represión

 

  • BOLIVIA: ‘La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida’

    CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

    Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

    La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

    Bolivia-Protests (2).jpgEn todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

    En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

    En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

    Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

    A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

    ¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

    La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

    Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

    Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

    Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

    La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

    Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

    Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

    Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

    Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

    ¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

    En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

    La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

    En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

    La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

    En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

    Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

    Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

    También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

    En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

    En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

    Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

    En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

    Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

    ¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

    La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

    El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

    Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

    El espacio cívico en Bolivia es clasificado como ‘obstruido’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con la Fundación Internet Bolivia a través de susitio web y siga a@e_liana en Twitter.

     

  • CHILE: ‘Se ha producido un despertar ciudadano de dimensiones históricas’

    soledad munozEn octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Soledad Fátima Muñoz, activista chilena y fundadora del programa de mentoría y festival feministaCurrent Symposium.  (Foto de Kati Jenson)

    ¿Cómo fue que lo que empezó con un pequeño aumento en el precio del boleto del metro se convirtió en una movilización de dimensiones sin precedentes?

    Lo primero que hay que aclarar es que esto no se debe tan solo a un aumento del precio del boleto del metro, ni tampoco es una protesta aislada. Las movilizaciones en contra de los abusos derivados del sistema neoliberal han sido constantes en Chile durante años. Entre ellas se destacaron las protestas masivas contra el sistema de pensiones privatizadas, contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y contra la Ley de Pesca, las protestas feministas y del movimiento impulsado bajo la consigna “Ni Una Menos”, las movilizaciones por la deuda histórica con los profesores, las protestas estudiantiles en 2006 y 2011, y las recientes movilizaciones de alumnos en contra de la llamada Ley de Aula Segura. A esto se le suma la indignación por la represión estatal sistemática de los pueblos originarios en Wallmapu, las muertes de Camilo Catrillanca y Macarena Valdés, y el encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao y el Lonko Alberto Curamil, entre otros presos políticos. En combinación con el descontento generacional ante la impunidad de los culpables de las torturas, desapariciones y homicidios de miles de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet, esto produjo un ambiente propicio para un despertar ciudadano de dimensiones históricas. Tras años de abusos, el pueblo chileno despertó y quiere una nueva constitución, ya que la actual fue creada durante la dictadura y está diseñada para promover la desigualdad social.

    La gran diferencia entre la protesta actual y todas las anteriores pasa por las acciones del gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y el toque de queda, y con ello desató una represión de Carabineros y militares contra el pueblo chileno que solo es comparable con los crímenes perpetrados durante la dictadura.

    Las protestas no tienen un único ente organizador ni una consigna política específica, sino que hay muchas iniciativas independientes que hacen llamados a reunirse y manifestar, a través de las redes sociales o por distintos canales de información independiente. Algunas de las demandas generalizadas reclaman el llamado a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. También se reclama una estatización de los servicios básicos y la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos el cobre, el litio y el agua. Hay también demandas de democracia directa y plebiscitos vinculantes, penalización de la corrupción político-empresarial, reivindicación de los pueblos originarios y respeto de la soberanía plurinacional del territorio, y salud, educación y pensiones dignas. A ello se suman algunas demandas más específicas, tales como el aumento del salario mínimo a $500.000 (unos 650 dólares estadounidenses), la reducción de los sueldos de los legisladores y el alza de los impuestos a los más ricos.

    Estos fueron los reclamos por los cuales empezó el movimiento, pero ante la represión desmedida del Estado, la ciudadanía hoy pide también la renuncia y el enjuiciamiento de Sebastián Piñera y de las personas involucradas en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en el pasado mes.

    Se ha reportado una veintena de muertos durante la represión de las movilizaciones, además de gran cantidad de personas heridas y bajo arresto. ¿Podrías describir las violaciones de derechos cometidas contra los manifestantes?

    Es difícil dimensionar en este minuto las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Sebastián Piñera, ya que – al igual que ocurría en la dictadura - hay miles de detenidos incomunicados. Es por eso que cuando se las llevan detenidas en las calles, las personas gritan su nombre, apellido y cédula de identidad. Las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile son de 335 acciones judiciales, 489 víctimas representadas, 6.199 personas detenidas (726 de ellas menores de edad) y 2.365 personas heridas registradas en hospitales. Pero es difícil asegurar la veracidad de estas cifras ya que las instituciones que las difunden pueden haberse visto presionadas por el gobierno.

