Nicaragua

 

  • ‘No abandonaremos nuestra lucha; las empresas y gobiernos que invierten en proyectos extractivos deben saber que se están comprando un problema’

     

    English

    Medardo Mairena Sequeira HRC

    CIVICUS conversa con Medardo Mairena Sequeira,Coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social organizado en oposición al proyecto de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. En septiembre de 2017 Medardo Mairena integró la delegación de CIVICUS en el 36ª período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participó como orador en un evento paralelo sobre las restricciones del espacio cívico que enfrentan los movimientos indígenas y ambientalistas en todo el mundo.

    1. ¿Cuáles son las razones de la movilización contra el proyecto del Canal Interoceánico? ¿Qué consecuencias tendría la construcción del canal?

    La concesión para construir y operar el canal por 50 años, prorrogables por 50 más, fue entregada en junio de 2013 a la empresa china HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company). Fue otorgada mediante la Ley 840, conocida como “ley canalera”.

    El canal tendría unos 500 metros de ancho y 30 metros de profundidad, un área restringida de 10 kilómetros a ambos lados y 278 kilómetros de largo. Además incluiría un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados y otro lago para una central hidroeléctrica, más aeropuerto y cantidades de comercios que ocuparían enormes extensiones de territorio.

    Se estima que los desplazados, es decir los afectados directos, serían más de 350 mil personas. Muchas más serían afectadas de manera indirecta, ya que los desplazados tendríamos un impacto allí donde nos moviéramos: tendríamos que ocupar otras propiedades, dado que ya no existen en Nicaragua tierras libres adonde pudiéramos ser reubicados, pese a lo que ha dicho el gobierno en algunas ocasiones.

    Las tierras que atravesaría el canal son las mejores tierras de Nicaragua: tienen agua, se pueden cultivar, y es donde vivimos los campesinos. El canal también atravesaría y arruinaría el Lago Cocibolca, que es el único reservorio de agua dulce que tenemos no solo en Nicaragua sino en toda Centroamérica. La contaminación de estas aguas es la muerte, porque miles de hermanos toman agua de ese lago.

    Yo vivo en una zona que está en el camino proyectado para el canal. Estoy en Punta Gorda, cerca de un territorio indígena y de la Reserva Indio Maíz, la Reserva Natural Punta Gorda, los humedales de San Miguelito y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Somos vecinos y tenemos muy buena relación con los hermanos indígenas, y al igual que a ellos nadie nos ha consultado. No nos han preguntado si estamos de acuerdo en vender, arrendar o entregar nuestras tierras. En los cuatro años desde que se vendió la concesión, el gobierno aun nunca ha pedido la opinión de los afectados directos. Todo lo que ha hecho es militarizar la zona, poner cantidades de militares y policías que reprimen al pueblo. Así, en la franja canalera encuentras campesinos humildes que han sido intimidados e incluso sufrido torturas.

    MedardoSequeira2Pero tenemos una posición muy firme: no entregaremos nuestras propiedades ni aceptaremos la destrucción que el canal causaría en el medio ambiente, y en cambio exigimos la derogación de la Ley 840. El artículo 12 de la ley dice que “es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto”. Pero obviamente no es en nuestro interés que nos quiten nuestras propiedades para que el gobierno pueda hacer sus negocios con los chinos.

    2. ¿Qué acciones realiza el movimiento anti-canal para exigir la derogación de la ley?

    Hemos hecho más de 90 marchas en diversos lugares del país, y seis marchas nacionales. Las marchas locales han tenido siempre entre 3000 y 7000 personas, mientras que las nacionales han juntado desde 18 mil hasta 30 mil.

    Además de marchar, trabajamos continuamente para dar a conocer la ley canalera. Hacemos foros en municipios, comarcas y distritos para explicarle a la gente la situación y nuestra lucha. Sucede que esta ley se hizo a espaldas del pueblo, y por eso la mayoría de los nicaragüenses no sabe lo que significa ni cómo los amenaza. A partir de los foros ellos han sentido la necesidad de organizarse, y así es como ha avanzado el movimiento.

    También hemos seguido todo el procedimiento legal que establece nuestra Constitución política para las iniciativas ciudadanas. La Constitución de Nicaragua dice que con las firmas de por lo menos 5000 ciudadanos se puede presentar una iniciativa ya sea para derogar una ley o para proponer una nueva. En abril de 2016 llevamos a la Asamblea Nacional un petitorio para derogar la ley canalera que tenía más de 28 mil firmas, pero la Asamblea se declaró incompetente diciendo que no tenía atribuciones porque la ley canalera tenía rango constitucional, y que por lo tanto no podía derogarla. Pero nosotros tenemos claro que los diputados están autorizados para hacer y deshacer, así que presentamos un recurso de revisión, pero este fue enseguida rechazado. Así que siguiendo los pasos que indica la Constitución presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de ocho meses La Corte Suprema también falló en contra de nosotros los campesinos, violando así nuestros derechos constitucionales. Una vez que agotamos todas las vías legales en Nicaragua, demandamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por violación de nuestros derechos humanos.

    El gobierno dice que el proyecto del canal es apoyado por la mayoría de los nicaragüenses, pero esto no es cierto. Esto se evidencia en la cantidad de gente que se ha unido a nosotros pese a que no contamos con recursos económicos para movilizarnos. Con los pocos recursos que tenemos hemos hecho enormes movilizaciones, y si tuviéramos más recursos quedaría claramente en evidencia que la realidad es exactamente la contraria de lo que el gobierno está diciendo.

    El gobierno no nos escucha, al punto que después de cuatro años de lucha todavía no nos reconoce como organización, pese a que hemos liderado grandes movilizaciones. Y de remate, acaba de reestructurar la ley para poder explotar los recursos naturales sin siquiera hacer estudios de impacto ambiental. Para la construcción del canal nunca pudo presentar ningún estudio de impacto ambiental ni socioeconómico, porque ha manejado todo a escondidas: hizo la ley, vendió nuestras tierras a un empresario y luego quiso justificarlo con supuestos estudios. Pero como no tiene los estudios que necesita, porque todos los estudios dicen exactamente lo contrario, finalmente modificó la ley y ahora puede construir sin hacer un estudio de impacto ambiental, lo cual es una violación más de nuestros derechos constitucionales.

    3. ¿Han tenido libertad para movilizarse contra el canal?

    Hemos encontrado muchos obstáculos para movilizarnos y hemos sido muchas veces reprimidos; por ejemplo el 29 de noviembre de 2016 intentamos hacer una marcha nacional y tuvimos que suspenderla ante la represión de la policía y el Ejército. Desde el día anterior el gobierno puso obstáculos en los caminos, organizó retenes y requisó vehículos en todas las entradas y salidas a la capital. Los manifestantes que intentaban llegar a Managua fueron atacados por la policía antimotines. Hubo infiltraciones, provocaciones y violencia; varios campesinos fueron heridos; uno de ellos, que tuvo heridas graves, sigue mal, ya ha tenido dos operaciones.

    La persecución y la criminalización son permanentes. La represión es cada día más fuerte y nuestras familias sufren. Cuando salimos de la casa los hijos piensan que algo nos puede pasar, porque el gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, desde intimidar hasta asesinar. Algunos líderes que han luchado contra el régimen hoy están muertos, y nunca se ha sabido porqué, cómo ni por quién. La impunidad es total.

    4. Usted no solía dedicarse a la política. ¿Cómo llegó a liderar esta lucha?

    Nosotros nos organizamos por necesidad, porque los campesinos nos dedicamos a trabajar la tierra y no estamos acostumbrados a andar en estas cosas. Los que hemos emprendido esta lucha somos campesinos: es decir, somos autónomos, no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Nos organizamos por nuestros propios medios, aunque las organizaciones de derechos humanos nos han apoyado y ahora que hemos presentado nuestra demanda esperamos también el respaldo de la CIDH.

