La “recuperación” del Covid-19 debe impulsar la lucha contra la desigualdad
CIVICUS presenta propuestas conjuntas para el Examen Periódico Universal de la ONU sobre el espacio de la sociedad civil en Paraguay
El Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es un proceso único que implica una revisión de los registros de derechos humanos de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años y medio.
CIVICUS y Semillas para la Democracia abordan sus preocupaciones relativas a las crecientes hostilidad, estigmatización y criminalización que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, y en particular las que integran los movimientos campesino, indígena, sindical y estudiantil, así como los periodistas que reportan acerca de protestas, crimen organizado, corrupción y violaciones de derechos humanos. Además de las restricciones de la libertad de expresión derivadas de la aplicación de estatutos de difamación penal y de presiones económicas de actores tanto privados como públicos, el documento examina las múltiples formas en que el disenso es ahogado en las calles, en la medida en que las protestas son impedidas mediante la aplicación de legislación que impone restricciones indebidas de tiempo y lugar y requisitos de autorización, los manifestantes son criminalizados bajo el Código Penal, y las manifestaciones son violentamente suprimidas por las fuerzas de seguridad.
Lea las recomendaciones completas:
https://www.civicus.org/documents/Paraguay.JointUPRSubmission.ES.pdf
En respuesta a la elección de Cuba para su quinto mandato en el Consejo de Derechos Humanos, 85 organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos y libertad de expresión en conjunto con medios independientes de comunicación emitieron la siguiente declaración:
Nos preocupa profundamente la decisión de otorgarle a Cuba una nueva oportunidad para ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Esto no sólo recompensa el pobre historial de Cuba en materia de derechos humanos, sino que también socava la integridad del Consejo para responsabilizar a los gobiernos abusivos por sus acciones en la región y en todo el mundo.
Las naciones que tienen el honor de integrar el Consejo deben comprometerse con el derecho internacional de los derechos humanos. Los miembros del Consejo deben asegurarse de que Cuba no eluda la responsabilidad de su propia conducta ni utilice su asiento para debilitar estas normas internacionales. Como organizaciones dedicadas a la protección y promoción de derechos humanos estaremos vigilantes, monitoreando las acciones de Cuba dentro del Consejo, certificando que los derechos humanos y las libertades fundamentales están siendo respetados y protegidos.
Antecedentes
En octubre 13 de 2020, en la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional otorgó a Cuba un nuevo asiento en el Consejo de Derechos Humanos. Desde su fundación en 2006, Cuba ocupó, en cuatro mandatos, uno de los ocho puestos del Consejo de Derechos Humanos correspondientes a América Latina y el Caribe. En los 12 años de Cuba en el Consejo, el país solo apoyó 66 de las 205 resoluciones aprobadas en respuesta a graves violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
En los tres ciclos del Examen Periódico Universal Cuba ha recibido severos señalamientos sobre violaciones a la libertad de asociación y expresión, persecución política, detenciones arbitrarias, prohibiciones de transitar libremente por el territorio nacional y de viajar al extranjero, ausencia de independencia judicial, censura, control de Internet y escasa pluralidad de medios de comunicación. En julio de 2020, estas violaciones incluso se manifestaron públicamente en el Consejo de Derechos Humanos cuando el representante cubano y sus aliados censuraron al defensor de derechos humanos, Ariel Ruiz Urquiola, mediante constantes interrupciones mientras hablaba sobre los crímenes cometidos contra él y su hermana por el gobierno cubano.
Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al país al Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos por delitos de carácter político, no ha logrado ingresar a la isla desde 1989. Cuba es también el único país de la América que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990.
En el informe “Libertad en el Mundo 2020” de Freedom House, Cuba obtuvo una puntuación de 14 puntos de un posible de 100 con respecto a las libertades civiles y políticas, la más baja de América Latina. En 2019, el informe “El estado de la democracia en el mundo” de International IDEA declaró que Cuba se ubica entre el 25 por ciento más bajo del mundo en participación de la sociedad civil, y que es el único país de la región que no ha dado pasos significativos hacia una transición democrática en las últimas cuatro décadas. Clasificado como un régimen autoritario, en la posición 143 de los 167 países del “Índice de Democracia 2019” de The Economist Intelligence Unit, Cuba también ha obtenido múltiples clasificaciones bajas por parte de organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión. Por ejemplo, en su informe más reciente, Human Rights Watch destacó la continua represión del gobierno cubano y el castigo de la disidencia y la crítica pública a través de palizas, denigración pública, restricciones de viaje y despidos laborales arbitrarios.
En 2019, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que en Cuba “persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones”. Asimismo, en su informe de 2020 sobre la situación de derechos humanos en Cuba, la CIDH identificó un patrón común en el uso de la detención arbitraria como método de hostigamiento empleado por la policía y por agentes de la Seguridad del Estado. Según organizaciones como Prisoners Defenders y Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hay entre 125 y 138 presos políticos en Cuba en octubre de 2020.
El país sigue estando, año tras año, entre los peores calificados en materia de libertad de prensa en América Latina, y ocupa el puesto 171 de los 180 países analizados en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras (RSF). El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluye a Cuba en una lista de los 10 países con mayor nivel de censura del planeta.
Firmantes:
Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso por legisladores del partido gobernante de Nicaragua restringiría severamente las libertades de asociación y expresión si se convierte en ley, dijo hoy la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. Introducida el 22 de septiembre, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros exigiría que las personas y organizaciones que reciban fondos del exterior se registren como “agentes extranjeros”. A los registrados como tales se les prohibiría participar en actividades relacionadas con la política interna.
Esta legislación otorgaría al gobierno amplios poderes discrecionales para controlar y amordazar a la sociedad civil, incluido el poder de congelar los activos de organizaciones y personas clasificadas como "agentes extranjeros" que no se registren en un plazo de 60 días. También prohibiría las donaciones anónimas, exigiría a las personas y organizaciones que presenten informes mensuales detallados sobre el financiamiento y el uso de recursos, y permitiría al gobierno cancelar el registro de organizaciones que no cumplan con los requisitos.
Una legislación similar implementada en otros países, incluida Rusia, ha tenido un efecto paralizador en el espacio cívico, lo que ha llevado al cierre de muchas organizaciones y al descrédito de los activistas de la sociedad civil. CIVICUS hace un llamado al Congreso de Nicaragua para que rechace el proyecto de ley y garantice un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los personas defensoras de derechos humanos.
“Esta ley obstaculizaría significativamente el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y contribuiría a la estigmatización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses han reprimido las protestas pacíficas, han buscado silenciar las voces críticas y ahora están intentando quitarle el derecho a las personas a asociarse libremente ”, dijo Natalia Gómez, Oficial de Campañas y Defensa de CIVICUS.
Antecedentes
En abril de 2018, las protestas generalizadas por la reforma al sistema de derechos sociales desencadenaron una crisis en Nicaragua que persiste hasta la fecha. Las violaciones durante esta crisis han dejado más de 300 manifestantes muertos y más de 100.000 personas desplazadas por la fuerza. Si bien las movilizaciones masivas han disminuido, la persecución y criminalización de la disidencia política ha continuado. Los políticos de la oposición, los periodistas independientes y los personas defensoras de los derechos humanos se han enfrentado al acoso sistemático por parte de agentes de seguridad y de grupos civiles favorables al régimen.
Para obtener más información sobre las violaciones del espacio cívico, visite la página del país de Nicaragua en el Monitor CIVICUS.
ACERCA DE CIVICUS
CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. CIVICUS tiene más de 10,000 miembros en todo el mundo.
El CIVICUS Monitor es una plataforma participativa en línea que monitorea las libertades cívicas, incluidas las libertades de expresión, asociación y reunión, en 196 países de todo el mundo.
La juventud actual está generando cambios sociales profundos sobre temáticas cruciales para nuestras sociedades desde diferentes lugares. Sin embargo, los recursos para sostener su trabajo se quedan muy cortos. ¿A ti también te ha pasado que tienes un proyecto liderado por jóvenes, que está generando gran impacto social, pero no encuentras financiamiento para sostenerlo? ¿Has tocado puertas de gobiernos, empresas, donantes y otras organizaciones sociales pero el apoyo que recibes es insuficiente? ¿Te has preguntado “qué más puedo hacer”?
Acompáñanos el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, a una conversación en vivo por Instagram con un par de jóvenes activistas que te darán inspiración para explorar nuevas formas de financiar la acción social liderada por jóvenes. Nuestras invitadas serán Bonnie y Jime, investigadoras, activistas y artistas que conforman La Múcura, un creativo grupo de música que también se dedica al activismo y a la investigación social en América Latina.
Bonnie y Jime tienen una historia muy particular. Hace unos años, se subieron a su Tractomúcura, un vehículo Land Rover Defender 1995, y cumplieron un sueño que habían tejido junto a otros jóvenes: viajar a través de Suramérica para documentar cómo otros grupos de jóvenes utilizan el arte para la transformación social. No tenían un subsidio, una beca, un contrato ni apoyo estable de donantes para costear el proyecto… Pero esto no les detuvo. Armaron una estrategia de autofinanciamiento que incluyó conciertos, trueques con otros jóvenes, búsqueda de pequeños patrocinios y consultorías, entre otros. El resultado fue muy productivo: el viaje duró tres años, crearon muchas conexiones con otros grupos y produjeron varias investigaciones, un álbum de música y hasta un libro.
¿Cómo lo lograron? ¿Qué retos y oportunidades encontraron para autofinanciarse? ¿Qué recomiendan a jóvenes en busca de recursos? Bonnie y Jime contestarán estas preguntas en la transmisión en vivo, compartirán cómo la crisis del COVID-19 ha impactado su trabajo y nos ofrecerán un breve pero maravilloso concierto.
¡Te esperamos!
Instagram live chat: Expande tu imaginación para financiar el activismo juvenil
Invitadas: Bonnie y Jime, La Múcura
Moderadora: Xiomara Acevedo, directora de Barranquilla+20
Cuándo: Miércoles 12 de agosto, 2020
Hora: 11:00 CDMX y Colombia / 10:00 Centroamérica / 13:00 Buenos Aires
Dónde: Instagram @CivicusAlliance
Mientras tanto...
Lee la historia completa sobre el viaje de Bonnie y Jime en la página 34 de esta guía de movilización de recursos para jóvenes líderes y para donantes que publicamos recientemente.
Descubre y disfruta de la música Surquizofónica de La Múcura y síguelas en Instagram y en Facebook.
📝Carta colectiva sobre #Colombia:
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) July 8, 2020
La #COVID19 no puede servir de tapadera para atacar a líderes(as) sociales.
Recomendaciones:
🔸Implementar el Acuerdo de Paz
🔸Involucrar a la sociedad civil para proteger los derechos
🔸Investigar la impunidad
+ info: https://t.co/qSTfuCGLYx pic.twitter.com/j6aIa3Ltbg
El Estado colombiano debe acoger las recomendaciones de la CIDH en materia de líderes sociales incluso durante la pandemia COVID-19
En su informe reciente, la CIDH destaca de manera crucial la importancia de reconocer el derecho a defender derechos y el rol fundamental de líderes y lideresas sociales en Colombia, especialmente en el contexto actual de emergencia generalizada
El informe Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia, presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita en noviembre de 2018 al país, destaca que la labor realizada por estas personas es fundamental para la existencia plena del Estado de Derecho y constituye un pilar indispensable para el fortalecimiento y consolidación de la democracia. Cuando se impide la defensa de los derechos humanos, no sólo se afecta una vida o comunidad particular; las agresiones contra líderes y lideresas sociales afectan la cohesión y continuidad de la organización social a una escala mayor.
Los líderes y lideresas sociales cumplen un rol fundamental en el mantenimiento del tejido social en sus comunidades, a menudo bajo condiciones precarias de seguridad. En el actual escenario de la pandemia por COVID-19, las recomendaciones de la CIDH cobran especial relevancia para salvaguardar su trabajo. Cómo aseguró Erlendy Cuero, lideresa social y Vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES),en la serie de Dejusticia sobre pandemia y desigualdad, #DelMiedoALaAcción, “los homicidios, las amenazas y la persecución han aumentado porque estamos en una situación en la que el acompañamiento para algunos líderes con medidas de protección se ha minimizado y quienes no tienen medidas de seguridad están desprotegidos”. A esto último se suma que los líderes, quienes deben permanecer en su residencia por causa del coronavirus, se enfrentan a un mayor riesgo pues son ubicados con mayor facilidad.
La vulnerabilidad es más alta para líderes y lideresas en zonas alejadas de los centros urbanos. En este escenario, la adopción de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado colombiano en estas zonas es aún más indispensable.
Las recomendaciones claves de la Comisión Interamericana para Colombia incluyen:
Las organizaciones firmantes hacemos especial énfasis en el reconocimiento por parte de la Comisión Interamericana del derecho a defender derechos humanos y su llamado al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Final de Paz, tal como lo han ordenado los jueces constitucionales en las sentencias de tutela confirmando #ElDerechoADefenderDerechos presentada por diversos líderes y organizaciones sociales del país, a finales de 2019.
ARTICLE 19
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Minga
Amnesty International
Business & Human Rights Resource Centre
CIVICUS
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Cajar
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Dejusticia
Espacio Público
Front Line Defenders (FLD)
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)
International Land Coalition - LAC (ILC LAC)
International Service for Human RIghts (ISHR)
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Latin America Working Group (LAWG)
Not1More (N1M)
Presbyterian Peace Fellowship
Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (REDLAD)
Robert F. Kennedy Human Rights
Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
Washington Office on Latin America (WOLA)
Es necesario que los gobiernos adopten medidas para apoyar y defender a la sociedad civil
Las repercusiones económicas, sociales y políticas de la pandemia COVID-19 han sido de una magnitud extraordinaria. Necesitamos elaborar planes de recuperación para ampliar los derechos, lograr economías más justas, nivelar las desigualdades, reducir la crisis climática y crear instituciones internacionales viables. La sociedad civil -que incluye un amplio espectro de grupos cívicos, como ONG, organizaciones benéficas, grupos de voluntarios, consorcios, fundaciones y asociaciones, sindicatos, empresas sociales, proveedores de cuidados y agencias de asistencia social- debe considerarse una fuerza decisiva para que el mundo supere la crisis de una manera que suponga un punto de inflexión con respecto a las políticas económicas, políticas y sociales que ya venían siendo un fracaso para muchos. Ha llegado el momento de que los gobiernos actúen de acuerdo con sus obligaciones internacionales e inviertan en un esfuerzo cívico constante en favor de la reconstrucción.
Este documento sirve de guía práctica acerca de las medidas que los gobiernos pueden y deben adoptar para apoyar y fortalecer la sociedad civil, en el marco de las actividades de recuperación y reconstrucción de la COVID-19. El documento recoge información sobre iniciativas que se han puesto en marcha en todo el mundo y ofrece otras propuestas para apoyar esos esfuerzos basándose en los conocimientos de las redes de la sociedad civil en más de 80 países, incluidas las evaluaciones realizadas por el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA), la Charities Aid Foundation (Fundación de Ayuda Caritativa) y CIVICUS.
Confiamos en que este material sirva como una invitación para que los responsables de la formulación de políticas y los organismos gubernamentales revisen y mejoren las medidas en favor de la sociedad civil. En cuanto a los grupos de la sociedad civil, prevemos que se intensificarán los trabajos para asegurar las medidas de apoyo que necesitamos en todos los países.
Recomendamos las siguientes medidas para apoyar y fortalecer la sociedad civil como parte de los planes de respuesta y recuperación en el marco de la COVID-19:
|
1. Eliminar las restricciones; potenciar el valor y las contribuciones de la sociedad civil |
La sociedad civil ha estado al frente de la respuesta mundial a la pandemia, prestando servicios para salvar vidas, compartiendo información y coordinando las acciones necesarias para reforzar la rendición de cuentas y lograr respuestas en materia de políticas que respondan a las necesidades. Sin embargo, varios países han utilizado la pandemia para legitimar numerosas restricciones injustificadas a las libertades civiles y/o para excluir deliberadamente a la sociedad civil de los esfuerzos de planificación y actuación. Entre ellas figuran unos índices de censura sin precedentes, ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos, el uso de la violencia auspiciada por el Estado para frenar las críticas y las violaciones generalizadas del derecho a la intimidad.
Ahora más que nunca es preciso que los gobiernos reconozcan que se necesita una sociedad civil diversa, dinámica y con capacidad de adaptación para que las medidas de emergencia superen la prueba de proporcionalidad y necesidad. Aunque se haya proclamado oficialmente el estado de emergencia, deben respetarse derechos fundamentales como el derecho a la vida y a no ser sometido a torturas ni a tratos degradantes, así como el derecho a expresar la disidencia democrática. Por ello, los gobiernos pueden y deben esforzarse más en destacar el papel de la sociedad civil en las actividades de respuesta y recuperación. Trabajar con la sociedad civil ayuda a los gobiernos y a las empresas a comprender mejor las realidades del terreno y a desarrollar intervenciones que respondan de manera significativa a los factores de desigualdad y malestar social.
En Ecuador, por ejemplo, una página web oficial informa sobre las actividades que está realizando la sociedad civil en todo el país. También se han creado plataformas similares en Italia, Francia y Ucrania. En Etiopía también se han registrado iniciativas para difundir la labor de la sociedad civil a través de la televisión.
Las autoridades locales son particularmente efectivas a la hora de invitar a la sociedad civil a compartir su trabajo a través de las plataformas disponibles y de facilitar a otros sectores de la sociedad formas de apoyar y ampliar estos esfuerzos. Esto supone eliminar las restricciones impuestas a los medios de comunicación locales y permitirles trabajar con otros grupos de la sociedad civil para reforzar la confianza y el compromiso del público. La escasa información sobre las organizaciones de la sociedad civil afecta directamente a la apropiación de la población local de las causas y limita el carácter estratégico y sostenible del sector.
|
2. Ayudar a la sociedad civil a cumplir y reducir los gastos de funcionamiento |
El apoyo a los gastos de funcionamiento es una forma directa de fortalecer la sociedad civil, en particular los grupos que trabajan en la primera línea. Mediante un apoyo flexible y sin restricciones a los gastos de funcionamiento, las organizaciones pueden invertir en infraestructura y funciones que les permitan mejorar su impacto y sostenibilidad. Asimismo, disponer de apoyo operacional les permite adaptarse y responder rápidamente durante las situaciones de crisis.
En Lituania, por ejemplo, las asociaciones y fundaciones que alquilan sus propiedades al municipio o a entidades controladas por éste se han beneficiado de una exención o reducción en los pagos de alquiler y de las sanciones impuestas por el retraso en los pagos. En Letonia y el Líbano se han anunciado medidas similares. En Zimbabwe, las regulaciones estatales dictaron que los propietarios y los bancos concedieran un período de gracia durante el confinamiento para el pago de alquileres e hipotecas, así como una exención para las importaciones de productos relacionados con la COVID-19, como los EPIS y equipos de prueba. Asimismo, se ha observado la entrega de suministros y activos físicos esenciales en Malaui y Namibia. No obstante, la existencia de esas medidas debe complementarse con una comunicación oportuna y transparente. La adopción de medidas de ayuda sin una comunicación eficaz impide que los grupos más necesitados conozcan y accedan a esas ayudas.
Es también un momento clave e para que los gobiernos avancen y desarrollen mecanismos financieros nuevos e innovadores para apoyar a la sociedad civil en este periodo.
La revisión del régimen del IVA, la exención de impuestos y la mejora de los incentivos fiscales para las donaciones -no sólo para intervenciones relacionadas con la crisis, sino también para todas las demás causas- son iniciativas que deben recibir un mayor respaldo en este momento. Otra posibilidad es la de destinar el reajuste de impuestos, fondos e instrumentos de inversión para apoyar las intervenciones de la sociedad civil. Un ejemplo de ello es la asignación de impuestos indirectos: el IVA recaudado en la compra de equipos de protección personal se utiliza para apoyar a los trabajadores sanitarios de primera línea en el Reino Unido. Se ha sabido que en el Oriente Medio algunos gobiernos han ofrecido préstamos en lugar de asistencia directa a la sociedad civil.
Resulta imprescindible que todos los lugares cuenten con una cartera de instrumentos, tanto financieros como no financieros, que responda a la demanda y ayude a la sociedad civil a aumentar su capacidad de recuperación financiera.
|
3. Flexibilizar los requisitos reglamentarios |
En diversos países se han registrado medidas para que las asociaciones y fundaciones registradas gocen de una mayor flexibilidad en los procedimientos administrativos, incluyendo cambios en materia de adquisiciones, gastos, presentación de informes, concesión de subvenciones y contratación. Por ejemplo, adaptar los requisitos de presentación de informes administrativos y de proyectos puede ser un método rápido y eficaz de dar tregua a los grupos de la sociedad civil. Algunos ejemplos son las medidas para actualizar la financiación de proyectos, la cooperación y los acuerdos de representación en Malaui y México.
