Ecuador

 

  • ‘Invocamos el principio de extraterritorialidad para llamar al Estado chino a rendir cuentas del impacto de sus inversiones en América Latina’

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    CIVICUS conversa con las cuatro responsables de la iniciativa regional “Explorando nuevos caminos para la defensa de los derechos humanos frente a las inversiones chinas en América del Sur: El Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas y el Principio de Extraterritorialidad”: Paulina Garzón,de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL),María Marta Di Paola, dela Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina; Sofía Jarrín, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador; y Julia Cuadros, de CooperAcción, una organización de Perú.

    1. ¿Qué impacto están teniendo las inversiones chinas en América Latina, y por qué es preocupante?

    A pesar de la desaceleración de la economía china en los últimos años, las inversiones chinas continúan creciendo en América Latina. En 2016 los préstamos soberanos de los bancos chinos alcanzaron 21.000 millones de dólares (más que el monto prestado por todos los bancos multilaterales) y la inversión directa llegó a los 10.358 millones (un crecimiento de 29,4% con respecto a 2015). La República Popular de China es el primer o el segundo socio comercial para todos los países sudamericanos, y resalta el hecho de que la gran mayoría de las exportaciones hacia China se concentra en petróleo, minerales y soja. En otras palabras, las inversiones chinas o motorizadas por la demanda china han dado un nuevo impulso al sector primario y, dentro de éste, a las industrias extractivas, de modo tal que la relación económica entre China y América Latina impone grandes desafíos tanto ambientales como en relación con los derechos de las comunidades donde se asientan estas inversiones.

    El crecimiento y la escala del financiamiento chino en América Latina ha tomado a las organizaciones sociales y a las comunidades por sorpresa. Hasta ahora, es poco lo que la sociedad civil ha podido hacer para demandar rendición de cuentas directamente a los bancos, compañías y agencias reguladoras chinas, en parte por falta de conocimiento y acceso a los procedimientos de estas instituciones, pero sobre todo por el hermetismo que las caracteriza. Ello se ve agudizado por el hecho de que la mayoría de los capitales chinos que llegan a la región aterrizan en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, países que tienen una o varias de las siguientes características: dificultades para acceder a los mercados financieros; gobernanza ambiental debilitada; y disminución de espacios de participación ciudadana. En estos países, vemos que las empresas transnacionales han contribuido a la violación de los derechos humanos, entre las que se cuenta la práctica sistemática de criminalización de los defensores ambientales.

    Sobre esta misma línea, cabe agregar que China ha seguido el principio de “no interferencia” en la construcción de su relación con América Latina, lo cual ha dado como resultado una interacción casi exclusiva con los gobiernos de turno, sin inclusión de actores no gubernamentales. En este contexto, las organizaciones sociales latinoamericanas no hemos logrado establecer canales de diálogo sustanciales con las instituciones chinas, y tanto menos en lo que se refiere a la demanda de rendición de cuentas acerca de los impactos negativos de su intervención.

    1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil de América Latina para llamar a China a rendir cuentas de los efectos ambientales y sociales de sus inversiones en la región?

    Un grupo de organizaciones de varios países que han visto su situación de derechos humanos deteriorarse por efecto de la penetración de estas inversiones, hemos decidido hacer uso de las herramientas que ofrece el sistema internacional de derechos humanos para establecer una conversación sobre la necesidad de llamar a los gobiernos a rendir cuentas de los efectos de sus inversiones y de las acciones de sus empresas en el extranjero. Para ello aprovecharemos el hecho de que la República Popular de China realizará en noviembre de 2018 su Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), la evaluación de derechos humanos a la que deben someterse cada cuatro años todos los estados miembros de la ONU, sin excepción.

    Pese a que no cuenta con una autoridad y mecanismos de aplicación, el sistema universal de derechos humanos, dentro del cual se encuentra el mecanismo EPU, ofrece valiosas oportunidades de incidencia para la sociedad civil en todo el mundo. El EPU ofrece un espacio para que las comunidades afectadas en sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales hagan oír sus reclamos. Por lo general, la responsabilidad por los derechos vulnerados es adjudicada al Estado dentro de cuyo territorio ocurren dichas violaciones de derechos. Así, en el marco del EPU de China, el grueso de las recomendaciones que recibe el Estado chino se vinculan con el trato que reciben sus ciudadanos dentro de su territorio. Sin embargo, nada impide a las comunidades afectadas en sus derechos en diversos países de América Latina presentar reclamos por las acciones de un país extranjero miembro de las Naciones Unidas. En otras palabras, nada impide a los grupos vulnerados invocar el principio de extraterritorialidad para demandar a un Estado extranjero el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos contraídas por la aceptación de los instrumentos de las Naciones Unidas, así como a través de todo compromiso voluntario que dicho Estado haya ratificado y asumido.

