Ecuador

 

  • ‘Invocamos el principio de extraterritorialidad para llamar al Estado chino a rendir cuentas del impacto de sus inversiones en América Latina’

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    CIVICUS conversa con las cuatro responsables de la iniciativa regional “Explorando nuevos caminos para la defensa de los derechos humanos frente a las inversiones chinas en América del Sur: El Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas y el Principio de Extraterritorialidad”: Paulina Garzón,de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL),María Marta Di Paola, dela Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina; Sofía Jarrín, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador; y Julia Cuadros, de CooperAcción, una organización de Perú.

    1. ¿Qué impacto están teniendo las inversiones chinas en América Latina, y por qué es preocupante?

    A pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años, las inversiones chinas continúan creciendo en América Latina. En 2016 los préstamos soberanos de los bancos chinos alcanzaron 21.000 millones de dólares (más que el monto prestado por todos los bancos multilaterales) y la inversión directa llegó a los 10.358 millones (un crecimiento de 29,4% con respecto a 2015). La República Popular de China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos, y resalta el hecho de que la gran mayoría de las exportaciones hacia China se concentra en petróleo, minerales y soja. En otras palabras, las inversiones chinas o motorizadas por la demanda china han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones.

    El crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. Hasta ahora, es poco lo que la sociedad civil ha podido hacer para demandar rendición de cuentas directamente a los bancos, compañías y agencias reguladoras chinas, en parte por falta de conocimiento y acceso a los procedimientos de estas instituciones, pero sobre todo por el hermetismo que las caracteriza. Ello se ve agudizado por el hecho de que la mayoría de los capitales chinos que llegan a la región aterrizan en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, países que tienen una o varias de las siguientes características: dificultades para acceder a los mercados financieros; gobernanza ambiental debilitada; y disminución de espacios de participación ciudadana. En estos países, vemos que las empresas transnacionales han contribuido a la violación de los derechos humanos, entre las que se cuenta la práctica sistemática de criminalización de los defensores ambientales.

    Sobre esta misma línea, cabe agregar que China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. En este contexto, las organizaciones sociales latinoamericanas no hemos logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas, y tanto menos en lo que se refiere a la demanda de rendición de cuentas acerca de los impactos negativos de su intervención.

    1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil de América Latina para llamar a China a rendir cuentas de los efectos ambientales y sociales de sus inversiones en la región?

    Un grupo de organizaciones de varios países que han visto su situación de derechos humanos deteriorarse por efecto de la penetración de estas inversiones, hemos decidido hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema internacional de derechos humanos para establecer una conversación sobre la necesidad de llamar a los gobiernos a rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero. Para ello aprovecharemos el hecho de que la República Popular de China realizará en noviembre de 2018 su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la evaluación de derechos humanos a la que deben someterse cada cuatro años todos los estados miembros de la ONU, sin excepción.

    Pese a que no cuenta con una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema universal de derechos humanos, dentro del cual se encuentra el mecanismo EPU, ofrece valiosas oportunidades de incidencia para la sociedad civil en todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que las comunidades afectadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír sus reclamos. Por lo general, la responsabilidad por los derechos vulnerados es adjudicada al Estado dentro de cuyo territorio ocurren dichas violaciones de derechos. Así, en el marco del EPU de China, el grueso de las recomendaciones que recibe el Estado chino se vinculan con el trato que reciben sus ciudadanos dentro de su territorio. Sin embargo, nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. En otras palabras, nada impide a los grupos vulnerados invocar el principio de extraterritorialidad para demandar a un Estado extranjero el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los instrumentos de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho Estado haya ratificado y asumido.

    Eso es precisamente lo que pensamos hacer durante la EPU de China. En vistas de este proceso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, CooperAcción de Perú y la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), hemos creado una alianza regional con el objeto de investigar colaborativamente y elaborar un informe sombra nacional para cada uno de los países sudamericanos incluidos en el proyecto, así como un informe sombra regional. En marzo de 2018 estos informes serán presentados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como aportes para el EPU de China.

    Esta iniciativa cobró vida en 2017, con la búsqueda de una alianza regional para fortalecer nuestro trabajo de incidencia frente al Estado chino. La participación en el mecanismo del EPU es para nosotras una ventana de oportunidad para canalizar las preocupaciones y visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por proyectos cuyo financiamiento y operación se vinculan con inversiones del Estado chino.