En algunos países también se han adoptado disposiciones para flexibilizar los requisitos contables y fiscales. En Alemania, por ejemplo, se ha flexibilizado la gestión de las donaciones, así como la contabilidad de las pérdidas y las disminuciones de capital. En otros países se han aplicado exenciones parciales a los impuestos que deben pagar las ONG.
|
4. Incluir a la sociedad civil en los fondos de estímulo y en las subvenciones destinadas a la COVID-19 |
Lamentablemente, la sociedad civil está ausente de las medidas destinadas a apoyar sistemáticamente la recuperación social y económica de la pandemia. En la mayoría de los contextos, esas medidas parecen haber sido elaboradas únicamente teniendo en cuenta las empresas, pese a que la sociedad civil de todos los países necesita urgentemente un apoyo fiscal adaptado, que incluya medidas de apoyo a los ingresos y subvenciones.
Es preciso ampliar las medidas existentes destinadas a la recuperación de empresas para incluir a la sociedad civil, y acompañarlas de intervenciones que respondan a las necesidades específicas de los colectivos pequeños y grandes, formales e informales, que existen en el amplio espectro de la sociedad civil.
Entre los ejemplos existentes de medidas de recuperación para la sociedad civil se encuentran el paquete de estímulo de 750 millones de libras esterlinas del Gobierno del Reino Unido y el paquete de apoyo de 700 millones de euros para la sociedad civil, las artes y el sector cultural de Austria. A menor escala, en Irlanda se ha introducido un Fondo de Estabilidad de 35 millones de euros para apoyar las necesidades urgentes de financiación y, en Rusia se ha creado un Fondo de Subvenciones Presidenciales que incluye 3.000 millones de rublos (unos 39 millones de euros) para las ONG.
Además, se han creado planes de ayudas salariales y de acceso al crédito en Argentina, Australia, Francia y los Países Bajos. Canadá ha asignado fondos especiales para servicios destinados a grupos vulnerables como las mujeres y los ancianos, mientras que Irlanda ha establecido un fondo para la innovación social en los proyectos de recuperación.
Los datos de Sudáfrica indican diversas medidas de apoyo a la sociedad civil adoptadas por el Gobierno, las fundaciones privadas y las empresas. Diversos organismos como la CAF Southern Africa (CAF de África meridional), el Grupo Mergon y el Departamento de Desarrollo Social de Western Cape Province (la Provincia del Cabo Occidental) han puesto en marcha fondos dirigidos a ONG que ofrecen la posibilidad de que el público apoye los objetivos de financiación. La Comisión Nacional de Loterías ha destinado 150 millones de rands sudafricanos (más de 7 millones y medio de euros) como medida de ayuda para las ONG, mientras que se espera que el Fondo de Solidaridad del Presidente asista a las ONG que estén prestando servicios relacionados con los objetivos del fondo ( prevención, detección, atención y apoyo).
En términos generales, es posible y necesario adoptar una mayor variedad de medidas para incitar a las empresas, las instituciones filantrópicas y el público en general a que apoyen la labor de la sociedad civil.
|
5. Crear la infraestructura necesaria para impulsar la labor de la sociedad civil |
Este es el momento propicio para que los gobiernos creen mecanismos de mayor alcance para apoyar y reforzar la sociedad civil, como la financiación a medio y largo plazo de redes u organizaciones de coordinación y el desarrollo de plataformas para compartir conocimientos, estrategias y recursos que promuevan la cohesión y la colaboración, en lugar de la competencia. Las empresas transnacionales pueden contribuir a los esfuerzos de la sociedad civil mediante plataformas de donación y contribuciones a los salarios, del mismo modo que las instituciones filantrópicas pueden (y están) aprovechando los activos y las donaciones para crear nuevas fuentes de recursos básicos y flexibles para la sociedad civil.
En este sentido, Portugal e Italia han recurrido a los servicios nacionales de voluntarios y jóvenes para movilizar el apoyo a los esfuerzos de la sociedad civil. En Bélgica, un Fondo de Solidaridad COVID-19 permite a los empleados de la UE contribuir a las organizaciones de la sociedad civil. Algunos países, entre ellos Letonia y los Países Bajos, han establecido exenciones fiscales para las donaciones hechas a la sociedad civil. En Sierra Leona, una plataforma gubernamental permitió a la sociedad civil interactuar con el Presidente y los ministros implicados en las actividades relacionadas con la COVID-19, ofreciendo a sus representantes acceso directo y coordinación con los Ministerios de Salud, Finanzas y con el Equipo de Respuesta a las Emergencias sobre la COVID-19. En Malawi, el grupo de trabajo nacional sobre COVID-19 incluyó, entre otros, a representantes de ONG, instituciones académicas, gubernamentales y religiosas, aprovechando así la experiencia y las redes de los diferentes sectores de la sociedad civil para este fin.
Necesitamos que los gobiernos de más países desarrollen mayores incentivos para que las sociedades inviertan en la sociedad civil. Los gobiernos deben ser un socio activo a la hora de fomentar el compromiso público con la sociedad civil, defendiendo el impacto que está logrando e intercambiando información sobre la forma en que se asignan y utilizan los fondos públicos. En términos más generales, necesitamos que éste sea un momento catalizador para las asociaciones y campañas intersectoriales destinadas a desarrollar movimientos locales de solidaridad dentro de los países y entre ellos.
|
6. Promover la capacidad de la sociedad civil para desarrollar alternativas sostenibles |
La sociedad civil es indispensable en los enfoques de reconstrucción centrados en las personas que respondan a las exigencias de un cambio positivo. Las alianzas efectivas entre el gobierno y la sociedad civil propician respuestas mejor coordinadas en momentos críticos, gracias a las cuales ambos actores pueden colaborar para evaluar y mitigar los riesgos de una crisis en diferentes poblaciones. Para ello, necesitamos que la sociedad civil participe plenamente en las consultas y los espacios de toma de decisiones de las múltiples partes interesadas que diseñan alternativas sociales y económicas para un mundo post-COVID. Se debe reconocer una sociedad civil capacitada, conectada y con los recursos adecuados como una fuerza con carácter duradero.
Redistribuir el poder y fomentar la solidaridad será fundamental para las reformas estructurales que debemos lograr en la economía mundial. Esto incluye un impulso sistemático que reste importancia al crecimiento del PIB como indicador clave del rendimiento y, que dé prioridad, en su lugar, al bienestar como medida esencial.
Los tan esperados cambios transformadores, como el fin de las salidas netas de fondos y de otros recursos de los países del Sur a los del Norte, para que los primeros puedan disponer de más recursos acumulados que les permitan alcanzar el derecho al desarrollo sostenible de sus pueblos, exigen una gran dosis de apoyo público y político. El fortalecimiento de la sociedad civil y la ampliación de las libertades cívicas deben formar parte de la completa recuperación mundial que necesitamos para salir de la pandemia.
Para más información:
AGNA: https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
Charities Aid Foundation: https://www.cafonline.org
CIVICUS: https://www.civicus.org
Las organizaciones y medios de comunicación abajo firmantes respaldamos la petición y exhortamos a actores internacionales a exigir al Gobierno cubano el fin inmediato de la vigilancia en línea contra personas que expresan sus opiniones y el cese de la persecución a periodistas y activistas de derechos humanos.
Organizaciones que apoyan a los derechos humanos, la libertad de prensa y los periodistas están exigiendo a los mecanismos de las Naciones Unidas y a sus miembros que ayuden a salvar la vida de cuatro periodistas condenados a muerte en abril de 2020 en la capital, Saná, acusados de "espiar" y "difundir noticias falsas". De los otros seis periodistas en el mismo caso que el juez ordenó que fueran liberados tras cinco años de detención, solo uno ha sido liberado hasta el momento. Las autoridades de facto en Saná, los hutíes, deben revocar de inmediato las condenas de muerte y que liberen a los otros nueve periodistas que han sido condenados en violación de su derecho a la libertad de expresión.
Las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación y repudio respecto a la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba, la cual se ha visto agravada desde principios de este año y particularmente a partir de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus.
Nota de la oficina de prensa: Esta carta la firman representantes de la Red de Respuesta de Ayuda Humanitaria Empoderada (NEAR, Network for Empowered Aid Response) Civicus y el Fondo Global para Fundaciones Comunitarias (GFCF, Global Fund for Community Foundations). Se ha modificado en aras de la brevedad y la claridad.
Estimados/as donantes internacionales:
Pese a que el brote de COVID-19 se está propagando en el Sur global, no tiene por qué provocar una crisis descontrolada. Nuestras redes están formadas por organizaciones que trabajan sobre el terreno en los ámbitos de la ayuda humanitaria, los derechos humanos y el desarrollo, y que ya están movilizando y ayudando directamente a las personas en sus comunidades para frenar y finalmente detener la propagación de este virus mortífero.
Pero para ayudarlas a cumplir su función, es preciso que revisemos por completo y sin demora la forma en que actualmente se entrega la ayuda. Por consiguiente, les escribimos para instarles a que, en cuanto que donantes —públicos o privados—, den prioridad a financiar directamente a las organizaciones de primera intervención, y a que se asocien con ellas en cualquier plan que les afecte y que afecte a las comunidades a las que sirven.
Muchas de nuestras organizaciones asociadas tienen un largo historial no sólo como ejecutoras de programas, sino también como concesionarias de subvenciones para la sociedad civil y los grupos de base locales; conocen su entorno local, tienen conexiones profundas y extensas con grupos locales y pueden hacerles llegar el dinero de forma directa y eficaz. En muchos casos, además, ya llevan tiempo movilizando los recursos y la cultura de la donación en el terreno, y creando bases de apoyo locales para su trabajo. Están ahí para ofrecer ayuda humanitaria, económica o social y para defender los derechos humanos y las libertades cívicas en un momento en que los gobiernos están intentando reprimirlos.
Si bien estas organizaciones son plenamente capaces de pasar a la acción, en algunos casos adolecen de una grave carencia recursos cuando se declara una emergencia. La COVID-19 pone esta realidad aún más de relieve. Numerosos colegas internacionales que han regresado a sus comunidades de origen se han encontrado repentinamente en la posición vulnerable de tener que responder directamente, a menudo sin contar con apoyo económico suficiente para hacerlo.
Desde hace al menos un decenio, han prosperado los fondos, fundaciones y entidades concesionarias de subvenciones locales y nacionales en todo el Sur global que ofrecen soluciones más sostenibles y duraderas.
—
Las razones de ello son múltiples y estructurales, y reflejan un sistema de desarrollo que se ha caracterizado por los flujos de dinero de uso restringido a proyectos a corto plazo —en lugar de las inversiones a largo plazo en instituciones locales— y por una rendición de cuentas de abajo hacia arriba, es decir, ante los donantes en lugar de ante las propias comunidades. Entre los numerosos factores que explican las míseras cantidades de financiación que se canalizan directamente a organizaciones del Sur está la percepción persistente de “riesgo”, que presupone una falta de capacidad o de diligencia debida en materia económica. Muchos de nosotros cuestionaríamos esta percepción precisamente por ser eso, una percepción, en lugar de la realidad.
Pero no es momento de debatir sobre lo que es apropiado y proporcional en la entrega de ayuda y la gestión del riesgo a nivel local. Ahora, más que nunca, esperamos que en la toma de decisiones primen la solidaridad y la premura, y no la burocracia compleja e innecesaria.
Sencillamente, hay organizaciones sobre el terreno que están preparadas para ampliar su respuesta con agilidad y rapidez antes de que la situación empeore. Creemos que si cuentan con los recursos adecuados pueden hacerlo mucho mejor que a través de costosas capas de actores externos, la mayoría de los cuales no tienen prácticamente ninguna presencia ni relaciones en los países a los que se proponen servir. Además, el apoyo internacional puede ayudar a impulsar los nuevos sistemas filantrópicos locales.
Hace cuatro años, en la Cumbre Humanitaria Mundial se adoptó el compromiso de financiar iniciativas locales y nacionales de forma directa y se hizo mucho hincapié en la importancia de la localización. Tristemente, muy poco ha cambiado desde entonces: los datos muestran que menos del 1% del total de la ayuda oficial al desarrollo se destina a organizaciones locales y nacionales del Sur global y, a juzgar por la respuesta reciente de los donantes, no hay forma de invertir esa tendencia.
El hecho es que, desde hace al menos un decenio, han prosperado los fondos, fundaciones y entidades concesionarias de subvenciones locales y nacionales en todo el Sur global que ofrecen soluciones más sostenibles y duraderas. Son líderes clave de nuestras redes y pioneros del “sistema de desarrollo que queremos” —grande y pequeño, regional, nacional y local— que realizan un trabajo diverso en materia de desarrollo comunitario, género, derechos humanos y medio ambiente.
Ha llegado el momento de aunar solidaridad mundial y una acción local rápida y eficaz. A riesgo de calificar como oportunidad la tragedia de esta pandemia mundial, creemos que hay una manera de que agilicen su compromiso y con ello garanticen que en el Sur global tengamos una sociedad civil local duradera y más fuerte tanto durante la respuesta a la emergencia de la COVID-19 como en los años venideros.
Atentamente,
NEAR
Civicus
Fondo Global para Fundaciones Comunitarias
Nota de la oficina de prensa: Esta carta la firman representantes de la Red de Respuesta de Ayuda Humanitaria Empoderada (NEAR, Network for Empowered Aid Response) Civicus y el Fondo Global para Fundaciones Comunitarias (GFCF, Global Fund for Community Foundations). Se ha modificado en aras de la brevedad y la claridad.
Estimados/as donantes internacionales:
Pese a que el brote de COVID-19 se está propagando en el Sur global, no tiene por qué provocar una crisis descontrolada. Nuestras redes están formadas por organizaciones que trabajan sobre el terreno en los ámbitos de la ayuda humanitaria, los derechos humanos y el desarrollo, y que ya están movilizando y ayudando directamente a las personas en sus comunidades para frenar y finalmente detener la propagación de este virus mortífero.
Pero para ayudarlas a cumplir su función, es preciso que revisemos por completo y sin demora la forma en que actualmente se entrega la ayuda. Por consiguiente, les escribimos para instarles a que, en cuanto que donantes —públicos o privados—, den prioridad a financiar directamente a las organizaciones de primera intervención, y a que se asocien con ellas en cualquier plan que les afecte y que afecte a las comunidades a las que sirven.
Muchas de nuestras organizaciones asociadas tienen un largo historial no sólo como ejecutoras de programas, sino también como concesionarias de subvenciones para la sociedad civil y los grupos de base locales; conocen su entorno local, tienen conexiones profundas y extensas con grupos locales y pueden hacerles llegar el dinero de forma directa y eficaz. En muchos casos, además, ya llevan tiempo movilizando los recursos y la cultura de la donación en el terreno, y creando bases de apoyo locales para su trabajo. Están ahí para ofrecer ayuda humanitaria, económica o social y para defender los derechos humanos y las libertades cívicas en un momento en que los gobiernos están intentando reprimirlos.
Si bien estas organizaciones son plenamente capaces de pasar a la acción, en algunos casos adolecen de una grave carencia recursos cuando se declara una emergencia. La COVID-19 pone esta realidad aún más de relieve. Numerosos colegas internacionales que han regresado a sus comunidades de origen se han encontrado repentinamente en la posición vulnerable de tener que responder directamente, a menudo sin contar con apoyo económico suficiente para hacerlo.
Desde hace al menos un decenio, han prosperado los fondos, fundaciones y entidades concesionarias de subvenciones locales y nacionales en todo el Sur global que ofrecen soluciones más sostenibles y duraderas.
—
Las razones de ello son múltiples y estructurales, y reflejan un sistema de desarrollo que se ha caracterizado por los flujos de dinero de uso restringido a proyectos a corto plazo —en lugar de las inversiones a largo plazo en instituciones locales— y por una rendición de cuentas de abajo hacia arriba, es decir, ante los donantes en lugar de ante las propias comunidades. Entre los numerosos factores que explican las míseras cantidades de financiación que se canalizan directamente a organizaciones del Sur está la percepción persistente de “riesgo”, que presupone una falta de capacidad o de diligencia debida en materia económica. Muchos de nosotros cuestionaríamos esta percepción precisamente por ser eso, una percepción, en lugar de la realidad.
Pero no es momento de debatir sobre lo que es apropiado y proporcional en la entrega de ayuda y la gestión del riesgo a nivel local. Ahora, más que nunca, esperamos que en la toma de decisiones primen la solidaridad y la premura, y no la burocracia compleja e innecesaria.
Sencillamente, hay organizaciones sobre el terreno que están preparadas para ampliar su respuesta con agilidad y rapidez antes de que la situación empeore. Creemos que si cuentan con los recursos adecuados pueden hacerlo mucho mejor que a través de costosas capas de actores externos, la mayoría de los cuales no tienen prácticamente ninguna presencia ni relaciones en los países a los que se proponen servir. Además, el apoyo internacional puede ayudar a impulsar los nuevos sistemas filantrópicos locales.
Hace cuatro años, en la Cumbre Humanitaria Mundial se adoptó el compromiso de financiar iniciativas locales y nacionales de forma directa y se hizo mucho hincapié en la importancia de la localización. Tristemente, muy poco ha cambiado desde entonces: los datos muestran que menos del 1% del total de la ayuda oficial al desarrollo se destina a organizaciones locales y nacionales del Sur global y, a juzgar por la respuesta reciente de los donantes, no hay forma de invertir esa tendencia.
El hecho es que, desde hace al menos un decenio, han prosperado los fondos, fundaciones y entidades concesionarias de subvenciones locales y nacionales en todo el Sur global que ofrecen soluciones más sostenibles y duraderas. Son líderes clave de nuestras redes y pioneros del “sistema de desarrollo que queremos” —grande y pequeño, regional, nacional y local— que realizan un trabajo diverso en materia de desarrollo comunitario, género, derechos humanos y medio ambiente.
Ha llegado el momento de aunar solidaridad mundial y una acción local rápida y eficaz. A riesgo de calificar como oportunidad la tragedia de esta pandemia mundial, creemos que hay una manera de que agilicen su compromiso y con ello garanticen que en el Sur global tengamos una sociedad civil local duradera y más fuerte tanto durante la respuesta a la emergencia de la COVID-19 como en los años venideros.
Atentamente,
NEAR
Civicus
Fondo Global para Fundaciones Comunitarias
Mientras conmemoramos otro año más el Día de los Prisioneros Palestinos, los presos, presas, detenidos y detenidas palestinos se enfrentan a una amenaza adicional con la propagación del coronavirus (COVID-19) en las prisiones y centros de detención israelíes. Mientras se está pidiendo a muchos gobiernos de todo el mundo la liberación de las personas presas y detenidas en contravención del derecho internacional, las autoridades de ocupación israelíes no han tomado ninguna medida para liberar los presos y presas palestinos ni para mitigar o prevenir adecuadamente el brote de la COVID-19 en las prisiones. Al contrario, las detenciones masivas y arbitrarias y los arrestos, características básicas de la ocupación militar prolongada de Israel y de las generalizadas y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos contra el pueblo palestino, han continuado durante la pandemia.
En un momento en que los gobiernos están adoptando medidas extraordinarias para frenar la propagación del COVID-19, reconocemos y aplaudimos los esfuerzos que están realizando los estados para gestionar el bienestar de sus poblaciones y proteger sus derechos humanos, como el derecho a la vida y a la salud. Sin embargo, instamos a los estados a que apliquen estas medidas en el contexto del estado de derecho: las medidas que se adopten en respuesta al COVID-19 deben basarse en hechos, ser legales, ser necesarias para proteger la salud pública, no ser discriminatorias, temporales y ser proporcionadas.
Debemos actuar de manera decidida para proteger a nuestras compañeras y compañeros de trabajo de los efectos adversos de la pandemia de la COVID-19, tanto a nivel sanitario como económico y social. Este protocolo de seis puntos se basa en el marco de la OIT para la lucha contra la COVID-19 y proporciona un esquema compartido para que los grupos de la sociedad civil reflexionen sobre medidas específicas en este contexto y para que apliquen acciones viables de manera transparente y dentro de un plazo determinado.
Más de 220 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han expresado su preocupación por el proceso de participación de la sociedad civil en el G20 2020, que estará auspiciado por Arabia Saudí y tendrá lugar allí. Las organizaciones se han comprometido a no participar en el proceso de este año, conocido como "Civil 20" o "C20", el canal de reuniones dedicadas a la sociedad civil dentro del G20.
Las organizaciones adhirieron a un comunicado, originalmente publicado en Enero de 2020, que dice en una parte:
“ En vez de una reforma real, lo que intenta hacer el gobierno saudí es blanquear su terrible historial en materia de derechos humanos con la celebración de grandes eventos internacionales en el país. Entre ellos figuran el G-20 y, por medio de una ONG autorizada por el gobierno, el C-20. Como organizaciones de la sociedad civil presentes en la mayoría de los países del mundo (pero en absoluto en Arabia Saudí), no podemos participar en un proceso con el que se intenta dar legitimidad internacional a un Estado donde la sociedad civil no tiene prácticamente cabida ni se toleran sus voces independientes. “
Delia Ferreira Rubio, Presidente de Transparencia Internacional afirmó: “La sociedad civil ofrece al G20 recomendaciones independientes y específicas para promover el desarrollo sostenible y mejorar la vida de miles de millones de personas. El G20 debe ser serio en cuanto a la participación de sociedad civil en el proceso y asegurar que todas las voces independientes tengan la misma importancia. Seguimos trabajando con nuestros colegas para encontrar formas de aportar esta experiencia al G20, pero no participaremos en un proceso que pretende lavar el espantoso historial de Arabia Saudita en materia de derechos humanos y de sociedad civil independiente.”