    El INDH, específicamente, perdió parte de su credibilidad cuando su director negó en un programa de televisión abierta la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Eso es simplemente una mentira, ya que la propia institución se ha querellado en contra del actuar de Carabineros y militares. Se constataron más de 200 casos de mutilación ocular por el uso desmedido de perdigones por parte de Carabineros y maltratos, violencia sexual y torturas en los centros de detención. A esto se sumó el caso del Liceo 7 de Santiago, donde un carabinero disparó en contra de las estudiantes que se encontraban dentro del recinto. Se han efectuado allanamientos en domicilios privados y detenciones desde automóviles sin acreditamientos policial.

    A esta represión uniformada se agrega la acción de un grupo de ciudadanos que se autoproclaman “chalecos amarillos” y dicen que su misión es mantener el orden cívico y proteger la labor de Carabineros, pero en realidad son un grupo violento de ultraderecha. Entre ellos se encuentra un tal John Cobin, quien disparó un arma de fuego contra un manifestante a plena luz del día en las calles ocupadas del balneario de Reñaca y pertenece a la Liga del Sur, una organización de supremacistas blancos de California.

    ¿Qué acciones inmediatas debería adoptar el gobierno de Chile para salvaguardar los derechos civiles y las libertades democráticas?

    A un mes del inicio de las manifestaciones, el gobierno se ha caracterizado por no escuchar a la ciudadanía, y en cambio ha respondido con mayor violencia. En la madrugada del 15 de noviembre los parlamentarios llegaron a un acuerdo político entre cuatro paredes, autodenominado “Acuerdo de Paz” que daría paso a una nueva Constitución. El acuerdo garantiza una “hoja en blanco” para que haya una discusión libre y establece el llamado a una convención constituyente a través de un plebiscito público. Pero parte de la ciudadanía movilizada no está conforme con los plazos ni con el quórum (de dos tercios) establecido para la toma de decisiones del órgano constituyente, ya que piensa que reencauzará el actual proceso democrático a un sistema diseñado para proteger a la clase política y evitar que las voces minoritarias adquieran poder.

    Pienso que lo más importante en este minuto es la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, de las comunidades en mayor riesgo social, que no solo son las más afectadas por el sistema neoliberal, sino que también son el epicentro de la violencia descriteriada de los Carabineros y las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello fue la comunidad de Lo Hermida, en Peñalolén, que tras el anuncio de las autoridades de no construir las viviendas dignas que les habían prometido se tomaron la viña de Cousiño-Macul. La represión de Carabineros no tardó en llegar, y en una noche hubo más de 200 personas heridas, dos de ellas con trauma ocular severo. Además, Carabineros ingresó y lanzó gas pimienta dentro de hogares donde había personas de la tercera edad y menores.

    Es hora de que el gobierno de Sebastián Piñera detenga la represión, deje en libertad a los más de 6.000 manifestantes que hoy se encuentran en centros de detención, asuma las consecuencias de sus acciones, y - por primera vez en la historia de Chile desde Pinochet - acabe con la impunidad ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El gobierno de Piñera deberá responder ante la ley por los más de 20 personas muertas y 200 con mutilaciones oculares, las torturas a menores y los abusos sexuales contra mujeres, hombres y personas de género no binario, ya que todo esto fue consecuencia de la pésima administración de su gobierno, y se hubiese evitado, por lo menos en parte, si desde un principio hubiera mantenido un diálogo directo con la población. En ese sentido, la consigna en las calles es “Sin justicia no hay paz”.

    ¿Piensas que las movilizaciones en Chile forman parte de tendencias más amplias a nivel regional?

    Lo que está pasando en Chile es estructuralmente internacional, ya que se deriva de las medidas de austeridad perpetradas por el neoliberalismo. El sistema socioeconómico actual del país tiene sus raíces en el colonialismo europeo y fue consagrado con el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Específicamente, con un grupo de estudiantes de las élites chilenas que a mediados de la década del ’50 se formaron en Estados Unidos en la ideología del monetarismo extremo y el neoliberalismo, bajo la tutela de Milton Friedman y Arnold Harberger. Estos alumnos - apodados “Chicago Boys” - sirvieron como ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura, instalando medidas de privatización extrema. Estas medidas fueron incorporadas y naturalizadas por una población en estado de shock y represión.