    Las organizaciones involucradas tenemos una extensa y probada trayectoria de trabajo sobre financiamiento internacional y derechos humanos y ambientales, y nos contamos entre las pocas organizaciones de la sociedad civil de la región que han realizado un trabajo sistemático de investigación e incidencia sobre inversiones chinas en sus respectivos países. Además, gozamos de la confianza, credibilidad y reconocimiento de las organizaciones de base y otros actores relevantes. De hecho, en varios casos, hemos abogado frente a las entidades chinas para que mejoren sustancialmente su comportamiento ambiental y social y para que actúen como buenos ciudadanos globales. La falta de respuestas por parte de tales entidades nos ha llevado a buscar nuevos espacios de interlocución con la República Popular de China en los foros internacionales. Tenemos la esperanza de que el EPU de China y demás mecanismos de las Naciones Unidas ofrezcan el tan necesario espacio para lograr un compromiso serio de parte de los bancos y empresas chinas en materia de internalización de los principios de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

    1. ¿Cuál es el sustento legal de la iniciativa? ¿A qué instrumentos, convenciones y legislación apelarán para apoyar sus reclamos?

    La República Popular de China ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, los más importantes a la hora de constituir el marco de referencia y argumentación para el trabajo que pretendemos llevar adelante son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos últimos, en particular, establecen que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales tanto dentro de su territorio como fuera de él, y estipulan que la responsabilidad del Estado se extiende a los actos y las omisiones de los agentes no estatales que actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado en cuestión.

    Cabe señalar que si bien nuestra argumentación se basa en el principio de responsabilidades extraterritoriales, ello no excluye la posibilidad de apelar en los informes sombra a otros instrumentos internacionales que integran el sistema universal de las Naciones Unidas, aún si no han sido ratificados por el Estado chino. En ese sentido, deba presumirse que, al aceptar ser miembro de las Naciones Unidas, China se compromete a promover sus principios y apoyar la implementación de los tratados, pactos y convenios internacionales elaborados en el seno de la organización.

    También es importante destacar que según el artículo 16 de la Constitución China, las empresas estatales tienen poder de decisión con respecto al funcionamiento y la gestión dentro de los límites prescritos por la ley, a condición de que se sometan al liderazgo unificado del Estado, en cuyo caso deben cumplir con todas las obligaciones del plan estatal. En otras palabras, las empresas estatales chinas son actores cuasi-estatales. Funcionan como una extensión de la estructura del Estado chino, ya que le pertenecen, son patrocinadas por él o actúan en pos de sus intereses. Ello convierte a las responsabilidades de derechos humanos de las empresas estatales de la República Popular de China en responsabilidades del Estado chino.

    El hecho de que China ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que, durante una visita del Secretario General de las Naciones Unidas a China el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país haya declarado que “la ONU es una plataforma efectiva para los desafíos globales y la institución central para los esfuerzos internacionales en tratar los asuntos globales” constituye para nosotros una ventana de oportunidad. El EPU de la República Popular de China que se realizará en noviembre del 2018 es la oportunidad más concreta y cercana que tenemos.

    • Visite las páginas web delCDES,CooperAcción,FARN eIISCAL, o siga en Twitter a @CDESecuador, @CooperAccionPER, @farnargentina y @PaulinaGarzón

     

  • 70 civil society groups call on Ecuadorian President to end persecution of civil society and indigenous activists

    Click here to read a Spanish language version of this release

    Seventy Latin American and international civil society organisations have endorsed a letter urging President Correa of Ecuador to constructively engage with indigenous communities opposing the development of extractive industry projects on their lands. The letter also calls for the removal all legal and policy measures limiting these communities’ fundamental rights to association, assembly and expression. 

    “The government has responded to the indigenous communities’ legitimate demands for consultation with mounting repression and further restrictions on fundamental freedoms,” said Marlon Vargas, President of the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon (CONFENIAE). “Indigenous community leaders and organisations resisting the advances of extractive industries and demanding the implementation of consultation mechanisms for the expression of their communities’ free, prior and informed consent are being routinely criminalised and judicially harassed,” Vargas added.

    Most recently, in the context of ongoing protests and activism orchestrated by indigenous Shuar communities in opposition to the activities of mining companies in Ecuador’s Southern Amazon region, the government has declared a state of emergency suspending basic freedoms in the Morona Santiago province, and threatened to dissolve Acción Ecológica, a well-respected national organisation that has advocated for the rights of nature and the collective rights of peoples for nearly three decades.

