Nicaragua

• Nicaragua: Llamamiento urgente para detener la persecución judicial del defensor de los DDHH Medardo Mairena Sequeira

  Medardo Mairena Sequeira, que compareció ayer ante el tribunal para hacer frente a los cargos infundados que se le imputaban, fue declarado culpable de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".

• Nicaragua: One month later, Medardo Mairena Sequeira still behind bars

  3 months ahead of the Presidential elections, authorities in 🇳🇮#Nicaragua have arbitrarily detained several opposition leaders & activists. Among the detained is presidential candidate & human rights activist @MedardoMairena
  
  We call for his release: https://t.co/Ye2gxTMhAZ pic.twitter.com/WkDfBa089H

  — CIVICUS (@CIVICUSalliance) August 5, 2021

  Global civil society alliance CIVICUS is seriously concerned about the prolonged detention of Nicaraguan human rights defender, Medardo Mairena Sequeira. Medardo was detained a month ago as part of a wave of arrests targeting activists and people who expressed their desire to stand for the Presidency ahead of Presidential elections scheduled for November 2021.

  For far too long, President Daniel Ortega has used state apparatuses to target human rights defenders, journalists and members of the political opposition to stifle freedom of expression and extend his grip on power. Now, a few months before the November 2021 elections, this intensified crackdown aims to silence political opponents to guarantee him victory when Nicaraguans vote. The international community must act now to prevent a further deterioration of human rights,” said David Kode, Advocacy and Campaigns Lead at CIVICUS.

  In addition to Medardo, those detained include labour leaders Freddy Navas Lopes, Pablo Morales and Pedro Joaquin Mena. Most of the people arrested are accused of complicity in the kidnapping and killing of police officers in 2018 during large scale protests that swept through Nicaragua that year. The authorities state that they are investigating those arrested for inciting foreign interference and violating national sovereignty.

  Police also raided the home of feminist leaders Dora Maria Tellez and Ana Margarita Vijil, and arrested them. They are both members of the opposition party Unamos. For several months, leaders and members of Unamos have been subjected to arbitrary arrests and detentions. The authorities have also imposed travel bans on other members of the political opposition and civil society, and froze their bank accounts.

  Background

  Since 2018, President Ortega’s administration has precipitated a socio-political and human rights crisis in Nicaragua. Human rights defenders, journalists and members of the political opposition have been subjected to acts of intimidation, arrests and detentions by security agents. In March 2021, the United Nations Human Rights Council adopted a Resolution in response to human rights violations which renews and strengthens scrutiny on Nicaragua. In March 2021, Nicaragua was also placed on the CIVICUS Monitor Watch List, due to concerns about the country’s rapidly declining civic space. A few months before the November elections, the authorities have increased their attacks against members of the political opposition, human rights defenders and journalists.

  Nicaragua is rated as ‘repressed’ by the CIVICUS Monitor, our online platform that measures the state of civic freedoms in all countries.

  *Photo Credit: Jorge Mejía peralta

• ‘No abandonaremos nuestra lucha; las empresas y gobiernos que invierten en proyectos extractivos deben saber que se están comprando un problema’

   

  English

  

  CIVICUS conversa con Medardo Mairena Sequeira,Coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social organizado en oposición al proyecto de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. En septiembre de 2017 Medardo Mairena integró la delegación de CIVICUS en el 36ª período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participó como orador en un evento paralelo sobre las restricciones del espacio cívico que enfrentan los movimientos indígenas y ambientalistas en todo el mundo.

  1. ¿Cuáles son las razones de la movilización contra el proyecto del Canal Interoceánico? ¿Qué consecuencias tendría la construcción del canal?

  La concesión para construir y operar el canal por 50 años, prorrogables por 50 más, fue entregada en junio de 2013 a la empresa china HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company). Fue otorgada mediante la Ley 840, conocida como “ley canalera”.

  El canal tendría unos 500 metros de ancho y 30 metros de profundidad, un área restringida de 10 kilómetros a ambos lados y 278 kilómetros de largo. Además incluiría un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados y otro lago para una central hidroeléctrica, más aeropuerto y cantidades de comercios que ocuparían enormes extensiones de territorio.

  Se estima que los desplazados, es decir los afectados directos, serían más de 350 mil personas. Muchas más serían afectadas de manera indirecta, ya que los desplazados tendríamos un impacto allí donde nos moviéramos: tendríamos que ocupar otras propiedades, dado que ya no existen en Nicaragua tierras libres adonde pudiéramos ser reubicados, pese a lo que ha dicho el gobierno en algunas ocasiones.

  Las tierras que atravesaría el canal son las mejores tierras de Nicaragua: tienen agua, se pueden cultivar, y es donde vivimos los campesinos. El canal también atravesaría y arruinaría el Lago Cocibolca, que es el único reservorio de agua dulce que tenemos no solo en Nicaragua sino en toda Centroamérica. La contaminación de estas aguas es la muerte, porque miles de hermanos toman agua de ese lago.

  Yo vivo en una zona que está en el camino proyectado para el canal. Estoy en Punta Gorda, cerca de un territorio indígena y de la Reserva Indio Maíz, la Reserva Natural Punta Gorda, los humedales de San Miguelito y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Somos vecinos y tenemos muy buena relación con los hermanos indígenas, y al igual que a ellos nadie nos ha consultado. No nos han preguntado si estamos de acuerdo en vender, arrendar o entregar nuestras tierras. En los cuatro años desde que se vendió la concesión, el gobierno aun nunca ha pedido la opinión de los afectados directos. Todo lo que ha hecho es militarizar la zona, poner cantidades de militares y policías que reprimen al pueblo. Así, en la franja canalera encuentras campesinos humildes que han sido intimidados e incluso sufrido torturas.

  Pero tenemos una posición muy firme: no entregaremos nuestras propiedades ni aceptaremos la destrucción que el canal causaría en el medio ambiente, y en cambio exigimos la derogación de la Ley 840. El artículo 12 de la ley dice que “es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto”. Pero obviamente no es en nuestro interés que nos quiten nuestras propiedades para que el gobierno pueda hacer sus negocios con los chinos.

  2. ¿Qué acciones realiza el movimiento anti-canal para exigir la derogación de la ley?

  Hemos hecho más de 90 marchas en diversos lugares del país, y seis marchas nacionales. Las marchas locales han tenido siempre entre 3000 y 7000 personas, mientras que las nacionales han juntado desde 18 mil hasta 30 mil.

  Además de marchar, trabajamos continuamente para dar a conocer la ley canalera. Hacemos foros en municipios, comarcas y distritos para explicarle a la gente la situación y nuestra lucha. Sucede que esta ley se hizo a espaldas del pueblo, y por eso la mayoría de los nicaragüenses no sabe lo que significa ni cómo los amenaza. A partir de los foros ellos han sentido la necesidad de organizarse, y así es como ha avanzado el movimiento.

  También hemos seguido todo el procedimiento legal que establece nuestra Constitución política para las iniciativas ciudadanas. La Constitución de Nicaragua dice que con las firmas de por lo menos 5000 ciudadanos se puede presentar una iniciativa ya sea para derogar una ley o para proponer una nueva. En abril de 2016 llevamos a la Asamblea Nacional un petitorio para derogar la ley canalera que tenía más de 28 mil firmas, pero la Asamblea se declaró incompetente diciendo que no tenía atribuciones porque la ley canalera tenía rango constitucional, y que por lo tanto no podía derogarla. Pero nosotros tenemos claro que los diputados están autorizados para hacer y deshacer, así que presentamos un recurso de revisión, pero este fue enseguida rechazado. Así que siguiendo los pasos que indica la Constitución presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de ocho meses La Corte Suprema también falló en contra de nosotros los campesinos, violando así nuestros derechos constitucionales. Una vez que agotamos todas las vías legales en Nicaragua, demandamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por violación de nuestros derechos humanos.