    Las consecuencias de esa privatización se traducen en abusos de las corporaciones multinacionales que son habilitados por gobiernos en todo el mundo. En Chile, un buen ejemplo de ello es el caso expuesto por la periodista Meera Karunananthan en un artículo publicado en The Guardian en 2017. La autora explica que Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) es el mayor inversionista en Aguas del Valle, Essbio y Esval, que controla el 41% del sistema de agua y saneamiento en Chile. Esto es posible porque la Constitución chilena habilita la propiedad privada de las aguas, lo cual ha dejado a comunidades enteras en situación de sequía y sin el amparo de la ley. Sin embargo, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano; eso significa que en Chile los derechos humanos se violentan no solo a través de la represión policial sino también a través del sostenimiento de un sistema económico injusto y abusivo.

    El ejemplo citado es uno solo dentro de la gran cadena de abusos internacionales perpetrados por corporaciones que, como la empresa canadiense Barrick Gold y la empresa estatal de Noruega Statkraft, continúan abusando de las políticas del Estado subsidiario chileno y atentando en contra de nuestro planeta. Es por eso que debemos crear conciencia a nivel internacional para que se respeten las decisiones del pueblo de Chile y se brinde protección a sus pueblos originarios, sin los bloqueos ni las intervenciones políticas que resguardan al capital extranjero y perpetúan la destrucción de nuestro medio ambiente.

    ¿Qué apoyos necesita la sociedad civil chilena de la sociedad civil internacional en este proceso?

    En estos momentos es importante reconocer y crear conciencia internacional en torno de los abusos en contra de la clase obrera, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y las minorías sexuales. Personalmente he aprendido mucho en el curso de estas movilizaciones. Una de las cosas más subversivas que está impulsando la ciudadanía es el rechazo del binarismo derecha/izquierda que ha afectado severamente a las sociedades latinoamericanas y que ha sido utilizado por los gobiernos neoliberales como excusa para reprimir a la gente trabajadora.  El predominio de una política ciudadana no identificada con ninguna posición dogmática en el espectro derecha/izquierda hizo que el gobierno no pudiera identificar un enemigo ideológico y que acabara declarándole la guerra a su propio pueblo.

    La prensa establecida, nacional e internacional, está tergiversado los hechos y construyendo una narrativa en contra de la población movilizada. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy estamos equipados de cámaras en nuestros celulares y podemos informar directamente. Invito a la gente del mundo a informarse a través de canales independientes y de la sociedad civil para saber realmente lo que está ocurriendo.

    El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con Soledad Muñoz a través de supágina web o siga amúsica_del_telar en Instagram.

     

  • COLOMBIA: ‘La ciudadanía está indignada y cansada de las políticas que la han sumido en la pobreza’

    CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

    alexandra gonzalez zapata

    ¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

    En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

    Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

    Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

    ¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

    Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

    Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

    ¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

    El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

    En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

    En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

    Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

    ¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

    El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

    Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

    El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

    Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

    Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

    En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

    El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

    En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

    Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

    ¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

    En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

    Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

    ¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

    Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

    ¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

    Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

    Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

    El espacio cívico en Colombia es clasificado como ‘represivo’ por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con la Fundación Comité de Solidaridad a través de susitio web y su perfil deFacebook, o siga a@CSPP_ en Twitter.
    Contáctese con la campaña Defender la Libertad a través de susitio web y su perfil deFacebook, o siga a@DefenderLiberta en Twitter.

     

  • CUBA: ‘Los disidentes son millones; no hay calabozos para tanta gente’

    CIVICUS conversa con Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El Observatorio es una plataforma proactiva de la sociedad civil para promover cambios no violentos, y combina el análisis riguroso de la conflictividad con la capacitación y el empoderamiento de la ciudadanía para que reclame por sus derechos.

    havana protest

    Protesta exitosa en el barrio de El Cerro, La Habana, en reclamo de la restauración de los servicios de luz y agua, 13 de septiembre de 2017.

    El CIVICUS Monitor califica al espacio para la sociedad civil – el espacio cívico - en Cuba como ‘cerrado’, indicativo de un régimen de control total donde es difícil imaginar siquiera la existencia de protestas. ¿Coincides con este diagnóstico?

