Guapinol

• Honduras : Libertad para los defensores de los derechos humanos de Guapinol detenidos arbitrariamente desde hace dos años

  - Hoy se cumplen exactamente dos años desde que los defensores de los derechos humanos de Guapinol fueron encarcelados
  - Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS
  - Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y pide su liberación
  - Este mes de agosto, han ampliado ilegalmente su detención a seis meses más
  - Honduras es uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos medioambientales

  Desde hace dos años, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) están en prisión preventiva en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

  Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

  "No hay absolutamente ninguna base para que Honduras detenga a los ocho defensores de los derechos humanos y los siga manteniendo en prisión preventiva. A pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional, incluidos los de los organismos de las Naciones Unidas, para que sean liberados, las autoridades hondureñas siguen haciendo caso omiso del Estado de derecho y los mantienen retenidos desde hace dos años", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

  El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

  El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente.

  "La continua detención de los defensores de los derechos humanos de Guapinol viola los derechos humanos regionales e internacionales de Honduras y expone a los defensores a graves riesgos de salud en el contexto de una pandemia mundial", continuó David.

  Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y pide su liberación.

  CIVICUS hace un llamamiento al gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

  Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor

• Honduras: 100+ orgs call for access to justice & measures of non-repitition

  Honduras: One month after the murder of two defenders of the Guapinol and San Pedro Rivers, CIVICUS joins human rights organisations calling for compliance with international obligations to guarantee access to justice and measures of non-repetition

• Honduras: After two years in pre-trial detention, release arbitrarily detained Guapinol human rights defenders

  🇭🇳#Honduras: Today marks 2 years since the pre-trial detention of the #GuapinolWaterDefenders for defending their land, water & environment.
  
  In this statement, we call on the government to immediately release them: https://t.co/5R8A2EDFG5#StandAsMyWitness pic.twitter.com/IwzH1F7ITd

  — CIVICUS (@CIVICUSalliance) September 1, 2021

  • Today marks exactly two years since Guapinol human rights defenders were jailed
  • Human rights defenders featured in CIVICUS’s Stand As My Witness Campaign
  • United Nations declared their detention is arbitrary and calls for their release
  • Detention unlawfully extended for further six months in August
  • Honduras one of the most dangerous places for environmental rights defenders

  For two years, eight members of the Committee for the Defence of Common and Public Assets (CMDBCP) have been held in pre-trial detention in Honduras for defending protected water sources and natural resources of communities in danger of mining related contamination. The Guapinol human rights defenders have been advocating against the Guapinol mining project in Tocoa, in the department of Colón in Honduras. They were initially detained on 1 September 2019, and are being kept arbitrarily in pre-trial detention without any legal basis.

  The eight defenders are Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán and Jeremías Martínez. They were initially arrested on 26 August 2019, while protesting against the mining activities of the Honduras company Inversiones Los Pinares (ILP), which threatens the safety and livelihood of thousands of people in communities in the department of Colón. ILP was granted mining concessions by the state of Honduras in 2014 and its ongoing mining projects have contaminated water sources. Projects are being implemented without adequate consultations with communities affected.

  “There is absolutely no basis for Honduras to detain the eight human rights defenders and to continue to keep them in pre-trial detention. Despite numerous calls from the international community, including from United Nations bodies for their release, the Honduran authorities continue to disregard the rule of law and have held them for two years now,” said David Kode, Advocacy and Campaigns Lead, CIVICUS.

  The CMDBCP was set up primarily to raise awareness about the impact of the Guapinol project mining activities and to advocate against the actions of mining communities on behalf of the people affected. More than 32 members of CMDBCP have been subjected to judicial persecution and arbitrary detention, 6 have been killed and many more face threats and intimidation. These restrictions are symptomatic of the violence and human rights violations which target environmental and land rights activists, which makes Honduras one of the most dangerous countries for activists working on climate justice and environmental rights in the world.

  On 9 February 2021, the United Nations Working Group on Arbitrary Detentions established that the deprivation of the liberty of the Guapinol human rights defenders is arbitrary and called on Honduras to release them immediately.

  “The continuous detention of the Guapinol human rights defenders violates Honduras’ regional and international human rights violations and exposes the defenders to severe health risks in the context of a global pandemic,” David continued.

  The Guapinol human rights defenders are part of the CIVICUS #StandAsMyWitness campaign - a global campaign that advocates for the rights of human rights defenders and calls for their release.

  CIVICUS calls on the Honduras government to respect the rule of law and immediately release the Guapinol human rights defenders and hold those responsible for human rights violations accountable.