  El gobierno dice que el proyecto del canal es apoyado por la mayoría de los nicaragüenses, pero esto no es cierto. Esto se evidencia en la cantidad de gente que se ha unido a nosotros pese a que no contamos con recursos económicos para movilizarnos. Con los pocos recursos que tenemos hemos hecho enormes movilizaciones, y si tuviéramos más recursos quedaría claramente en evidencia que la realidad es exactamente la contraria de lo que el gobierno está diciendo.

  El gobierno no nos escucha, al punto que después de cuatro años de lucha todavía no nos reconoce como organización, pese a que hemos liderado grandes movilizaciones. Y de remate, acaba de reestructurar la ley para poder explotar los recursos naturales sin siquiera hacer estudios de impacto ambiental. Para la construcción del canal nunca pudo presentar ningún estudio de impacto ambiental ni socioeconómico, porque ha manejado todo a escondidas: hizo la ley, vendió nuestras tierras a un empresario y luego quiso justificarlo con supuestos estudios. Pero como no tiene los estudios que necesita, porque todos los estudios dicen exactamente lo contrario, finalmente modificó la ley y ahora puede construir sin hacer un estudio de impacto ambiental, lo cual es una violación más de nuestros derechos constitucionales.

  3. ¿Han tenido libertad para movilizarse contra el canal?

  Hemos encontrado muchos obstáculos para movilizarnos y hemos sido muchas veces reprimidos; por ejemplo el 29 de noviembre de 2016 intentamos hacer una marcha nacional y tuvimos que suspenderla ante la represión de la policía y el Ejército. Desde el día anterior el gobierno puso obstáculos en los caminos, organizó retenes y requisó vehículos en todas las entradas y salidas a la capital. Los manifestantes que intentaban llegar a Managua fueron atacados por la policía antimotines. Hubo infiltraciones, provocaciones y violencia; varios campesinos fueron heridos; uno de ellos, que tuvo heridas graves, sigue mal, ya ha tenido dos operaciones.

  La persecución y la criminalización son permanentes. La represión es cada día más fuerte y nuestras familias sufren. Cuando salimos de la casa los hijos piensan que algo nos puede pasar, porque el gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, desde intimidar hasta asesinar. Algunos líderes que han luchado contra el régimen hoy están muertos, y nunca se ha sabido porqué, cómo ni por quién. La impunidad es total.

  4. Usted no solía dedicarse a la política. ¿Cómo llegó a liderar esta lucha?

  Nosotros nos organizamos por necesidad, porque los campesinos nos dedicamos a trabajar la tierra y no estamos acostumbrados a andar en estas cosas. Los que hemos emprendido esta lucha somos campesinos: es decir, somos autónomos, no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Nos organizamos por nuestros propios medios, aunque las organizaciones de derechos humanos nos han apoyado y ahora que hemos presentado nuestra demanda esperamos también el respaldo de la CIDH.

  5. ¿El movimiento anti-canal mantiene vínculos con otros movimientos sociales que también están siendo atacados y reprimidos?

  Hemos estado en contacto con otros movimientos y hemos tratado de hacer alianzas para fortalecernos. De hecho, el proyecto del canal se coloca en el marco de un modelo extractivista más amplio, que requiere de la entrega de grandes cantidades de tierras y trae mucha destrucción. Los movimientos que oponen resistencia contra la minería o la siembra de monocultivos y las comunidades indígenas que defienden sus territorios están en la misma situación que nosotros, ya que son amenazados por las mismas leyes que los exponen a la expropiación, y son reprimidos por el mismo gobierno.

  El gobierno hace negocios con proyectos extractivistas entregando concesiones sin consultar ni con las comunidades indígenas – no se han hecho las consultas previas, libres e informadas que exige la ley – ni con nosotros los campesinos. El gobierno solo quiere seguir enriqueciéndose para mantenerse en el poder. El proyecto del canal es tan innecesario que cabe pensar en las peores motivaciones: por ejemplo, que se busca dar movilidad sin controles a negocios oscuros, incluso ilícitos. Nosotros no estamos en contra del progreso, pero el progreso puede y debe ser amigable con el medio ambiente y respetuoso de los derechos humanos.

  6. Usted sufrió recientemente una instancia de criminalización. ¿Nos puede contar qué pasó?

  Yo había viajado a Costa Rica porque tenía a mi hijo enfermo allá; estuve cinco días hospitalizado con él. Cuando venía de regreso para Nicaragua, visé mi pasaporte en Costa Rica, pagué los impuestos, pasé la frontera, y luego del lado nicaragüense me sellaron el pasaporte, me requisaron la mochila como de costumbre – todo normal. Y cuando ya estaba por volver a abordar el bus me alcanzó alguien de Migraciones de Nicaragua para decirme que querían hablar conmigo. Llegaron dos antimotines, me pusieron las esposas y me llevaron a empujones. Yo pregunté porqué me detenían, si tenían orden de captura, qué delitos se me imputaban, y pedí que me dejaran hacer una llamada telefónica a mi familia para que supieran que estaba siendo detenido, pero nunca me explicaron nada: solo me decían que querían hablar conmigo. Primero me tuvieron unas dos horas ahí en la frontera, y después llegó una patrulla de policía y me llevaron a la estación policial. Cuando les preguntaba cuál era mi delito me respondían que era una investigación y que la ley les daba facultades para detener a una persona por 48 horas para hacer averiguaciones. Yo les decía que yo no soy una persona desconocida ni ando escondido, y que si me hubieran dado una cita yo hubiera ido a la estación de policía para una entrevista si querían hablar conmigo; no era necesario que me pusieran las esposas o me encerraran.

  Me llevaron a una cárcel de Managua que es una cárcel de tortura. Gracias a Dios a mí no me torturaron físicamente, pero torturaron psicológicamente a mi familia, porque desde el momento en que me desaparecieron sin dejarme hacer una llamada, considero que fue un secuestro. Mientras tanto me estuvieron interrogando; me hicieron preguntas ilógicas, me tuvieron dos días detenido y al final cuando ya me iban a liberar me dijeron que los disculpara, que no tenía ningún delito, que tenía razón, que lo que les había dicho era cierto…

  Yo creo que intentan intimidarnos para que dejemos esta lucha. Pero estamos seguros de que es una lucha muy justa, de modo que vamos a seguir. En mi caso hubo mucha presión de organizaciones de derechos humanos que estuvieron preguntando por mi desaparición, de campesinos que ya se estaban movilizando en toda Nicaragua para protestar, algunos medios de comunicación, las redes sociales… esta presión ayudó mucho para que el caso saliera a la luz.

  7. ¿Qué clase de apoyo necesita el movimiento de parte de la comunidad internacional?

  Necesitamos espacio en los medios para divulgar nuestra lucha. Queremos que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua.

  Queremos mandar un mensaje a las empresas y gobiernos que pudieran estar interesados en invertir en el proyecto del canal interoceánico. Ellos deben saber que las tierras sobre las que se piensa construir el canal no son de Daniel Ortega sino de los nicaragüenses, y que los nicaragüenses, y sobre todo los campesinos, estamos organizados y tenemos una posición muy firme en defensa de nuestra tierra. Nosotros vivimos en el campo y esta es la única forma en que sabemos sobrevivir. No podemos ir a la ciudad; allí nadie nos espera. Antes que morir de hambre, preferimos morir defendiendo nuestras tierras.

  Las empresas y gobiernos interesados no deben malinvertir su dinero y el de sus pueblos. Tienen que saber que estamos firmes en esta lucha y que vamos a llevarla hasta el final, de modo que si tratan de invertir aquí se estarán comprando un problema.

  El espacio cívico en Nicaragua es clasificado en elCIVICUS Monitor en la categoría “obstruido”.