Netsanet Belay, Director de Investigación e Incidencia en Amnistía Internacional sostuvo: “Ya es hora de que las autoridades de Arabia Saudita tomen medidas significativas para poner fin a las detenciones arbitrarias, la tortura y los juicios injustos, y para poner fin a su extendida aplicación de la pena de muerte. Esperamos que las docenas de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas por los derechos de la mujer que se encuentran entre rejas, tales como Waleed Abu al-Khair, Loujain al-Hathloul, Raif Badawi, Samar Badawi and Naseema al-Sada, ganen fuerza con este acto de solidaridad de tantas organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo que no están dispuestas a permitir que se encubra el espantoso historial de derechos humanos del país. Incluso mejor sería su liberación inmediata e incondicional para que puedan colaborar de manera significativa con su gobierno en la elaboración de leyes y políticas que respeten los derechos humanos en el país y en el extranjero, incluso en relación con el G20".
Lysa John, Secretaria General de CIVICUS, declaró: “Las autoridades de Arabia Saudita han hecho prácticamente imposible que los defensores y las defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil puedan operar. Arabia Saudita no tolera la libertad de expresión y decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas están en la cárcel o en el exilio. Nos negamos a participar en el C20 dirigido por Arabia Saudita porque creemos que los activistas y las organizaciones independientes de la sociedad civil no podrán participar libremente en este proceso.”
Listado de organizaciones que adhirieron al comunicado al 20 de Marzo de 2020:
|
A Common Future |
Cameroon |
|
Association Catholique pour la Protection de l'Environnement au Burundi (ACAPE BURUNDI) |
Burundi |
|
Access Center for Human Rights (ACHR) |
Lebanon |
|
Action for Pastoralists Integrated Resilience |
Kenya |
|
Adilisha Child, Youth Development and Family Preservation |
Tanzania |
|
Advance Center for Peace and Credibility International |
Nigeria |
|
Association for Farmers Rights Defense (AFRD) |
Georgia |
|
Africa Rise Foundation |
Zimbabwe |
|
African Youth Peer Review Committee (AYPRC) |
Liberia |
|
African Youth Union Commission |
Nigeria |
|
Association Aide aux Familles et Victimes des Migrations Clandestines (AFVMC) |
Cameroon |
|
Association pour l'Integration et le Developpement Durable au Burundi (AIDB Burundi) |
Burundi |
|
Alcondoms Cameroun |
Cameroon |
|
Alliance des Défenseurs des Droits Humains et de l'Environnement au Tchad |
Chad |
|
ALQST |
UK |
|
AL-Shafaa Organisation |
Iraq |
|
Amagugu International Heritage Center |
Zimbabwe |
|
Angels in the Field |
India |
|
Anqad Association for Development and Social Welfare |
Morocco |
|
Ark Wellness Hub Uganda |
Uganda |
|
Action pour le Respect et la Protection de l'Environnement (ARPE) |
Cameroon |
|
Asociacion Alfalit Guatemala |
Guatemala |
|
Aspafrique-Jics |
Switzerland |
|
Association Sauvons la vie, de l'eau potable pour tous (ASSAUVET) |
Cameroon |
|
Association de Lutte contre le Chomage et la Torture (ALUCHOTO) |
Burundi |
|
Association des Amis de la Nature |
Burundi |
|
Association For Promotion Sustainable Development |
India |
|
Association les Amis du Verbe |
Morocco |
|
Association of the Prodigy Youth for the Sustainable Development |
Central African Republic |
|
Association of Working Children and Youths |
Benin |
|
Aware Girls |
Pakistan |
|
Bina Foundation |
Nigeria |
|
Bonabo United |
Cameroon |
|
BRIDGE Foundation |
Bangladesh |
|
Brother's Keeper |
Nigeria |
|
Bunjakko Modern Farm Limited |
Uganda |
|
Bureau d'Informations, Formations, Échanges et Recherches pour le Développement (BIFERD) |
Democratic Republic of the Congo |
|
Cairo Institute for Human Rights Studies |
Egypt |
|
Calvin Ong'era |
Kenya |
|
Canadian Centre for Victims of Torture |
Canada |
|
Canadian Council for International Co-operation |
Canada |
|
Canadian HIV/AIDS Legal Network |
Canada |
|
Center for Constitutional Governance |
USA |
|
Center for Development of Civil Society |
Armenia |
|
Centre for Law and Democracy |
Canada |
|
Centre de Recherche sur l'Anticorruption |
Democratic Republic of the Congo |
|
Centre for Legal Support |
Gambia |
|
Centre for Media and Development Communication (CEMEDEC) |
Nigeria |
|
Centre for Social Policy Develoment |
Pakistan |
|
Community Initiative for Social Empowerment (CISE) |
Malawi |
|
Children on the Edge |
UK |
|
Chinese and Southeast Asian Legal Clinic |
Canada |
|
Civil Society in Development (CISU) |
Denmark |
|
Civil Society Reference Group (CSRG) |
Kenya |
|
Coalition in Defence of Nigerian Democracy and Constitution |
Nigeria |
|
Coalition of Youth Organizations (SEGA) |
Macedonia |
|
Collectif de Développement et Respect de la Dignité Humaine (CODDHU) |
Democratic Republic of the Congo |
|
CODENET |
Cameroon |
|
Committee for Free and Fair Elections in Cambodia (COMFREL) |
Cambodia |
|
Commonwealth Society of Nigeria |
Nigeria |
|
Community Health Education Sports Initiative Zambia |
Zambia |
|
Community Youth Initiatives Liberia Inc |
Liberia |
|
Consultando Soluciones REcosrec |
Venezuela |
|
Coalition d'organisations volontaires et solidaires pour des actions de développement communautaire (COSAD) |
Benin |
|
Corruption Watch |
South Africa |
|
Curtis Business |
Democratic Republic of the Congo |
|
Democracy Without Borders |
Germany |
|
Denis Miki Foundation |
Cameroon |
|
Dhankuta Municipality |
Nepal |
|
Diálogo de Mujeres por la Democracia |
Nicaragua |
|
Dominion Empowerment Solutions |
Kenya |
|
Dytech - OutGrow It |
Zambia |
|
Edutech for Africa |
Nigeria |
|
EnlacesXSustentabilidad |
El Salvador |
|
Enoch Adeyemi Foundation |
Nigeria |
|
Equality Now |
USA |
|
Fédération Internationale des Entrepreneurs et ou Etudiants Africains d'Affaires (FIEAA) |
Guinea |
|
Front Commun pour la Protection de l'Environnement et des Espaces Protégés (FCPEEP) |
Democratic Republic of the Congo |
|
Fellowship for Community Enlightenment (FCE) |
Uganda |
|
Federación Nacional de Personerías de Colombia (FENALPER) |
Colombia |
|
FINESTE |
Haiti |
|
Focus Youth Forum (FYF) |
Uganda |
|
Freedom Now |
USA |
|
Fund Our Future |
South Africa |
|
Fundación Integral para el Desarrollo Regional (FINDER) |
El Salvador |
|
Fundación Selva Sagrada |
Ecuador |
|
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) |
Argentina |
|
Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana |
Panama |
|
Futur Radieux |
Togo |
|
Gatef Organization |
Egypt |
|
Geospatial Organization |
Tanzania |
|
Germany Zimbabwe Forum |
Germany |
|
Ghana Association of Private Voluntary Organisations in Development |
Ghana |
|
Give Hope Uganda |
Uganda |
|
Global Network for Sustainable Development |
Nigeria |
|
Global Witness |
UK |
|
Global Shapers Castries Hub |
Saint Lucia |
|
Globalpeace Chain |
Kenya |
|
Gram Bharati Samiti |
India |
|
Gulf Centre for Human Rights |
Middle East |
|
Gutu United Residents and Ratepayers Association (GURRA) |
Zimbabwe |
|
HAKI Africa |
Kenya |
|
Hands of External Love Program |
Liberia |
|
Hannibal Entertainment Visual Studio Production |
Nigeria |
|
Hitesh BHATT |
India |
|
HOPE Worldwide-Pakistan |
New Zealand |
|
Human Rights First |
International |
|
Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa |
Canada |
|
Human Rights Watch |
USA |
|
Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD) |
Uruguay |
|
India Media Centre |
India |
|
Individual |
Pakistan |
|
Initiative de Gestion Civile des Crises (IGC) |
Burundi |
|
Institute of Peace and Conflict Resolution |
Nigeria |
|
Instituto para el Futuro Común Amerindio (IFCA) |
Honduras |
|
International Center for Accelerated Development |
Nigeria |
|
International Development Opportunity Initiative |
Ghana |
|
International Federation of Women Lawyers, FIDA Nigeria |
Nigeria |
|
International Service for Human Rights (ISHR) |
Switzerland |
|
International Student Environmental Coalition |
Cameroon |
|
Interregional Public Charitable Organization of Assistance to Persons with Disabilities Sail of Hope |
Russia |
|
Jeunesse Assistance |
Niger |
|
Justice Access Point |
Uganda |
|
Justice Initiative for the Disadvantaged and Oppressed Persons (JIDOP) |
Nigeria |
|
JVBC |
United States of America |
|
Key populations Uganda |
Uganda |
|
Konstitusiya Arasdırmalar Fondu |
Azerbaijan |
|
Vulnerable People's Development Organization (KOTHOWAIN) |
Bangladesh |
|
Kurdistan Without Genocide |
Iraq |
|
Kuza Livelihood Improovement Projects |
Kenya |
|
Laxman Belbase - Individual |
Nepal |
|
The Lesbians, Gays & Bisexuals of Botswana (LEGABIBO) |
Botswana |
|
Leila Oguntayo |
Tunisia |
|
Liberia Media Center |
Liberia |
|
Local Communities Development Initiative |
Nigeria |
|
Makerere University Uganda |
Uganda |
|
Malawi Human Rights Defenders Coalition |
Malawi |
|
Mama leah Fondation |
Kenya |
|
Moabite Indigenous Nation Trust |
United States of America |
|
Morya Samajik Pratishthan |
India |
|
Mother of Hope Cameroon (MOHCAM) |
Cameroon |
|
Mzimba Youth Organization |
Malawi |
|
Narayana |
India |
|
National Sudanese Women Association |
Sudan |
|
Network of Estonian Non-profit Organizations |
Estonia |
|
New Owerri Youth Organisation |
Nigeria |
|
Nobel Women's Initiative |
Canada |
|
One More Salary |
Tanzania |
|
ONG Les Batisseurs |
United States of America |
|
Organization of the Justice Campaign |
Iraq |
|
ORUD |
Democratic Republic of the Congo |
|
Pacific Sexual and Gender Diversity Network |
Fiji |
|
Pakistan NGOs Forum |
Pakistan |
|
Palestinian Center for Communication and Development Strategies |
Palestine |
|
Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA) |
Palestine |
|
Parent-Child Intervention Centre |
Nigeria |
|
Participatory Research Action Network (PRAN) |
Bangladesh |
|
Peaceful and Active Centre for Humanity (PEACH) |
Pakistan |
|
PEN International |
UK |
|
Primadent Initiative for Oral Health |
Nigeria |
|
Public Organization Youth House |
Tajikistan |
|
Rainbow Pride Foundation |
Fiji |
|
Rainbow Sunrise Mapambazuko |
Democratic Republic of the Congo |
|
Real Agenda For Youth Transformation |
Zimbabwe |
|
Red Global de Acción Juvenil (GYAN) |
Mexico |
|
Richard Bennett |
United Kingdom |
|
Rural Initiatives in Sustainability & Empowerment (RISE) |
Pakistan |
|
Rideau Institute |
Canada |
|
Rising Generation for Youth Organization |
Nigeria |
|
Réseau Nigérien des Défenseurs des Droits Humains (RNDDH) |
Niger |
|
Role Model Zambia |
Zambia |
|
Sauti ya Haki Tanzania |
Tanzania |
|
Self |
Norway |
|
Shanduko Yeupenyu Child Care |
Zimbabwe |
|
Sierra Leone School Green Clubs |
Sierra Leone |
|
Social Watch Benin |
Benin |
|
Society for Development and Research |
Pakistan |
|
Society for Rural Women and Youth Development |
Nigeria |
|
South Sudan Community Change Agency |
South Sudan |
|
Street Youth Connection Sierra Leone (SYC-SL) |
Sierra Leone |
|
Success Capital Organisation |
Botswana |
|
Sudda Changing Lives Foundation |
Ghana |
|
Synergy of experts on environment and sustainable development |
Burkina Faso |
|
TATU Project |
Tanzania |
|
Human Rights Defenders Network (ACPDH) |
Burundi |
|
The Rock Shalom |
Kenya |
|
The Social Science Centre for African Development (KUTAFITI) |
Democratic Republic of the Congo |
|
The Young Republic |
Sweden |
|
The Tax Justice Network |
UK |
|
The Youth Voice of SA |
South Africa |
|
Tochukwu Anyadike |
Nigeria |
|
Transparency International Australia |
Australia |
|
Transparency International Bangladesh |
Bangladesh |
|
Transparencia por Colombia |
Colombia |
|
Transparency International EU |
Belgium |
|
Transparency International Kazakhstan |
Kazakhstan |
|
Transparency International Uganda |
Uganda |
|
Transparency International Ukraine |
Ukraine |
|
Transparency International Pakistan |
Pakistan |
|
Union des Frères pour Alternatif du Developpement Intégré (UFADI) |
Haiti |
|
Uganda Youth Guidance and Development Association |
Uganda |
|
Ugonma Foundation |
Nigeria |
|
Ukana West 2 Community Based Health Initiative |
Nigeria |
|
Union for the Promotion, Defense of Human Rights and the Environment-UPDDHE.GL |
Democratic Republic of the Congo |
|
Vanuatu Association of Non-Government Organisation |
Vanuatu |
|
VASUDHAIVA KUTUMBAKAM - The World is One Family |
India |
|
Veille Citoyenne |
Togo |
|
Vijana Hope |
Democratic Republic of the Congo |
|
Volunteers Hub Liberia |
Liberia |
|
Volunteers Welfare for Community Based Care of Zambia (VOWAZA) |
Zambia |
|
WDC Somalia |
Somalia |
|
We Lead Intergrated Foundation |
Cameroon |
|
Women Empowerment Group (WEG) |
Kenya |
|
Women United to Fight Sexual Violence in Liberia (WOUFSVIL) |
Liberia |
|
Women's March Global |
United States of America |
|
World Youth Union SL |
Sierra Leone |
|
WorldEat |
Ghana |
|
WORLDLITE |
Cote D'Ivoire |
|
Yole Africa |
Democratic Republic of the Congo |
|
Young League Pakistan |
Pakistan |
|
Youth Advocates for Change |
Zambia |
|
Youth For Change |
Nigeria |
|
Youth for Development Network |
Liberia |
|
Youth For Environment Education And Development Foundation (YFEED Foundation) |
Nepal |
|
Youth for Future 2006 |
Romania |
|
Youth Harvest Foundation Ghana |
Ghana |
|
Youth Leadership Initiative for Social Justice |
Nigeria |
|
YOUTHAID |
Liberia |
|
Zambian Governance Foundation for Civil Society |
Zambia |
|
Zimbabwe Climate Change Coalition |
Zimbabwe |
Estimados donantes y colaboradores de la sociedad civil,
A medida que evoluciona la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19, organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo están adoptando medidas proactivas para proteger la salud y el bienestar de su personal y el de sus colaboradores. Entre estas medidas se incluyen los cambios en la estrategia, la reordenación de prioridades y los ajustes en la programación y la divulgación. Al mismo tiempo, la infraestructura de la sociedad civil está sometida a una visible e inmensa presión financiera. Los proyectos se han aplazado, los resultados se han retrasado y las energías se han desviado a la elaboración de planes alternativos. Se han cancelado grandes eventos con importantes pérdidas financieras. Los fondos se han redirigido (acertadamente) de las actividades que se habían planificado a medidas de respuesta para el COVID-19. Las provisiones - en caso de que existan - son limitadas y pronto se agotarán.
Para responder a estos retos extraordinarios se requiere flexibilidad en la forma de utilizar nuestras subvenciones. Nos fortalecen e inspiran particularmente los mensajes de apoyo que han lanzado donantes y colaboradores reafirmando su compromiso para permitir la máxima flexibilidad a quienes apoyan. Es un importante signo de confianza y reconocimiento del papel crucial que la sociedad civil y la acción cívica ocupan en nuestras sociedades, ahora más que nunca.
Hacemos un llamamiento a todos los donantes e intermediarios que prestan un apoyo esencial a la sociedad civil para que adopten enfoques similares ofreciendo la mayor flexibilidad, certidumbre y estabilidad posible a quienes reciben sus subvenciones así como a sus asociados.
Éstas son cinco formas concretas para lograrlo:
CIVICUS continuará luchando por un sólido espacio cívico, incluyendo medidas que permitan a la sociedad civil movilizarse con y para los grupos más afectados por la pandemia del Coronavirus. En estos tiempos críticos, debemos alimentar el espacio cívico y a sus actores con recursos incrementando su relevancia y capacidad de recuperación, no reduciéndolas. También debemos ser conscientes de que el momento actual también podría ser aprovechado por algunos actores para restringir aún más el espacio cívico.
Imaginen lo que podría suceder si todos los grupos y movimientos de la sociedad civil detienen o reducen repentinamente sus esfuerzos por llevarnos hacia un mundo más justo, inclusivo y sostenible. Imagínese ahora una comunidad mundial de ciudadanos informados, inspirados y comprometidos que se dediquen colectivamente a hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad, incluida la actual pandemia. Debemos hacer lo que sea necesario para mantener una sociedad civil viva, vibrante y resistente.
La forma en que enfrentemos esta pandemia tendrá profundas y duraderas repercusiones en la forma en que construyamos el futuro de nuestro mundo.
Esta crisis puede abordarse con éxito mediante una cultura mundial de solidaridad y acción cívica, sustentada en una intensa cooperación, confianza y reparto de la carga. Y su papel, como financiadores y colaboradores de la sociedad civil, es fundamental para alcanzarlo.
Líderes y lideresas activistas piden a delegados/as del Foro Económico Mundial que declaren la emergencia climática
Actuamos conjuntamente con cientos de millones de personas de todo el mundo comprometidas con la justicia climática, la transformación económica, la igualdad, los derechos humanos, el medio ambiente, la justicia de género y los derechos de las personas trabajadoras, de la infancia, de las personas refugiadas, de los pueblos indígenas y de las comunidades religiosas. #StandTogether
Para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, debemos reducir a la mitad las emisiones globales en 2030 y llegar al cero neto en 2050.
Creemos que es hora de que las personas con capacidad de decisión que asisten a la reunión anual en Davos del Foro Económico Mundial declaren una emergencia climática en sus respectivos países y empresas, y tomen con urgencia las medidas necesarias para proteger a la humanidad y nuestro planeta.
Gobiernos, empresas, inversionistas y sociedad civil deben colaborar rápidamente para transformar nuestro sistema económico antes de que termine la década, a fin de detener el caos climático abordando al mismo tiempo la desigualdad y defendiendo los derechos humanos y laborales.
Para llevar a cabo una transición justa para las personas trabajadoras y las comunidades debemos:
Creemos que es hora de construir un futuro floreciente, regenerativo y más igualitario en el que haya justicia de género y no deje a nadie atrás. Esto exigirá que las empresas cumplan las leyes que respetan los derechos humanos y el medio ambiente, trabajen de un modo transparente y responsable para implantar medidas transformativas y ejerzan la diligencia debida para identificar, revelar y abordar los impactos negativos.
Sin este liderazgo, el foco de este 50º Foro Económico Mundial en Davos en “partes interesadas por un mundo cohesivo y sostenible” sonará a falso y no podremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030.
Al comienzo de esta década decisiva, es hora de que los gobiernos y las empresas que se reúnen en Davos decidan si están del lado de la humanidad y por nuestro futuro común.
350
Amnesty International
Business & Human Rights Resource Centre
CIVICUS
Global Call to Action Against Poverty
Global Witness
Greenpeace
ITUC
OXFAM
La cumbre anual del G-20 parece a menudo una tertulia de los gobiernos más poderosos del mundo. Los líderes de 19 de las mayores economías nacionales, más la Unión Europea, se reúnen, se dan la mano delante de las cámaras y alcanzan imprecisos acuerdos, muchos de los cuales no implementan. Las cumbres llaman la atención de los medios de comunicación internacionales y, con frecuencia, de manifestantes de todo el mundo que quieren que esos gobiernos rindan cuentas.
Menos conocido es el largo ciclo de reuniones preparatorias de la cumbre de los líderes del G-20. A pesar de las muchas limitaciones y dificultades del proceso, para muchas voces ajenas a los gobiernos –en especial los sindicatos, los grupos de defensa de derechos y la sociedad civil–, esas reuniones son oportunidades excepcionales de formular recomendaciones sobre políticas directamente a las autoridades e influir en la agenda mundial sobre asuntos que afectan a miles de millones de personas. En los últimos años incluso ha habido dentro del G-20 una serie especial de reuniones para la sociedad civil, conocidas como Civil 20 (C-20).