    The letter highlights the following issues:
    •    Abuses were committed against the Shuar community of Nankints, who were denied consultation rights, evicted to make way for a mining venture, repressed as they attempted to reclaim their territory, and further criminalised following clashes with security forces guarding the newly established mining camp resulted in casualties.
    •    Under the state of emergency that was decreed in the Morona Santiago province, military presence was reinforced in the Shuar communities, basic freedoms were suspended and local dwellers were terrorized.
    •    In retaliation to its work to raise awareness about the environmental impacts of mining projects and lack of consultation of indigenous communities, the environmental organisation Acción Ecológica was threatened with the initiation of dissolution procedures.
    •    Domestic legislation, including Executive Decrees No. 16 and No. 739, currently allows for the arbitrary dissolution of civil society organisations, and should be repealed and replaced by a comprehensive Associations Law removing all undue restrictions on the freedom of association.

    “Over the past few years, the Government of Ecuador has increasingly targeted dissenting civil society, overstepping the boundaries protecting the freedoms of association, peaceful assembly and expression,” said Inés Pousadela, Policy and Research Officer at CIVICUS. “We all need to stand in solidarity with the people of Ecuador and call on the government to uphold its constitutional and international human rights commitments.”

    The signatories to the letter urge Ecuador’s Government to implement consultation mechanisms with indigenous communities, refrain from criminalising indigenous community leaders and organisations challenging extractive industry projects, and replace current restrictive legislation with an alternative NGO law upholding constitutional and international standards on freedom of association.

    Civic Space in Ecuador is rated as ‘obstructed’ in the CIVICUS Monitor.

     

  • ECUADOR: ‘Hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas’

    Daniel BarraganCIVICUS conversa sobre la evolución aparentemente positiva del espacio para la sociedad civil en Ecuador con Daniel Barragán, Director Ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios. Conformado en 2015 como órgano de vinculación de la universidad con la comunidad, el CIIAT persigue el objetivo de promover la investigación científica y la formación continua en temas de gestión y derecho ambiental, cambio climático, conservación y gestión del territorio.

    ¿En qué medida están garantizadas las libertades de asociación, de protesta pacífica y de expresión en Ecuador?

    En los últimos dos años se percibe en Ecuador un ambiente de mayor libertad y respeto a estos derechos. El cambio se ha expresado en una política gubernamental de apertura al diálogo y en reformas tanto de las regulaciones que se aplican a las organizaciones de sociedad civil (OSC) como de la Ley Orgánica de Comunicación.

    Los decretos 16 y 739, que regulaban a las OSC, fueron derogados a fines de 2017. El decreto 193, con el cual fueron reemplazados, no ha sido utilizado como una herramienta política para coartar derechos o limitar la capacidad de acción de las OSC. El riesgo, sin embargo, sigue latente en la medida que las causales de disolución de OSC se siguen prestando a interpretación discrecional y podrían en el futuro ser aplicadas arbitrariamente por el gobierno de turno.

    La Ley Orgánica de Comunicación, por su parte, fue reformada en diciembre de 2018. Tras el veto presidencial parcial de la reforma, permanecen algunos cambios que se orientan a garantizar derechos y que cambian la lógica anterior: ya no se considera a la comunicación como un servicio público sino como un derecho, se amplía la conceptualización del derecho a la libertad de expresión, se elimina el control a los medios y se promueve su autorregulación, se deroga la figura del linchamiento mediático, que penalizaba la difusión reiterada de información para desprestigiar o destruir la credibilidad de alguien, y se eliminan las sanciones administrativas, entre otras cosas. Estos puntos son analizados en un informe técnico mediante el cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasmitió sus observaciones al proyecto de reforma.

    Otro hecho relevante fue la reciente firma de la Declaración de Chapultepec. Esta declaración fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en 1994, y firmada por el gobierno de Ecuador en febrero de 2019, en coincidencia con la promulgación en el Registro Oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

    Sobre estos temas en particular, es importante rescatar la voluntad política para generar cambios en el ambiente habilitante para las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Si bien no necesariamente se ha logrado llegar a las regulaciones ideales y el margen de discrecionalidad en la regulación es aún un tema pendiente, los cambios apuntan en la dirección correcta.

    ¿Cuál es la situación de los activistas y organizaciones indígenas y ambientalistas en Ecuador?