  Visite el perfil deFacebook del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

• 5 countries on civic space watchlist presented to UN Human Rights Council

  Statement at the 43rd Session of the UN Human Rights Council
  Watch us deliver our statement below:

   

  Dear Madame President,

  Research findings by the CIVICUS Monitor show a serious and rapid decline in respect for civic freedoms in India, Lebanon, Iraq, Nicaragua, and Guinea(countries on current civic space watchlist)

  In India, protests against a discriminatory citizenship law have been met with excessive force and deadly violence by the authorities, with at least 50 killed, and hundreds injured. There has been no independent and impartial investigation into the police violence. Hundreds have also been detained on spurious charges, including human rights defenders.

  In Lebanon, peaceful protests have been subjected to severe and unwarranted violence by the authorities. About a thousand protestors have been arrested or detained while many have experienced torture or ill-treatment while in detention.

  In Iraq, activists and journalists have been abducted, arbitrarily arrested and murdered in order to prevent them from participating in or covering demonstrations that broke out in October 2019.  Since the outset of the protests, hundreds of protestors have been killed at the hands of security forces.

  In Nicaragua, we are seriously concerned by the lack of political will to stop the repression of fundamental civic freedoms and to address the current human rights crisis. We call on this council to support a strong resolution on Nicaragua as the situation continues to worsen.

  In Guinea, mass protests which begun in October 2019 against government plans to replace the Constitution, have been met with excessive force. The killing of protesters and bystanders has been met with almost complete impunity. 

  Such restrictions on civic space are often a precursor for further human rights abuses and we call on the members and observers of this Council to act now to prevent further deterioration.

  Civic space ratings by CIVICUS Monitor
  Open	Narrowed	Obstructed	Repressed	Closed

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  See our wider advocacy priorities and programme of activities at the 43rd Session of the UN Human Rights Council

• 5 countries on CIVICUS Monitor watchlist presented to UN Human Rights Council

  Statement at the 46th Session of the UN Human Rights Council

  This Council has identified restrictions on fundamental freedoms as a warning sign of an impending human rights crisis. Five countries were highlighted in the latest CIVICUS Monitor Watchlist, which puts a spotlight on a group of countries where there has been a rapid decline in respect for civic space. 

  These include Myanmar, where a military coup has led to deaths of at least 50 protesters, and the arbitrary detention of more than a thousand activists, protesters and politicians, while journalists are targeted daily. 

  In Nicaragua, there has been systematic repression of demonstrations. Human rights defenders, journalists and perceived political opponents face criminalisation and harassment, and a recent onslaught of repressive laws hinders civic space still further.

  In Poland, months of ongoing protests sparked by a near-total ban on abortion have been met with excessive force by authorities and far-right groups. Laws and reforms which undermine judicial independence and the rule of law have been passed since 2015 and media freedom is under threat. 

  In Russia, there have been large scale attacks on peaceful assembly and journalists during the massive nationwide peaceful protests. Over 10,000 protesters have been detained.

  In Togo, where civic space has been backsliding since 2017, the detention of a journalist and trade unionists and the suspension of a newspaper are recent examples highlighting the deterioration in the respect of civic freedoms.

  The Council cannot fulfill its protection or prevention mandates unless it is prepared to take meaningful action in situations which show such warning signs. We call for stronger scrutiny on Myanmar and Nicaragua to be brought by the Council this session, and for due attention on Poland, Russia and Togo to prevent deteriorating situations on the ground. 

  Civic space ratings by CIVICUS Monitor
  Open	Narrowed	Obstructed	Repressed	Closed

   

• 5 países de la lista de vigilancia de CIVICUS se presentan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

   

  Declaración en el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

  Este Consejo ha identificado las restricciones a las libertades fundamentales como una señal de alarma de una inminente crisis de derechos humanos. Cinco países han sido destacados en la última lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, la cual pone el punto de mira un grupo de países en los que se ha producido un rápido declive del respeto al espacio cívico.

  Entre ellos se encuentra Myanmar, donde un golpe militar ha provocado la muerte de al menos 50 manifestantes y la detención arbitraria de más de mil activistas, manifestantes y políticos, mientras que los periodistas son objeto de ataques diarios.

  En Nicaragua se ha producido una represión sistemática de las manifestaciones. Los defensores de derechos humanos, los periodistas y los presuntos opositores políticos sufren criminalización y acoso. Además, una reciente oleada de leyes represivas obstaculiza aún más el espacio cívico.

  En Polonia, las autoridades y los grupos de extrema derecha han respondido con una fuerza excesiva a los meses de protestas desencadenadas por la prohibición casi total del aborto. Desde 2015 se han aprobado leyes y reformas que socavan la independencia judicial y el Estado de derecho. Asimismo, la libertad de los medios de comunicación está amenazada.

  En Rusia se han producido agresiones a gran escala contra las reuniones pacíficas y los periodistas durante las masivas protestas pacíficas a nivel nacional. Más de 10.000 manifestantes han sido detenidos.

  En Togo, donde el espacio cívico se ha visto limitado desde 2017, la detención de un periodista y de sindicalistas y la suspensión de un periódico son ejemplos recientes que ponen de manifiesto el deterioro del respeto a las libertades cívicas.

  El Consejo no puede cumplir sus mandatos de protección o prevención a menos que esté preparado para tomar medidas significativas en situaciones que muestren tales señales de alerta. Pedimos que el Consejo lleve a cabo un examen más riguroso de Myanmar y Nicaragua en este periodo de sesiones, y que preste la debida atención a Polonia, Rusia y Togo para evitar el deterioro de la situación sobre el terreno.

  Calificaciónes de espacio cívico - CIVICUS Monitor
  Abierto	Estrecho	Obstruido	Represivo	Cerrado

   

• 5 países en la lista de vigilancia del espacio cívico presentada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

  Declaración en el 43º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

  
  Los resultados de la investigación del CIVICUS Monitor muestran un serio y rápido declive en el respeto de las libertades cívicas en la India, Líbano, Irak, Nicaragua y Guinea (países que figuran en la actual lista de vigilancia del espacio cívico)

  En la India, las protestas contra una ley discriminatoria en materia de ciudadanía han sido reprimidas por las autoridades con una fuerza excesiva y una violencia mortal, con al menos 50 muertos y cientos de heridos. No se ha realizado ninguna investigación independiente e imparcial sobre la violencia policial. También se ha detenido a centenares de personas con acusaciones falsas, incluidos defensores de los derechos humanos.

  En el Líbano, las protestas pacíficas han sido objeto de una violencia grave e injustificada por parte de las autoridades. Alrededor de un millar de manifestantes han sido arrestados o detenidos, mientras que muchos han sufrido torturas o malos tratos durante su detención.

  En Irak, activistas y periodistas han sido secuestrados, detenidos arbitrariamente y asesinados para impedir que participen en las manifestaciones que se iniciaron en octubre de 2019.  Desde el comienzo de las protestas, cientos de manifestantes han sido asesinados a manos de las fuerzas de seguridad.

  En Nicaragua, nos preocupa seriamente la falta de voluntad política para poner fin a la represión de las libertades cívicas fundamentales y para hacer frente a la actual crisis de derechos humanos. Hacemos un llamamiento a este Consejo para que apoye una resolución firme sobre Nicaragua, ya que la situación sigue empeorando.

  En Guinea, las protestas masivas que comenzaron en octubre de 2019 contra los planes del gobierno de reemplazar la Constitución, han sido enfrentadas con excesiva fuerza. El asesinato de manifestantes y transeúntes ha sido recibido con casi total impunidad. 

  Esas restricciones del espacio cívico suelen ser un precursor de nuevos abusos de los derechos humanos y pedimos a los miembros y observadores de este Consejo que actúen ahora para evitar un mayor deterioro.