Sin embargo, en 2020, las organizaciones de la sociedad civil guardaremos las distancias respecto al proceso oficial del C-20, que estará auspiciado por Arabia Saudí y tendrá lugar allí.
El anfitrión saudí del G-20 ha intentado dar una imagen de país moderno y atractivo para los inversores extranjeros. El gobierno ha contratado los servicios de gran número de asesores occidentales sobre relaciones públicas y ha gastado millones de dólares en limpiar su imagen y eliminar las críticas en los medios de comunicación internacionales. Al mismo tiempo, internamente Arabia Saudí detiene y procesa de manera habitual a defensores y defensoras de los derechos humanos, censura la libertad de expresión, limita la libertad de circulación y tortura y somete a malos tratos a periodistas y activistas detenidos. Utiliza una imprecisa legislación antiterrorista para silenciar a quienes critican al gobierno, llegando incluso a imponer la pena de muerte. En octubre de 2018, el brutal asesinato del periodista y disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul conmocionó al mundo. Las mujeres sufren discriminación sistemática en la legislación y en la práctica. Además, las defensoras de los derechos humanos que se atreven a defender los derechos de las mujeres son sometidas a persecución judicial y detención arbitraria.
En vez de una reforma real, lo que intenta hacer el gobierno saudí es blanquear su terrible historial en materia de derechos humanos con la celebración de grandes eventos internacionales en el país. Entre ellos figuran el G-20 y, por medio de una ONG autorizada por el gobierno, el C-20. Como organizaciones de la sociedad civil presentes en la mayoría de los países del mundo (pero en absoluto en Arabia Saudí), no podemos participar en un proceso con el que se intenta dar legitimidad internacional a un Estado donde la sociedad civil no tiene prácticamente cabida ni se toleran sus voces independientes.
En junio de 2019, el C-20 estableció un conjunto de principios, entre ellos una estructura básica y mecanismos operativos, para garantizar sus sostenibilidad y eficacia. Los principios del C-20 hacen hincapié en: la inclusión de actores diversos de la sociedad civil, abarcando desde el ámbito local hasta el mundial; la transparencia en la toma de decisiones; la libertad y la independencia frente a la influencia indebida de todo actor ajeno a la sociedad civil; la inclusividad y la diversidad, y los derechos humanos, la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres como valores rectores. Las mayoría de estos principios no estarán presentes en 2020, y, lo que es aún más preocupante, estamos viendo ya que la presidencia saudí del G-20 los menoscaba.
Aparte de un número simbólico de organizaciones que tratan temas considerados inofensivos por el gobierno saudí, prácticamente ningún actor de la sociedad civil del país podrá participar en el próximo C-20 de Arabia Saudí, pues las autoridades saudíes no permiten la existencia de partidos políticos, sindicatos ni grupos de derechos humanos independientes. La mayoría de los activistas de la sociedad civil progresistas están siendo juzgados o cumplen largas penas de prisión por haber expresado sus opiniones, o se han visto obligados a exiliarse para evitar la cárcel o algo aún peor. No tienen posibilidad de regresar al país, pues correrían peligro si lo hicieran. Sin estas voces críticas e independientes en el foro, la credibilidad el C-20 se ve gravemente comprometida.
Los actores extranjeros e internacionales de la sociedad civil tendrían también grandes dificultades para participar libremente en un C-20 organizado por Arabia Saudí.
Las leyes y políticas vigentes en el país no sólo afectan directamente a la libertad de asociación, expresión y reunión pacífica, sino que tienen también un efecto disuasorio, capaz de silenciar a determinadas categorías de activistas que, si expresaran abiertamente sus opiniones, pondrían en peligro su propia seguridad. Además, en noviembre de 2019, la agencia saudí de seguridad de Estado clasificó el feminismo y la homosexualidad como delitos. Aunque luego se rectificó el anuncio, todavía siguen encarcelados y procesados por su trabajo destacados defensores y defensoras de los derechos de las mujeres y de cuestiones de género de Arabia Saudí. Esas leyes y prácticas contradicen los principios del C-20 sobre diversidad, igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, y reprimirían la libertad de expresión en los debates sobre los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBTI.
A esta situación se suma la grave falta de libertad de prensa en Arabia Saudí. Dadas las estrictas medidas de control de los medios de comunicación, censura y vigilancia de las redes sociales, ningún debate mantenido en un C-20 dirigido por Arabia Saudí se haría jamás extensivo a la población del país en general sin las restricciones del discurso aprobado por el Estado. Incluso si tales debates fueran posibles, sin medios de comunicación libres todo debate significativo del C-20 llegaría sólo a un público limitado. Esta limitación es incompatible con los principios rectores del C-20 de inclusividad, apertura, transparencia y participación.
En anteriores cumbres del G-20 ha habido protestas de activistas del país anfitrión y de otras partes. La libertad de reunión pacífica es un derecho, pero en un país donde toda concentración de personas, incluidas las manifestaciones pacíficas, está prohibida, es imposible que este derecho fundamental se respete.
El proceso del C-20 dirigido por Arabia Saudí es deficiente en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que respecta a garantizar los principios fundamentales del C-20. Incluso en esta temprana etapa del proceso del C-20 de 2020 hemos observado ya una acusada falta de transparencia por parte de los organizadores. El nombramiento de los presidentes de los grupos de trabajo y los diversos comités ha sido opaco y no consultivo, y se han tomado decisiones arbitrarias que han excluido a grupos internacionales con experiencia. El proceso del C-20 dirigido por la Fundación Rey Jalid, que está vinculada a la familia real saudí, no puede ser considerado transparente, inclusivo ni participativo, como exigen los principios del C-20.
En un momento en que el mundo se enfrenta a una amplia variedad de desafíos, las voces independientes son más necesarias que nunca. Cuando un Estado limita el espacio civil hasta hacerlo prácticamente inexistente, no se puede confiar en que garantice las condiciones básicas necesarias para que la sociedad civil internacional intercambie ideas y colabore libremente en cualquier tema, y mucho menos en los temas que considere delicados u ofensivos.
Aunque este año no participaremos en el C-20, nos comprometemos a hacer esfuerzos conjuntos para garantizar que en 2020 se escucha a esas voces.
El 9 de diciembre marco el 18vo día de protestas pacíficas nacionales por parte de sindicatos, estudiantes, activistas de paz, afrocolombianos, indígenas, victimas, mujeres, campesinos afectados por tratados de libre comercio, y una multitud de colombianos. Al comienzo de las demostraciones, organizaciones y activistas estadounidenses apoyaron las protestas pacíficas en un comunicado público. En los días antes de las protestas, la administración Duque implemento medidas de seguridad innecesarias que enviaban el mensaje de que querían aplastar las demostraciones.
El 19 de noviembre, la policía llevo a cabo allanamientos y redadas a 37 casas de activistas, artistas, y medios alternativos. 21 redadas fueron declaradas ilegales por las cortes colombianas. Intentando justificar la represión, el presidente y miembros del Partido Centro Democrático públicamente estigmatizaron la protesta, criminalizando el derecho a protestar e incorrectamente afirmando que existía una influencia extranjera fomentando la protesta con el fin de desestabilizar el gobierno. Después de esta respuesta inicial de parte del estado, nos vimos con la necesidad de pronunciarnos sobre posibles ataques y abusos en contra de los manifestantes.
Dos semanas después, tristemente hemos visto que nuestras preocupaciones estaban justificadas. Aunque la mayoría de los cientos de miles de colombianos protestaron pacíficamente, la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza antidisturbios de 3300 miembros, respondió con brutal represión. El 22 de noviembre, fue declarado un toque de queda en Bogotá y Cali después de que se esparcieran por medios sociales falsos rumores de que ladrones—algunos de origen venezolano—aprovecharían que la policía estuviera ocupada para atacar las casas de los ciudadanos. Estos rumores causaron pánico y llevaron a la formación de grupos para-policiales patrullando las calles y fomentando la zozobra y el caos. El gobierno nutrió la xenofobia en contra de los venezolanos al deportar 60 venezolanos sin el debido proceso.
Al siguiente día, el sábado 23, el ESMAD trabajo metódica y violentamente para despejar cualquier congregación de manifestantes, aparentemente bajo la orden de “dispersar cualquier demostración que bloquee el tráfico.” Miembros del ESMAD dispararon a Dilan Cruz de 18 años en la parte de atrás de la cabeza con munición ‘no letal” tipo “bean bag,” cuyo propósito, según las Naciones Unidas, es el de “ser usado en fuego directo con el fin de apuntar al abdomen bajo o a las piernas de un individuo violento y solo con el propósito de solucionar un riego de afectación inminente a una fuerza policial o a un miembro del público.” Múltiples manifestantes captaron el incidente en video. Dilan murió por sus heridas el 25 de noviembre. Medicina legal declaro su muerte como un homicidio.
Según la coalición Defendemos la Libertad, compuesta por más de 60 organizaciones trabajando juntas para hacer observación a las protestas sociales, más de 400 casos de abuso por parte del ESMAD y la policía fueron presentados solo entre el 21 y el 27 de noviembre. Incluyendo 16 afectaciones a los ojos causado por munición de gas lacrimógenos y otros proyectiles, los cuales están prohibidos por protocolos de la policía colombiana y la ley internacional de ser disparados a la cara de los manifestantes.
Esta no es la primera vez que las acciones del ESMAD han resultado en muertos y heridos. Desde su creación en 1999, la unidad ha causado la muerte de 34 personas. Su desproporcionado uso de la fuerza y ataques brutales en contra de civiles desarmados en protestas rurales, especialmente las lideradas por comunidades indígenas, han sido denunciadas a las autoridades en numerosas ocasiones.
Por lo que sabemos, fondos públicos de E.E.U.U. no financian al ESMAD directamente. Sin embargo, muchas de las armas usadas por el ESMAD, incluyendo las municiones de gases lacrimógenos y tipo “bean bag,” son compradas con fondos propios del gobierno colombiano por medio de programas de venta de armas de los Estados Unidos. Gran parte de su material proviene de la compañía basada en Pennsylvania, Combined Systems, Inc., que vende la municion de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento a Colombia. Hacemos un llamado al Departamento de Estado y al Congreso de E.E.U.U. de ordenar una moratoria a la venta de armamento antidisturbios a Colombia hasta que el ESMAD haya sido remplazado por una nueva fuerza o haya sido reformado para ser una entidad dramáticamente diferente, con una cultura de respeto a los derechos, una doctrina de des-intensificación, respeto a la protesta pacífica, y el uso mínimo de la fuerza. La embajada de E.E.U.U. y el Departamento de Estado deben apoyar a la sociedad civil en sus demandas por la paz, derechos laborales, seguridad para los defensores de derechos humanos, y protección ambiental. La reiteración del Secretario de estado sobre los rumores de que las propagadas protestas latinoamericanas sean motivadas por intervención de Venezuela y Cuba en vez de frustraciones reales de la ciudadanía de cada país que los han llevado a manifestarse, son nocivas.
Por último, hacemos un llamado al gobierno Duque a que resuelva las protestas pacíficamente por medio de la negociación, incluyendo el amplio liderazgo de los múltiples sectores involucrados en las protestas que lleven a una resolución más profunda de los problemas que motivan este descontento social. Una investigación minuciosa sobre la muerte de Dilan Cruz y otros abusos ocurridos durante las protestas debe ser llevado a cabo por la justicia ordinaria. La Procuraduría General de la Nación y le Defensoría del Pueblos deben ser fomentados y permitidos a llevar acabo su crucial papel en determinar medidas disciplinarias para oficiales públicos y en documentar quejas ciudadanas. Finalmente, el gobierno Duque debe asegurarse de que el protocolo existente para tratar las protestas sociales (Resolución 1190 del 2018 del Ministerio del Interior) se aplique en todo momento en vez de ser completamente ignorado.
Atentamente,
¡Bienvenidos a #CIVICUSchats!
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 4, 2019
Discutiremos un tema crítico considerando la turbulencia sociopolítica que vive #AméricaLatina: retos y oportunidades en el acceso a financiación y recursos para la #sociedadcivil en la región.
¿Quiénes nos acompañan? ¿Podrían presentarse? 👇 pic.twitter.com/M2rBjle6ej
El miércoles 4 de diciembre, nuestro canal de Twitter @CIVICUSespañol albergó el primer #CIVICUSchats, un Twitter chat dedicado esta vez a la comunidad hispanohablante y a un tema crítico en medio de la agitación política y social que vive América Latina: el bajo acceso a financiamiento y otros recursos para la sociedad civil en la región.
Más de 20 participantes se unieron a esta conversación, representando a activistas, organizaciones de la sociedad civil locales y regionales, entes filantrópicos, medios de comunicación e individuos de al menos 10 países dentro y fuera de la región latinoamericana.
Contamos con dos invitadas especiales: Rebeca Sandoval (@rebecasan13) analista de derechos humanos en México y Centroamérica, y Sol Gorlero (@raciargentina) coordinadora de socios y proyectos de la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI).
El Twitter chat giró en torno a siete preguntas relacionadas con retos de financiamiento específicos que experimenta la sociedad civil, oportunidades y alternativas en este contexto y cambios necesarios en las dinámicas de los donantes (ver preguntas abajo). Aunque no podemos resumir los aportes de todos los participantes, le presentamos a continuación algunos temas comunes y que resaltaron en esta rico y dinámico chat:
📊¡Cerremos con una encuesta rápida!
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) December 4, 2019
De los hallazgos del análisis que presentamos al inicio, ¿qué le parece más preocupante sobre el acceso a recursos para la #sociedadcivil en #AméricaLatina? #CIVICUSchats
Si desea conocer más detalles, le invitamos a darle un vistazo a este extracto corto del chat capturado en un “Momento” de Twitter.
O bien, vea el Twitter chat completo.
¿Por qué este Twitter chat?
Creemos que en el contexto sociopolítico de la región es crucial llamar la atención y generar debates sustentados en datos sobre la importancia de que la sociedad civil en América Latina tenga un acceso más amplio y en mejores condiciones a recursos que le permitan cumplir sus roles únicos e irremplazables, así como fortalecer su sostenibilidad y resiliencia. Según el reciente reporte de CIVICUS e Innpactia, “Acceso a recursos para las organizaciones de la sociedad civil de América Latina: datos y retos” –un análisis de más de 6.500 convocatorias para propuestas de financiación, por USD 5.900 millones– la sociedad civil tiene bajo acceso y en condiciones de desventaja a estos recursos, especialmente para trabajar en temas cruciales como la protección de los derechos humanos y la incidencia pública.
Preguntas del Twitter chat:
CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil, condena la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad hacia las exigencias legítimas de los manifestantes de varios países de América Latina y el Caribe, que han salido a la calle para protestar contra la deteriorada condición socioeconómica, la corrupción y la gobernanza sin rendición de cuentas. Instamos a todos los gobiernos de los países afectados a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos que prevén que las personas puedan ejercer su derecho de reunión pacífica. La naturaleza cerrada de los espacios políticos y las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos para que sus preocupaciones se tomen en cuenta en los canales oficiales del gobierno han obligado a millones en la región a participar en las protestas públicas. La respuesta de las fuerzas de seguridad en la mayoría de estos países ha sido violenta.
Las protestas en Colombia y la respuesta de sus autoridades reflejan un espacio cívico deteriorado. Las autoridades han utilizado la violencia contra manifestantes que condenaban y exigían justicia por el asesinato de defensores de los derechos humanos. Actualmente, Colombia se encuentra en la "Lista de vigilancia” del Monitor de CIVICUS, que advierte sobre los países en los que se constata un declive grave y rápido del respeto de las libertades fundamentales. En Ecuador, el país se detuvo cuando los manifestantes rechazaron un paquete económico propuesto para impulsar la economía. Según la Oficina del Defensor del Pueblo, ocho personas fueron asesinadas, 1.340 heridas y 1.192 detenidas. Las comunidades indígenas se vieron especialmente afectadas por los ataques de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
“No hay nada que justifique las acciones violentas de la policía y el uso excesivo de la fuerza sobre los ciudadanos que protestan pacíficamente para expresar su descontento con sus gobiernos. Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y dejar de restringir los derechos de los ciudadanos", explicó la oficial de promoción y compromiso de CIVICUS, Natalia Gómez.
En Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile (INDH), registró que 4.271 personas fueron detenidas y 1.305 heridas en las protestas del 17 de octubre al 31 de octubre de 2019. El INDH también recibió 120 denuncias de tortura y 18 de agresiones sexuales y señaló que al menos 18 personas habían sido asesinadas. En Bolivia, los enfrentamientos han involucrado en gran medida a grupos de simpatizantes del gobierno y la oposición. Los medios informativos han anunciado que, al menos treinta personas resultaron heridas durante las manifestaciones del 28 de octubre de 2019. Incluso después de que el presidente Evo Morales abandonara el país, la violencia y el uso desproporcionado de la fuerza han continuado aumentando.
En Haití, miles de personas han protestado contra el gobierno actual y algunas de sus políticas sociales. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la policía ha realizado un uso excesivo de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones. La Comisión denunció el asesinato de al menos 17 personas, muchas de ellas a manos de las fuerzas policiales, durante las protestas de septiembre de 2019.
Desde CIVICUS pedimos a las autoridades de Ecuador que garanticen la investigación de los incidentes de violencia que ocurrieron durante las protestas de octubre de manera efectiva, y que los responsables sean llevados ante la justicia. También pedimos a las autoridades de Chile, Bolivia, Haití y Colombia, donde actualmente se están llevando a cabo manifestaciones, que garanticen un entorno seguro a los manifestantes y respeten su derecho a plantear inquietudes y a reunirse pacíficamente.
Para más información, no dude en ponerse en contacto con:
Responsable de Promoción y Campañas para ALC
Novedad sobre el caso a 26 de noviembre de 2019:
🇵🇰Our friend and partner, Professor Ismail, has just been released on bail by the #Pakistan government. He should never have been arrested in the first place and the charges still pending against him should be dropped immediatelyhttps://t.co/VvCCg3wBIu pic.twitter.com/cFSJPuX4BN
— CIVICUS (@CIVICUSalliance) November 26, 2019
Los miembros abajo firmantes de CIVICUS, la alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) exigen la liberación inmediata del profesor Mohammed Ismail de la detención preventiva en Pakistán y el cese de toda forma de acoso e intimidación y amenazas contra él y su familia.
Mohammed Ismail es miembro desde hace tiempo de AGNA, una red de 90 asociaciones nacionales y plataformas regionales de todo el mundo. Él es el punto focal del Foro de ONG de Pakistán (PNF), un organismo que agrupa a otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Pakistán. Su hija, Gulalai Ismail, es una defensora de los derechos humanos que se ha enfrentado a la persecución de las autoridades por defender los derechos de las mujeres y las niñas, y por intentar poner fin a las violaciones de los derechos humanos contra el grupo étnico pastún. Tras este episodio, se le ha concedido asilo en los Estados Unidos de América.
En julio de 2019, en aplicación de la Ley Antiterrorista, Mohammed Ismail fue acusado de cargos en relación con el trabajo legítimo de derechos humanos de su hija, Gulalai Ismail. El 24 de octubre de 2019, fue asaltado fuera de la Corte de Peshawar por hombres vestidos con uniformes militares negros, que lo obligaron a subir a un vehículo negro. Estuvo en paradero desconocido hasta la mañana del 25 de octubre, cuando compareció, bajo la custodia de la Agencia Federal de Investigaciones de Pakistán, ante un magistrado judicial y se le acusó de cargos adicionales en virtud de la Ley de Delitos Electrónicos de Pakistán. Sigue detenido y las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas han sido rechazadas por los tribunales.
Además, estamos profundamente preocupados por los informes fidedignos que hemos recibido sobre las condiciones deplorables en las que se mantiene al profesor Ismail detenido, que puede considerarse como trato cruel, inhumano y degradante. Le ha sido denegada la atención médica, a pesar de tener múltiples problemas de salud, incluido un trastorno neurológico, discos dislocados en la espalda, dolores renales y altos niveles de creatinina. También se le ha negado atención médica para tratar su hipertensión.
Antes de su detención, Mohammed Ismail y su familia habían sido objeto de actos de intimidación, incluyendo al menos tres redadas en su hogar familiar en Islamabad, así como amenazas de daños físicos a la hermana menor de Gulalai Ismail.
Las acusaciones contra Mohammed Ismail son infundadas y parecen haber sido presentadas por las autoridades para silenciarlo a él y a Gulalai. Este acoso e intimidación judicial resaltan el ambiente hostil para los defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores en Pakistán que ejercen su libertad de expresión y expresan sus críticas al estado.
Nosotros, miembros de CIVICUS y AGNA, pedimos a las autoridades de Pakistán que liberen al Profesor Ismail de forma inmediata e incondicional y pongan fin a todos los actos de acoso contra el Profesor Mohammed Ismail, Gulalai Ismail y su familia y retiren todos los cargos en su contra. También solicitamos a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar que todos los defensores de derechos humanos en Pakistán puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin ningún impedimento o temor a represalias.