    Eso es precisamente lo que pensamos hacer durante la EPU de China. En vistas de este proceso, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) de Ecuador, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, CooperAcción de Perú y la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China América-Latina (IISCAL), hemos creado una alianza regional con el objeto de investigar colaborativamente y elaborar un informe sombra nacional para cada uno de los países sudamericanos incluidos en el proyecto, así como un informe sombra regional. En marzo de 2018 estos informes serán presentados a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como aportes para el EPU de China.

    Esta iniciativa cobró vida en 2017, con la búsqueda de una alianza regional para fortalecer nuestro trabajo de incidencia frente al Estado chino. La participación en el mecanismo del EPU es para nosotras una ventana de oportunidad para canalizar las preocupaciones y visibilizar las múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades afectadas por proyectos cuyo financiamiento y operación se vinculan con inversiones del Estado chino.

    Las organizaciones involucradas tenemos una extensa y probada trayectoria de trabajo sobre financiamiento internacional y derechos humanos y ambientales, y nos contamos entre las pocas organizaciones de la sociedad civil de la región que han realizado un trabajo sistemático de investigación e incidencia sobre inversiones chinas en sus respectivos países. Además, gozamos de la confianza, credibilidad y reconocimiento de las organizaciones de base y otros actores relevantes. De hecho, en varios casos, hemos abogado frente a las entidades chinas para que mejoren sustancialmente su comportamiento ambiental y social y para que actúen como buenos ciudadanos globales. La falta de respuestas por parte de tales entidades nos ha llevado a buscar nuevos espacios de interlocución con la República Popular de China en los foros internacionales. Tenemos la esperanza de que el EPU de China y demás mecanismos de las Naciones Unidas ofrezcan el tan necesario espacio para lograr un compromiso serio de parte de los bancos y empresas chinas en materia de internalización de los principios de derechos humanos en sus operaciones en el extranjero.

    1. ¿Cuál es el sustento legal de la iniciativa? ¿A qué instrumentos, convenciones y legislación apelarán para apoyar sus reclamos?

    La República Popular de China ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos. Entre ellos, los más importantes a la hora de constituir el marco de referencia y argumentación para el trabajo que pretendemos llevar adelante son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos últimos, en particular, establecen que los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales tanto dentro de su territorio como fuera de él, y estipulan que la responsabilidad del Estado se extiende a los actos y las omisiones de los agentes no estatales que actúan por instrucciones o bajo la dirección o el control del Estado en cuestión.

    Cabe señalar que si bien nuestra argumentación se basa en el principio de responsabilidades extraterritoriales, ello no excluye la posibilidad de apelar en los informes sombra a otros instrumentos internacionales que integran el sistema universal de las Naciones Unidas, aún si no han sido ratificados por el Estado chino. En ese sentido, deba presumirse que, al aceptar ser miembro de las Naciones Unidas, China se compromete a promover sus principios y apoyar la implementación de los tratados, pactos y convenios internacionales elaborados en el seno de la organización.

    También es importante destacar que según el artículo 16 de la Constitución China, las empresas estatales tienen poder de decisión con respecto al funcionamiento y la gestión dentro de los límites prescritos por la ley, a condición de que se sometan al liderazgo unificado del Estado, en cuyo caso deben cumplir con todas las obligaciones del plan estatal. En otras palabras, las empresas estatales chinas son actores cuasi-estatales. Funcionan como una extensión de la estructura del Estado chino, ya que le pertenecen, son patrocinadas por él o actúan en pos de sus intereses. Ello convierte a las responsabilidades de derechos humanos de las empresas estatales de la República Popular de China en responsabilidades del Estado chino.

    El hecho de que China ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de que, durante una visita del Secretario General de las Naciones Unidas a China el Ministro de Relaciones Exteriores de ese país haya declarado que “la ONU es una plataforma efectiva para los desafíos globales y la institución central para los esfuerzos internacionales en tratar los asuntos globales” constituye para nosotros una ventana de oportunidad. El EPU de la República Popular de China que se realizará en noviembre del 2018 es la oportunidad más concreta y cercana que tenemos.