  Calificaciones del espacio cívico por CIVICUS Monitor
  Abierto	Estrecho	Obstruido	Represivo	Cerrado

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  Consulte nuestras prioridades de abogacía y programa de actividades en la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

• 5 pays sur la liste de surveillance de l'espace civique présentés au Conseil des droits de l'homme

  Déclaration à la 43ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies

  Les résultats des recherches menées par le CIVICUS Monitor montrent un déclin grave et rapide du respect des libertés civiques en Inde, au Liban, en Irak, au Nicaragua et en Guinée (pays figurant sur la liste actuelle de surveillance de l'espace civique)

  En Inde, les protestations contre une loi discriminatoire sur la citoyenneté ont été accueillies avec une force excessive et une violence mortelle par les autorités, faisant au moins 50 morts et des centaines de blessés. Aucune enquête indépendante et impartiale n'a été menée sur les violences policières. Des centaines de personnes ont également été détenues sur la base d'accusations fallacieuses, notamment des défenseurs des droits humains.

  Au Liban, les manifestations pacifiques ont été soumises à des violences graves et injustifiées de la part des autorités. Un millier de manifestants ont été arrêtés ou détenus, et beaucoup ont subi des tortures ou des mauvais traitements pendant leur détention.

  En Irak, des militants et des journalistes ont été enlevés, arrêtés arbitrairement et assassinés afin de les empêcher de participer ou de couvrir les manifestations qui ont éclaté en octobre 2019.  Depuis le début des manifestations, des centaines de manifestants ont été tués par les forces de sécurité.

  Au Nicaragua, nous sommes sérieusement préoccupés par le manque de volonté politique de mettre fin à la répression des libertés civiques fondamentales et de faire face à la crise actuelle des droits humains. Nous appelons ce Conseil à soutenir une résolution forte sur le Nicaragua alors que la situation continue de s'aggraver.

  En Guinée, les protestations de masse qui ont commencé en octobre 2019 contre les projets du gouvernement de remplacer la Constitution ont été accueillies avec une force excessive. Les meurtres de manifestants et de passants ont été commis dans une impunité quasi totale. 

  De telles restrictions de l'espace civique sont souvent le prélude à de nouvelles violations des droits humains et nous appelons les membres et les observateurs de ce Conseil à agir maintenant pour empêcher toute nouvelle détérioration.

  Les évaluations de l'espace civique par le CIVICUS Monitor
  Ouvert	Rétréci	Obstrué	Reprimé	Fermé

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  Voir nos priorités de plaidoyer et notre programme d'activités lors de la 43e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies

• Advocacy priorities at 42nd Session of UN Human Rights Council (September)

  The forty-second Session of the UN Human Rights Council will take place from 9 to 27 September.

  There are a variety of issues on the agenda this Session, both thematic and country-focused, and a number of human rights concerns that need to be addressed by the Council.

  One of the priorities for CIVICUS and its members is the ongoing human rights and humanitarian crisis in Sudan. Despite a deal reached between the military and protesters in August, peaceful protesters continued to be killed on an almost daily basis. We join calls from local and international civil society for the Council to take immediate action to investigate and monitor human rights violations as a first step towards accountability and justice. The country is rated as closed on the CIVICUS monitor, representing its total lack of civic space and freedoms.

  Saudi Arabi, also rated as closed, remains a serious ongoing concern as the country continues its decades-long clampdown on dissent, human rights activism and independent reporting. Women human rights defenders are still detained, and reportedly subjected to torture, for leading campaigns for women’s rights. In October 2018, Saudi journalist Jamal Khashoggi was extra-judicially murdered. CIVICUS, along with partners, will reiterate calls on the Council to establish a monitoring mechanism investigating human rights violations in the country and call for the immediate and unconditional release of the detained Saudi women human rights defenders and activists. Saudi Arabia is a member of the Human Rights Council. Members that flagrantly abuse human rights in their own territories undermine and delegitimise the work of the Council and should be held to higher standard of scrutiny.

  Cameroon, rated as ‘repressed’ in CIVICUS’s Monitor, continues to undergo a human rights crisis. In October 2016, protests in Cameroon’s two minority English-speaking regions, the North-West and South-West, triggered the country’s “Anglophone crisis.” Since then, the two regions have been embroiled in a cycle of violence and human rights violations and abuses committed by government forces and by separatist armed groups. Against this backdrop, space for civil society continues to be severely diminished, and we call on members of the Council to take constructive steps to address the situation.

  The Commission of Inquiry investigating human rights violations in Burundi will present its findings on the human rights situation in the country. We join calls for the HRC to renew the mandate of the Commission of Inquiry for a further year: with human rights violations ongoing, and 2020 elections approaching, ongoing scrutiny is crucial – particularly in the context of elections. Burundi is rates as ‘closed’ in CIVICUS’s Monitor, reflecting ongoing attacks on civil society members, human rights defenders and journalists.

  The Council’s spotlight will also fall on Cambodia when both the Special Rapporteur on Cambodia and the Office of the High Commissioner of Human Rights will deliver reports on the situation in the country. Civic space in Cambodia has been increasingly under attack – the country is rated as ‘repressed’ in CIVICUS’s monitor – and this Session will provide a crucial opportunity for the Council to strengthen its response to such attacks on fundamental freedoms, and other human rights violations. CIVICUS and our partners are calling for the Special Rapporteur’s mandate to be renewed, and for enhanced scrutiny of the country’s human rights obligations by the OHCHR.

  The UN’s High Commissioner for Human Rights will be reporting on the human rights crisis in Nicaragua, which the CIVICUS Monitor rates as ‘repressed’. Monitor findings show that freedom of expression, association and peaceful assembly continue to be seriously curtailed by the government. Local civil society organisations have been stripped of their legal status and of their assets, and human rights defenders and journalists are harassed. Nicaragua continues to block the return of international human rights bodies to the country, including the special mechanism of the Inter-American Commission on Human Rights and OHCHR. CIVICUS joins local and international partners calling for continued scrutiny of Nicaragua’s human rights situation.

  The Assistant Secretary General on reprisals will present a report the Council, and the resolution on reprisals will be presented for a vote to the Council members. We are calling on states to support a strong resolution which names specific examples of reprisals, including against CIVICUS members. This is a vital resolution because UN action is only possible with strong engagement from civil society on the ground, who not only provide information and analysis, but are on the front line of ensuring that human rights standards are respected by their own governments, and that violations are held to account.

  A resolution on arbitrary detention will also be presented to the Council. This is a critical issue in terms of civic space: civil society members worldwide continue to face arbitrary detention as a result of their work. As well as being a serious human rights violation in its own right, this also contributes to a chilling effect on other civil society actors and human rights defenders.

  CIVICUS and members’ events at the 42nd Session of the UN Human Rights Council:

  Civic space as an early warning system, 16 Sep, 1-2pm, Room IV

  This side event will explore the relationship between civic space crackdowns and broader human rights crises, with a view to discussing what potential early intervention from states and the Council could be taken on the basis of such attacks to elevate the Council’s preventative mandate and, ultimately, aim to stop countries spiraling into human rights crises.

  The continued silencing and imprisonment of Saudi women human rights defenders, 26 Sep, 9.30-10.30am, Room XXIV

  This panel will share the experiences of Saudi WHRDs and reflect on the reality they face in prison. Panelists, including Lina Al-Hathloul, the sister of detained human rights defender Loujain Al-Hathloul, will discuss the extent of the restrictions facing activists in Saudi Arabia and what further efforts can be taken internationally to ensure immediate release of WHRDs, including calling for a resolution from the UN Human Rights Council.

  Current council members:

  Afghanistan; Angola; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrain; Bangladesh; Brazil; Bulgaria; Burkina Faso; Cameroon; Chile; China; Croatia; Cuba; Czechia; Democratic Republic of the Congo; Denmark; Egypt; Eritrea; Fiji; Hungary; Iceland; India; Iraq; Italy; Japan; Mexico; Nepal; Nigeria; Pakistan; Peru; Philippines; Qatar; Rwanda; Saudi Arabia; Senegal; Slovakia; Somalia; South Africa; Spain; Togo; Tunisia; Ukraine; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; and Uruguay.