Sr. Presidente de la República Islámica de Irán
Dirección: Pasteur St., Pasteur Sq., Teherán
Número de teléfono: +98(21)64451
A Su Excelencia, el Presidente Hassan Rouhani
Asunto: Restricciones a la libertad de reunión y asociación en Irán
Su Excelencia,
Si bien los informes recientes indican detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de actores de la sociedad civil en Irán, la sociedad civil internacional observa con preocupación la violenta restricción del espacio cívico en el país. Le escribimos para instarle, Excelencia, a que libere inmediata e incondicionalmente a todos los actores de la sociedad civil detenidos y a que respete los derechos a la libertad de reunión y asociación de conformidad con las convenciones internacionales y la Constitución iraní.
El espacio cívico de Irán se está reduciendo a un ritmo sin precedentes -incluso para los estándares iraníes- en un momento en que las autoridades iraníes reprimen cada vez más y de forma ilegal la acción cívica independiente. En el último año, Irán ha sido testigo del aumento sin precedentes de manifestaciones pacíficas y disidentes de la sociedad civil a pesar de la existencia de un régimen autoritario y violento. En los últimos dos años, se ha producido un número alarmante de detenciones y encarcelamientos de activistas de la sociedad civil en una amplia gama de ámbitos medioambientales, entre defensores de los derechos humanos, docentes y sindicalistas, estudiantes y mujeres. CIVICUS, una alianza de la sociedad civil de todo el mundo, y Volunteer Activists Institute, una ONG centrada en la democracia, los derechos humanos y la consolidación de la paz en la región de Oriente Medio y el Norte de África, y en particular en Irán, han lanzado una campaña mundial para que el gobierno iraní rinda cuentas por las graves violaciones de los derechos a la libertad de asociación y a la libertad de reunión pacífica cometidas contra su pueblo en el país
Aunque Irán es signatario del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y de las disposiciones de la Constitución que protegen la libertad de reunión y asociación (artículos 26 y 27 de la Constitución iraní), con frecuencia se detiene y hostiga a los activistas por su labor en favor de los derechos humanos. Algunas figuras destacadas de la sociedad civil iraní, como Nasrin Sotoudeh, que se enfrenta a 38 años de prisión y 148 latigazos, han sido condenadas a largas penas de prisión por prestar asistencia jurídica a defensores de los derechos humanos, mientras que otras esperan ser juzgadas por acusaciones falsas de espionaje y "corrupción en la tierra", y pueden ser sancionadas con la pena de muerte en caso de que se las declare culpables. La situación de los defensores de los derechos humanos en prisión también es alarmante. En julio de 2019, expertos en derechos humanos de la ONU expresaron su preocupación por el hecho de que el Estado no prestara atención a los detenidos, incluido el defensor de los derechos humanos Arash Sadeghi. Kavous Seyed Emami, profesor de la Universidad Imam Sadeq y director de la Fundación Persa para el Patrimonio de la Vida Silvestre, murió en prisión el 8 de febrero de 2018, dos semanas después de su detención en la prisión de Evin. Las circunstancias de su muerte siguen siendo inciertas. Otros activistas actualmente detenidos son Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi, Farhad Meysami, Esmail Bekhshi, Sepide Gholian, a los que sigue un largo etcétera.
También nos preocupan mucho los nuevos nombramientos al más alto nivel del ejército (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)), que han impuesto restricciones al espacio cívico mediante la creación de una nueva oficina (Baqiattallah) para organizar a las fuerzas sociales y a las organizaciones de la sociedad civil afiliadas al gobierno, con el fin de marginar a la sociedad civil independiente. Estos nuevos nombramientos indican que Irán está adoptando una estrategia decididamente centrada en la lucha contra cualquier acto de desobediencia cívica. Mientras que las sanciones y las dificultades económicas llevan a los iraníes al límite y provocan protestas pacíficas, el gobierno iraní está poniendo fin a los actos de disidencia, y nos preocupan enormemente los próximos meses, a medida que se acercan las elecciones parlamentarias de 2020.
Así pues, nosotros, los signatarios, pedimos al Gobierno iraní que garantice una mejor protección de los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica. Más específicamente, solicitamos:
- El gobierno invite al Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y al Relator Especial sobre la libertad de reunión y asociación pacíficas para que investiguen la situación de los derechos humanos en Irán.
- Que todos los defensores de los derechos humanos, incluidos, entre otros, Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi, Farhad Meysami, Esmail Bekhshi y Sepide Gholian, sean puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, y que se retiren todos los cargos contra ellos.
- Garantizar una protección que tenga en cuenta las cuestiones de género para todas las defensoras de los derechos humanos que son objeto de especial atención en Irán, y trabajar con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias para garantizar que todas las formas de violencia contra las defensoras de los derechos humanos iraníes se notifiquen como actos de violencia contra la mujer.
- Adecuar la práctica de aplicar los derechos a la libertad de reunión y asociación, como se destaca en la Constitución, a las mejores prácticas internacionales.
Cordialmente, los abajo firmantes:
Lograr que los activistas y grupos de base o comunitarios ubicados en el sur global puedan movilizar el apoyo adecuado para enfrentar los crecientes problemas ecológicos, sociales, políticos y económicos que los afectan es un reto muy serio que requiere toda nuestra atención. Estos grupos tienen dificultades significativas para acceder a recursos financieros y de otros tipos que les permitan sostener su trabajo.
Como respuesta a este reto, CIVICUS emprendió un proceso de consulta para identificar, de forma participativa, mecanismos potenciales que aumenten la escala y calidad de los recursos nacionales e internacionales disponibles para estos grupos y movimientos. Durante cinco meses, tuvimos el privilegio de aprender de activistas, organizadores, líderes juveniles y donantes progresistas de varios países sobre los retos en el acceso a recursos para actores de base, de probar soluciones potenciales y de cocrear escenarios con base en sus experiencias, ideas audaces y profundo entendimiento de los problemas sociales.
Esta consulta es un intento para aterrizar las conversaciones a un nivel práctico y explorar opciones que, en conjunto, podrían ayudar a empezar una transformación radical en la gama y calidad de recursos accesibles a los grupos de base. El proceso permitió comprobar la relevancia, atractivo y factibilidad de cuatro mecanismos de financiación potenciales que emergieron de la consulta. Las exploraciones integraron a los grupos que se desea beneficiar, incluyendo activistas de base de varios frentes, a instituciones financiadoras que los apoyan y a otros aliados estratégicos.
Estos documentos presentan los principales insumos y resultados del proceso.
“Transferir el poder y recursos a los movimientos de base: hallazgos de consultas con activistas y donantes”. Folleto que resume los mecanismos de financiación propuestos, así como los principales hallazgos y lecciones de las consultas.
Understanding the Resourcing Landscape for Small and Informal Civic Society Groups in the Global South. Estudio bibliográfico preliminar elaborado para la investigación. Disponible en inglés.
Addressing the Resourcing Problem: Strategic Recommendations on Mechanisms to Increase Resources Going to Civil Society Groups in the Global South. Reporte detallado sobre del proceso; incluye reacciones de los actores consultados. Disponible en inglés.
Washington, D.C.— Mientras que los colombianos y las colombianas marchan por la paz en su país éste 26 de julio, hacemos eco de sus reclamos exigiendo un final permanente a la guerra que cobró 260,000 vidas y obligó a 8 millones de personas a huir de sus hogares, la mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas, y principalmente mujeres y niños.
Nos sumamos a su llamado exigiendo que el gobierno colombiano proteja a los líderes y las lideresas sociales que trabajan para crear condiciones de paz en sus territorios. A centenares de personas han sido asesinadas desde el 2016 cuando se firmaron los acuerdos de paz, mientras que muchas más viven una situación de amenazas y ataques constantes. Esta tragedia debe cesar.
Apoyamos las voces que hoy urgen al Estado de Colombia a implementar plenamente los acuerdos de paz, firmados entre el gobierno y las FARC y a proteger la vida e integridad de los líderes. De lo contrario, Colombia perderá esta única oportunidad para alcanzar la paz.
Por último, hacemos un llamado a los Estados Unidos y a la comunidad internacional en general para que apoyen con entusiasmo la implementación efectiva de los acuerdos.
Nos solidarizamos con los millones de colombianos y colombianas que luchan para crear una paz justa, completa y duradera y que mañana dicen #26deJulioElGrito.
Firman:
350.org
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos
Acción Solidaria
ActionAid USA
AFL-CIO
ÁGORA Espacio Civil Paraguay
Amazon Watch
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Center for Reproductive Rights
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. - México
Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA)
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Christian Peacemaker Teams
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
CIVICUS - World Alliance for Citizen Participation
Colombia Grassroot Support, New Jersey
Colombia Human Rights Committee, Washington DC
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Convergencia por los Derechos Humanos
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Corporación Humanas Chile
CSW
Defensor de derechos humanos en México
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ)
Global Witness
International Institute on Race, Equality and Human Rights (Race and Equality)
International Labor Rights Forum
International Rivers
InterReligious Task Force On Central America and Colombia
Latin America Working Group (LAWG)
Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragua
Mujeres Libres COLEM, A.C.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
NJ Peace Council
Not1More
Oxfam
Paz y Esperanza
Presbyterian Church USA
Presbyterian Peace Fellowship
Red Para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA)
Redes por los Derechos de la Infancia (REDIM)
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR)
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries
Washington Office on Latin America (WOLA)
Witness for Peace Solidarity Collective
⚠️Nuevo ataque contra las libertades fundamentales en #GuineaEcuatorial.
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) July 18, 2019
Denunciamos el cierre del #CEID, una de las pocas #OSC que denuncia las violaciones de #DDHH en el país y exigimos al Presidente Obiang que anule la resolución.
👉🏿 https://t.co/pWvRiyz97V pic.twitter.com/IwkqJwBVDD
Grupos internacionales de derechos humanos han condenado la decisión del gobierno de Guinea Ecuatorial de cerrar una importante ONG de derechos humanos, el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID).
El Ministerio del Interior y Corporaciones Locales del país publicó el 5 de julio un decreto que revoca la autorización oficial concedida al CEID, una de las pocas ONG independientes que denuncian las violaciones de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. La resolución que disuelve la organización de la sociedad civil (OSC) acusa a la organización de violar su propia constitución y de participar en actividades políticas.
"La disolución del CEID es un nuevo retroceso para los derechos humanos en un país que durante décadas no ha respetado las libertades fundamentales", dijo Paul Mulindwa, responsable de Incidencia y Políticas de CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil.
"El cierre de la organización tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial", dijo Mulindwa.
El cierre del CEID se produce tras los ataques físicos, las detenciones arbitrarias y la persecución judicial del vicepresidente de la organización, Alfredo Okenve. La medida tiene por objeto silenciar las voces independientes y pacíficas comprometidas con la defensa de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, y tiene un efecto intimidatorio sobre los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en el país.
El entorno represivo en Guinea Ecuatorial se ve alimentado por el uso de la violencia contra las personas que defienden los derechos humanos, la militarización del Estado y la política, los altos niveles de impunidad que gozan quienes perpetran violaciones de los derechos humanos y el uso de legislación restrictiva -como la Ley No. 1/1999 sobre el Régimen de las ONG- para restringir las operaciones de las OSC.
"La disolución del CEID es un reflejo de la grave situación de la libertad de asociación y expresión en el país y del continuo desprecio del gobierno por sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos", dijo Mulindwa.
El CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, clasifica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- en Guinea Ecuatorial como cerrado.
CIVICUS hace un llamamiento al gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo para que revoque públicamente la resolución, respete sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los compromisos contraídos recientemente con el proceso de Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, y cree un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.
Para más información, póngase en contacto con nosotros:
Paul Mulindwa
paul.mulindwa[AT]civicus.org
media[AT]civicus.org
📢 Desde @CIVICUSespanol condenamos y exigimos el fin de la brutal represión ejercida contra las protestas pacíficas en #Honduras por parte de las fuerzas de seguridad de @JuanOrlandoH.
— CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) June 26, 2019
Por el momento, se cuentan 3⃣personas muertas y 2⃣0⃣heridas.
+ Info: https://t.co/hsnGKNcVlG pic.twitter.com/MVv70MOEGT
26 de junio de 2019
El gobierno reprime violentamente las protestas ciudadanas en Honduras
Carta ajunta de la sociedad civil condenan la criminalización de los defensores de derechos humanos Claudia Samayoa y José Martínez
Las organizaciones abajo firmantes estamos gravemente alarmadas por la criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala, incluida la reciente persecución judicial en contra de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José Manuel Martínez Cabrera. La persecución judicial en contra de la Sra. Samayoa Pineda y el Sr. Martínez Cabrera es un ejemplo de la creciente intolerancia de las autoridades por la crítica independiente, incluyendo la labor de los defensores de la tierra y el medio ambiente.
La Sra. Samayoa Pineda es Presidenta de la Junta Directiva de UDEFEGUA, una organización que brinda apoyo integral a defensores y defensoras de los derechos humanos en Centroamérica, y miembro de la Asamblea General de la OMCT; mientras que el Sr. Martínez Cabrera es miembro del Colectivo Justicia Ya, un movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad. Ambos defensores de derechos humanos están siendo sometidos a una denuncia penal por parte del Sr. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en representación de ésta, bajo la acusación de sustracción, desvío o supresión de correspondencia con agravación específica y tráfico de influencias. Es ampliamente reconocido que los grupos de la sociedad civil, incluidos la UDEFEGUA y el colectivo Justicia Ya, han sido fundamentales en la lucha contra la impunidad y la corrupción pública en el país.
La acusación en contra de los defensores es una respuesta directa a una denuncia penal presentada por ellos el 17 de enero de 2019, en la cual solicitaron el retiro del privilegio de inmunidad de 11 jueces de la CSJ. La querella consideró que los 11 jueces estaban infringiendo la Constitución de Guatemala y cometiendo prevaricato al permitir acciones judiciales contra tres jueces de la Corte Constitucional. Junto con la denuncia penal presentada el 17 de enero de 2019, la Sra. Samayoa Pineda y el Sr. Martínez Cabrera anexaron una copia de la resolución de la CSJ que admite la acción judicial en contra de los jueces de la Corte Constitucional. A pesar de que este documento se había distribuido ampliamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, el Presidente de la CSJ está acusando a estos dos defensores de los derechos humanos de obtenerlo ilegalmente.
La criminalización de ambos defensores es otro ejemplo de las represalias dirigidas contra la sociedad civil organizada y las organizaciones de derechos humanos que se han movilizado contra una serie de ataques contra el marco institucional democrático de Guatemala. Entre otros intentos preocupantes de socavar las normas democráticas y el estado de derecho en Guatemala, resaltamos la persecución de los jueces del Tribunal Constitucional y la decisión unilateral de romper un acuerdo con la ONU para poner fin a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el marco de nuestro compromiso con la justicia y los derechos humanos, hacemos un llamado público al Estado guatemalteco para que:
Organizaciones signatures:
350.org
Action Aid, Guatemala
African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), Sudan
Alianza Frente a la Criminalización (AFC), Guatemala
Asamblea socioambiental de General Roca . Argentina
Asian Legal Resource Centre (ALRC)
Asociación Ambiente y Sociedad - Colombia
Asociación COMUNICARTE, Guatemala
Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, España
Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila ATRAHDOM
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Colombia
Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) – Honduras
Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE), Ethiopia
AWID (Association for Women’s Rights in Development)
Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), India
Cambodian Center for Human Rights (CCHR), Cambodia
Carea e.V., Alemania
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Central General de Trabajadores de Guatemala
Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)
CIVICUS
Civil Society Organizations Network for Development (RESOCIDE), Burkina Faso
Colectivo CADEHO, Alemania
Collectif Guatemala, Francia,
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) – Colombia
Comite Noruego de solidaridad con America Latina, Noruega
Committee Against Torture, Russian Federation
Comunidades en Resistencia Pacífica de La Puya, Guatemala
Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, US Provinces
Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca A.C .- México
Coordinadora Civil-Nicaragua
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) - Perú
CUTH
Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR (Perú)
Dienst fuer Mission, Oekumene und Entwicklung der Evangelischen Landeskirche Stuttgart, Alemania
DKA Austria
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Guatemala
Festivales Solidarios, Guatemala
Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales en Guatemala (FONGI)
Front Line Defenders
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Ciudadanía Inteligente
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Fundación Karmel Juyup’, Guatemala
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
German Zepeda, Solidarity Center
Global Witness
Guatemala-Netz Zürich
HondurasDelegation, Alemania
Human Rights Defenders Network- SL
Iglesia Luterana ILUGUA de Guatemala, Guatemala
Impunity Watch, Países Bajos
International Commission of Jurists (ICJ)-Kenya, Kenya
International Labor Rights Forum (ILRF)
International Land Coalition (ILC) - América Latina y el Caribe
International Land Coalition (ILC) - Secretariat
JASS (Just Associates)
Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights, Philippines
Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law (KIBHRL), Kazakhstan
KM207 Guatemala-Suisse
Latin America Working Group
Ligue Burundaise des droits de l’homme Iteka, Burundi
Maryknoll Affiliates
Maryknoll Office for Global Concerns
Metro Center, Journalists Rights & Advocacy
Movimiento por la Paz (MPDL)
Mugen Gainetik, del País Vasco, España
Oekumenische Initiative Mittelamerika e.V., Alemania
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) – Internacional
OXFAM
Oxfam America
Peace Watch Switzerland (PWS), Suiza
People in Need
Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Presbyterian Church (USA)
Presbyterian Peace Fellowship
Programme Against Custodial Torture & Impunity (PACTI), India
Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER)
Protection International Mesoamérica
Public Association “Spravedlivost” Jalal-Abad Human Rights Organization, Kyrgyzstan
Public Verdict Foundation, Russian Federation
Reacción Climática, Bolivia
Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
Robert F. Kennedy Human Rights
Seguridad en Democracia (SEDEM)
Sindicato de trabajadoras domésticas de maquila, nexas y conexas SITRADOM
Sisters of Mercy of the Americas - Institute Justice Team
Solidaridad con Guatemala de Austria (Guatemala Solidarität Österreich)
SOS-Torture/Burundi, Burundi
The Fund for Global Human Rights
UDEFEGUA, Guatemala
UNSITRAGUA HISTÓRICA
Washington Office on Latin America (WOLA), United States
West African Human Rights Defenders Network
World Movement for Democracy
ZEB / Zentrum fuer entwicklungspolitische Bildung der Evangelischen Landeskirche Stuttgart, Alemania
Zimbabwe Human Rights NGO Forum
Individual signatures:
Ana Lucía Ixchíu Hernández, Guatemala
David O., ciudadano de los E.E.U.U.
Dra. Lisette Aguilar Prado, Guatemala
Esther Gut de Zurich, Suiza
Eve Chayes Lyman
Iduvina Hernández Batres, Guatemala
Karla AVELAR activista trans refugiada
Maya Alvarado Chávez, Guatemala
Mirna Ramírez, Guatemala
Padre Cirilo Santamaria Sáez, Guatemala
Samwel Mohochi, Executive Director, ICJ Kenya
Tony Smith, ciudadano de los E.E.U.U.
Victoria Sanford, PhD, Director, Center for Human Rights & Peace Studies, Lehman College, City University of New York, United States
Belgrado, Serbia — En todo el mundo las organizaciones de derechos humanos sufren cada vez más los ataques de los gobiernos. Los activistas, periodistas y demás personas que se pronuncian contra las crecientes restricciones son perseguidos. Un auge histórico de líderes populistas continúa erosionando las libertades fundamentales, intensificando la polarización política y sembrando la división.
Estamos inmersos en un mar de amenazas internacionales sin precedentes a las cuales la sociedad civil y los ciudadanos de todo el mundo ya han empezado a responder con una renovada determinación.
En este contexto se han abierto las inscripciones para la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019 –ICSW, por sus siglas en inglés–, un evento internacional que se desarrollará del 8 al 12 de abril en Belgrado, Serbia, en el que participarán más de setecientos líderes de la sociedad civil de diferentes sectores y regiones, y que abordará distintos temas. Los delegados compartirán ideas y propondrán soluciones comunes para algunos de los desafíos más acuciantes en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo internacional, y explorarán cómo liberar el poder de la acción colectiva para defender las libertades democráticas en todo el mundo.
La organización de este evento es fruto de trabajo conjunto de la alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS, y de la asociación serbia de la sociedad civil, Civic Initiatives, y cuenta con el apoyo de la Balkans Civil Society Development Network. El programa de la ICSW cuenta con al menos treinta sesiones que abordarán temas que van desde la represión de la libertad de los medios de comunicación y las ayudas de emergencia a las ONG objeto de ataques, hasta la rendición de cuentas dentro de la sociedad civil. Esta sesiones estarán acompañadas por una gran variedad de actividades organizadas por nuestros socios y de discursos clave a cargo de oradores de alto nivel. Gracias a la fuerza de su alianza compuesta por más de 7 000 miembros de 175 países y a su presencia regional, CIVICUS y Civic Initiatives han logrado la implicación de más de treinta socios para la organización del evento, así como la participación una serie de oradores inspiradores de alto nivel que compartirán sus experiencias y conocimientos con los delegados.
En un país tras otro, la democracia está siendo objeto de ataques y los movimientos populistas y de derecha siguen ganando terreno; incluso en países considerados históricamente como bastiones de la democracia se observa una regresión democrática.