    5. ¿El movimiento anti-canal mantiene vínculos con otros movimientos sociales que también están siendo atacados y reprimidos?

    Hemos estado en contacto con otros movimientos y hemos tratado de hacer alianzas para fortalecernos. De hecho, el proyecto del canal se coloca en el marco de un modelo extractivista más amplio, que requiere de la entrega de grandes cantidades de tierras y trae mucha destrucción. Los movimientos que oponen resistencia contra la minería o la siembra de monocultivos y las comunidades indígenas que defienden sus territorios están en la misma situación que nosotros, ya que son amenazados por las mismas leyes que los exponen a la expropiación, y son reprimidos por el mismo gobierno.

    El gobierno hace negocios con proyectos extractivistas entregando concesiones sin consultar ni con las comunidades indígenas – no se han hecho las consultas previas, libres e informadas que exige la ley – ni con nosotros los campesinos. El gobierno solo quiere seguir enriqueciéndose para mantenerse en el poder. El proyecto del canal es tan innecesario que cabe pensar en las peores motivaciones: por ejemplo, que se busca dar movilidad sin controles a negocios oscuros, incluso ilícitos. Nosotros no estamos en contra del progreso, pero el progreso puede y debe ser amigable con el medio ambiente y respetuoso de los derechos humanos.

    6. Usted sufrió recientemente una instancia de criminalización. ¿Nos puede contar qué pasó?

    Yo había viajado a Costa Rica porque tenía a mi hijo enfermo allá; estuve cinco días hospitalizado con él. Cuando venía de regreso para Nicaragua, visé mi pasaporte en Costa Rica, pagué los impuestos, pasé la frontera, y luego del lado nicaragüense me sellaron el pasaporte, me requisaron la mochila como de costumbre – todo normal. Y cuando ya estaba por volver a abordar el bus me alcanzó alguien de Migraciones de Nicaragua para decirme que querían hablar conmigo. Llegaron dos antimotines, me pusieron las esposas y me llevaron a empujones. Yo pregunté porqué me detenían, si tenían orden de captura, qué delitos se me imputaban, y pedí que me dejaran hacer una llamada telefónica a mi familia para que supieran que estaba siendo detenido, pero nunca me explicaron nada: solo me decían que querían hablar conmigo. Primero me tuvieron unas dos horas ahí en la frontera, y después llegó una patrulla de policía y me llevaron a la estación policial. Cuando les preguntaba cuál era mi delito me respondían que era una investigación y que la ley les daba facultades para detener a una persona por 48 horas para hacer averiguaciones. Yo les decía que yo no soy una persona desconocida ni ando escondido, y que si me hubieran dado una cita yo hubiera ido a la estación de policía para una entrevista si querían hablar conmigo; no era necesario que me pusieran las esposas o me encerraran.

    Me llevaron a una cárcel de Managua que es una cárcel de tortura. Gracias a Dios a mí no me torturaron físicamente, pero torturaron psicológicamente a mi familia, porque desde el momento en que me desaparecieron sin dejarme hacer una llamada, considero que fue un secuestro. Mientras tanto me estuvieron interrogando; me hicieron preguntas ilógicas, me tuvieron dos días detenido y al final cuando ya me iban a liberar me dijeron que los disculpara, que no tenía ningún delito, que tenía razón, que lo que les había dicho era cierto…

    Yo creo que intentan intimidarnos para que dejemos esta lucha. Pero estamos seguros de que es una lucha muy justa, de modo que vamos a seguir. En mi caso hubo mucha presión de organizaciones de derechos humanos que estuvieron preguntando por mi desaparición, de campesinos que ya se estaban movilizando en toda Nicaragua para protestar, algunos medios de comunicación, las redes sociales… esta presión ayudó mucho para que el caso saliera a la luz.

    7. ¿Qué clase de apoyo necesita el movimiento de parte de la comunidad internacional?

    Necesitamos espacio en los medios para divulgar nuestra lucha. Queremos que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua.

    Queremos mandar un mensaje a las empresas y gobiernos que pudieran estar interesados en invertir en el proyecto del canal interoceánico. Ellos deben saber que las tierras sobre las que se piensa construir el canal no son de Daniel Ortega sino de los nicaragüenses, y que los nicaragüenses, y sobre todo los campesinos, estamos organizados y tenemos una posición muy firme en defensa de nuestra tierra. Nosotros vivimos en el campo y esta es la única forma en que sabemos sobrevivir. No podemos ir a la ciudad; allí nadie nos espera. Antes que morir de hambre, preferimos morir defendiendo nuestras tierras.

    Las empresas y gobiernos interesados no deben malinvertir su dinero y el de sus pueblos. Tienen que saber que estamos firmes en esta lucha y que vamos a llevarla hasta el final, de modo que si tratan de invertir aquí se estarán comprando un problema.

    El espacio cívico en Nicaragua es clasificado en elCIVICUS Monitor en la categoría “obstruido”.

    Visite el perfil deFacebook del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

     

  • 5 countries on civic space watchlist presented to UN Human Rights Council

    Statement at the 43rd Session of the UN Human Rights Council
    Watch us deliver our statement below:

     

    Dear Madame President,

    Research findings by the CIVICUS Monitor show a serious and rapid decline in respect for civic freedoms in IndiaLebanonIraq, Nicaragua, and Guinea(countries on current civic space watchlist)

    In India, protests against a discriminatory citizenship law have been met with excessive force and deadly violence by the authorities, with at least 50 killed, and hundreds injured. There has been no independent and impartial investigation into the police violence. Hundreds have also been detained on spurious charges, including human rights defenders.

    In Lebanon, peaceful protests have been subjected to severe and unwarranted violence by the authorities. About a thousand protestors have been arrested or detained while many have experienced torture or ill-treatment while in detention.

    In Iraq, activists and journalists have been abducted, arbitrarily arrested and murdered in order to prevent them from participating in or covering demonstrations that broke out in October 2019.  Since the outset of the protests, hundreds of protestors have been killed at the hands of security forces.

    In Nicaragua, we are seriously concerned by the lack of political will to stop the repression of fundamental civic freedoms and to address the current human rights crisis. We call on this council to support a strong resolution on Nicaragua as the situation continues to worsen.

    In Guinea, mass protests which begun in October 2019 against government plans to replace the Constitution, have been met with excessive force. The killing of protesters and bystanders has been met with almost complete impunity. 

    Such restrictions on civic space are often a precursor for further human rights abuses and we call on the members and observers of this Council to act now to prevent further deterioration.

    Civic space ratings by CIVICUS Monitor
    Open Narrowed Obstructed  Repressed Closed

     


    See our wider advocacy priorities and programme of activities at the 43rd Session of the UN Human Rights Council

     

  • 5 countries on CIVICUS Monitor watchlist presented to UN Human Rights Council

    Statement at the 46th Session of the UN Human Rights Council

    This Council has identified restrictions on fundamental freedoms as a warning sign of an impending human rights crisis. Five countries were highlighted in the latest CIVICUS Monitor Watchlist, which puts a spotlight on a group of countries where there has been a rapid decline in respect for civic space. 

    These include Myanmar, where a military coup has led to deaths of at least 50 protesters, and the arbitrary detention of more than a thousand activists, protesters and politicians, while journalists are targeted daily. 

    In Nicaragua, there has been systematic repression of demonstrations. Human rights defenders, journalists and perceived political opponents face criminalisation and harassment, and a recent onslaught of repressive laws hinders civic space still further.