    Si bien se registran casos de criminalización por la defensa del territorio, la situación en Ecuador es diferente de la de otros países de la región en cuanto al nivel de riesgo al que están expuestos los defensores de la tierra y la naturaleza. En el período 2007-2017 la criminalización de la protesta social fue el principal medio para neutralizar y censurar a activistas y ambientalistas, y aún quedan secuelas que no permiten su accionar en un marco de libertad y de garantía del ejercicio de sus derechos. A fines de 2018 la Defensoría del Pueblo se pronunció ante los ataques sufridos por varias defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Pastaza, consistentes en el uso indebido del derecho penal, hostigamientos, amenazas, y un incendio provocado en la vivienda de una de ellas. Ante estos hechos, la Defensoría urgió al Estado a adoptar una “política integral de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza de manera independiente al actual sistema de protección a víctimas y testigos”.

    Por otro lado, a nivel regional ahora tenemos el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales y el primer tratado vinculante a nivel internacional que regula la protección de los defensores ambientales. El acuerdo reconoce explícitamente esta problemática que crece en América Latina, donde ocurre alrededor del 60% de los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, según datos de Global Witness para 2017. Y también reconoce el rol de los Estados para garantizar un entorno seguro y la obligación de proteger, prevenir y sancionar ataques y amenazas a los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

    El reto es ahora avanzar en la firma y ratificación de este instrumento. A la fecha el acuerdo tiene las firmas de 16 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

    ¿Qué significación tuvo el referendo constitucional de febrero de 2018?

    El referéndum de febrero de 2018 abordó temas tan diversos como la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la eliminación de la reelección indefinida, la protección a la niñez y la no prescripción de los delitos sexuales, y la prohibición de la minería en centros urbanos y zonas intangibles. También incluyó dos preguntas de consulta popular sobre la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, también conocida como Ley de Plusvalía, y la re-delimitación del Parque Nacional Yasuní para incrementar la zona intangible y reducir el área donde está autorizada la explotación petrolera.

    El referéndum produjo un cambio institucional importante, en particular a raíz de la reforma del CPCCS, por las implicaciones que han tenido hasta la fecha en términos de la evaluación y cesación de alrededor de 27 autoridades de control, y los nuevos nombramientos – algunos temporales y otros definitivos - para esos cargos, como ha sido el caso de la Corte Constitucional. El CPCCS fue establecido por la Asamblea Constituyente de 2008 y concebido como un "quinto poder" encargado de auditar a los mecanismos de control, alentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. También desempeña un papel en el nombramiento de funcionarios, lo que lo convirtió en blanco de fuertes críticas.

    Sobre la legalidad de lo actuado en este punto hay diversas visiones; lo que sí es cierto es que la gestión del CPCCS transitorio cuenta, desde mi percepción, con respaldo social y ciudadano.

    ¿Qué progresos se han realizado en materia de vigencia de las libertades democráticas?

    Desde mi punto de vista hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas. Prueba de ello es la existencia de un ambiente de diálogo, de tolerancia a la opinión contraria y de respeto al Estado de Derecho.

    Un ejemplo claro del progreso realizado es la decisión de sumar al Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto, como una de las medidas no sólo de inclusión ciudadana sino también de lucha contra la corrupción. Para Ecuador es fundamental avanzar en la generación de un clima de confianza sobre la base de la transparencia del accionar de las autoridades y funcionarios, a la vez que de una lógica de corresponsabilidad del ciudadano para con lo público. En este momento estamos avanzando en la construcción del primer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. Por otra parte, la semana pasada el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito entregó al alcalde el Plan de Acción de la ciudad para su implementación en 2019. Estoy participando en ambos procesos y puedo dar fe de que cuando hay voluntad política el trabajo articulado entre distintos sectores y actores es posible.

    El espacio cívico en Ecuador es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • ECUADOR: ‘Today better conditions exist for the exercise of democratic freedoms’

    Daniel BarraganCIVICUS speaks about apparently improving conditions for civil society in Ecuador with Daniel Barragán, Executive Director of the International Centre for Research on the Environment and Territory (CIIAT) at Universidad de Los Hemisferios. Formed in 2015 as an institution linking the university with the community, CIIAT pursues the objective of promoting scientific research and continuous training on issues of environmental management and law, climate change, conservation and land management.

    To what extent are the freedoms of association, peaceful assembly and expression guaranteed in Ecuador?

    Over the past two years an environment of greater freedom and respect for these rights has become apparent in Ecuador. Change has taken the form of a government policy of openness to dialogue and in reforms of the regulations that apply to civil society organisations (CSOs) and the Organic Communications Law.

    Decrees 16 and 739, which used to regulate CSOs, were repealed in late 2017. Decree 193, which replaced them, has not been used as a political tool to restrict rights or limit the ability of CSOs to act. The risk, however, remains latent insofar as the possible causes for CSO dissolution can still be interpreted discretionally and could in the future be applied arbitrarily by the incumbent government.