Según CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas que pesan sobre la sociedad civil en todos los países, solo el 4 % de la población mundial vive en lugares donde se respetan y protegen adecuadamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión.
«Pese a esto, la sociedad civil está luchando y buscando formas nuevas e innovadoras para organizarse y actuar. Vemos como se forjan nuevas alianzas, así como una creciente apertura a la construcción de coaliciones: activistas que trabajan por diferentes causas y en distintas comunidades se unen para luchar por cuestiones comunes», afirmó Lysa John, secretaria general de CIVICUS.
«El evento de este año en Serbia se produce en un momento crucial y oportuno para que la sociedad civil y los ciudadanos del mundo se den cuenta del poder de las acciones conjuntas y colectivas para desafiar una tendencia mundial que amenaza nuestras libertades fundamentales», declaró John.
El tema de este año, El poder de la unión, explora cómo las personas y las organizaciones de todo el mundo pueden trabajar juntas y cómo están ya haciéndolo con el fin de favorecer y defender espacios para la acción cívica en un mundo en el que las transformaciones globales están reconfigurando el funcionamiento de la sociedad civil.
Por primera vez en casi un cuarto de siglo de ediciones internacionales, el evento estrella de CIVICUS se desarrollará en los Balcanes, una región compuesta por once países y hogar de 55 millones de personas. La ciudad anfitriona será Belgrado, una de las más antiguas de Europa con sus 7 000 años historia. En ella se refleja su complejo pasado nacional y regional haciendo de esta urbe un lugar idóneo para explorar la necesidad de unidad y el poder de la acción colectiva.
«A lo largo de su historia, Serbia ha alternado entre regímenes autoritarios y democracios», indicó Maja Stojanovic de Civic Initiatives.
«Durante los años noventa se produjeron conflictos, graves violaciones de los derechos humanos y el genocidio. Hoy, a medida que nos acercamos a la adhesión a la Unión Europea, los mecanismos de supervisión independientes nacionales e internacionales muestran una reducción de las libertades de los medios de comunicación, una falta de separación de poderes, el menoscabo del estado de derecho y un deterioro de la libertad de voto», expresó Stojanovic.
«Esta región, y Serbia en particular, demuestra que el cambio de leyes, estrategias o gobiernos no ofrece garantías: la democracia no existe sin un trabajo de construcción constante. El evento de este año lo celebraremos en Belgrado con el objetivo de reunirnos, de enviar mensajes arraigados en el contexto local y de reflejar plenamente los desafíos mundiales».
El evento comenzará con una Asamblea de la Juventud de dos días en la ciudad serbia de Novi Sad, Capital Europea de la Juventud 2019 y acogerá a más de cien jóvenes activistas de todo el mundo. Esta asamblea ofrecerá a los delegados la oportunidad de relacionarse con sus pares internacionales, examinar y tomar medidas respecto a algunos de los principales desafíos a los que enfrentan los jóvenes de la sociedad civil en la actualidad.
Entre los oradores de ediciones pasadas de la ICSW se hallan reconocidos e influyentes pensadores, como los ganadores del Premio Nobel de la Paz Jimmy Carter, Desmond Tutu y Ali Zeddini; así como los ex primeros ministros de Nueva Zelanda y Grecia, Helen Clark y George Papandreou.
FIN
NOTAS PARA EDITORES
Para más información, escríbanos a .
INFORMACIÓN SOBRE LOS ORGANIZADORES
Los organizadores de la ICSW 2019 son CIVICUS y Civic Initiatives (CI).
CIVICUS es una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y de activistas dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Desde su fundación en 1993, CIVICUS se esfuerza por hacer oír la voz de grupos marginados, en especial la de aquellos pertenecientes al hemisferio sur, y hoy cuenta con miembros en más de 145 países de todo el mundo.
Civic Initiatives fue fundada en mayo de 1996 por un grupo de destacados activistas pertenecientes a ONG que habían participado en el movimiento contra la guerra y en la oposición democrática no nacionalista desde 1990. Desde entonces, Civic Initiatives ha respondido a la necesidad de crear una base cívica que sostenga los valores democráticos apoyando el activismo ciudadano y abogando por un mejor marco jurídico para la participación cívica.
Preguntas frecuentes sobre la ICSW 2019
¿Qué es la Semana Internacional de la Sociedad Civil 2019?
La Semana Internacional de la Sociedad Civil (ICSW), que se celebrará del 8 al 12 de abril de 2019, es una reunión mundial clave para que la sociedad civil y otras partes interesadas participen de manera constructiva en la búsqueda de soluciones comunes para los desafíos globales. Por primera vez en más de veinte años de ediciones internacionales, CIVICUS, en asociación con Civic Initiatives (CI), celebrará su evento estrella en la región de los Balcanes.
¿Cuáles son los temas clave para 2019?
El programa de la ICSW 2019 se centrará en tres temas interrelacionados con el fin de que los delegados puedan trabajar juntos para:
¿Quién asistirá?
Más de setecientos delegados de todo el mundo participarán en la ICSW 2019. Entre ellos figurarán dirigentes de la sociedad civil, activistas, representantes de órganos intergubernamentales, de gobiernos y de los medios de comunicación.
¿Por qué se celebra en Serbia?
Serbia y los Balcanes Occidentales tienen marcos jurídicos sólidos que han de garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos. Sin embargo, desde los años noventa los regímenes dictatoriales y la reducción de los derechos básicos han hecho que estas garantías solo lo sean en el papel. De hecho, esa misma década fue testigo de conflictos, de graves violaciones de los derechos humanos y del genocidio. Hoy los mecanismos de supervisión independientes nacionales e internacionales muestran una reducción de las libertades de los medios de comunicación, una falta de separación de poderes, el menoscabo del estado de derecho y un deterioro de la libertad de voto. Decidimos organizar la ICSW 2019 en Serbia con el objetivo de poner en relieve el trabajo de la comunidad de la sociedad civil de los Balcanes para abordar los desafíos actuales a los que se enfrenta la región y para encontrar formas de colaborar y apoyar su trabajo mediante la construcción de alianzas entre la sociedad civil local y la sociedad civil internacional.
Organizaciones internacionales fundan Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Nicaragua
El 18 de abril de 2018 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Nicaragua, al producirse el estallido de una crisis política y social que ha generado un fuerte impacto sobre la garantía de los derechos humanos de la población nicaragüense.
A 9 meses del inicio de esta crisis de derechos humanos, la represión estatal contra manifestantes, líderes, lideresas, organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales continúa, generando que los espacios de participación social y de defensa de derechos humanos sean cada vez más difíciles de sostener. El gobierno del Presidente Daniel Ortega y la Vice Presidenta Rosario Murillo además han venido cerrando instancias de monitoreo internacional, que en una primera etapa habían invitado, como el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (MESENI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
De acuerdo a lo expresado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, en su última exposición ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), “las características de la violencia estatal demuestran que existió una decisión de impulsar desde el poder del Estado una línea de conducta que implicó la comisión de múltiples acciones delictivas contra manifestantes y opositores políticos; específicamente, asesinatos, encarcelamiento, persecución, violación, tortura y, eventualmente, desapariciones forzadas”.
De acuerdo a lo sistematizado por la CIDH, la escalada de violencia ha dejado 325 personas asesinadas y más de 2000 personas heridas; 550 personas detenidas y enjuiciadas; alrededor de 300 profesionales de la salud despedidos de sus empleos y la expulsión de, al menos, 144 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).
Ante el cierre de instancias de interlocución para organismos internacionales, el bloqueo de espacios para que las organizaciones de sociedad civil puedan dar seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, el cierre de organizaciones de sociedad civil y la creciente migración forzada de miles de personas a causa de la violencia política, la necesidad de establecer un mecanismo de observación internacional de la situación en el país se hace urgente. En este contexto, un grupo de organizaciones se unen para formar el Observatorio Internacional sobre la Situación de Derechos Humanos en Nicaragua.
El espacio de articulación y coordinación está formado por organizaciones internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos en diversas regiones del mundo, entre las que se encuentran: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Civicus- Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Red EU-LAT, JASS- Asociadas por lo justo, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Plataforma Internacional contra la Impunidad, Race and Equality, Unidad de protección a defensores y defensoras de Guatemala (UDEFEGUA) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
El Observatorio se constituye en virtud del contexto descrito y siendo que la crisis se mantiene y se agudiza, lo que hace imperante que la sociedad civil internacional continúe y refuerce su labor de supervisión y monitoreo de la situación de Derechos Humanos de una manera coordinada, constante y propositiva.
La alianza Mundial para la participación ciudadana, CIVICUS, ha condenado la cancelación de la personalidad jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua como una afrenta al derecho a la libertad de asociación. Se considera que la medida para cerrar las organizaciones es una represalia por la participación de algunas de esas organizaciones en las audiencias sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El 12 de diciembre, el parlamento de Nicaragua votó para cancelar el registro legal de la organización de derechos humanos, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Al día siguiente, votaron nuevamente para cancelar el registro de cinco organizaciones más, entre ellas el Instituto de liderazgo las Segovias (ILLS), el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), la Fundación del Río, el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y la Fundación Popol Na.
Apenas una semana antes, el CENIDH había sido parte de una delegación de organizaciones de derechos humanos que participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con información sobre el impacto social de las violaciones de derechos humanos en curso. Los participantes en la Audiencia pidieron al gobierno que deje de reprimir violentamente las protestas pacíficas y atacar a las voces críticas.
"Después de utilizar la violencia para atacar a los manifestantes pacíficos, el gobierno de Nicaragua ahora extiende su represión a las organizaciones de la sociedad civil debido a su percepción de que han criticado públicamente las violaciones de derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas en abril de 2018", dijo Natalia Gómez, de CIVICUS.
Las restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua aumentaron sustancialmente en abril, cuando el gobierno dispersó violentamente las manifestaciones contra los cambios en el sistema de seguridad social del país. Desde entonces, más de 300 personas han sido asesinadas y más de 600 siguen detenidas. El gobierno ahora está apuntando a las OSC que denuncian estas violaciones de derechos humanos. Ana Quiroz, directora de una de las organizaciones y costarricense de nacimiento que había vivido y trabajado en Nicaragua durante más de 40 años, fue despojada de la nacionalidad nicaragüense y deportada.
Poco antes de que se cancelara el registro del CENIDH, la policía rechazó su solicitud de realizar una marcha pacífica en conmemoración del 70 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese momento CENIDH canceló la marcha expreso que acudirían a las autoridades judiciales para solicitar la protección de sus derechos.
“El derecho de asociación está garantizado en la constitución de Nicaragua y debe ser respetado en todo momento. En lugar de dirigirse a grupos de la sociedad civil, el gobierno de Nicaragua debería crear un entorno propicio para la sociedad civil y buscar formas de atender las necesidades de sus ciudadanos", continuó Gómez.
CIVICUS ha pedido a las autoridades nicaragüenses que reviertan la cancelación de la inscripción de todas las organizaciones de la sociedad civil, que respeten el derecho de asociación y reunión y que liberen a todos los detenidos por participar en protestas pacíficas.
En septiembre, el Monitor CIVICUS, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, rebajó su calificación del espacio cívico en de "reducido" a "represivo". Nicaragua también está en la lista de vigilancia de la plataforma de los países que han visto un aumento repentino y alarmante de las restricciones en el espacio civil.
Para más información por favor contacte a:
Para entrevistas por favor contacte al centro de Prensa de CIVICUS aquí.
Estos resultados se basan en los datos publicados hoy por el Monitor CIVICUS, un proyecto global de investigación colaborativo cuyo objetivo es la evaluación y el seguimiento del respeto de las libertades fundamentales en 196 países.
CIVICUS acaba de publicar hoy People Power Under Attack 2018, un nuevo informe que pone de manifiesto que casi seis de cada diez países están restringiendo gravemente las libertades fundamentales de asociación, reunión pacífica y expresión de las personas. Esta proporción refleja la crisis continua a la que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil y los activistas de todo el mundo y, además, pone en relieve el hecho de que el espacio para el activismo cívico se ve con frecuencia socavado a través de la censura, los ataques contra periodistas y el acoso a defensores y defensoras de los derechos humanos.
«Estos datos constituyen una señal de alerta. Dada la magnitud del problema, los líderes mundiales, incluido el G20 que se reúne esta semana, deben tomarse mucho más en serio la protección de las libertades cívicas», declaró Cathal Gilbert, director de investigación sobre el espacio cívico de CIVICUS. «En 2018 la sociedad civil fue testigo de la aplicación de varias innovaciones por parte de los Estados con el objetivo de erradicar y acallar las críticas de aquellos que se atreven a desafiar al poder».
El informe se basa en datos del Monitor CIVICUS – un proyecto de investigación colaborativo – y muestra que la sociedad civil es objeto de graves ataques en 111 de los 196 países analizados, es decir, casi seis de cada diez países de todo el mundo. Esta cifra es superior a la de nuestra última actualización de marzo de 2018 en la cual se contabilizaban 109 países. En la práctica, esto significa que la represión del activismo cívico pacífico sigue teniendo nefastas consecuencias para la sociedad civil en todas partes del mundo, ya que sólo el 4 % de la población mundial vive en países donde los gobiernos respetan debidamente las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
La clasificación del espacio cívico de nueve países ha empeorado en esta última actualización mientras que ha mejorado la de otros siete. La situación se ha degradado en Austria, Azerbaiyán, Gabón, Kuwait, Italia, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Tanzania y Senegal, y ha mejorado en Canadá, Ecuador, Etiopía, Gambia, Liberia, Lituania y Somalia.
El informe People Power Under Attack 2018 también ofrece un análisis sobre los tipos de violaciones más frecuentes registradas en el Monitor CIVICUS durante los últimos dos años. A nivel mundial, los ataques contra periodistas y la censura representan los dos tipos de violaciones más comunes, lo que indica que los que tienen el poder están haciendo todo lo posible por controlar el discurso colectivo y reprimir la libertad de expresión. El hostigamiento de activistas y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones son el tercero y cuarto tipo de violación más común registrada en el Monitor CIVICUS desde octubre de 2016.
«Aunque existe una gran preocupación por la proliferación de leyes restrictivas y no sin razón, nuestros datos muestran que no son más que la punta del iceberg. Las medidas extrajudiciales, como los ataques contra periodistas o manifestantes, son mucho más comunes», declaró Gilbert. «Estas tácticas han sido concebidas de forma cínica y pretenden crear un efecto disuasivo y evitar que los demás se expresen o se conviertan en ciudadanos activos».
Los datos publicados hoy por CIVICUS también traen buenas noticias. Tanto en los siete países en los que mejoró la clasificación del espacio cívico como en otros lugares, vemos pruebas claras de que el activismo pacífico puede obligar a los gobiernos represivos a seguir un camino diferente. En Etiopía, por ejemplo, tras años de disturbios y una fuerte represión de todas las formas de disidencia, el 2018 supuso un giro notable. El nuevo primer ministro, Abiy Ahmed, ha liberado a presos políticos, ha suavizado las restricciones impuestas sobre las comunicaciones electrónicas y ha logrado importantes avances en la reforma de algunas de las leyes más represivas del país. Los cambios en el liderazgo político en Gambia y el Ecuador también han conducido a un mejor entorno para el ejercicio de las libertades fundamentales.
«Las recientes mejoras en Etiopía muestran lo que se puede lograr cuando existe voluntad política y cuando los líderes toman decisiones valientes para responder a los llamamientos de la sociedad civil», afirmó Gilbert. «Este debería ser un ejemplo para los países represivos de todo el mundo. Al eliminar las restricciones y proteger el espacio cívico, los países pueden aprovechar el verdadero potencial de la sociedad civil y acelerar su progreso en una gran cantidad de frentes».
Más de veinte organizaciones colaboran en el Monitor CIVICUS con el objetivo de proporcionar una base empírica para llevar a cabo acciones destinadas a mejorar el espacio cívico en todos los continentes. El Monitor ha publicado más de 1 400 actualizaciones sobre el espacio cívico en los últimos dos años y dichos datos son analizados en el informe People Power Under Attack 2018. El espacio cívico de 196 países queda clasificado en una de las cinco categorías disponibles – cerrado, reprimido, obstruido, estrecho o abierto – siguiendo una metodología que combina varias fuentes de datos sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
El 9 de diciembre de 2018 se cumplen 20 años del día en que los líderes mundiales adoptaron la Declaración sobre las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Esta fue una gran victoria para el movimiento de derechos humanos, ya que la comunidad internacional finalmente dio el debido reconocimiento a aquellas personas valientes que dedican sus vidas a luchar por nuestros derechos. La Declaración es un texto inspirador que defiende los derechos de todas las personas defensoras de los derechos humanos a promover, proteger y defender los derechos humanos, desde las esferas individuales hasta las esferas mundiales. La Declaración afirma que los estados tienen la responsabilidad y el deber de proteger a las personas defensoras contra la violencia, las amenazas, las represalias y las acciones arbitrarias derivadas del ejercicio de sus derechos fundamentales. La Declaración señala que cuando se violan estos derechos, las víctimas tienen derecho a presentar quejas o demandas. Estas quejas deben ser revisadas con prontitud por autoridades judiciales independientes, imparciales y competentes, y se debe además realizar una reparación a las víctimas.
Desafortunadamente, veinte años después de su adopción, nuestra evaluación muestra enormes brechas en la implementación de la Declaración. Pruebas de esto son los ataques persistentes contra las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, los que continúan sucediendo sin cesar, 20 años después de la adopción de la Declaración. En todos los tipos de sistemas políticos, democráticos y de otro tipo, y en todo el mundo, los entornos en los que trabajan las personas defensoras de los derechos humanos son cada vez más controvertidos y volátiles. Muy pocos estados han promulgado leyes sobre las personas defensoras de los derechos humanos o han desarrollado políticas que buscan reconocerlas y protegerlas. Algunos de los que tienen este tipo de política son; Burkina Faso, Brasil, Costa de Marfil, Colombia, México y Malí. Pero incluso en algunos de estos estados, las personas defensoras de los derechos humanos están en riesgo.
Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes expresamos nuestra preocupación más profunda sobre los desafíos que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos. Nuestro monitoreo de la situación que quienes están a la vanguardia de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos son objeto principal de los ataques perpetrados por actores estatales y no estatales. El CIVICUS Monitor, una herramienta que se utiliza para analizar el estado del espacio cívico en países de todo el mundo, revela que la detención arbitraria e ilegal de personas defensoras de derechos humanos es la táctica número uno de represión utilizada por los estados. Entre junio de 2016 y marzo de 2017, el Monitor publicó 160 informes relacionados con la detención de enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos. La mayoría de estas personas están detenidas bajo una legislación restrictiva y son procesadas bajo cargos falsos que van desde "terrorismo", "secesión", "narcotráfico", "traición", a “intentar desestabilizar la seguridad estatal y nacional”. Estos cargos a menudo conllevan penas severas que incluyen la pena de muerte y la cadena perpetua y, en algunos casos, los procesos judiciales tienen fallas y las personas defensoras de los derechos humanos son juzgadas en tribunales militares.
Las estadísticas relacionadas con personas defensoras de los derechos humanos que han pagado el precio más alto por defender los derechos humanos son alarmantes y deberían ser una fuente de preocupación para todos nosotros. La organización mundial de derechos humanos Frontline Defenders informó que solo en 2017 murieron 312 personas defensoras de los derechos humanos en 27 países. Aunque en casi todos los casos, los asesinatos a menudo brutales de estas personas están precedidos por amenazas que a menudo se denuncian a las autoridades, los pedidos de ayuda y protección se ignoran de forma rutinaria. Amnistía Internacional arroja luz sobre un estimado de 3.500 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en los últimos 20 años. En la mayoría de estos casos, los perpetradores no han sido responsabilizados y continúan atacando a otras personas, mientras disfrutan de altos niveles de impunidad.
Las personas defensoras de los derechos humanos a menudo son víctimas de agresiones físicas, vigilancia ilegal y son amenazadas por actores estatales y no estatales. Las oficinas y los hogares de algunas personas defensoras han sido atacados como forma de intimidación, y sus movimientos son monitoreados por agentes estatales. Otras personas reciben prohibiciones de viaje, especialmente cuando planean viajar al extranjero para asistir a reuniones o conferencias que se centran en los derechos humanos. Muchas personas han sido secuestradas o retenidas por miembros de las fuerzas de seguridad o personas no identificadas y algunas han sido encontrados muertas. Otras personas defensoras simplemente han desaparecido y no se ha vuelto a saber de ellas. Los altos funcionarios del gobierno someten a las personas defensoras de los derechos humanos a campañas difamatorias para desacreditarlas y denigrar el trabajo que realizan, lo que les hace vulnerables a los ataques en sus comunidades. En medio de este ataque, las personas defensoras de los derechos humanos han tenido que autocensurarse y otras han huido de sus hogares y países.
Expresamos nuestra profunda preocupación de que, en la mayoría de los países, la falta de una respuesta policial y judicial efectiva a estos asesinatos, ataques, amenazas, hostigamientos e intimidaciones sufridos por las personas defensoras de los derechos humanos genere un clima de impunidad y aliente y perpetúe estas violaciones. La inclusión del Objetivo 16 en la Agenda 2030 es un reconocimiento por parte de los estados de que el desarrollo y los derechos humanos no se pueden separar. La meta 16 insta a los estados a proteger las libertades fundamentales de acuerdo con la legislación nacional y los acuerdos internacionales. Los costos humanos asociados con estos ataques a las personas defensoras de los derechos humanos no se pueden cuantificar fácilmente, pero si los estados no toman las medidas necesarias para detener estos ataques, no se alcanzarán los objetivos clave de la Agenda 2030.