    Absolutamente. Cuba es una sociedad cerrada, anclada en el estalinismo no solo en lo político sino también en lo económico, ya que el estado asfixia o bloquea las iniciativas y el talento emprendedor de la ciudadanía, lo cual se conoce como “bloqueo interno”. El estado niega la autonomía individual y aplasta toda asociación independiente para mantener a la sociedad balcanizada. Así cree poder asegurar el control estatal sobre la conducta ciudadana.

    En la década del noventa del pasado siglo, tras caer la Unión Soviética, era evidente que Cuba tendría que hacer una transición para sostenerse. El ecosistema geopolítico que la sustentaba con infinitos y masivos subsidios se derrumbó junto con el comunismo del Este de Europa. Todos pensamos, y no porque creyésemos que era el llamado “fin de la Historia”, que la única transición posible era hacia alguna modalidad de sociedad abierta, democracia política y economía de mercado. Podía ser más o menos socialdemócrata o liberal, pero siempre apoyada en esos pilares. Algunos intentamos empujar esa transición desde posiciones reformistas. Nos equivocamos.

    Al final, la transición que ocurrió no fue la que preconizaba el marxismo hacia el comunismo, ni la de Francis Fukuyama al estado liberal y la sociedad de mercado. Fue hacia el estado mafioso transnacional. No se trata de endilgarle otra etiqueta peyorativa; es la realidad que arroja el análisis de los cambios ocurridos en la estructuración del poder y las clases sociales, los instrumentos de dominación y los mecanismos de creación y distribución de riquezas. Ha ocurrido un verdadero cambio en el ADN del régimen de gobernanza.

    El poder real está hoy más alejado que nunca del Partido Comunista de Cuba y ubicado en una cúpula inasible que representa menos del 0,5 % de la población, en un país que ha roto incluso con la ideología del pacto social comunista que vendía la idea de sumisión basada en el compromiso con derechos sociales básicos a cambio de la supresión de todos los demás.

    A comienzos de 2019 se dio un proceso de reforma constitucional, pero este no generó ningún cambio significativo en materia de apertura del espacio cívico. Se proyectó externamente una imagen de cambios que contrasta con la realidad interna de estancamiento. Algunas frases colocadas en un discurso o en la propia nueva Constitución han servido para alimentar eternas esperas de que los líderes – que la ciudadanía no controla – se iluminen por sí solos y generen el cambio necesario. Así distraen también la atención de la opinión pública internacional de la monstruosidad nacida de la colusión con Venezuela.

    ¿Cómo calificarías las actuales condiciones para el ejercicio de la protesta en Cuba? ¿Existe más espacio para la presentación de demandas que no son vistas como políticas?

    No hay mayor espacio político, legal, ni institucional para el ejercicio de la protesta, pero la ciudadanía está creándolo con su praxis. Todos los derechos que proclama la Constitución están subordinados a la normatividad que establecen leyes y regulaciones complementarias. Al final, la Constitución no es la “Ley de Leyes”, sino un texto sometido a las restantes leyes y normas. Un ejemplo de ello es el Código Penal, que contiene el concepto fascista de “peligrosidad predelictiva” por el cual una persona puede pasar hasta cuatro años en la cárcel sin haber cometido un delito. Sin embargo, la conflictividad y las protestas se han incrementado.

    El gobierno ha cambiado sus tácticas represivas respecto de los opositores políticos para proyectar una imagen más benévola hacia el exterior. En lugar de largas condenas de cárcel hay miles de detenciones arbitrarias de corta duración. En vez de hacer actos de repudio frente a un local de reuniones ahora paralizan la reunión antes de que suceda, deteniendo a los activistas en sus casas. En lugar de negarle el pasaporte o condenar a cárcel a un activista por haber asistido a una reunión en el exterior, ahora le impiden montarse en el avión. Si llevan a un opositor a juicio no lo hacen ya sobre la base de acusaciones de subversión política sino por supuestamente haber cometido un delito común o ser socialmente “peligroso”.

    Por otra parte, los ciudadanos cubanos – más de la mitad de los cuales viven actualmente en condiciones de pobreza según respetados economistas radicados en la isla – tienen urgencias existenciales que se agravan y no pueden esperar por un cambio de gobierno o de régimen para resolverlas. En otro contexto serían “problemas personales”, pero en un régimen de gobernanza estatista, que hace depender todas las soluciones de las instituciones estatales y bloquea toda solución autónoma, sea de la ciudadanía o del sector privado, se convierten en conflictos sociales y económicos de los ciudadanos contra el estado.