    In Poland, months of ongoing protests sparked by a near-total ban on abortion have been met with excessive force by authorities and far-right groups. Laws and reforms which undermine judicial independence and the rule of law have been passed since 2015 and media freedom is under threat. 

    In Russia, there have been large scale attacks on peaceful assembly and journalists during the massive nationwide peaceful protests. Over 10,000 protesters have been detained.

    In Togo, where civic space has been backsliding since 2017, the detention of a journalist and trade unionists and the suspension of a newspaper are recent examples highlighting the deterioration in the respect of civic freedoms.

    The Council cannot fulfill its protection or prevention mandates unless it is prepared to take meaningful action in situations which show such warning signs. We call for stronger scrutiny on Myanmar and Nicaragua to be brought by the Council this session, and for due attention on Poland, Russia and Togo to prevent deteriorating situations on the ground. 

    Civic space ratings by CIVICUS Monitor
    Open Narrowed Obstructed  Repressed Closed

     

     

  • 5 países de la lista de vigilancia de CIVICUS se presentan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

     

    Declaración en el 46º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

    Este Consejo ha identificado las restricciones a las libertades fundamentales como una señal de alarma de una inminente crisis de derechos humanos. Cinco países han sido destacados en la última lista de vigilancia de CIVICUS Monitor, la cual pone el punto de mira un grupo de países en los que se ha producido un rápido declive del respeto al espacio cívico.

    Entre ellos se encuentra Myanmar, donde un golpe militar ha provocado la muerte de al menos 50 manifestantes y la detención arbitraria de más de mil activistas, manifestantes y políticos, mientras que los periodistas son objeto de ataques diarios.

    En Nicaragua se ha producido una represión sistemática de las manifestaciones. Los defensores de derechos humanos, los periodistas y los presuntos opositores políticos sufren criminalización y acoso. Además, una reciente oleada de leyes represivas obstaculiza aún más el espacio cívico.

    En Polonia, las autoridades y los grupos de extrema derecha han respondido con una fuerza excesiva a los meses de protestas desencadenadas por la prohibición casi total del aborto. Desde 2015 se han aprobado leyes y reformas que socavan la independencia judicial y el Estado de derecho. Asimismo, la libertad de los medios de comunicación está amenazada.

    En Rusia se han producido agresiones a gran escala contra las reuniones pacíficas y los periodistas durante las masivas protestas pacíficas a nivel nacional. Más de 10.000 manifestantes han sido detenidos.

    En Togo, donde el espacio cívico se ha visto limitado desde 2017, la detención de un periodista y de sindicalistas y la suspensión de un periódico son ejemplos recientes que ponen de manifiesto el deterioro del respeto a las libertades cívicas.

    El Consejo no puede cumplir sus mandatos de protección o prevención a menos que esté preparado para tomar medidas significativas en situaciones que muestren tales señales de alerta. Pedimos que el Consejo lleve a cabo un examen más riguroso de Myanmar y Nicaragua en este periodo de sesiones, y que preste la debida atención a Polonia, Rusia y Togo para evitar el deterioro de la situación sobre el terreno.

    Calificaciónes de espacio cívico - CIVICUS Monitor
    Abierto Estrecho Obstruido  Represivo Cerrado

     

     

  • 5 países en la lista de vigilancia del espacio cívico presentada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU

    Declaración en el 43º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas


    Los resultados de la investigación del CIVICUS Monitor muestran un serio y rápido declive en el respeto de las libertades cívicas en la India, Líbano, Irak, Nicaragua y Guinea (países que figuran en la actual lista de vigilancia del espacio cívico)

    En la India, las protestas contra una ley discriminatoria en materia de ciudadanía han sido reprimidas por las autoridades con una fuerza excesiva y una violencia mortal, con al menos 50 muertos y cientos de heridos. No se ha realizado ninguna investigación independiente e imparcial sobre la violencia policial. También se ha detenido a centenares de personas con acusaciones falsas, incluidos defensores de los derechos humanos.

    En el Líbano, las protestas pacíficas han sido objeto de una violencia grave e injustificada por parte de las autoridades. Alrededor de un millar de manifestantes han sido arrestados o detenidos, mientras que muchos han sufrido torturas o malos tratos durante su detención.

    En Irak, activistas y periodistas han sido secuestrados, detenidos arbitrariamente y asesinados para impedir que participen en las manifestaciones que se iniciaron en octubre de 2019.  Desde el comienzo de las protestas, cientos de manifestantes han sido asesinados a manos de las fuerzas de seguridad.

    En Nicaragua, nos preocupa seriamente la falta de voluntad política para poner fin a la represión de las libertades cívicas fundamentales y para hacer frente a la actual crisis de derechos humanos. Hacemos un llamamiento a este Consejo para que apoye una resolución firme sobre Nicaragua, ya que la situación sigue empeorando.

    En Guinea, las protestas masivas que comenzaron en octubre de 2019 contra los planes del gobierno de reemplazar la Constitución, han sido enfrentadas con excesiva fuerza. El asesinato de manifestantes y transeúntes ha sido recibido con casi total impunidad. 

    Esas restricciones del espacio cívico suelen ser un precursor de nuevos abusos de los derechos humanos y pedimos a los miembros y observadores de este Consejo que actúen ahora para evitar un mayor deterioro.

    Calificaciones del espacio cívico por CIVICUS Monitor
    Abierto     Estrecho Obstruido Represivo Cerrado

     

    Consulte nuestras prioridades de abogacía y programa de actividades en la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

     

  • 5 pays sur la liste de surveillance de l'espace civique présentés au Conseil des droits de l'homme

    Déclaration à la 43ème session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies

    Les résultats des recherches menées par le CIVICUS Monitor montrent un déclin grave et rapide du respect des libertés civiques en Inde, au Liban, en Irak, au Nicaragua et en Guinée (pays figurant sur la liste actuelle de surveillance de l'espace civique)

    En Inde, les protestations contre une loi discriminatoire sur la citoyenneté ont été accueillies avec une force excessive et une violence mortelle par les autorités, faisant au moins 50 morts et des centaines de blessés. Aucune enquête indépendante et impartiale n'a été menée sur les violences policières. Des centaines de personnes ont également été détenues sur la base d'accusations fallacieuses, notamment des défenseurs des droits humains.

    Au Liban, les manifestations pacifiques ont été soumises à des violences graves et injustifiées de la part des autorités. Un millier de manifestants ont été arrêtés ou détenus, et beaucoup ont subi des tortures ou des mauvais traitements pendant leur détention.

    En Irak, des militants et des journalistes ont été enlevés, arrêtés arbitrairement et assassinés afin de les empêcher de participer ou de couvrir les manifestations qui ont éclaté en octobre 2019.  Depuis le début des manifestations, des centaines de manifestants ont été tués par les forces de sécurité.

    Au Nicaragua, nous sommes sérieusement préoccupés par le manque de volonté politique de mettre fin à la répression des libertés civiques fondamentales et de faire face à la crise actuelle des droits humains. Nous appelons ce Conseil à soutenir une résolution forte sur le Nicaragua alors que la situation continue de s'aggraver.

    En Guinée, les protestations de masse qui ont commencé en octobre 2019 contre les projets du gouvernement de remplacer la Constitution ont été accueillies avec une force excessive. Les meurtres de manifestants et de passants ont été commis dans une impunité quasi totale. 

    De telles restrictions de l'espace civique sont souvent le prélude à de nouvelles violations des droits humains et nous appelons les membres et les observateurs de ce Conseil à agir maintenant pour empêcher toute nouvelle détérioration.

