa mayormente a trabajadores migrantes. Es una producción muy tercerizada; las marcas de ropa subcontratan con talleres de costura que intervienen en las diversas fases del proceso de confección, y cuantos más talleres intervienen en el proceso, más difícil es ejercer algún control y más garantías laborales se pierden. Muchos de estos talleres son pequeños, familiares, y funcionan en la vivienda de la familia, todos cuyos miembros trabajan, y lo hacen a destajo. Trabajan hasta 90 horas semanales porque les pagan poquísimo por cada pieza producida.

Al conocer las historias de estos trabajadores migrantes empecé a caer en la cuenta de las dimensiones del problema, y me di cuenta de lo poco que sabía hasta entonces, y de lo poco que sabemos en general sobre la cadena de la moda: no nos importa la historia de la ropa que usamos. El problema de la enorme desigualdad e injusticia en la cadena de la moda es completamente invisible. Es una cadena de super lujo, que genera mucho dinero, en la misma medida en que es una cadena de enorme explotación.

Junto con una amiga comenzamos a pensar en un emprendimiento social que aplicara la tecnología para atacar este problema, y lanzamos Alinha en 2014.

¿Qué hace Alinha para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes?

La idea es simple: Alinha asesora a empresarios de talleres de costura para que regularicen sus negocios, garantizando las condiciones de seguridad, plazos y remuneraciones adecuadas, y los conecta con fabricantes y diseñadores de ropa interesados en contratar un taller, asegurando así condiciones justas para todas las partes involucradas.

Más concretamente, empezamos por visitar los talleres de costura que se inscriben para recibir asesoramiento, y evaluamos sus déficits para recomendarles lo que deberían hacer para salir de la informalidad. Miramos las formas de contratación, condiciones sanitarias y de seguridad, equipamiento, etc. Después hacemos una segunda visita con una técnica en seguridad de trabajo. El riesgo de incendio en los talleres es alto, porque los talleres almacenan mucho tejido y tienen instalaciones eléctricas precarias, y para peor suele haber muchos niños en las casas donde funcionan los talleres. Una vez hecha la evaluación de seguridad hacemos un plan de acción que apunta a regularizarlos o ‘alinearlos’ con las normas laborales y de seguridad (de ahí justamente el nombre de Alinha). Lo hacemos en un lenguaje llano, traducimos las leyes para los trabajadores, damos nociones de contabilidad, ayudamos a calcular la inversión requerida y su traslado a los precios de los productos. Cuando las mejoras han sido realizadas y consideramos que el taller ha alcanzado un umbral mínimo de seguridad y formalización, lo subimos a la plataforma Alinha para conectarlo con marcas y diseñadores. En nuestra plataforma tenemos marcas y diseñadores que buscan cambiar la forma de producir y están dispuestos a garantizar condiciones justas de pago y plazos, y nosotros los conectamos.

Los precios de estos productos seguramente son más elevados que los de los productos elaborados en condiciones de explotación extrema. ¿Han logrado convencer a los consumidores de que vale la pena pagar más por ellos?

Estamos en eso. Sabemos que es importante conectar a los consumidores, porque ellos tienen en sus manos un poder enorme: al elegir la marca que van a comprar, pueden optar por apoyar a una que garantice condiciones justas de trabajo. Pero los consumidores no pueden elegir realmente si no saben cuáles son las marcas que tienen contratos con talleres alineados. Por eso tenemos una plataforma donde las marcas alineadas colocan datos que el usuario puede comprobar – por ejemplo, que está haciendo determinada cantidad de piezas con tal o cual taller, para que después de lanzadas las informaciones en la plataforma Alinha, desde el taller puedan confirmar telefónicamente que están confeccionando esas piezas, ganando determinada cantidad por hora, y con tales o cuales plazos. Cuando todos los eslabones de la cadena de producción confirman la información, se genera un código de identificación de la pieza que se pone en la etiqueta de la prenda, para que el usuario pueda rastrear la historia de la prenda. Todas las informaciones y confirmaciones son guardadas en Blockchain, para que haya más seguridad y confianza en las informaciones.

En este momento también estamos haciendo un cortometraje que relata la historia detrás de la ropa, basada en la historia de una costurera inmigrante boliviana. La presentación de una historia individual busca generar conexión y empatía: queremos que el consumidor vea a una mujer con sueños y esperanzas iguales a los suyos. Nuestro objetivo es plantearle al consumidor una pregunta: ¿cuál historia quiere elegir: una historia de explotación o una de trabajo justo?

¿Piensas que la situación de los migrantes en Brasil ha empeorado en los últimos tiempos?

El problema de los migrantes no es reciente, viene desde mucho tiempo atrás. Hay muchos migrantes que viven aquí, y que trabajan en condiciones terribles, desde hace décadas. Los migrantes que trabajan en talleres de costura en San Pablo son mayormente bolivianos, aunque también hay de otros países como Paraguay y Perú. Muchos de ellos primero emigraron de sus países primero hacia Argentina, pero con la crisis financiera de 2008 se fueron desplazando hacia Brasil. Las condiciones políticas y económicas – el gobierno de Lula y un período de fuerte crecimiento económico – hicieron de Brasil un mejor destino.

Pero es difícil ser inmigrante en Brasil. Es el único país de la región donde no se habla español, de modo que hay dificultades de comunicación y de acceso a la información. Los migrantes sin documentación legal o sin empleo formal tienen miedo todo el tiempo. La presión psicológica es muy fuerte: no salen del taller de costura, piensan que los van a atrapar y los van a hacer regresar. Los inmigrantes temen las consecuencias de reclamar por sus derechos.

Si bien la explotación de los trabajadores migrantes no es un problema nuevo, y el temor de las personas migrantes ha sido siempre una constante, recientemente la situación ha empeorado. El actual presidente, Jair Bolsonaro, representa a la extrema derecha, y su discurso es extremadamente xenófobo. Se coloca por encima de las leyes y por encima de todas las garantías democráticas. Su mensaje para los trabajadores migrantes es: ‘agradece todo lo bueno que tienes aquí, y si algo no te gusta mejor que te vayas’. El hecho de que el discurso de odio provenga de tan alto está envalentonando a gente que siempre pensó así, pero antes no lo decía y ahora se siente legitimada para decirlas. En ese sentido, la discriminación y el discurso de odio se están normalizando.

Esta situación se repite en distintos ámbitos. Es un momento peligroso para los activistas de derechos humanos, ambientales, de las mujeres, las personas LGBTQI, las personas negras o indígenas y los migrantes. Hay mucho temor porque ponerse en contra del gobierno supone riesgos altos. Así lo demuestran los casos de Marielle Franco, la activista LGBTQI y concejala de Río de Janeiro asesinada en marzo de 2018, y el parlamentario y líder LGBTQI Jean Wyllys, que se fue de Brasil a causa de las amenazas contra su vida.

Afortunadamente, no todos los brasileños se hacen eco del discurso de Bolsonaro. Vivimos una situación de mucha polarización. Mientras que muchos se han desplazado hacia la extrema derecha y han adoptado posiciones nacionalistas, mucha gente está cada vez más convencida de que lo que hay que hacer es garantizar más derechos para más personas.

En este contexto, ¿qué puede hacer la sociedad civil que promueve los derechos humanos?

La sociedad civil se mueve con márgenes estrechos. Nuestra estrategia es generar un discurso que cree empatía en la opinión pública más que un discurso de confrontación y crítica del presidente, porque esto nos generaría problemas con un amplio sector de la sociedad que lo vería como una cosa de izquierda. Estamos viviendo un momento difícil: no conviene anunciar que se lucha por los derechos humanos porque los derechos humanos están asociados con la izquierda más que como algo que es patrimonio de todos. Por eso nos resulta más productivo centrarnos en la persona y en su historia, mostrar la foto de una persona de carne y hueso e interpelar al público: ‘¿crees que esta mujer es una persona trabajadora, que se esfuerza como tú, que merece mejores condiciones de trabajo, que merece salir adelante?’

Realmente es bastante trágico tener que disimular la lucha por los derechos humanos porque no es vista como una causa legítima. Desde la elección de Bolsonaro, un montón de activistas tuvieron que dejar Brasil. Los que se quedan deben elegir: si quieren hacer un activismo frontal y directo, tienen que estar dispuestos a correr riesgos. Hoy por hoy, el mío es un activismo diplomático – me siento a conversar con empresarios, y tengo que estar abierta a charlar con gente que no necesariamente piensa como yo ni hace las cosas de la forma que yo pienso que se deben hacer, pero con las que puedo conseguir algunos progresos.

¿Qué apoyos internacionales necesita la sociedad civil brasileña para seguir trabajando?

Aunque a veces no parezca evidente, porque Brasil es considerado un país de ingresos medio-altos, la sociedad civil brasileña necesita de toda clase de apoyos para seguir trabajando en este contexto hostil. Afortunadamente, yo he recibido apoyo del programa Goalkeepers Youth Action Accelerator, que busca acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este programa dio apoyo a un grupo de jóvenes activistas con proyectos innovadores de utilización de datos para abordar los ODS 1 al 6, es decir, para buscar soluciones a desafíos de desarrollo local relacionados con la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género y el agua y el saneamiento.

Este ha sido un apoyo súper estratégico, ya que incluyó financiamiento, apoyo técnico y conexiones, y me permitió adquirir nuevas herramientas. Se necesitan muchas más iniciativas como esta, porque la sociedad civil brasileña se está reduciendo, no solamente a causa del clima político sino también por la crisis económica que ya lleva varios años. Según un estudio reciente, entre 2013 y 2016 se cerraron en Brasil más de 38.000 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales brindaban servicios básicos a poblaciones vulnerables. El segmento de la sociedad civil que más se resintió fue el de desarrollo y defensa de los derechos humanos: más de 10.000 organizaciones que cerraron sus puertas actuaban en favor de minorías tales como la población negra, mujeres, indígenas y personas LGBTQI, así como por los derechos de las comunidades.

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CHILE: ‘Los grupos anti-derechos se fortalecen cuando su discurso es expresado desde el gobierno’

hector pujolsEn el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Héctor Pujols, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. La Coordinadora es una red que reúne a activistas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos de la población migrante en Chile, y busca incidir para lograr la aprobación de legislación y la implementación de políticas públicas inclusivas de las comunidades migrantes.

 ¿Podrías contarnos qué trabajo hace la Coordinadora Nacional de Inmigrantes?

La Coordinadora es una articulación de organizaciones, un colectivo o movimiento de personas migrantes; nuestra perspectiva es que las personas migrantes necesitan de una organización que les sea propia. La Coordinadora existe desde 2014, pero muchas organizaciones que la integran, sobre todo las vinculadas a la migración peruana, llevan trabajando entre 20 y 25 años. Nuestra membresía es diversa e incluye a organizaciones de tipo cultural; temáticas, dedicadas por ejemplo a temas laborales o de vivienda; sectoriales, como por ejemplo la Secretaria de Mujeres Inmigrantes; de carácter territorial, vinculadas a determinadas comunas; y organizadas por nacionalidad, para proporcionar espacios y oportunidades a las colectividades argentina, ecuatoriana o peruana.

En tanto que Coordinadora, una de nuestras tareas principales, aunque no la única, es la incidencia política a nivel nacional para mejorar la inclusión de la población migrante. Es un trabajo que hacemos que hacemos autoorganizándonos, en tanto que migrantes, y articulándonos con otras organizaciones, como sindicatos y otras clases de organizaciones de la sociedad civil.

El Senado chileno discute actualmente un proyecto de Ley de Extranjería, ¿qué opina la Coordinadora al respecto?

Históricamente, al menos en la época contemporánea, Chile no ha tenido una migración de dimensiones comparables a las de otros países de América Latina. El fenómeno aumentó en los años ’90, con flujos de migración boliviana y peruana, pero en los últimos diez años se empezó a hacer más significativo, con el aumento de la cantidad de inmigrantes de otros países de la región, principalmente Colombia, Haití, República Dominicana y más recientemente Venezuela.

En este contexto, hace por lo menos cinco o seis años se empezó a plantear la necesidad de actualizar la Ley de Extranjería de 1975, surgida de un contexto dictatorial y con una visión centrada en la seguridad nacional, que ve al migrante como un agente extranjero, un agitador ideológico, alguien que viene a hacer la revolución. En el contexto de la dictadura, la ley fue hecha pensando en el migrante de la época de la Unidad Popular, el gobierno de izquierda que la precedió - argentinos, cubanos y uruguayos que llegaban en apoyo de ese gobierno de izquierda o que venían a refugiarse de otros gobiernos que los perseguían.

El nuevo contexto migratorio es bien diferente, por lo que ha habido un gran consenso respecto de que la ley de 1975 no se ajusta a la realidad actual. La Coordinadora y otras organizaciones llevamos años reclamando un nuevo marco legal que permita la inclusión de la población migrante.

Sin embargo, el debate ha sido complejo y en el último año, tras la asunción de Sebastián Piñera en la presidencia, el gobierno presentó un proyecto de ley muy similar al que ya había presentado en 2013: un proyecto que se desplaza de la visión del extranjero como un agitador externo hacia la visión del extranjero como un aporte económico, cuyo valor depende de cuánto dinero trae en el bolsillo. Ha sido un debate complejo en el que Chile trató de situarse en el mundo adoptando un sistema de visas similar al de países como Australia o Canadá, sin entender que el contexto migratorio y las características de la migración en Chile no son las mismas que las de esos países. Este proyecto ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado.

Nosotros planteamos que, si se aprueba, esta ley generaría una gran irregularidad migratoria, que ya es un problema en Chile. La ley incentivaría a las personas a llegar como turistas para quedarse luego de su expiración, sin perspectivas de regularizar su situación aún en caso de conseguir trabajo. La irregularidad migratoria afecta el acceso a todos los derechos, a la salud, la educación e incluso a un trabajo decente. Una persona que no puede firmar un contrato de trabajo va a trabajar de todos modos porque de algo tiene que vivir, pero va a hacerlo en condiciones mucho más precarias. En suma, el proyecto de ley adopta en la superficie el discurso de la sociedad civil sobre la necesidad de renovar el marco legal, pero fundamentalmente es una iniciativa anti-derechos.

En los últimos tiempos se observa un ejercicio más intenso de las libertades cívicas por parte de las personas migrantes. ¿Cómo se ven los inmigrantes en relación con la ciudadanía?

Pienso que el ejercicio de los derechos de organizarnos, movilizarnos y reclamar por nuestros derechos no se plantea en términos de ciudadanía porque la propia Constitución de Chile equipara la ciudadanía con la nacionalidad, de modo que los extranjeros no pueden ser ciudadanos. Sin embargo, la Constitución también establece que tras cinco años de permanencia los extranjeros podemos votar. E independientemente del tiempo de residencia o de los derechos que nos asignen la Constitución y las leyes, ejercemos en la práctica otros derechos relacionados con la ciudadanía, al organizarnos, movilizarnos y hacer incidencia política, pese a que está prohibido por la Ley de Extranjería.

La Ley de Extranjería establece como motivo de expulsión el atentar contra los intereses del Estado o inmiscuirse en situaciones políticas del Estado. Su interpretación y aplicación son muy arbitrarias; siempre redunda en la expulsión de personas progresistas o que tienen una visión crítica, y no en la de personas que hacen política de extrema derecha. Hace no mucho, en 2017, a unos jóvenes peruanos los expulsaron por tener libros sobre marxismo. La Coordinadora planteó un recurso de amparo y lo ganamos, pero la ejecución ya se había hecho y ellos ya estaban expulsados del país.

Este no fue un caso aislado, ha habido muchos otros. Un periodista italiano fue expulsado porque ser el comunicador de visual de un proceso de movilización de un sindicato muy importante. Expulsaron también a un compañero vasco porque estaba en las comunidades indígenas Mapuche; alegaron que tenía vínculos con la organización terrorista vasca ETA y aunque se demostró que era falso lo expulsaron igual. Todo esto ocurrió durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, o sea que es independiente de la orientación del gobierno de turno.

Estaban ustedes en medio de la discusión del proyecto de ley cuando comenzaron los llamados a la movilización anti-migrante. ¿Quiénes son estos grupos que llamaron a la movilización?

Estos grupos no son nuevos. Ya habían hecho otro llamado antes pero no habían tenido el eco que tuvieron esta vez. Son grupos que están vinculados a una extrema derecha histórica, esa derecha que no muere en ningún país; aunque quizás por momentos decaiga su presencia siempre queda latente esperando una oportunidad para salir de nuevo. Son grupos que defienden a la dictadura, pero saben que si salen a la calle a decir ‘viva Pinochet’ mucha gente los va a rechazar. Pero encuentran diferentes temas que les permiten instalar su discurso. Por ejemplo, se montan en el rechazo a la supuesta ideología de género y se suman a las marchas contra el aborto, y ahora también con el tema de la inmigración.

Los grupos de extrema derecha se caracterizan por su discurso extremadamente simple y excluyente: el otro, el diferente, el que llega de afuera, el extraño que no es chileno es el enemigo, porque es la causa de todos los males del país. Estos grupos vienen de diversos sitios, pero encuentran amparo en un discurso institucional del gobierno actual, que culpa de todo a la inmigración. El presidente Piñera dijo hace unas semanas que el aumento del desempleo en Chile es producto de la llegada de población migrante, aunque el Ministro de Trabajo lo desmintió. El ex Ministro de Salud dijo que el aumento del VIH/SIDA en Chile era culpa de la población migrante. Estos discursos institucionales, basados en falsedades, se van instalando y son aprovechados por los grupos de extrema derecha.

¿Qué es lo que explica que esta vez hayan tenido mayor eco que en el pasado?

Estos grupos se fortalecen cuando su discurso es expresado desde el gobierno. Los planteos de la extrema derecha son los mismos que ha hecho el gobierno: por ejemplo, negar la atención sanitaria a personas con menos de dos años de residencia, eliminar el acceso a la educación. El gobierno dice ‘vamos a quitarles derechos a los inmigrantes’ y sobre esa base estos grupos dan un paso más y dicen ‘vamos a echar a los inmigrantes’. El diagnóstico es en ambos casos el mismo: estamos invadidos, vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos las ayudas, primero Chile.

En este caso, además, las redes sociales jugaron un rol de amplificación. Estos grupos han aprendido a utilizar las redes sociales, aprendieron mucho de la experiencia de Brasil, algunos de hecho habían viajado para apoyar al entonces candidato Bolsonaro. El uso hábil de Facebook, Instagram y Twitter les permite llegar a una audiencia interesante - el chileno que pasa por una situación difícil – al que le ofrecen una explicación y una solución sencillas: usted no encuentra trabajo, la culpa es de los inmigrantes, la solución es echarlos.

Te refieres a un fenómeno curioso: grupos de extrema derecha ultra-nacionalistas que sin embargo se internacionalizan, se organizan en red, colaboran y aprenden de sus pares de otros países…

Sí, hay un proceso internacional donde la extrema derecha chilena aprende de lo que hace la extrema derecha argentina y ésta aprende de la de Brasil y así sucesivamente. Los discursos que hemos escuchado en Chile son un calco de los de la extrema derecha España, con el fenómeno de Vox, el partido de extrema derecha que apareció hace prácticamente un año. Son una copia exacta pese a que la realidad chilena es muy diferente. En España fue muy intenso el discurso de que los migrantes se llevan todas las ayudas sociales, y en Chile se ensayó el mismo discurso, ya que es una táctica internacional, pero lógicamente tuvo menos repercusión porque las ayudas sociales en Chile son muy precarias. O sea que no siempre les funciona, es prueba y error. Pero se trata de una red que se está fortaleciendo internacionalmente y eso es muy preocupante.

Estos grupos convocaron a una marcha contra los inmigrantes para el 12 de agosto de 2019, pero la marcha finalmente no ocurrió. ¿Podrías explicar lo que pasó?

La convocatoria a la marcha se difundió por las redes sociales, y una persona influencer de la extrema derecha, miembro de los grupos convocantes, llamó los manifestantes a portar armas para defenderse de los colectivos anti-fascistas que habían convocado a una contramarcha.

En Chile es necesario pedir autorización para movilizarse en las calles, y en la capital, Santiago, la encargada de dar la autorización es la Intendencia. Después de varias idas y vueltas, ante la presión de las organizaciones sociales y del Colegio de Abogados, que también solicitó que se denegara el permiso, la Intendencia no autorizó la marcha. Hubo algunos incidentes aislados provocados por una veintena de personas que igual asistieron, pero no pasó de allí.

La Coordinación convocó a otro evento para ese mismo día, entendiendo que era complejo para nosotros adherir a la contramarcha que hacían los colectivos antifascistas, dada la limitación de los derechos de participación política de los migrantes. Convocamos a un acto ese mismo domingo a la mañana en el Museo de la Memoria, que es un espacio dedicado a las víctimas de la dictadura. El eje de nuestra convocatoria fue el rechazo del discurso de odio, que hoy es contra los inmigrantes pero en otros momentos fue contra las mujeres o contra los que pensaban diferente, y que lleva a las prácticas que vivimos en dictadura. Cuando deshumanizas a una persona puedes torturarla, tirarla al mar o hacerla desaparecer. Ese fue la respuesta que dimos nosotros. Vinieron unas 150 personas, que no es tanto pero debería dar señal de que también somos parte de este país y que tenemos memoria.

¿Qué estrategia tendría que adoptar la sociedad civil defensora de los derechos humanos de las personas migrantes frente a los grupos anti-derechos?

Estos grupos están para quedarse, ya tienen convocada una nueva movilización para el 7 de septiembre de 2019. El discurso instalado es el de la invasión migrante, de modo que la nuestra es una disputa por el sentido común, una lucha de largo plazo. Trabajamos en una alianza estratégica con los movimientos progresistas y democráticos, pero estos tienen que dejar de lado su mirada paternalista hacia la población migrante. Nosotros no queremos ser tratados como desvalidos necesitados de ayuda; por eso somos una organización de personas migrantes, no una organización que defiende los derechos de las personas migrantes. No queremos ayudas paternalistas, queremos los mismos derechos.

 El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes a través de su página web, acceda al blog de Héctor Pujols o siga a @HectorPumo y a @MigrantesChile en Twitter.

 

‘La sociedad civil progresista debe reclamar para sí la defensa de la vida’

Maria Angelica Penas DefagoEn el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con María Angélica Peñas Defago, especialista en temas de género, profesora e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones (CONICET) de Argentina, basada en la Universidad Nacional de Córdoba, y coautora del reciente informe del Global Philanthropy Project, ‘Conservadurismos religiosos en el escenario global: Amenazas y desafíos para los derechos LGBTI’.

¿Piensas que los grupos anti-derechos han aumentado su actividad en los últimos tiempos?

En primer lugar, habría que definir qué son los últimos tiempos, cuánto para atrás nos remontamos, y en qué contexto nos situamos, porque en América Latina la situación varía de país en país. En el caso de Argentina hemos visto a lo largo del tiempo - y no solamente en el último año, durante el cual se discutió en el Congreso un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo –reacciones contra los progresos de la agenda de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI. Si bien es cierto que en los últimos años los grupos anti-derechos se han visibilizado y unido más entre ellos, en gran parte en respuesta a los avances en temas de derechos sexuales y reproductivos conseguidos, hace décadas que están presentes, coaccionando nuestras agendas. En Argentina hace más de 20 años promueven activamente acciones de litigio contra todo intento de política pública de salud sexual y reproductiva o vinculada con esos derechos. En la provincia de Córdoba, donde vivo, estos esfuerzos han sido muy exitosos en las primeras instancias judiciales, pero los fallos favorables a estos grupos acabaron siendo revertidos en instancias superiores de la administración de justicia.

En lo que se refiere a acciones callejeras, ya ha habido en el pasado reacciones fuertes de estos grupos, incluyendo marchas en todo el país, por ejemplo contra el matrimonio igualitario, que se aprobó en 2010 en Argentina. Los mismos grupos volvieron a manifestarse en contra de la legalización del aborto en 2018. Al mismo tiempo ha habido una nueva embestida contra la educación sexual en las escuelas, una batalla de larga data. La educación sexual fue implementada mediante una ley de 2006 que aún sigue siendo resistida. Durante el debate sobre el aborto los grupos anti-derechos fingieron promover la educación sexual como alternativa al aborto, pero luego de que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo fue rechazado en el Senado volvieron a la carga contra la educación sexual.

Lo que hay en curso es una rearticulación conservadora y desde esa rearticulación creo que se han vuelto más visibles en el último tiempo. Si bien también han emergido nuevos actores dentro de la sociedad civil, el fenómeno central en el actual contexto sociopolítico es la rearticulación que se está produciendo en los campos político y económico. Esto se observa, por ejemplo, en las alianzas articuladas en Colombia en torno del referéndum de 2016 por el proceso de paz, así como en Brasil, con la elección de Jair Bolsonaro como presidente en 2018.

En Colombia, durante la campaña conducente al plebiscito, las fuerzas contrarias a los acuerdos aseguraban que si ganaba el ‘sí’ se impondría la llamada ‘ideología de género’; en Brasil se multiplicaron durante la campaña electoral las noticias falsas que decían que el PT promovía la pedofilia e intentaba ‘convertir’ a los niños en homosexuales o transexuales.

De diferentes maneras, el fenómeno se observa también en Argentina, donde se ha producido una convergencia entre los principales actores de oposición a la agenda progresista, y en particular a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos.

¿Crees que se trata de grupos puramente reactivos, cuya razón de ser es frenar los avances de la agenda progresista?

En mi experiencia, efectivamente así es. En mi trabajo he monitoreado algunos congresos de grupos autodenominados ‘pro-vida’ y analizado sus acciones en los espacios regionales y globales, y sobre todo en la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, y es evidente que están perdiendo la hegemonía en lo que se refiere a formatos familiares y roles sexuales, y ellos lo saben. Estos grupos están reaccionando frente a lo que perciben como un retroceso. Su reacción está siendo coordinada no solo a través de la agenda temática de los derechos sexuales y reproductivos, sino también a través de una agenda política y económica nacionalista, neoliberal y en algunos casos fascista.

El fenómeno Bolsonaro es un buen ejemplo de reacción ante una agenda pluralista en materia de moral sexual y derechos sexuales y reproductivos. El avance de esta agenda pluralista funcionó de agente aglutinante para una agenda política conservadora más amplia. En el marco de la reacción contra los progresos en materia de derechos sexuales y reproductivos, otros actores están aprovechando para imponer sus propias agendas conservadoras, por ejemplo en torno del tema migratorio. Hay algunos actores nuevos, sobre todo los que se suman desde otros campos - político, económico, religioso -, pero muchos de los que están adquiriendo mayor visibilidad son los mismos de siempre, que ahora están unificando agendas que solían discurrir en paralelo y de maneras menos coordinadas.

¿Cuáles son las tácticas que estos grupos han utilizado para hacer avanzar su agenda?

El litigio contra los derechos sexuales y reproductivos ha sido una herramienta importante a lo largo de más de tres décadas. En Argentina, estos grupos han litigado, entre otras cosas, contra la administración de contracepción de emergencia y para frenar la aplicación de los protocolos para abortos no punibles. En Argentina el aborto es legal desde 1921 en los casos de violación, inviabilidad del feto, o peligro para la vida o la salud de la mujer; sin embargo, estos sectores han intentado impedir el acceso oportuno y seguro a este derecho.

