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• ASIA: ‘Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado’

  CIVICUS conversa con Gam Shimray, Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (Asian Indigenous Peoples Pact, AIPP) sobre la situación de los grupos Indígenas en Asia durante la pandemia del COVID-19. AIPP es una federación regional de movimientos de pueblos Indígenas de Asia que trabaja para promover y defender los derechos humanos de los pueblos Indígenas, incluyendo derechos territoriales y culturales. Debido a su posición de subordinación y a su distancia respecto de la cultura y la política convencionales, lospueblos Indígenas padecen graves violaciones de derechos humanos, racismo sistémico, discriminación y exclusión. Como resultado de la constante negación de sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, muchas comunidades Indígenas se cuentan entre los grupos más vulnerables y desfavorecidos.

   

  ¿Qué nos puedes contar acerca del trabajo de AIPP?

  El trabajo de AIPP se guía por nuestra creencia en los derechos humanos universales y el derecho inherente a la autodeterminación de todos los pueblos, incluidos los pueblos Indígenas. Los derechos a la autodeterminación y el autogobierno son una necesidad social para lograr una continuidad de los procesos sociales el autodesarrollo Indígena.

  Mientras que nuestro trabajo de incidencia se centra principalmente en los niveles regional y global, a través de nuestros miembros y redes establecemos conexiones con procesos a nivel país. AIPP consolida una posición común de las organizaciones Indígenas para la incidencia global y regional. Para ello, nos enfocamos en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, consolidando los movimientos Indígenas y programando una agenda común para campañas y actividades de incidencia colectivas a nivel nacional.

  AIPP también trabaja en la construcción de liderazgos y promueve un liderazgo distribuido a lo largo de Asia, incluyendo a mujeres, jóvenes y personas con discapacidades.

  ¿Cuál era la situación de los pueblos Indígenas en Asia antes de la pandemia del COVID-19?

  Antes de la pandemia causada por el COVID-19 la situación política en Asia se había ido deteriorando, particularmente en los últimos años. En muchos países asiáticos hemos experimentado ataques crecientes contra la sociedad civil y la restricción del espacio democrático necesario para el debate y la formación de la opinión pública. Algunos intelectuales atribuyeron esta tendencia a la existencia de liderazgos políticos cada vez más apartados de la democracia y los derechos humanos.

  Las transiciones de regímenes autoritarios hacia la democracia que algunos países han experimentado en las últimas décadas, como Filipinas en los años ‘80, Indonesia a finales de los ‘90 y Nepal a comienzos de los 2000, no han culminado. Otros países, como China, Laos y Vietnam, tienen sistemas de partido único de jure, mientras que Camboya tiene uno de facto. En Myanmar, los militares todavía controlan el gobierno, mientras que la tradición tailandesa de gran tolerancia todavía no ha producido un Estado democrático moderno y estable. A su vez, el ascenso del populismo constituye una seria amenaza para estas democracias. En India, la democracia más grande del mundo y probablemente una de las más fuertes en la región, bajo el gobierno populista del Primer Ministro Narendra Modi estamos viendo continuos ataques contra toda institución autónoma, desde la justicia hasta el banco central y la prensa independiente.

  El resultado es que, en los últimos años, la mayoría de los defensores de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas han sido Indígenas. Ellas han perdido sus vidas defendiendo sus derechos, hogares, tierras, territorios y recursos.

  Estos problemas también evidencian la existencia de problemas subyacentes más profundos, referidos a la insuficiente capacidad política e institucional para abordar eficientemente los desafíos que presentan la democracia y los derechos humanos en los países asiáticos. Enfrentamos cuestiones morales y políticas que requieren una evaluación seria de la erosión de los estándares y prácticas de derechos humanos y el debilitamiento de la capacidad política e institucional para responder a los desafíos sociales y políticos del presente. La experiencia de sufrimiento de las personas más pobres durante la pandemia del COVID-19 es evidencia de ello.

  ¿Qué desafíos han enfrentado los grupos y activistas Indígenas durante la pandemia?

  Los problemas y desafíos varían según las diferentes situaciones de los países. Aún así, uno de los principales desafíos se relaciona con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de Asia impusieron cuarentenas en sus países sin mucha preparación, lo cual desencadenó el caos. La situación fue abrumadora y no pudimos responder a las necesidades de activistas, comunidades y trabajadores migrantes.

  Las personas refugiadas, trabajadoras migrantes y apátridas fueron las que más sufrieron. Las que carecían de documentos identidad tuvieron problemas para demostrar su ciudadanía, lo cual debían hacer para recibir ayuda gubernamental. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas carecen de la documentación necesaria y también abundan los errores de registro, y quienes no figuran en el registro nacional no pueden recibir un documento de identidad.

  Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado. Esta situación ha sido peor en India, donde gente del noreste del país fue expulsada de sus hoteles o de las casas que alquilaban, no podían comprar comida, ir a los mercados o usar transporte público. Hubo gente que les escupió y se les detenía sin ningún tipo de explicación. Muchas de estas personas, entre ellas mujeres, fueron golpeadas sin ninguna razón, por lo que mucha gente en ciudades de toda India vive en un estado de temor permanente.

  En algunos países, los gobiernos están aprovechando la situación actual como excusa para emprender campañas militares, acaparar tierras, autorizar grandes proyectos de infraestructura, denegar derechos y debilitar regulaciones y protecciones medioambientales. Muchos activistas y miembros de las comunidades en países como Bangladesh, India, Filipinas y Myanmar fueron asesinados o encarcelados a raíz de acusaciones inventadas. La policía y las fuerzas de seguridad también han impedido que los líderes de las comunidades realizaran tareas de emergencia y ayudaran a comunidades en emergencia alimentaria.

  Estos incidentes son graves y hay muy poco que podamos hacer al respecto, ya que la gente no puede salir a protestar o hacer campaña, y apenas pueden tener acceso a la justicia. En India están permitidas las peticiones electrónicas y los tribunales siguen atendiendo los temas más urgentes mediante videoconferencia, pero muchas comunidades no están familiarizadas con procesos tan complicados y tampoco tienen acceso adecuado a internet.

  ¿Como han respondido ante esta situación AIPP y otras organizaciones de derechos Indígenas?

  Lo primero que hicimos fue comunicarnos con nuestros miembros y redes para juntar información de las bases. También les respondimos a quienes se comunicaron con nosotros en busca de ayuda y apoyo. Nuestra primera acción fue proveer o movilizar asistencia, y en particular alimentos para las personas en situación crítica en diferentes áreas, por intermedio de nuestros miembros. Nuestra ayuda también se concentró en compartir información relativa a las comunidades Indígenas. Esto ha sido necesario porque los niveles de desinformación han sido abrumadores, y han desencadenado reacciones impulsadas por el pánico. Hemos compartido con las comunidades solicitudes y llamamientos solidarios para impulsar respuestas humanitarias y difundir buenas prácticas que las comunidades pueden implementar.

  La situación es complicada porque no se trata solamente de responder a la pandemia. Las comunidades indígenas padecen de muchos problemas subyacentes. Lo mínimo que podíamos hacer era dejar constancia de nuestra protesta y llevar a cabo campañas a través de medios digitales.

  La pandemia del COVID-19 ha desenmascarado muchos problemas y nos plantea nuevos desafíos. Por lo tanto, estamos evaluando y haciendo esfuerzos para dar pasos adicionales para afrontar el impacto de la pandemia en el largo plazo. Con respecto a esto, también hemos formado una alianza regional en respuesta al COVID-19, que se encuentra en proceso de expansión. Pronto tendremos listo nuestro informe preliminar de evaluación regional, que nos va a ayudar a planificar mejor. Ya sabemos que el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades va a ser crucial en el proceso de adaptación a lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.

  ¿Qué otros apoyos necesitarían los grupos Indígenas en este momento?

  El apoyo que las comunidades Indígenas necesitan es enorme, porque los impactos se seguirán sintiendo en el largo plazo. Pero algunas de las necesidades principales son las siguientes.