    • Visite las páginas web delCDES,CooperAcción,FARN eIISCAL, o siga en Twitter a @CDESecuador, @CooperAccionPER, @farnargentina y @PaulinaGarzón

     

  • 70 civil society groups call on Ecuadorian President to end persecution of civil society and indigenous activists

    Click here to read a Spanish language version of this release

    Seventy Latin American and international civil society organisations have endorsed a letter urging President Correa of Ecuador to constructively engage with indigenous communities opposing the development of extractive industry projects on their lands. The letter also calls for the removal all legal and policy measures limiting these communities’ fundamental rights to association, assembly and expression. 

    “The government has responded to the indigenous communities’ legitimate demands for consultation with mounting repression and further restrictions on fundamental freedoms,” said Marlon Vargas, President of the Confederation of Indigenous Nationalities of the Ecuadorian Amazon (CONFENIAE). “Indigenous community leaders and organisations resisting the advances of extractive industries and demanding the implementation of consultation mechanisms for the expression of their communities’ free, prior and informed consent are being routinely criminalised and judicially harassed,” Vargas added.

    Most recently, in the context of ongoing protests and activism orchestrated by indigenous Shuar communities in opposition to the activities of mining companies in Ecuador’s Southern Amazon region, the government has declared a state of emergency suspending basic freedoms in the Morona Santiago province, and threatened to dissolve Acción Ecológica, a well-respected national organisation that has advocated for the rights of nature and the collective rights of peoples for nearly three decades.

    The letter highlights the following issues:
    •    Abuses were committed against the Shuar community of Nankints, who were denied consultation rights, evicted to make way for a mining venture, repressed as they attempted to reclaim their territory, and further criminalised following clashes with security forces guarding the newly established mining camp resulted in casualties.
    •    Under the state of emergency that was decreed in the Morona Santiago province, military presence was reinforced in the Shuar communities, basic freedoms were suspended and local dwellers were terrorized.
    •    In retaliation to its work to raise awareness about the environmental impacts of mining projects and lack of consultation of indigenous communities, the environmental organisation Acción Ecológica was threatened with the initiation of dissolution procedures.
    •    Domestic legislation, including Executive Decrees No. 16 and No. 739, currently allows for the arbitrary dissolution of civil society organisations, and should be repealed and replaced by a comprehensive Associations Law removing all undue restrictions on the freedom of association.

    “Over the past few years, the Government of Ecuador has increasingly targeted dissenting civil society, overstepping the boundaries protecting the freedoms of association, peaceful assembly and expression,” said Inés Pousadela, Policy and Research Officer at CIVICUS. “We all need to stand in solidarity with the people of Ecuador and call on the government to uphold its constitutional and international human rights commitments.”

    The signatories to the letter urge Ecuador’s Government to implement consultation mechanisms with indigenous communities, refrain from criminalising indigenous community leaders and organisations challenging extractive industry projects, and replace current restrictive legislation with an alternative NGO law upholding constitutional and international standards on freedom of association.

    Civic Space in Ecuador is rated as ‘obstructed’ in the CIVICUS Monitor.

     

  • As the climate crisis intensifies, so does the crackdown on environmental activism, finds new report

    New research brief from the CIVICUS Monitor examines the crackdown of environmental activism and profiles important victories civil society has scored in the fight for climate justice.

    • Environmental protests are being criminalised and met with repression on all continents
    • State authorities and private companies are common perpetrators of violations to civic freedoms
    • Despite the risks and restrictions, activist groups continue to score important victories to advance climate justice.

    As world leaders meet in Glasgow for the UN Climate Change Negotiations (COP26), peaceful environmental activists are being threatened, silenced and criminalised around the world. The host of this year's meeting is one of many countries where activists are regularly facing rights violations.

    New research from the CIVICUS Monitor looks at the common tactics and restrictions being used by governments and private companies to suppress environmental movements. The research brief “Defenders of our planet: Resilience in the face of restrictions” focuses on three worrying trends: Bans and restrictions on protests; Judicial harassment and legal persecution; and the use of violence, including targeted killings.

    As the climate crisis intensifies, activists and civil society groups continue to mobilise to hold policymakers and corporate leaders to account. From Brazil to South Africa, activists are putting their lives on the line to protect lands and to halt the activities of high-polluting industries. The most severe rights abuses are often experienced by civil society groups that are standing up to the logging, mining and energy giants who are exploiting natural resources and fueling global warming.