• Advocacy priorities at 43rd Session of UN Human Rights Council

  The four-week human rights council will sit from 24 February to 20 March, and there are a number of critical human rights resolutions up for debate, and for the 47 Council members to address. CIVICUS will be conducting and presenting evidence on a variety of thematic and country-focused issues. Full overview below or jump directly to see our programme of events.

  Country-specific situations

  Nicaragua (Civic space rating:Repressed)

  Our members on the ground have documented serious human rights violations, including attacks on fundamental freedoms and against human rights defenders and journalists. A report issued last year by the OHCHR, mandated by a resolution adopted in 2019, reflected this situation, and recommended enhanced UN monitoring and reporting. Given the lack of political will in the country to cooperate with regional and international mechanisms, and the concerning situation on the ground, CIVICUS calls on states to support a resolution on Nicaragua which calls for such enhanced reporting at the very least.

  Sri Lanka (Civic space rating:Repressed)

  This is a critical time for Sri Lanka, with concerns that the new administration which came to power last year could renege on its Council-mandated human rights and accountability commitments. The resolution adopted at the 30^th Session of the Human Rights Council and remains the only process in place which could guarantee justice for victims of human rights violations. Civic space is closing at an alarming rate – since the new administration came to power, civil society members on the ground have been threatened and intimidated, their records destroyed, and human rights defenders and journalists have been attacked. CIVICUS calls for states to encourage cooperation between the government of Sri Lanka and international human rights mechanisms, and for Council members to reaffirm their commitment to resolution 40/1, which put into place time-bound commitments to implement the accountability mechanisms in resolution 30/1.

  Iran (Civic space rating:Closed)

  In 2019, Iran erupted into a series of protests against lack of political and democratic freedoms and the deteriorating economic situation. Protesters were met with violent repression through mass arrests and lethal force. Current geopolitical developments have entrenched the regime and exacerbated internal insecurity further. This Human Rights Council Session will discuss the renewal of the mandate of the Special Rapporteur on Iran. CIVICUS supports the renewal of the Special Rapporteur mandate and encourages states to raise concerns about the use of lethal force in protests.

  India (Civic space rating:Repressed)

  India’s civic space rating was downgraded with the last CIVICUS report. A controversial and discriminatory citizenship law has given rise to mass protests across the country, which have been subject to violent crackdowns, leading many injured and at least 25 dead. Jammu and Kashmir remain under severe repression, including through sustained internet shutdown which is reaching its sixth month. Internet was partially restored in January but restrictions remain, making the shutdown the longest recorded in a democracy. Internet shutdowns are also being used across the country in order to hinder freedom of peaceful assembly. CIVICUS encourages States to raise concerns about India, and to call for an investigation into the violent suppression of peaceful protests, and to repeal discriminatory provisions in the Citizenship Law.

  Thematic mandates

  The Special Rapporteur on Human Rights Defenders

  The mandate of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders will be renewed this Session. This is a crucial mandate which has an impact of all CIVICUS’s areas of focus, and we encourage states to eco-sponsor the resolution at an early stage. The Special Rapporteur will present his annual report on HRDs in conflict and post-conflict situations, and reports on his country visits to Colombia and Mongolia. CIVICUS encourages states to affirm their co-sponsorship of the resolution early in the Session.

  Freedom of Expression

  The mandate for the Special Rapporteur on Freedom of Expression is set to be renewed this Session, at a time when internet blackouts in increasingly used as a tactic to limit freedom of expression, access to information and freedom of peaceful assembly. We encourage states to co-sponsor the renewal of this important mandate at an early stage.

  Freedom of Religion and Belief (FoRB)

  The Special Rapporteur on Freedom of Religion and Belief will present his annual report, which this year focuses on the intersection of religion and belief and gender and SOGI rights, and reports on country visits to Sri Lanka and the Netherlands. CIVICUS will be engaging on Sri Lanka and on India, which have both undergone concerning developments with regards to freedom of religion.

  Prevention

  The Chair-Rapporteur of two intersessional seminars on the contribution that the Council can make to the prevention of human rights violations will present the report of the seminars.

  CIVICUS will be highlighting the connection between civic space and prevention – that closures in civic space are often precursors to wider human rights crises, and that by intervening at the civic space level, the Council has a role to play in ensuring that such human rights violations are prevented.

  
  CIVICUS and members’ events at the 43rd Session of the UN Human Rights Council (events will be livestreamed @CIVICUS Facebook page):

  27 February (11:00 CET, Room VII), a side event will discuss the current critical situation in Nicaragua, and the importance of an enhanced monitoring mandate.

  2 March (14:00 CET, Room VII), CIVICUS and partners are organising an event on the constitutional and civic space crisis in India. 

  5 March (13:00 CET, Room VII), CIVICUS is co-sponsoring an event led by ICNL and the Civic Space Initiative consortium partners on countering terrorism financing while preserving civic space ----canceled due to the coronavirus

  12 March (12:30 CET, Room XXI), CIVICUS is co-sponsoring a side event on the use of lethal force in protests in Iran and Iraq, and responses from the international community---canceled due to the coronavirus

  Current council members:

  Afghanistan; Angola; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrain; Bangladesh; Brazil; Bulgaria; Burkina Faso; Cameroon; Chile; China; Croatia; Cuba; Czechia; Democratic Republic of the Congo; Denmark; Egypt; Eritrea; Fiji; Hungary; Iceland; India; Iraq; Italy; Japan; Mexico; Nepal; Nigeria; Pakistan; Peru; Philippines; Qatar; Rwanda; Saudi Arabia; Senegal; Slovakia; Somalia; South Africa; Spain; Togo; Tunisia; Ukraine; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; and Uruguay.

• Amidst an ongoing human rights crisis, the Council must take stronger action

  Statement at the 49th Session of the UN Human Rights Council

• Ante la actual crisis de derechos humanos, el Consejo debe tomar medidas más contundentes

  Consejo de Derechos Humanos 49º período de sesiones

  Pronunciada por Nicola Paccamiccio
  

  Gracias, señor Presidente.
  

  Acogemos con satisfacción el informe del Alto Comisionado, y nos hacemos eco en los términos más enérgicos de su conclusión de que el Consejo debe considerar nuevas medidas para reforzar la rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos.

  Tras meses de intensa represión, la calificación del espacio cívico de Nicaragua bajó el pasado diciembre de "represivo" a "cerrado", la peor calificación posible para el CIVICUS Monitor. Prevalece un ambiente de miedo y violencia.

  En el periodo previo a las elecciones de noviembre, los candidatos de la oposición, así como las personas críticas con el gobierno -incluidos líderes estudiantiles, abogados, defensores y periodistas- fueron detenidos acusados de "actuar para socavar la integridad nacional", en virtud de leyes represivas diseñadas para criminalizar todo tipo de crítica. Este tipo de leyes allanaron el camino hacia unas elecciones ilegítimas.

  Las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua están trabajando en un entorno cada vez más hostil. El gobierno ha seguido cerrando organizaciones mediante la revocación de su estatus legal, en este momento hay más de 60 organizaciones a las que se les ha cancelado su estatus legal, desde grupos humanitarios y de derechos humanos hasta entidades empresariales y académicas. En febrero, decenas de personas encarceladas por motivos políticos fueron condenadas como consecuencia de juicios sumarios y arbitrarios. La situación de las personas encarceladas por motivos políticos sigue siendo grave, especialmente teniendo en cuenta las numerosas denuncias de malos tratos y torturas.

  Las amenazas del gobierno han obligado a un mayor número de periodistas a huir del país en los últimos meses. La vigilancia y la autocensura son habituales. Los reporteros han sido objeto de ataques personales, han sido citados y amenazados con cargos.

  Dadas las continuas y graves violaciones de derechos humanos y la impunidad, así como la falta de voluntad de las autoridades para cooperar y comprometerse con los mecanismos regionales e internacionales, es esencial, tal y como ha concluido el Alto Comisionado, que el Consejo adopte un enfoque más firme ante la crisis de derechos humanos. Pedimos al Consejo que establezca urgentemente un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en esta sesión.