Para la parte de la sociedad civil que trabaja en el área de los derechos de las mujeres, estos grupos siempre han estado allí. Pero el litigio, en ocasiones, es bastante silencioso, y posiblemente escapara al conocimiento de la sociedad civil más amplia. Muchas veces todo quedaba en el terreno de la justicia y los servicios de salud. Lo cual no obstaba para que tuviera efectos muy fuertes, porque las decisiones judiciales en materia de salud sexual y reproductiva producen miedos, dudas y parálisis en los prestadores de salud, que son sujetos clave para el acceso a esos derechos.

La presencia actual de grupos anti-derechos no es novedosa para los grupos feministas y LGBTQI, pero puede que sí lo sea para otros sectores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, que en el último tiempo los ven actuando más intensamente a través de la ocupación del espacio callejero y la creación de alianzas políticas partidarias, arenas claves de disputa en las democracias contemporáneas. Estos grupos están tratando de resignificar lo público, intentando mostrarse como mayoría, y de este modo están ganando visibilidad pública. En este terreno, una de sus estrategias más exitosas pasa por el uso de mensajes y simbologías coordinados. La campaña ‘Con mis hijos no te metas’, por ejemplo, usa las mismas frases y eslóganes, e incluso los mismos símbolos y colores, no solamente en toda América Latina, sino incluso más allá. Lo hemos visto en Europa del Este, en Italia, en España. Hacen un intenso uso de redes sociales para que estas estrategias y simbologías viajen, sean compartidas y nos lleguen repetidamente desde distintas latitudes.

Si las posiciones anti-derechos tienen mayor visibilidad es porque los actores que las impulsan, en su mayoría actores religiosos, han un adquirido un protagonismo en el espacio público que hace 20 años no tenían. Las iglesias evangélicas, al igual que las católicas, son plurales y heterogéneas en su conformación. Pero en gran parte de América Latina, diversas iglesias evangélicas de las ramas más conservadoras están liderando los procesos políticos de resistencia a los derechos sexuales y reproductivos, en algunos casos en alianza con las jerarquías católicas y en otros con discrepancias e incluso con rupturas.

A diferencia del litigio, la estrategia de ocupar la calle requiere de apoyo en grandes números. ¿Piensas que estos grupos están ganando popularidad?

El fenómeno sociopolítico que han generado estos grupos no es menor. No se trata simplemente de campañas y eslóganes, sino que tienen una inserción profunda en el territorio. Para entender lo que está pasando en el terreno religioso y de la resistencia contra los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos es necesario tomar en cuenta el contexto socioeconómico y el modo en que operan estas iglesias a nivel territorial, en conexión con las poblaciones a las que movilizan.

En Argentina, una sociedad muy movilizada políticamente, la movilización callejera ha sido largamente utilizada por estos grupos, no es una novedad. Lo novedoso es la masividad de la convocatoria. Hace 30 años, o más, estos grupos ya se movilizaban, pero no existían las redes sociales. Los modos de comunicación y convocatoria han cambiado al mismo tiempo que lo ha hecho el campo religioso frente a los avances de los derechos sexuales y reproductivos. Las iglesias evangélicas han crecido en toda la región, y dentro de ellas los que más han crecido han sido los sectores conservadores.

Por otro lado, creo que entender cómo opera el contexto neoliberal de precarización general de la vida es clave para entender este fenómeno. En el contexto sociopolítico del Estado neoliberal, con la retirada del Estado de sus funciones básicas, muchos actores religiosos han pasado a realizar tareas y a proveer servicios que corresponden al Estado. En algunos sitios, como en los Estados Unidos, la Iglesia Católica lleva décadas prestando servicios a ciertos grupos, por ejemplo a los migrantes, que el Estado no ofrece. En América Latina, es impresionante el rol de las iglesias evangélicas en el terreno de la asistencia y la contención relacionada, por ejemplo, con las adicciones. Los sectores evangélicos están creciendo exponencialmente porque están asistiendo a comunidades que están siendo relegadas por el Estado. Los pastores evangélicos desempeñan roles centrales en las comunidades, están activos en las políticas de asistencia, de adicciones, de salud, de educación, y son centrales a la hora de convocar a la movilización - en parte, además, porque muchos de ellos son miembros de esas comunidades. Viven en los mismos barrios y mantienen vínculos estrechos con las personas que integran sus iglesias.

De modo que no estamos ante una mera batalla de narrativas. Los discursos que debemos enfrentar están enraizados en las prácticas de las comunidades de base, y muchas de las convocatorias se realizan desde las iglesias. El llamado desde el púlpito es importante, porque para muchas personas que están excluidas la iglesia es indispensable. En países con altísimas tasas de pobreza, para mucha gente la iglesia es el único lugar de pertenencia y amparo que queda cuando tanto el Estado como el mercado la han excluido, y no tienen acceso a trabajo, educación o salud. Más allá del hecho de que la religiosidad sigue siendo un aspecto central de la identidad de muchas personas, la pertenencia y la idea de comunidad no son una cuestión menor en el contexto de la precarización y la individualización extremas que suponen los modelos económicos, políticos, sociales y culturales del neoliberalismo.

¿Qué puede ofrecer frente a esto la sociedad civil progresista?

La sociedad civil progresista tiene mucho para ofrecer, porque se centra en la disputa y la generación de modos de vida vivibles, ricos, plurales, basados en la solidaridad y el apoyo mutuo. No creo que haya una receta única, porque se trata de movimientos muy diversos. Hay movimientos feministas y LGBTQI que trabajan desde el pluralismo religioso, disputando la idea del monopolio de la fe, y son espacios muy ricos de lucha y de pertenencia. Las religiones, todas ellas, tienen espacios plurales, democráticos y horizontales, que muchas organizaciones aprovechan para dar una batalla por los sentidos. Otras organizaciones tienen experticia en la creación de mensajes, y desde allí contribuyen. Pero esta batalla no tiene lugar solamente, ni principalmente, en las redes sociales, ya que no todo el mundo tiene siquiera acceso a internet. La disputa por el sentido es fundamental tanto en las redes sociales como fuera de ellas, como se observa en torno del rótulo ‘pro-vida’ que se auto-imputan muchos grupos anti-derechos. Los grupos de mujeres y LGBTQI que trabajan a nivel de base lo referencian continuamente, con el interrogante: ¿cuánto vale mi vida si no tengo acceso a un trabajo, al reconocimiento de mi identidad, a la protección de mi salud, si la vida que se me ofrece no es una vida digna? La sociedad civil progresista debe reclamar para sí la defensa de la vida, entendida como vida digna, plenamente humana.

Para ofrecer esta respuesta, la sociedad civil progresista necesita aliarse con otros actores que comparten los valores del pluralismo, la libertad y la igualdad. La agenda feminista plural, inclusiva, no esencialista y decolonial es una buena base sobre la cual articular alianzas con múltiples actores que antes no eran convocados por el feminismo, para poder disputar sentidos no solo en el terreno retórico, sino también en la realidad concreta. El feminismo popular representa un regreso a lo real, a lo que los principios implican para el día a día de la gente. Si hablamos del aborto, por ejemplo, debemos centrarnos en las consecuencias de la legalidad o la ilegalidad de esta práctica sobre la realidad cotidiana de las personas gestantes, de las familias y las comunidades. La religiosidad y la fe son una parte importante de la vida de las personas, y el movimiento feminista, o al menos una buena parte de él, está trabajando desde esa realidad.

Contáctese con María Angélica través de su perfil de Facebook y encuentre sus trabajos en ResearchGate.

 

PERÚ: ‘La corriente ultraconservadora está afectando la vida democrática y los derechos fundamentales’

Eliana CanoEn el marco de nuestro informe temático 2019, que será publicado en octubre, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de su experiencia frente al avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Eliana Cano, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD-Perú), un movimiento de personas católicas y feministas, comprometidas con la búsqueda de justicia social y el cambio de los patrones culturales que limitan la autonomía de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Recientemente, CDD-Perú fue demandada civilmente por el Centro Jurídico Tomás Moro, que busca quitarle la personería jurídica con el argumento de que, en el marco del concordato entre el Vaticano y Perú, no debería utilizar la designación de “católicas”.

CDD-Perú ha sido demandada civilmente para que se le retire la personalidad jurídica y se le impida definirse como ‘católica’. ¿Quiénes las están demandando, por qué se han ensañado con ustedes, y qué pretenden lograr?

Hace aproximadamente un mes y medio fuimos notificadas de que el Centro Jurídico Santo Tomás Moro, que se autodesigna representante de la Iglesia Católica, nos había iniciado una demanda. Según los abogados que nos están asesorando, este grupo empezó a explorar todo el quehacer de nuestra organización hace aproximadamente un año. Eligieron la vía civil para demandarnos porque quieren hacer de esto un proceso largo, tedioso, cansado, de apelación permanente. Es un proceso que podría llevar en promedio entre tres o cuatro años. La estrategia de fondo es agotarnos en el proceso.

Quieren que nosotros, como organización, dejemos de existir en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es decir, que perdamos nuestra personería jurídica y no podamos seguir operando en el Perú. Para ello aducen que, por llamarnos como nos llamamos, estamos faltando el respeto a la Iglesia Católica y a la feligresía; dicen que, en el marco del concordato entre el Vaticano y el Estado peruano, que reconoce el rol de la Iglesia Católica, estaríamos usando de mala fe el término ‘católicas’, que representa a una institución y a una identidad histórica. No aceptan la interpretación que hacemos de los textos bíblicos desde la teología feminista para cuestionar el dogma, la conciencia impuesta, el control que buscan hacer de la gente en nombre de Dios. Es importante señalar que nuestra organización no está registrada en la Iglesia Católica como grupo de fieles, y por lo tanto no está sujeta al mandato interno de la Iglesia.

Ustedes existen desde hace unos cuantos años. ¿Es la primera vez que enfrentan una reacción semejante?

Efectivamente, el proyecto Católicas por el Derecho a Decidir es bastante antiguo en América Latina. Comenzó en Uruguay y luego se extendió a Estados Unidos, y de allí pasó a México y a otros países de América Latina. En Perú la organización tiene existencia jurídica desde el año 2009. Nos organizamos porque nos identificamos como feministas con identidad católica, nos sentimos mujeres católicas de fe, pero tenemos una mirada crítica frente al dogma, al pensamiento estático y cerrado, sobre todo cuando se debaten temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, donde el cuerpo y la sexualidad son el terreno donde se libran luchas políticas. En Perú siempre ha habido una voz pública muy homogénea alrededor de los Evangelios y el derecho a mandar sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, y nosotras, al ponerla en duda desde nuestra identidad católica, recibimos una respuesta bastante agresiva de la jerarquía de la Iglesia Católica local y grupos vinculados a esta.

El primer ataque público fue por el debate en torno al protocolo por el aborto terapéutico, es decir, justificado por razones médicas, cuando hay riesgos graves para la salud o la vida de la mujer. Fue un ataque teñido por los mismos recursos que ellos siempre utilizan, fundados en la difamación, el descrédito y la mentira. Pero se trató básicamente de ataques verbales y escritos a través de las redes sociales.

Estos grupos conservadores se manejan bien en las redes sociales, permanentemente nos atacan públicamente por cada cosa que se sale del sitio del dogma, del discurso homogéneo. Sin embargo, es la primera vez que enfrentamos una demanda legal; no esperábamos un ataque tan directo y de semejante magnitud. Tal vez deberíamos haberlo previsto, ya que en América Latina, y en el Perú específicamente, la corriente ultraconservadora ha penetrado profundamente en la estructura política del país y está afectando la vida democrática.

Daría la impresión de que estos grupos ultraconservadores son ahora más grandes y están más envalentonados que en el pasado. ¿A qué se debe?

Considero que una mirada en el tiempo permite ver cómo desde hace varias décadas se decidió desarrollar una respuesta global y regional para desalentar y debilitar el discurso de la Teología de la Liberación, cuyo énfasis estuvo principalmente en la preocupación por la pobreza. Con su discurso cuestionador dentro de la Iglesia que se extendía a otros ámbitos de la vida, la Teología de la Liberación afectó o incomodó mucho a la parte más dura y conservadora de la Iglesia. La reacción contraria ha sido de largo aliento. Ha logrado avances, al punto que hoy se hace visible una red altamente orgánica, con sedes de encuentro en los diferentes países de América Latina, publicaciones, conferencias y recursos económicos considerables. Su presencia comenzó a hacerse sentir con fuerza en el año 2005, con el II Congreso Internacional Pro-Vida organizado por el Centro de Promoción Familiar y de Regulación de la Natalidad (Ceprofarena) en la capital del Perú. Este congreso produjo un documento conocido como la Declaración de Lima, expresión de la concertación entre los grupos conservadores.

Ceprofarena existe desde comienzos de los años ochenta; está estrechamente vinculado con Human Life international, una poderosa organización internacional conservadora, y cuenta entre sus miembros a reconocidos médicos y altos funcionarios del Estado, incluidos ex ministros de Salud. La organización se mueve dentro de numerosas organizaciones médicas y de salud, públicas y privadas. Estos actores ponen el discurso “científico” conservador al servicio de atropellos tales como la denegación de la anticoncepción oral de emergencia, tema en el cual le ganaron la pulseada al Ministerio de Salud: le hicieron una demanda, llevaron ante los tribunales el derecho a informarse y decidir de miles de mujeres, y lograron la prohibición de su distribución en todos servicios de salud a nivel nacional. Ahora están en campaña para deshabilitar el protocolo de aborto terapéutico que se logró establecer en el quinquenio 2011-2016.

El entramado de organizaciones conservadoras en Perú se completa con la Oficina para Latinoamérica del Population Research Institute , con sede en Lima; la sede peruana de la Alianza Latinoamericana para la Familia, que promueve formatos familiares clásicos y produce y difunde libros escolares; y por supuesto organizaciones más antiguas como el Opus Dei, que hace labores de desarrollo y apoyo local y está muy inserto en espacios educativos, además de dentro de la burocracia de la Iglesia; y el Sodalicio de la Vida Cristiana, una organización de laicos.

Estos grupos tienen mucho dinero del empresariado conservador y se han apropiado tanto de estrategias como de discursos efectivos. Esta demanda jurídica es una estrategia práctica que denota cambios en su forma de organizarse. Ya no hablan el lenguaje divino y clerical porque saben que cada vez atrae menos; en cambio se han apropiado del discurso de la democracia y los derechos humanos.

¿Están ustedes pensando nuevas estrategias para enfrentar este desafío?

En este escenario nos vemos en la necesidad de fortalecer nuestras estrategias de comunicación. También tenemos que reforzar la parte económica ya que no contamos con financiación para enfrentar una demanda legal de esta magnitud. Los donantes internacionales no necesariamente contemplan en sus apoyos un rubro para planes de defensa institucional. Pero en los tiempos actuales se trata de un aspecto muy necesario para las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En esta situación específica, felizmente, el Instituto de Defensa Legal, que ya había asumido casos parecidos en relación con periodistas, se interesó y decidió patrocinar el caso como parte de su apuesta institucional. Ellos consideran que esto es una “pelea ideológica” y que el cuestionamiento del nombre es un “pretexto” para desaparecernos como actores con influencia. El suyo es un gesto que agradecemos infinitamente.

En lo que se refiere al discurso, sin embargo, no deberíamos movernos de nuestras posiciones, sino más bien poner en evidencia que la apropiación del discurso de los derechos humanos y la democracia por parte de los grupos ultraconservadores es tan superficial como poco respetuosa de los principios democráticos. Tal como acaba de suceder con la campaña “Con mis hijos no te metas”, centrada en la oposición a la educación sobre la igualdad de género y el respeto por las identidades sexuales, su discurso tiende a volverse muy agresivo cada vez que se sienten acorralados. Se les percibe como desesperados, porque en el fondo no hacen sino reaccionar frente a conquistas en materia de derechos.

La situación de hecho ha progresado, porque no somos solamente nosotras, sino que se encuentran en movimiento nuevas generaciones y mucha gente respetuosa de la libertad, de la diversidad, de la garantía de derechos, que también está ganando espacios. No solamente son las tres o cuatro organizaciones feministas fundadoras que se mueven en la ciudad de Lima; se evidencian voces, rostros y jóvenes organizados desde las universidades, desde las comunidades, desde otras regiones del Perú que con un pensamiento crítico no aceptan los dogmas, incluso reaccionan con tono sarcástico ante ese tipo de discursos y posiciones.

Desde ya que hay una juventud católica que es convocada por el Papa y ha decidido quedarse en ese perímetro ultraconservador, pero también hay una movilización social juvenil en torno de muchos temas, y con ellos muchas cuestiones de la agenda de derechos sexuales y reproductivos van permeando el debate público. Creo que esto está desesperando a los grupos ultraconservadores, y entonces reaccionan de manera feroz, con cólera, frustración, y hasta me atrevería a decir que odio. Es decir, reaccionan con actitudes que no se parecen nada a la misericordia, la bondad, la humildad, la comprensión y el no juzgamiento.

¿Por qué el hecho de que se definan como ‘católicas y feministas’ genera este tipo de rechazos?

Nosotras somos mujeres de fe y la religión es parte de nuestra identidad. Hemos sido criadas como católicas, y en ese marco el mensaje que se nos inculcó fue de obediencia, prohibición y opresión. Conforme hemos crecido, nos rebelamos ante este y otros aspectos del control de la vida y la dimensión sexual-afectiva. Nos identificamos como católicas desde una interpretación renovada y no renunciamos a nuestra fe. Somos conscientes de que el catolicismo no es solamente una cuestión de fe, sino que también opera o se materializa en una institución, y como tal tiene prácticas tanto positivas como negativas que tienen impacto en la vida de la gente, y específicamente sobre su feligresía.

Al mismo tiempo, todas nosotras venimos de trayectorias en organizaciones con identidad feminista. Somos feministas, cuestionamos el patriarcado como sistema de relaciones de poder asimétricas, pero no renunciamos a nuestra fe. Siempre nos hacemos estas preguntas: ¿por qué nuestra religión tendría que tener una sola voz, uniforme e incuestionable? ¿Por qué obedecer en silencio y validar el sacrificio y el sufrimiento en nuestras vidas y cuerpos? Encontramos un asidero en la teología feminista, que pasa por una deconstrucción y una reconstrucción del Evangelio. Estas herramientas conceptuales y políticas fortalecen nuestra convicción y nuestra lucha pública por los derechos sexuales y reproductivos.

Desde la oficialidad se nos dice “ustedes no son católicas, quiénes son ustedes para hablar en nombre del catolicismo”, a lo que nosotras respondemos: “qué te hace a ti católico, qué te permite atropellar derechos en nombre de Dios”. Nosotras hemos hecho una reapropiación del lenguaje del evangelio que se centra en el derecho de las personas a deliberar en conciencia, a discernir y a decidir, y esto les incomoda. Yo soy católica, bautizada y apuesto por una teología feminista. No puedes cuestionar mi fe, así como yo tampoco puedo cuestionar la tuya. Es una lucha muy fuerte, porque puede ser fácil derrumbarse frente a una masa mayoritaria que te dice que tú no eres uno de ellos. Desde el principio supimos que enfrentaríamos la descalificación, la mentira y la difamación; sin embargo, no pensamos que los ataques llegarían a ser tan violentos como los que experimentamos actualmente en las redes sociales y a través de esta demanda.

Como la experiencia de fe no nos la pueden arrancar, lo que intentan es arrancarnos la personería jurídica, hacernos desaparecer. Representamos un peligro porque no somos pocas, cada vez somos más quienes nos conocen y se sienten identificadas/os. Representamos la posición de muchas personas que no necesariamente tienen la oportunidad de articular públicamente este pensamiento, pero que lo sienten y lo viven. Hay una feligresía amplia y diversa que no piensa como la jerarquía y considera que la respuesta ultraconservadora en materia de políticas públicas es digna de la época de la Inquisición. Según las encuestas, la mayoría de los católicos disiente de la jerarquía en muchas cuestiones importantes, tales como la homosexualidad, que no consideran que sea una enfermedad o un castigo divino, o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Decidir un aborto en circunstancias específicas de vida es una decisión altamente ética y responsable, no te hace una mala mujer, ni menos católica ni mala madre. Utilizar anticonceptivos para regular la maternidad y la paternidad o disfrutar una relación sexual sin procrear no está prohibido en los evangelios. El mal llamado estado de “virginidad” va perdiendo credibilidad divina y libera a las mujeres de sentimientos de culpa incluso en sociedades como las de América Latina, donde los gobiernos de turno y la Iglesia Católica estuvieron siempre de la mano para regular la vida de la gente. Es más, actualmente siguen utilizándose mutuamente cuando uno de ellos pierde credibilidad.

¿De qué maneras están promoviendo la distinción entre la privada y política pública?

La nuestra es también una lucha por un Estado laico, un Estado que se encuentre separado de las iglesias. Esto es muy difícil de conseguir en la práctica, ya que la Iglesia Católica y el Estado peruano mantienen fuertes vínculos institucionales. Sin embargo, más allá de conseguir legal y constitucionalmente la separación entre la Iglesia y el Estado, hay otra lucha que estamos dando en el terreno de los imaginarios colectivos y de las actitudes. Mucha gente (políticos, funcionarios, servidores públicos) llegan a la esfera pública sin una reflexión sobre la importancia de separar la creencia religiosa de la función pública. En consecuencia, muchos legisladores y funcionarios públicos toman decisiones sobre la base de sus creencias religiosas. Es usual encontrar en los edificios de los Ministerios crucifijos, capillas e imágenes de carácter religioso. En el día a día la religión nos rodea y nos limita, no existen fronteras claras entre la práctica religiosa y la función pública.

Los grupos ultraconservadores se afirman sobre este terreno y buscan expandir aún más los dictados de una religión que se presenta como homogénea, con la intención de obligar a toda la ciudadanía a vivir según sus propias creencias y mandatos. El problema no es la religión; la dificultad radica en el uso político que se hace de ésta en la esfera político–pública, donde el deber es garantizar los derechos humanos.

El espacio cívico en Perú es clasificado como ‘obstruido’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con Católicas por el Derecho a Decidir-Perú a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga a @CDDperu en Twitter

 

 

 

DERECHOS DE LAS MUJERES: ‘Los grupos anti-derechos buscan arrebatarnos derechos adquiridos’

Teresa Fernandez ParedesEn el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de su experiencia frente al avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Teresa Fernández Paredes, abogada especializada en Derecho Público Internacional e integrante de la Dirección Legal de Women’s Link. Con oficinas en Colombia, España y Kenia, Women’s Link defiende y promueve los derechos de las mujeres y aspira a generar cambios estructurales a través del litigio estratégico.

¿A qué se dedica Women’s Link y cuáles son sus áreas de trabajo?

Women’s Link es una organización internacional que utiliza el derecho – en su mayoría somos abogadas – para promover cambios sociales estructurales que avancen los derechos de las mujeres y niñas, y sobre todo de las que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, tales como mujeres migrantes o mujeres que ven limitado el ejercicio de sus derechos en razón de su etnia, edad o condición socioeconómica, entre otros factores.

Trabajamos desde Madrid, en España; Bogotá, en Colombia y Nairobi, en Kenia. Aplicamos al derecho un análisis de género y un análisis interseccional para ampliar y mejorar los derechos de las mujeres y las niñas. Trabajamos en algunas áreas específicas, como los derechos sexuales y reproductivos, donde combatimos a los grupos anti-derechos. También nos enfocamos en la trata de seres humanos, y sobre todo en la trata de mujeres con funciones de explotación sexual o servidumbre doméstica y en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres en contextos de migración o de justicia transicional. Y finalmente nos concentramos en la discriminación, como un tema transversal a todos los demás. Usamos varias estrategias: además de litigios estratégicos, hacemos capacitaciones judiciales y publicaciones, entre otras cosas.

¿Cuáles son actualmente sus principales ejes de trabajo en América Latina?

Una de nuestras principales líneas de trabajo en América Latina es el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en sentido amplio. En este momento, en el contexto de la ola migratoria venezolana, estamos trabajando en el vínculo entre migración y falta de acceso a estos derechos. Concretamente, examinamos cuestiones tales como los efectos que tiene sobre el goce de estos derechos el estatus migratorio irregular, o la situación de las fronteras como espacios de no-derecho.

El trabajo en Venezuela ha sido un gran desafío, dada la situación que atraviesa el país. Lo que hacemos, en este y en todos los casos, es aplicar los estándares del derecho internacional al contexto local. Pero es importante tener en cuenta que generalmente el derecho – y no solamente el derecho interno de los países, sino también el derecho internacional de los derechos humanos - es muy androcéntrico. La normativa se ha ido desarrollando a lo largo de los años alrededor de la imagen del hombre blanco como sujeto universal.

Nuestra aproximación al derecho es estirarlo para que dé cabida a las experiencias de las mujeres, porque en el marco de los derechos humanos los temas de las mujeres suelen quedar de lado. En el contexto de Venezuela, trabajamos mucho con el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, recientemente pedimos una medida cautelar para una maternidad en la que morían muchas madres y niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la cautelar, pero en el contexto actual parece es difícil que se cumpla. Sin embargo, sirve para llamar la atención sobre la situación específica que viven mujeres y niñas. Y todo este trabajo sirve también para entender porqué las mujeres se van de Venezuela - qué las impulsa a ellas, en tanto que mujeres, a iniciar los tránsitos migratorios; y qué necesidades tienen cuando llegan a países de tránsito y de destino.

Además de trabajar en Venezuela, varios de nuestros proyectos se centran en garantizar que las experiencias concretas de las mujeres y sus voces se escuchen en el proceso de paz en Colombia. Lo hacemos sobre todo desde nuestra oficina en Bogotá, y siempre en conjunto con organizaciones comunitarias, para intentar que las voces de las personas que están en las fronteras lleguen a los tomadores de decisiones.

En los últimos años se ha observado avances de los grupos anti-derechos, en América Latina y más allá. ¿Han enfrentado reacciones o ataques de estos grupos en el curso de su trabajo?

El contexto en que trabajamos está fuertemente marcado por el auge de grupos anti-derechos que se dicen movilizados contra lo que ellos llaman “ideología de género”. Pero no es un fenómeno nuevo: los grupos anti-derechos se han venido articulando con gran efectividad desde los años ’90. Tienen mucho dinero y una cosa que hacen mejor que los grupos de izquierda es articularse de manera muy efectiva entre ellos; aunque aborden distintos temas encuentran el punto en común. Por ejemplo, se han articulado muy bien para poner sobre la mesa el tema de la ideología de género, presentándolo en todos los espacios y consiguiendo que, algo que ni siquiera era un concepto, se convirtiera en un tema global. Han conseguido posicionarlo en la agenda, cosas que es más difícil de hacer desde la izquierda, donde hay más discusión en torno de los temas y cuesta más articularse y hablar con una sola voz. De ahí que todavía no tengamos una respuesta única y contundente para los embates en nombre de la “ideología de género”.

Los grupos anti-derechos buscan arrebatarnos derechos adquiridos. Y lo hacen utilizando el mismo discurso que han empleado con éxito los grupos de derechos humanos. Hablan de derechos humanos y se presentan como víctimas. Incluso presentan a las feministas como agentes diabólicos, dándole al feminismo más poder del que se podría creer que tiene en determinados espacios. Por nuestra ubicación en tres regiones, desde Women’s Link vemos claramente que las mismas estrategias se repiten en distintos lugares. Están utilizando estrategias coordinadas, alimentadas con muchísimo dinero y con apoyo global. Como utilizan el lenguaje de los derechos humanos, cada vez tienen más representación legal, y han comenzado a ocupar sitios en lugares estratégicos, donde están los tomadores de decisión, como en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos.

¿Cómo puede actuar la sociedad civil progresista para poner freno a estos avances?