  En primer lugar, necesitamos establecer grupos locales de respuesta rápida a la pandemia con fondos asignados y con un equipo de funcionarios designados para coordinar con autoridades provinciales o estaduales y organizaciones de la sociedad civil para monitorear la situación en las comunidades Indígenas y proveerles el apoyo que necesiten. El equipo de respuesta también debe coordinar con las autoridades correspondientes para atender las necesidades especiales de las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades en las comunidades Indígenas.

  En segundo lugar, necesitamos asegurar que las autoridades locales y provinciales reciban pautas e instrucciones apropiadas en relación con las medidas que deben tomarse para que los pueblos Indígenas puedan afrontar el COVID-19 y cumplir la cuarentena.

  El tercer lugar, es crucial crear conciencia y asegurar el acceso a los servicios de salud. Por eso es importante preparar materiales informativos en formatos amigables para las comunidades, que expliquen con claridad la naturaleza de la enfermedad, las medidas de cuarentena y contención y las pruebas virales, de modo de derribar los mitos acerca del virus. Se necesita coordinación entre los trabajadores del departamento de salud y los sanadores tradicionales para garantizar que los sistemas de conocimiento Indígenas estén integrados en los mecanismos de respuesta. Se deberían fomentar estrategias de cuarentena localizadas y separadas que promuevan un ambiente natural y de participación de la comunidad. También se pueden preparar centros de atención para casos de COVID-19 manejadas por sanadores y enfermeros de las comunidades.

  En áreas remotas se deberían desplegar unidades móviles de salud que incluyan a sanadores tradicionales y trabajadores de la salud. Se debería prestar particular atención a aquellas áreas donde hay más trabajadores migrantes que han retornado a sus hogares. También se debería facilitar el acceso al testeo y proveer instalaciones para que estas personas puedan hacer la cuarentena. También se debería proveer acceso a servicios de salud en caso de emergencia, incluido el transporte. El acceso al agua para limpiar y beber es otra necesidad crítica que se debería asegurar.

  Asegurar la seguridad alimentaria, el nivel de ingresos y el sustento económico también es crucial dados los niveles de desnutrición que existen en muchas regiones Indígenas. Por lo menos en los próximos seis meses va a ser sumamente necesario distribuir en forma gratuita raciones alimenticias para todas las personas, independientemente de si tienen cédula de identidad o son clasificadas como migrantes.

  Por último, es urgente fortalecer los medios de subsistencia basados en la producción forestal no maderable (PFNM) mediante la creación de mecanismos institucionales efectivos de recolección, almacenamiento, adquisición y venta. En Asia hay una alta dependencia de la PFNM. Se debería proveer apoyo financiero y logístico a las comunidades para que puedan generar una fuente de ingreso sustentable. Las comunidades que viven en áreas protegidas deben tener acceso a los bosques por motivos de subsistencia.

  ¿Que lecciones han aprendido sobre la situación de los pueblos Indígenas durante la pandemia?

  Durante la pandemia la situación ha sido abrumadora, y las medias impuestas por los gobiernos han desencadenado actos de violencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Centenares de personas pobres han muerto de hambre, y las que se aventuraron a salir por efecto de la desesperación han sido atacadas brutalmente por la policía.

  El impacto potencial parecía bastante sombrío y si no hubiésemos puesto nuestra confianza en la gente y en las comunidades, nuestros esfuerzos no hubiesen sido muy exitosos. Los servicios de asistencia en emergencia debían ser eficientes y la clave de nuestro éxito en países como Malasia o Tailandia ha sido depositar nuestra confianza en el trabajo de los voluntarios de las comunidades. Todos los recursos que fue posible generar les fueron transferidos a ellos y ellos reportaron las acciones y actividades que llevaban a cabo por teléfono o por otros medios que tuvieran a disposición.

  Además, por lo que pudimos ver, muchas comunidades respondieron muy bien a la situación iniciando cuarentenas en los pueblos, regulando las visitas, poniendo a los retornados en cuarentena o implementando medidas de distanciamiento social aun con poca información o sin los recursos apropiados. También hubo miedo, pero las comunidades lo fueron superando y fueron mejorando sus respuestas. Las comunidades no solo recibieron asistencia de nuestra parte o de otras fuentes: algunas de ellas también aportaron alimentos para otras comunidades más necesitadas. La mayoría de estas comunidades han trabajado con nosotros en el pasado y han podido gestionar exitosamente sus sistemas de producción alimentaria y sus recursos naturales. No estaban preocupadas por escasez de alimentos; por el contrario, sus líderes aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia de la importancia de mejorar la producción local y el manejo sustentable de los recursos. Personalmente, esto ha sido inspirador.

  También nos hemos sentido inspirados por comunidades que se organizaron y usaron prácticas curativas y medicinas locales para mejorar la inmunidad y la resistencia a la enfermedad o establecieron sistemas de intercambio de alimentos con poca o casi nada de ayuda de parte del Estado, cuando los programas estatales no funcionaban o no llegaban a tiempo. Lo que es más importante, esto demostró que la devolución de atribuciones y el empoderamiento de las comunidades pueden ser más efectivos a la hora de afrontar una crisis si se entrega a las instituciones locales autónomas los recursos y el apoyo necesarios.

  Las respuestas espontáneas de las comunidades se fueron dando de forma casi natural porque se trata de comunidades que históricamente se han autogobernado. De aquí en adelante, si confía en la gente y empodera a las comunidades el Estado podrá lidiar de forma más eficiente con cualquier crisis de salud pública y con sus impactos en el largo plazo.

  Contáctese con el Pacto de Pueblos Indígenas de Asia a través de susitio web o de su perfil deFacebook, y siga a@aippneten Twitter.

• BIODIVERSIDAD: “Los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo”

  CIVICUS conversa con Gadir Lavadenz, coordinador global de la Alianza de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Alianza de la CDB), sobre el proceso en curso para redactar un Marco Global de la Biodiversidad post-2020 con la plena participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en general.

  La Alianza de la CDB es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con un interés común en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Trabaja para aumentar la comprensión pública de las cuestiones que aborda, mejorar la cooperación entre las organizaciones que desean tener una influencia positiva en la CDB y saldar la brecha entre quienes participan en las sesiones de la CDB y quienes trabajan por la biodiversidad en el terreno, respetando la independencia y la autonomía de los pueblos indígenas, un actor clave.

  ¿Qué es la Alianza de la CDB, qué hace y cómo se desarrolló?

  Los orígenes de la Alianza de la CDB, hace unas dos décadas, fueron orgánicos: surgió de forma natural cuando los participantes en el proceso de la CDB reconocieron la necesidad de actuar juntos y amplificar las voces de la sociedad civil en las negociaciones. Desde el principio, el rol de la Alianza de la CDB no fue hablar en nombre de la gente, sino apoyar de la mejor manera posible todos los esfuerzos de incidencia que se realizaban de forma autónoma.

  A pesar de nuestras limitaciones, tenemos muy claro que los grupos menos privilegiados necesitan un apoyo específico. Además, aunque nuestra red es diversa, respetamos el rol y mantenemos una coordinación fluida con los demás grupos importantes que participan en el proceso, en particular el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), la Red Mundial de Jóvenes sobre Biodiversidad y el Cónclave de Mujeres.

  La Alianza de la CDB es una comunidad amplia: incluye tanto a los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) como a las OSC que les dan apoyo. Respetamos plenamente las estructuras de gobierno y los procesos de toma de decisiones de cada uno de estos grupos. Mantenemos una comunicación y una coordinación fluidas con el FIIB, que representa al mayor grupo de pueblos y comunidades indígenas comprometidos con la CDB. Apoyamos sus declaraciones durante las reuniones oficiales, apoyamos la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las reuniones internacionales siempre que resulta posible y amplificamos todas sus publicaciones y campañas.

  ¿Por qué es necesario un nuevo Marco Global de la Biodiversidad?