    The Organic Communications Law was amended in December 2018. After the reform was partially vetoed by the president, some changes remained that are aimed at guaranteeing rights and imply a change of the logic of its predecessor: communication is no longer considered a public service but a right, the right to freedom of expression is conceptually broadened, media control is eliminated and self-regulation is promoted, the figure of media lynching – which criminalised the repeated dissemination of information aimed at discrediting or destroying someone’s credibility - is repealed, and administrative sanctions are eliminated, among other things. These points were analysed in a technical report issued by the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights that set out its observations on the reform proposal.

    Another relevant fact was the recent signing of the Declaration of Chapultepec. This declaration was adopted in 1994 by the Hemispheric Conference on Freedom of Expression, and signed by the government of Ecuador in February 2019, coinciding with the promulgation in the Official Gazette of the reforms to the Organic Communications Law.

    On these issues in particular, it is important to emphasise the current political will to make changes in the enabling environment for CSOs and the media. While it has not always been possible to achieve the best possible regulations and the margin of discretion allowed by the current legislation is still a pending issue, the changes point in the right direction.

    What is the situation of indigenous and environmental activists and organisations in Ecuador?

    Although there are cases in which land rights defenders are criminalised for their work, the situation in Ecuador is different from that of other countries in the region in terms of the level of risk to which environmental and land rights defenders are exposed. In the 2007 to 2017 period, the criminalisation of social protest was the main tool that was used to neutralise and silence activists and environmentalists, and mechanisms remain that do not allow them to carry out their work within a framework of freedom and guarantees for the exercise of their rights. In late 2018, the Ombudsperson's Office spoke out against the attacks suffered by several human rights and environmental defenders in the Pastaza province, including through the misuse of criminal law, harassment, threats, and arson against the home of one of them. Given these facts, the Ombudsperson urged the state to adopt “a comprehensive policy of promotion and protection of human and environmental rights independently from the current system for the protection of victims and witnesses.”

    On the other hand, at the regional level we now have the Escazú Agreement, which is the first environmental human rights treaty and the first internationally binding treaty that regulates the protection of environmental defenders. The agreement explicitly recognises a growing problem in Latin America, where about 60 per cent of all murders of environmental and land rights defenders take place, according to Global Witness data for 2017. And it also recognises the role of states in guaranteeing a safe environment and its obligation to protect, prevent and punish attacks against and threats to the rights of human rights defenders in environmental matters.

    The present challenge is to achieve progress in the process of signing and ratification of this instrument. To date, the agreement has signatures from 16 states: Antigua and Barbuda, Argentina, Bolivia, Brazil, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia and Uruguay.

    What significance did the February 2018 constitutional referendum have?

    The February 2018 referendum addressed issues as diverse as the fight against corruption, the restructuring of the main official participation body, the Council for Citizen Participation and Social Control (CPCCS), the elimination of indefinite re-election, the protection of children and the non-prescription of sexual crimes, and the prohibition of mining in urban centres and protected areas. It also included two popular consultation questions about the repeal of the Organic Law to Prevent Speculation on the Value of Land and Taxation, also known as the Capital Gains Law, and the re-demarcation of the Yasuní National Park so as to increase the size of its protected area and reduce the area where oil exploitation is allowed.

    The referendum resulted in important institutional change, particularly as a result of the reform of the CPCCS, and its implications to date in terms of the evaluation and removal of around 27 officials in supervisory bodies, accompanied by new appointments - some of them temporary and others permanent - to those positions, as has been the case with the Constitutional Court. The CPCCS had been established by the 2008 Constituent Assembly and was conceived of as a ‘fifth power’ in charge of auditing control mechanisms, encouraging citizen participation and fighting against corruption. It also plays a role in appointing officials, which made it a target of major criticism.

    On the legality of what has been done on these issues, perspectives diverge; what is certain however is, as far as I can tell, that the workings of the temporary CPCCS enjoy social and citizen support.

    What progress has been achieved in terms of the enforcement of democratic freedoms?

    From my point of view, today better conditions exist for the exercise of democratic freedoms. Proof of this is the existence of an environment of dialogue, tolerance of divergent opinions and respect for the rule of law.

    A clear example of the progress made is the decision for Ecuador to join the Open Government Partnership. This was one of the measures taken not only towards citizen participation but also regarding the fight against corruption. For Ecuador, it is essential to advance towards the creation of a climate of trust based on the transparency of the actions of the authorities and officials, as well as on a logic of citizen co-responsibility in public affairs. At the moment we are making progress towards the design of our first Open Government National Action Plan. Additionally, last week the Consultative Council of Open Government in Quito, the capital city, gave the mayor a city-level action plan to be implemented in 2019. I am participating in both processes and I can attest to the fact that when there is political will, coordinated work among different sectors and actors is possible.