Frente a estos ataques es importante actuar rápido a través del derecho. Hay que seguir trabajando para fortalecer el marco de derechos, blindándolo frente a estos ataques. Debemos pensar no solo estrategias de defensa, sino también estrategias proactivas para ampliar el marco de derechos, o cuanto menos para quitarles a los grupos anti-derechos espacio para moverse.

Hay discusiones aún no saldadas sobre las que hay mucho que trabajar, como el tema de la libertad de expresión versus los discursos de odio. Paradójicamente, para difundir su mensaje los grupos anti-derechos se están apoyando en uno de los temas-estandarte de la izquierda, la libertad de expresión.

Con todo, para que se generen cambios sociales duraderos, no podemos quedarnos en el derecho y los tribunales. Lo que necesitamos son casos que movilicen, generen debate público e instalen un verdadero cambio en la sociedad. En ese sentido hay movimientos esperanzadores, como el #MeToo y la Marea Verde en Argentina. Es decir, estamos viendo dos procesos contrapuestos: por un lado, crecen los grupos anti-derechos; por el otro, se genera una fuerte movilización desde las bases y desde la juventud en torno de estos temas. Tal fue el caso de la Marea Verde, que generó una movilización sin precedentes mientras se tramitaba en el congreso argentino un proyecto de legalización del aborto. Sin duda, es muy posible que los procesos estén interconectados y uno sea consecuencia del otro.

Estos movimientos sociales generan un panorama esperanzador. Ante el intento de retroceder en derechos adquiridos, hay una masa muy activa que dice “mira, esto ya es un derecho adquirido, ya no lo puedes quitar”. Ya no se puede ir para atrás: en adelante puedes ampliar el marco, pero no lo puedes reducir.

Además de los ataques de los grupos anti-derechos, ¿qué otros desafíos enfrenta la sociedad civil que promueve derechos de las mujeres?

Para las organizaciones de base, la falta de recursos puede ser una gran limitación. Y a nosotras se nos presenta el desafío de cómo articularnos con estas organizaciones, sobre todo en contextos de gran urgencia como puede ser el de los movimientos masivos de movilidad humana.

Women’s Link se dedica a identificar situaciones estructurales donde se vulneran derechos de las mujeres y a diseñar estrategias jurídicas para generar un cambio estructural transformador. Mientras tanto, las organizaciones de base – por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Venezuela – están asumiendo cada vez más, y en condiciones de urgencia, funciones que deberían ser desempeñadas por el Estado. En estos contextos, la mayor parte de la respuesta a los problemas está proviniendo de organizaciones de la sociedad civil.

Estas organizaciones de base están respondiendo a una situación muy urgente y las necesidades que tienen las mujeres con que ellas trabajan son muy inmediatas, y sin embargo lo que podemos hacer desde Women’s Link es apoyarlas desde el litigio estratégico, que suele llevar mucho tiempo.

Pero más allá de las dificultades de trabajar con recursos escasos, es vital articular esas relaciones, porque el aporte que Women’s Link tiene para hacer no serviría de nada sin el trabajo que hacen las organizaciones de base y sin, por supuesto, la voz y el apoyo de las mujeres.

Contáctese con Women’s Link a través de su página web y su perfil de Facebook, o siga a @womenslink en Twitter.

 

 

Ghana: “La gente quiere que las OSC sigan trabajando y prosperen, no que cierren”

Este artículo es parte de la serie #HistoriasDeResiliencia, coordinada por CIVICUS para destacar los esfuerzos de grupos y activistas que promueven mejores prácticas de financiación y movilización de recursos valiosos para la sociedad civil.

Omolara WACSIEn los últimos cinco años, el West Africa Civil Society Institute (WACSI) ha promovido incesantemente la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en África Occidental, especialmente en Ghana, luego de ver varias OSC cerrando sus puertas por limitaciones financieras.

CIVICUS conversó con Omolara Balogun, quien lidera la unidad de Influencia en Políticas y Abogacía de WACSI, sobre sus esfuerzos para apoyar la resiliencia de las OSC en esta región, que incluyen realizar estudios y establecer alianzas con actores regionales e internacionales –como el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA, por sus siglas en inglés) apoyado por CIVICUS– para concientizar, diseminar aprendizaje, crear capacidades y promover mejores condiciones para que la sociedad civil pueda mantenerse a flote y prosperar.  

 

¿Cómo se involucró WACSI en promover la sostenibilidad de las OSC en África Occidental?

Nuestro interés empezó en el 2014, al ver cambios contundentes en el contexto de financiación para el desarrollo, específicamente, una baja en los fondos aportados por los donantes extranjeros “tradicionales” para la sociedad civil. Antes, WACSI tenía suficientes recursos para proveer de forma gratuita sus servicios de capacitación, abogacía, investigación y documentación del trabajo de la sociedad civil; sin embargo, ese esquema de trabajo gratis dejó de ser sostenible cuando empezamos a recibir menos fondos. Entonces decidimos solicitar una pequeña contribución a quienes atendían nuestras capacitaciones, pero para nuestra sorpresa, muchas personas y organizaciones no podían pagarlo. Escuchamos quejas constantes sobre donantes que redujeron sus aportes o imponían requisitos más estrictos para aplicar por financiamiento, una mayor “proyectización” de los fondos y menor disponibilidad de fondos básicos para cubrir gastos administrativos y la formación del personal de las organizaciones. Nuestro interés en el tema creció mientras esta tendencia continuaba, así que decidimos facilitar un debate sectorial sobre la sostenibilidad de las OSC en África Occidental.

Uno de los primeros pasos que tomaron fue investigar la situación financiera de las OSC en Ghana. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales?

Ese mismo año recibimos fondos iniciales de STAR-Ghana y comisionamos el estudio piloto llamado “El estado de la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil en Ghana”, publicado en el 2015. El estudio involucró a OSC de distintas categorías para identificar y entender quiénes estaban ‘luchando’, ‘sobreviviendo’ o ‘prosperando’ en cuanto a su sostenibilidad financiera, operativa, de intervención y de identidad. Los resultados indicaron que la minoría de las OSC estaban prosperando en todas las áreas y eran aquellas con acceso estable a fondos de donantes internacionales tradicionales. La mayoría estaba apenas sobreviviendo con fondos para cubrir sus gastos administrativos y realizar actividades en el presente, pero no sabían si lograrían obtener recursos para mantenerse trabajando y relevantes el día de mañana. Por último, una cantidad significativa estaban luchando hasta para terminar de implementar proyectos, pagar alquileres y salarios. De hecho, vimos aliados con una misión valiosa y con intervenciones reconocidas en el tema de paz y conflicto, quienes tuvieron que cerrar sus puertas.

También se encontró que las OSC sufren retos de sostenibilidad en diversas áreas. Algunas pasan por crisis de identidad al tener que abandonar su misión, visión, estrategia y alianzas originales para buscar dinero otras áreas donde hay más financiamiento. A nivel del sector, aumentó la competencia entre OSC por fondos pequeños, reduciendo las oportunidades de colaboración y de lograr impacto colectivo. Si estas dinámicas no se corrigen, representan una amenaza de extinción para más organizaciones.

La conversación sobre la sostenibilidad de la sociedad civil ha ganado terreno. ¿Cómo logró WACSI comprometer a distintos actores en una agenda positiva y proactiva?

Desarrollamos un programa integral de sostenibilidad para integrar a diversas OSC en diálogos sistemáticos entre nuestro sector, donantes locales e internacionales, y el gobierno sobre las amenazas, retos y oportunidades para la sostenibilidad de la sociedad civil. Asimismo, promovimos el diseño de un programa de fortalecimiento para todas las OSC, en especial para las que están sobreviviendo y luchando. Esta fase piloto en Ghana ha sido positiva. Las principales reacciones que recibimos indican que la gente quiere que las OSC sigan trabajando y prosperen, no que cierren. Los donantes, las comunidades representadas, el sector privado y hasta el gobierno reconocen el trabajo y el valor que traemos al sector de desarrollo. Todos están interesados en la sostenibilidad de las OSC.

WACSI recibió apoyo de la red AGNA para establecer diálogos nacionales sobre movilización de recursos locales. ¿Cómo les ayudó a avanzar sus esfuerzos?

La ayuda de AGNA fue instrumental para involucrar a las OSC, donantes, el sector privado y, pronto, a representantes del gobierno en explorar qué condiciones se deben crear o mejorar para que las OSC movilicen recursos domésticos como una alternativa de ingresos que apoye su sostenibilidad financiera.

Los diálogos con las OCS nos permitieron mapear sus principales fuentes de ingresos en la actualidad, ver qué opciones podrían explorar para diversificar sus recursos y qué habilidades, conocimientos y herramientas necesitan. Así identificamos dos alternativas fuertes: promover más filantropía local y los emprendimientos sociales (algunas OSC ya están haciéndolo). Sin embargo, encontramos varios retos: la mayoría de OSC están frustradas con estos cambios luego de trabajar siempre bajo modelos caritativos, otras resaltan que hacen falta capacidades en el sector para explorar dichas alternativas y algunas organizaciones dedicadas a la abogacía, los derechos humanos y temas políticos dicen que generar ingresos va contra su misión, enfoque e identidad.

Hablamos con actores del sector privado para entender cómo las OSC podrían acceder a recursos de sus programas de Responsabilidad Social Corporativa y de sus fundaciones privadas. Aprendimos que este sector está enfocado en hacer inversiones, por lo que las CSO debemos adaptarnos y desarrollar habilidades de negocios, una mentalidad de lucro y formas de proveer visibilidad a las alianzas con entidades privadas. Pero también vemos la necesidad de educar al sector privado sobre el rol de la sociedad civil en asegurar un ambiente de estabilidad social, justicia y paz y otras condiciones que les permiten hacer negocios sin barreras, lo cual es una buena razón para invertir en las OSC.

Adicionalmente, tuvimos conversaciones honestas con donantes tradicionales (bilaterales, multilaterales, embajadas) sobre sus recortes en el financiamiento, prioridades cambiantes y requisitos más estrictos de las subvenciones, y expresamos preocupación sobre el creciente uso de intermediarios (como firmas consultoras del Norte) que representan una pérdida de dinero para el sector y relega a las OSC al rol secundario de sub-beneficiarios. Los donantes representados señalaron que esto obedece a decisiones de sus gobiernos, alineadas con las agendas de política exterior, y llamaron la atención sobre la falta de capacidades en las OSC para absorber el financiamiento existente y presentar ideas innovadoras en las propuestas. Es claro que, para mejorar las probabilidades de acceder fondos tradicionales y alternativos, la sociedad civil debe invertir en fortalecer sus capacidades y en mejores sistemas de rendición de cuentas.

¿Cuál será el enfoque de los diálogos con el Gobierno?

Principalmente la necesidad de marcos legislativos que les permitan a las OSC diversificar sus ingresos sin trabas o contradicciones legales, que habiliten las condiciones aptas para la movilización de recursos domésticos y que remuevan leyes represivas o en contra de su sostenibilidad operativa y financiera. En este sentido, se debe crear una legislación para emprendimientos sociales adaptada a las OSC porque, con las leyes actuales, las organizaciones pueden perder su estatus de entidad sin fines de lucro al generar ingresos o movilizar cierto tipo de recursos, o pueden pedirles registrar sus emprendimientos sociales como empresas lucrativas que deben pagar impuestos sobre el dinero generado para causas caritativas, lo que no tiene sentido. También abogaremos por incentivos fiscales para promover la filantropía local dirigida a OSC. Finalmente, debemos discutir cómo el Gobierno puede proveer directamente más recursos para las OSC y dejar de competir con nuestro sector por fondos tradicionales, ya que los donantes tienden a privilegiar a los gobiernos debido a que esas alianzas les brindan más visibilidad que trabajar con OSC.

Los emprendimientos sociales son una tendencia muy fuerte, ¿pero son en realidad una alternativa de ingresos que sirve a la mayoría de OSC?

Es una posibilidad más apta para organizaciones ya dedicadas a proveer servicios. A las OSC que trabajan influenciando políticas, en abogacía o derechos humanos se les dificulta más vender algún servicio y, además, son las más preocupadas sobre comprometer su misión y valores al generar ingresos. Este es un reto que debemos atender de forma colectiva porque estas organizaciones son las que promueven cambios sociales críticos y deben tener apoyo para sostenerse.

¿Cuáles son las siguientes acciones clave para avanzar esta agenda de sostenibilidad del sector?

Es primordial arreglar la legislación conflictiva sobre empresas sociales, crear incentivos fiscales y recursos como capital inicial para que las OSC inicien emprendimientos sociales. Para las OSC, la prioridad es adquirir conocimiento y capacidades en emprendimiento social, innovación, inversiones de impacto y alianzas corporativas, así como cambiar la mentalidad caritativa y crear planes viables de diversificación de ingresos. Adicionalmente, para movilizar recursos y apoyo local, muchas OSC deben construir o fortalecer relaciones con las poblaciones que representan, que se han descuidado al priorizar la agenda de los donantes por años. Será más difícil para la gente apoyar a la sociedad civil si no están conectados con nuestra misión, visión, trabajo y el valor que aportamos para mejorar sus condiciones de vida.

WACSI también está practicando lo que predica. Cuéntenos sobre sus esfuerzos para generar ingresos alternativos para la organización.

WACSI adoptó un enfoque basado en los activos para recortar costos y generar ingresos. Por ejemplo, estamos rentando nuestras salas de conferencias y el equipo de interpretación a otras organizaciones, a precio subsidiado. Además, hemos ahorrado miles de dólares en traducciones en los últimos tres años mediante una alianza con el Ghana Institute of Languages (Instituto de Lenguas de Ghana), permitiendo a sus estudiantes hacer una pasantía de un mes en WACSI para adquirir experiencia laboral mientras nos ayudan con traducciones e interpretaciones. Aunque estas iniciativas no son suficientes para dejar de requerir financiamiento externo, son un paso firme en la dirección correcta.

Contacte a WACSI mediante su sitio web, página de Facebook o siguiendo a @WACSI en Twitter.

 

BRASIL: ‘Estamos en un momento frágil de la sociedad civil’

Pedro StrozenbergCIVICUS conversa con Pedro Strozenberg, Ombudsman de la Defensoría de Río de Janeiro, sobre la situación de derechos humanos y la regresión del espacio para la sociedad civil en Brasil. La Defensoría es un órgano público que funciona como enlace entre Estado y sociedad civil. Pedro Strozenberg es abogado especializado en mediación de conflictos que se autodefine como un activista en materia de seguridad pública, ámbito en que su oficina trabaja para defender los derechos de la ciudadanía frente al abuso y la brutalidad policiales.

 

G20: ‘El activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios’

Corina Rodriguez EnriquezEn diciembre de 2018 miles de personas marcharon contra las políticas neoliberales en Buenos Aires, Argentina, mientras se celebraba la Cumbre de Jefes de Estado del G20. Tanto durante la cumbre como en el proceso que la antecedió, la sociedad civil argentina, latinoamericana y global hizo uso tanto de los espacios institucionales de participación como de acciones autónomas y protestas callejeras para hacer oír su descontento. CIVICUS conversa sobre las acciones en torno del G20 con Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora argentina e integrante del Comité Ejecutivo de Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), una red de feministas del sur global que trabaja por la justicia económica, ecológica y de género, así como por el desarrollo democrático y sostenible.

¿Quiénes salieron a protestar contra la cumbre del G20 en Argentina, y qué tácticas utilizaron?

Las acciones de protesta callejera durante el G20 no fueron un evento aislado, sino que estuvieron en continuidad con las reacciones que generó la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que también se realizó en Argentina el año anterior. No se organizaron específicamente ante el G20 sino que son parte de un proceso de resistencia más amplio protagonizado por una articulación de organizaciones sociales que lleva la voz contra el proceso de globalización financiera. Yo formo parte de una organización feminista del sur global, DAWN, y por lo tanto estuve involucrada sobre todo en el trabajo desde lo que llamamos el Foro Feminista, un subgrupo dentro de esta articulación de organizaciones. Lo que se organizó en ocasión del G20 fue muy similar a lo que se había hecho ante la OMC, una semana de acciones que inicialmente se pensaron como acciones ante al G20 pero terminaron siendo acciones contra el G20. Hubo distintas clases de acciones e intervenciones. Desde el Foro Feminista aprovechamos el contexto para tener una jornada específica de formación en economía feminista, así que entre otras cosas DAWN lideró la Escuela de Economía Feminista. Hubo un par de días en que se organizaron jornadas de debate más académico, las cuales funcionaron en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hubo mesas sobre los diversos temas que se discuten en estos espacios multilaterales, desde extractivismo hasta economía digital. Y luego hubo un par de jornadas de acciones más callejeras: la primera fue un día completo de debates y paneles en carpas montadas en la calle, una de las cuales fue la del Foro Feminista. Allí hicimos un conversatorio, un tribunal donde se presentaron casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas trasnacionales, y una asamblea del Foro Feminista para discutir estrategias y perspectivas. El tribunal es una forma de manifestación pública similar a la que realiza la Alianza Global por el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos: un espacio donde se expone la denuncia y se deja claramente en evidencia lo que la justicia debería hacer al respecto.

El último día de la semana, cuando ya estaba en curso la cumbre del G20, se hizo la marcha de protesta, en un contexto bastante restrictivo, ya que el gobierno argentino, que presidía la reunión, había militarizado la ciudad de Buenos Aires y establecido una zona de exclusión, con lo cual la marcha transcurrió bastante lejos de donde se estaba haciendo la cumbre.

En términos muy generales, las consignas de la semana de acción se centraron en la denuncia de las implicancias para los derechos humanos del tipo de políticas que promueven los gobiernos de los países que integran el G20, y fundamentalmente los efectos de las decisiones del capital concentrado y las acciones de las empresas multinacionales en los territorios. Denunciamos que la actual dinámica global conduce a un aumento escandaloso de las desigualdades y a la permanente violación de los derechos humanos, con evidencias de casos concretos, muchos de ellos vinculados a las acciones de empresas extractivas. El otro gran mensaje es el de la resistencia: tenemos que resistir colectivamente las políticas que están impulsando los países que forman el G20 y construir colectivamente otra economía y otra sociedad.

¿Fueron protestas de organizaciones y movimientos sociales locales, o se trató de una protesta auténticamente global?

La resistencia es global. Si bien en el caso de Argentina la participación de organizaciones y activistas del exterior fue mayor durante la reunión de la OMC que cuando se hizo la del G20, yo lo atribuyo más bien al hecho de que el G20 involucra a menos cantidad de países. Además, el G20 no está en el radar, y por lo tanto en la agenda, de tantas organizaciones, no solo en Argentina sino también en la región y en el mundo. Pero la coalición global que se movilizó en esta oportunidad fue la misma que también sale a la calle cuando se hacen las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos rectores de las finanzas globales.

Tanto en la reunión de la OMC como en la del G20, en las que yo pude participar porque tuvieron lugar en Argentina, hubo una presencia sobre todo argentina y latinoamericana. Entiendo que esto se explica tanto por la distancia física que nos separa del resto del mundo como por la potencia que tiene el activismo sobre estos temas en América Latina.

Más allá de los participantes que por diversas razones hayan querido o podido estar, lo que hace global a la protesta contra el G20 es precisamente la naturaleza del blanco al que apunta. El G20 es la unión de las economías más grandes y concentradas del mundo. Contando a los países de la Unión Europea, que conjuntamente integran el G20, éste da cuenta del 85% del producto bruto mundial. Las decisiones que toman y los acuerdos a los que llegan los gobiernos de los países que lo integran afectan a todo el mundo. Es natural entonces que las resistencias al G20 tengan carácter global, aunque mantengan color local y modifiquen su composición en función del lugar donde se realicen las cumbres anuales.

En ese sentido, evidentemente no todos estamos siempre en todas partes, pero pasamos a integrar la resistencia cuando el G20 se reúne en nuestros países, y esperamos que las organizaciones y movimientos sociales de otros países lo hagan a su vez. DAWN es una organización del sur global y tiene integrantes en Argentina, de modo que era natural que nos involucráramos ante la reunión del G20 en Argentina. Pero no estamos contemplando en lo más mínimo movilizarnos el año que viene cuando el G20 se reúna en Japón. Para nosotros esta vez era fácil participar y no hacerlo hubiera sido desperdiciar la oportunidad de ser parte activa de esta coalición de resistencia de la que ya participábamos de otras maneras y en otras instancias. Nos pareció que teníamos que aprovechar que esto ocurría en Buenos Aires para que nuestra resistencia pública sirviera para informar a la ciudadanía sobre qué es el G20 y que implicancias e impactos tiene, además de contrarrestar la narrativa exitista que diseminó el gobierno argentino. Pero la acción frente al G20 no está entre nuestras prioridades estratégicas: no andamos siguiendo al G20 por el mundo. De hecho, lo de este año fue una relativa anomalía, porque hay pocos países del sur en el G20. Esperamos que el año que viene la sociedad civil japonesa tome la posta; sería natural que la resistencia contra el G20 pase a ser protagonizada por organizaciones y activistas de Asia. Si bien algunas organizaciones más grandes que están basadas en el norte tienen la posibilidad de ir a todos lados, la lógica indica que en cada caso la movilización sea sobre todo local y regional.

Además de recurrir a la acción callejera, ¿cómo utilizaron los espacios institucionales para la participación de la sociedad civil dentro del G20?

No todo el movimiento de resistencia contra el G20 tiene la misma posición frente a estos espacios. La postura de DAWN es aprovecharlos, y como representante de DAWN yo participé en el Observatorio de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, coordinado por Mabel Bianco, presidenta de la organización feminista argentina FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer). El objetivo del Observatorio era hacer, durante el año de la presidencia argentina del G20, el seguimiento del cumplimiento de los puntos del plan de implementación de acuerdos básicos aprobado por el grupo W20 (Mujeres20) en Berlín, Alemania, el año anterior. Hicimos algunas actividades locales y nacionales, produjimos policy briefs y otros materiales escritos para incidir sobre quienes iban a participar de las reuniones y negociar las declaraciones en el marco del G20. Trabajamos sobre todo con los grupos de afinidad de G20, y en particular desplegamos mucha actividad alrededor de las reuniones de los grupos de trabajo y las cumbres del C20 (el foro de sociedad civil) y el W20. También hubo participación feminista en otro grupo de afinidad, el T20 (el foro de think tanks), que tenía una task force de género.

La participación en el W20, en particular, fue muy controvertida y trabajosa dentro del movimiento feminista, y nosotras de hecho no fuimos delegadas, aunque sí participamos desde adentro para sentar posiciones en el W20. Esto supuso muchas discusiones con compañeras que consideran que estar adentro es legitimar y convalidar. Son argumentos atendibles, pero mi conclusión después de haber estado tanto adentro como afuera es que fue un acierto que nosotras nos mantuviéramos adentro y algunas compañeras de otras organizaciones aceptaran ser delegadas, porque caso contrario la declaración del W20 hubiera sido mucho peor de lo que fue. Fue muy importante que hubiera voces feministas adentro, y esas voces fueron las nuestras, porque la persona nombrada por el gobierno argentino para liderar el W20 era una mujer de negocios con una mirada no solamente nada feminista, sino también bastante paternalista y completamente divorciada de la realidad en que vive la mayoría de las personas.

En suma, el resultado del trabajo de estos grupos de afinidad depende en gran medida de quién los lidera, y no sorprende que haya sido mucho más productivo el trabajo en el C20, que acabó emitiendo una declaración mucho más positiva que el propio W20 en relación con los derechos de las mujeres.

En una época de creciente nacionalismo económico y populismo de derecha, ¿cómo puede la sociedad civil ofrecer una crítica progresista del neoliberalismo globalizado que tenga eco en la ciudadanía enojada que actualmente abraza el populismo?

Ojalá tuviera una respuesta. Creo que el activismo global, y en particular el que se despliega en estos espacios multilaterales, está fuertemente desconectado de la experiencia en los territorios. El progresismo en general tiene grandes dificultades para entender las experiencias y las opciones de las personas – por ejemplo, porqué en Brasil la gente votó por Jair Bolsonaro, o porqué en Filipinas siguen apoyando a Rodrigo Duterte. Las personas que vivimos en una posición de relativo privilegio somos generalmente incapaces de imaginar cómo vive la gente en las barriadas pobres de nuestras grandes ciudades. Deberíamos hacer un esfuerzo para entender la racionalidad de una mujer con un hijo quemado por la droga que quiere que vengan los militares a sacar a los narcotraficantes a los tiros de la villa. En suma, el activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios.

En términos generales, el contexto actual es hostil y la prioridad es la resistencia. No creo que estemos en una etapa proactiva de construcción de alternativas, sino que el imperativo número uno es resistir y proteger los pequeños avances que se fueron consiguiendo con tanto esfuerzo a lo largo de décadas en materia de fortalecimiento de derechos e institucionalización de políticas de igualdad. Si bien en última instancia la preservación de esos avances dependerá de la construcción de una narrativa alternativa que permita poner freno a las fuerzas regresivas, lamentablemente aún no hemos llegado a ese punto. Así como estamos, el esfuerzo de construcción de una narrativa alternativa sería extremadamente superficial. El progresismo, al menos en América Latina y posiblemente también en otras latitudes donde la extrema derecha está en ascenso, necesita con urgencia hacer una autocrítica, sin la cual difícilmente pueda avanzar en ninguna dirección. Si experiencias como la del PT en Brasil, que en sus orígenes fueron tan esperanzadoras, acabaron dejando un terreno fértil para que la gente optara por alguien como Bolsonaro, el progresismo tendría mínimamente que preguntarse qué es lo que se hizo mal, como prerrequisito para poder construir una nueva narrativa progresista.

Como feminista y latinoamericana tengo mis esperanzas cifradas en el hecho de que en la región el feminismo lleva años trabajando en el territorio y está más que nunca antes nutrido por las diversas experiencias de vida de las mujeres reales y de las personas en general. Es por eso mucho más plural y menos clasista que nunca antes. Si acaso queda un movimiento social que, en este contexto desolador, tiene un nivel de vitalidad prácticamente incomprensible, es el feminismo. Eso lo está convirtiendo en uno de los actores sociales más relevantes tanto para sostener la resistencia como para construir la alternativa.

 

Contáctese con DAWN a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga a @DAWNfeminist en Twitter. 

 

ECUADOR: ‘Hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas’

Daniel BarraganCIVICUS conversa sobre la evolución aparentemente positiva del espacio para la sociedad civil en Ecuador con Daniel Barragán, Director Ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios. Conformado en 2015 como órgano de vinculación de la universidad con la comunidad, el CIIAT persigue el objetivo de promover la investigación científica y la formación continua en temas de gestión y derecho ambiental, cambio climático, conservación y gestión del territorio.

¿En qué medida están garantizadas las libertades de asociación, de protesta pacífica y de expresión en Ecuador?

En los últimos dos años se percibe en Ecuador un ambiente de mayor libertad y respeto a estos derechos. El cambio se ha expresado en una política gubernamental de apertura al diálogo y en reformas tanto de las regulaciones que se aplican a las organizaciones de sociedad civil (OSC) como de la Ley Orgánica de Comunicación.

Los decretos 16 y 739, que regulaban a las OSC, fueron derogados a fines de 2017. El decreto 193, con el cual fueron reemplazados, no ha sido utilizado como una herramienta política para coartar derechos o limitar la capacidad de acción de las OSC. El riesgo, sin embargo, sigue latente en la medida que las causales de disolución de OSC se siguen prestando a interpretación discrecional y podrían en el futuro ser aplicadas arbitrariamente por el gobierno de turno.