  Gracias.

• As the climate crisis intensifies, so does the crackdown on environmental activism, finds new report

  New research brief from the CIVICUS Monitor examines the crackdown of environmental activism and profiles important victories civil society has scored in the fight for climate justice.

  • Environmental protests are being criminalised and met with repression on all continents
  • State authorities and private companies are common perpetrators of violations to civic freedoms
  • Despite the risks and restrictions, activist groups continue to score important victories to advance climate justice.

  As world leaders meet in Glasgow for the UN Climate Change Negotiations (COP26), peaceful environmental activists are being threatened, silenced and criminalised around the world. The host of this year's meeting is one of many countries where activists are regularly facing rights violations.

  New research from the CIVICUS Monitor looks at the common tactics and restrictions being used by governments and private companies to suppress environmental movements. The research brief “Defenders of our planet: Resilience in the face of restrictions” focuses on three worrying trends: Bans and restrictions on protests; Judicial harassment and legal persecution; and the use of violence, including targeted killings.

  As the climate crisis intensifies, activists and civil society groups continue to mobilise to hold policymakers and corporate leaders to account. From Brazil to South Africa, activists are putting their lives on the line to protect lands and to halt the activities of high-polluting industries. The most severe rights abuses are often experienced by civil society groups that are standing up to the logging, mining and energy giants who are exploiting natural resources and fueling global warming.

  As people take to the streets, governments have been instituting bans that criminalise environmental protests. Recently governments have used COVID-19 as a pretext to disrupt and break up demonstrations. Data from the CIVICUS Monitor indicates that the detention of protesters and the use of excessive force by authorities are becoming more prevalent.

  In Cambodia in May 2021, three environmental defenders were sentenced to 18 to 20 months in prison for planning a protest  against the filling of a lake in the capital. While in Finland this past June, over 100 activists were arrested for participating in a protest calling for the government to take urgent action on climate change. From authoritarian countries to  mature democracies, the research also profiles those who have been put behind bars for peacefully protesting.

  “Silencing activists and denying them of their fundamental civic rights is another tactic being used by leaders to evade and delay action on climate change” said Marianna Belalba Barreto, Research Lead for the CIVICUS Monitor. “Criminalising nonviolent protests has become a troubling indicator that governments are not committed to saving the planet .”

  The report shows that many of the measures being deployed by governments to restrict rights are not compatible with international law. Examples of courts and legislative bodies reversing attempts to criminalise nonviolent climate protests are few and far between.

  Despite the increased risks and restrictions facing environmental campaigners, the report also shows that a wide range of campaigns have scored important victories, including the closure of mines and numerous hazardous construction projects. Equally significant has been the rise of climate litigation by activist groups. Ironically, as authorities take activists to court for exercising their fundamental right to protest, activist groups have successfully filed lawsuits against governments and companies in over 25 countries for failing to act on climate change.

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  DOWNLOAD REPORT

• Carta desde la prisión: líder campesino nicaragüense, Medardo Mairena

  El líder campesino Medardo Mairena escribe una carta a los medios de comunicación desde la prisión 

  

  Medardo Mairena Sequeira, es Coordinador del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Medardo es uno de los líderes del movimiento contra la construcción del Canal en Nicaragua, fue detenido el 13 de julio junto con el líder campesino Pedro Joaquín Mena Amador cuando planeaban abordar un avión a los Estados Unidos para participar en un evento de solidaridad con Nicaragua. Medardo y otros dos líderes campesinos, se enfrentan a cargos falsos que van desde terrorismo, asesinato, secuestros, robo agravado y obstrucción a los servicios públicos.

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  Agradezco a Dios y a mi familia, al pueblo de Nicaragua, a los medios de comunicación independiente, a las comisiones de derechos humanos nacional e internacionales, a la Organización de Estados Americanos, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por no dejarnos solo al pueblo de Nicaragua.

  A todos mis amigos, amigas, a todo el pueblo en general, les pido que nos mantengamos unidos en oración en estos momentos difíciles para todos, por los presos políticos, que nos tienen detenidos injustamente solo por pensar diferente. El régimen de Ortega no es más que un cobarde, por eso nos detiene, por alzar nuestras voces por los que no pueden y por los que ya no están con nosotros.

  En el sistema penitenciario, en las cárceles estamos en máxima seguridad, las celdas están en malas condiciones, no hay luz, los servicios higiénicos están dañados, las ventanas que son para que entre aire las han cerrado. Nos tienen como si nos estuviéramos horneando en un horno y aislados de los demás presos. En esta modelo estamos los campesinos, en la 300, conocida como el “infiernillo”. Estamos 20 presos en las mismas condiciones. He estado enfermo igual que otros y no nos permiten que nos revise un médico. Gracias a Dios estoy mejorando, por el poder de Dios. Nada más aquí hay zancudos, cucarachas, alacranes, etc. No nos sacan de las celdas ni a tomar el sol. A mi amigo Pedro Mena le quitaron su tratamiento, ya que él padece de azúcar, de la presión. Él trae su tratamiento en su mochila y se tiene que tomar una pastilla diaria. Nos tratan inhumanamente.

  Insto al pueblo a seguir manifestándose pacíficamente, como siempre lo hemos hecho. Aunque no me vean, mi corazón está con ustedes, en las calles. Porque tenemos que exigir nuestra liberación, porque somos inocentes de lo que nos acusan. El día que sucedieron los hechos en Morito, nosotros estábamos en la marcha en Managua exigiendo que se reanudara el diálogo, ya que es la mejor salida pacífica a la crisis, porque pensamos como personas civilizadas, porque queremos justicia y democratización. No podemos olvidar a los que les arrebató la vida el régimen. Al menos mi familia todavía tiene la esperanza de verme pronto, pero las madres que perdieron a sus hijos no, y no las dejaremos solas.

  Atentamente,

  Medardo.

  Transcripción de la carta original. 
  

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  CIVICUS ha pedido a las autoridades de Nicaragua que retiren todos los cargos contra Medardo Mairena, Pedro Joaquín Mena y Víctor Manuel Díaz y los liberen en condiciones de seguridad. CIVICUS también pide la liberación de todos los líderes rurales, estudiantes y activistas actualmente detenidos por ejercer su derecho a la protesta.

  Nicaragua ha sido añadida al listado de países del "watchlist" que están sufriendo una alarmante escalada de amenazas contra las libertades fundamentales. Este listado es recopilado por el CIVICUS Monitor, una plataforma online que evalúa las amenazas a las que se enfrenta la sociedad civil por todo el mundo. 

   

• Cinco razones por las que las elecciones en Nicaragua no garantizan derechos humanos

  El 7 de noviembre de 2021 se celebrarán elecciones generales en Nicaragua en un contexto de agravamiento de la crisis de derechos humanos iniciada con la represión de las protestas en abril del 2018.  Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos que continúan ocurriendo y su reciente escalada. A continuación, exponemos cinco razones que revelan que las próximas elecciones generales se realizarán en un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas. 

  Mientras el Presidente Daniel Ortega va en búsqueda de su cuarto mandato consecutivo, la represión gubernamental en contra de críticos y de la oposición política ha recrudecido. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, así como también otras restricciones al ejercicio de derechos civiles y políticos. Estas violaciones de derechos humanos han afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, respecto de quienes se ha reportado un impacto diferenciado.

  Desde fines de mayo, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluidos 7 candidatos presidenciales. Algunas de estas personas fueron víctimas de desapariciones forzadas durante meses y semanas. Estos abusos señalan el comienzo de una nueva etapa de la campaña de represión y criminalización de voces disidentes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos,  facilitada por la falta de independencia judicial y  por el control del ejecutivo de la Asamblea Nacional, que ha sancionado leyes que violan los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, y a votar y postularse para cargos públicos en elecciones libres y justas. 