    En este punto es necesario establecer una diferencia entre oposición y disidencia. Opositores son aquellos que asumen de forma abierta, ya sea individual o colectivamente, una postura contestaria y política al gobierno. El disidente, por su parte, es quien siente un profundo malestar e inconformidad con el régimen de gobernanza porque bloquea sus necesidades básicas y sueños de prosperidad. El disidente social tiende a no manifestarse de forma pública si no cree que con eso va a lograr que le concedan alguna demanda concreta. Pero si su situación es angustiosa pasa – a menudo de forma espontánea – de la queja y el lamento privados a la protesta pública.

    En los últimos dos años se han incrementado de manera notable las protestas por motivos sociales y económicos que no pueden ampararse legalmente en un inexistente derecho de manifestación pública, pero que el estado ha preferido en muchos casos apaciguar antes que enfrentar con la fuerza. Dado el nivel de deterioro de las condiciones de vida – y de la aún más deteriorada legitimidad de las autoridades y de la ideología oficial comunista –, la sociedad cubana asemeja una pradera seca que cualquier chispa puede incendiar.

    La dominación de la elite de poder ha estado basada más en el control de la psicología social que en los propios recursos del aparato represivo. Después del Gran Terror de los sesenta, setenta y ochenta, con un paredón de fusilamiento que no cesaba y condenas de 30 años por cuestiones insignificantes, tres generaciones han sido educadas en la falsa premisa de que “esto no hay quien lo pueda tumbar ni arreglar”. Esa ha sido la idea fuerza de una pedagogía de la sumisión que ahora ha entrado en crisis.

    ¿A qué se debe ese cambio?

    Los factores que más han incidido en el actual cambio de perspectiva y actitud ciudadana han sido, por una parte, el quiebre del monopolio de la información por las nuevas tecnologías digitales, la muerte del caudillo y el traspaso gradual de poder a personas sin legitimidad histórica para justificar sus incompetencias. Por otra parte, el agravamiento acelerado de las condiciones de vida y de toda la infraestructura del país convierte la cotidianidad en un cerco de penurias. Colapsan los sistemas de salud y educación, el abastecimiento de alimentos, medicinas, gas de cocinar y gasolina, el servicio de transporte. Pero también colapsan cientos de edificios multifamiliares y la gente pierde su tiempo reclamando, esperando por años una nueva vivienda o la reparación de la que tenían. Muchos también pierden la vida entre los escombros del derrumbe.

    En ese contexto el disidente social, hasta entonces latente y silencioso, sale a la luz pública a manifestar su descontento y exigir sus derechos básicos sociales. Reclama ni más ni menos que el derecho a la dignidad, a condiciones dignas de existencia. Y no son miles como los opositores, son millones. No hay suficientes calabozos para tanta gente.

    ¿Cómo surgió el Observatorio Cubano de Conflictos?

    El Observatorio Cubano de Conflictos es una idea surgida en Cuba de un grupo de mujeres que antes habían creado el Movimiento Dignidad. Al nacer, este movimiento tenía como misión denunciar las leyes de peligrosidad predelictiva (es decir, leyes que permiten a las autoridades acusar y detener gente considerada proclive a cometer delitos, e imponerles sentencias de hasta cuatro años de prisión) y los abusos en el sistema penitenciario contra los presos de cualquier categoría, fuesen políticos o no.

    Desde un inicio fue un proyecto innovador. No se concibió a sí mismo como organización ni partido político, sino como un movimiento, fluido y sin jerarquías, descentralizado totalmente en sus acciones, sin una ideología que resultara excluyente de otras.

    Esas mujeres recogieron por dos años información sobre las cárceles y acerca de la aplicación de las leyes de peligrosidad predelictiva. Su trabajo dentro de Cuba permitió elaborar informes al Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Ellas ponen la letra “D” (de dignidad), que identifica identifica su movimiento, en lugares públicos como recordatorio para la policía política de que no ha podido aplastarlas.

    Sin embargo, la misión original del Movimiento Dignidad era demasiado puntual para un movimiento que llevaba por nombre un concepto tan amplio. La lucha del ciudadano cubano hoy es primordialmente por condiciones dignas de vida, por el respeto integral a su dignidad humana. Así fue como el Movimiento Dignidad amplió su misión para, sin abandonar su objetivo inicial, apoyar también a grupos de ciudadanos en sus demandas sociales y económicas. Para combatir la psicología de la sumisión y sustituirla por otra basada en la idea de que se puede luchar y vencer, el Movimiento Dignidad tiene hoy un instrumento específico: el Observatorio Cubano de Conflictos.