La Ley Orgánica de Comunicación, por su parte, fue reformada en diciembre de 2018. Tras el veto presidencial parcial de la reforma, permanecen algunos cambios que se orientan a garantizar derechos y que cambian la lógica anterior: ya no se considera a la comunicación como un servicio público sino como un derecho, se amplía la conceptualización del derecho a la libertad de expresión, se elimina el control a los medios y se promueve su autorregulación, se deroga la figura del linchamiento mediático, que penalizaba la difusión reiterada de información para desprestigiar o destruir la credibilidad de alguien, y se eliminan las sanciones administrativas, entre otras cosas. Estos puntos son analizados en un informe técnico mediante el cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasmitió sus observaciones al proyecto de reforma.

Otro hecho relevante fue la reciente firma de la Declaración de Chapultepec. Esta declaración fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en 1994, y firmada por el gobierno de Ecuador en febrero de 2019, en coincidencia con la promulgación en el Registro Oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

Sobre estos temas en particular, es importante rescatar la voluntad política para generar cambios en el ambiente habilitante para las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Si bien no necesariamente se ha logrado llegar a las regulaciones ideales y el margen de discrecionalidad en la regulación es aún un tema pendiente, los cambios apuntan en la dirección correcta.

¿Cuál es la situación de los activistas y organizaciones indígenas y ambientalistas en Ecuador?

Si bien se registran casos de criminalización por la defensa del territorio, la situación en Ecuador es diferente de la de otros países de la región en cuanto al nivel de riesgo al que están expuestos los defensores de la tierra y la naturaleza. En el período 2007-2017 la criminalización de la protesta social fue el principal medio para neutralizar y censurar a activistas y ambientalistas, y aún quedan secuelas que no permiten su accionar en un marco de libertad y de garantía del ejercicio de sus derechos. A fines de 2018 la Defensoría del Pueblo se pronunció ante los ataques sufridos por varias defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Pastaza, consistentes en el uso indebido del derecho penal, hostigamientos, amenazas, y un incendio provocado en la vivienda de una de ellas. Ante estos hechos, la Defensoría urgió al Estado a adoptar una “política integral de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza de manera independiente al actual sistema de protección a víctimas y testigos”.

Por otro lado, a nivel regional ahora tenemos el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales y el primer tratado vinculante a nivel internacional que regula la protección de los defensores ambientales. El acuerdo reconoce explícitamente esta problemática que crece en América Latina, donde ocurre alrededor del 60% de los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, según datos de Global Witness para 2017. Y también reconoce el rol de los Estados para garantizar un entorno seguro y la obligación de proteger, prevenir y sancionar ataques y amenazas a los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El reto es ahora avanzar en la firma y ratificación de este instrumento. A la fecha el acuerdo tiene las firmas de 16 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

¿Qué significación tuvo el referendo constitucional de febrero de 2018?

El referéndum de febrero de 2018 abordó temas tan diversos como la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la eliminación de la reelección indefinida, la protección a la niñez y la no prescripción de los delitos sexuales, y la prohibición de la minería en centros urbanos y zonas intangibles. También incluyó dos preguntas de consulta popular sobre la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, también conocida como Ley de Plusvalía, y la re-delimitación del Parque Nacional Yasuní para incrementar la zona intangible y reducir el área donde está autorizada la explotación petrolera.

El referéndum produjo un cambio institucional importante, en particular a raíz de la reforma del CPCCS, por las implicaciones que han tenido hasta la fecha en términos de la evaluación y cesación de alrededor de 27 autoridades de control, y los nuevos nombramientos – algunos temporales y otros definitivos - para esos cargos, como ha sido el caso de la Corte Constitucional. El CPCCS fue establecido por la Asamblea Constituyente de 2008 y concebido como un "quinto poder" encargado de auditar a los mecanismos de control, alentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. También desempeña un papel en el nombramiento de funcionarios, lo que lo convirtió en blanco de fuertes críticas.

Sobre la legalidad de lo actuado en este punto hay diversas visiones; lo que sí es cierto es que la gestión del CPCCS transitorio cuenta, desde mi percepción, con respaldo social y ciudadano.

¿Qué progresos se han realizado en materia de vigencia de las libertades democráticas?

Desde mi punto de vista hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas. Prueba de ello es la existencia de un ambiente de diálogo, de tolerancia a la opinión contraria y de respeto al Estado de Derecho.

Un ejemplo claro del progreso realizado es la decisión de sumar al Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto, como una de las medidas no sólo de inclusión ciudadana sino también de lucha contra la corrupción. Para Ecuador es fundamental avanzar en la generación de un clima de confianza sobre la base de la transparencia del accionar de las autoridades y funcionarios, a la vez que de una lógica de corresponsabilidad del ciudadano para con lo público. En este momento estamos avanzando en la construcción del primer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. Por otra parte, la semana pasada el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito entregó al alcalde el Plan de Acción de la ciudad para su implementación en 2019. Estoy participando en ambos procesos y puedo dar fe de que cuando hay voluntad política el trabajo articulado entre distintos sectores y actores es posible.

El espacio cívico en Ecuador es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con el CIIAT a través de su página web y con la Universidad de Los Hemisferios a través de su perfil de Facebook, o siga a @uhemisferios en Twitter.

 

República Dominicana: grandes oportunidades pero mayores retos para la movilización de recursos domésticos

Este artículo es parte de la serie #HistoriasDeResiliencia, coordinada por CIVICUS para destacar los esfuerzos de grupos y activistas que promueven mejores prácticas de financiación y movilización de recursos valiosos para la sociedad civil.

AddysEl término sostenibilidad se utiliza cada día más por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en América Latina y el Caribe, las cuales se sienten crecientemente desafiadas por los constantes cambios en la arquitectura de financiación que da soporte a la región. Primero, la crisis financiera global que sumergió al mundo hace una década redujo significativamente la cooperación internacional que era la fuente principal de fondos para la mayoría del sector. Luego, las nuevas realidades producto de las economías en desarrollo también han afectado la cantidad y el tipo de fondos accesibles para las OSC. Y no se puede dejar de mencionar la presión en el financiamiento impuesta por el auge del populismo en muchos países. Bajo estas circunstancias, un número creciente de OSC se preguntan si podrán asegurarse un futuro.

 

ESCAZÚ: ‘El trabajo de la sociedad civil hizo una enorme diferencia’

Tras varios años de negociaciones, en marzo de 2018 se aprobó el primer tratado en materia ambiental de América Latina y el Caribe, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. CIVICUS conversa sobre la significación de este acuerdo para la sociedad civil con Aída Gamboa, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Fundada en 2004, DAR es una organización de la sociedad civil que está comprometida en construir y fortalecer la gobernanza ambiental y promover el ejercicio de los derechos humanos en la Cuenca Amazónica. DAR se concentra en temas de política y legislación ambiental, derechos de los pueblos indígenas, cambio climático e inversiones y buena gobernanza en las áreas de infraestructura e industrias extractivas. Participó en el proceso conducente al Acuerdo de Escazú, y actualmente trabaja por su ratificación por parte del Congreso de la República peruano.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú? ¿Cuál es su importancia para los defensores de derechos ambientales y para la sociedad civil en América Latina y el Caribe?

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de derechos humanos en materia ambiental para América Latina y el Caribe. Se aprobó en marzo de 2018 después de una negociación que duró alrededor de seis años. Desarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que busca asegurar el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo de Escazú desarrolla esos tres derechos y apunta a promover una mejor gobernanza de los recursos naturales en la región. Veinticuatro países lo aprobaron su texto final en marzo de 2018, en la localidad costarricense de Escazú, donde se realizó la última de las nueve reuniones del Comité de Negociación.

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El Acuerdo de Escazú incorpora varios elementos innovadores. Primero, tiene una disposición específica sobre los defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental, sin precedentes en la región. Segundo, incorpora un enfoque de derechos para pueblos indígenas y poblaciones en situación de vulnerabilidad, con disposiciones para favorecer el acceso de estos grupos al acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia. Tercero, también integra el espíritu de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre obligaciones específicas para las empresas en cuanto al respeto de los derechos humanos en las actividades que realizan.

Para la sociedad civil que ha estado involucrada en el proceso, es el resultado de un trabajo de muchos años promoviendo el acceso a la información y la transparencia ambiental, en un contexto donde la falta de participación y de información sobre los impactos ambientales de los proyectos extractivos y de infraestructura están en el centro de gran parte de los numerosos conflictos socioambientales de la región. Uno de los grandes focos de estos conflictos se encuentra en la Amazonía, donde las poblaciones afectadas exigen una mayor participación en la toma de decisiones desde la etapa de planificación de cualquier actividad de explotación de los recursos naturales, elemento que el acuerdo contempla. Además, un elemento importante del acuerdo es el uso de traductores a otras lenguas y la garantía de gratuidad para asegurar el acceso a la justicia, lo que será fundamental en estos conflictos.

Como lo han denunciado repetidamente los informes de Amnistía Internacional, CIVICUS, Front Line Defenders y Global Witness, todos los años son asesinados en América Latina decenas e incluso centenares de defensores ambientalistas e indígenas. Según el más reciente informe de Global Witness, en 2017 fueron asesinados 207 defensores en todo el mundo, el 60% de ellos en América Latina. Se trató del año más mortífero para defensores socioambientales latinoamericanos desde que se tiene registro. El Acuerdo de Escazú busca reforzar la vigencia de los derechos que están en el centro de los conflictos, la represión y las amenazas – procedentes tanto de los gobiernos como de las empresas y otros actores externos – que enfrentan los defensores en la región.

En muchos países de la región la legislación, que debería proteger derechos, es en cambio usada para criminalizar a los pueblos y activistas que se movilizan ante la violación de su derecho a ser consultados cuando se implementan proyectos que los afectan. En Perú, por ejemplo, aún hoy continúan abiertos los procesos contra líderes tras el Baguazo, una movilización indígena reprimida con decenas de víctimas fatales en junio de 2009. Otro caso trágico fue el asesinato de Edwin Chota, un líder indígena que durante 10 años había denunciado las amenazas que recibía por enfrentarse a actividades ilegales como la tala ilegal. El Acuerdo de Escazú busca dar una respuesta a este contexto. En ese sentido es revelador el hecho de que en la última jornada de las negociaciones se hiciera un homenaje a Berta Cáceres en el segundo aniversario de su asesinato, así como a todos los defensores y defensoras fallecidos en la defensa de sus derechos al territorio y al medio ambiente.

¿Cómo participó la sociedad civil en el desarrollo del acuerdo?

En noviembre de 2014, los 10 países que en 2012 habían firmado la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 decidieron iniciar la negociación de un acuerdo regional. Para ello se creó un Comité de Negociación, que eventualmente terminó siendo conformado por 24 países signatarios del acuerdo. En 2014, la decisión que estableció el Comité de Negociación indicó que el proceso incluiría la participación del Público. Para hacer posible esa participación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que funcionó como Secretaría Técnica del proceso de negociación, estableció y coordinó el Mecanismo Público Regional, donde más de 2000 personas naturales y jurídicas se registraron para recibir periódicamente información sobre el proceso y participar en las reuniones presenciales y virtuales del Comité de Negociación.

DAR participó a través del Mecanismo Público desde 2015, primero en forma virtual y luego desde 2016 más intensamente, tomando parte también de las reuniones presenciales. En marzo de 2015, todos los que estábamos inscritos votamos en la elección de los representantes para el Mecanismo Público de manera electrónica, dos principales y cuatro suplentes. Fueron electos por un período de dos años, con derecho a participar en las reuniones del Comité de Negociación y de los grupos de trabajo u otros espacios que pudieran establecerse. Esta modalidad de participación ha sido reconocida internacionalmente como un estándar elevado de participación en negociaciones internacionales.

El Mecanismo Público dio a la sociedad civil voz pero no voto: los representantes de sociedad civil podían participar de las reuniones a la par de los delegados de los países, pero no tenían voto en las decisiones. Sin embargo, en la práctica el nivel de incidencia de la sociedad civil fue muy bueno, ya que logró llevar a la mesa las propuestas consensuadas previamente entre un gran número de organizaciones, repartiéndolas a los delegados y exponiéndolas en las reuniones. La sociedad civil pudo influir sobre las posiciones de muchos de los delegados gubernamentales y muchas de sus propuestas, aunque no todas, fueron incorporadas.

Con el apoyo financiero de fundaciones internacionales, se logró institucionalizar una red de más de 30 organizaciones de la sociedad civil (OSC), la red LACP10. En 2016, hubo un primer encuentro en Panamá para aportar estratégicamente al texto inicial del acuerdo propuesto por CEPAL. En ese año se empezó a discutir con más profundidad los artículos sobre acceso a la información, participación y acceso a la justicia, por lo que las discusiones fueron más intensas. Todos los que participábamos en las reuniones presenciales tuvimos derecho a voz en representación del público y a participar de todos los espacios. Esto se logró gracias al estrecho trabajo de articulación entre sociedad civil y representantes electos.

La red de sociedad civil hizo comentarios y observaciones a todos los artículos del texto propuesto por la CEPAL, así como a las versiones subsiguientes. El texto también fue distribuido a todos los contactos y aliados de las organizaciones integrantes de la red, y se recogieron sus aportes. Así, cuando participaban de las reuniones de negociación, los representantes de sociedad civil llevaban comentarios de todas las organizaciones involucradas de la región. También tuvimos una estrategia de comunicación y de alianza con organizaciones internacionales de la sociedad civil para que el acuerdo tuviera mayor difusión y fuera objeto de debate.

El trabajo de la sociedad civil con los gobiernos que participaban del proceso tuvo continuidad y fue más allá de las interacciones con los delegados gubernamentales en el curso de las negociaciones. En cada país, los puntos focales de sociedad civil se reunían periódicamente con funcionarios de sus respectivos gobiernos. En Perú, DAR y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental trabajamos estrechamente con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones Exteriores para llevarles las propuestas de la sociedad civil nacional y regional y lograr que los delegados peruanos las integraran dentro de la propuesta nacional. Con ello se lograron posiciones más consistentes en las reuniones de negociación. En general hubo bastante articulación entre la sociedad civil y los diferentes gobiernos, aunque en algunos países los funcionarios fueron más reticentes a recibir las propuestas de sociedad civil.

¿El trabajo de la sociedad civil hizo una diferencia significativa en el texto final del acuerdo? ¿Qué cosas no hubieran entrado de no ser por la incidencia de la sociedad civil?

El trabajo de la sociedad civil hizo una enorme diferencia. El tema de los defensores fue una propuesta de la sociedad civil que no estaba en la primera versión del acuerdo. Este sin duda ha sido el gran logro y un hito histórico para la democracia ambiental, pues ningún otro tratado internacional cuenta con disposiciones para la protección de los defensores y defensoras. Lo mismo ocurrió con la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad: se trabajó arduamente en una definición y se impulsó su inclusión en los artículos del acuerdo.

También fue la sociedad civil la que impulsó que los parámetros de la información socioambiental que debe difundirse públicamente fuera más amplia. Nosotros luchamos mucho porque había muchos puntos que los Estados no querían incorporar, como el registro de contaminantes o la difusión de información sobre riesgos y evaluación de impactos ambientales, pero que finalmente se incluyeron. También fue la sociedad civil la que impulsó la incorporación de los principios preventivo, precautorio y de no discriminación. Además, se trabajó mucho para que la definición del público fuera lo más amplia posible. Otra apuesta de la sociedad civil fue que el acuerdo no contara con reservas. Si bien no conseguimos todo lo que queríamos, estamos satisfechos con el resultado.

Hay que reconocer, sin embargo, que el proceso de negociación tendió a caracterizarse por la presencia de organizaciones más o menos grandes de cada país, en tanto que la participación de las comunidades y los defensores cuyos derechos se busca resguardar fue muy escasa. Hubiéramos querido que más líderes indígenas tuvieran voz en las negociaciones, pero hubo grandes limitaciones de financiamiento para la participación en el proceso regional, que en parte pudimos suplantar buscando una mayor participación en los procesos nacionales y a través de las redes virtuales.

En la quinta ronda de negociaciones, realizada en Chile en 2016, participó la lideresa indígena peruana, Ruth Buendía, ganadora del Premio Medioambiental Goldman; y en el evento celebratorio del acuerdo, realizado en Nueva York en septiembre de 2018, estuvo presente el líder indígena Lizardo Cauper, presidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Sus participaciones también fueron el resultado de esfuerzos de articulación de la sociedad civil. En el proceso de ratificación queremos avanzar en esa dirección y seguir involucrando no solamente a mayor cantidad de organizaciones y activistas, sino en particular a más organizaciones de base, movimientos sociales locales y dirigentes indígenas.

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¿Qué trabajo está haciendo la sociedad civil para que los estados ratifiquen el acuerdo?

Todas las organizaciones participantes se comprometieron a promover la firma del acuerdo por los gobiernos de sus países y la ratificación por sus legislaturas. En septiembre de 2018, la sociedad civil participó en un evento con CEPAL mara celebrar el acuerdo y marcar el inicio del período de firma. Quince países firmaron el acuerdo en septiembre de 2018 y en noviembre se sumó Bolivia.

Pronto armaremos una estrategia de incidencia para que los países inicien más rápidamente el proceso de firma y ratificación del acuerdo, que estará abierto durante los dos próximos años. Hasta ahora las organizaciones de cada país lo están haciendo internamente según sus posibilidades, en conexión con la estrategia coordinada que ya estamos empezando a preparar en intercambios virtuales. En Perú ya hemos tenido reuniones con funcionarios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, así como con congresistas involucrados en el proceso. Nuestro país firmó el acuerdo en septiembre pasado y esperamos que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República lo examine pronto para que el pleno pueda discutirlo y ratificarlo. Lo mismo está sucediendo en otros países, con campañas comunicacionales para la difusión del acuerdo y acciones de incidencia con los poderes ejecutivo y legislativo. Los avances realizados varían de país en país: en Argentina, por ejemplo, se ha avanzado un poco más y ya hay un proyecto de ley de ratificación; el gobierno de Costa Rica ya indicó públicamente que va a ratificar el acuerdo.

¿Qué más se necesita para garantizar los derechos de los defensores de derechos ambientales?

Este acuerdo va a ayudar a garantizar los derechos de los defensores ambientales y esperamos que en el curso de los próximos dos años por lo menos 11 países lo ratifiquen para que pueda ser implementando integralmente en cada país. No obstante, se necesitará más que un acuerdo internacional para garantizar efectivamente los derechos de los defensores del medio ambiente.

En Perú se aprobó en 2018 un Plan Nacional de Derechos Humanos que se engarza con el Acuerdo de Escazú, ya que dispone varios procedimientos para la protección de defensores, tales como un registro nacional de denuncias y un sistema de alerta temprana; hay también un plan nacional específico sobre empresas y derechos humanos. Muchos de estos puntos están contemplados no solo en el Acuerdo de Escazú sino también en planteamientos que han realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversas instancias de las Naciones Unidas.

Un elemento importante va a ser el trabajo del Poder Judicial en cada país. En Perú, con el apoyo de DAR y otras organizaciones, el Poder Judicial viene realizando diversas iniciativas para fortalecer la justicia ambiental, tales como programas de capacitación en temas ambientales, congresos internacionales en justicia ambiental, la creación de un Observatorio de Justicia Ambiental (sobre delitos ambientales) y el establecimiento de juzgados especializados en materia ambiental. El proceso ha comenzado en las regiones amazónicas, donde hay mayor prevalencia de conflictos ambientales, e integrará elementos de interculturalidad.

En suma, hay muchos mecanismos que los países pueden ir implementando independientemente del Acuerdo de Escazú para identificar quiénes son las personas y pueblos que padecen violaciones de derechos humanos, hacer un seguimiento, tomar medidas preventivas y sancionadoras ante las amenazas que enfrentan, y difundir la perspectiva de derechos humanos en el sector empresarial.

¿Qué apoyo necesitan los defensores de derechos ambientales en América Latina y el Caribe de parte de la comunidad internacional?

En este momento DAR está apoyando el Programa de Defensores y Defensoras Indígenas de la Cuenca Amazónica de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Este programa combina documentación, capacitación de líderes, incidencia en organismos regionales e internacionales de derechos humanos y defensa jurídica de defensores criminalizados.

La comunidad internacional puede apoyar este trabajo desde diversos ángulos: amplificando las denuncias, llevándolas a foros como la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hacer seguimiento de la implementación de las recomendaciones de las instancias internacionales a los Estados. Es importante involucrar a los órganos internacionales de derechos humanos en estos procesos y lograr su presencia en el lugar de los hechos.

Por ejemplo, en marzo de 2017, DAR y otras cinco OSC solicitamos una audiencia sobre transparencia en el sector extractivo en Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. La audiencia documentó las restricciones del acceso a la información en casos específicos de proyectos de inversión, incluyó testimonios de afectados por vulneraciones del acceso a la información, y recalcó que esta restricción a su vez afectó el ejercicio de los derechos a la consulta, la participación, la salud y un medio ambiente sano, entre otros. A raíz de esta audiencia existe ahora un trabajo colaborativo entre la sociedad civil y la CIDH, y esta se ha comprometido a producir un documento con recomendaciones sobre el acceso a la información en contextos extractivos. Alertada por las denuncias efectuadas en la audiencia, cuando visitó Guatemala la CIDH viajó a la zona donde se estaban produciendo las vulneraciones de derechos denunciadas.

La articulación de esfuerzos para lograr mayor impacto es clave. Un buen ejemplo de ello ha sido precisamente el proceso de Escazú, donde el apoyo internacional y la articulación entre lo regional y lo nacional consolidaron el trabajo de la sociedad civil. Asimismo, varios relatores de las Naciones Unidas hicieron un llamado a todos los países de la región para la pronta firma y ratificación del acuerdo, lo cual pudo haber influido sobre varios estados que lo firmaron.

En el marco del proceso de ratificación, será fundamental que la sociedad civil internacional contribuya a diseminar los esfuerzos de la sociedad civil de cada país y a nivel local, en los territorios. En Perú estamos trabajando para que la ciudadanía conozca los contenidos del acuerdo. Creemos en la necesidad de ampliar la participación y estamos haciendo esfuerzos para poder llevar los contenidos y el proceso de ratificación del acuerdo al nivel subnacional.

Contáctese con DAR a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga a @ONGDAR en Twitter.

Fotos
1. Aída Gamboa
2: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
3&4: DAR

 

VENEZUELA: La crisis demanda una respuesta combinada de acción humanitaria y derechos humanos

Beatriz BorgesVenezuela lleva largo tiempo inmersa en una crisis política. En mayo de 2018, mientras cientos de miles de venezolanos abandonaban el país huyendo del hambre y la persecución política, el presidente Nicolás Maduro era relecto en un proceso electoral cuya limpieza fue cuestionada por numerosos actores de la sociedad civil y la comunidad internacional. CIVICUS conversa sobre la situación actual con Beatriz Borges, Directora Ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), una organización de la sociedad civil enfocada en la promoción y la defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz en Venezuela.

 

CHILE: Las protestas revelaron la falta de accountability de la Iglesia Católica

Cristian Leon GonzalezEn 2018 se produjo en Chile una serie de protestas, que luego se extendieron a otros países, en reacción a las revelaciones de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes católicos. CIVICUS conversa sobre la respuesta que ellas suscitaron con Cristián León González, vocero de la Fundación Voces Católicas, una organización de la sociedad civil chilena dedicada a presentar la posición de la Iglesia Católica en la prensa y otros espacios públicos. Si bien no es representación oficial de la Iglesia, Voces Católicas cuenta con el respaldo de sus autoridades, y busca representar los puntos de vista de la institución en toda su amplitud y diversidad. Inspirada en la organización del mismo nombre del Reino Unido, fue establecida en Chile en 2012. 

 

ARGENTINA: ‘El cambio es inevitable, es solo una cuestión de tiempo’

 

Twitter: Edurne Cárdenas

En 2018, tras años de esfuerzos de la sociedad civil, el Congreso argentino por primera vez debatió un proyecto de legalización del aborto. Aunque la prohibición, excepto en algunas circunstancias específicas, sigue en pie, los actores pro-legalización consideran que el debate ha progresado. CIVICUS conversa sobre la campaña con Edurne Cárdenas, abogada del equipo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado, para luego ampliar su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

¿Cuándo comenzó el CELS, una organización clásica de derechos humanos, a trabajar sobre derechos sexuales y reproductivos, y por qué?

El CELS ha tenido una gran capacidad para trabajar en la época que le ha tocado y, en consecuencia, para enriquecer su agenda, siempre actúa en alianza con movimientos sociales y otras organizaciones. En la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos, en 1993, se articuló explícitamente la idea los derechos de las mujeres como derechos humanos. A mediados de los ’90, creo que más precisamente en 1996, el informe anual del CELS incluyó contribuciones de activistas del movimiento de mujeres acerca de los derechos reproductivos. En los años siguientes, muchas veces en alianza con otras organizaciones, el CELS participó en presentaciones ante órganos internacionales de protección: por ejemplo, en 2004 contribuyó a un informe sombra ante el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW). La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se formó en 2005 y el CELS pasó a integrarla en 2012. Poco después de esos primeros artículos en el informe anual, se incorporó de forma paulatina a nuestras preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos el acceso a los abortos no punibles, como los denomina el Código Penal, es decir, abortos que son legales si peligra la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. La temática también se instaló a partir del gran trabajo militante de activistas feministas al interior de la organización.

En suma, si el CELS trabaja sobre este tema es porque entiende que la penalización del aborto impacta de forma negativa en el goce de las mujeres de sus derechos humanos. El aporte central del CELS fue inscribir el debate del aborto dentro del paradigma de los derechos humanos y poner en circulación argumentos de derechos humanos para alimentar el cuerpo argumental de la cuestión. El CELS no se especializa en salud, pero trabaja en alianza con otras que examinan el problema desde ese ángulo. Desde nuestro punto de vista, se trata de un tema en el que está en juego la libertad y la igualdad, cruzado por otras cuestiones que históricamente han sido centrales en nuestro trabajo: la violencia institucional.

 

El debate por la legalización del aborto avanzó más que nunca en Argentina durante 2018, pero no alcanzó para que la ley se aprobara. ¿Qué lecciones extraes de esta experiencia?

En 2018 por primera vez se trató en el Congreso una iniciativa para legalizar el aborto. Fue la séptima vez que se presentó una iniciativa de estas características y se trató de un proyecto promovido y redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 500 organizaciones del movimiento de mujeres, articulada, horizontal y con 13 años en esta lucha. Antes de 2018, los proyectos no habían avanzado ni siquiera en las comisiones que deben dar dictamen para que se trate en el recinto. La Argentina tiene ya una tradición de feminismo muy movilizado y, desde 2015, con mucha presencia en las calles y una demanda clara de aborto legal. Este año empezó con una novedad: en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente de la Nación hizo mención al tema, con lo cual, gracias a la presión de la agenda feminista, habilitó el debate parlamentario. Fue algo absolutamente inédito. Lamentablemente, luego de recibir media sanción en Diputados en junio de 2018, la iniciativa fue rechazada por el Senado en agosto.

El proceso estuvo liderado por el movimiento de mujeres. Todos los otros movimientos y organizaciones nos integramos detrás de ese liderazgo. En Diputados la estrategia fue exitosa porque fue multipartidaria y diversa, la participación de los movimientos fue fuerte y la influencia de la calle se hizo sentir. En el Senado, la cámara más conservadora, hizo falta más trabajo. Allí nos fallaron las alianzas, que no lograron replicar la transversalidad que hubo en Diputados. Una pregunta que quedó planteada, entonces, fue cómo llegar a la cámara más conservadora con un reclamo que necesariamente debe pasar por allí.