Este es nuestro llamado colectivo a los estados, representantes gubernamentales, organizaciones internacionales y actores no estatales para que reconozcan a las personas defensoras de los derechos humanos como actores importantes en los procesos de construcción de la nación, respeten sus derechos, apoyen su trabajo y los protejan en todo momento.
Recomendaciones
Para los gobiernos
Las organizaciones grupos abajo firmantes instan a los gobiernos a crear un entorno propicio que cumpla con las obligaciones y estándares regionales e internacionales de derechos humanos y en el que en el que las personas defensoras de los derechos humanos puedan trabajar libremente. Como mínimo, deben garantizarse las siguientes condiciones para las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan en todos los sectores: la libertad de asociación, expresión y reunión; el derecho a trabajar sin interferencias estatales injustificadas; y el deber de los estados de adecuada protección. A la luz de esto, hacemos las siguientes recomendaciones.
Desarrollar e implementar una ley que reconozca las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, les proteja e incluya disposiciones que exija rendición de cuentas hacia quienes persigan a estas personas. Se debe asegurar que existan políticas, pautas o resoluciones claras para la implementación de la ley.
Crear mecanismos de protección que respondan a las necesidades específicas de las personas defensoras de derechos humanos. Estos mecanismos deben poder monitorear e informar sobre su situación y hacer recomendaciones para derogar o enmendar leyes y políticas que sean inconsistentes con los derechos de las personas defensoras de derechos humanos o que les ponga en riesgo.
Llevar a cabo investigaciones rápidas, independientes e imparciales sobre todos los casos en que personas defensoras de derechos humanos hayan sido asesinadas, amenazadas, atacadas, secuestradas, intimidadas o acosadas, y garantizar que los culpables sean responsabilizados y se proporcione reparaciones a las víctimas.
Derogar o enmendar todas las leyes y políticas restrictivas que se utilizan injustamente para restringir las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, de forma que estén alineadas con los estándares regionales e internacionales de derechos humanos y sean de utilidad para evitar el hostigamiento hacia las personas defensoras de derechos humanos.
Mantener una relación de trabajo constructiva con los mecanismos de monitoreo de los derechos humanos, incluyendo los procedimientos especiales y los órganos garantes de tratados.
Para las empresas privadas
Instar a los gobiernos a llevar a cabo investigaciones independientes sobre casos en que personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas, agredidas físicamente, intimidadas y hostigadas por defender su medio ambiente, recursos naturales y comunidades contra los efectos de las operaciones extractivas de las empresas, y garantizar que los responsables rindan cuentas.
Dejar de participar en ataques físicos y legales contra personas defensoras de los derechos humanos que defienden sus comunidades y el medio ambiente contra las incursiones de los intereses comerciales.
Asegurar que las normas y estándares de derechos humanos guíen la implementación de emprendimientos empresariales, especialmente cuando éstos afectan el medio ambiente, los recursos naturales y las tierras de las comunidades.
Trabajar con los gobiernos para garantizar que se realicen consultas adecuadas con las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos antes de participar en operaciones de extracción que conduzcan al desplazamiento de las comunidades y al impacto en sus fuentes de sustento.
Para las instituciones multilaterales
Priorizar la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones y abrir espacios para la participación de las personas defensoras de los derechos humanos en sus actividades.
Trabajar con la sociedad civil para impulsar un multilateralismo centrado en las personas, que refuerce la preeminencia de las normas y derechos humanos internacionalmente acordados.
Hablar con valentía cuando las personas defensoras de los derechos humanos sean amenazadas, atacadas o intimidados, y condenar tales acciones.
Muestre su solidaridad al respaldar esta declaración
Si pudiéramos reimaginar el tipo de democracia que vivimos y la manera como la vivimos, ¿a qué se parecería? y ¿cómo sería?
Esta es la pregunta que los investigadores han planteado a líderes de opinión y activistas de cerca de 80 países en todo el mundo, en el marco de una iniciativa llamada "Reimaginar la Democracia", de un año de duración. Aunque el proyecto ha coincidido con el auge de ideas populistas regresivas y con la polarización política que se ha experimentado en varias partes del mundo, la respuesta es contundente: la gente quiere más democracia, no menos.
Liderado por CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, el informe de la iniciativa, titulado "Democracia para todas las personas: más allá de la crisis de imaginación", se basa en las ideas extraídas de unas 100 entrevistas, 54 estudios y 26 "diálogos sobre democracia" de todo el mundo, que han servido para realizar un debate sobre el estado de la democracia.
"Deseábamos explorar el tema de reimaginar la democracia a través del análisis de los desafíos actuales, a la vez que realizábamos un examen de las principales lagunas existentes en las instituciones y en la práctica de la democracia", ha señalado Mandeep Tiwana, Director de Programas de CIVICUS y uno de los líderes de la iniciativa.
“Los sistemas de gobierno mundiales están viviendo el momento, limitados por una crisis de imaginación, un pensamiento a corto plazo y por las consideraciones tácticas de los que están en el poder. Necesitamos soluciones radicales basadas en valores democráticos para el futuro”, expresó Tiwana.
De uno a otro país, la democracia es el blanco de ataques. En muchos de ellos, advertimos una regresión democrática y la retirada de sus libertades. De acuerdo con Monitor de CIVICUS, una plataforma en línea que evalúa el espacio cívico, las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica están siendo menoscabadas en la mayor parte del mundo. Observamos el auge de una política polarizadora y el culto al líder de mano dura. Observamos el avance del populismo de derecha y, al mismo tiempo, las problemáticas mundiales profundas, como el cambio climático, la desigualdad y el conflicto siguen, en gran medida, sin resolverse. En todas partes del mundo, las personas están descontentas con las limitaciones y exclusiones democráticas que sufren.
Los participantes de la iniciativa han señalado varias soluciones innovadoras para reformar la democracia, centradas en torno a la adopción de decisiones políticas y económicas a todos los niveles. Asimismo, el informe identifica tres cambios fundamentales, necesarios para reimaginar la democracia. En primer lugar, la toma de decisiones debe llevarse a cabo a nivel local y comunitario. El informe pide nuevas y mayores modalidades de participación comunitaria, cuyas decisiones estén definidas por las necesidades y aspiraciones locales. Recomienda una democracia más directa y deliberativa, mediante asambleas de ciudadanos y parlamentos comunitarios.
En segundo lugar, los problemas globales exigen soluciones globales, que surjan a través de la democracia global. Los ciudadanos deben tener derecho a opinar sobre las decisiones internacionales que afecten a sus vidas, por ello, una de las soluciones que se ofrece es crear un parlamento mundial, elegido directamente por la población y no según la idea del Estado-nación. Frente a los desafíos actuales, el informe apunta a la gobernanza internacional como un ámbito de acción legítimo para que las personas y las organizaciones reclamen sus derechos y promuevan el cambio.
En tercer lugar, es necesaria una nueva visión que aborde la exclusión y la desigualdad a través de una economía democratizada que funcione para todos. Los elementos principales incluyen: la participación democrática en la toma de decisiones económicas, regímenes fiscales para todos que funcionen adecuadamente, redistribución de la riqueza, prestación de servicios públicos de calidad que no sean monetizados, democracia en el lugar de trabajo y gestión sostenible de los recursos finitos del mundo a través del control democrático.
El informe concluye que la sociedad civil ha desempeñado un papel fundamental de liderazgo en la respuesta global a los desafíos democráticos. En lugares tan diferentes como Armenia, Corea del Sur y Gambia, los movimientos populares han propiciado avances democráticos, desafiando con éxito a los líderes autocráticos en las urnas y en las calles. En países de África occidental, como Burkina Faso y Senegal, los jóvenes han liderado movimientos, agrupándose creativamente para enfrentar a los gobernantes autocráticos que intentaron prolongar su mandato. En Malasia, el partido gobernante fue finalmente derrotado después de más de seis décadas afianzado en el poder, y la campaña de la sociedad civil contra la corrupción y los abusos electorales fue fundamental para ello.
Los movimientos Me Too y Time Up movilizaron a una enorme cantidad de personas, transformando el debate sobre la situación de las mujeres en las sociedades y los lugares de trabajo, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. En Irlanda, las movilizaciones populares han demostrado cómo las asambleas y los referendos ciudadanos promueven los derechos a través de una campaña de éxito para cambiar la ley del aborto, logrando así un triunfo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
“Para progresar, debemos redoblar esfuerzos para que las elecciones sean justas, al mismo tiempo que forjamos diferentes alianzas que apoyen sistemas judiciales independientes, medios de comunicación y otros actores interesados en proteger los valores democráticos. En particular, la sociedad civil debe liderar con el ejemplo, creando el modelo de responsabilidad democrática que queremos ver”, explicó Tiwana.
En líneas generales, la iniciativa "Reimaginar la democracia" reveló que, en general, la gente todavía cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, incluso si no están satisfechos con su experiencia actual. Tener voz e influencia sobre las circunstancias de nuestras vidas es una aspiración humana fundamental. Con la democracia sustantiva, se pueden tomar mejores decisiones y se pueden exigir más responsabilidades a los decisores.
FIN
Notas para los editores
Para ver el informe completo, haga clic aquí.
Para leer todas las contribuciones en la plataforma “Reimaginar la Democracia”, en las que se basa el informe, haga clic aquí.
Para obtener datos en tiempo real sobre las amenazas a la democracia y la sociedad civil en todos los países, proporcionados por el Monitor de CIVICUS, haga clic aquí.
Para ver el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de 2018, haga clic aquí.
Para concertar entrevistas o para obtener más información o apoyo a los medios de comunicación, comuníquese con:
Para acceder al Centro de Prensa CIVICUS, haga clic aquí.
Acerca de CIVICUS:
CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Creada en 1993 y con sede principal en Johannesburgo, Sudáfrica, CIVICUS cuenta con oficinas por todo el mundo y más de 4 000 miembros repartidos en más de 175 países.
Nuestra definición de sociedad civil es amplia y abarca organizaciones no gubernamentales, activistas, coaliciones y redes de la sociedad civil, movimientos sociales y de protesta, organismos de voluntariado, organizaciones de cabildeo, organizaciones benéficas, grupos religiosos, sindicatos y fundaciones filantrópicas. Nuestra membresía es diversa y abarca una amplia gama de temáticas, tamaños, y tipos de organización
Arabia Saudita: la monarquía saudita debe rendir cuentas por la eliminación de la disidencia, tras el asesinato del periodista y las detenciones generalizadas de defensores y defensoras de los derechos de las mujeres
Reconociendo el derecho fundamental a expresar nuestras opiniones, libres de represión, las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos a la comunidad internacional, entre otros, a las Naciones Unidas, a las instituciones multilaterales y regionales, así como a los Gobiernos democráticos comprometidos con la libertad de expresión, a adoptar medidas inmediatas para que Arabia Saudita rinda cuentas por violaciones graves de los derechos humanos. El asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre muestra únicamente una de las muchas, graves y sistemáticas violaciones perpetradas por las autoridades sauditas tanto dentro como fuera del país. A medida que se acerca el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, el 2 de noviembre, nos hacemos eco de los llamamientos para que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el asesinato de Khashoggi, a fin de que llevar a los responsables ante la justicia.
Este caso, junto a las crecientes detenciones de defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros, periodistas, académicos, defensores y defensoras de los derechos de las mujeres, la represión interna, la posible imposición de la pena de muerte a manifestantes y las conclusiones del informe del Grupo de Eminentes Expertos de las Naciones Unidas que indican que la Coalición dirigida por Arabia Saudita ha cometido actos en Yemen que pueden ser constitutivos de crímenes internacionales, demuestra el historial de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de Arabia Saudita. Por consiguiente, nuestras organizaciones también instan a la Asamblea General de las Naciones Unidas a suspender a Arabia Saudita del Consejo de Derechos Humanos (CDH), de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 8 de la resolución 60/251 de 13 de abril de 2006 de la Asamblea General.
Arabia Saudita nunca se ha destacado por su tolerancia y respeto de los derechos humanos, pero se esperaba que, cuando el príncipe heredero Mohammed Bin Salman puso en marcha su plan económico (Visión 2030) y por fin se permitió conducir a las mujeres, se podría producir una flexibilización de las restricciones de derechos de las mujeres y de las libertades de expresión y asamblea. Sin embargo, antes de que se levantara la prohibición de conducción en el mes de junio, las defensoras de derechos humanos recibieron llamadas telefónicas advirtiéndoles de que permaneciesen en silencio. Entonces, las autoridades sauditas detuvieron a decenas de defensores y defensoras de los derechos de las mujeres que habían participado en la campaña contra la prohibición de conducir. La represión ejercida por las autoridades sauditas contra toda forma de disidencia continúa hasta la fecha.
Khashoggi criticó las detenciones de los defensores y defensoras de derechos humanos y los planes de reforma del príncipe heredero y vivía en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos. El 2 de octubre de 2018, Khashoggi fue al Consulado de Estambul con su prometida para realizar unos trámites, pero nunca salió de allí. Las autoridades turcas pronto afirmaron que había pruebas de que había sido asesinado en el Consulado, pero las autoridades sauditas no admitieron su asesinato hasta dos semanas más tarde.
Tan solo dos días después, el 20 de octubre, el Ministerio Fiscal saudita publicó sus conclusiones confirmando que Khashoggi había muerto. Sus informes indican que murió tras “una pelea a puñetazos” en el Consulado y que se había detenido a 18 ciudadanos sauditas. El rey Salman también emitió varios reales decretos destituyendo a funcionarios de alto nivel, entre otros Saud Al-Qahtani, asesor de la corte real, y Ahmed Assiri, subdirector de los servicios de Inteligencia. La Fiscalía continúa su investigación, pero el cuerpo todavía no ha sido hallado.
En vista de los informes contradictorios de las autoridades sauditas, es esencial que se lleve a cabo una investigación internacional independiente.
El 18 de octubre, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras pidieron a Turquía que solicitase al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, una investigación de la ONU sobre la ejecución extrajudicial de Khashoggi.
El 15 de octubre de 2018, David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, y Agnès Callamard, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, solicitaron una investigación independiente que pueda alcanzar conclusiones creíbles y siente las bases para la adopción de medidas punitivas claras, entre otras, la posible expulsión de personal diplomático, la suspensión de organismos de las Naciones Unidas (como el Consejo de Derechos Humanos), prohibiciones de viajar, consecuencias económicas, reparaciones y la posibilidad de celebrar juicios en terceros Estados.
Observamos que el 27 de septiembre, Arabia Saudita se sumó al consenso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando aprobó una nueva resolución sobre la seguridad de los periodistas (A/HRC/Res/39/6). Observamos también que esta resolución insta a “realizar investigaciones imparciales, prontas, minuciosas, independientes y efectivas de todas las denuncias de actos de violencia, amenazas o agresiones contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que competan a su jurisdicción, lleven a los autores de esos delitos ante la justicia, incluidos quienes ordenen cometerlos o conspiren para ello, sean cómplices en ellos o los encubran.” Y también “a quienes corresponda a que dejen en libertad, de inmediato y de manera incondicional, a los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que hayan sido detenidos o recluidos arbitrariamente”.
Khashoggi fue colaborador de los periódicos Washington Post y Al-Watan y redactor jefe del efímero canal de noticias Al-Arab News Channel en 2015. Salió de Arabia Saudita en 2017, cuando comenzó la escalada de detenciones de periodistas, escritores y defensores y defensoras de derechos humanos. En su último artículo de opinión publicado en el Washington Post, critica la condena a cinco años de prisión del periodista Saleh Al-Shehi, en febrero de 2018. Al-Shehi es uno de los más de 15 periodistas y blogueros arrestados en Arabia Saudita desde septiembre de 2017, lo que, según Reporteros Sin Fronteras, eleva a un total de 29 de ellos en prisión, además de 100 defensores y defensoras de derechos humanos y, probablemente, miles de activistas que también permanecen detenidos, según el Centro del Golfo para los Derechos Humanos (GCHR) y otros colaboradores sauditas como ALQST. Muchas de las personas detenidas en el último año han criticado públicamente los planes de reforma relacionados con Vision 2030 y han señalado que las mujeres no alcanzarían la igualdad económica únicamente por poder conducir.
Otro objetivo reciente de la represión contra la disidencia es el destacado economista Essam Al-Zamel, un empresario conocido por sus escritos sobre la necesidad de reformas económicas. El 1 de octubre de 2018, el Tribunal Penal Especializado (TPE) celebró una sesión secreta en la que la Fiscalía acusó a Al-Zamel de violar la Ley de Delitos Informáticos al “movilizar a sus seguidores en las redes sociales”. Al-Zamel criticó Vision 2030 en las redes sociales, donde tenía un millón de seguidores. Al-Zamel fue arrestado el 12 de septiembre de 2017, al mismo tiempo que otros muchos defensores de derechos humanos y reformistas.
La inédita persecución actual contra las defensoras de derechos humanos se inició en enero de 2018 con la detención de Noha Al-Balawi por su ciberactivismo para apoyar las campañas en las redes sociales en favor de los derechos de las mujeres como (#Right2Drive) o contra el sistema de tutela masculina (#IAmMyOwnGuardian). Antes incluso, el 10 de noviembre de 2017, el TPE de Riad condenó a Naimah Al-Matrod a seis años de prisión por ciberactivismo.
La ola de detenciones continuó después del periodo de sesiones de marzo del Consejo de Derechos Humanos y de la publicación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) sobre Arabia Saudita. Loujain Al-Hathloul, fue secuestrada en los Emiratos y trasladada a Arabia Saudita contra su voluntad el 15 de mayo de 2018; le siguió la detención de Eman Al-Nafjan, fundadora y autora del Saudiwoman's Weblog [Blog de las mujeres sauditas], quien previamente protestó contra la prohibición a conducir, y la de Aziza Al-Yousef, destacada activista de los derechos de las mujeres.
Otras cuatro defensoras de derechos humanos fueron detenidas en mayo de 2018, Aisha Al-Manae, Hessa Al-Sheikh y Madeha Al-Ajrous, que participaron en el primer movimiento de protesta de mujeres exigiendo el derecho a conducir en 1990, así como Walaa Al-Shubbar, una joven activista conocida por su movilización contra el sistema de tutela masculino. Todas estas personas son académicas y profesionales que apoyan los derechos de las mujeres y ayudan a supervivientes de violencia de género. Aunque todas han sido liberadas, se cree que las cuatro mujeres aún se enfrentan a acusaciones penales.
El 6 de junio de 2018, la periodista, editora, productora de televisión y defensora de los derechos humanos Nouf Abdulaziz fue detenida después de una violenta incursión en su casa. Después de su arresto, Mayya Al-Zahrani publicó una carta de Abdulaziz, tras lo que ella misma fue detenida el 9 de junio de 2018 por la publicación de la carta.
El 27 de junio de 2018 fue detenida Hatoon Al-Fassi, una reconocida académica y profesora asociada de historia de las mujeres en la Universidad Rey Saud. Durante mucho tiempo ha defendido el derecho de las mujeres a participar en las elecciones municipales y a conducir, y fue una de las primeras en ponerse al volante el 24 de junio de 2018, día en que se levantó la prohibición.
En dos ocasiones en el mes de junio, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas instaron a la puesta en libertad de los defensores y defensoras de derechos de las mujeres. El 27 de junio de 2018, nueve expertos independientes de la ONU declararon que, en marcado contraste con este momento de celebración por la liberación de las mujeres sauditas, se ha arrestado y detenido a gran escala a defensoras de derechos humanos en todo el país, lo que es verdaderamente preocupante y, probablemente, el mejor indicador del enfoque del Gobierno en relación a los derechos de las mujeres. Destacaron que las defensoras de derechos humanos “sufren una estigmatización más grave, no solo por su labor como defensoras de derechos humanos, sino también por discriminación en razón de su género”.
Sin embargo, las detenciones de defensoras de los derechos humanos continuaron con la de Nassima Al-Sadah y Samar Badawi el 30 de julio de 2018. Permanecen detenidas en régimen de aislamiento en una cárcel controlada por la Dirección de Seguridad Nacional, un mecanismo creado por mandato del rey Salman el 20 de julio de 2017. El hermano de Badawi, Raif Badawi, actualmente cumple condena a diez años de prisión por su actividad de incidencia política en línea y su exmarido Waleed Abu Al-Khair cumple una condena de quince años. Abu Al-Khair, Abdullah Al-Hamid y Mohammed Fahad Al-Qahtani (los dos últimos, miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos - ACPRA) recibieron conjuntamente el Premio “Right Livelihood” en septiembre de 2018. De momento todos ellos siguen en la cárcel.