    As people take to the streets, governments have been instituting bans that criminalise environmental protests. Recently governments have used COVID-19 as a pretext to disrupt and break up demonstrations. Data from the CIVICUS Monitor indicates that the detention of protesters and the use of excessive force by authorities are becoming more prevalent.

    In Cambodia in May 2021, three environmental defenders were sentenced to 18 to 20 months in prison for planning a protest  against the filling of a lake in the capital. While in Finland this past June, over 100 activists were arrested for participating in a protest calling for the government to take urgent action on climate change. From authoritarian countries to  mature democracies, the research also profiles those who have been put behind bars for peacefully protesting.

    “Silencing activists and denying them of their fundamental civic rights is another tactic being used by leaders to evade and delay action on climate change” said Marianna Belalba Barreto, Research Lead for the CIVICUS Monitor. “Criminalising nonviolent protests has become a troubling indicator that governments are not committed to saving the planet .”

    The report shows that many of the measures being deployed by governments to restrict rights are not compatible with international law. Examples of courts and legislative bodies reversing attempts to criminalise nonviolent climate protests are few and far between.

    Despite the increased risks and restrictions facing environmental campaigners, the report also shows that a wide range of campaigns have scored important victories, including the closure of mines and numerous hazardous construction projects. Equally significant has been the rise of climate litigation by activist groups. Ironically, as authorities take activists to court for exercising their fundamental right to protest, activist groups have successfully filed lawsuits against governments and companies in over 25 countries for failing to act on climate change.


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  • ECUADOR: ‘Civil society must highlight the added value of its participation’

    CIVICUS speaks with Estefanía Terán, advocacy director of Grupo FARO, about the role of organised civil society in Ecuador's presidential elections and the challenges civil society faces today. Grupo FARO is an independent research and action centre in Ecuador that produces evidence to influence public policy and promotes social transformation and innovation.

    Estefanía Terán

    What roles does Ecuadorian civil society play during electoral processes?

    Political parties do not reach out much to civil society organisations (CSOs) to take on board their proposals. While some turn to CSOs for information, others hire private consultants. This happens because very few political organisations have within their structures a team or the necessary tools to develop quality government plans, with clear content, and which respond to the needs of the population or their voters, and are rooted in a diagnosis based on rigorous and objective technical research.

    During elections, CSOs develop initiatives to promote informed voting. They build web platforms and other communication tools to give visibility from a citizen perspective, to the proposals of the various contenders. Through this work, in the latest elections, initiatives were organised according to ideological criteria and in terms of their response to the Sustainable Development Goals. Likewise, with the aim of highlighting the ‘how’ of the proposals, which in general only focus on the ‘what’, forums and debates are held among the candidates.

    Grupo FARO is part of a group of CSOs that promotes informed voting; within this framework we developed the Ecuador Decide initiative. This initiative, which has been activated at elections since 2017 – which means it has been implemented on four occasions – aims to encourage voting based on the programmatic proposals of the different candidates and the political organisations that support them. To this end, it compiles, disseminates and analyses the contents of all their government plans.

    In the 2021 elections, Grupo FARO analysed the government plans of all the presidential candidates. We found that, of the 1,500 proposals identified in 16 areas of national relevance, only 55.5 per cent contained information on how they would be implemented, and only 26.7 per cent made clear who their target audience was.

    In addition, based on our experience organising debates among candidates during local elections, we assisted the National Electoral Council in regulating presidential debates, which became mandatory after the Democracy Code was reformed in February 2020.

    What are the causes and consequences of the low quality of political plans?

    The low quality of plans for government, which makes them inadequate instruments to inform the population about the positions of the various candidates and political organisations, is due to the lack of enforcement and regulation by the governing body, which does not require that these documents meet minimum standards and be comparable with each other. In fact, we have analysed some plans that were three pages long and others of more than a hundred pages. Moreover, in many cases they differ from the candidate’s discourse or include proposals outside the candidate’s field of competence.

    It is not common for voters to access these documents to get informed, and therefore, they serve no other purpose than to fulfil a formal requirement to register a candidacy. This contradicts the fact that one of the grounds for requesting the revocation of the mandate of popularly elected authorities is their non-compliance with their plans.

    The high degree of generality of the proposals contained in government plans means that the candidates’ campaign discourse is aimed at the median voter, and that strategically the candidates do not differentiate themselves. This fragments voter preferences, creating complications, as seen in the very narrow margin between the candidates placing second and third in the latest elections, Guillermo Lasso, of Movimiento Creando Oportunidades, and Yaku Pérez, of Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. This meant that the winner in the second electoral round was someone who in the first round had not even reached 20 per cent of the total vote: he came to power as a result of a compulsory vote, with very low legitimacy, and a high risk of facing governance problems in the medium term.