    ¿Podrías contarnos cómo trabaja el Observatorio?

    La filosofía en que se basa el Observatorio es que la vida no se debe malgastar esperando un milagro o dádiva de los poderosos; hay que ganar cada día batallas al statu quo. En tan solo un año hemos acompañado exitosamente a una treintena de conflictos sociales de diverso tipo que llevaban décadas sin resolverse y en los que se lograron las concesiones solicitadas al estado.

    Lo más significativo ha sido que cuando las autoridades se dieron cuenta de que esos ciudadanos estaban listos mentalmente para pasar a manifestaciones públicas de protesta decidieron concederles lo que reclamaban, para prevenir la explosión y adjudicarse el resultado, aunque éste nunca se habría alcanzado sin la presión ciudadana. Prefirieron una solución win-win puntual al peligro de contagio viral de las protestas en una población harta de promesas incumplidas. Cada victoria popular demuestra a la población que el camino es protestar y exigir, no rogar y esperar.

    El método es sencillo: generar un reclamo colectivo con un número crítico de peticionarios que se identifiquen y lo suscriban; y enviar negociadores a solicitar una solución, aclarando que no se aceptarán respuestas negativas, dilatorias o que no identifiquen a la persona responsable de su implementación. De forma paralela se filtra la información a las redes sociales y medios digitales especializados en el tema de Cuba. Ese es el camino a recorrer por las vías establecidas de forma constructiva. Lo nuevo aquí es que se hace saber que si no se llega a un acuerdo y se verifica su implementación, hay disposición a asumir acciones públicas no violentas de diverso tipo.

    El espacio cívico en Cuba es clasificado como ‘cerrado’ por el CIVICUS Monitor.
    Contáctese con el Observatorio Cubano de Conflictos a través de su página web y su perfil de Facebook, o siga a @conflictoscuba en Twitter.

     

  • KAZAJISTÁN: “La cuarentena se convirtió en una suerte de excusa del gobierno para perseguir a la sociedad civil”

    CIVICUS conversa con Asya Tulesova, una defensora de los derechos cívicos y ambientales de Kazajstán. El 8 de junio de 2020 Asya fue arrestada y detenida tras participar en una manifestación pacífica en la ciudad de Almaty. Fue liberada el 12 de agosto de 2020, pero bajo libertad condicional. El caso de Asya fue parte de la campaña de CIVICUS #StandAsMyWitness, lanzada el 18 de julio, el Día de Nelson Mandela, para exigir la liberación de las personas defensoras de derechos humanos que están encarceladas o son perseguidas o acosadas por defender la libertad, los derechos y la democracia y denunciar la corrupción de gobiernos y compañías multinacionales.

    Asya Tulesova

    ¿Nos contarías un poco acerca de tu historia y tu activismo ambiental?

    Durante los últimos años he trabajado para una organización de la sociedad civil, la Fundación Cívica Sentido Común, enfocada en el desarrollo comunitario. Trabajamos en proyectos ambientales y educativos orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. En 2015 lanzamos nuestro proyecto de monitoreo de la calidad del aire en Almaty con el objetivo de brindar a la gente acceso a información gratuita y actualizada sobre la calidad del aire en la ciudad. El proyecto mejoró considerablemente la comprensión de la gente sobre la importancia del tema.

    Cuando me di cuenta de que la calidad del aire era un problema político, intenté postularme para el consejo local. Sin embargo, mi candidatura fue rechazada debido a discrepancias menores en mi declaración de ingresos fiscales. Este mismo razonamiento se utilizó para excluir a cientos de candidatos y candidatas que se postulaban como independientes en todo Kazajistán. Demandamos a la comisión electoral central, pero no pudimos persuadir al tribunal para que restableciera mi candidatura, a pesar de de que teníamos todas las pruebas que respaldaban mi reclamo. Mi caso ahora está siendo examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