  Históricamente, la aplicación de la CDB se ha centrado en su primer objetivo, la conservación de la diversidad biológica, y se ha prestado relativamente poca atención a su segundo y tercer objetivos, que son la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Esta es una de las razones por las cuales la CDB no ha podido obtener los resultados esperados. En la última década, la falta de voluntad política de las partes de la CDB condujo al fracaso en la consecución de los objetivos de Aichi, y existe abundante literatura que demuestra que la destrucción de la biodiversidad sigue ocurriendo a un ritmo galopante.

  Un nuevo marco debería ser una oportunidad única para corregir los errores del pasado. La CDB abarca un amplio abanico de temas, pero no ha conseguido abordar las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, y su excesiva atención a objetivos como el de las áreas protegidas, centrado en la cantidad y no en la calidad, ha ocultado enormes incoherencias en nuestro abordaje de la pérdida de biodiversidad.

  Por ejemplo, el Forest Peoples Programme, miembro de la Alianza de la CDB, reportó que el financiamiento global para la biodiversidad ha aumentado significativamente en la última década, y se calcula que actualmente oscila entre 78.000 y 147.000 millones de dólares al año. Sin embargo, se ve superado ampliemante por las subvenciones públicas y los flujos financieros que impulsan la pérdida de biodiversidad, estimados en entre 500.000 millones de dólares y varios billones de dólares al año.

  Además, aunque la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales es ampliamente reconocida como de vital importancia para la protección de la biodiversidad, a menudo se ven afectados negativamente por el financiamiento para la biodiversidad y sus esfuerzos reciben pocos apoyos directos.

  Otro miembro de la Alianza de la CDB, la Red del Tercer Mundo, informó que en 2019, 50 de los bancos más grandes del mundo respaldaron con más de 2,6 billones de dólares en industrias reconocidas como causantes de pérdida de biodiversidad. Un estudio reciente llegó a la conclusión de que “el sector financiero está financiando la crisis de extinción masiva, al tiempo que socava los derechos humanos y la soberanía indígena”.

  Según la Coalición Mundial por los Bosques, también integrante de la Alianza de la CDB, el financiamiento del clima y la generación de energía renovable subsidiada son una forma de subvención directa que a menudo perjudica a los bosques y no reduce las emisiones. El ejemplo más destacado de ello es el de la central eléctrica de Drax, en el Reino Unido, que recibe dos millones de libras esterlinas (unos 2,8 millones de dólares) al día para producir electricidad altamente contaminante a partir de madera talada de bosques de humedales de gran biodiversidad en el sureste de Estados Unidos, entre otros lugares. Otros ejemplos son el subsidio del Fondo Mundial para el Medio Ambiente a las empresas siderúrgicas para que produzcan carbón vegetal a partir de plantaciones de eucalipto en Brasil, y las numerosas subvenciones a nivel nacional y de la Unión Europea que recibe la industria de la pulpa y el papel en Portugal.

  Recientemente, en un acto organizado por el Secretariado de la CDB, varios de los llamados líderes globales prometieron grandes cantidades de dinero para la biodiversidad. Sin embargo, los países del norte global han incumplido sus compromisos internacionales en relación con fondos nuevos y adicionales. Lo que prometen para la naturaleza está mezclado con todo tipo de planes que no abordan las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad. Y las cantidades prometidas para proteger la biodiversidad se ven claramente superadas por todo el dinero que se invierte en su destrucción.

  Además de estas preocupantes contradicciones e incoherencias, los grupos poderosos y las naciones desarrolladas intentan constantemente y por todos los medios eludir sus responsabilidades. Consideramos que la presión para incorporar en la CDB términos tales como “soluciones basadas en la naturaleza” no es más que otro truco de los grandes contaminadores para incumplir sus obligaciones y una nueva forma de “lavado verde” y de acaparamiento de tierras por parte de las empresas.

  ¿Por qué todo esto no sale en los medios de comunicación? Esto es lo que ocurre cuando los principales actores enfocan toda su atención en determinadas políticas y actividades, tales como el aumento de las áreas protegidas. Las áreas protegidas no son malas en sí, pero están lejos de ser una solución real, como lo es el cambio en nuestros patrones de producción y consumo. La narrativa en torno de la CDB debe reorientarse hacia las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, que son más estructurales y están relacionadas con la justicia y la equidad. Del mismo modo en que el cambio climático ya no es considerado un problema puramente medioambiental, tenemos que entender al panorama general de destrucción de la biodiversidad en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los campesinos, las mujeres, las generaciones futuras y la propia naturaleza. Hay que acabar con la mercantilización de la naturaleza, ya que la naturaleza no nos pertenece ni a nosotros ni a unos pocos privilegiados entre nosotros. La naturaleza no necesita esquemas extravagantes ni mucho dinero para prosperar, necesita que dejemos de destruirla. Esta narrativa debería hacer que todos deseáramos y trabajáramos realmente por un profundo cambio individual y colectivo.

  ¿Qué cambios debería aportar el Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

  La CDB es un acuerdo jurídicamente vinculante y, si se implementa plenamente, tiene un gran potencial. El Marco Global de la Biodiversidad post-2020 debería ser el instrumento para hacer cumplir las obligaciones legales de las partes de la CDB mediante mecanismos de rendición de cuentas que sancionen toda inacción. También es una oportunidad para adoptar un enfoque basado en los derechos que sitúe en el centro del debate a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres y los campesinos, así como a los derechos de la naturaleza, conectando a la CDB con el andamiaje internacional de los derechos humanos. 

  Varios informes han demostrado que se han cometido violaciones de derechos humanos en aras de la promoción de las áreas protegidas. Aunque abordar la crisis de la biodiversidad y el cambio climático es posible e inevitable, diversos intereses presionan para que esta conexión se centre en las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, que no son sino una tapadera para esquemas como las compensaciones, que no benefician a la naturaleza sino al statu quo y no aportan soluciones reales a nuestros problemas estructurales.

  Otro gran desafío radica en el hecho de que la implementación de las normas medioambientales suele estar en manos de los ministerios de medio ambiente, que suelen ser completamente impotentes en comparación con otros que son los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad. Con el nuevo Marco Global de la Biodiversidad esto tiene que cambiar.

  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad se ha pospuesto dos veces debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué desafíos ha provocado esta situación?

  El primer desafío que enfrentamos fue que los países del norte global presionaron fuertemente para continuar con las negociaciones a través de medios virtuales, sin tener en cuenta las diversas dificultades experimentadas no solamente por sus pares del sur global sino también por la sociedad civil. La Alianza de la CDB expresó en varias ocasiones su preocupación por las desigualdades e injusticias de las negociaciones virtuales y apoyó la propuesta de las partes del sur global de posponer las negociaciones. Recién cuando los Estados africanos y algunos latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por esta situación, las naciones ricas dieron marcha atrás. Se mantuvieron las reuniones en línea para que las conversaciones pudieran continuar, pero se estableció que las decisiones solo se adoptarían en reuniones presenciales.

  ¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor el trabajo que están realizando en torno del Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

  Algunos de nuestros objetivos son garantizar que el Marco Mundial de la Diversidad post-2020 se centre en una sólida declaración de principios tales como los de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR); un mecanismo para lidiar con los incumplimientos, que incluya sanciones y esté bien integrado con el principio de CBDR; un objetivo centrado en las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente y en las mujeres, ya que ellas son quienes están defendiendo la biodiversidad en el mundo real; y un objetivo sobre la prohibición de grandes alteraciones de la naturaleza.

  Una vez aprobado el Marco, nuestra misión será coordinarnos con las regiones, redes y organizaciones que tienen una conexión directa con quienes trabajan en el terreno y en las primeras líneas. Esta coordinación deberá incluir una difusión masiva e intensa del Marco, pero centrándose en cómo puede empoderar a la gente en sus resistencias, luchas y proyectos.

  Aunque enfrenten obligaciones jurídicamente vinculantes, los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo. Dicha presión no puede producirse en ausencia de empoderamiento e información acerca de las decisiones adoptadas a nivel internacional.

  Póngase en contacto con la Alianza de la CDB a través de susitio web, su página deFacebook y su cuenta deTwitter. 

• BOLIVIA: “Para ejercer nuestros derechos, los pueblos indígenas no necesitamos el permiso de nadie”

  CIVICUS conversa acerca de las luchas de los pueblos indígenas de Bolivia con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).