    Les évaluations de l'espace civique par le CIVICUS Monitor
    Ouvert Rétréci Obstrué  Reprimé Fermé

     

    Voir nos priorités de plaidoyer et notre programme d'activités lors de la 43e session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies

     

  • Advocacy priorities at 42nd Session of UN Human Rights Council (September)

    The forty-second Session of the UN Human Rights Council will take place from 9 to 27 September.

    There are a variety of issues on the agenda this Session, both thematic and country-focused, and a number of human rights concerns that need to be addressed by the Council.

    One of the priorities for CIVICUS and its members is the ongoing human rights and humanitarian crisis in Sudan. Despite a deal reached between the military and protesters in August, peaceful protesters continued to be killed on an almost daily basis. We join calls from local and international civil society for the Council to take immediate action to investigate and monitor human rights violations as a first step towards accountability and justice. The country is rated as closed on the CIVICUS monitor, representing its total lack of civic space and freedoms.

    Saudi Arabi, also rated as closed, remains a serious ongoing concern as the country continues its decades-long clampdown on dissent, human rights activism and independent reporting. Women human rights defenders are still detained, and reportedly subjected to torture, for leading campaigns for women’s rights. In October 2018, Saudi journalist Jamal Khashoggi was extra-judicially murdered. CIVICUS, along with partners, will reiterate calls on the Council to establish a monitoring mechanism investigating human rights violations in the country and call for the immediate and unconditional release of the detained Saudi women human rights defenders and activists. Saudi Arabia is a member of the Human Rights Council. Members that flagrantly abuse human rights in their own territories undermine and delegitimise the work of the Council and should be held to higher standard of scrutiny.

    Cameroon, rated as ‘repressed’ in CIVICUS’s Monitor, continues to undergo a human rights crisis. In October 2016, protests in Cameroon’s two minority English-speaking regions, the North-West and South-West, triggered the country’s “Anglophone crisis.” Since then, the two regions have been embroiled in a cycle of violence and human rights violations and abuses committed by government forces and by separatist armed groups. Against this backdrop, space for civil society continues to be severely diminished, and we call on members of the Council to take constructive steps to address the situation.

    The Commission of Inquiry investigating human rights violations in Burundi will present its findings on the human rights situation in the country. We join calls for the HRC to renew the mandate of the Commission of Inquiry for a further year: with human rights violations ongoing, and 2020 elections approaching, ongoing scrutiny is crucial – particularly in the context of elections. Burundi is rates as ‘closed’ in CIVICUS’s Monitor, reflecting ongoing attacks on civil society members, human rights defenders and journalists.

    The Council’s spotlight will also fall on Cambodia when both the Special Rapporteur on Cambodia and the Office of the High Commissioner of Human Rights will deliver reports on the situation in the country. Civic space in Cambodia has been increasingly under attack – the country is rated as ‘repressed’ in CIVICUS’s monitor – and this Session will provide a crucial opportunity for the Council to strengthen its response to such attacks on fundamental freedoms, and other human rights violations. CIVICUS and our partners are calling for the Special Rapporteur’s mandate to be renewed, and for enhanced scrutiny of the country’s human rights obligations by the OHCHR.

    The UN’s High Commissioner for Human Rights will be reporting on the human rights crisis in Nicaragua, which the CIVICUS Monitor rates as ‘repressed’. Monitor findings show that freedom of expression, association and peaceful assembly continue to be seriously curtailed by the government. Local civil society organisations have been stripped of their legal status and of their assets, and human rights defenders and journalists are harassed. Nicaragua continues to block the return of international human rights bodies to the country, including the special mechanism of the Inter-American Commission on Human Rights and OHCHR. CIVICUS joins local and international partners calling for continued scrutiny of Nicaragua’s human rights situation.

    The Assistant Secretary General on reprisals will present a report the Council, and the resolution on reprisals will be presented for a vote to the Council members. We are calling on states to support a strong resolution which names specific examples of reprisals, including against CIVICUS members. This is a vital resolution because UN action is only possible with strong engagement from civil society on the ground, who not only provide information and analysis, but are on the front line of ensuring that human rights standards are respected by their own governments, and that violations are held to account.

    A resolution on arbitrary detention will also be presented to the Council. This is a critical issue in terms of civic space: civil society members worldwide continue to face arbitrary detention as a result of their work. As well as being a serious human rights violation in its own right, this also contributes to a chilling effect on other civil society actors and human rights defenders.

    CIVICUS and members’ events at the 42nd Session of the UN Human Rights Council:

    Civic space as an early warning system, 16 Sep, 1-2pm, Room IV

    This side event will explore the relationship between civic space crackdowns and broader human rights crises, with a view to discussing what potential early intervention from states and the Council could be taken on the basis of such attacks to elevate the Council’s preventative mandate and, ultimately, aim to stop countries spiraling into human rights crises.

    The continued silencing and imprisonment of Saudi women human rights defenders, 26 Sep, 9.30-10.30am, Room XXIV

    This panel will share the experiences of Saudi WHRDs and reflect on the reality they face in prison. Panelists, including Lina Al-Hathloul, the sister of detained human rights defender Loujain Al-Hathloul, will discuss the extent of the restrictions facing activists in Saudi Arabia and what further efforts can be taken internationally to ensure immediate release of WHRDs, including calling for a resolution from the UN Human Rights Council.

    Current council members:

    Afghanistan; Angola; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrain; Bangladesh; Brazil; Bulgaria; Burkina Faso; Cameroon; Chile; China; Croatia; Cuba; Czechia; Democratic Republic of the Congo; Denmark; Egypt; Eritrea; Fiji; Hungary; Iceland; India; Iraq; Italy; Japan; Mexico; Nepal; Nigeria; Pakistan; Peru; Philippines; Qatar; Rwanda; Saudi Arabia; Senegal; Slovakia; Somalia; South Africa; Spain; Togo; Tunisia; Ukraine; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; and Uruguay.

     

  • Advocacy priorities at 43rd Session of UN Human Rights Council

    The four-week human rights council will sit from 24 February to 20 March, and there are a number of critical human rights resolutions up for debate, and for the 47 Council members to address. CIVICUS will be conducting and presenting evidence on a variety of thematic and country-focused issues. Full overview below or jump directly to see our programme of events.

    Country-specific situations

    Nicaragua (Civic space rating:Repressed)

    Our members on the ground have documented serious human rights violations, including attacks on fundamental freedoms and against human rights defenders and journalists. A report issued last year by the OHCHR, mandated by a resolution adopted in 2019, reflected this situation, and recommended enhanced UN monitoring and reporting. Given the lack of political will in the country to cooperate with regional and international mechanisms, and the concerning situation on the ground, CIVICUS calls on states to support a resolution on Nicaragua which calls for such enhanced reporting at the very least.

    Sri Lanka (Civic space rating:Repressed)

    This is a critical time for Sri Lanka, with concerns that the new administration which came to power last year could renege on its Council-mandated human rights and accountability commitments. The resolution adopted at the 30th Session of the Human Rights Council and remains the only process in place which could guarantee justice for victims of human rights violations. Civic space is closing at an alarming rate – since the new administration came to power, civil society members on the ground have been threatened and intimidated, their records destroyed, and human rights defenders and journalists have been attacked. CIVICUS calls for states to encourage cooperation between the government of Sri Lanka and international human rights mechanisms, and for Council members to reaffirm their commitment to resolution 40/1, which put into place time-bound commitments to implement the accountability mechanisms in resolution 30/1.

    Iran (Civic space rating:Closed)

    In 2019, Iran erupted into a series of protests against lack of political and democratic freedoms and the deteriorating economic situation. Protesters were met with violent repression through mass arrests and lethal force. Current geopolitical developments have entrenched the regime and exacerbated internal insecurity further. This Human Rights Council Session will discuss the renewal of the mandate of the Special Rapporteur on Iran. CIVICUS supports the renewal of the Special Rapporteur mandate and encourages states to raise concerns about the use of lethal force in protests.