    Continuamos nuestro activismo ambiental mediante la publicación de artículos, investigaciones sobre la contaminación del aire, la participación en eventos públicos y la organización de charlas públicas sobre el tema. En abril de 2019 mi compañero, el activista Beibarys Tolymbekov, y yo fuimos arrestados por sostener una pancarta en la maratón anual de Almaty; nuestros amigos Aidos Nurbolatov, Aigul Nurbolatova y Suinbike Suleimenova fueron multados por filmarnos sosteniendo el cartel. En tanto que integrantes de un movimiento de activistas jóvenes, queríamos llamar la atención de la gente sobre el carácter injusto de las siguientes elecciones presidenciales y la falta de candidatos independientes. Beibarys y yo recibimos 15 días de arresto administrativo; mientras estaba detenida hice una huelga de hambre para protestar contra la decisión del tribunal, y en un momento mi compañera de celda me dio un puñetazo en el estómago por negarme a cumplir con su reclamo de poner fin a mi huelga de hambre. Nuestra detención resultó en una serie de protestas en todo el país y en un aumento de la participación política de los jóvenes. Continuamos nuestro trabajo con la esperanza de que nuestros esfuerzos atrayeran más candidaturas independientes a la competencia electoral.

    La condición de activista en Kazajistán está asociada a un cierto grado de presión constante por parte del gobierno y las autoridades policiales. Muchas personas activistas y defensoras de derechos humanos, así como periodistas, viven bajo un intenso escrutinio y bajo constante vigilancia e intimidación por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley o de otros que actúan en su nombre.

    ¿Qué fue lo que ocurrió durante la protesta de junio de 2020 en la que te arrestaron?

    Durante la protesta del 6 de junio de 2020 presencié actos de brutalidad policial hacia manifestantes pacíficos. No era la primera vez; cada manifestación pacífica “no autorizada” que hemos tenido hasta ahora ha ido acompañada del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Pero en esta oportunidad decidí pararme frente a una de las camionetas policiales cargadas de personas detenidas ilegalmente para evitar que se las llevaran. Varios policías me atacaron, me sacaron a rastras de la camioneta y, cuando intenté regresar, me tiraron al suelo. En ese estado emocional le quité la gorra a un oficial de policía, a modo de protesta por las acciones policiales ilegales y la detención de manifestantes pacíficos. Es difícil articular lo que pasaba por mi cabeza en ese momento. Definitivamente estaba en estado de shock.

    Esto fue capturado en video y fui acusada de “insultar públicamente a un representante de las autoridades” en virtud del artículo 378, parte 2 del Código Penal, y de “infligir daño no grave a un representante de las autoridades”, en virtud del artículo 380, parte 1.

    ¿Cómo fue estar presa? ¿Tuviste miedo de contraer COVID-19?

    Estuve en prisión durante más de dos meses. El centro de detención adonde me llevaron está ubicado en el extremo norte de Almaty. Me llevaron por la noche y primero me pusieron en una celda de cuarentena para los detenidos recién llegadao, donde pasé más de diez días familiarizándome con las normas internas de la institución. Después de eso me trasladaron a una celda diferente.

    Debido a la pandemia de COVID-19, las visitas de familiares y amigos estaban prohibidas. Solo pude hablar con mi madre dos veces por semana durante diez minutos por videollamada y recibir visitas de mis abogados cada dos semanas. Las condiciones en esta institución eran mucho mejores que en el centro de detención temporario ubicado en la estación de policía donde antes había pasado dos días. La celda estaba relativamente limpia y tenía dos literas para cuatro personas, un lavabo y un inodoro. Nos turnábamos para limpiar la celda. Dos de mis compañeras de celda fumaban en el baño. Nos alimentaban tres veces al día, principalmente guisos y sopas. Nos llevaban a “pasear” cinco veces por semana, a una instalación especialmente diseñada para ello, que era básicamente una celda sin ventanas ni techo. Nuestros paseos por lo general duraban de 15 a 20 minutos, por lo que tuve que escribir una queja a las autoridades de la institución para que cumplieran con sus propias regulaciones internas y nos dieran una hora completa para caminar. Nos duchábamos una vez a la semana, durante 15 minutos por persona.

    Varias veces a la semana recibía paquetes procedentes de familiares y amigos. Su apoyo fue muy útil para mantener alto mi ánimo. Recibí una radio que me mandó otro activista, Marat Turymbetov, cuyo amigo Alnur Ilyashev había estado detenido en el mismo centro por sus críticas al partido gobernante, Nur Otan. Pasábamos mucho tiempo escuchando la radio a la espera de noticias, pero la mayoría de las noticias eran sobre la pandemia de COVID-19. Ocasionalmente también escuchábamos rumores acerca de casos de COVID-19 en la institución, pero no había nada seguro, así que no tuve demasiado temor a contraer el virus. Mi madre, sin embargo, estaba muy preocupada por eso y cada tanto me enviaba medicamentos. La pandemia ha sido muy dura para nuestro país y se ha cobrado muchas vidas.