Además, lo que la derrota en el Senado dejó en evidencia fue que tenemos que trabajar más para entender y contrarrestar el discurso de posverdad nuestros adversarios. Estamos viendo una avanzada conservadora que pone en riesgo la calidad institucional y, en última instancia, la institucionalidad democrática. Lo que fue interesante es que toda la ciudadanía pudo enterarse y tomar nota de qué piensan y cómo votan sus representantes.

Podría decirse que los resultados de esta batalla han sido agridulces. ¿Cuánto hubo en ellos de derrota y cuánto de victoria, y por qué?

La postal de desilusión del 9 de agosto, cuando el Senado votó en contra, es una imagen muy parcial del proceso. En nuestro balance, la lista de lo que ganamos es mucho más larga que la lista de lo que perdimos. Entre lo perdido está por supuesto esta oportunidad -pero solo esta, la de 2018, porque realmente creo que el cambio es inevitable y es solo una cuestión de tiempo. No sé si el año en 2019, pero en algún momento va a ocurrir. Y lo que sí creo que tiene que pasar en 2019 es que, tratándose de un año electoral, todos los temas que se pusieron sobre la mesa durante este proceso deben ser parte de la agenda de la campaña presidencial.

Lo que ganamos, sin duda, fue masividad y presencia en el espacio público –tanto en la calle como en la opinión. Este año se discutió sobre el aborto como nunca antes, se quebraron silencios y tabúes. Pero el proceso tuvo un subproducto negativo: al poner en la agenda un tema divisivo, al volverse la movilización tan masiva y adquirir tal centralidad en la escena política, generó una fuerte reacción de los sectores más conservadores. Estos sectores se organizaron y también ganaron una visibilidad que antes no tenían.

Con la emergencia de estos actores, el debate por el derecho al aborto puso en discusión algunas cosas que creíamos que eran consensos básicos intocables. Pero algunos sectores comenzaron a decir en voz alta cosas que hace pocos años no estaban bien vistas. Así, por ejemplo, la campaña “Con mis hijos no te metas”, contra la ley de educación sexual integral, puso en cuestión el rol del Estado en la educación.

¿Qué rol desempeñó el CELS en la campaña por la legalización del aborto?

El liderazgo indiscutido en todo el proceso fue del movimiento de mujeres, y específicamente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El CELS es parte de la Campaña, pero junto a otras organizaciones de derechos humanos hicimos específicamente un aporte importante de organización, articulación y argumentación.

Por su trayectoria, el CELS es una organización con mucha legitimidad. Que el CELS hable de aborto puede marcar la diferencia a la hora de llegar a audiencias más amplias. Ya desde 2014, cuando pareció que el proyecto de legalización podía tratarse en comisión, el CELS comenzó a elaborar insumos para el debate legislativo, con una revisión de la jurisprudencia y los estándares vigentes y, en suma, la justificación de por qué el debate sobre el aborto tenía que darse en clave de derechos humanos.

Al mismo tiempo, el CELS ha participado en distintas causas judiciales en calidad de amigo del tribunal. Aunque consideramos que el objetivo último, y el único compatible con el reconocimiento de la autonomía de las mujeres como sujetos plenos de derecho, es la legalización del aborto, hemos considerado necesario entretanto asegurar que puedan realizarse los abortos que ya son legales, según las causales para abortos no punibles. En 2012, en su fallo en el caso F.A.L., la Corte Suprema clarificó sin lugar a dudas las causas permitidas para acceder a un aborto de forma legal y las obligaciones del Estado en consecuencia. Este hecho reflejó el gran trabajo realizado por los movimientos de mujeres y de derechos humanos en las calles, en los hospitales, en la academia, en los tribunales. Pero el acceso es muy desigual, y aún en provincias “de avanzada” sigue habiendo barreras para el acceso a abortos legales. En gran medida eso refleja la limitación estructural del sistema de causales, que fracasa porque depende de que alguien certifique esas causales. Además de que el sistema de causales descarta de entre las posibles causales a la más importante: la voluntad de la persona embarazada. Esto es lo que puso en primer plano el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados.

Durante el debate de 2018, el CELS hizo varias presentaciones en las audiencias públicas en ambas cámaras del Congreso, en apoyo del proyecto. El director ejecutivo y yo expusimos en Diputados – significativamente, tanto en la apertura como en el cierre del debate – y nuestro director de litigio expuso en el Senado. Editamos al momento del comienzo del debate una publicación que suscribió gran parte del arco del movimiento de mujeres, feminista y organizaciones con argumentos, legislación y jurisprudencia, para acercar información clara a los y las representantes de ambas cámaras.

También estuvimos presentes en las calles, no solamente en las vigilias durante las sesiones de votación, sino también en la organización, dando apoyo y coordinando con el movimiento de mujeres, las otras organizaciones de la Campaña por el Aborto Legal, las estudiantes secundarias, profesionales de la salud y otros actores movilizados. Esta articulación y la presencia sostenida del movimiento en las calles fueron lo que marcó la diferencia durante 2018. Finalmente, nos manifestamos enérgicamente por la libertad de expresión y el derecho de manifestación, ya que a lo largo de este proceso se produjeron diversos actos de violencia contra activistas por la legalización por parte de grupos movilizados en contra.

 

Has mencionado varias veces la oposición de los grupos anti-derechos ¿Crees que estos grupos están en ascenso? De ser así, ¿qué debería hacer la sociedad civil progresista para proteger los derechos ganados y seguir avanzando?

Los grupos anti-derechos efectivamente han crecido y se organizan bajo un paraguas en común contra lo que llaman “ideología de género”. Este debate fue para ellos una oportunidad para organizarse como nunca antes. Ahora son más: antes eran solamente grupos vinculados con la Iglesia católica, y ahora hay también numerosos grupos de iglesias evangélicas, bien organizados y bien financiados, así como otros grupos no necesariamente religiosos. Su presencia nos demanda atención porque sus objetivos van contra los derechos de buena parte de la población, ya que buscan limitar el acceso a derechos de la infancia, de mujeres, lesbianas, gays, travestis, personas trans. Están aterrizando en toda América Latina y su presencia nos plantea interrogantes sobre sus alianzas y fines. ¿Cómo y cuándo llegaron a la Argentina? ¿Cuáles son sus demandas, hasta dónde están dispuestos a llegar? Hemos visto que detrás del “no al aborto” traen una agenda más amplia, relacionada con el rechazo de lo que llaman “ideología de género”, de la educación sexual en las escuelas, hasta de las vacunas, y quién sabe de qué más.

El movimiento progresista necesita pensar una estrategia para enfrentarlos. La fortaleza del movimiento de derechos humanos es el uso de la creatividad y de la estrategia de la razón. En cambio, lo que hacen los movimientos anti-derechos es copiar en espejo las estrategias del movimiento de derechos humanos. Ahora bien, aunque corremos con la ventaja de la creatividad y la innovación, el movimiento anti-derechos nos está haciendo perder el tiempo discutiendo cosas que creíamos que estaban saldadas. Para colmo no es ni siquiera una discusión honesta, ya que las afirmaciones que hacen e incluso los datos que utilizan no resisten el menor chequeo. Lo que resulta de esto no es un debate, es decir, un auténtico intercambio de argumentos y razones. Pero así y todo no tenemos otra alternativa que responder. De modo que cuando “debatimos”, en realidad no debatimos con ellos ni para tratar de convencerlos a ellos, sino que lo hacemos ante una audiencia, para convencer a esa audiencia. Usamos ese simulacro de debate para levantar nuestros principios ante la opinión pública. En esto, las redes sociales han sido clave, aunque también han sido un arma de doble filo. De hecho, fue en este debate donde pudimos ver de primera mano el funcionamiento de las “fake news” (noticias falsas), sobre todo cuando las recogen actores de peso fuera de las redes y las llevan a otros terrenos. Pasó, por ejemplo, que datos totalmente falsos tomados de las redes fueron citados por legisladores en el debate parlamentario. En ese terreno tenemos mucho por hacer.

Un desafío para nuestros movimientos es liderar la agenda de los debates. Esto nos plantea la necesidad de estar un paso adelante en la discusión. Nosotros no debemos “debatir” con los grupos anti-derechos, sino hablar para las grandes audiencias y debatir con los representantes elegidos por el pueblo, que son quienes tienen la obligación de sancionar leyes en nuestro beneficio y de cumplir con la obligación del Estado de garantizar al goce de los derechos humanos. El debate por la legalización del aborto fue una punta de lanza para pensar otras cuestiones. El sistema de causales para el aborto legal, similar al que se acaba de aprobar en Chile, existe en Argentina desde 1921. El paso de un sistema de causales a un sistema de plazos requiere de una simple decisión legislativa de modificación del Código Penal. ¿Por qué tanto revuelo entonces? Porque este debate pone en primer plano otras discusiones: cuál creemos que deba ser el rol de las mujeres y las personas gestantes, cuál debe ser el rol del Estado, hasta dónde y en qué cosas se mete… y ahí es donde saltan las contradicciones de los sectores conservadores, que quieren que el Estado se meta hasta en tu cama para penalizar, pero que a la hora de educar o de vacunar mejor no se meta.

No podemos quedarnos a la defensiva, tenemos que ir a la ofensiva e instalar la cuestión de la laicidad y plantear el rol del Estado. Y debemos hacerlo en un contexto subregional regresivo. Brasil, nuestro gran vecino y principal socio, acaba de elegir un presidente que está alineado con la agenda de su poderosa bancada evangélica y que acaba de designar como Ministra de Derechos Humanos a una pastora evangélica que dice que la mujer nace para ser madre.

El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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BOLIVIA: Limitación de los espacios a salvo de la cooptación o la represión estatal

CEDLA: Javier Gómez

Bolivia fue testigo de varias protestas en 2018. CIVICUS conversa sobre ellas con Javier Gómez Aguilar, Director Ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Fundado en 1985, el CEDLA es un centro de investigaciones sin fines de lucro dedicado a producir y difundir conocimiento crítico sobre la problemática laboral, a incidir en el debate público y a trabajar directamente con los y las trabajadores/as y sus organizaciones; así como con instituciones de desarrollo, contrapartes financieras y otras organizaciones sociales y redes regionales e internacionales.

¿Cómo describiría el ambiente para la sociedad civil en Bolivia durante el último año?

Nuestro marco normativo es el de una democracia liberal multipartidista con elecciones periódicas y división de poderes; sin embargo, se observa la tendencia, y no solo en Bolivia, hacia un régimen de partido dominante y concentración personalista del poder. El Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por Evo Morales es un partido fuertemente arraigado en los sectores populares, que a lo largo de 12 años en el poder ha ido copando el espacio de la sociedad civil. Lo ha hecho a través de mecanismos muy diversos: criminalización de la protesta, persecución de opositores, división de organizaciones sociales, presión sobre organizaciones de la sociedad civil (OSC), acoso impositivo o relativo al cumplimiento de normas laborales, compra de medios de comunicación, retaceo de publicidad oficial a medios independientes, e incluso vigilancia en las redes sociales.

El uso de estos mecanismos se ha acentuado a medida que el partido de gobierno, pese a continuar siendo el más importante, ha perdido apoyo. Como el gobierno controla los cuatro poderes del Estado, contrarresta con estos mecanismos su progresiva pérdida de legitimidad. El descontento ha aumentado y también lo han hecho las protestas, pero no en igual proporción. El gobierno sigue controlando la calle y conserva la capacidad de movilizar a sus partidarios, y en particular a funcionarios públicos y poblaciones que reciben transferencias o subsidios del Estado.

Si alguna OSC denuncia violaciones de derechos o de normas ambientales, el gobierno responde muy agresivamente y denuncia al vocero, acusándolo de estar vinculado a intereses políticos inconfesables, sobre todo del imperialismo estadounidense. El CEDLA recientemente publicó un informe sobre la situación de las empresas públicas, y el gobierno nos descalificó agresivamente. Ellos no discuten el contenido – nosotros usamos información que es pública, y lo único que hacemos es analizarla - y en cambio buscan desprestigiar a la fuente. Pueden vincularnos tanto con la izquierda radicalizada, como – si recibimos financiamiento europeo – decir que representamos a la derecha que ha ido llegando al poder en Europa. Lo que sea para construir una narrativa en la cual nosotros aparezcamos como conspirando activamente contra un gobierno progresista.

Además, en noviembre de 2018 se filtró un audio en el que el comandante de policía informaba a las autoridades del gobierno sobre acciones de “monitoreo” a periodistas y opositores en las redes sociales, y decía algo muy revelador: que se estaban realizando acciones para “informar y desinformar”.

En consecuencia, muchos se autocensuran o se autolimitan, y la agenda pública se debilita. Ante el activismo que persiste, el gobierno apela a la estigmatización y lo trata de mentiroso, a la persecución fiscal y a la criminalización, llegando incluso a la persecución judicial. Esto ha pasado con todos los movimientos sociales que se han movilizado en los últimos años. El caso más extremo, a lo largo de todo 2018, ha sido el de los productores de coca de Yungas, que desde hace tiempo reclaman ampliar la producción ante la negativa del gobierno, que en cambio lo permitió  a los productores del Chapare, la otra región cocalera de donde proviene Evo Morales. Este sector de cocaleros se moviliza desde hace años, pero a mediados de 2018 el gobierno comenzó a denunciar que estaban vinculados a sectores armados, y en agosto una movilización terminó con un hecho muy extraño que resultó en la muerte de un policía, y el principal dirigente del movimiento quedó detenido.

Esta situación se repite invariablemente con cada sector que se moviliza y que de algún modo representa una amenaza para el gobierno: las protestas terminan con dirigentes denunciados por violencia, procesados sin garantías del debido proceso, y detenidos preventivamente por períodos prolongados. Es bastante común que, cuando logran salir con medidas sustitutivas, opten por irse del país. El resultado es la desmovilización.

¿Cuáles fueron las causas de las protestas estudiantiles que tuvieron lugar en 2018? ¿Cómo reaccionó el gobierno ante ellas?

Las movilizaciones estudiantiles se iniciaron por un reclamo presupuestario en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), una universidad nueva, nacida de la efervescencia popular del 2000, pobre y con mucha matrícula. La UPEA estuvo movilizada desde principios de 2018, y en marzo en una protesta murió un estudiante, Jonathan Quispe Vila. El gobierno enseguida afirmó que el muchacho había muerto por el impacto de una canica que los mismos estudiantes estaban utilizando, aunque los videos caseros disponibles parecen mostrar que recibió el impacto de un proyectil usado por la policía. En todo caso, no hubo una clara investigación de lo ocurrido, y si bien inicialmente hubo nuevas movilizaciones en protesta por esta muerte, el efecto último fue de desmovilización, en este caso por efecto del temor al enfrentamiento con la policía.

Otra movilización relevante de 2018, en rigor iniciada a fines de 2017, fue la de los médicos. Los médicos hicieron una larga huelga y numerosas protestas contra un nuevo artículo del Código Penal que, mediante procesos casi administrativos, imponía penas de entre 5 y 9 años de cárcel por negligencia y mala praxis. Los trabajadores de la salud estuvieron movilizados durante todas las fiestas de fin de año de 2017 y hasta el 21 de febrero de 2018, fecha en que la ciudadanía se moviliza para mantener en la agenda el hecho de que en 2016 el presidente Evo Morales perdió el referéndum con el cual pretendía obtener la prerrogativa de postularse a una nueva reelección. En el curso de las protestas de los médicos hubo episodios de enfrentamiento, violencia y persecución. En enero de 2018 la policía irrumpió violentamente en el Convento de San Francisco de La Paz, para arrestar a médicos y estudiantes de Medicina que se habían refugiado allí ante la represión que enfrentaron cuando intentaron bloquear el paso del Rally Dakar, que atraviesa Bolivia. Esto fue extraordinario: históricamente, la iglesia en Bolivia cobijó diversas protestas, incluso huelgas de hambre contra la dictadura, y hasta ahora nunca había habido ninguna intervención semejante. Actualmente ya casi no quedan espacios a salvo de la represión estatal. En el caso de los médicos, la movilización cedió cuando el Código Penal fue abrogado.

Ante todas las movilizaciones se observa el mismo comportamiento del aparato estatal, que incluso ante demandas sectoriales que de por sí no necesariamente cuestionan al gobierno, deja crecer conflicto, alimenta la polarización, espera a que inevitablemente se produzcan desórdenes y enfrentamientos con la policía, y después acusa de la violencia, detiene y procesa a los dirigentes de los sectores movilizados. Actores de la oposición se colocan del lado de estos movimientos con el argumento de que el gobierno no los está escuchando, y entonces conflictos que son inicialmente sectoriales o territoriales terminan siendo tratados como intentos de desestabilización orquestados por la oposición.

¿Cuándo y por qué se reavivaron las protestas contra la reelección presidencial? ¿Por qué este problema no se cerró de una vez con el referéndum de 2016?

El referéndum de febrero de 2016 fue convocado por el propio presidente con la intención de conseguir luz verde para reformar la Constitución – una Constitución que había sido aprobada bajo su gestión - de modo de habilitar una nueva reelección. El mecanismo del referéndum entrega a la ciudadanía la última palabra, de modo que el tema de la reelección debería haber quedado cerrado con triunfo del NO y el presidente no debería poder repostularse.

La Constitución actual permite una sola reelección, pero el presidente va ya por su tercera gestión de gobierno, ya que la primera no fue tomada en cuenta porque tuvo lugar bajo la Constitución anterior. Tras 12 años en el poder, la disputa por la reelección refleja una gran fragilidad institucional del partido gobernante. La prohibición de la reelección no equivale a una proscripción del partido: el MAS podría presentar a otro candidato. Pero Evo Morales hoy no tiene reemplazo porque, en vez de asumir tempranamente que no habría reelección y producir liderazgos alternativos, el gobierno se dedicó a buscar vías alternativas para superar la prohibición.

Como el NO ganó por muy escaso margen, se ha llegado a afirmar que “casi” fue un empate, y que por lo tanto el resultado no fue concluyente. En el terreno judicial, dos diputados oficialistas presentaron un reclamo de inconstitucionalidad invocando el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene un estatus superior a la Constitución Nacional. Afirman que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el pleno derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, la prohibición de la reelección estaría violando los derechos políticos del presidente.

Apenas días antes de terminar su mandato, en diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional hizo lugar a la demanda de los diputados, autorizando a Evo Morales a buscar la reelección. Hay que recalcar que los jueces del Tribunal Constitucional son electos y cumplen mandatos de cinco años, y todos ellos son hoy funcionarios públicos, o sea que no se trata de un poder independiente. En estos días estamos esperando que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre el tema.

El gobierno conserva cerca de 30% de apoyo electoral y moviliza mucha fuerza en las calles. De modo que mientras peleaba esa batalla judicial ha intentado otro camino, mediante la aprobación de una nueva ley de partidos políticos que establece la celebración de elecciones primarias para enero de 2019. Acto seguido, el Tribunal Electoral habilitó al presidente y al vice a participar en las elecciones primarias. La participación en estas elecciones es obligatoria para los partidos que quieran presentar candidatos a las elecciones generales, pero es voluntaria para los votantes, y está restringida a los afiliados a los partidos. Y los registros son un desastre: cuando se publicaron los listados de electores habilitados, muchos descubrimos que éramos miembros de partidos a los que nunca nos habíamos afiliado. La oposición ha insistido en que es una elección innecesaria, ya que todos los partidos – incluido el gobernante – han inscripto candidaturas únicas; sin embargo, el Tribunal Electoral la ratificó para el 27 de enero. Ahora que Evo Morales es precandidato, cada vez es más difícil la vuelta atrás, porque esta jugada cambió el eje de la discusión: de discutir sobre los derechos políticos de Evo Morales y sobre si estos serían o no violados si se prohíbe la reelección, pasamos a discutir el derecho de los militantes del MAS a votar por su candidato.

 ¿Está dividida la sociedad civil ante el tema de la reelección? ¿Diría que la ciudadanía boliviana está polarizada en torno del tema?

Hay manifestaciones y contramanifestaciones, expresiones a favor y en contra. Evo Morales conserva un piso electoral muy importante, en particular en la capa de funcionarios públicos. Hay sectores organizados, con muchos recursos estatales, que se movilizan sistemáticamente contra toda movilización en contra de la reelección. Por su parte, las llamadas plataformas ciudadanas – grupos de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, sectores de clase media – se han movilizado con el slogan “Bolivia dijo no”, en defensa del resultado del referéndum. Recientemente una de las marchas de universitarios terminó con el incendio del frontis del Tribunal Electoral en Santa Cruz, que según los estudiantes fue provocado por infiltrados que también provocaron otros destrozos. El gobierno enseguida detuvo a los dirigentes y uno de ellos fue procesado en un solo día: le dieron proceso abreviado, se declaró culpable y lo sentenciaron a tres años de prisión en suspenso – algo extraordinario en un sistema judicial muy lento, que tiene un 80% de presos sin sentencia. El muchacho quedó libre, con medidas sustitutivas, pero el objetivo de generar temor en los sectores movilizados se ha cumplido. La idea es mostrar que, si te movilizas, puedes terminar en la cárcel.

¿Qué cambios de largo plazo se han producido en Bolivia?

Gane quien gane las elecciones de octubre de 2019, el próximo será un gobierno de transición. Las transformaciones sociales de los últimos 12 años han sido profundas y pienso que serán irreversibles. Puede que la inclusión se haya dado por la vía del mercado, pero el cambio en las políticas ha sido enorme, y se ha producido sin enfrentamientos sociales dramáticos. Podríamos haber tenido una revolución sangrienta, y tuvimos en cambio un proceso muy institucional de cambio social. El que haya diputados, senadores, alcaldes y gobernadores de origen indígena es hoy algo natural. De los ocho candidatos a presidente en estas primarias, cuatro son de origen indígena aymara o quechua, y expresan corrientes políticas e ideológicas muy diferentes – incluso uno de extrema derecha. La inclusión y la reivindicación de los derechos de la población indígena fue una causa de izquierda y se concretó desde la izquierda, pero hoy el ser indígena ya no representa lo alternativo ni lo renovador. Ser indígena es compatible con una diversidad de opciones ideológicas y ya no representa nada parecido a una posición de superioridad moral: se ha vuelto parte del mainstream, abarca todas las complejidades y contradicciones de la sociedad, y eso en sí mismo revela lo mucho que ha cambiado este país.

 El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por el CIVICUS Monitor.

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VENEZUELA: ‘El venezolano no emigra en busca de mejores oportunidades, sino para salvar su vida’

Venezuela 3CIVICUS conversa con Alicia Pantoja, cofundadora de Manos Veneguayas. Basada en Montevideo, Uruguay, Manos Veneguayas es una organización de la sociedad civil (OSC) liderada por venezolanos para dar contención a sus compatriotas que llegan a Uruguay. Trabaja en alianza con otras organizaciones y con los aportes de ciudadanos uruguayos y venezolanos residentes en Uruguay. Desde 2014, 2,3 millones de venezolanos han abandonado su país escapando de la represión política, la escasez de alimentos y medicamentos, la violencia en las calles y la falta de oportunidades. Mientras que algunos gobiernos latinoamericanos los han rechazado en las fronteras, otros - como el de Uruguay, y otros países miembros del Mercosur - han apostado a una política de brazos abiertos. En Uruguay son actualmente más de 8000 los venezolanos que han tramitado la residencia legal.

¿Cómo ves la situación de Venezuela, y cómo piensas que está alimentando la emigración?

Pienso que la situación en mi país es crítica: literalmente, la gente se está muriendo de hambre. Ha aumentado la desnutrición; se ven cada vez más casos de niños que no son más que piel y huesos. Mueren adultos mayores; mueren niños en los hospitales, por simples infecciones completamente evitables, porque están contaminados. Veo un futuro muy duro, ya que es difícil que esa generación que se está criando ahora en Venezuela tenga fuerzas para sacar el país adelante.

No es un secreto para nadie que el venezolano no está emigrando en busca de mejores oportunidades; está emigrando para salvar su vida. Desde 2014 para acá, la calidad de vida en Venezuela ha desmejorado hasta niveles inimaginables. Para quienes tenemos a nuestra familia allá, esto es muy duro. Cuando estás en la noche en tu casa y suena el teléfono se te para el corazón. Siempre temes recibir una llamada en la que te digan que fulano se murió o que a fulano lo mataron.

Más que lograr que otros países se abran para que siga llegando una migración venezolana masiva, habría que hacer algo para cambiar la situación que hace que semejante cantidad de gente abandone Venezuela. Pero entretanto, desde Manos Veneguayas buscamos ayudar a los venezolanos que llegan a Uruguay.

¿Qué hace tu organización para ayudar?

Manos Veneguayas funciona como organización de apoyo para los migrantes venezolanos en Uruguay desde noviembre de 2016. Somos un equipo de nueve fundadores y unos 40 voluntarios. Tenemos autonomía en nuestras decisiones, pero contamos con el apoyo de otras organizaciones. El Instituto de Estudios Cívicos (IEC) e Idas y Vueltas, dos OSC constituidas desde hace mucho tiempo, son algo así como nuestros padrinos. El IEC nos presta la sede y nos apoya en cada evento. Con Idas y Vueltas hemos aprendido a trabajar en conjunto. Ellos siguen trabajando en la contención de los migrantes en general y nosotros nos volcamos específicamente hacia los venezolanos. Claro que si bien somos una organización de venezolanos y para venezolanos, atendemos a todos los migrantes que llegan a nuestra puerta pidiendo una mano; no le negamos ayuda a nadie.

Inicialmente nuestra idea era dar contención emocional: estaba llegando gente que no sabía cosas tales como que este país es frío en invierno y caluroso en verano, no tenía idea de lo que es vivir en un país de cuatro estaciones. Los recién llegados no sabían siquiera cómo vestirse para las bajas temperaturas o cómo protegerse del sol, y muchas veces tampoco tenían las vestimentas adecuadas. Muchos llegaban sin nada, así que hemos hecho colectas, por ejemplo de ropa de abrigo.

Entonces, la idea inicial era acompañar a los recién llegados en la adaptación al país, para que sintieran que no estaban solos en el proceso migratorio. Como la principal urgencia para los que llegan es conseguir un empleo, primero creamos un banco de trabajo, Clasificados Veneguayos.

Al principio nos desgastábamos las pestañas cazando ofertas en internet, pero tuvimos la enorme suerte de que en una de nuestras primeras jornadas un diario nos hizo una tremenda entrevista que tuvo mucha difusión, e hizo que Manos Veneguayas quedase en el radar de muchos empresarios. Desde entonces las ofertas comenzaron a llegarnos directamente, y tenemos una base de centenares de currículums que facilitamos a posibles empleadores. Y si bien mucha gente solicita empleadas de servicio doméstico, nosotros tratamos de que las personas se inserten dentro de sus profesiones. Aunque lo más importante es que al menos uno de los integrantes de la familia tenga ingresos. Todos los trabajos dignifican. Nosotros damos charlas para que los recién llegados conozcan sus derechos respecto a la salud y el trabajo, y los ayudamos a preparar un currículum o una entrevista de trabajo. Los apoyamos para que puedan obtener su documentación.