    What challenges does Ecuadorian civil society face under the new government?

    Although no specific proposals were identified regarding the promotion of civil society participation, President Lasso has sought to send a friendly and collaborative message. However, due to its business background, the government tends to equate civil society with the private sector. This results in two challenges for civil society. The first is to differentiate itself from the private sector and the second is to work harmoniously with the private sector. To this end, it must promote an exercise of reflection on the current role of civil society and highlight the value that its involvement adds to public management. Furthermore, it must insist that this participation is not limited to a few organisations that are close to the government, but that it is open and inclusive, plural and diverse.

    This implies, on the one hand, pushing forward a process of organisational strengthening of civil society for collaborative work among itself and with others. And, on the other hand, it implies initiating a process of learning and trust building with the private sector. There is a great opportunity for organised civil society to contribute so that companies’ support for social causes is done with transparency and public oversight and based on international principles for the effective functioning of public-private partnerships, guaranteeing quality projects and actions going beyond corporate profit.

    The prelude to developing such alliances should be the passing of a minimum CSO law to give us legal security and protect us from the discretion of the incumbent government. At the moment we are regulated by an executive decree and under a logic of concession and control, rather than registration and co-responsibility. Ensuring the enactment of a law that contributes to building an enabling environment and promoting participation is therefore another challenge we face as a sector during this presidential term. In partnership with the Ecuadorian Confederation of Civil Society Organisations and other allied organisations, Grupo FARO is pushing a proposal for a minimum law, which in the previous National Assembly reached the stage of developing a report for second debate.

     

    Civic space in Ecuador rated ‘obstructed’ by the CIVICUS Monitor.

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  • ECUADOR: ‘Hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas’

    Daniel BarraganCIVICUS conversa sobre la evolución aparentemente positiva del espacio para la sociedad civil en Ecuador con Daniel Barragán, Director Ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios. Conformado en 2015 como órgano de vinculación de la universidad con la comunidad, el CIIAT persigue el objetivo de promover la investigación científica y la formación continua en temas de gestión y derecho ambiental, cambio climático, conservación y gestión del territorio.

    ¿En qué medida están garantizadas las libertades de asociación, de protesta pacífica y de expresión en Ecuador?

    En los últimos dos años se percibe en Ecuador un ambiente de mayor libertad y respeto a estos derechos. El cambio se ha expresado en una política gubernamental de apertura al diálogo y en reformas tanto de las regulaciones que se aplican a las organizaciones de sociedad civil (OSC) como de la Ley Orgánica de Comunicación.

    Los decretos 16 y 739, que regulaban a las OSC, fueron derogados a fines de 2017. El decreto 193, con el cual fueron reemplazados, no ha sido utilizado como una herramienta política para coartar derechos o limitar la capacidad de acción de las OSC. El riesgo, sin embargo, sigue latente en la medida que las causales de disolución de OSC se siguen prestando a interpretación discrecional y podrían en el futuro ser aplicadas arbitrariamente por el gobierno de turno.

    La Ley Orgánica de Comunicación, por su parte, fue reformada en diciembre de 2018. Tras el veto presidencial parcial de la reforma, permanecen algunos cambios que se orientan a garantizar derechos y que cambian la lógica anterior: ya no se considera a la comunicación como un servicio público sino como un derecho, se amplía la conceptualización del derecho a la libertad de expresión, se elimina el control a los medios y se promueve su autorregulación, se deroga la figura del linchamiento mediático, que penalizaba la difusión reiterada de información para desprestigiar o destruir la credibilidad de alguien, y se eliminan las sanciones administrativas, entre otras cosas. Estos puntos son analizados en un informe técnico mediante el cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasmitió sus observaciones al proyecto de reforma.

    Otro hecho relevante fue la reciente firma de la Declaración de Chapultepec. Esta declaración fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en 1994, y firmada por el gobierno de Ecuador en febrero de 2019, en coincidencia con la promulgación en el Registro Oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

    Sobre estos temas en particular, es importante rescatar la voluntad política para generar cambios en el ambiente habilitante para las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Si bien no necesariamente se ha logrado llegar a las regulaciones ideales y el margen de discrecionalidad en la regulación es aún un tema pendiente, los cambios apuntan en la dirección correcta.