    Esta vez, personalmente no he experimentado ninguna violación importante mientras estaba detenida, más allá del incumplimiento de algunas reglas internas por parte del personal. Sé que otras personas detenidas pasaron meses en la institución sin recibir visitas de la persona que investigaba su caso, su abogado o sus familiares. En un principio tuve sospechas cuando, en el centro de detención temporaria, me colocaron en una celda con la misma mujer que había estado conmigo en el centro de detención especial para faltas administrativas un año atrás.

    No puedo decir que sienta que he estado detenida durante mucho tiempo, pero fue suficiente para que aumentaran mi aprecio y mi compasión hacia los activistas y otras personas que han pasado meses y años en prisión. Por ejemplo, el defensor de derechos humanos Max Bokayev ha estado en prisión durante más de cuatro años por apoyar una manifestación pacífica contra la venta ilegal de tierras a empresas chinas. Durante la cuarentena, muchos activistas y líderes políticos fueron sometidos a registros y detenciones, por lo que la cuarentena se convirtió en una suerte de excusa del gobierno para perseguir a la sociedad civil. Entre los activistas detenidos se contaron Sanavar Zakirova, que ha sido perseguida por sus intentos de registrar un partido político, los activistas Abay Begimbetov, Askar Ibraev, Serik Idyryshev, Askhat Jeksebaev, Kairat Klyshev y muchos otros.

    ¿Qué piensas sobre la sentencia que recibiste?

    No estoy de acuerdo con mi sentencia, por eso vamos a apelar. El tribunal debe tener en cuenta el grado de peligro para la sociedad que suponen las faltas que cometí, que difícilmente constituyen un delito. Sin embargo, sí lamento la falta de autocontrol y la mala educación que exhibí. Creo firmemente en la protesta no violenta y mi caso es una gran oportunidad para que tanto nosotros como el gobierno condenemos la violencia procedente de ambos lados.

    ¿Qué apoyos necesitarían los activistas como ustedes de la comunidad internacional?

    Estoy muy agradecida de que mi caso haya recibido atención y apoyo internacionales. Fue un honor estar representada en la campaña de CIVICUS, #StandAsMyWitness. También estoy muy agradecida hacia mi madre, mis abogados, mi familia, amigos y simpatizantes de Kazajistán y de todo el mundo, a quienes se les ocurrieron muchas ideas creativas para crear conciencia pública y atraer la necesaria atención a mi caso y al problema de la brutalidad policial en Kazajistán. Personalmente, me inspiré mucho en una de las iniciativas lanzadas por mis buenos amigos Kuat Abeshev, Aisha Jandosova, Irina Mednikova y Jeffrey Warren, Protest Körpe, una forma simple y visualmente bella de presentar demandas de justicia y derechos humanos de una manera agradable y cariñosa. Es fácil unirse a ella. La mayoría de los mensajes de Protest Körpe son universales y tienen relevancia para muchos países. ¡Hagamos oír nuestros mensajes! Siento que podemos aprender nuevas tácticas creativas de Protest Körpe y de otras iniciativas y adaptarlas a nuestro contexto local. ¿No sería fantástico si esas campañas y movimientos pudieran conformar una red para que todos podamos compartir y aprovechar las experiencias de los demás?

    El espacio cívico enKazajistán es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con Asya a través deFacebook.

     

  • MYANMAR: “Si el golpe no se revierte, habrá muchos más presos políticos”

    CIVICUS conversa sobre el reciente golpe militar en Myanmar con Bo Kyi, ex preso político y cofundador de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP). Fundada en 2000 por antiguos presos políticos que viven exiliados en la frontera entre Tailandia y Myanmar, AAPP tiene su sede en Mae Sot (Tailandia) y dos oficinas en Myanmar que abrieron en 2012. La AAPP aboga por la liberación de los presos políticos y el mejoramiento de sus vidas tras su puesta en libertad, con programas destinados a garantizar su acceso a la educación, la formación profesional, el asesoramiento en salud mental y la asistencia sanitaria.