    India (Civic space rating:Repressed)

    India’s civic space rating was downgraded with the last CIVICUS report. A controversial and discriminatory citizenship law has given rise to mass protests across the country, which have been subject to violent crackdowns, leading many injured and at least 25 dead. Jammu and Kashmir remain under severe repression, including through sustained internet shutdown which is reaching its sixth month. Internet was partially restored in January but restrictions remain, making the shutdown the longest recorded in a democracy. Internet shutdowns are also being used across the country in order to hinder freedom of peaceful assembly. CIVICUS encourages States to raise concerns about India, and to call for an investigation into the violent suppression of peaceful protests, and to repeal discriminatory provisions in the Citizenship Law.

    Thematic mandates

    The Special Rapporteur on Human Rights Defenders

    The mandate of the Special Rapporteur on Human Rights Defenders will be renewed this Session. This is a crucial mandate which has an impact of all CIVICUS’s areas of focus, and we encourage states to eco-sponsor the resolution at an early stage. The Special Rapporteur will present his annual report on HRDs in conflict and post-conflict situations, and reports on his country visits to Colombia and Mongolia. CIVICUS encourages states to affirm their co-sponsorship of the resolution early in the Session.

    Freedom of Expression

    The mandate for the Special Rapporteur on Freedom of Expression is set to be renewed this Session, at a time when internet blackouts in increasingly used as a tactic to limit freedom of expression, access to information and freedom of peaceful assembly. We encourage states to co-sponsor the renewal of this important mandate at an early stage.

    Freedom of Religion and Belief (FoRB)

    The Special Rapporteur on Freedom of Religion and Belief will present his annual report, which this year focuses on the intersection of religion and belief and gender and SOGI rights, and reports on country visits to Sri Lanka and the Netherlands. CIVICUS will be engaging on Sri Lanka and on India, which have both undergone concerning developments with regards to freedom of religion.

    Prevention

    The Chair-Rapporteur of two intersessional seminars on the contribution that the Council can make to the prevention of human rights violations will present the report of the seminars.

    CIVICUS will be highlighting the connection between civic space and prevention – that closures in civic space are often precursors to wider human rights crises, and that by intervening at the civic space level, the Council has a role to play in ensuring that such human rights violations are prevented.


    CIVICUS and members’ events at the 43rd Session of the UN Human Rights Council (events will be livestreamed @CIVICUS Facebook page):

    27 February (11:00 CET, Room VII), a side event will discuss the current critical situation in Nicaragua, and the importance of an enhanced monitoring mandate.

    2 March (14:00 CET, Room VII), CIVICUS and partners are organising an event on the constitutional and civic space crisis in India. 

    5 March (13:00 CET, Room VII), CIVICUS is co-sponsoring an event led by ICNL and the Civic Space Initiative consortium partners on countering terrorism financing while preserving civic space ----canceled due to the coronavirus

    12 March (12:30 CET, Room XXI), CIVICUS is co-sponsoring a side event on the use of lethal force in protests in Iran and Iraq, and responses from the international community---canceled due to the coronavirus

    Current council members:

    Afghanistan; Angola; Argentina; Australia; Austria; Bahamas; Bahrain; Bangladesh; Brazil; Bulgaria; Burkina Faso; Cameroon; Chile; China; Croatia; Cuba; Czechia; Democratic Republic of the Congo; Denmark; Egypt; Eritrea; Fiji; Hungary; Iceland; India; Iraq; Italy; Japan; Mexico; Nepal; Nigeria; Pakistan; Peru; Philippines; Qatar; Rwanda; Saudi Arabia; Senegal; Slovakia; Somalia; South Africa; Spain; Togo; Tunisia; Ukraine; United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland; and Uruguay.

     

  • Carta desde la prisión: líder campesino nicaragüense, Medardo Mairena

    El líder campesino Medardo Mairena escribe una carta a los medios de comunicación desde la prisión 

    SOSNicaragua6

    Medardo Mairena Sequeira, es Coordinador del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Medardo es uno de los líderes del movimiento contra la construcción del Canal en Nicaragua, fue detenido el 13 de julio junto con el líder campesino Pedro Joaquín Mena Amador cuando planeaban abordar un avión a los Estados Unidos para participar en un evento de solidaridad con Nicaragua. Medardo y otros dos líderes campesinos, se enfrentan a cargos falsos que van desde terrorismo, asesinato, secuestros, robo agravado y obstrucción a los servicios públicos.


    Agradezco a Dios y a mi familia, al pueblo de Nicaragua, a los medios de comunicación independiente, a las comisiones de derechos humanos nacional e internacionales, a la Organización de Estados Americanos, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por no dejarnos solo al pueblo de Nicaragua.

    A todos mis amigos, amigas, a todo el pueblo en general, les pido que nos mantengamos unidos en oración en estos momentos difíciles para todos, por los presos políticos, que nos tienen detenidos injustamente solo por pensar diferente. El régimen de Ortega no es más que un cobarde, por eso nos detiene, por alzar nuestras voces por los que no pueden y por los que ya no están con nosotros.

    En el sistema penitenciario, en las cárceles estamos en máxima seguridad, las celdas están en malas condiciones, no hay luz, los servicios higiénicos están dañados, las ventanas que son para que entre aire las han cerrado. Nos tienen como si nos estuviéramos horneando en un horno y aislados de los demás presos. En esta modelo estamos los campesinos, en la 300, conocida como el “infiernillo”. Estamos 20 presos en las mismas condiciones. He estado enfermo igual que otros y no nos permiten que nos revise un médico. Gracias a Dios estoy mejorando, por el poder de Dios. Nada más aquí hay zancudos, cucarachas, alacranes, etc. No nos sacan de las celdas ni a tomar el sol. A mi amigo Pedro Mena le quitaron su tratamiento, ya que él padece de azúcar, de la presión. Él trae su tratamiento en su mochila y se tiene que tomar una pastilla diaria. Nos tratan inhumanamente.

    Insto al pueblo a seguir manifestándose pacíficamente, como siempre lo hemos hecho. Aunque no me vean, mi corazón está con ustedes, en las calles. Porque tenemos que exigir nuestra liberación, porque somos inocentes de lo que nos acusan. El día que sucedieron los hechos en Morito, nosotros estábamos en la marcha en Managua exigiendo que se reanudara el diálogo, ya que es la mejor salida pacífica a la crisis, porque pensamos como personas civilizadas, porque queremos justicia y democratización. No podemos olvidar a los que les arrebató la vida el régimen. Al menos mi familia todavía tiene la esperanza de verme pronto, pero las madres que perdieron a sus hijos no, y no las dejaremos solas.

    Atentamente,

    Medardo.

    Transcripción de la carta original


    CIVICUS ha pedido a las autoridades de Nicaragua que retiren todos los cargos contra Medardo Mairena, Pedro Joaquín Mena y Víctor Manuel Díaz y los liberen en condiciones de seguridad. CIVICUS también pide la liberación de todos los líderes rurales, estudiantes y activistas actualmente detenidos por ejercer su derecho a la protesta.

    Nicaragua ha sido añadida al listado de países del "watchlist" que están sufriendo una alarmante escalada de amenazas contra las libertades fundamentales. Este listado es recopilado por el CIVICUS Monitor, una plataforma online que evalúa las amenazas a las que se enfrenta la sociedad civil por todo el mundo. 