  CONTIOCAP surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

  

  ¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Bolivia en la lucha por sus derechos territoriales?

  El desafío más grande para los pueblos indígenas es el propio gobierno boliviano, que se ha convertido en el principal órgano y fuente de violación de derechos, ya que no garantiza el cumplimiento de la Constitución ni protege los derechos de sus ciudadanos, y particularmente los de los pueblos indígenas. Somos seres humanos de tercera categoría, sin derechos, a los que se sacrifica.

  Las organizaciones que nos representaban han sido sometidas políticamente y convertidas en cómplices y brazos operativos de la violación de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y campesinos. El aparato estatal está imponiendo todas las formas de extractivismo en nuestros territorios y áreas protegidas: minería, agroindustria y exploración y explotación de hidrocarburos.

  El derecho a la consulta libre, previa e informada está siendo manipulado y convertido en un simple trámite administrativo de elaboración de actas y firma de planillas en el que participan grupos afines al gobierno, que éste identifica como interlocutores válidos aunque no se trata de los verdaderos afectados por los proyectos en cuestión.

  Otro desafío que tenemos los pueblos indígenas es entender que nos han colonizado mentalmente con ofertas de una gran riqueza que nunca llega. Debemos entender que la riqueza que se genera en nuestros territorios se la llevan los de afuera y sus entornos corruptos. Tras la fachada de la interculturalidad, el gobierno nos divide para disciplinarnos y ponernos al servicio de su interés político.

  Una vez que entendamos eso, el principal desafío será recuperar la unidad de nuestros pueblos indígenas originarios, recuperar nuestra memoria ancestral de libertad, hacer nuestra autocrítica y volcarnos a proyectar y construir el país que queremos ejerciendo los derechos que ya están reconocidos en la Constitución.

  La Constitución de Bolivia y los convenios y declaraciones internacionales son hasta el momento avances en el papel. La forma en que los administra el Estado boliviano los convierte en retrocesos abismales, brechas, murallas y barreras. A 13 años de su promulgación, el 7 de febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional sigue guardada en algún cajón de escritorio. En la última década y media, el Estado monocultural, centralista, autoritario, patriarcal, elitista, y clasista -que impone su política económica radicalmente extractivista y capitalista- es al arma más letal contra el pluralismo económico, cultural, social y de la justicia.

  Las violaciones de los derechos territoriales incluyen intimidación, acoso, hostigamiento, desacreditación, descalificación, judicialización y procesos legales para acallar a las personas defensoras de los territorios. Estos actos son ejecutados por las empresas petroleras y mineras, por la fuerza pública, por la justicia que está sometida al gobierno, e incluso por organizaciones indígenas afines al gobierno, que emiten resoluciones públicas para desconocernos y coartar nuestro derecho a defender derechos.

  ¿Cuáles son sus estrategias de movilización?

  Nuestra estrategia consiste en siempre mantener la integridad y la dignidad e insistir en ejercer los derechos amparados en la Constitución de Bolivia y en los convenios internacionales. Para ejercer nuestros derechos no necesitamos el permiso ni la aprobación de nadie, solo reconocernos como seres libres e independientes con plenos derechos. Eso es lo que venimos haciendo desde CONTIOCAP. Si el gobierno no cumple, hay que recordarle que el Estado es de todos, y que todos tenemos la obligación moral de cuestionar las malas prácticas de los gobiernos, debatir qué país queremos, y buscar las vías para que todos tengamos la oportunidad de crecer como seres humanos.

  Históricamente, hemos recurrido a largas marchas como forma extrema de movilización para llamar la atención y buscar justicia. Primero marchamos para lograr una Constitución que reconociera nuestros derechos como pueblos indígenas. Y en los últimos 13 años marchamos para reclamar que esos derechos se cumplieran.

  Nuestras marchas han sido ignoradas, invisibilizadas, aisladas, acosadas y reprimidas. Han sido acusadas de responder a intereses oportunistas y desacreditadas por poderosos actores económicos, políticos y gubernamentales.

  La marcha de 37 días que iniciaron los hermanos de tierras bajas en septiembre de 2021 no ha sido la excepción en ese sentido. Después de tanto sacrificio, tras dejar abandonados sus pueblos, sus casas, sus familias, sus animales, la respuesta que obtuvieron del gobierno fue insultante: mientras ellos esperaban una señal del gobierno, éste se reunió no con ellos sino con organizaciones sometidas a su interés. Fue un claro mensaje de que es el gobierno quien decide si somos ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.

  ¿Qué cambios legislativos reclaman?

  Entre las normas que van en contra de los pueblos indígenas está la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014, que atenta contra principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Otorga privilegios a los operadores mineros que quedan colocados por encima del principio de igualdad universal de los ciudadanos. Les otorga derechos de acceso al agua por encima de los de las comunidades locales. Vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la consulta previa, la cual es reducida a un trámite administrativo con plazos y procedimientos que atentan contra la consulta como derecho.

  También exigimos la derogación de la Ley 969 de 2017, que vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, del Decreto Supremo 2298 de 2015, que vulnera nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada en el sector hidrocarburífero, y del Decreto Supremo 2366 de 2015, que permite la exploración petrolera en áreas protegidas.

  Son muchas las normas que reclamaríamos se aprueben, pero en el actual contexto de control total de todos los poderes por el gobierno del Movimiento al Socialismo es peligroso plantear una agenda legislativa. En el mejor de los casos, el gobierno podría utilizarla para lavar su imagen, y en el peor, para impulsar sus propios intereses. Nosotros solo serviríamos para validar normas que podrían incluso ir en nuestra contra.

  Pero sí reclamamos una norma para garantizar la inclusión económica de las organizaciones comunitarias productivas y las familias productoras, la aprobación de la Ley de Restitución de Territorios Ancestrales, que fue presentada en 2019, y la modificación del artículo 10 de la Ley 073 sobre deslinde jurisdiccional. Exigimos que se le dé prioridad al cumplimiento efectivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y de otros acuerdos, convenciones, pactos y convenios internacionales.

  ¿Considera que sus luchas forman parte de un movimiento regional más amplio?

  La lucha para proteger al medio ambiente y a los territorios no es la lucha de un solo movimiento sino una lucha global por la defensa de la vida mediante la protección de nuestros territorios. Tampoco es producto de una inspiración repentina, sino de la conciencia de nuestro derecho y el de todas las formas de vida a existir en este mundo. Buscamos respeto como seres humanos que hemos cuidado el mundo para todos, incluso para quienes hoy lo destruyen.

  En ese orden, nuestras luchas son las mismas que llevan los pueblos indígenas en todo el mundo. De algún modo estamos conectados y articulados a nivel regional y global, aunque en los últimos dos años la pandemia de COVID-19 nos ha impedido realizar intercambios presenciales, mientras que los intercambios virtuales fueron obstaculizados por las limitaciones de acceso a las comunicaciones desde nuestros territorios. Sin embargo, ahora estamos retomando el intercambio de experiencias y la articulación.

  ¿Qué apoyos de la sociedad civil internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Bolivia?

  Pueden ayudarnos haciendo visibles nuestras luchas, dándolas a conocer para que podamos conectar con otras luchas de hermanos indígenas alrededor del mundo. Queremos que sepan que defendemos nuestros territorios en condiciones precarias y con nuestros propios recursos y sacrificando la economía de nuestras familias, más aún después de la pandemia. Y no lo hacemos solo para nosotros sino para todo ser que requiere oxígeno y agua para vivir. Necesitamos apoyo directo con pequeños fondos para acciones legales y otras acciones de emergencia. 

  Esperamos que nos ayuden a desenmascarar el doble discurso de los gobiernos bolivianos de los últimos 16 años, que en los espacios internacionales se han erigido en salvadores de los pueblos indígenas y defensores de la Madre Tierra. Eso está muy lejos de la verdad, son solo discursos que suenan bien desde afuera y que gustan a los organismos internacionales.