    Civic space in Ecuador is rated as ‘narrowed’ by theCIVICUS Monitor.

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  • Ecuador: Informe de Diálogo sobre Democracia: 21 de agosto de 2018

    Diálogo sobre Democracia organizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador, 21 de agosto de 2018

     

  • La disolución de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, parte de una estrategia coordinada para silenciar el disenso

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    CIVICUS conversa con Rosana Palacios Barriga (foto), presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Ecuador. La UNE, la organización de maestros más grande del país, fue disuelta por resolución del Ministerio de Educación en agosto de 2016 por presuntos incumplimientos de sus propios estatutos y de la normativa vigente para el funcionamiento de las organizaciones sociales.

    1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la disolución de la Unión Nacional de Educadores, el sindicato más grande del país?
    La Unión Nacional de Educadores (UNE) del Ecuador tiene dos líneas de acción. Por un lado, es una organización defensora de derechos humanos, de la educación y de la profesión docente en sus aspectos laborales, de salud y de mejoramiento profesional, económico y social. Por el otro lado, investiga la situación del país y del magisterio; presenta propuestas para que sean trasformadas en políticas públicas; y trabaja en propuestas pedagógicas tales como la de “Educación para la Emancipación” y en estrategias para implantar tecnologías de la información y la comunicación en el aula. En ese sentido, enfrenta la corrupción, la prepotencia y el autoritarismo.

    Cuando inició su gestión en 2006, el Presidente Rafael Correa contaba con el respaldo de los sectores de izquierda, los movimientos sociales, sindicales y populares. Ese mismo año, el pueblo ecuatoriano aprobó mediante consulta popular el Plan Decenal, que incluía ocho políticas para la educación. La propuesta que se sometió a consulta popular había sido presentada por la UNE a Rafael Correa, por entonces candidato a presidente, para que fuera elevada a política de Estado. La UNE apoyó su candidatura porqué él dio su apoyo a nuestra propuesta.

    El conflicto entre el gobierno y la UNE se inició cuando, una vez comenzada la gestión, la UNE exigió el cumplimiento del Plan Decenal. Ya en el año 2008, la UNE se enfrentó con el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, porque éste buscaba implantar una evaluación punitiva destinada a destituir a docentes sin brindarles ninguna opción para que pudieran volver a ejercer su profesión, al tiempo que liberaba al Estado de sus obligaciones laborales para casos de despido. En ese contexto, la UNE exigió el respeto de los derechos laborales y defendió la educación bilingüe, en riesgo ante el cierre de 6000 instituciones escolares.

    En el marco de la construcción de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la UNE exigió el reconocimiento de los derechos laborales alcanzados por el magisterio y la incorporación de sectores de profesores a la carrera docente de tal manera sean protegidos por la seguridad social y la LOEI. Denunció la precarización y la flexibilización laboral –actualmente son 40 mil los profesores bajo régimen de contrato-, la inestabilidad laboral, el congelamiento de salarios, los chantajes y los despidos. Cabe señalar que al trabajo docente se ha sumado el requisito de cumplimiento de trabajo administrativo, lo cual modifica el rol docente y genera temor, ya que se crea un ambiente de total indefensión.

    2. ¿Cuáles cree Ud. que fueron las motivaciones del gobierno para tomar la decisión de disolver la UNE?
    El Presidente Correa tiene una política de desintegración de las organizaciones sociales como estrategia de concentración de poder. Cuando la UNE mantuvo sus exigencias, Correa tomó la decisión de destruir esta organización sindical, gremial y popular.

    El proceso se inició con una exhibición de poder por parte del presidente, por dos vías: por un lado, el debilitamiento del sindicato ante la opinión pública, mediante campañas persecutorias para las que hizo uso de cadenas nacionales de radio, prensa y TV, en las que condenó sus acciones gremiales; por el otro, la implementación, en 2009, de la evaluación punitiva del magisterio nacional.

    En aras del cumplimiento de los objetivos del Plan Decenal, la UNE entregó al gobierno una contrapropuesta de evaluación elaborada sobre bases científicas y pedagógicas. Ante la negativa del régimen de dialogar, la organización declaró un paro nacional que se extendió desde el 15 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2009. El paro terminó con un acuerdo entre UNE y el Ejecutivo, cuyos artículos luego fueron incorporados a la nueva Ley de Educación. En suma: lo que el correísmo nunca le perdonó a la UNE fue que desafiara su poder y le ganara.