También han sido detenidos familiares de defensores y defensoras de derechos humanos. Amal Al-Harbi, esposa del destacado activista Fowzan Al-Harbi, fue detenida por agentes de seguridad del Estado el 30 de julio de 2018, mientras se encontraba en la playa con sus hijos en Jeddah. Su marido es otro miembro de ACPRA actualmente encarcelado. Resulta alarmante que, en octubre de 2018, se hayan impuesto prohibiciones de viajar a las familias de varias defensoras de derechos como Aziza Al-Yousef, Loujain Al-Hathloul y Eman Al-Nafjan.
Preocupa también el hecho de que, en un juicio ante el TPE el 6 de agosto de 2018, el Ministerio Fiscal solicitó la pena de muerte para Israa Al-Ghomgam detenida junto a su marido, Mousa Al-Hashim, el 6 de diciembre de 2015 por su participación en protestas pacíficas en Al-Qatif. Al-Ghomgam fue acusado en virtud del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos de 2007 por su actividad en las redes sociales, así como por otros cargos relacionados con las protestas. Si se la condena a muerte, sería la primera mujer que se enfrenta a la pena capital por acusaciones relacionados con el activismo. La próxima audiencia está prevista el 28 de octubre de 2018.
El TPE fue creado en 2008 para juzgar casos de terrorismo y se ha utilizado principalmente para procesar a defensores y defensoras de derechos humanos y a personas críticas con el Gobierno, a fin de mantener un férreo control sobre la sociedad civil.
El 12 de octubre de 2018, los expertos de la ONU volvieron a instar a la liberación de todas las defensoras de derechos humanos detenidas en Arabia Saudita. Manifestaron una especial preocupación por el juicio de Al-Ghomgam ante el TPE, afirmando que, “nunca se debe utilizar las medidas antiterroristas para eliminar o limitar el trabajo de derechos humanos”. Es evidente que las autoridades sauditas no han tomado medidas tras la preocupación manifestada por los procedimientos especiales, y esta falta de cooperación aumenta el descrédito que suscita su pertenencia al CDH.
Muchos de los defensores y defensoras de derechos humanos arrestados este año han permanecido en régimen de incomunicación, sin acceso a sus familiares o abogados. A algunos se les ha tachado de traidores y han sido objeto de campañas de difamación en los medios de comunicación gubernamentales, aumentando así la posibilidad de ser condenados a largas penas de prisión. En vez de garantizar un entorno seguro para los defensores y defensoras de derechos humanos en el contexto de la reforma económica, las autoridades sauditas han decidido aumentar la represión contra las voces disidentes.
Nuestras organizaciones reiteran su llamamiento a la comunidad internacional para que Arabia Saudita rinda cuentas, a fin de que no se permita la impunidad por estas violaciones de los derechos humanos.
Instamos a la comunidad internacional y, en especial, a las Naciones Unidas a que:
- Tomen las medidas necesarias para garantizar que se lleva a cabo una investigación internacional, imparcial, rápida, exhaustiva, independiente y efectiva sobre el asesinato del periodista Jamal Ahmad Khashoggi.
- Garanticen que Arabia Saudita rinde cuentas por el asesinato de Khashoggi y por sus sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
- Convoquen un periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos ante la reciente ola de detenciones y ataques contra periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otras voces disidentes en Arabia Saudita.
- Tomen las medidas necesarias en la Asamblea General de las Naciones Unidas para suspender a Arabia Saudita como miembro del Consejo de Derechos Humanos.
- Pidan al Gobierno de Arabia Saudita que cumpla las recomendaciones que se formulan a continuación.
Instamos a las autoridades de Arabia Saudita a que:
- Entreguen el cuerpo de Jamal Ahmad Khashoggi e inviten a expertos internacionales independientes a supervisar las investigaciones sobre su asesinato; cooperen con todos los mecanismos de las Naciones Unidas y garanticen que se lleva a los responsables de esta muerte ante la justicia, entre ellos a los responsables de mando.
- Anulen inmediatamente las condenas de todos los defensores y defensoras de derechos humanos, entre otros, de las mujeres y los hombres que defienden la igualdad entre géneros, y que retiren todas las acusaciones en su contra.
- Liberen inmediata e incondicionalmente a todos los defensores y defensoras de derechos humanos, escritores, periodistas y prisioneros de conciencia en Arabia Saudita detenidos por su legítimo y pacífico trabajo de promoción y protección de los derechos humanos, entre otros, de los derechos de las mujeres.
- Establezcan una moratoria de la pena de muerte, incluso cuando se utiliza como castigo para los delitos relacionados con el ejercicio del derecho a la opinión y expresión y de reunión pacífica.
- Garanticen en toda circunstancia que todos los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas en Arabia Saudita pueden desempeñar actividades legítimas de derechos humanos y de información de interés general sin temor a represalias.
- Cumplan de manera inmediata las recomendaciones del Grupo de Eminentes Expertos de las Naciones Unidas sobre Yemen, y
- Ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, que todas las leyes nacionales que restringen los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación se ajusten a la normativa internacional de derechos humanos.
Firmado:
El líder campesino Medardo Mairena escribe una carta a los medios de comunicación desde la prisión
Medardo Mairena Sequeira, es Coordinador del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Medardo es uno de los líderes del movimiento contra la construcción del Canal en Nicaragua, fue detenido el 13 de julio junto con el líder campesino Pedro Joaquín Mena Amador cuando planeaban abordar un avión a los Estados Unidos para participar en un evento de solidaridad con Nicaragua. Medardo y otros dos líderes campesinos, se enfrentan a cargos falsos que van desde terrorismo, asesinato, secuestros, robo agravado y obstrucción a los servicios públicos.
Agradezco a Dios y a mi familia, al pueblo de Nicaragua, a los medios de comunicación independiente, a las comisiones de derechos humanos nacional e internacionales, a la Organización de Estados Americanos, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por no dejarnos solo al pueblo de Nicaragua.
A todos mis amigos, amigas, a todo el pueblo en general, les pido que nos mantengamos unidos en oración en estos momentos difíciles para todos, por los presos políticos, que nos tienen detenidos injustamente solo por pensar diferente. El régimen de Ortega no es más que un cobarde, por eso nos detiene, por alzar nuestras voces por los que no pueden y por los que ya no están con nosotros.
En el sistema penitenciario, en las cárceles estamos en máxima seguridad, las celdas están en malas condiciones, no hay luz, los servicios higiénicos están dañados, las ventanas que son para que entre aire las han cerrado. Nos tienen como si nos estuviéramos horneando en un horno y aislados de los demás presos. En esta modelo estamos los campesinos, en la 300, conocida como el “infiernillo”. Estamos 20 presos en las mismas condiciones. He estado enfermo igual que otros y no nos permiten que nos revise un médico. Gracias a Dios estoy mejorando, por el poder de Dios. Nada más aquí hay zancudos, cucarachas, alacranes, etc. No nos sacan de las celdas ni a tomar el sol. A mi amigo Pedro Mena le quitaron su tratamiento, ya que él padece de azúcar, de la presión. Él trae su tratamiento en su mochila y se tiene que tomar una pastilla diaria. Nos tratan inhumanamente.
Insto al pueblo a seguir manifestándose pacíficamente, como siempre lo hemos hecho. Aunque no me vean, mi corazón está con ustedes, en las calles. Porque tenemos que exigir nuestra liberación, porque somos inocentes de lo que nos acusan. El día que sucedieron los hechos en Morito, nosotros estábamos en la marcha en Managua exigiendo que se reanudara el diálogo, ya que es la mejor salida pacífica a la crisis, porque pensamos como personas civilizadas, porque queremos justicia y democratización. No podemos olvidar a los que les arrebató la vida el régimen. Al menos mi familia todavía tiene la esperanza de verme pronto, pero las madres que perdieron a sus hijos no, y no las dejaremos solas.
Atentamente,
Medardo.
Transcripción de la carta original.
CIVICUS ha pedido a las autoridades de Nicaragua que retiren todos los cargos contra Medardo Mairena, Pedro Joaquín Mena y Víctor Manuel Díaz y los liberen en condiciones de seguridad. CIVICUS también pide la liberación de todos los líderes rurales, estudiantes y activistas actualmente detenidos por ejercer su derecho a la protesta.
Nicaragua ha sido añadida al listado de países del "watchlist" que están sufriendo una alarmante escalada de amenazas contra las libertades fundamentales. Este listado es recopilado por el CIVICUS Monitor, una plataforma online que evalúa las amenazas a las que se enfrenta la sociedad civil por todo el mundo.
La Junta Directiva de CIVICUS se complace en anunciar que después de un extenso proceso de búsqueda y selección internacional, Lysa John se unirá a CIVICUS como la nueva secretaria general de la alianza.
Alerta de Solidaridad Colombia: la obstrucción de participantes en la marcha Rise for Climate muestra un patrón de violaciones contra los defensores del medio ambiente
Activistas y campesinos del "Movimiento Ríos Vivos" fueron detenidos ilegalmente por la policía en Ituango, Colombia, el 8 de septiembre de 2018, mientras participaban en la movilización "Rise for Climate". La acción en Ituango fue parte de una movilización global organizada por el grupo de derechos ambientales 350.org. Las movilizaciones reunieron a miles de personas en las calles de ciudades de todo el mundo que participaron en 900 acciones en 95 países. Las movilizaciones pidieron la protección del medio ambiente e instaron a los gobiernos a comprometerse con las energías limpias. Ríos Vivos es un movimiento de derechos humanos integrado por comunidades afectadas por los impactos de "Hidroituango", uno de los mayores proyectos hidroeléctricos en América Latina, actualmente en construcción en el río Cauca.
El 8 de septiembre de 2018, más de 400 personas viajaron desde diferentes pueblos de la región de Antioquia hasta la ciudad de Ituango, donde habían planeado una acción para exigir la protección del clima mundial. En el camino a Ituango fueron temporalmente retenidos por la Policía Nacional, que comenzó a hacer una lista de las personas que participan en la movilización. Esta acción fue denunciada por la oficina regional de 350.org para América Latina. Los miembros de la policía que retenían a los manifestantes también se negaron a mostrar su identidad y cubrieron sus nombres en sus uniformes.
Después de que la caravana de Ríos Vivos llegó a la ciudad de Ituango, la policía no permitió que los manifestantes realizaran una actuación planificada que pedía la protección del río Cauca y el clima mundial. Según Isabel Zuleta, una de las voceras de Ríos Vivos, la policía detuvo a los manifestantes por orden del Alcalde de Ituango.
El domingo 9 de septiembre, cuando la caravana de autobuses y autos con los manifestantes regresaba a sus lugares de origen, nuevamente fueron retenidos por un grupo de empleados de las Empresas Públicas de Medellín, la empresa que está construyendo el proyecto Hidroituango. La caravana eventualmente pudo continuar su viaje alrededor de las 6 p.m. después de haber sido retenida desde las 6 a. M.
" No tiene justificación que en la actualidad una empresa pública comprometa los derechos al libre tránsito de grupos comunitarios defensores del ambiente. Lo que hizo EPM con Rios Vivos Antioquia sobrepasa el deber ser del Estado que es garantizar la protección de la ciudadanía", dijo Xiomy Acevedo, de 350.org Colombia.
Las restricciones impuestas a la marcha de los activistas climáticos violan su derecho de reunión pacífica y refleja el ambiente hostil para los defensores del medio ambiente en Colombia. Según lo informado por el Monitor CIVICUS, el ambiente para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Colombia ha empeorado en los últimos meses.
"Es extremadamente preocupante que los manifestantes pacíficos que participan en una campaña mundial contra el cambio climático en Colombia sean estigmatizados y hostigados por las autoridades como sucedió este fin de semana en Ituango", dijo Natalia Gomez, directora de promoción y compromiso de CIVICUS.
Durante años, los miembros del Movimiento Ríos Vivos han sido objeto de amenazas, intimidación y estigmatización por oponerse a megaproyectos que amenazan a los ríos. Especialmente han sido blanco de su oposición a la construcción del proyecto “Hidroituango”, un proyecto que ha estado sumido en crisis durante meses y ha dejado cientos de personas afectadas.
CIVICUS hace un llamamiento a las autoridades colombianas para garantizar un entorno seguro para los activistas medioambientales y respetar su derecho a plantear inquietudes y reunirse pacíficamente.
CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fundado en 1993, promocionamos con orgullo las voces marginadas, especialmente del Sur Global, y tenemos miembros en más de 160 países en todo el mundo.
Para más información o consultas de los medios:
Comunicaciones –
Natalia Gomez:
https://www.facebook.com/CIVICUS/
@CIVICUSalliance
@CIVICUSMonitor
Los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevos estándares para la protección del medio ambiente y los derechos humanos al firmar el Acuerdo de Escazú durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre.
CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil, es una de las 200 organizaciones que firmaron una carta abierta conjunta, pidiendo a los jefes de estado de los 33 países de la región que ratifiquen Este nuevo tratado.
"Para CIVICUS, el Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para hacer frente a la grave situación que enfrentan los defensores del medio ambiente en América Latina y el Caribe, que en los últimos años se ha convertido en la región más peligrosa del mundo para las personas que participan en campañas de protección del medio ambiente", dijo Natalia Gómez, Responsable de Incidencia y Participación en la Red de la Coalición Vuka!
La carta abierta hace un llamamiento a los gobiernos para que firmen el acuerdo y adopten medidas rápidas y eficaces para aplicarlo en sus respectivos países. Fue firmado por más de 200 organizaciones mundiales, regionales y nacionales que trabajan en América Latina y el Caribe en campos como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo y la democracia, incluyendo Amnistía Internacional, Greenpeace, Human Rights Watch, Artículo 19, Front Line Defenders y Global Witness.
Adoptado en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo de Escazú sería el primer tratado vinculante en la región que establecería una protección para los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, así como la protección de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental.
CIVICUS hace un llamamiento a los gobiernos de los 33 países de América Latina y el Caribe para que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú y, de esta manera, asuman un compromiso real con la protección del espacio cívico y los defensores del medio ambiente.
Los 33 estados de América Latina y el Caribe tendrán la oportunidad de firmar el Acuerdo en la sede de la ONU en Nueva York a partir del 27 de septiembre de 2018. Para que entre en vigor, al menos 11 países deben firmarlo y ratificarlo antes del 27 de septiembre de 2020.
Para más información o para concertar una entrevista, póngase en contacto con nosotros:
Natalia Gómez
PhotoCred: ECLAC - United Nations
Johannesburgo, 3 de julio de 2018 - ¿Qué significa para ti la democracia? ¿Cómo están poniendo en práctica la democracia los jóvenes en tu comunidad? ¿Qué consideras que supone una amenaza a la democracia de hoy en día? ¿Cómo es tu democracia ideal?
'Through Arts and Imagination' es un concurso internacional que busca recoger piezas artísticas, originales y creativas, de música, poesía, arte y/o multimedia, en las que se muestre el punto de vista de la juventud en torno al tema Re-imaginar la democracia. Para celebrar el Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto de 2018, el grupo de trabajo sobre la juventud de CIVICUS, la alianza global de la sociedad civil, desea crear un espacio para que se escuchen las voces de las personas jóvenes que están siendo silenciadas. CIVICUS quiere brindar una oportunidad para que los jóvenes expresen su visión sobre cómo re-imaginar la democracia. No solo tendrán la oportunidad de hacer que sus voces sean escuchadas por un público internacional, ¡sino que también tendrán la oportunidad de contribuir con la causa que elijas!
"En un mundo en el que nuestra democracia y nuestras libertades fundamentales están siendo amenazadas constantemente, un mundo donde las voces de los jóvenes están siendo silenciadas y marginadas, creemos que nos corresponde a nuestra generación volver a imaginar la democracia en la que queremos vivir" dijo Elisa Novoa, del grupo de trabajo sobre la juventud de CIVICUS.
El encuentro espera mostrar diferentes piezas que expresen qué significa la democracia para los jóvenes: cómo se ve y cómo se siente en la vida cotidiana. Queremos hacer visible que la democracia es algo más que poner una papeleta en una caja, que incluye acciones como: organizar, pensar, escribir, trabajar de manera colaborativa, protestar, expresar solidaridad, formar parte de una comunidad e involucrarse a nivel local. Del mismo modo, podrán enviarnos sus propuestas acerca del significado mismo de democracia (gobierno de la gente), y de la manera en que se muestra en su comunidad.
El encuentro creativo del Día Internacional de la Juventud se divide en tres categorías:
La presentación debe estar relacionada con el tema general Re-Imagining Democracy (Re-imaginar la democracia). Las presentaciones deberán expresar sus opiniones y sentimientos sobre el estado actual de la democracia y sus puntos de vista, como persona joven, sobre el replanteamiento y la reconstrucción de la misma.
Su presentación deberá estar relacionada con uno de los siguientes subtemas:
Para enviar una pieza en este concurso, las personas participantes y sus presentaciones deben cumplir los siguientes criterios:
Envía tu solicitud rellenando este formulario: https://www.civicus.org/index.php/2018-dia-internacional-de-la-juventud. La fecha límite para las presentaciones es el 27 de julio de 2018. Para cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en
* Se tendrá en consideración el equilibrio de diversidad de género, etnia y religión de las/los participantes.
[i] Los colaboradores del Encuentro 2018 pueden proporcionar un espacio físico para la realización de este taller en sus ciudades.
[ii] Los participantes seleccionarán, en el formulario de registro, una organización que contribuya con la causa seleccionada para donar su premio, en caso de que su obra sea seleccionada entre los 3 primeros.
CIVICUS y @CoordinadoraCC exigen al presidente de #Nicaragua
— CIVICUS (@CIVICUSalliance) June 12, 2018
el cese inmediato de la violencia contra las protestas pacíficas que se están desarrollando en el país desde el pasado mes de abril. https://t.co/7ykjPAlGgXhttps://t.co/gYrWnYXA6k
La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y la Coordinadora Civil de Nicaragua hacen un llamamiento al gobierno de Nicaragua para que detenga la violencia contra las personas que se manifiestan de manera pacífica y para que respete su derecho a manifestarse libremente y de forma pacífica. Después de 54 días de protesta, 135 personas han sido asesinadas, más de 1000 han resultado heridas y 400 detenidas. Mientras tanto, estas personas manifestantes piden al presidente Daniel Ortega que renuncie.
La alianza global de la sociedad civil CIVICUS y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR) expresan su profunda preocupación por el creciente deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela. Los días 28 y 29 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió las sentencias N° 155 y 156, mediante las cuales declaró a la Asamblea Nacional en desacato, privó a los legisladores de inmunidad parlamentaria y asumió atribuciones del Congreso, así como la prerrogativa de delegarlas en quien juzgara conveniente, en este caso en la presidencia.
Numerosas organizaciones de la sociedad civil venezolanas han manifestado que estas decisiones equivalen en la práctica a un intento de golpe de Estado contra el Poder Legislativo, un pilar fundamental de las instituciones democráticas y la encarnación del derecho de la ciudadanía a estar representada allí donde se toman las decisiones clave que repercuten sobre sus vidas y sus derechos. Del mismo modo, la Fiscal General consideró que estas decisiones del TSJ representan una ruptura del orden constitucional.
Los últimos acontecimientos han sido la culminación de un proceso de erosión de la autoridad del Congreso que lleva varios años, y que ha sumido al país en una profunda crisis social. Durante el pasado año y medio, el TSJ emitió más de 50 resoluciones que socavaron las funciones de la Asamblea Nacional y otorgaron poderes ilimitados al Ejecutivo. Esta es la razón por la cual la decisión del TSJ de dar marcha atrás sobre sus últimas decisiones no supuso un restablecimiento de la separación de poderes y del estado de derecho. El hecho de que el TSJ revirtiera sus decisiones a petición del Ejecutivo, asimismo, no hizo más que enfatizar la falta de independencia del poder judicial y la degradación en curso de las instituciones republicanas en Venezuela.
A lo largo de los años, la erosión de los controles constitucionales y la consiguiente polarización política han ido acompañados de restricciones cada vez mayores sobre las libertades cívicas, es decir, sobre los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de reunión pacífica sin los cuales no puede funcionar una sociedad civil activa y empoderada.
A su vez, la creciente concentración de poderes de decisión en el liderazgo ejecutivo ha redundado en graves fallos en la formulación de políticas públicas, intensificando en vez de resolver la crisis social que afronta el país, con fenómenos que incluyen una aguda escasez de alimentos y otros bienes básicos, el desmoronamiento del sistema público de salud y un aumento de la violencia callejera que afecta desproporcionadamente a las comunidades empobrecidas. También resulta preocupante la creciente represión estatal contra individuos y grupos de la sociedad civil que se expresan, organizan y protestan acerca de estos problemas.
Frente a esta crisis multidimensional, hacemos un llamado al gobierno venezolano para que:
Contactos:
Eleanor Openshaw,
ISHR Oficina de Nueva York
+12124902199
Inés Pousadela
CIVICUS Políticas e Investigación
+598 2901 1646
CANALES DIGITALES
SUDÁFRICA
25 Owl Street, 6th Floor
Johannesburgo,
Sudáfrica,
2092
Tel: +27 (0)11 833 5959
Fax: +27 (0)11 833 7997
UN HUB: GINEBRA
11 Avenue de la Paix
Ginebra
Suiza
CH-1202
Tel: +41.79.910.34.28
UN HUB: NUEVA YORK
CIVICUS, c/o We Work
450 Lexington Ave
Nueva York
NY 10017
Estados Unidos