  For more information on civic space violations, visit the Honduras country page on the CIVICUS Monitor

• Honduras: Comienza el juicio a los defensores de Guapinol mientras el Estado sigue ignorando las peticiones de liberación
  • El juicio de los defensores de los derechos humanos de Guapinol comienza hoy, 1 de diciembre, tras dos años de detención ilegal.
  • Forman parte de la campaña Stand As My Witness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS.
  • La Organización de Naciones Unidas ha declarado que su detención es arbitraria y exige su liberación.
  • Honduras ha sido nombrada recientemente por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
  • Honduras es uno de los lugares más peligrosos para las personas que defienden los derechos medioambientales.

  Tras más de dos años en prisión preventiva, ocho miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) van a ser juzgados este 1 de diciembre de 2021 en Honduras por defender las fuentes de agua protegidas y los recursos naturales de las comunidades en peligro de contaminación relacionada con la minería. Los defensores de los derechos humanos de Guapinol han estado luchando contra el proyecto minero de Guapinol en Tocoa, en el departamento de Colón, Honduras. Fueron detenidos el 1 de septiembre de 2019 y se les mantiene arbitrariamente en prisión preventiva sin ninguna base legal.

  Los ocho defensores son Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, Orbin Nahuan Hernández, Arnol Javier Alemán y Jeremías Martínez. Fueron detenidos inicialmente el 26 de agosto de 2019, mientras protestaban contra las actividades mineras de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares (ILP), que amenazan la seguridad y el sustento de miles de personas en comunidades del departamento de Colón. El Estado de Honduras otorgó a ILP concesiones mineras en 2014 y sus proyectos mineros en curso han contaminado las fuentes de agua. Los proyectos se están llevando a cabo sin consultar adecuadamente a las comunidades afectadas.

  " Las autoridades hondureñas siguen adelante con el juicio, a pesar de que grupos de la sociedad civil de Honduras y miembros de la comunidad internacional han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la prolongada detención y la persecución judicial de los ocho defensores de los derechos humanos. El proceso judicial ha sido irregular hasta ahora, y los defensores de los derechos humanos deben ser puestos en libertad inmediatamente", ha declarado David Kode, director de Trabajo de Incidencia y Campañas de CIVICUS.

  El CMDBCP se creó principalmente para concienciar sobre el impacto de las actividades mineras del proyecto Guapinol y para defender las acciones de las comunidades mineras en nombre de las personas afectadas. Más de 32 miembros del CMDBCP han sido objeto de persecución judicial y detención arbitraria, 6 han sido asesinados y muchos más se enfrentan a amenazas e intimidaciones. Estas restricciones son sintomáticas de la violencia y las violaciones de los derechos humanos que tienen como objetivo a las y los activistas medioambientales y del derecho a la tierra, lo que convierte a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes trabajan por la justicia climática y los derechos medioambientales.

  El 9 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias estableció que la privación de libertad de los defensores de los derechos humanos de Guapinol es arbitraria y pidió a Honduras que los liberara inmediatamente. En octubre de 2021, Honduras fue nombrada por primera vez miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

  " Honduras sigue ignorando las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y transmite un mensaje contradictorio sobre sus compromisos en materia de derechos humanos como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU", continuó David.

  Los defensores de los derechos humanos de Guapinol forman parte de la campaña #StandAsMyWitness (Conviértete en mi testigo) de CIVICUS, una campaña mundial que reivindica los derechos de las personas que defienden los derechos humanos y lucha por su liberación.

  CIVICUS hace un llamamiento al nuevo gobierno de Honduras para que respete el Estado de derecho, libere inmediatamente a los defensores de Guapinol y haga rendir cuentas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

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  Para obtener más información sobre las vulneraciones del espacio cívico, consulta la página del país de Honduras en el CIVICUS Monitor.

• Honduras: Deliver Justice for Juan López

  
  September 18, 2024

  CIVICUS mourns the assassination of environmental defender and community leader Juan López, of the Municipal Committee of Common and Public Goods of Tocoa (CMDBCPT). We stand in solidarity with his family, colleagues and community, and condemn his brutal murder.

  Honduras is one of the most lethal countries in the world for those who defend land and environmental rights of communities against extractive projects. Bajo Aguán is one of the worst affected. At least four defenders linked to the struggle for the preservation of Guapinol River, upon which communities depend, have been murdered. Oscar Oquelí, Aly Domínguez and Jairo Bonilla were killed in 2023.

  The latest victim Juan López was gunned down despite calls to ensure his safety. Along with 29 other activists, he had been granted protection by the Inter-American Commission on Human Rights under resolution MC No.137-23, to safeguard their lives.