    En su afán por eliminar a nuestra organización, y más en general a todas aquellas que no siguieran sus mandatos, así como de dominar a las restantes, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 16 del 4 de junio de 2013 (Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas). Este decreto recibió el rechazo unánime de la sociedad civil independiente, ya que era violatorio de la libertad de asociación. El decreto estableció nuevos procedimientos y requisitos para el reconocimiento legal de organizaciones de la sociedad civil e introdujo un proceso de evaluación para autorizar a ONGs internacionales para operara en el país. También exigió que las ONGs ecuatorianas se volvieran a registrar, impuso requisitos excesivos de información que podrían ser utilizados contra las propias organizaciones, y otorgó al gobierno amplia discrecionalidad para rechazar peticiones de reconocimiento jurídico o disolver organizaciones con argumentos vagos vinculados con el desvío de sus objetivos declarados, el involucramiento en actividad político-partidaria, la interferencia con las políticas públicas o la afectación de la seguridad del Estado o la paz pública.

    Gracias al apoyo de la sociedad civil, organizaciones sindicales, organizaciones de servidores públicos y organismos internacionales como la Federación Sindical Mundial y la Internacional de la Educación, logramos llegar hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas para denunciar el Decreto Ejecutivo No. 16. En Ecuador, además, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad del decreto ante la Corte de Justicia. La primera víctima de disolución a partir de la aplicación del Decreto No. 16, a fines de 2013, fue la Fundación Pachamama, una organización ambientalista.

    Entretanto, el gobierno utilizó una táctica de desgaste mediante criminalización contra los dirigentes de la UNE. Mery Zamora, presidenta de la UNE entre 2007 y 2010, fue acusada de sabotaje y terrorismo por supuestamente haber incitado a los alumnos de un colegio a salir a las calles durante la revuelta policial de 2010. Se le siguió un juicio, fue hallada culpable gracias a la presentación de pruebas falsas y finalmente condenada a 8 años de prisión. Si bien en instancia de apelación fue eventualmente declarada inocente y no debió cumplir pena, la Fiscalía de la Nación enseguida volvió a presentar nuevas acusaciones contra ella, por supuestamente haber atentado contra los derechos del Estado.

    Otros dirigentes nacionales, como Xaver Cajilema, Paúl Jácome y Edwin Lasluisa, fueron encarcelados durante un año. Decenas de dirigentes provinciales y cantonales – entre ellos Francisco Rojas, Juan Cervantes, Luis Chancay, Sisa Bacacela y Pilar Paredes – fueron destituidos. Hubo cantidades de sumarios administrativos contra maestros que declararan pertenecer a UNE, y muchos fueron removidos de sus funciones o de sus sitios de trabajo.

    Los nuevos dirigentes de la UNE, elegidos para el período 2013-2016, incluida yo misma, no fuimos reconocidos. El Ministerio de Educación esgrimió varios pretextos para ello, por ejemplo el incumplimiento del Decreto No. 16, que sin embargo había sido dictado meses después de las elecciones de la UNE, celebradas con voto universal y secreto y con la veeduría del Consejo Nacional Electoral. El Comité Electoral de UNE argumentó la ilegalidad de esta actuación, pero durante casi un año enfrentó el silencio administrativo, y por último recibió la respuesta de que la documentación requerida no había sido entregada. Presumimos que los documentos entregados fueron deliberadamente extraviados.

    Por último, en 2015 el Ministerio de Educación creó una organización paralela, llamada “Red de Maestros por la Revolución Educativa” que, dicho sea de paso, no cumplía con ninguno de los parámetros que le eran exigidos a la UNE. De más está decir que esta iniciativa viola los estándares internacionales, empezando por el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.

    La Red de Maestros no es más que un instrumento para la ejecución de la política autoritaria del gobierno en cada institución educativa del país. Dentro de cada escuela, es el brazo político del gobierno y el instrumento persecutorio de los docentes. Así, por ejemplo, la Red de Maestros tiene coordinadores zonales a los que se concede el tiempo para realizar visitas institucionales y se les otorga el respaldo de las autoridades educativas para que cumplan con el rol asignado.