     

     

  • Cinq pays sur la liste de surveillance de CIVICUS présentés au Nations Unies

     

    Déclaration lue au cours de la 46ème session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

    Le Conseil a identifié des cas d’entraves aux libertés fondamentales comme le signe avant-coureur d’une crise imminente des droits humains. Cinq pays ont été mis en évidence dans la dernière liste de surveillance de CIVICUS, qui attire l’attention sur un groupe de pays où l’on constate un recul rapide dans le respect de l’espace civique.

    Il s’agit notamment du Myanmar, où un coup d’État militaire a entraîné la mort d’au moins 50 manifestants et l’arrestation arbitraire de plus d’un millier de militants, de manifestants et de responsables politiques, tandis que des journalistes sont pris pour cible quotidiennement.

    Au Nicaragua, les manifestations ont systématiquement été réprimées. Les défenseurs des droits humains, les journalistes et les opposants politiques présumés sont victimes de répression pénale et de harcèlement, et une série de lois répressives adoptées récemment entrave encore davantage l’espace civique.

    En Polania, les autorités et les groupes d’extrême droite ont fait un usage excessif de la force lors des mois de manifestations déclenchées par l’interdiction presque totale de l’avortement. Des lois et des réformes qui compromettent l’indépendance de la justice et l’État de droit ont été adoptées depuis 2015, et la liberté des médias est menacée.

    En Russie, des attaques de grande ampleur ont eu lieu contre les rassemblements pacifiques et les journalistes lors des grandes manifestations pacifiques dans tout le pays. Plus de 10 000 manifestants ont été arrêtés.

    Au Togo, où l’espace civique recule depuis 2017, l’arrestation d’une journaliste et de syndicalistes et la fermeture d’un journal sont des exemples récents qui illustrent la dégradation des libertés civiques.

    Le Conseil ne peut pas remplir ses mandats de protection ou de prévention s’il n’est pas prêt à prendre des mesures concrètes face à des situations qui présentent de tels signes avant-coureurs. Nous demandons au Conseil de procéder à un examen plus approfondi de la situation au Myanmar et au Nicaragua au cours de cette session, et d’accorder toute l’attention nécessaire à la Pologne, à la Russie et au Togo afin d’éviter que la situation sur le terrain de ces pays ne se détériore encore davantage. 

    Evaluation de l'espace civique - CIVICUS Monitor
    Ouvert Rétréci Obstrué Réprimé Fermé
     

     

     

  • CIVICUS calls on Nicaraguan authorities to withdraw new bill threatening freedom of association

    A new bill introduced in Congress by lawmakers from Nicaragua’s governing party would severely restrict freedoms of association and expression if passed into law, global civil society alliance CIVICUS said today. Introduced on 22 September, The Foreign Agents Law (“Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”) would require individuals and organisations that receive overseas funding  to register as “foreign agents”. Those registered as such would be banned from participating in activities relating to domestic politics.

    This legislation would give government ample discretionary powers to control and muzzle civil society, including the power to freeze assets of organisations and people classified as “foreign agents” who fail to register within 60 days. It would also ban anonymous donations, require individuals and organisations to submit detailed monthly reports on funding and use of resources, and allow the government to cancel the registration of organisations not meeting requirements.

    Similar legislation implemented in other countries, including Russia, has had a chilling effect on civic space, leading to the closure of many organisations and the discrediting of civil society activists. CIVICUS calls on the Nicaraguan Congress to reject the proposed bill and guarantee an enabling environment for civil society organisations and human rights defenders.

    “This law would significantly obstruct the operation of civil society organisations in Nicaragua and contribute to the stigmatisation of activists and human rights defenders. Nicaraguan authorities have repressed peaceful protests, sought to silence critical voices and are now attempting to take away people’s right to freely associate,” said Natalia Gomez, CIVICUS Advocacy and Campaigns Officer.


    Background

    In April 2018, widespread protests for social rights set off a crisis in Nicaragua which persists to date. Violations during this crisis have left over 300 protesters dead and more than 100,000 people forcibly displaced. While mass mobilisations have abated, the persecution and criminalisation of political dissidence has continued. Opposition politicians, independent journalists and human rights defenders have faced systematic harassment from security agents and from civilian pro-regime groups. 

    For more information on civic space violations, visit the Nicaragua country page on theCIVICUS Monitor 


    ABOUT CIVICUS

    CIVICUS is a global alliance of civil society organisations dedicated to strengthening citizen action and civil society around the world. CIVICUS has more than 10,000 members worldwide.

    The CIVICUS Monitor is an online participatory platform that monitors civic freedoms, including the freedoms of expression, association and assembly, in 196 countries across the world.

     

  • CIVICUS urges the Nicaraguan Government to make Civil Society its partner in development

    27 January 2009. Johannesburg, South Africa


    A fact-finding cum solidarity mission to Nicaragua undertaken by CIVICUS with the support of its members, the Coordinadora Civil (CC) and the Red Nicaraguense por la Democracia y el Desarrollo Local (RNDDL), has found evidence of pressure being applied by the authorities on independent civil society groups. Nevertheless, talks with officials have been positive raising hopes for better government-civil society relations.

    The mandate of the mission included: (i) expressing solidarity with civil society groups in Nicaragua who have had to contend with decreasing space to carry out their legitimate activities through 2008-2009 and, (ii) persuading the authorities to protect civil and political freedoms in the country, particularly the right to express democratic dissent.

    The mission members met with a number of civil society groups, including members of the women's movement who have had to face restrictions in recent times as well as parliamentarians and government officials. The mission noted the positive strides made by the government in providing health care and education resulting in an increase in the overall literacy rate.

    The mission observed that although government-civil society relations at the municipal level were often quite good, there were some outstanding issues in need of redress at the national level. Notably, the mission welcomed the willingness of parliamentarians and government officials to consider the concerns communicated to them by national civil society groups.

    The following are the major areas of concern:
    (a) launch of motivated prosecutions against activists expressing dissent against official policies, (b) ostracising and blacklisting of certain civil society groups particularly those working on accountability matters, (c) marginalisation of independent civil society groups through the creation of government organised NGOs (GONGOs) supported by federal funds, (d) blocking of access to information by official bodies, (e) harassment of independent media groups particularly radio and television outlets critical of official actions and, (f) de facto implementation of the draft law on international cooperation that places restrictions on support to local civil society organisations from international groups.

    "Our talks with key officials have been open and positive," feels Anabel Cruz, chair of CIVICUS' board who headed the mission. "We call upon the Government of Nicaragua to consider civil society as partners in national development and hope that the concerns will be addressed."

    CIVICUS urges the Government of Nicaragua to protect and safeguard the space for civil society in accordance with international, regional and constitutional commitments. A comprehensive report on the mission is being prepared and will be released shortly.

    CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation is a global movement of civil society with members and partners in over a hundred countries. The Civil Society Watch (CSW) programme of CIVICUS tracks threats to civil society freedoms of expression, association and assembly across the world.

    For more information contact:
    Devendra Tak ( ), Communications Manager
    or Mandeep S.Tiwana ( ) and Adam Nord ( ) Civil Society Watch Programme, CIVICUS
    Ph +27- 11-8335959

    Click here for Spanish translation(requires pdf reader).

     

  • Continúa la persecución de los líderes de los movimientos de protesta rurales a medida que se profundiza la crisis en Nicaragua

    • Tres activistas ecologistas campesinos se encuentran detenidos y sufriendo malos tratos a la espera de juicio 
    • Un informe de las Naciones Unidas confirma que el gobierno sigue atacando a los líderes campesinos
    • Personal de Naciones Unidas ha sido expulsado de Nicaragua tras el informe realizado sobre las violaciones de los derechos de los manifestantes 
    • Más de 320 personas han muerto desde el inicio de la represión violenta de las protestas en abril
    • Grupos de derechos humanos instan a las autoridades a retirar todos los cargos y liberar a los líderes campesinos

     

  • Country recommendations on civic space for UN´s Universal Periodic Review

    CIVICUS makes six joint UN Universal Periodic Review submissions on civil society space: Cote d’Ivoire, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea, Ethiopia, Nicaragua and Qatar

    CIVICUS and its partners have made joint UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on 6 countries in advance of the 33rd UPR session (April-May 2019). The submissions examine the state of civil society in each country, including the promotion and protection of the rights to freedom of association, assembly and expression and the environment for human rights defenders. We further provide an assessment of the States’ domestic implementation of civic space recommendations received during the 2nd UPR cycle over 4 years ago and provide a number of targeted follow-up recommendations.  