  The crisis in Bajo Aguán is part of a protracted territorial conflict. Private companies and criminal groups continue to exploit natural resources, act with impunity and endanger the lives of local communities. The murder of Juan López is symptomatic of the alarming violence and impunity in Honduras. Time and again the government has failed to protect human rights defenders in the country.

  The community of Guapinol and other communities in Tocoa continue to face intimidation and criminalisation for peacefully questioning the legality of a mining project in the Carlos Escaleras National Park. Lawyers and civil society supporting the activists are also being harassed.  

  We therefore urge the government of Honduras to:

  - Impartially and promptly investigate the assassination of Juan López, in consultation with CMDBCPT members.

  - Ensure that those responsible for the crime are brought to justice. Reparations must be provided for the victims.

  - Urgently take required action to protect the rights to life and personal integrity of Juan López relatives, members of the Municipal Committee of Common and Public Goods of Tocoa (Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa) and legal professionals of the Justice for the Peoples Law Firm (Bufete Justicia para los Pueblos). This is particularly urgent for the beneficiaries of the protective measures (MC No. 137-23) and their families.

  -Take steps to prevent the occurrence of reprisals against environmental and human rights defenders, as well as the witnesses of this crime. The investigative capacities of law enforcement agencies and the ability of courts to ensure justice without delay to victims must be strengthened.

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  Civic space in Honduras is rated 'repressed' by the CIVICUS Monitor.

• Honduras: Exigimos justicia por el asesinato de Juan López

  
  
  Desde CIVICUS condenamos el brutal asesinato del defensor del medio ambiente y líder comunitario Juan López, del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT). Expresamos toda nuestra solidaridad con su familia y su comunidad.

  Honduras es uno de los países más letales del mundo para quienes defienden el derecho a la tierra y el medio ambiente frente a proyectos extractivistas. La situación en el Bajo Aguán es grave, al menos cuatro defensores vinculados a la lucha por la preservación del río Guapinol han sido asesinado. Oscar Oquelí, Aly Domínguez y Jairo Bonilla fueron asesinados en 2023. La última víctima, Juan López, fue abatido a tiros a pesar de los llamamientos para garantizar su seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había concedido protección, junto con otros 29 activistas, en virtud de la resolución MC nº 137-23, destinada a salvaguardar sus vidas.

  La crisis en el Bajo Aguán es parte de un conflicto territorial prolongado, donde empresas privadas y grupos criminales siguen aprovechándose de los recursos naturales, actuando con impunidad y poniendo en peligro la vida de las comunidades locales. El asesinato de Juan López expone la alarmante situación de violencia, impunidad y omisión estatal en Honduras, respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos.

  🕯️Hoy se cumplen 10 días tras el asesinato de Juan López, defensor ambientalista de @guapinolre y regidor de Tocoa.
  Exigimos justicia para él y para todas las víctimas de la lucha por los derechos ambientales en #Honduras.#JusticiaParaJuanLopez pic.twitter.com/JpmuWjZHg8

  — CIVICUS Español (@CIVICUSespanol) September 24, 2024

  En este contexto, la comunidad de Guapinol y otras comunidades de Tocoa continúan enfrentándo se a amenazas y a actos de intimidación y criminalización por cuestionar pacíficamente la legalidad de un proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Del mismo modo, el equipo de abogados y la sociedad civil que apoyan a los activistas también sufren acoso.

  Por ello, exigimos al Estado de Honduras que:

  • Investigue de manera imparcial, efectiva y con prontitud el asesinato de Juan López en coordinación con el CMDBCPT, así como garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Debe proporcionarse reparación a las víctimas.
  • Establezca de manera urgente las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal de la familia de Juan López, de los miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, así como de los profesionales jurídicos del Bufete Justicia para los Pueblos. Esto es de urgencia para los beneficiarios de las medidas cautelares (MC nº 137-23) y sus familias.
  • Tome medidas para evitar que se produzcan represalias contra las personas defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos y las personas testigos de este crimen.
  • Deben reforzarse los medios de investigación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las competencias de los tribunales para garantizar justicia sin demora a las víctimas.

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  El espacio cívico en Honduras está calificado como 'represivo' por el CIVICUS Monitor.

• Honduras: Trial of Guapinol defenders begins as state continues to ignore calls for their release
  • The trial of the Guapinol human rights defenders begins on 1 December, after 2 years of unlawful detention.
  • Human rights defenders featured in CIVICUS's #StandAsMy Witness Campaign.
  • United Nations declared their detention is arbitrary and called for their release.
  • Honduras was recently elected to the UN Human Rights Council for the first time.
  • Honduras is one of the most dangerous places for environmental rights defenders.