Hemos hecho una especie de censo, básicamente a través de Facebook, para relevar las necesidades de los venezolanos que están llegando a Uruguay. Para los que están llegando ahora, a la búsqueda de trabajo se suma el problema de la vivienda. La desesperación en aumento está haciendo que migren grupos familiares completos, lo que vuelve más difícil el proceso. Antes venía primero el jefe de familia, generalmente un hombre solo que llegaba a una residencia, trabajaba y al cabo de tres o cuatro meses podía conseguir una garantía para alquilar un monoambiente, traer a la esposa y después trabajar los dos y conseguir algo más grande. Pero ahora están llegando familias de cuatro o cinco personas, y lo que les cobran las residencias y pensiones las dejan fuera de su alcance. Legalmente, la garantía para alquilar solo se consigue luego de estar empleado un mínimo de tres meses. Caso contrario, se necesita traer mucho dinero, y en el caso de los venezolanos que están emigrando, si digo que el 1% trae algún respaldo económico, ya estoy exagerando. Los refugios están a reventar porque además, no solo están llegando venezolanos, sino también dominicanos y cubanos.

El éxodo venezolano ha suscitado algunos casos de discriminación y xenofobia en la región. ¿Han experimentado esto en Uruguay?

Un sociólogo con quien hablaba recientemente me comentó sobre algunos casos. Pero pienso que son casos puntuales. En los cuatro años que tengo viviendo en el Uruguay yo personalmente no he visto ningún tipo de discriminación ni por el color de la piel ni por la nacionalidad.

Por supuesto que hay gente que piensa que el venezolano le viene a quitar oportunidades al uruguayo. Y obviamente no es cierto: simplemente hay un abanico de ofertas y hay quien encaja y quien no. Si bien hay muchos profesionales venezolanos trabajando como conductores de Uber, meseros, vendedores y cadetes, también hay profesionales empleados dentro de su área: enfermeros, fisioterapeutas, ingenieros, incluso algunos arquitectos que han podido revalidar sus títulos. De hecho, la migración de profesionales venezolanos ha sido muy importante para Uruguay, ya que el país está accediendo a un personal muy bien preparado en cuya formación no ha tenido que invertir nada.

Sabemos que con los inmigrantes es común que la reputación de todos quede en entredicho por las acciones de unos pocos. Cuando un venezolano mete la pata, luego resulta que todos los venezolanos son incumplidos o no tienen palabra. Así que para ayudar a la gente a ubicarse en un empleo somos muy cuidadosos. Cuando llegan y nos dicen ‘estoy desesperado, quiero trabajar en lo que sea’, les pedimos que piensen cuál es su límite, porque se necesita un compromiso, no pueden estar en un empleo dos semanas y luego irse. Lo mismo ocurre con los tiempos: en Venezuela si te quedas parado te pasan por encima, pero aquí todo sucede más lentamente, y el venezolano no está acostumbrado a eso. Nuestra tarea es calmar a esa juventud que llega con ansias de comerse el mundo porque en Venezuela estaban comiendo aire. Hay que calmarlos y enseñarles que este país es maravilloso y nos está abriendo sus puertas, pero que tenemos que ir a su ritmo.

¿Cuál es la perspectiva para los venezolanos que emigran: hacer su vida afuera o retornar a Venezuela?

Esa es una de las cosas que siempre hablamos acá. Hay algunos que consideran que su vida ahora está aquí y han venido para quedarse, pero un alto porcentaje tiene la visión de que está aquí para aprender porque el plan es volver para reconstruir nuestro país. Yo misma tengo ganas de volver, y creo que la mayoría de la gente piensa que esto es algo temporario, que nuestro país va a salir adelante y nos va a necesitar. Entretanto, lo mejor que podemos hacer es tratar de dejar una honda huella en este país que nos está recibiendo para que el día mañana puedan decir que Venezuela hizo su aporte.

El espacio cívico en Venezuela es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.

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NICARAGUA: ‘Las protestas expresaron un reclamo articulado de democracia genuina, basada en el respeto de la voluntad popular’

En el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Amaru Ruiz sobre las recientes protestas en Nicaragua, que fueron duramente reprimidas y arrojaron un saldo de centenares de muertos. Amaru Ruiz es presidente de la Fundación del Río, una organización ambientalista que trabaja por la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible en el sureste de Nicaragua, y Coordinador de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), una coalición de sociedad civil que tiene por misión el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la promoción de un desarrollo local inclusivo y equitativo, la incidencia en políticas públicas, la gestión del conocimiento y la promoción de una ciudadanía activa. Ambas organizaciones integran la Articulación de Movimientos Sociales y de Sociedad Civil que acompaña la lucha por la justicia, la libertad y la democracia en Nicaragua.

 

RENDICIÓN DE CUENTAS: ‘Con el espacio cívico bajo ataque, construir confianza en la sociedad civil es más urgente que nunca’

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Analia Bettoni

En el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Analía Bettoni, coordinadora de proyectos del Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), una organización de la sociedad civil uruguaya que desde 1986 se ha dedicado a generar y diseminar conocimientos y gestionar redes para fortalecer la participación ciudadana y la incidencia y el impacto de la sociedad civil en Uruguay y en América Latina.

Cuando se habla de rendición de cuentas se suele pensar de inmediato en los gobiernos. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas de la sociedad civil?

La rendición de cuentas de la sociedad civil es hoy en día tanto una necesidad como un deber. Las razones de ello son varias. La sociedad civil ha crecido, ha ganado visibilidad, tiene un papel más destacado que nunca en el desarrollo a nivel local, nacional e internacional, y por ende tiene una mayor responsabilidad de dar cuenta de lo que hace y de cómo lo hace. Así como las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son con frecuencia puestas como ejemplos por sus acciones, también se las examina, se las observa y se las cuestiona. Al igual que en otros ámbitos del quehacer humano, se han identificado algunos casos de corrupción, mal uso de fondos o malas prácticas en algunas OSC. Se trata de un fenómeno acotado, pero que si no es tratado adecuadamente puede acabar poniendo en tela de juicio la legitimidad de todo el sector, y ya no solamente de las organizaciones cuestionadas. En ese sentido la transparencia y la rendición de cuentas son un factor de legitimidad y por consiguiente un elemento necesario para la sostenibilidad de las OSC individuales y de todo el sector. Pero son también un deber ético, en tanto que las organizaciones utilizan recursos que son en última instancia públicos, en el sentido de que provienen del público, ya sea que les sean entregados por el Estado, agencias de cooperación internacional, empresas o donantes individuales.

A diferencia de lo que pasa con los gobiernos democráticos, la legitimidad de la sociedad civil no resulta de ninguna elección. En cambio, la legitimidad debe producirse y reproducirse todos los días a través del trabajo que la sociedad civil hace en defensa de los derechos, en la protección del medio ambiente, en el fortalecimiento de la democracia, en la atención a los sectores más vulnerables.

La sociedad civil trabaja sin descanso para ejercer presión política y social en nombre de las comunidades marginalizadas, denunciar la corrupción a nivel de los gobiernos o las prácticas empresariales que perjudican a los seres humanos y el medio ambiente, y protestar en defensa de los derechos de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, entre muchas otras acciones. Además, ha tenido que ocuparse de defender su propio espacio de acción, que es también el que dichos sectores excluidos necesitan para organizarse y movilizarse por sus derechos. El espacio cívico está siendo objeto de crecientes restricciones en todo el mundo, como lo muestra el CIVICUS Monitor, según el cual apenas un 4% de la población mundial vive en países con espacio cívico abierto, es decir donde las personas pueden ejercer su derecho a protesta, expresión y asociación sin temor o restricciones arbitrarias.

En ese sentido, una lectura rápida de las noticias en América Latina pone en evidencia fenómenos difundidos y preocupantes, entre los que se destacan la criminalización y los asesinatos de defensores de derechos humanos, el uso excesivo de la fuerza para la represión de la protesta, y la censura, amenazas y ataques contra periodistas. La sociedad civil está en la primera línea de la lucha contra estas amenazas.

Así y todo, por las razones que mencioné, ya no alcanza con invocar el trabajo por causas nobles para obtener legitimidad: es preciso demostrar proactivamente de dónde salen los recursos con los cuales se hace ese trabajo, cómo se los utiliza, qué actividades se realizan y qué impactos tienen.

¿De qué y a quién tienen que rendir cuentas las organizaciones de la sociedad civil?

¿De qué rendir cuentas? Básicamente de todo lo que hacen: sus objetivos, su gobernanza, sus recursos, sus proyectos, sus resultados. Una buena rendición de cuentas exige que cada organización tenga identificados a sus interesados directos, sus necesidades y expectativas. Estos interesados directos pueden ser externos a la organización, como lo son los donantes, los gobiernos, los destinatarios o beneficiarios de sus acciones, y el público en general, o internos a la organización, tales como los miembros, asociados o voluntarios.

No hay un modelo de rendición de cuentas que sirva por igual para todas las organizaciones: varían las misiones y las estrategias de las organizaciones, y con ellas los tipos de audiencias a las cuales rendir cuentas. Una organización que se dedica a la provisión de servicios sociales puede tener que demostrar la calidad de sus servicios y su desempeño frente a los donantes, los organismos estatales encargados de regular dichos servicios y las personas que reciben esos servicios. Una organización que hace incidencia en política pública, por su parte, puede necesitar construir su legitimidad tanto con las comunidades o grupos cuyas aspiraciones, intereses o derechos representa como entre los actores sobre los cuales busca ejercer influencia, tales como la clase política, los gobernantes o la opinión pública.

Pero una de las cuestiones centrales a resaltar es que la rendición de cuentas no puede limitarse a poner información a disposición de esos públicos. En rigor, eso es la transparencia activa. La rendición de cuentas es más que eso: requiere la generación de canales o mecanismos para que los interlocutores directos puedan interrogar, cuestionar, exigir y dar retroalimentación, y a través de los cuales pueda brindárseles una respuesta.

La experiencia muestra que las OSC suelen estar mucho más atentas a las exigencias de sus donantes que a las opiniones de las personas o grupos a los que dirigen sus acciones o a las cuales representan. Estos son los públicos más relegados de la rendición de cuentas, lo cual es un problema. En este sentido me gustaría mencionar la iniciativa Resilient Roots, que está desarrollando CIVICUS junto con Accountable Now y Keystone Accountability, y que busca evaluar en qué medida reconectar a las organizaciones con sus públicos principales a través de la rendición de cuentas puede hacerlas más resilientes en contextos en que el espacio cívico presenta crecientes retos y amenazas. Me parece que es un paso importante en la dirección correcta.

Tu organización, y vos misma, llevan casi una década trabajando en la iniciativa regional Rendir Cuentas. ¿Podrías contarnos más sobre esta iniciativa?

La iniciativa Rendir Cuentas fue creada en 2009 y agrupa a numerosas organizaciones de América Latina y el Caribe. Además de difundir numerosos recursos informativos, tales como guías prácticas para la autoevaluación en transparencia y rendición de cuentas o el desarrollo de alianzas colaborativas, durante todos estos años hemos impulsado la rendición de cuentas individual y colectiva de la sociedad civil en varios países de América Latina. Estas rendiciones tienen el doble objetivo de generar más transparencia y de dar mayor visibilidad a los aportes que la sociedad civil organizada realiza en cada país. Por esta razón, cada ejercicio de rendición de cuentas implica que las organizaciones hagan pública toda su información, pero también conlleva la realización de campañas o actos públicos para presentar datos sobre los recursos humanos y financieros que moviliza el sector en su conjunto y los cambios o impactos que genera con sus acciones. En el último ciclo se presentaron rendiciones colectivas de organizaciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estas rendiciones contienen información agregada para el conjunto de las organizaciones participantes, lo cual no exime a cada una de ellas de perseguir individualmente los estándares más altos de transparencia y rendición de cuentas, cosa que nosotros también alentamos.

Finalmente, desde abril de 2015 Rendir Cuentas también participa en el proceso del Estándar Global para la Rendición de Cuentas de las OSC, un proyecto internacional liderado por nueve iniciativas de rendición de cuentas de OSC de todo el mundo, con el propósito de generar una herramienta de autorregulación que pueda ser aplicada en todos los contextos, con el propósito de reconectar a las organizaciones con la ciudadanía, sus socios, adherentes, simpatizantes, beneficiarios y donantes en una rendición de cuentas dinámica (dynamic accountability) que permita generar confianza y multiplicar el impacto de las acciones de la sociedad civil en estos tiempos en que éstas son más necesarias que nunca, en tanto que el espacio cívico no deja de sufrir ataques.

Contáctese con el ICD a través de su sitio web o su perfil de Facebook, o siga a @ICD_Uruguay y a @AnaliaBettoni en Twitter.

 

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Tratado Vinculante: ‘No es una bala de plata, pero será un paso adelante en la regulación del excesivo poder corporativo transnacional’

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Fernanda HopenhaymEn el marco de nuestro informe temático 2018 sobre “Reimaginar la Democracia”, estamos dialogando con líderes, activistas y especialistas de la sociedad civil sobre su labor de promoción de las prácticas y principios democráticos, los desafíos que enfrentan y los logros alcanzados. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Fernanda Hopenhaym, Co-directora Ejecutiva de Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés), una organización de la sociedad civil (OSC) regional basada en México y formada con la misión de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde una perspectiva de derechos humanos y fortalecer a los actores de la sociedad civil afectados por prácticas empresariales para que actúen como garantes de la rendición de cuentas a largo plazo.

¿Cuáles son las condiciones indispensables para el funcionamiento de una democracia plena? ¿Es el poder corporativo un límite para la democracia?

Una democracia plena debe basarse en un estado de derecho que realmente funcione, donde haya garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos, donde haya transparencia y participación de la ciudadanía en todas las cuestiones de interés público, donde el sistema de justicia sea independiente y el acceso a él esté asegurado, y donde se combatan con seriedad las desigualdades.

Si bien el sector privado podría verse desde algunos espacios como un aliado para la consolidación democrática, América Latina continúa siendo la región más desigual del mundo y las corporaciones, particularmente el gran capital, se caracterizan por operar todavía con opacidad. Esto tiene sus raíces en problemas estructurales que han impedido a nuestros países una verdadera consolidación democrática y sostener su desarrollo. Estas deficiencias político-institucionales, socioeconómicas y financieras tienen su origen en la conquista, pero se profundizaron en la década de 1990, cuando las políticas neoliberales fracasaron en cumplir sus promesas de crecimiento económico y desarrollo. Como lo ha descrito el economista Álvaro Vargas Llosa, ceder las empresas estatales a los amigos de los gobiernos bajo condiciones monopólicas se volvió la norma, lo que exacerbó un sistema ya caracterizado por el control de la toma de decisiones públicas por parte de élites económicas. Este fenómeno fue nombrado por Joel Hellman y Daniel Kaufmann, del Banco Mundial, como captura del Estado. Se trata de los mecanismos mediante los cuales las elites empresariales interfieren o influyen indebidamente sobre leyes, reglas y decretos para su propio beneficio.

 

‘Invocamos el principio de extraterritorialidad para llamar al Estado chino a rendir cuentas del impacto de sus inversiones en América Latina’

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CIVICUS conversa con las cuatro responsables de la iniciativa regional “Explorando nuevos caminos para la defensa de los derechos humanos frente a las inversiones chinas en América del Sur: El Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas y el Principio de Extraterritorialidad”: Paulina Garzón, de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), María Marta Di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina; Sofía Jarrín, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador; y Julia Cuadros, de CooperAcción, una organización de Perú.

  1. ¿Qué impacto están teniendo las inversiones chinas en América Latina, y por qué es preocupante?

A pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años, las inversiones chinas continúan creciendo en América Latina. En 2016 los préstamos soberanos de los bancos chinos alcanzaron 21.000 millones de dólares (más que el monto prestado por todos los bancos multilaterales) y la inversión directa llegó a los 10.358 millones (un crecimiento de 29,4% con respecto a 2015). La República Popular de China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos, y resalta el hecho de que la gran mayoría de las exportaciones hacia China se concentra en petróleo, minerales y soja. En otras palabras, las inversiones chinas o motorizadas por la demanda china han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones.

El crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. Hasta ahora, es poco lo que la sociedad civil ha podido hacer para demandar rendición de cuentas directamente a los bancos, compañías y agencias reguladoras chinas, en parte por falta de conocimiento y acceso a los procedimientos de estas instituciones, pero sobre todo por el hermetismo que las caracteriza. Ello se ve agudizado por el hecho de que la mayoría de los capitales chinos que llegan a la región aterrizan en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, países que tienen una o varias de las siguientes características: dificultades para acceder a los mercados financieros; gobernanza ambiental debilitada; y disminución de espacios de participación ciudadana. En estos países, vemos que las empresas transnacionales han contribuido a la violación de los derechos humanos, entre las que se cuenta la práctica sistemática de criminalización de los defensores ambientales.

Sobre esta misma línea, cabe agregar que China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. En este contexto, las organizaciones sociales latinoamericanas no hemos logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas, y tanto menos en lo que se refiere a la demanda de rendición de cuentas acerca de los impactos negativos de su intervención.

  1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil de América Latina para llamar a China a rendir cuentas de los efectos ambientales y sociales de sus inversiones en la región?

Un grupo de organizaciones de varios países que han visto su situación de derechos humanos deteriorarse por efecto de la penetración de estas inversiones, hemos decidido hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema internacional de derechos humanos para establecer una conversación sobre la necesidad de llamar a los gobiernos a rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero. Para ello aprovecharemos el hecho de que la República Popular de China realizará en noviembre de 2018 su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la evaluación de derechos humanos a la que deben someterse cada cuatro años todos los estados miembros de la ONU, sin excepción.

Pese a que no cuenta con una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema universal de derechos humanos, dentro del cual se encuentra el mecanismo EPU, ofrece valiosas oportunidades de incidencia para la sociedad civil en todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que las comunidades afectadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír sus reclamos. Por lo general, la responsabilidad por los derechos vulnerados es adjudicada al Estado dentro de cuyo territorio ocurren dichas violaciones de derechos. Así, en el marco del EPU de China, el grueso de las recomendaciones que recibe el Estado chino se vinculan con el trato que reciben sus ciudadanos dentro de su territorio. Sin embargo, nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. En otras palabras, nada impide a los grupos vulnerados invocar el principio de extraterritorialidad para demandar a un Estado extranjero el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los instrumentos de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho Estado haya ratificado y asumido.

Eso es precisamente lo que pensamos hacer durante la EPU de China. En vistas de este proceso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, CooperAcción de Perú y la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), hemos creado una alianza regional con el objeto de investigar colaborativamente y elaborar un informe sombra nacional para cada uno de los países sudamericanos incluidos en el proyecto, así como un informe sombra regional. En marzo de 2018 estos informes serán presentados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como aportes para el EPU de China.

Esta iniciativa cobró vida en 2017, con la búsqueda de una alianza regional para fortalecer nuestro trabajo de incidencia frente al Estado chino. La participación en el mecanismo del EPU es para nosotras una ventana de oportunidad para canalizar las preocupaciones y visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por proyectos cuyo financiamiento y operación se vinculan con inversiones del Estado chino.

Las organizaciones involucradas tenemos una extensa y probada trayectoria de trabajo sobre financiamiento internacional y derechos humanos y ambientales, y nos contamos entre las pocas organizaciones de la sociedad civil de la región que han realizado un trabajo sistemático de investigación e incidencia sobre inversiones chinas en sus respectivos países. Además, gozamos de la confianza, credibilidad y reconocimiento de las organizaciones de base y otros actores relevantes. De hecho, en varios casos, hemos abogado frente a las entidades chinas para que mejoren sustancialmente su comportamiento ambiental y social y para que actúen como buenos ciudadanos globales. La falta de respuestas por parte de tales entidades nos ha llevado a buscar nuevos espacios de interlocución con la República Popular de China en los foros internacionales. Tenemos la esperanza de que el EPU de China y demás mecanismos de las Naciones Unidas ofrezcan el tan necesario espacio para lograr un compromiso serio de parte de los bancos y empresas chinas en materia de internalización de los principios de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

  1. ¿Cuál es el sustento legal de la iniciativa? ¿A qué instrumentos, convenciones y legislación apelarán para apoyar sus reclamos?

La República Popular de China ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, los más importantes a la hora de constituir el marco de referencia y argumentación para el trabajo que pretendemos llevar adelante son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos últimos, en particular, establecen que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales tanto dentro de su territorio como fuera de él, y estipulan que la responsabilidad del Estado se extiende a los actos y las omisiones de los agentes no estatales que actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado en cuestión.

Cabe señalar que si bien nuestra argumentación se basa en el principio de responsabilidades extraterritoriales, ello no excluye la posibilidad de apelar en los informes sombra a otros instrumentos internacionales que integran el sistema universal de las Naciones Unidas, aún si no han sido ratificados por el Estado chino. En ese sentido, deba presumirse que, al aceptar ser miembro de las Naciones Unidas, China se compromete a promover sus principios y apoyar la implementación de los tratados, pactos y convenios internacionales elaborados en el seno de la organización.

También es importante destacar que según el artículo 16 de la Constitución China, las empresas estatales tienen poder de decisión con respecto al funcionamiento y la gestión dentro de los límites prescritos por la ley, a condición de que se sometan al liderazgo unificado del Estado, en cuyo caso deben cumplir con todas las obligaciones del plan estatal. En otras palabras, las empresas estatales chinas son actores cuasi-estatales. Funcionan como una extensión de la estructura del Estado chino, ya que le pertenecen, son patrocinadas por él o actúan en pos de sus intereses. Ello convierte a las responsabilidades de derechos humanos de las empresas estatales de la República Popular de China en responsabilidades del Estado chino.

El hecho de que China ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que, durante una visita del Secretario General de las Naciones Unidas a China el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país haya declarado que “la ONU es una plataforma efectiva para los desafíos globales y la institución central para los esfuerzos internacionales en tratar los asuntos globales” constituye para nosotros una ventana de oportunidad. El EPU de la República Popular de China que se realizará en noviembre del 2018 es la oportunidad más concreta y cercana que tenemos.

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Honduras: ‘El conflicto generado por la reacción ciudadana contra el fraude puede hacernos perder un año ahora, pero nos hará ganar diez en el futuro’

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A fines de 2017, tras lo que muchos en la sociedad civil percibieron como una elección fraudulenta, estalló la protesta en Honduras. CIVICUS conversa con Wilfredo Méndez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), una organización de la sociedad civil hondureña que aboga por cambios orientados a la construcción de un Estado de derecho democrático, justo, inclusivo, participativo y respetuoso de los derechos humanos y las libertades ciudadanas. El CIPRODEH realiza labores de investigación e incidencia política y promueve los derechos humanos de los sectores más vulnerables en alianza con una variedad de actores cívicos y sociales hondureños, latinoamericanos e internacionales.

  1. La oposición política y numerosos actores de la sociedad civil hondureña denunciaron fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre. ¿Podría describir cómo fue el proceso electoral, de qué manera se produjo el fraude, y cuáles fueron las consecuencias?

El 26 de noviembre de 2017 enfrentamos un proceso electoral sobre el cual teníamos muchas preocupaciones. Sabíamos que la situación iba a ser compleja no solo en materia electoral sino también en términos de posibles violaciones de los derechos humanos, dados los antecedentes de persecución, criminalización y represión que hemos presenciado desde el golpe de estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

Los grupos que están hoy en el poder son los mismos que protagonizaron el golpe de estado. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, viene acumulando poder desde 2010, cuando asumió la presidencia del Congreso. Luego fue electo presidente para el período 2014-2018, y en noviembre de 2017 se presentó a la reelección, para lo cual antes debió manipular a la Corte Suprema de Justicia para que revirtiera la prohibición constitucional de la reelección consecutiva. El mecanismo de revisión constitucional previsto en la Constitución suponía el llamado a una asamblea constituyente, de modo que el procedimiento empleado fue completamente irregular.

Desde 2009 el gobierno se ha militarizado, se ha apartado cada vez más de sus obligaciones de derechos humanos y ha intensificado la represión, con números crecientes de asesinatos y desapariciones forzadas.

Es por eso que el 26 de noviembre la atención de las organizaciones de derechos humanos estuvo enfocada en el monitoreo de los conflictos sociales y la persecución política. Lo que no imaginamos fue que el fraude electoral que muchos habían anunciado se pudiese enfrentar con relativo éxito, pues la Alianza contra la Dictadura, la coalición opositora, implementó una estrategia que complicó la imposición. Ellos crearon mecanismos para combatir el fraude, el cual normalmente se produce no solo en la mesa electoral receptora sino también en el manejo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y esto fue una sorpresa para el partido de gobierno.

En la noche del domingo de elecciones, el TSE no anunció los resultados, pese a que en Honduras es costumbre que a las 7 u 8 de la noche ya se sepa quién es el presidente electo. Horas más tarde, a las 2:45 de la mañana del día lunes y con el 57% de votos escrutados, el TSE anunció una clara ventaja, de unos cinco puntos, para el candidato de la oposición, Salvador Nasralla. Ese día el país entero no habló de otra cosa que de cómo se había logrado enfrentar el tan anunciado fraude. Y luego, el martes, el sistema de cómputos se detuvo y permanecimos durante todo el día a la espera de datos que no llegaban. Finalmente, alrededor del mediodía del miércoles nos encontramos con la sorpresa de que los resultados se habían modificado a favor del candidato oficialista, quien después de varias semanas (el 17 de diciembre) fue declarado ganador con casi 43% de los votos, contra 41,5% para Nasralla.

La Alianza contra la Dictadura denunció el fraude y la población se manifestó pacíficamente en las calles en demanda de transparencia electoral y respeto de los procedimientos democráticos, por lo cual fue duramente reprimida.

  1. ¿Cómo reaccionó la comunidad internacional frente a las denuncias de fraude, y cuál fue la respuesta del gobierno?

Los observadores internacionales fueron contundentes, con la sola excepción de un funcionario de la Unión Europea, que dijo que había que tener confianza en los resultados y pronto fue desmentido por la propia Jefa de Misión de Observación. La Organización de los Estados Americanos (OEA), en particular, desempeñó un rol fundamental. El Jefe de la Misión de Observadores de la OEA declaró que no había certeza sobre los resultados de las elecciones. Según el informe preliminar difundido por la OEA, las numerosas irregularidades, errores y problemas sistémicos restaban confianza a los resultados, y ésta solo podría restablecerse mediante un acuerdo entre los dos candidatos para revisar las actas, volver a contar los votos y resolver las discrepancias. El segundo informe ratificó estos hallazgos, aunque para entonces el propio Secretario General de la OEA, Luis Almagro, decía que ya no bastaría con un recuento de votos y que era recomendable volver a celebrar las elecciones con las garantías necesarias de rectitud y transparencia. El 4 de enero de 2018 Almagro instó al Consejo Permanente de la OEA a aprobar el informe de observación electoral. Puesto que el informe concluye que las numerosas irregularidades no permiten reconocer un ganador, su aprobación sustentaría el pedido de repetición de las elecciones.

Entretanto, la oposición exigió la anulación de los resultados electorales, pero el recurso de nulidad fue rechazado. Esto era previsible, ya que la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral están, todos ellos, subordinados al presidente.

Por su parte, la reacción del gobierno fue declarar de inmediato y por diez días el estado de excepción, que restringió la libertad de movilización. Impuso también la suspensión de otras garantías constitucionales, no solo para el ejercicio de la libertad de reunión sino también para la libertad de expresión, entre otras. Los medios fueron advertidos de no difundir las acusaciones de fraude de la oposición, y las protestas fueron duramente reprimidas. Esto resultó en más de 30 muertos, decenas de heridos y centenares dedetenciones arbitrarias, además de allanamientos ilegales. Diversos videos filmados por los propios manifestantes mostraron a agentes de seguridad persiguiendo e incluso disparando contra manifestantes. Tres relatores especiales de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron la represión, y el Secretario General de la OEA pidió al gobierno de Honduras que recibiera a un delegado especial de la OEA para relevar la situación de las protestas y la respuesta del Estado.