  Hay que desenmascarar la propaganda internacional sobre los gobiernos de izquierda. Para nosotros, los pueblos indígenas, todos los gobernantes de Bolivia -de la línea política que sean- han tenido los mismos planes contra los pueblos indígenas. Buscan relegarnos, postergarnos, dividirnos y enfrentarnos entre nosotros para perpetuarse en el poder.

  El espacio cívico en Bolivia es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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• CHILE: “La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale”

  CIVICUS conversa acerca del inminente referéndum constitucional de Chile con Julieta Suárez Cao, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de Política Comparada en la Universidad Católica de Chile. Julieta desempeñó un rol destacado en el diseño y la promoción de un sistema electoral innovador que aseguró un resultado paritario de género en las elecciones constituyentes chilenas de 2021, por lo cual recibió el Premio al Compromiso Público 2022 de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política.

  ¿Cuáles consideras que han sido los elementos más novedosos del proceso constituyente chileno?

  Un elemento novedoso ha sido la conformación de la Convención Constitucional. Si bien en otras partes del mundo ya había habido experiencias tales como tener escaños reservados para pueblos indígenas y permitir las candidaturas extrapartidarias, en Chile a estos dos elementos se le agregó la conformación paritaria de género. Esto ya había ocurrido en la ciudad de México, pero nunca se había hecho a nivel nacional.

  Otro elemento novedoso tiene que ver con es un cambio de constitución, no una simple reforma. Es un cambio profundo a partir de una hoja en blanco, sin ninguna clase de acuerdo que establezca los parámetros de lo que se puede cambiar y lo que no. Lo único establecido fueron tres procedimientos centrales: la regla de los dos tercios para la votación de las normas, el plebiscito de entrada (para habilitar la convocatoria a la Convención Constitucional) y el plebiscito de salida (para aprobar la nueva constitución).

  También cabe resaltar que es un cambio constitucional que se produce en democracia, y no en un momento de transición. Si bien es una respuesta a la crisis social y política que sufre Chile, no es una respuesta apresurada a una situación coyuntural, dado que la discusión constituyente viene de mucho antes del estallido social del 2019. La expresidenta Michelle Bachelet ya había intentado llevarla adelante durante su último mandato, de 2014 a 2018, pero no lo consiguió. La derecha, que gobernó con Sebastián Piñera en el período siguiente, advirtió que iba a “cajonear” todo proyecto de reforma constitucional, y así lo hizo – hasta que el estallido social la obligó a reevaluar su posición, ante la necesidad de encauzar las demandas sociales por una vía institucional, mediante un proceso constituyente.

  ¿Cómo se ha dividido el campo político frente al plebiscito del 5 de septiembre sobre la Constitución?

  Las líneas divisorias frente al plebiscito constitucional son muy interesantes. La Convención Constitucional fue extremadamente transparente, tal vez demasiado, porque para cierta literatura especializada la política a veces necesita de cierta opacidad. Esto, en cambio, fue como un reality show constitucional, un espectáculo que era transmitido todos los días, las 24 horas del día. Evidentemente, las noticias que llegaban a la prensa solían ser sobre temas intrascendentes e incluso ridículos, que no representaban lo que realmente estaba ocurriendo allí. Por ejemplo, una constituyente propuso una derogar todos los poderes estatales; por supuesto, esto ni siquiera salió de la comisión, pero sin embargo ocupó los titulares durante mucho tiempo. Estas cosas generaron un clima adverso a la Convención, que creo afectó mucho la campaña.

  Visto en perspectiva, fue un proceso muy dinámico que, en tan solo un año, logró generar el documento completo de una nueva constitución. El proceso fue bueno, aunque haya dejado un clima de opinión enfocado en debates absurdos que fueron magnificados por los medios.

  Este clima de opinión terminó delimitando dos campos. Por un lado, el campo del rechazo, donde no está solamente la derecha, sino también muchas figuras de centroizquierda, incluidos muchos actuales senadores y senadoras. Son figuras que se unen al rechazo por muchas razones, no solamente porque no están de acuerdo con muchas de las reformas propuestas.

  En suma, la coalición del rechazo va desde la ultraderecha –que en Chile no solamente tiene presencia, sino que hace menos de un año llegó a la segunda vuelta presidencial– a figuras ubicadas en el centro político. Pero fueron estas últimas las que se convirtieron en la cara visible de la campaña del rechazo a la constitución.

  Esto ha sido el resultado de una buena estrategia comunicacional consistente en delegar la vocería en figuras moderadas y esconder a las extremistas. Casi no han hecho marchas ni actos públicos, porque lo que se vio frente al plebiscito de entrada fue que estas manifestaciones incluían armas, banderas nazis, esvásticas, imágenes que provocan un repudio fuerte.

  Por su parte, la coalición a favor de la nueva constitución incluye a numerosos ex convencionales, la mayoría de los cuales ha hecho campaña a favor, a diputadas y diputados, senadores y senadoras, y a muchos artistas populares. El gobierno no tiene permitido participar de la campaña ni pronunciarse directamente por una u otra opción. Por esta razón, solamente intervino mediante la provisión de información: en particular, colaboró con la impresión de la nueva constitución, que es ahora uno de los libros más vendidos en Chile.

  ¿Está la sociedad chilena surcada por esas mismas divisiones?

  Lo que muestran las encuestas de opinión pública es que la sociedad chilena no está polarizada, como sí lo están las élites.

  En Chile hay una polarización asimétrica, fenómeno que también ocurre en países como Brasil y Estados Unidos. Lo que genera esta polarización asimétrica es la presencia de un extremismo de derecha. La ultraizquierda, en cambio, es muy pequeña: tiene muy pocos votos, carece de presencia mediática y no tiene visibilidad nacional. La extrema derecha, en cambio, está casi normalizada.

  Lo que ocurre frente al referéndum es que éste es por naturaleza polarizante, simplemente por el hecho de presentar dos opciones contrapuestas. Si el plebiscito ocurre en un contexto donde las élites están polarizadas, se genera una división más pronunciada. Por el momento, sin embargo, pienso que los efectos no han llegado a lo profundo de la sociedad chilena.

  Hace unos meses las encuestas parecían mostrar una mayoría a favor de la aprobación, que luego parece haberse invertido. ¿Se ha erosionado el consenso reformista?

  Yo no diría que el consenso reformista se ha erosionado. Prácticamente nadie defiende la Constitución de Pinochet: casi todos los que promueven el rechazo lo hacen con el argumento de que hay que rechazar para luego reformar. Es decir, casi nadie aboga por mantener la constitución actual, aunque si gana el rechazo eso es precisamente lo que ocurrirá. Al menos, en el corto plazo. Dada la falta de acuerdos dentro de la coalición por el rechazo, su triunfo abriría un período de enorme incertidumbre.

  Ahora bien, si bien el consenso reformista no se ha erosionado, sí se ha generado un clima de opinión distorsionado mediante campañas de desinformación, con interpretaciones poco plausibles de los debates y noticias falsas para sembrar dudas sobre los contenidos del texto constitucional. Por ejemplo, circuló mucho la afirmación de que la nueva constitución no protege la propiedad privada o que las personas indígenas tendrían “privilegios”. Todo esto enrareció el debate público y echó un manto de dudas sobre la viabilidad de la propuesta.

  ¿Cuáles consideras que son los aspectos más positivos, y cuáles los más negativos, de la nueva constitución?

  Personalmente, la nueva constitución me gusta mucho. Establece un sistema político con menos poderes presidenciales y mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. La constitución actual, en cambio, está muy sesgada a favor del “hombre fuerte”, como buena constitución autoritaria.

  También me gusta la definición de Chile como un Estado regional, una especie de forma intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. Chile es de los países más centralizados de América Latina y el más centralizado de los países democráticos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

  Toda la agenda de derechos y de Estado social que incorpora la nueva constitución también me parece muy positiva. Y la incorporación de la paridad el enfoque de género y la multiculturalidad son grandes avances. Ya era hora de tener un reconocimiento a la plurinacionalidad y a los pueblos indígenas.