    Cote d’Ivoire: CIVICUS and the Coalition Ivoirienne des Défenseurs des droits Humains (CIDDH) examine the steps taken by the government of Cote d’Ivoire to address restrictions on civic space.  We highlight the promulgation of the law on Human Rights Defenders and the subsequent Resolution passed to ensure implementation of the law. However, we note ongoing restrictions on freedom of expression, the targeting of journalists and bloggers by the authorities, attempts to undermine freedom of association and the tendency to use excessive force to disperse peaceful protests.  

    Democratic Republic of Congo (FR): CIVICUS and Ligue des Droits de la personne dans la région des Grands Lacs (LDGL) analyse the multiple unwarranted restrictions on civic space in the Democratic Republic of Congo (DRC). Authorities have systematically banned protests, in particular protests organised by civil society, social movements and opposition, while security forces have used excessive force against peaceful protesters, leading to hundreds of deaths. Additionally, HRDs and activists are subject to arbitrary arrests and judicial harassment, aimed at preventing them from exercising their democratic and civic rights. These unwarranted restrictions have intensified since the start of the political and security crisis in 2015, precipitated by President Kabila’s attempts to remain in power despite a constitutional two-term limit. 

    Equatorial Guinea: CIVICUS, the Committee Protect Journalists (CPJ), Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID), ONG – Cooperación y Desarrollo and EG Justice examine ongoing restrictions on freedom of association, attacks and intimidation of journalists and bloggers and the general disenabling environment for freedom of expression and independent media agencies.  We further discuss threats faced by human rights defenders and the frequent violent repression of peaceful assemblies.

    Ethiopia: CIVICUS, the Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE), the Committee to Protect Journalists (CPJ), DefendDefenders, PEN International, Article 19, the Consortium of Ethiopian Rights Organizations (CERO), and Access Now examine the Government of Ethiopia’s fulfilment of the rights to the freedoms of association, peaceful assembly and expression, and unwarranted restrictions on HRDs since its previous UPR examination in 2014. While the government recently committed to addressing a range of restrictive legislation, alongside releasing large numbers of political prisoners, at the time of writing, the restrictive legal framework remains in place. Acute implementation gaps were found regarding recommendations relating to civic space including the rights to the freedoms of association and peaceful assembly.

    Nicaragua (ES): CIVICUS and the Nicaraguan Network for Democracy and Local Development Federation (Red Local) address concerns about the violent repression of protests and the criminalisation of protest leaders and demonstrators, particularly of the student and peasant movements, as well as the intensification of the persecution and intimidation suffered by CSOs supporting social movements in Nicaragua. Along with the growing restrictions on freedom of expression that stem from media concentration in government hands and pressures against journalists and independent media covering issues such as corruption, elections and infrastructure or extractive projects, the submission further examines the alarming increase of unwarranted restrictions on the press linked to the coverage of protests and their violent suppression and related human rights violations.

    Qatar: CIVICUS and the Gulf Centre for Human Rights highlight the continued restrictions on freedom of association and expression in Qatar, which include unwarranted arrests on foreign journalists and confiscation of equipment, and restrictions on online content under the Cybercrime Prevention Law. The authorities in Qatar also continue to restrict the formation of independent civil society organisations committed to the advancement of human rights, and there have been severe and undue limitations to freedoms of assembly resulting in almost no protests in Qatar despite serious human rights violations.

     

  • Declaración: Nicaragua no implementa recomendaciones de derechos humanos

    42 Consejo de Derechos Humanos de la ONU
    Declaración: Adopción del informe EPU de Nicaragua

    Red Local y CIVICUS saludan el compromiso del gobierno de Nicaragua con el proceso EPU. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que, desde su evaluación anterior, Nicaragua no ha implementado ninguna de las 26 recomendaciones recibidas en relación con el espacio cívico, 17 de ellas referidas a la libertad de expresión y acceso a la información. También lamentamos que, durante el ciclo actual, las recomendaciones sobre el acceso de y la cooperación con mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, la investigación de los abusos de derechos humanos cometidos contra manifestantes, y la seguridad y libertad de periodistas y personas defensoras encarceladas, no fueron aceptados por el Gobierno.

    Como lo detalla nuestra presentación, la legislación nicaragüense sigue tratando a la calumnia y la injuria como delitos penales, y la libertad de prensa continúa limitada por la manipulación de la distribución de publicidad oficial, la denegación de acceso para cubrir actividades gubernamentales, el control estricto del flujo informativo desde la cúspide del aparato estatal, y la concentración de medios en manos de la familia presidencial y sus aliados. También se han registrado actos de censura explícita.

    Asimismo, nuestra presentación documenta que la legislación que regula la creación, el funcionamiento y la disolución de OSC es aplicada de manera arbitraria, con el objeto de obstaculizar e intimidar al personal de OSC independientes, las cuales también se han visto afectadas por restricciones legales o de facto para recibir financiamiento externo y mantener colaboraciones internacionales. Las personas defensoras del derecho al territorio, activistas por los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, periodistas y blogueras también son rutinariamente estigmatizadas, acosadas, criminalizadas, arrestadas arbitrariamente y atacadas físicamente.

    El ejercicio de la libertad de reunión pacífica enfrenta obstáculos en la ley y en la práctica, desde requisitos de autorización para realizar manifestaciones y una Ley de Seguridad Soberana que define ampliamente las amenazas de seguridad para criminalizar tácticas comunes de los movimientos de protesta, hasta el uso ilegal de fuerza excesiva y mortal contra manifestantes, que entre abril y agosto de 2018 causó la muerte de por lo menos 300 personas.

    Hacemos un llamado al Gobierno de Nicaragua para que tome medidas proactivas para abordar estas preocupaciones e implemente recomendaciones para crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil.

     

  • El gobierno cierra organizaciones de la sociedad civil como parte de la campaña de represión en curso en Nicaragua

    • El Parlamento ha cancelado el registro legal de nueve organizaciones de la sociedad civil (OSC)
    • La medida se produce después de que algunas de las OSC participaron en audiencias sobre violaciones de derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
    • El cierre de las OSC llega en un momento de graves ataques contra las libertades fundamentales en Nicaragua
    • Los grupos de la sociedad civil global expresan su preocupación de que más OSC nicaragüenses puedan ser atacadas

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    La alianza Mundial para la participación ciudadana, CIVICUS, ha condenado la cancelación de la personalidad jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua como una afrenta al derecho a la libertad de asociación. Se considera que la medida para cerrar las organizaciones es una represalia por la participación de algunas de esas organizaciones en las audiencias sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    El 12 de diciembre, el parlamento de Nicaragua votó para cancelar el registro legal de la organización de derechos humanos, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Al día siguiente, votaron nuevamente para cancelar el registro de cinco organizaciones más, entre ellas el Instituto de liderazgo las Segovias (ILLS), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na.

    Apenas una semana antes, el CENIDH había sido parte de una delegación de organizaciones de derechos humanos que participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con información sobre el impacto social de las violaciones de derechos humanos en curso. Los participantes en la Audiencia pidieron al gobierno que deje de reprimir violentamente las protestas pacíficas y atacar a las voces críticas.