  1. ¿Cuáles son las chances de que el gobierno responda a la presión callejera y a los reclamos internacionales?

Las presiones internacionales motivaron al gobierno a empezar a hablar de un “gran diálogo nacional” para buscar una solución a la situación. Sin embargo, en el discurso gubernamental el foco de atención no estuvo colocado en las irregularidades electorales ni en las violaciones de derechos humanos que se estaban produciendo sino en el hecho de que las manifestaciones inicialmente pacíficas supuestamente se habían vuelto violentas por la acción de maras, pandillas y grupos del crimen organizado. En mi experiencia, estos llamados del gobierno al diálogo están dirigidos a aplacar las aguas, reorientar los esfuerzos y mantener el control. Si no se tocan los temas de fondo, el diálogo no tendrá sentido y, peor aún, solo servirá para legitimar el fraude.

Por otra parte, es importante resaltar que el pueblo hondureño ha cambiado, y tiene hoy una experiencia de movilización que no tenía en el pasado. No mucho tiempo atrás era un pueblo más bien apático e indiferente, pero desde 2009 ha forjado una nueva conciencia al calor de la resistencia contra el golpe de estado. Así, en el 2015, cuando se reveló el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social – se supo entonces que cantidades millonarias se habían desviado de sus fines, incluso para financiar la campaña del actual presidente, tal como él mismo lo reconoció – el pueblo se movilizó masivamente durante meses, en lo que se llamó la Marcha de las Antorchas. Fue una movilización sin precedentes, y logró que finalmente se instalara la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la OEA.

Cientos de miles de personas se han movilizado en el país contra el fraude electoral, y ni la más cruda represión las ha detenido. Tampoco se desmovilizaron cuando el candidato cuya elección estaban defendiendo los decepcionó, al menos temporariamente, cuando anunció (para luego dar marcha atrás) que se desvinculaba de la Alianza contra la Dictadura para conformar un frente más amplio. Esto por supuesto desmotivó a la ciudadanía movilizada, pero no la llevó a abandonar las calles, porque mucho más que por una candidatura, la gente se había movilizado contra la corrupción. Justamente, si algo representaba para ellos Nasralla era la honestidad.

A principios de enero de 2018, sin embargo, Nasralla anunció que el sábado 6 de reactivarían las movilizaciones y que a partir del 27 de enero, fecha prevista para la asunción presidencial, actuaría como legítimo presidente de Honduras. También se convocó a un paro general del 20 al 27 de enero, para exigir la renuncia del presidente Hernández. De modo que la población ha regresado a las calles: el 6 de enero se realizó una movilización en San Pedro Sula en la que hubo más de 80 mil personas. En suma, pienso que hay buenas posibilidades de ejercer presión a nivel nacional para que se alcance un acuerdo en torno de la revisión del fraude electoral. En conjunción con las presiones de la OEA para que se repitan las elecciones, es posible que la presión de la ciudadanía movilizada tenga un efecto.

  1. ¿Piensa que es posible que la represión se intensifique?

Sí, pienso que la situación se está volviendo más complicada cada día, porque la gente está saliendo a las calles, los líderes políticos opositores se mantienen firmes en sus planteos y los líderes sociales no se están echando atrás. Desde las organizaciones de derechos humanos hemos sostenido que la ciudadanía tiene un legítimo derecho a protestar – hemos dicho incluso que la gente tiene que salir a protestar para evitar esta violación de los derechos políticos que sin duda repercutirá sobre la vigencia efectiva de los demás derechos humanos.

Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido más militarización. A principios de diciembre la Policía Nacional se rebeló contra el actual presidente con el argumento de que no iba a obedecer órdenes ilegales de reprimir al pueblo movilizado a causa de un problema político que el propio gobierno había creado. Después de un día de huelga y habiendo alcanzado un acuerdo salarial favorable con el gobierno, la Policía Nacional regresó a las calles, supuestamente a cuidar y no a reprimir las manifestaciones. Pero la conducta policial ha sido atroz; además de la cantidad de muertos, hemos visto una estrategia de generar un clima de mucho miedo en las calles, con levantamiento de perfiles, persecución de líderes políticos y sociales y campañas de desprestigio contra defensores y defensoras de derechos humanos.

Sin embargo, el miedo no ha detenido a la gente, y estamos muy preocupados por lo que podría pasar si no se alcanza una salida concertada a esta crisis. En estos días estamos teniendo reuniones a nivel de nuestra organización, con la red de movimientos sociales y con la Mesa Nacional de Derechos Humanos para decidir cómo vamos a enfrentar la amenaza de derechos humanos que se nos viene, porque la reacción represiva que hemos visto hasta ahora no augura nada bueno.

Esperamos también que la CIDH pueda agilizar su visita al país. La presencia de observadores internacionales y de la prensa internacional ha sido hasta ahora muy importante para sacar a relucir la verdad atravesando el cerco mediático interno, y es ahora más necesaria que nunca.

En las próximas semanas será fundamental el rol de la OEA. Si el informe que ha emitido, que desconoce los resultados electorales, no es ratificado por el Consejo Permanente, ya no tendría sentido que la OEA volviera a hacer nunca más una observación electoral. La Carta Democrática Interamericana ya no tendría sentido si la OEA terminara reconociendo a un gobierno cuya elección denunció como fraudulenta. Por su parte, los países miembros de la OEA, incluido Estados Unidos, deberían actuar en la misma dirección. Es inconcebible que un país que se invoca principios y valores democráticos otorgue su reconocimiento a un gobierno surgido del fraude, la violencia y la violación de derechos humanos, y Estados Unidos (junto con otros países de la región) no ha manifestado hasta ahora grandes reparos en reconocer la reelección fraudulenta de Hernández.

Antes del 26 de noviembre, el tiempo parecía dividirse en un antes y un después de la elección; nunca imaginamos que tendríamos un durante tan prolongado sin un presidente electo. Nuestro horizonte luego se desplazó al 27 de enero, fecha de inauguración de un gobierno ilegítimo, y las reacciones populares no se hicieron esperar. El presidente no tomó posesión en un lugar abierto porque se esperaban protestas importantes. Lo hizo en el Estado Nacional, con seguridad militarizada y con la población protestando afuera. Con ello se abrió un período de conflicto político y social que difícilmente permita que el país avance en otros temas importantes.

Con todo, tenemos claro que lo más importante es el hecho de que la población esté consciente y no permita un fraude electoral y de corrupción como este. Podremos perder un año ahora, pero ganaremos diez en el futuro en razón de la lucha contra la corrupción y la impunidad. El pueblo hondureño merece nuestro aplauso, porque ha demostrado que ya no está dispuesto a permitir que políticos de esta naturaleza sigan gobernando a nuestro país.

 

  • El espacio cívico en Honduras es calificado por el CIVICUS Monitor como ‘obstruido’, una categoría indicativa de la existencia de restricciones considerables sobre las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica.
  • Contáctese con el CIPRODEH a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga a @ciprodeh1 en Twitter

 

 

Huracán María: ‘La sociedad civil, dentro y fuera de Puerto Rico, vino a llenar el vacío dejado por la insuficiente respuesta estatal y desempeñó un rol sin precedentes’

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El 20 de septiembre de 2017 el huracán María devastó Puerto Rico. Su paso puso en evidencia no solo las fallas de la respuesta estatal sino también la resiliencia, capacidad e integridad de la sociedad civil. CIVICUS conversa con José Iván Vega, profesor de la Universidad de Puerto Rico – Mayagüez (UPR-M) y Director del Centro de Negocios y Desarrollo Económico (CNDE) de la misma universidad.

  1. ¿A qué se debió el terrible impacto que tuvieron los recientes huracanes que asolaron el Caribe? En el caso de Puerto Rico, ¿cuál fue el saldo del huracán María, y cuáles son las perspectivas de la reconstrucción?

Es evidente que en el Caribe estamos teniendo huracanes más fuertes y frecuentes, y muchos científicos lo atribuyen al cambio climático. Si bien yo no soy científico y no puedo probar categóricamente que la fortaleza de los huracanes se deba al cambio climático, lo cierto es que ambas cosas están ocurriendo. En el caso de Puerto Rico, tuvimos con apenas una semana de diferencia al huracán Irma, que felizmente a último momento pegó un giro hacia el norte y apenas nos rozó en la parte noreste, donde dejó sin electricidad a una cantidad importante de población; y al huracán María, que nos partió por el medio como decimos los boricuas. María entró por Yabucoa, un pueblo del sureste, atravesó toda la parte central de la isla y salió por el norte, por algún sitio entre Barceloneta e Isabela.

El huracán llegó con categoría 5 y vientos de 155 millas por hora. Poco después de que tocó tierra, los instrumentos oficiales de medición de la velocidad del viento quedaron destruidos, de modo que no tenemos un estimado oficial del servicio meteorológico; los datos que manejamos provienen de particulares que contaban con instrumentos de medición y de mediciones hechas desde aviones y otros métodos. Estimamos que los vientos se mantuvieron en 150-160 millas por hora, con ráfagas que en las montañas pudieron llegar a las 200 millas por hora y que provocaron una destrucción espantosa.

Realmente tuvimos mucho miedo. Yo había pasado otros huracanes, entre ellos el Georges de 1998, que también cruzó la isla de lado a lado y trajo vientos de 115 millas por hora, pero María no se compara con nada que yo haya visto, ni en fortaleza ni en duración. María impactó sobre la isla durante 12 horas ininterrumpidas.

Estábamos avisados y preparados para la llegada de un huracán, y el saldo de pérdida de vidas atribuida directamente al huracán fue de algunas decenas. Sin embargo, no se había previsto que podía llegar a interrumpirse casi totalmente el suministro eléctrico y que colapsarían las comunicaciones en toda la isla. Las telecomunicaciones están en manos de grandes compañías privadas con grandes recursos económicos y técnicos – AT&T, Claro, Sprint, Verizon – y nadie pensó que el sistema entero podía colapsar. Sin embargo, a causa del huracán perdimos el 95% del suministro de energía eléctrica, las inundaciones dejaron muchas zonas incomunicadas y fallaron las telecomunicaciones, de modo que también dejaron de funcionar las instituciones financieras. El suministro de agua potable se tornó problemático. En las zonas montañosas hubo poblaciones que quedaron incomunicadas durante cerca de un mes, y hay sitios que aún hoy, más de tres meses después del huracán, siguen sin electricidad.

En este punto las estadísticas oficiales de víctimas discrepan con las obtenidas de otras fuentes. En las semanas posteriores al huracán, el colapso de los hospitales, y del sistema de salud en general, resultó en centenares de muertos adicionales. Hubo hospitales que no tuvieron energía durante varios días y se vieron imposibilitados de atender pacientes, falló el suministro del que dependían muchas personas que recibían oxígeno en sus casas y en residencias de ancianos, y muchos murieron por falta de atención o de insumos. Mucha gente, en el rango de los miles, fue luego evacuada a los Estados Unidos para recibir cuidados intensivos o especializados.

El huracán María fue el peor desastre natural que afectó a Puerto Rico en el último siglo. La devastación fue enorme: según la estimación del gobierno, los daños materiales ascendieron a 95 billones de dólares. La reconstrucción de la infraestructura – hospitales, escuelas, puentes y carreteras - llevará años. Antes del huracán enfrentábamos una crisis económica que ya duraba una década, con alto desempleo y tasas de emigración que no se veían desde los años ’50. Tras el huracán sobrevino un éxodo masivo a los Estados Unidos (y especialmente a la Florida, donde hemos sido bienvenidos): se estima que desde entonces Puerto Rico ha perdido cerca de 200 mil habitantes, y serán muchos más. Aquí mismo en la universidad, pese a que estamos en una zona que ha sido comparativamente poco afectada, he tenido varios estudiantes que debieron marcharse porque sus padres perdieron sus empleos o sus negocios. La salud mental de la población también quedó afectada; nos llevará cierto tiempo recuperarnos. Hoy, una alerta de huracán provocaría una histeria colectiva.

  1. ¿Fue adecuada y suficiente la respuesta gubernamental ante la emergencia?

Claramente, el gobierno estatal de Puerto Rico falló en sus planes de contingencia. Como no previó que podían colapsar las comunicaciones, no estableció un sistema alterno de comunicación, y se vio imposibilitado de coordinar eficazmente la respuesta inmediata.

Pasada la primera semana, sin embargo, el gobierno estatal se recompuso poco a poco mediante la activación de la Guardia Nacional y la coordinación con los gobiernos municipales, que también comenzaron a asumir su rol.

Entretanto, el protagonismo de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ayudó a poner en evidencia ante la opinión pública mundial que, contra lo que decía el discurso oficial, la situación no estaba en lo más mínimo bajo control. En ese momento estábamos apenas tratando de sobrevivir con lo básico, sin electricidad ni comunicaciones, dedicados a conseguir agua, alimentos y gasolina. Carmen Yulín tuvo mucha exposición en los medios porque fue atacada por el presidente Trump y se defendió. Ella es una líder de la oposición que domina perfectamente el inglés, se expresa muy bien y no se queda callada ante nadie, de modo que fue una excelente vocera en un momento de gran necesidad.

  1. ¿Qué rol desempeñó la sociedad civil?

La sociedad civil vino a llenar el vacío dejado por la insuficiente respuesta estatal y desempeñó un rol de una prominencia que yo nunca antes había visto. Demostró una gran resiliencia y una enorme habilidad para hacer mucho con bastante poco.

Cuando todo dejó de funcionar, la comunicación quedó en manos de un par de emisoras de radio AM cuyas antenas seguían en pie y que funcionaron con generadores eléctricos, y de los radioaficionados de kp4, con equipos de onda corta y entrenados para brindar servicios a la comunidad en situaciones de emergencia. Durante dos o tres semanas la población recurrió casi exclusivamente a estos métodos para localizar familiares y enviar mensajes y ofrecimientos y pedidos de auxilio.

Cuando hablamos de la sociedad civil de Puerto Rico, debemos referirnos no solamente a la sociedad civil en la propia isla sino también a la sociedad civil de la diáspora. En Puerto Rico viven 3,5 millones de personas, pero hay entre 5 y 6 millones de portorriqueños que viven fuera de la isla, en su mayoría en los Estados Unidos, muchos de los cuales tienen familia aquí. Es mi impresión que los portorriqueños de la diáspora prefirieron canalizar su ayuda a través de la sociedad civil más que a través del gobierno, porque en ese momento el gobierno transmitía una imagen de inoperancia, mientras que había mayor confianza en que la sociedad civil sería capaz de brindar una asistencia que llegara a tiempo a quienes más la necesitaban. Hubo entonces varias iniciativas para canalizar la ayuda de la diáspora a través de la sociedad civil, o a través de alianzas que integraban a actores gubernamentales y no gubernamentales. Y, como se puede observar en los portales web de todas estas iniciativas, la sociedad civil fue muy cuidadosa en reportar la recaudación y los usos de lo recaudado.

Tal fue el caso de Puerto Rico se levanta, una iniciativa de la sociedad civil que incluyó a algunas entidades gubernamentales así como a empresas privadas, para ayudar a los negocios a recuperarse. Yo participé de esta iniciativa, y una de las primeras cosas que hicimos fue desplegarnos en la isla para relevar y atender las necesidades inmediatas, tales como la distribución de generadores para que los negocios pudieran volver a funcionar. También cabe mencionar el trabajo de recaudación y distribución de fondos para la reconstrucción de ConPRmetidos y la iniciativa Shop_HirePR, un directorio de tiendas online de empresarios puertorriqueños donde es posible comprar desde el exterior. Adicionalmente, el sitio web permite a los usuarios conectarse con profesionales freelance puertorriqueños con capacidad para trabajar de manera remota. El objetivo de esta iniciativa, dirigida sobre todo a la diáspora, es impulsar la economía y el empleo locales para contribuir a la recuperación económica en el largo plazo.

Adicionalmente, desde la Universidad de Puerto Rico, donde dirijo un centro de apoyo a emprendedores sociales e innovadores, organizamos un programa para capacitar a entidades comunitarias para que puedan mejorar su gestión contable y financiera de modo de obtener el status de organización 501(c)(3) que les permite recibir ayuda y donaciones de fundaciones y entidades de la sociedad civil de los Estados Unidos.

La sociedad civil también tuvo un rol prominente a nivel comunitario. De hecho, el tejido social salió de la emergencia fortalecido. Ante la lentitud e insuficiencia de la atención de emergencia en las zonas más aisladas, hubo mucha auto-organización local. Vecinos que no se conocían se organizaron para coordinar la asistencia inmediata, la distribución de ayuda y el suministro de agua. Las iglesias fueron muy activas en la promoción de la respuesta de la comunidad.

  1. ¿Recibió la sociedad civil portorriqueña suficiente solidaridad y apoyo desde el exterior?

El llamado de Carmen Yulín, junto con las intervenciones de celebridades boricuas y el liderazgo político, tuvo un efecto movilizador. Los puertorriqueños de la diáspora, muchos de ellos desesperados por comunicarse con sus seres queridos, movilizaron contactos y recursos para que el gobierno federal de los Estados Unidos diera una respuesta rápida y contundente. De hecho, lograron por ejemplo que se movilizara el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que se enviara un barco hospital que estuvo brindando atención durante dos meses. En estados con mucha población puertorriqueña apelaron a sus representantes en el Congreso, algunos de los cuales viajaron a la isla. Y por último lograron que se hiciera presente el presidente de los Estados Unidos, con los resultados un poco lamentables que todos vimos por televisión.

También desde Estados Unidos, algunos de nuestros artistas más conocidos, como Jennifer Lopez, Marc Anthony y Ricky Martin, se involucraron en esfuerzos para recaudar fondos, la mayoría de los cuales se canalizaron no a través del gobierno sino de entidades de la sociedad civil. En la ciudad de Washington y con la adhesión de muchas celebridades puertorriqueñas, se hizo una “Marcha de Unidad por Puerto Rico”, para exigir la cancelación de la deuda de Puerto Rico y asistencia de los Estados Unidos para la reconstrucción.

Si bien la conexión más natural de los puertorriqueños es con los Estados Unidos, por el hecho de que somos un Estado Libre Asociado y tenemos la ciudadanía estadounidense, también hubo actividades de recaudación de fondos en otras partes del mundo, por ejemplo en Londres, pero generalmente motorizadas por miembros de la diáspora. Aparte de ello, creo que no ha habido mucho apoyo de organizaciones de la sociedad civil internacional o extranjeras, posiblemente a causa de nuestra relación política con los Estados Unidos, que ya sea lo dificulta, ya lo desincentiva, en la medida en que la comunidad internacional supone que Estados Unidos se está encargando del asunto.

  • Contáctese con el CNDE a través de su página web, o con José Iván escribiendo un correo a

 

 

 

Puerto Rico: ‘Si no incorpora a la sociedad civil, el gobierno no puede enfrentar la emergencia de manera inmediata y contundente’

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El 20 de septiembre de 2017 el huracán María devastó Puerto Rico. Su paso puso en evidencia no solo las fallas de la respuesta estatal sino también la resiliencia, capacidad e integridad de la sociedad civil. CIVICUS conversa con Mary Ann Gabino, vicepresidenta senior de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR), una organización que lleva 32 años sirviendo a la comunidad de Puerto Rico. La FCPR es la única fundación comunitaria de Puerto Rico, y la primera en su tipo en Latinoamérica y el Caribe. Con $60 millones donados, opera de puente entre la comunidad filantrópica global y la isla de Puerto Rico.

  1. 1. ¿A qué se debió el terrible impacto que tuvieron los recientes huracanes que asolaron al Caribe, y a Puerto Rico en particular?

Puerto Rico ya tenía una infraestructura de energía, agua y caminos debilitada por muchos años de deterioro. También tenía, desde antes del paso de los huracanes, un sistema de telecomunicaciones que, aunque relativamente nuevo, era bastante frágil, posiblemente a causa de que en los últimos años se había producido una entrada desmesurada de diversas empresas que, en su afán por acaparar un mercado con gran demanda, no previeron la fragilidad geográfica que presentaba Puerto Rico frente a eventos atmosféricos.

Además, a mi entender hemos prestado muy poca atención a los efectos del cambio climático. Las grandes sequías que hemos tenido en el pasado han dejado muchos de los embalses con gran sedimentación y material vegetal, lo cual ha hecho que ríos y quebradas crezcan y busquen un cauce fuera de su ruta natural. La erosión de nuestras costas es cada vez más evidente, y en consecuencia el mar está cada vez más cerca de muchas comunidades, que en muchos casos ya eran de por sí vulnerables. En ese contexto, el desastre natural que vivimos recientemente, cuya furia azotó nuestra isla de manera insospechada, se agravó por la inacción del hombre ante el deterioro de una infraestructura que no solamente no soportó el embate, sino que además aún no se restablece totalmente.

  1. ¿Cuál fue el saldo del huracán María en Puerto Rico, y cuáles son las perspectivas de la reconstrucción?

Hay que recordar que antes de los huracanes Irma y María - que fueron dos, con una semana de diferencia el uno del otro – Puerto Rico ya estaba pasando por una crisis fiscal, que se traducía en una deuda de más de 72.000 millones de dólares y una recesión económica que rondaba su decimoprimer año. Los efectos de esta crisis se evidenciaban en una tasa de desempleo de 10%, una participación laboral de 40% y la migración de cerca de 400.000 personas hacia los Estados Unidos de Norte América, tan solo entre los años 2010 y 2016.

Esta situación se agravó por el paso de los huracanes, que dejaron a la isla sin energía, agua ni comunicaciones, y a sus residentes haciendo fila para conseguir gasolina y víveres de consumo. Hoy día, en enero de 2018, cerca del 40% de la ciudadanía aún no tiene energía. Más de 200.000 puertorriqueños han abandonado la isla desde el huracán María, y unas 31.000 personas han perdido sus trabajos. Se estima que unas 250.000 casas fueron afectadas. De más está decir que la renovación de la isla tomará tiempo, ciertamente más de un año, y que se requerirá mucha voluntad para levantar y renovar la infraestructura.

  1. ¿Fue adecuada y suficiente la respuesta gubernamental ante la emergencia?

No quiero emitir juicio sobre la acción del gobierno, ya que hacerlo en estos momentos divide más de lo que construye. Prefiero hablar en cambio acerca del rol de la sociedad civil. Porque sin duda el paso del huracán puso en evidencia el hecho de que en circunstancias de emergencia como las que vivimos el gobierno por sí solo no tiene la capacidad de actuar de manera inmediata y contundente. Es por eso que debe incorporar a la sociedad civil en un plan amplio para atender situaciones de desastre.

  1. ¿Qué rol desempeñó la sociedad civil frente a la emergencia?

La sociedad portorriqueña se activó de inmediato. De hecho, desde el primer día en que abrimos las puertas de la Fundación luego del paso del huracán, llegaron a nuestras oficinas aproximadamente entre 8 y 15 organizaciones cada día. En un primer momento, venían solicitando apoyo para abrir accesos en caminos vecinales y carreteras estatales incomunicadas por derrumbes, los cuales habían dejado a muchas áreas totalmente aisladas por la falta de comunicación. Es decir, ante todo intentaban comunicar a la gente. También necesitaban surtir a las comunidades de comida caliente. Los víveres así distribuidos serían para mucha gente el único plato caliente del día; de ahí que surgieran muchas cocinas comunitarias, así como centros de acopios y distribución de víveres y otros artículos de primera necesidad.

Algunas de las organizaciones que solicitaron nuestra ayuda habían comenzado de inmediato a pensar en el largo plazo. Tal fue el caso de una organización en Yauco - la primera en llegar a nuestra oficina - que además de para abrir un camino pidió ayuda para cavar un pozo de agua para abastecer a la comunidad. Muy pronto la apertura de pozos comunitarios y el fortalecimiento de acueductos comunitarios se convertiría en un área de enfoque estratégico de la Fundación. Esta decisión no fue tomada al azar, sino atendiendo al potencial de la sociedad civil para organizarse en torno de la provisión de agua en las comunidades. De igual manera, hubo una organización en Salinas que nos habló de la creación de una micro-red solar. En otras palabras, las organizaciones de base comunitaria, impulsadas por representantes de las comunidades, nos estaban diciendo que era posible levantar infraestructura alterna desde la base comunitaria.

En suma, luego de los huracanes Irma y María la FCPR logró recaudar 9,3 millones de dólares. En la emergencia inmediata, 1,3 millones fueron entregados a alrededor de 80 organizaciones sin fines de lucro que de un modo u otro sirven a alguno de los 78 municipios que componen la isla de Puerto Rico. Además, a través de 28 organizaciones que se convirtieron en centros de acopio y distribución logramos repartir alimentos y víveres a unas 73.000 personas. También se distribuyeron unos 210 purificadores de agua y 54 generadores de energía.

Durante los próximos dos años la FCPR se enfocará en unas cinco áreas de renovación medular para la isla. En primer lugar, apoyará el fortalecimiento de infraestructuras de agua comunitarias. Segundo, impulsará estrategias para promover la agricultura para lograr cierto grado de seguridad alimentaria. Tercero, impulsará el establecimiento de infraestructuras de energía renovable para suministrar energía a las comunidades. Cuarto, brindará apoyo a organizaciones comunitarias de desarrollo de vivienda para que aporten a la construcción y rehabilitación de viviendas dañadas o destruidas. Finalmente, impulsará y fortalecerá incubadoras comunitarias para impulsar el desarrollo económico.

  1. ¿Recibió la sociedad civil portorriqueña suficiente solidaridad y apoyo desde el exterior?

El mundo en general, y la diáspora boricua en particular, respondió de inmediato ante la situación de emergencia en nuestra isla. El mismo lunes después del huracán María nuestra fundación había recibido cientos de correos electrónicos y unos 15.000 dólares a través de nuestra página electrónica, sin que hubiéramos siquiera puesto un pedido o instrucciones para donar. Llegó dinero de Estados Unidos, Bélgica, España, Canadá y diversos países de Sudámerica, junto con otras demostraciones de apoyo. La sociedad civil internacional – individuos y familias - ha aportado más de 100.000 dólares para la renovación.

Antes de la emergencia recibíamos tan solo unos 500 dólares al año a través de nuestra página electrónica. Esto cambió completamente a raíz del huracán María. La desgracia sacó lo mejor de las personas. Además de enviar dinero, muchas personas se ofrecieron como voluntarias o expresaron su solidaridad enviando víveres. Recuerdo especialmente a una señora que llamó desde Texas el lunes después del huracán porque quería enviar fórmula para bebés. Ante la incertidumbre de cómo manejar un cargamento de esta naturaleza, le pregunté cuántas cajas quería enviar y me dijo que eran ocho potes: ella acababa de tener gemelos y quería compartir algo de lo que tenía. Todavía recibo mensajes de personas que desean venir a donar tiempo voluntario, y estamos tratando de canalizar esa ayuda a pesar de que las circunstancias siguen cambiando diariamente.

  • Contáctese con la Fundación Comunitaria de Puerto Rico a través de su página web y su perfil de Facebook, o siga a @FComunitaria en Twitter

 

 

 

Brasil: ‘Na esquerda, as estruturas tradicionais se enfraqueceram ao mesmo tempo que novas formas de organização locais e autônomas surgiram em todo o país’

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Após os muitos protestos vistos no Brasil em 2017, CIVICUS fala com José Henrique Bortoluci, professor do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Brasil. José Henrique é PhD em Sociologia na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e é especialista em movimentos sociais, estudos urbanos e teoria social, com foco no Brasil.