  Es claro que en estos momentos en Nicaragua no existen condiciones para que se puedan realizar elecciones que garanticen el ejercicio de derechos, por lo cual, llamamos a la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos a que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la  crisis de derechos humanos.

   

  1. DETENCIONES ARBITRARIAS Y DESAPARICIONES FORZADAS

  Desde el 28 de mayo de 2021, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a 39 personas identificadas como opositoras al gobierno, incluyendo candidatos presidenciales, figuras públicas de la política, líderes estudiantiles, activistas, representantes campesinos, abogados defensores y periodistas. Algunos estuvieron en situación de desaparición forzada por semanas y meses antes de que las autoridades brindaran información sobre su paradero. Muchos han sido sujetos a interrogatorios constantes en condiciones abusivas de detención, incluyendo aislamiento prolongado y alimentación insuficiente, lo cual puede constituir tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante conforme al derecho internacional. Las recientes detenciones se suman a las más de 100 personas percibidas como críticas que permanecen detenidas arbitrariamente desde hace tiempo en el marco de la crisis de derechos humanos que atraviesa el país. 

  El Estado nicaragüense debe acabar con la práctica de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas injustamente por ejercer sus derechos. Esto es indispensable para que se restablezca el pleno goce de todos sus derechos, incluyendo el derecho a votar, a postularse y a y ocupar cargos públicos, en condiciones generales de igualdad.

   

  2. FALTA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y VIOLACIONES AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA

  Las autoridades siguen utilizando el sistema judicial penal, aprovechando la falta de independencia judicial, para encarcelar a personas percibidas como opositoras en procesos arbitrarios. Frecuentemente, las violaciones a las garantías del debido proceso y a un juicio justo incluyen violaciones a la presunción de inocencia, el requerimiento de presentar una orden judicial al momento de la detención, el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, el derecho a acceder a información detallada sobre la acusación formulada en su contra, el derecho a la defensa legal y a la comunicación libre y privada con un abogado o abogada de su elección. La falta de independencia del poder judicial en Nicaragua significa, además, que quienes se encuentran amenazados no tienen acceso a ninguna autoridad imparcial a la cual acudir para realizar una denuncia o solicitar protección.

  Asimismo, las autoridades han incumplido con las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos, obstaculizando el ejercicio de los derechos fundamentales. 

  El Estado nicaragüense debegarantizar a la población el acceso a la justicia, la verdad y la reparación por crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos humanos (como la desaparición forzada, la tortura o la detención arbitraria) cometidas antes y durante el contexto electoral.

   

  3. VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE PRENSA

  Las autoridades persiguen a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, y personas disidentes o percibidas como opositoras sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Como parte de esta táctica represiva, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley para la Regulación de Agentes Extranjeros” y la “Ley Especial de Ciberdelitos” en octubre de 2020, que restringen severamente la libertad de expresión y de asociación. 

  Entre julio y agosto de 2021, las autoridades han ordenado el cierre de 45 organizaciones no gubernamentales, incluyendo asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales humanitarias, y varias asociaciones médicas. Otras 10 organizaciones han sido cerradas desde 2018.

  Además, el gobierno sigue incurriendo en una serie de ataques y restricciones indebidas a medios independientes y trabajadores de la comunicación, así como a organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa, incluyendo investigaciones administrativas y penales, la detención de periodistas, y el allanamiento de oficinas de medios de prensa e incautación de sus bienes. En este preocupante escenario, no sólo se violan los derechos de los profesionales y medios atacados, sino que también se ve limitado el acceso a la información de la población en general, lo cual es clave para el adecuado ejercicio de los derechos políticos. 

  El Estado nicaragüense debe proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de prensa, que es esencial para el acceso a la información y el debate plural en un contexto electoral. Además, debe detener el hostigamiento, estigmatización y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas disidentes o percibidas como opositoras, sólo por expresar sus críticas a las políticas del Estado.

   

  4. VIOLACIONES A LOS DERECHOS POLÍTICOS

  El gobierno ha tratado de eliminar y desincentivar la competencia electoral a través de la detención arbitraria y el enjuiciamiento de opositores y candidatos presidenciales con la consecuente cancelación de sus derechos políticos. A su vez, ha cancelado la personería jurídica de los principales partidos de oposición, impidiéndoles participar de las elecciones. 

  En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la“Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, y la Autodeterminación para la Paz”, que ha sido utilizada para abrir investigaciones penales contra muchas de las personas detenidas desde fines de mayo. Esta ley incluye disposiciones amplias e imprecisas que restringen el derecho a postularse para cargos públicos. 

  Organizaciones locales ya han señalado que, en estas condiciones, el proceso electoral no garantizaría el pleno ejercicio de los derechos políticos.

  El pueblo nicaragüense tiene el derecho de ejercer su derecho al voto libremente, sin intimidaciones, y el derecho a postularse y ocupar cargos públicos en condiciones generales de igualdad. Para el ejercicio efectivo y pleno de estos derechos, es fundamental que se garantice la libertad de expresión, la de reunión y la de asociación.

  El Estado nicaragüense debe garantizar las condiciones necesarias para que la población ejerza satisfactoriamente su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

   

  5. FALTA DE GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE REUNIÓN PACÍFICA 

  En respuesta a las protestas de 2018, agentes del Estado hicieron un uso excesivo, desproporcionado y, con frecuencia, innecesario de la fuerza contra las personas que se manifestaban exigiendo sus derechos. De acuerdo con un grupo de expertos independientes, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la policía y grupos armados partidarios del gobierno, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, cometieron abusos generalizados en contra de manifestantes que, en gran medida, se encontraban desarmados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La impunidad por graves abusos durante las protestas de 2018 ha sido la norma. 

  A pesar del escrutinio internacional, la respuesta represiva contra quienes se manifiestan y promueven el respeto a los derechos humanos ha continuado.  

  El reciente recrudecimiento de la represión y hostigamiento a voces disidentes permite concluir que el Estado no garantizará el derecho a la reunión pacífica en el caso de que ocurran nuevas manifestaciones en el contexto electoral.

   

  El Estado nicaragüense debe garantizar la libertad de reunión pacífica antes, durante y después del proceso electoral.

   

  Amnistía Internacional

  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

  CIVICUS

  Human Rights Watch

  Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos 

  Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

  Organización Mundial Contra la Tortura

  People in Need

  Red Internacional de Derechos Humanos

  Women’s Link Worldwide

   

• Cinq pays sur la liste de surveillance de CIVICUS présentés au Nations Unies

   

  Déclaration lue au cours de la 46ème session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

  Le Conseil a identifié des cas d’entraves aux libertés fondamentales comme le signe avant-coureur d’une crise imminente des droits humains. Cinq pays ont été mis en évidence dans la dernière liste de surveillance de CIVICUS, qui attire l’attention sur un groupe de pays où l’on constate un recul rapide dans le respect de l’espace civique.

  Il s’agit notamment du Myanmar, où un coup d’État militaire a entraîné la mort d’au moins 50 manifestants et l’arrestation arbitraire de plus d’un millier de militants, de manifestants et de responsables politiques, tandis que des journalistes sont pris pour cible quotidiennement.

  Au Nicaragua, les manifestations ont systématiquement été réprimées. Les défenseurs des droits humains, les journalistes et les opposants politiques présumés sont victimes de répression pénale et de harcèlement, et une série de lois répressives adoptées récemment entrave encore davantage l’espace civique.

  En Polania, les autorités et les groupes d’extrême droite ont fait un usage excessif de la force lors des mois de manifestations déclenchées par l’interdiction presque totale de l’avortement. Des lois et des réformes qui compromettent l’indépendance de la justice et l’État de droit ont été adoptées depuis 2015, et la liberté des médias est menacée.

  En Russie, des attaques de grande ampleur ont eu lieu contre les rassemblements pacifiques et les journalistes lors des grandes manifestations pacifiques dans tout le pays. Plus de 10 000 manifestants ont été arrêtés.