    "Después de utilizar la violencia para atacar a los manifestantes pacíficos, el gobierno de Nicaragua ahora extiende su represión a las organizaciones de la sociedad civil debido a su percepción de que han criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas en abril de 2018", dijo Natalia Gómez, de CIVICUS.

    Las restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua aumentaron sustancialmente en abril, cuando el gobierno dispersó violentamente las manifestaciones contra los cambios en el sistema de seguridad social del país. Desde entonces, más de 300 personas han sido asesinadas y más de 600 siguen detenidas. El gobierno ahora está apuntando a las OSC que denuncian estas violaciones de derechos humanos. Ana Quiroz, directora de una de las organizaciones y costarricense de nacimiento que había vivido y trabajado en Nicaragua durante más de 40 años, fue despojada de la nacionalidad nicaragüense y deportada.

    Poco antes de que se cancelara el registro del CENIDH, la policía rechazó su solicitud de realizar una marcha pacífica en conmemoración del 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento CENIDH canceló la marcha expreso que acudirían a las autoridades judiciales para solicitar la protección de sus derechos.

    “El derecho de asociación está garantizado en la constitución de Nicaragua y debe ser respetado en todo momento. En lugar de dirigirse a grupos de la sociedad civil, el gobierno de Nicaragua debería crear un entorno propicio para la sociedad civil y buscar formas de atender las necesidades de sus ciudadanos", continuó Gómez.

    CIVICUS ha pedido a las autoridades nicaragüenses que reviertan la cancelación de la inscripción de todas las organizaciones de la sociedad civil, que respeten el derecho de asociación y reunión y que liberen a todos los detenidos por participar en protestas pacíficas.

    En septiembre, el Monitor CIVICUS, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, rebajó su calificación del espacio cívico en de "reducido" a "represivo". Nicaragua también está en la lista de vigilancia de la plataforma de los países que han visto un aumento repentino y alarmante de las restricciones en el espacio civil.

    Para más información por favor contacte a:

    Natalia Gomez:

    Equipo de comunicaciones:

    Para entrevistas por favor contacte al centro de Prensa de CIVICUS aquí.

     

  • Government shuts down civil society organisations as part of ongoing campaign of repression in Nicaragua

    •  Parliament has cancelled the legal registration of nine civil society organisations (CSOs)
    • The move comes after some of the CSOs participated in hearings into human rights violations at the Inter-American Commission on Human Rights
    • The shutdown of CSOs comes at a time of serious attacks on fundamental freedoms in Nicaragua
    • Global civil society groups express concern that more Nicaraguan CSOs may be targeted

    Global civil society alliance, CIVICUS, has condemned the cancellation of the legal registration status of nine civil society organisations in Nicaragua as an affront to the right to freedom of association. The move to shut down the groups is seen to be in retaliation for their participation in hearings on Nicaragua’s deteriorating human rights situation at the Inter-American Commission on Human Rights.

    On December 12, Nicaragua’s parliament voted to cancel the legal registration of the human rights organisation, Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH). The following day they voted again to cancel the registration of five more organisations including Instituto de liderazgo las Segovias (ILLS), Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), Fundación del Rio, Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) and Fundación Popol Na.

    Just a week prior, CENIDH has been part of a delegation of rights groups who provided a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights with information on the social impact of ongoing human rights violations. They called on the government to stop violently repressing peaceful protests and attacking critical voices.

    “After using violence to target peaceful protesters, the government of Nicaragua now extends its repression to civil society organisations because of its perception that they have publicly criticized human rights violations committed since the start of protests in April 2018.” said CIVICUS’ Natalia Gomez.

    Restrictions on fundamental freedoms in Nicaragua increased substantively in April when the government violently dispersed demonstrations against changes to the country’s social security system. Since then, more than 300 people have been killed and more than 600 remain detained. The government is now targeting CSOs that denounce these human rights violations. Ana Quiroz, the head of one of the organisations and a Costa Rican by birth who had lived and worked in Nicaragua for more than 40 years, was stripped of Nicaraguan nationality and deported.  

    Shortly before CENIDH’s registration was cancelled, police rejected their request to conduct a peaceful march in commemoration of the 70th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights. CENIDH cancelled the march and only said, they would go to the judicial authorities to ask for the protection of their rights.

    “Freedom of association is guaranteed in the constitution of Nicaragua and must be respected at all times. Instead of targeting civil society groups, the government of Nicaragua should rather create an enabling environment for civil society and seek ways to address the needs of its citizens.” Gomez continued.

    CIVICUS has called on the Nicaraguan authorities to reverse the cancellation of the registration of all civil society organisations, to respect the right to freedom of association and assembly and release all those in detention for participating in peaceful protests.

    In September, the CIVICUS Monitor, an online platform that tracks threats to civil society in countries across the globe, downgraded its rating of civic space – the space for civil society – in Nicaragua from “narrowed” to “repressed”. Nicaragua is also on the platform’s watchlist of countries that have seen an sudden, alarming spike in restrictions on civil space.

    For more information please contact:

    Natalia Gomez:

    The CIVICUS media team:

    To request interviews, you can also contact the CIVICUS Press Centre here.

     

  • Harassment and persecution of the voices that denounce the repression in Nicaragua

    By Natalia Gomez Peña is Advocacy & Engagement Officer at CIVICUS

    On Wednesday, December 12, the National Assembly of Nicaragua voted to cancel the legal personality of the Nicaraguan Center for Human Rights (CENIDH). After the announcement, Vilma Núñez, 80, the president of CENIDH and one of the most recognized human rights defenders in the region, said: "We have done our job with conviction and will continue to do so until Nicaragua is truly free."

    Read on: Open Democracy 

     

  • Hostigamiento y persecución de las voces que denuncian la represión en Nicaragua

    Por Natalia Gomez Peña es Oficial de Incidencia en CIVICUS

    El miércoles 12 de diciembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua votó para cancelar la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Después del anuncio, Vilma Núñez, de 80 años, la presidenta de CENIDH y una de las defensoras de derechos humanos más reconocidas en la región, declaró: "Hemos hecho nuestro trabajo con convicción y lo seguiremos haciendo hasta que Nicaragua sea realmente libre".

    Leer en: Open Democracy

     

  • Human Rights Council: Restrictions on civil society will curtail any chance of building back better

    Statement at the 46th Session of the UN Human Rights Council

    Thank you, Madame President; High Commissioner.

    We welcome your update and strongly agree that recovering better requires ensuring participation for all. In this very difficult year, we are encouraged that civic activism has continued as people have mobilised to demand their rights.

    But across the world, civil society has been impeded in its work.  The CIVICUS Monitor shows that in the context of COVID-19 measures, protest rights have been violated and restrictions on freedom of expression continue as states enact overly broad emergency legislation that limits human rights.

    We reiterate that restrictions on civil society will curtail any chance of building back better. States should indeed be investing in protecting and promoting a free and independent civil society at this crucial time.

    The Council has the opportunity to act immediately on a number of situations where civic space is being threatened. In Sri Lanka, attacks against civil society are compounding grave failures of accountability. In Nicaragua, where ahead of elections, restrictions on civic space and expressions of dissent are likely to escalate. Myanmar, where we are inspired by the courage of people who risk lives and freedom every day to protest the coup, who continue to fear violent crackdown on dissenting voices. In India, where the government has continued its persecution of human rights defenders, student leaders, journalists and other critics, including through restrictive laws, prolonged pre-trial detention and excessive force perpetrated against protesters. 

    We call on the Council this Session to take measures to support civil society by acting now, on the situations brought before it. Situations which require immediate action.

     

     

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