 

  1. 2017 foi um ano de grande mobilização no Brasil? Quais foram os principais grupos mobilizados e quais foram as principais causas para seu descontentamento?

2017 foi um ano bastante contraditório e desigual em termos da atuação da sociedade civil no Brasil. De um lado, movimentos sociais não foram capazes de sustentar um movimento nacional de oposição ao governo de Michel Temer, por muitos considerado ilegítimo. O presidente continua governando, a despeito de ter assumido o poder a partir de um processo de impeachment altamente contestável (um golpe parlamentar, de acordo com parte da opinião pública) e de avançar reformas em quase tudo contrastantes com o programa de governo escolhido pelas urnas em 2014.

Apesar disso, em 2017 continuou avançando um processo de dinamização da sociedade civil no Brasil, com o surgimento de movimentos sociais pela renovação da política, sobretudo entre parcelas mais jovens da população – que se sentem em geral bastante barrados do sistema político como ele se organiza hoje. Trata-se de uma dinâmica que começou a ficar mais clara e se aprofundou a partir dos grandes protestos de 2013 e se dinamizou com os movimentos de ocupação de escolas em 2015, com a mobilização contra a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que se realizaram no Brasil em junho-julho de 2014 e agosto de 2016, respectivamente, com a atuação de movimentos de ativismo urbano e com o substancial crescimento em tamanho e importância do movimento feminista e LGBTI nos últimos três anos.

Em suma, eu diria que o cenário é ao mesmo tempo de profunda politização entre vários setores da sociedade, mas de falta de articulação (seja por falta de força, seja por discordância política ou estratégica) entre esses movimentos em nível nacional.

  1. Como o governo reagiu aos protestos? Como a sociedade civil respondeu às restrições ao espaço de atuação cívica?

O governo tem reagido de forma bastante violenta, nos casos em que houve enfrentamento com manifestantes (como na greve de abril de 2017), como é de costume no país, sobretudo desde 2013. O que muitos ativistas apontam é que as forças policiais, sobretudo nas cidades onde houve um grande número de movimentações de impacto nacional nos últimos anos (principalmente Rio de Janeiro e São Paulo) se tornaram mais “eficientes” desde 2013 – e também como “legado” da Copa do Mundo e das Olimpíadas – em dissuadir protestos e em usar força máxima em muitos casos, dificultando estrategicamente que grandes protestos se concretizem.

Além disso, a outra forma de reação do governo tem sido, com frequência, desprezar deliberadamente a opinião pública, fechando-se ainda mais em suas alianças com o congresso e alguns setores da economia e da imprensa. Temer teve ao longo do 2017 a menor aprovação de qualquer presidente da história brasileira, e certamente uma das menores do mundo, o que não o impediu de manter-se, mesmo que sem legitimidade, no poder.

Por seu lado, a sociedade civil ainda busca novas formas de atuação frente a esse cenário de fechamento dos canais institucionais. As novas redes sociais têm desempenhado um papel crucial para a disseminação de novas gramáticas políticas entre a população - tanto à esquerda como à direita, como atestam exemplarmente o movimento feminista e as redes de apoio a um candidato de extrema-direita como Jair Bolsonaro.

Na esquerda, o enfraquecimento do Partido dos Trabalhadores (PT), da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a principal central sindical do país, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) e da União Nacional dos Estudantes (UNE), que exerceram papel quase hegemônico nas últimas décadas, se deu em paralelo à emergência de novas formas de organização mais locais e autônomas em todo o país, como movimentos de bairro, coletivos de jovens de periferia e movimentos de estudantes não-alinhados a partidos políticos.

  1. Em abril de 2017, o Brasil teve uma das greves gerais mais massivas de sua história. O que levou a esse protesto? Por que ele teve uma dimensão tão massiva? E o que mudou como resultado?

A grande greve de abril 2017, com uma quase paralisação geral de um dia, deveu-se à conjunção de dois fatores: a crise do governo Temer, com a divulgação de evidências de seu envolvimento – e do envolvimento de ministros e outros políticos muito próximos a ele – em escândalos de corrupção de grandes proporções, e às tentativas do governo em avançar duas reformas que impactarão profundamente os trabalhadores: a nova lei trabalhista (sancionada pelo presidente em julho) e a reforma da previdência (ainda em tramitação no Congresso). Outros movimentos sociais de oposição ao governo, assim como movimentos de esquerda (estudantes, feministas, LGBTI, ativismo urbano) se juntaram aos protestos. De qualquer forma, apesar de sua enorme importância, essa grande movimentação não ganhou momento ao longo do ano – ao menos não como um movimento nacional unificado antigoverno e antirreformas neoliberais.

  1. O que podemos esperar para 2018 com a aproximação das eleições e a liderança do ex-presidente Lula da Silva nas pesquisas?

O cenário ainda é bastante aberto, e qualquer previsão é marcada por muita incerteza. A primeira questão importante é se Lula poderá concorrer às eleições de outubro – caso ele não seja condenado em segunda instância. Em julho de 2017, Lula foi condenado a quase 10 anos de prisão depois de ter sido declarado culpado por acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, mas seu recurso ainda está pendente. Mesmo que seu recurso fosse resolvido contra ele, alguns juristas ainda defendem que ele poderia ser candidato, até que o Supremo Tribunal Federal, a suprema corte constitucional do país, confirmasse o julgamento.

Outras iniciativas à esquerda ainda são bastante tímidas, como um início de movimentação em torno do nome de Guilherme Boulos (líder do mais significativo movimento de moradia do país, o MTST) e Ciro Gomes, um político com posições nacionalistas mas associado a práticas políticas bastante tradicionais.

A mesma incerteza também marca a direita e o centro – é bastante provável que o governador de São Paulo, o pouco carismático Geraldo Alckmin, concorrerá, provavelmente com uma plataforma liberal na economia e conservadora em termos de costumes e segurança pública. Jair Bolsonaro deverá ser o primeiro candidato abertamente de extrema direita com alguma chance de ir ao segundo turno.

De qualquer forma, a disputa tende a ser ferrenha e não há candidato com chances claras de vitória em primeiro turno. Além disso, a despeito do surgimento de novos movimentos que pregam uma renovação na política, a legislação eleitoral brasileira dificulta imensamente uma renovação no legislativo, um dos maiores responsáveis pela atual crise política e pelo avanço de uma agenda conservadora.

  • O espaço cívico no Brasil é classificado como ‘obstruído’ no CIVICUS Monitor, indicando restrições graves nos direitos da sociedade civil.

Entre em contato com Jose Henrique através de seus perfis Facebook ou Academia, ou pelo email

 

Tratado Vinculante sobre Trasnacionales y Derechos Humanos: ‘Tenemos perspectivas de éxito porque por primera vez se han abierto las ventanas de las Naciones Unidas y ha entrado la gente’

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El Informe 2017 sobre el Estado de la Sociedad Civil describió el rol central que desempeña la sociedad civil en la campaña para establecer un tratado global vinculante para que las empresas transnacionales cumplan con los estándares de derechos humanos.

 

‘El gobierno argentino envió un mensaje intimidatorio en relación con la participación de la sociedad civil; esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales debe ser monitoreada’

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CIVICUS conversa con Gastón Chillier, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos de Argentina. El CELS fue fundado en 1979, durante la dictadura militar, para promover los derechos humanos, la justicia y la inclusión social. En sus primeros años, el CELS luchó por la verdad y la justicia ante los crímenes del terrorismo de estado. A fines de la década de 1980 amplió su agenda para incluir las violaciones de derechos humanos cometidas bajo la democracia, sus causas estructurales y su relación con la desigualdad social. CELS promueve su agenda a través de investigaciones, campañas, alianzas con otros actores de la sociedad civil, incidencia y políticas públicas y litigio estratégico en foros nacionales e internacionales.

1. Cuéntenos acerca de la decisión del gobierno argentino de revocar la acreditación de varias organizaciones de la sociedad civil para la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires.

Sesenta y cinco personas de todo el mundo cuyas organizaciones habían sido acreditadas para participar en la Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebró en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017, recibieron correos electrónicos de la OMC que indicaban que las autoridades de seguridad de Argentina, el país anfitrión, había rechazado sus acreditaciones “por razones sin especificar”. Algunas de estas personas decidieron de todos modos viajar a Argentina para participar en otras actividades. Muchas de ellas fueron retenidas durante horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza antes de que se les permitiera ingresar al país. A dos personas - Petter Titland, un activista noruego de ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y de Ayuda a los Ciudadanos), y la periodista británico-ecuatoriana Sally Burch, quien participaría en la Conferencia Ministerial en calidad de experta en regulación de internet – les fue denegado el ingreso y fueron posteriormente deportadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores inicialmente emitió un comunicado de prensa explicando que las acreditaciones habían sido rechazadas porque estas personas o sus organizaciones “habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”. Resultó evidente que el gobierno había estado recopilando información de inteligencia, muy posiblemente sobre la base de la afiliación organizativa o la opinión política de las personas, lo cual está expresamente prohibido por la legislación argentina.

2. ¿Qué hizo la sociedad civil para que el gobierno de Argentina revocara su decisión?
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Argentina, y el CELS en particular, trabajaron para defender el derecho de los activistas puestos en la lista negra a la participación y la libertad de circulación, de modo de garantizar su ingreso a Argentina. Recopilamos y compartimos información tanto a nivel local como con sus organizaciones en sus países de origen. También alertamos a los funcionarios de las embajadas y en la justicia cuando las personas estaban siendo retenidas en el aeropuerto. Por último, tomamos medidas legales y administrativas.
Más específicamente, el CELS presentó peticiones de hábeas data, una solicitud de información pública y un habeas corpus colectivo, a la vez que se ocupó de los casos individuales de Titland y Burch, y brindó asesoramiento y apoyo a algunas de las otras personas directamente afectadas. Además, ayudamos a hacer correr la voz entre los periodistas, a través de las redes sociales y mediante entrevistas de prensa y comunicados en los medios.
Mediante estas peticiones legales y administrativas, solicitamos que el gobierno especificara las restricciones de seguridad establecidas para participar en el evento de la OMC y explicara los vínculos existentes entre esa evaluación y la prohibición o restricción del ingreso de activistas individuales al país.
En una audiencia judicial sobre el habeas corpus colectivo que presentamos en nombre de los activistas de la sociedad civil que habían sido retenidos al llegar al país, el gobierno presentó una lista con los nombres de las 65 personas cuyas acreditaciones habían sido rechazadas, pero insistió en que esto no les impedía la entrada en Argentina y que no tenía ninguna relación con las deportaciones de Titland y Burch. Reconocieron, sin embargo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores había enviado esta lista a la Dirección Nacional de Migraciones, en calidad de “alerta”. Tanto Titland como Burch figuraban en esa lista.
En respuesta a nuestras otras peticiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que no podía proporcionar detalles sobre qué información se había recabado sobre esas 65 personas o cómo había sido obtenida, y remitió nuestras consultas al Ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia. Todavía seguimos esperando sus respuestas.
Gracias a la presión legal, diplomática y mediática de la sociedad civil, el gobierno argentino se vio obligado a retroceder en algunos casos. Después de que Titland y Burch fueron deportados, a nadie más se le prohibió ingresar al país. Además, el 10 de diciembre el gobierno argentino anunció que un puñado de personas que figuraban en la lista estaban siendo acreditadas nuevamente. Entre ellas se encontraba Titland, quien finalmente regresó a Argentina y participó en la conferencia.
Sin embargo, muchas otras personas y OSC siguieron sin ser acreditadas, incluidas la organización chilena Derechos Digitales, la fundación argentina Grupo Efecto Positivo y la organización británica Global Justice Now. Algunos activistas cuyos nombres figuraban en la lista nos dijeron que se habían abstenido de viajar a la Argentina por miedo, y a otros les habían rechazado las solicitudes de visa. Algunos han manifestado temor de que estos rechazos y alertas queden registrados en su historial migratorio.

3. ¿Qué impacto tendrá la decisión del gobierno argentino sobre la legitimidad de las conversaciones de la OMC y, en términos más generales, sobre las perspectivas de participación de la sociedad civil en futuros debates globales?

La decisión del gobierno argentino de rechazar la acreditación de activistas sobre la base de información de inteligencia que puede que haya sido recabada ilegalmente, retenerlos en el aeropuerto y, en los dos casos más notorios, deportarlos a terceros países, causó tensión con la propia OMC y con otros países, en particular Noruega. Daría la impresión de que el gobierno argentino intentó reducir la participación de la sociedad civil en esta conferencia ministerial. Independientemente de los resultados de la reunión, esto sin duda tendrá impacto sobre la legitimidad de las conversaciones.

Esta fue la primera vez en que hubo un rechazo de activistas en semejante escala, y sienta un precedente muy negativo para la participación de la sociedad civil. Las acciones del gobierno argentino han enviado un mensaje intimidatorio que pone en cuestión el compromiso del país con la participación de la sociedad civil. Esta reducción del espacio cívico en las discusiones globales es una nueva dimensión que debe ser monitoreada. Y debería hacer sonar la alarma para que la sociedad civil global se asegure de que otros gobiernos no conviertan este precedente en una práctica de rutina.

 

4. ¿Cómo describiría el ambiente para la sociedad civil en Argentina? ¿Qué debería cambiar para que el espacio cívico mejore en el país?

Aunque Argentina está lejos de presentar el peor escenario en la región, el ambiente para la sociedad civil se está deteriorando. El gobierno actual ordenó la represión de protestas sociales y promovió o toleró la criminalización de los manifestantes y de algunos prominentes líderes sociales. También ha mostrado desdén por la participación de la sociedad civil, por ejemplo al nombrar por decreto a jueces de la Corte Suprema -y por lo tanto pasar por alto todas las instancias de participación pública en el proceso- y llevar adelante un intento de designación relámpago de un candidato a ocupar la vacante Defensoría del Pueblo, ignorando nuevamente a la sociedad civil en el proceso. En ambos casos, los reclamos públicos forzaron al gobierno a retroceder.

Además, el CELS y otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que desempeñaron un rol en el caso de Santiago Maldonado, un joven que desapareció durante la represión ilegal de una protesta de una comunidad indígena y fue encontrado ahogado casi tres meses después, fueron demonizados por algunos funcionarios nacionales.

Para que el espacio cívico en Argentina mejore, el gobierno debe proporcionar garantías para el ejercicio efectivo del derecho a la protesta, asegurando que las fuerzas de seguridad utilicen la fuerza responsablemente y dentro de la ley. También debe dar prioridad a los canales políticos para alcanzar soluciones concertadas a los conflictos y demandas sociales, y debe respetar y promover una variedad de mecanismos para la participación de la sociedad civil en procesos políticos clave.

  • El espacio cívico en Argentina es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.
  • Contáctese con el CELS a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga @CELS_Argentina y a @gchillier en Twitter

 

 

 

‘Tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos, es decir reactivando comunidades, y no solamente edificando casas’

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Los dos terremotos que afectaron a México en septiembre de 2017 dejaron cientos de muertos y miles de heridos, y la sociedad civil respondió rápidamente. Además de tener impactos inmediatos, los terremotos expusieron graves deficiencias de gobernanza. CIVICUS habla con dos personas de Fundar: Centro de Análisis e Investigación - Eduardo Alcalá, Coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación, y Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Fundar es una organización de la sociedad civil mexicana, plural e independiente, que promueve una democracia sustantiva y la transformación de las relaciones de poder entre gobierno y sociedad. Realiza labores de incidencia a través de la producción y diseminación de conocimiento especializado, la reflexión crítica y propositiva y la experimentación y vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales.

1. ¿Piensan que la respuesta del gobierno mexicano ante los sismos de septiembre de 2017 fue adecuada y suficiente?

El 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados afectó gravemente a la población de Chiapas y Oaxaca. Poco después, el 19 de septiembre, otro sismo de 7.1 grados causó graves daños, principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los sismos pusieron en evidencia la existencia de diversas falencias que el gobierno mexicano debe atender de manera urgente en materia de prevención y respuesta a los efectos de desastres naturales.

Desde nuestra perspectiva, la respuesta oficial ante estos hechos debe contemplar los siguientes elementos. En primer lugar, debe incluir la provisión de información accesible, clara, precisa y de calidad. Esto es determinante para la atención inmediata, es decir para el adecuado rescate de sobrevivientes, su cuidado y la recuperación de su patrimonio; para la reconstrucción de sus viviendas y de la infraestructura de sus localidades; para la provisión de condiciones de vida adecuadas a sus necesidades tras el desastre, y eventualmente para reparar daños y garantizar otros derechos. En este sentido, está claro que las plataformas y los sistemas oficiales de información y de comunicación deben ser actualizados con urgencia para ofrecer datos completos que permitan conocer de manera inmediata la magnitud de los daños, el tipo de asistencia de emergencia enviada a las poblaciones afectadas y, sobre todo, las estrategias planificadas y el origen y el destino de los recursos públicos con que el gobierno responderá a la catástrofe en el corto, el mediano y el largo plazo. En el caso de los sismos recientes, las respuestas del gobierno a las necesidades de información no cumplieron con estos estándares mínimos de transparencia ante desastres naturales.

Segundo, la respuesta oficial debe asimilar el hecho de que, en la fase de emergencia, la participación ciudadana encarada desde la solidaridad y la voluntad de las personas se organiza y coordina de manera natural y virtuosa. En ese sentido, las acciones para atender la fase de emergencia que desarrollaron las comunidades en México evidentemente superaron en tiempo y forma a las estrategias oficiales. Las redes sociales habilitaron una respuesta social mucho más ágil y efectiva que los procesos burocráticos. El involucramiento del gobierno a través de la marina, el ejército y los operadores públicos, si bien contribuyó a ordenar algunos aspectos durante esta fase, en ciertos momentos generó confusión e impuso medidas no necesariamente acordes a los protocolos internacionales en materia de rescate y salvaguarda de las vidas de las personas.

Tercero, la respuesta gubernamental debe incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones para la reconstrucción. Las estrategias e intervenciones deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos. La participación no solo empodera a las comunidades sino que también garantiza una mayor congruencia entre las políticas resultantes y las prioridades de las comunidades. En este sentido, apremia que el gobierno mexicano habilite, promueva e implemente mecanismos efectivos de participación ciudadana para la formulación de planes de reconstrucción y, más en general, que fortalezca en forma permanente el diálogo con la ciudadanía.

Cuarto, la respuesta del gobierno debe ir acompañada de mecanismos adecuados de rendición de cuentas, basados en plataformas y sistemas eficaces de información, para que sea posible hacer un monitoreo en tiempo real tanto del avance físico como del aspecto financiero de los planes de reconstrucción. Asimismo, el gobierno debe estar dispuesto a reorientar sus acciones y ajustar la inversión en función de las necesidades más apremiantes desde una visión estratégica a corto, mediano y largo plazo. En este punto, el gobierno mexicano debería introducir mejoras sustantivas en el diseño, la implementación y la operación de mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano. La ciudadanía debería poder monitorear los procesos de reconstrucción en todas sus dimensiones, tanto físicas como financieras y en lo que respecta al desembolso tanto de recursos públicos como de recursos procedentes de donaciones privadas. Actualmente el marco normativo es poco robusto en este sentido y tiene lagunas procedimentales que complican la adecuada fiscalización.

2. ¿Qué rol desempeñó en este contexto la sociedad civil?

La sociedad civil ha estado desde hace años activa en todos estos temas. En primer lugar, diversas organizaciones han puesto en el centro del debate público la necesidad de una mejor planeación urbana y de vivienda, así como de un diseño integral en materia de protección civil y prevención y atención a riesgos. En segundo lugar, ante la ocurrencia de desastres - sismos, sequías, huracanes, inundaciones - la sociedad civil ha contribuido mediante la provisión de información y la puesta en marcha de mecanismos participativos para atender necesidades puntuales de las comunidades afectadas. Tercero, a través de diversas plataformas cívicas e iniciativas ciudadanas, desde la sociedad civil nos hemos involucrado en distintos frentes para, sobre la base de nuestra experticia, mejorar los procesos en las fases posteriores a una catástrofe.

De modo que, aunque el voluntariado fuera una de las caras más visibles de la sociedad civil en los momentos inmediatamente posteriores al desastre, nuestra presencia lo excede con creces. La sociedad civil ha impulsado el análisis y la discusión de enfoques que reconceptualizan la noción de bienestar de las personas afectadas por un desastre natural. Tenemos claro que “reconstruir por reconstruir” no sirve; tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos. Esto implica no solamente edificar casas sino también reactivar comunidades, impulsar un desarrollo acorde a las necesidades de cada población, priorizar los requerimientos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y, en suma, asegurar mejores condiciones de vida para prepararnos para futuros eventos similares.

Es resumen, tenemos conocimientos especializados y experiencia de sobra, y el gobierno debería reconocerlo mediante la promoción de un diálogo fluido y la adopción de compromisos concretos con la sociedad civil. Sin embargo, todo esto requiere de una gran voluntad política y administrativa, y difícilmente ocurra a menos que nosotros elevemos nuestras exigencias. En sentido estricto, lograr que el gobierno adecue sus mecanismos a las oportunidades de mejora y a nuestras observaciones y recomendaciones es el principal reto que tenemos enfrente. Como todo proceso de incidencia en pos de transformaciones estructurales, no será fácil. Será un esfuerzo permanente y de largo plazo, y en ningún momento podrá perder de vista los principios y las prácticas de información, participación y rendición de cuentas. Pero solo en la medida en que hagamos nuestra labor de vigilancia lograremos mejorar los procesos democráticos y asegurar mayores niveles de bienestar humano para la ciudadanía.

3. ¿Acaso los sismos pusieron en evidencia otros problemas subyacentes de larga data? ¿Ha abierto la emergencia alguna ventana de oportunidad para la resolución de esos problemas?

Los sismos confirmaron la existencia de fallas estructurales e instruccionales, así como la necesidad de fortalecer los controles y la rendición de cuentas en materia de ejecución de recursos y procesos de contratación por adjudicación y licitación. El mapa de las comunidades más afectadas dejó en evidencia que ellas enfrentaban fuertes precariedades y desigualdades desde mucho antes de los sismos. De igual modo, se observa que las mujeres son las principales víctimas de los desastres, al mismo tiempo que las tareas de asistencia inmediata tras el sismo otorgaron a las mujeres un protagonismo sin precedentes. De modo que esta es una oportunidad ideal para atacar esos problemas, vulnerabilidades y desigualdades desde la raíz. El gobierno mexicano no debe perder la oportunidad que tiene enfrente. Por un lado, debe mejorar la conceptualización y el diseño del marco normativo y procedimental, a partir de principios y estándares de derechos humanos. Por otro lado, debe transformar las prácticas institucionales mediante las cuales implementa sus acciones y gasta los recursos públicos. En ese sentido, los sismos también abrieron una ventana de oportunidad (que todavía debe ser aprovechada por el gobierno) para poner en marcha una estrategia de colaboración con la sociedad civil.

La toma de decisiones en esa dirección contribuiría a resolver no solamente el tema inmediato de la respuesta a emergencias sino también otras problemáticas que cruzan profundamente a la agenda pública: la falta de transparencia y rendición de cuentas, la desigualdad, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la impunidad.

4. ¿Han surgido iniciativas novedosas de la sociedad civil en el contexto del desastre?

Han surgido varias iniciativas novedosas. Una de ellas es la plataforma #Epicentro, integrada por organizaciones de la sociedad civil, de la academia y del sector empresarial, así como por voluntarios. Con el lema “Reconstrucción social con integridad”, #Epicentro surgió a partir de un núcleo de diez organizaciones, que en pocos días se convirtieron en 30 y en las últimas semanas se multiplicaron hasta superar las 100. Fundar forma parte de esta iniciativa, que busca promover la participación ciudadana en las distintas fases de la reconstrucción, exigiendo del gobierno mexicano los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. La atención a la reconstrucción es clave porque ésta insumirá mucho más tiempo y recursos que la propia situación de emergencia: actualmente se calcula que llevará tres años y costará unos 30 mil millones de pesos, buena parte procedente del sector privado. Y por supuesto que en un período tan largo la atención mediática declina, y dados los montos involucrados, el descuido puede tener enormes costos. En este caso, además, el período de reconstrucción se superpondrá con el próximo proceso electoral que se desarrollará en 2018, y es preciso minimizar el riesgo de que se haga un uso político y clientelar de los recursos destinados a la reconstrucción.

La coalición #Epicentro se articula en tres nodos temáticos. El primero está a cargo de hacer un seguimiento minucioso para vigilar que los recursos para la reconstrucción se gasten correctamente y lleguen a quienes realmente los necesitan. El segundo se ocupa de monitorear que la reconstrucción se lleve a cabo siguiendo las mejores prácticas, los aprendizajes de otras experiencias y los estándares de derechos humanos. El tercero se centra en el tema de las reparaciones del daño causado a las víctimas de casos de corrupción y la sanción de los responsables. En ese sentido, es necesario investigar porqué murieron personas cuando se derrumbaron construcciones que tenían permisos que probablemente nunca deberían haber sido otorgados.

En suma, #Epicentro representa un compromiso y una apuesta ciudadana de largo aliento. El formato de la plataforma, diseñada por jóvenes especialistas en tecnologías cívicas, es novedoso en el marco de la experiencia mexicana de construcción de redes, alianzas a iniciativas para el monitoreo ciudadano, no solamente por la cantidad de organizaciones y voluntarios involucrados o por su diversidad y complementariedad temática y técnica, sino también por el grado de coordinación logrado en torno de un fin común.

5. ¿Ha recibido México suficientes expresiones de solidaridad y apoyo financiero de la comunidad internacional? ¿De qué modo adicional podrían los actores externos apoyar la reconstrucción?

Tras los sismos la solidaridad de la comunidad internacional se hizo sentir. El apoyo abarcó desde ayuda humanitaria en especie y asistencia técnica para el rescate hasta un gran caudal de aporte financiero procedente de donativos de diversos actores de la comunidad internacional, tanto públicos como privados.

El portal “Transparencia Presupuestaria” ofrece información oficial acerca de los donativos que el gobierno mexicano ha recibido de distintos países y organizaciones internacionales, entre las cuales se cuenta el Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC). Sin embargo, la publicación de la información no alcanza para asegurar que los recursos atiendan las necesidades de las poblaciones afectadas por los desastres naturales.

La multiplicidad de fuentes de recursos internacionales incrementa la necesidad de instrumentos eficientes para su administración, garantías de transparencia en su ejecución y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre el destino de los recursos. Expresados como mera cantidad, los montos de los recursos financieros no dicen demasiado: en lo inmediato, claro que es importante que esos fondos no acaben en el bolsillo equivocado. Pero en el largo plazo, lo que realmente importa es que esos recursos se materialicen en estrategias y acciones concretas que aseguren una reconstrucción encarada con un enfoque de derechos. En ese sentido, sería importante que los donantes de los recursos expresaran interés en el destino de los fondos y en el impacto que ellos van teniendo en el logro de los fines para los cuales fueron dispuestos.

  • El espacio cívico en México es clasificado por el CIVICUS Monitor en la categoría ‘represivo’, indicativa de la existencia de serias restricciones sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
  • Visite la página web o el perfil de Facebook de FUNDAR, o siga en Twitter a @FundarMexico.

 

 

 

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