  Au Togo, où l’espace civique recule depuis 2017, l’arrestation d’une journaliste et de syndicalistes et la fermeture d’un journal sont des exemples récents qui illustrent la dégradation des libertés civiques.

  Le Conseil ne peut pas remplir ses mandats de protection ou de prévention s’il n’est pas prêt à prendre des mesures concrètes face à des situations qui présentent de tels signes avant-coureurs. Nous demandons au Conseil de procéder à un examen plus approfondi de la situation au Myanmar et au Nicaragua au cours de cette session, et d’accorder toute l’attention nécessaire à la Pologne, à la Russie et au Togo afin d’éviter que la situation sur le terrain de ces pays ne se détériore encore davantage. 

  Evaluation de l'espace civique - CIVICUS Monitor
  Ouvert	Rétréci	Obstrué	Réprimé	Fermé

   

   

• CIVICUS calls on Nicaraguan authorities to withdraw new bill threatening freedom of association

  A new bill introduced in Congress by lawmakers from Nicaragua’s governing party would severely restrict freedoms of association and expression if passed into law, global civil society alliance CIVICUS said today. Introduced on 22 September, The Foreign Agents Law (“Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”) would require individuals and organisations that receive overseas funding  to register as “foreign agents”. Those registered as such would be banned from participating in activities relating to domestic politics.

  This legislation would give government ample discretionary powers to control and muzzle civil society, including the power to freeze assets of organisations and people classified as “foreign agents” who fail to register within 60 days. It would also ban anonymous donations, require individuals and organisations to submit detailed monthly reports on funding and use of resources, and allow the government to cancel the registration of organisations not meeting requirements.

  Similar legislation implemented in other countries, including Russia, has had a chilling effect on civic space, leading to the closure of many organisations and the discrediting of civil society activists. CIVICUS calls on the Nicaraguan Congress to reject the proposed bill and guarantee an enabling environment for civil society organisations and human rights defenders.

  “This law would significantly obstruct the operation of civil society organisations in Nicaragua and contribute to the stigmatisation of activists and human rights defenders. Nicaraguan authorities have repressed peaceful protests, sought to silence critical voices and are now attempting to take away people’s right to freely associate,” said Natalia Gomez, CIVICUS Advocacy and Campaigns Officer.

  
  Background

  In April 2018, widespread protests for social rights set off a crisis in Nicaragua which persists to date. Violations during this crisis have left over 300 protesters dead and more than 100,000 people forcibly displaced. While mass mobilisations have abated, the persecution and criminalisation of political dissidence has continued. Opposition politicians, independent journalists and human rights defenders have faced systematic harassment from security agents and from civilian pro-regime groups. 

  For more information on civic space violations, visit the Nicaragua country page on theCIVICUS Monitor 

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  ABOUT CIVICUS

  CIVICUS is a global alliance of civil society organisations dedicated to strengthening citizen action and civil society around the world. CIVICUS has more than 10,000 members worldwide.

  The CIVICUS Monitor is an online participatory platform that monitors civic freedoms, including the freedoms of expression, association and assembly, in 196 countries across the world.

• CIVICUS urges the Nicaraguan Government to make Civil Society its partner in development

  27 January 2009. Johannesburg, South Africa

  
  A fact-finding cum solidarity mission to Nicaragua undertaken by CIVICUS with the support of its members, the Coordinadora Civil (CC) and the Red Nicaraguense por la Democracia y el Desarrollo Local (RNDDL), has found evidence of pressure being applied by the authorities on independent civil society groups. Nevertheless, talks with officials have been positive raising hopes for better government-civil society relations.

  The mandate of the mission included: (i) expressing solidarity with civil society groups in Nicaragua who have had to contend with decreasing space to carry out their legitimate activities through 2008-2009 and, (ii) persuading the authorities to protect civil and political freedoms in the country, particularly the right to express democratic dissent.

  The mission members met with a number of civil society groups, including members of the women's movement who have had to face restrictions in recent times as well as parliamentarians and government officials. The mission noted the positive strides made by the government in providing health care and education resulting in an increase in the overall literacy rate.

  The mission observed that although government-civil society relations at the municipal level were often quite good, there were some outstanding issues in need of redress at the national level. Notably, the mission welcomed the willingness of parliamentarians and government officials to consider the concerns communicated to them by national civil society groups.

  The following are the major areas of concern:
  (a) launch of motivated prosecutions against activists expressing dissent against official policies, (b) ostracising and blacklisting of certain civil society groups particularly those working on accountability matters, (c) marginalisation of independent civil society groups through the creation of government organised NGOs (GONGOs) supported by federal funds, (d) blocking of access to information by official bodies, (e) harassment of independent media groups particularly radio and television outlets critical of official actions and, (f) de facto implementation of the draft law on international cooperation that places restrictions on support to local civil society organisations from international groups.

  "Our talks with key officials have been open and positive," feels Anabel Cruz, chair of CIVICUS' board who headed the mission. "We call upon the Government of Nicaragua to consider civil society as partners in national development and hope that the concerns will be addressed."

  CIVICUS urges the Government of Nicaragua to protect and safeguard the space for civil society in accordance with international, regional and constitutional commitments. A comprehensive report on the mission is being prepared and will be released shortly.

  CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation is a global movement of civil society with members and partners in over a hundred countries. The Civil Society Watch (CSW) programme of CIVICUS tracks threats to civil society freedoms of expression, association and assembly across the world.

  For more information contact:
  Devendra Tak ( ), Communications Manager
  or Mandeep S.Tiwana ( ) and Adam Nord ( ) Civil Society Watch Programme, CIVICUS
  Ph +27- 11-8335959

  Click here for Spanish translation(requires pdf reader).

• Continúa la persecución de los líderes de los movimientos de protesta rurales a medida que se profundiza la crisis en Nicaragua
  • Tres activistas ecologistas campesinos se encuentran detenidos y sufriendo malos tratos a la espera de juicio 
  • Un informe de las Naciones Unidas confirma que el gobierno sigue atacando a los líderes campesinos
  • Personal de Naciones Unidas ha sido expulsado de Nicaragua tras el informe realizado sobre las violaciones de los derechos de los manifestantes 
  • Más de 320 personas han muerto desde el inicio de la represión violenta de las protestas en abril
  • Grupos de derechos humanos instan a las autoridades a retirar todos los cargos y liberar a los líderes campesinos
• Countries on CIVICUS Monitor watchlist presented to UN Human Rights Council

  Statement at the 48th Session of the UN Human Rights Council

  Delivered by Lisa Majumdar

  Thank you, Madame President.

  A number of countries have experienced serious and rapid decline in respect for civic freedoms in the last months. We call upon the Council to do everything in their power to immediately end the ongoing civic space crackdowns which are a foreshadowing of worse violations to come.

  In Afghanistan, against a backdrop of deepening human rights, humanitarian and economic crisis, activists face systematic intimidation and are at grave risk. The Taliban are carrying out house-to-house searches for activists and journalists, and have responded with excessive force, gunfire and beatings to disperse peaceful protests, leading to deaths and injuries of peaceful protesters. The Council previously failed to take swift action to establish a monitoring and accountability mechanism. We urge it to remedy this missed opportunity now.

  In Belarus, attacks on human rights defenders and independent journalists have intensified, against the backdrop of recent draconian changes to the Mass Media Law and to the Law on Mass Events which were adopted in May 2021. We call on the Council to ensure that arbitrarily detained human rights defenders are released, and perpetrators of violations are held to account.

  Since the end of May, Nicaragua’s authorities have carried out a further crackdown on civil society and the opposition. Dozens of political leaders and human rights defenders were arrested and prosecuted as the government acted to silence critics and opponents ahead of presidential elections in November, a context which renders free and fair elections impossible. It is essential that the Council escalates its international scrutiny of Nicaragua to further accountability and justice for crimes under international law.

  We thank you.

  Civic space in Afghanistan, Belarus and Nicaragua is rated as repressed by the CIVICUS Monitor