  Mis dudas son justamente en relación con temas que escapan de mi área de conocimiento: tienen que ver con algunos aspectos de la plurinacionalidad, como la implementación de sistemas de justicia diferenciados y autonomías indígenas. Este es también uno de los temas que genera mayor rechazo en la opinión pública, donde se mezclan cuestiones de racismo y clasismo, en un contexto complicado ya que en el sur de Chile se mantiene un conflicto entre el Estado y algunas comunidades del pueblo Mapuche.

  Pero lo cierto es que la mayoría de estas cuestiones solamente están enunciadas en la constitución y quedarán sujetas a la legislación ordinaria por parte de este Congreso, que no tiene representación reservada para los pueblos indígenas. Por esto, en mi opinión estos asuntos se moderarán mucho más y no habrá cambios muy radicales.

  En la ciudadanía en general, los derechos sociales son lo que genera más adhesiones. Poca gente defiende el Estado neoliberal o subsidiario que tiene Chile, aunque ciertos sectores de las élites muestran preocupación en relación con el costo de estos cambios: se preguntan de dónde saldrá el dinero para financiar todos estos derechos. ¡Como si esto fuera un buen argumento para decidir si reconocer o no un derecho!

  ¿Qué pasa si la nueva constitución es aprobada, y qué pasa si es rechazada?

  Si la Constitución es aprobada el proceso continúa, ya que muchas disposiciones de la nueva constitución quedan sujetas a la legislación ordinaria. En ese caso, se abrirá un proceso de intensa actividad legislativa para dar una forma concreta a los mandatos de la nueva Constitución.

  Si gana el rechazo, mucho dependerá del margen que obtenga. Si gana por mucho, será más difícil que el proceso constituyente continúe. De ganar la opción por el rechazo, el gobierno inmediatamente enviará un proyecto de ley para convocar a una nueva elección de convencionales. Pero su aprobación requiere de 4/7 de los votos en las dos cámaras, una mayoría que el gobierno no tiene, por lo que necesita los votos de la derecha. La disposición de la derecha a sentarse a negociar dependerá del margen de su victoria.

  Si gana por poco, intentará diseñar un proceso constituyente más inofensivo, con una convención más pequeña, con un mandato más breve, sin paridad de género, sin pueblos indígenas o con muy pocos escaños reservados. Si gana por mucho, no habrá convención constitucional, sino una reforma a través del Congreso o de una comisión de expertos. Aquí volveríamos a fojas cero y habría que volver a negociar absolutamente todo.

  La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale y el proceso no continúa o continúa de una manera insuficiente. No me atrevo a aventurar una respuesta a esta pregunta.

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• COP26: “Debemos empoderar a las comunidades y a las mujeres en la gestión de los recursos climáticos”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Nyang'ori Ohenjo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMIRIDE), una organización de la sociedad civil keniana que aboga por el reconocimiento de las minorías y los pueblos indígenas en los procesos políticos, legales y sociales y trabaja para capacitar a las comunidades para obtener medios de vida sostenibles.

   

  ¿Cuál es el problema climático de su país en que se centra su trabajo?

  Nos centramos en los efectos cada vez peores del cambio climático, especialmente sobre los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas. A pesar de que cuenta con una gran cantidad de programas climáticos, Kenia no está logrando los objetivos deseados. Por ejemplo, en el norte del país se está produciendo un aumento de las sequías, con las habituales consecuencias nefastas, y el presidente ya ha declarado la sequía de este año como desastre nacional.

  El desafío principal es que los marcos políticos no conectan con la agenda de las comunidades indígenas, que incluyen a comunidades pastoriles, habitantes de los bosques y comunidades de pescadores. Esto deja a estas comunidades y a sus sistemas económicos en situación de vulnerabilidad y no aporta soluciones que mejoren su resiliencia. Los programas y las políticas suelen ignorar los elementos culturales.

  Los pastores, por ejemplo, diversifican sus rebaños en cuanto a sexo, edad y especie para distribuir los riesgos y maximizar las pasturas disponibles. El tamaño de los rebaños se equilibra con el tamaño de las familias, y la composición de los rebaños busca responder a las necesidades familiares. A veces los rebaños se dividen como estrategia de supervivencia, sobre todo en tiempos de sequía, y para permitir un uso innovador de los recursos disponibles. A través de sistemas de apoyo mutuo, los pastores se cuidan entre sí para poder recuperarse rápidamente de los desastres. Cada grupo de pastores tiene una forma diferente de apoyar a sus miembros, por ejemplo mediante diversas formas de ganar dinero en efectivo y diversificar sus medios de vida. Sin embargo, la ayuda alimentaria y las dádivas se han convertido en la norma política en tiempos de crisis como la actual sequía, lo cual no tiene sentido económico para nadie, y en particular para las comunidades pastoriles.

  En los 50 años en que predominó la perspectiva de la ayuda alimentaria no se logró una solución sostenible; de ahí la necesidad de un verdadero cambio de política, que nos desplace de la respuesta a las catástrofes, que es reactiva, a la preparación, que es proactiva. Esto implica tener a mano una cantidad de recursos básicos, incluido dinero en efectivo de ser necesario, antes de que se produzca la crisis, para ayudar a las comunidades a atravesar los momentos difíciles, al mismo tiempo que se enfoca la atención en la inversión y el desarrollo a largo plazo, de modo de aumentar la resiliencia de las comunidades para absorber futuras crisis.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Nos vinculamos a través del trabajo con numerosas redes globales de sociedad civil, entre ellas la de CIVICUS, y con organizaciones de promoción del desarrollo, organizaciones de base y grupos kenianos que reclaman acción por el clima, así como con instituciones académicas, órganos de las Naciones Unidas e instituciones regionales e internacionales de derechos humanos. El principal objetivo de estos vínculos es asegurar que las voces de las comunidades indígenas de Kenia sean escuchadas dentro del movimiento contra el cambio climático y puedan influir en las conversaciones internacionales.

  La participación de los pueblos indígenas en el movimiento internacional por el clima, y el hecho de que los pueblos indígenas formen parte de una conversación que, de manera sensible al género, reconozca sus derechos y valore sus conocimientos tradicionales, así como sus prácticas innovadoras en materia de resiliencia climática, son fundamentales para diseñar y aplicar políticas y acciones climáticas eficaces.

  A nivel nacional, a través de la Dirección de Cambio Climático, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Kenia, y de la Plataforma Multisectorial de Agricultura Inteligente para el Clima, CEMIRIDE ha participado en el proceso en que se estableció la posición del gobierno keniano de cara a la COP26 y dentro de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma CLPI).

  ¿Cómo interactúan las comunidades indígenas con el gobierno de Kenia?

  La iniciativa contra las emergencias por sequía, que finaliza en 2022, ha tenido éxito a la hora de desarrollar políticas climáticas, pero ha avanzado poco en la resolución del problema de la sequía. También está el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (2018-2022), que prevé la participación e inclusión efectivas de las comunidades indígenas marginadas, pero, nuevamente, ha resultado en muy pocos avances en términos de asegurar una participación estructurada y significativa de estas comunidades en la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Nacional.

  El gobierno también está implementando el Proyecto de Agricultura Climáticamente Inteligente de Kenia, uno de cuyos componentes clave es la mitigación del clima. Sin embargo, su implementación carece de mecanismos estructurados de vinculación con las comunidades indígenas, las cuales por lo tanto tienen mínima presencia y capacidad de aportar a su diseño y puesta en marcha.

  ¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 avance en estas cuestiones, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

  Estos procesos internacionales como la COP26 son importantes para dar visibilidad a los pueblos indígenas en las conversaciones sobre el cambio climático. Aunque los gobiernos, y especialmente los de África, tardaron mucho tiempo en reconocer el rol de los pueblos indígenas y la necesidad de que sus voces sean escuchadas en la mesa internacional de toma de decisiones sobre el cambio climático, ahora han entendido que los pueblos indígenas pueden realmente influir en la dirección de estos procesos. En concreto, la Plataforma CLPI fue creada para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, crear capacidad para la participación de las partes interesadas en todos los procesos relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aprovechar los diversos sistemas de conocimiento y sus innovaciones para el diseño y la implementación de políticas y acciones por el clima.