    Las autoridades educativas intervinieron para obligar a los maestros, mediante mecanismos ilegales, a afiliarse a la nueva organización. Al mismo tiempo impedían el acceso de la dirigencia de la UNE a los planteles educativos con el objetivo de acelerar el desgaste de nuestra organización. De hecho se emitieron oficios circulares bajo pena de sanción para las autoridades que dejaran ingresar a los establecimientos a dirigentes de UNE, permitieran a los maestros reunirse en asambleas, asistieran a las instalaciones de su gremio o permitieran la diseminación de información sobre la situación del magisterio. Por último, la autoridades se apropiaron del Fondo de Cesantía del Magisterio ecuatoriano, la entidad financiera de la UNE, con una caja de 405 millones de dólares. Para esto último se debió reformar la Ley de Seguridad Social.

    3. ¿Qué impacto tuvo la disolución de la UNE? ¿Cómo caracterizaría Ud. la situación resultante?
    La disolución de la organización fue el punto culminante de un proceso de acoso que se extendió durante diez años. En el curso de ese período la dirigencia de UNE se dividió en tres sectores: los que decidieron resistir, los que se replegaron, y los (muy pocos) que abandonaron la organización. Este mismo fenómeno se replicó en las bases, con el predominio de los que siguieron la resolución de la dirigencia nacional, plasmada en la consigna “La UNE vive, la lucha continúa”, más tarde reformulada como “La UNE vive, Correa se va” y “La UNE es una organización, no un edificio”.

    La dirigencia de UNE resistió y se dedicó a desenmascarar la política correísta que profundizaba la violación de los derechos laborales del docente y de los trabajadores en general. Se unió para ello a las centrales sindicales y a otras organizaciones sociales.

    La disolución de la UNE era necesaria para que el gobierno pudiera continuar con el desmantelamiento de la educación pública y el irrespeto a los docentes. A pesar de lo que afirma la propaganda gubernamental, la educación ha sufrido un retroceso. Se han implantado evaluaciones de ingreso a las universidades y puntajes para la elección de carreras fijados desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lo cual trajo aparejada la privatización de la educación superior.

    4. ¿Es la disolución de la UNE parte de un patrón más amplio de restricciones sobre la sociedad civil en Ecuador? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las principales restricciones del espacio cívico?
    La disolución de la UNE es parte de una fórmula que responde al objetivo central del régimen de eliminar toda forma de organización y participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas, la defensa de derechos humanos y la promoción de las libertades públicas. O sea, es parte de una estrategia para mantenerse en el poder.

    De hecho, en todos los sectores el gobierno ha creado organizaciones paralelas como el FUE (Frente de Estudiantes Universitarios del Ecuador), el FESE (Frente de Estudiantes Secundarios del Ecuador) y Seguro Campesino. Para enfrentar a las centrales sindicales tradicionales se creó en 2014 la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), afín al gobierno, y lo mismo en el terreno de los movimientos de mujeres, los movimientos ecologistas y las organizaciones defensoras de la tierra. Al mismo tiempo que estas nuevas organizaciones eran movilizadas, se instituyeron leyes anti obreras para criminalizar la lucha social y se utilizaron los aparatos represivos del Estado contra las organizaciones genuinamente representativas.

    Las violaciones de las libertades fundamentales han aumentado bajo la forma de persecución judicial, insultos, linchamiento mediático y agresiones físicas. Sin embargo, el 65% de la población rechaza actualmente estos atropellos, aunque por temor no se ha movilizado en defensa de las organizaciones que enfrentaron procesos de disolución. Pese a ello, hemos podido generar un debate sobre la defensa de los derechos. Y, en el caso específico de los maestros, está presente en la sociedad la necesidad de la existencia de nuestra organización como elemento de defensa, orientación y organización.

    5. ¿Ha recibido la UNE solidaridad y apoyo desde el exterior? ¿De qué modo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil en Ecuador?
    Pienso que tenemos una relación mejorada con nuestros pares en otras partes del mundo. Frente al proceso de disolución y el asalto que hemos sufrido, hemos recibido toda clase de muestras de solidaridad nacional e internacional. Los sindicatos de docentes en Canadá y en España, en particular, han sido claves en esta lucha de resistencia, de defensa de nuestra personería jurídica y recuperación del patrimonio. Sin embargo, en el terreno de la acción de masas no tenemos respuesta. Ello se debe a que existe un debate ideológico y una polarización muy fuerte, ya que fuera del Ecuador el discurso de izquierda de Rafael Correa, unido a la propaganda que despliega el gobierno, sigue sosteniendo la creencia errónea de que el Ecuador aún vive una revolución. Para disipar ese malentendido seguimos necesitando apoyo.

    El espacio cívico en Ecuador es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “obstrui-do”.
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