  CEMIRIDE espera que las voces de los pueblos indígenas ocupen el centro de la escena y que los gobiernos se comprometan a implementar soluciones locales por las cuales deban rendir cuentas, en vez de hacer amplias promesas globales que nunca se cumplen y de las cuales nadie les exige rendición de cuentas. En especial, esperamos que los gobiernos se comprometan a apoyar y facilitar la puesta en marcha de un marco nacional para la participación de las comunidades indígenas en acciones relativas al cambio climático.

  ¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

  Queremos que ocurra una verdadera devolución de poder a las comunidades, y especialmente a las mujeres, en la gestión de los recursos climáticos. Los pueblos indígenas son colectivos únicos no solamente por los impactos que el cambio climático está teniendo sobre ellos, sino también por el rol que desempeñan a la hora de asegurar el éxito de las medidas de intervención y por las perspectivas y experiencias que aportan a través de sus conocimientos indígenas y locales. Nadie conoce mejor una comunidad que las personas que viven en ella y dependen de sus recursos.

  Las comunidades indígenas marginadas han desarrollado desde hace mucho tiempo conocimientos y experiencia específicos para preservar y conservar los entornos naturales de donde obtienen su sustento, y en torno a los cuales han desarrollado sus sistemas y estructuras sociales, culturales y religiosas. Por lo tanto, su gestión directa de los recursos climáticos les permitirá influir positivamente sobre el desarrollo, la revisión, la adopción y la implementación de políticas y regulaciones que aborden el cambio climático, con un énfasis específico en el mejoramiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

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• COP26: “Las comunidades marginadas deben estar en el centro de la acción por el clima”

  En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

  CIVICUS conversa con Jessica Dercontée, coorganizadora del Colectivo contra el Racismo Ambiental (CAER), un grupo de la sociedad civil de Dinamarca que trabaja para introducir el tema de la discriminación y la injusticia racial en el debate danés acerca del clima, llamando la atención del público sobre el racismo ambiental.

  El activismo y la labor académica de Jessica se centran en la gobernanza del clima y exploran las arraigadas injusticias sociales y climáticas relacionadas con la clase, el género y la raza. Jessica es coordinadora de proyectos de desarrollo internacional en el Sindicato de Estudiantes Daneses y en el Consejo Danés de la Juventud para los Refugiados, y asistente de investigación en la consultora In Futurum.

  

  ¿Cuáles son los objetivos del CAER? 

  Somos un colectivo formado por mujeres y personas no binarias de color que trabajan en la intersección del ecologismo, el antirracismo y la justicia climática. CAER busca movilizar y amplificar las voces de las personas más afectadas por el racismo ambiental, incluidas las personas negras, indígenas y de color en el sur global, así como en el norte global. Nuestro colectivo se formó para dar visibilidad y tener una mirada crítica en los actuales debates y conceptualizaciones, subrayando los efectos diferenciadores de la crisis climática y medioambiental.

  ¿Cuál es el principal problema climático o medioambiental en el que están trabajando? 

  El CAER se centra en la ecología política y el neocolonialismo de los principales debates daneses sobre el medio ambiente y el clima. Los principales debates públicos sobre la crisis climática que tienen lugar en Dinamarca están centrados en los impactos perjudiciales que nuestra cultura de consumo y estilos de vida tienen sobre los biosistemas del planeta, y en cambio prestan menos atención a las personas afectadas por estos impactos y al deseo inagotable de las grandes empresas de obtener beneficios y maximizar sus utilidades. Aunque estamos de acuerdo respecto de lo urgente de estas cuestiones, nuestro colectivo considera que el debate en Dinamarca debería ir más allá de la afirmación de la necesidad de que los gobiernos y otras partes interesadas encuentren grandes soluciones tecnológicas para mitigar la crisis climática. El debate público actual es demasiado simplista, apolítico y técnico, centrado en la búsqueda de soluciones verdes. 

  El CAER subraya las diferentes dinámicas de poder que caracterizan a nuestros actuales sistemas, así como el modo en que las actuales prácticas y formas de pensar perpetúan el colonialismo y la opresión global, que además están fuertemente arraigados en el capitalismo. Lo hacemos a través de talleres, artículos, sensibilización en las redes sociales y colaboraciones con personas o grupos marginados del sur global. 

  Un ejemplo de cómo aportamos una perspectiva diferente al tema de la transición verde es nuestro análisis de la forma en que las grandes empresas danesas causan degradación medioambiental e impulsan el acaparamiento de tierras en el sur global. La empresa danesa de energía eólica Vestas tiene actualmente una causa judicial en contra, iniciada por comunidades indígenas de México que acusan a la corporación de causar impactos negativos en los medios de vida de los pueblos indígenas, además de vincularla con severas violaciones de los derechos humanos de manifestantes locales y activistas de la sociedad civil que han sido objeto de intimidación y amenazas de muerte por denunciar estos abusos. Los gobiernos de ambos países han llegado a acuerdos que, según ellos, eran mutuamente beneficiosos, ya que se esperaba que aportaran crecimiento económico y desarrollo a México, además de ayudar a Dinamarca a ecologizar su economía. Sin embargo, el subsiguiente acaparamiento de tierras ha privado de derechos a comunidades del sur global, perpetuando el ciclo de dependencia de la ayuda y regurgitando formas neocoloniales de control y explotación de las tierras y los pueblos indígenas.

  Otro ejemplo mucho más cercano a Dinamarca es el del racismo medioambiental que impregna las relaciones de Dinamarca con Groenlandia, excolonia y actual nación de la Commonwealth danesa. Debido al control que ejerce Dinamarca sobre los recursos naturales de Groenlandia, la población de este país está excluida de las decisiones importantes sobre el futuro del Ártico, lo cual cabe considerar que tiene un gran impacto racial en el área de la conservación, la política medioambiental y el consumismo.

  El principal objetivo del CAER ha sido proporcionar un espacio seguro para las personas negras, indígenas y de color, incluidas las que son queer y trans, que quieran movilizarse en los espacios del ecologismo y el antirracismo en Dinamarca. A menudo se considera que el movimiento danés por el clima ha sido excluyente y discriminatorio hacia estas personas. Esperamos que el discurso público danés no se limite a utilizar y presentar a las comunidades marginadas como casos de estudio, sino que las sitúe en el centro de la acción por el clima como legítimas proveedoras de soluciones y participantes activas en la toma de decisiones.

  ¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

  Nos hemos encontrado con un auténtico entusiasmo por parte de otras organizaciones y actores que están dispuestos a cambiar sus estructuras organizativas y hacerlas más inclusivas y aptas para encontrar soluciones a la crisis en que nos encontramos. Aunque no hemos experimentado ninguna reacción negativa directa como consecuencia de nuestro trabajo o de nuestro foco en la raza y el carácter discriminatorio de la política medioambiental, nos parece que la sociedad no está preparada para lidiar con las diversas realidades que experimenta la gente sobre el terreno, que son diferentes de la narrativa extremadamente homogeneizada de la experiencia danesa. En Dinamarca, las leyes y las políticas han sido consideradas inclusivas sobre la base de la imagen progresista de nuestro modelo de estado de bienestar que protege a todas las personas. Así, tanto a las instituciones como a las personas les resulta más difícil comprender que su propia posición de privilegio descansa en la explotación y la opresión de otros grupos sociales, no solamente en el pasado histórico sino también en la actualidad.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

  Nos vinculamos con el movimiento internacional por el clima a partir de nuestro objetivo de descolonizar las estructuras del activismo climático. Además, buscamos activamente entablar colaboraciones, y esto se refleja en los ejemplos que seleccionamos como la cara visible de nuestros proyectos y en las voces que intentamos amplificar. Tratamos de devolver poder y crear espacios donde las personas marginadas puedan contar sus propias historias y aportar sus conocimientos y soluciones a la crisis climática. Además, al construir y compartir conocimiento desde tantas perspectivas y con aportes de tantos académicos del sur global como sea posible, tratamos de ofrecer un contrapeso al etnocentrismo que impregna al intercambio de conocimiento en materia de gobernanza del clima, acción climática y ecologismo.

  ¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 logre avances en cuestiones climáticas?

  En el CAER esperamos que, aunque el escenario actual de la COP26 tiene la importante limitación de carecer de representación diversa, haya espacio para la expresión del conocimiento vital del sur global y para el involucramiento de un conjunto diverso de voces en la elaboración de políticas, de modo tal que la próxima ronda de objetivos tenga mayores matices y sea lo más interseccional posible.

  ¿Qué cambio les gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

  Esperamos que en un futuro próximo nuestro movimiento contra el racismo medioambiental crezca, y que esto nos permita tender puentes entre la corriente principal del movimiento climático y el movimiento antirracista danés, de modo de mitigar la crisis climática de una manera mucho más inclusiva y abierta a la diversidad y a la pluralidad de conocimientos, abarcando a diferentes sectores e instituciones de Dinamarca, así como del resto del mundo.

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• COP26: “Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo”

  La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

  CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

  

  ¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

  Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

  En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

  Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

  En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

  Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

  Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

  ¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

  Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

  Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

  Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

  ¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

  Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

  Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

  ¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

  Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

  Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

  ¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

  Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

  Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

  Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

  Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

  Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

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• En el día de los pueblos indígenas exigimos la liberación de una activista mexicana por el derecho a la tierra

  En el Día de los Pueblos Indígenas, que se celebra este 9 de agosto, la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS insta a las autoridades mexicanas a liberar de forma inmediata e incondicional a la activista indígena por el derecho a la tierra Kenia Hernández, y a liberar a todos los activistas indígenas que se encuentran encarcelados por su labor de protección y defensa de los derechos humanos.

• MÉXICO: “El problema de la inseguridad es central, pero no se resuelve con militarización”

  CIVICUS conversa acerca de la militarización de la seguridad en México y sus implicancias para la sociedad civil con Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez-Centro Prodh.

  El Centro Prodhes una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana fundada en 1988 por la Compañía de Jesús con el objetivo de defender a víctimas de violaciones graves de derechos humanos e impulsar cambios estructurales que permitan a todas las personas en México gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de sus derechos humanos. Su trabajo se enfoca específicamente en personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión.

• MÉXICO: “Las personas defensoras ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida”

  CIVICUS conversa con Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en México, y específicamente de la situación de Kenia Hernández, una defensora indígena criminalizada e injustamente encarcelada.

  El CDHZL es una organización de la sociedad civil del estado de México que acompaña procesos de lucha de comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que buscan una vida digna a través del ejercicio y el reclamo de sus derechos humanos.

  ¿Quién es Kenia Hernández, y por qué está detenida?

  Kenia es una joven mujer indígena amuzga. Tiene 32 años. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo neoliberal. Es abogada de formación profesional, se reivindica feminista y se dedica a la defensa de los derechos humanos, y particularmente a la defensa de personas presas por motivos políticos, a la búsqueda para hallar con vida a personas desaparecidas y al acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.

  Kenia fue detenida el 18 de octubre de 2020, acusada de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia. La acusaron de delitos graves para asegurarse de poder internarla en el penal femenino de máxima seguridad más terrible de todo México.

  El 15 de marzo de 2022 el tribunal de enjuiciamiento de Ecatepec, en el estado de México, determinará si es culpable o inocente en una de las cinco causas penales que existen en su contra. Todas estas causas fueron fabricadas con el exclusivo propósito de aislarla y evitar que siga protestando, además de mandar una señal de castigo ejemplar a todas aquellas personas que ella había logrado articular en un movimiento de corte nacional que cuestionó la concesión privada de las autopistas.

  ¿Es el caso de Kenia parte de una tendencia más amplia a la criminalización de las personas defensoras indígenas en México?

  Efectivamente, el caso de Kenia nos revela que el Estado mexicano tiene una clara política de “pedagogía del escarmiento”, por dos razones.

  Por un lado, manda una señal a las personas que protestan, y particularmente a quienes protestan poniendo de relieve el tema de las autopistas privadas, para que ya no recurran a la manifestación pública como forma de movilización social, porque si lo hacen padecerán como consecuencia un encierro injusto y cruel como el que vive Kenia.

  Por el otro lado, los funcionarios del Estado mexicano tratan de someter y doblegar la voluntad de Kenia, pretenden castigarla por haber protestado pero también vulnerar sus convicciones, limitar su energía y fuerza en la protesta, hacerle saber quién manda y quién obedece. Como ella no se ha sometido continúan manteniéndola en prisión. Saben que si la liberan volverá a su activismo.

  Ambas situaciones son de una gravedad por demás preocupante, porque buscan revertir décadas de luchas sociales y de apertura de espacios democráticos.

  ¿Qué está haciendo la sociedad civil, y particularmente el CDHZL, para conseguir su liberación?

  El CDHZL se dedica a difundir, promover y defender los derechos humanos de pueblos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Defendemos el medio ambiente, la tierra y el territorio, el derecho humano al agua y la cultura indígena. Y nos enfocamos particularmente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ya que en México estas personas ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida.

  Parte de nuestro trabajo consiste en dar defensa legal a personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas por defender pacíficamente algún derecho. En sus diez años de vida, el CDHZL ha ayudado a recuperar su libertad a alrededor de 250 personas.

  Esperamos que pronto Kenia sea una más de ellas. La sociedad civil mexicana ha dado mucha visibilidad a su caso, poniendo en la agenda pública la criminalización de que es objeto e involucrando a actores clave, y en particular a senadores de la República, para convencer a tomadores de decisión relevantes de dejar de criminalizar a Kenia. También hemos tratado de llevar su caso al ámbito internacional, señalando la política punitiva del gobierno federal de México.

  A través de su amplio equipo de abogados y abogadas, el CDHZL ha sostenido una defensa jurídica en los cinco procesos legales contra Kenia, con todo lo que ellos implican: decenas de audiencias, impugnaciones y juicios de garantías, algunos de ellos ganados. Pero claramente esto es mucho más que una lucha jurídica, ya que altos funcionarios se han empeñado en mantener a Kenia en prisión a toda costa.

  ¿No ha habido mejoras en la situación de las personas defensoras indígenas tras el ascenso del actual gobierno de izquierda?

  Nuestra expectativa era que hubiera mejoras en la situación de las personas indígenas, las personas defensoras y los derechos colectivos en general, pero desafortunadamente continúa habiendo un desdén generalizado en el gobierno federal, más allá de su corte de izquierda.

  El gobierno no ha podido o no ha querido sintonizar con las demandas más sentidas de los pueblos originarios. Han continuado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Entre los casos de prisión, el de Kenia Hernández es uno de los ejemplos más lacerantes del uso indebido del sistema penal en contra de una persona defensora, producido bajo este gobierno que se autoproclama artífice de una “cuarta transformación” – un proceso de cambio profundo supuestamente comparable a los de la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917).

  ¿Qué clase de apoyos regionales e internacionales necesita la sociedad civil mexicana en su lucha por los derechos humanos y el espacio cívico?

  Sin duda la observación internacional, muy mal aceptada por el gobierno actual, ayuda y ayudará a recuperar espacios democráticos para la protesta social y la libre manifestación de las ideas.

  Llamamientos al gobierno de la República Mexicana pueden ayudar a sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de respetar los derechos humanos y a quienes los defienden más allá de filiaciones a partidos políticos. 

  La mediación y buenos oficios internacionales serán sin duda una herramienta fundamental para fortalecer a la sociedad civil en los procesos de defensa de derechos humanos, y particularmente en aquellos donde se encuentren en juego la vida y libertad de personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

  El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con el CDHZL a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@cdhzloficial en Twitter.

• Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

  Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

• PARAGUAY: “Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar”

  CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

  

  ¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

  Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

  La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

  Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

  A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

  ¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

  Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

  La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

  ¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

  La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

  Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

  ¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

  CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

  También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

  ¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

  La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

  El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

  En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

  Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

  Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

  El espacio cívico en Paraguay es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con CONAMURI a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@Conamuri en Twitter.