    ¿Cuál es la situación de los activistas y organizaciones indígenas y ambientalistas en Ecuador?

    Si bien se registran casos de criminalización por la defensa del territorio, la situación en Ecuador es diferente de la de otros países de la región en cuanto al nivel de riesgo al que están expuestos los defensores de la tierra y la naturaleza. En el período 2007-2017 la criminalización de la protesta social fue el principal medio para neutralizar y censurar a activistas y ambientalistas, y aún quedan secuelas que no permiten su accionar en un marco de libertad y de garantía del ejercicio de sus derechos. A fines de 2018 la Defensoría del Pueblo se pronunció ante los ataques sufridos por varias defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Pastaza, consistentes en el uso indebido del derecho penal, hostigamientos, amenazas, y un incendio provocado en la vivienda de una de ellas. Ante estos hechos, la Defensoría urgió al Estado a adoptar una “política integral de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza de manera independiente al actual sistema de protección a víctimas y testigos”.

    Por otro lado, a nivel regional ahora tenemos el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales y el primer tratado vinculante a nivel internacional que regula la protección de los defensores ambientales. El acuerdo reconoce explícitamente esta problemática que crece en América Latina, donde ocurre alrededor del 60% de los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, según datos de Global Witness para 2017. Y también reconoce el rol de los Estados para garantizar un entorno seguro y la obligación de proteger, prevenir y sancionar ataques y amenazas a los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

    El reto es ahora avanzar en la firma y ratificación de este instrumento. A la fecha el acuerdo tiene las firmas de 16 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

    ¿Qué significación tuvo el referendo constitucional de febrero de 2018?

    El referéndum de febrero de 2018 abordó temas tan diversos como la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la eliminación de la reelección indefinida, la protección a la niñez y la no prescripción de los delitos sexuales, y la prohibición de la minería en centros urbanos y zonas intangibles. También incluyó dos preguntas de consulta popular sobre la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, también conocida como Ley de Plusvalía, y la re-delimitación del Parque Nacional Yasuní para incrementar la zona intangible y reducir el área donde está autorizada la explotación petrolera.

    El referéndum produjo un cambio institucional importante, en particular a raíz de la reforma del CPCCS, por las implicaciones que han tenido hasta la fecha en términos de la evaluación y cesación de alrededor de 27 autoridades de control, y los nuevos nombramientos – algunos temporales y otros definitivos - para esos cargos, como ha sido el caso de la Corte Constitucional. El CPCCS fue establecido por la Asamblea Constituyente de 2008 y concebido como un "quinto poder" encargado de auditar a los mecanismos de control, alentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. También desempeña un papel en el nombramiento de funcionarios, lo que lo convirtió en blanco de fuertes críticas.

    Sobre la legalidad de lo actuado en este punto hay diversas visiones; lo que sí es cierto es que la gestión del CPCCS transitorio cuenta, desde mi percepción, con respaldo social y ciudadano.

    ¿Qué progresos se han realizado en materia de vigencia de las libertades democráticas?

    Desde mi punto de vista hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas. Prueba de ello es la existencia de un ambiente de diálogo, de tolerancia a la opinión contraria y de respeto al Estado de Derecho.

    Un ejemplo claro del progreso realizado es la decisión de sumar al Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto, como una de las medidas no sólo de inclusión ciudadana sino también de lucha contra la corrupción. Para Ecuador es fundamental avanzar en la generación de un clima de confianza sobre la base de la transparencia del accionar de las autoridades y funcionarios, a la vez que de una lógica de corresponsabilidad del ciudadano para con lo público. En este momento estamos avanzando en la construcción del primer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. Por otra parte, la semana pasada el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito entregó al alcalde el Plan de Acción de la ciudad para su implementación en 2019. Estoy participando en ambos procesos y puedo dar fe de que cuando hay voluntad política el trabajo articulado entre distintos sectores y actores es posible.

    El espacio cívico en Ecuador es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

    Contáctese con el CIIAT a través de supágina web y con la Universidad de Los Hemisferios a través de su perfil deFacebook, o siga a@uhemisferios en Twitter.

     

  • ECUADOR: ‘Today better conditions exist for the exercise of democratic freedoms’

    Daniel BarraganCIVICUS speaks about apparently improving conditions for civil society in Ecuador with Daniel Barragán, Executive Director of the International Centre for Research on the Environment and Territory (CIIAT) at Universidad de Los Hemisferios. Formed in 2015 as an institution linking the university with the community, CIIAT pursues the objective of promoting scientific research and continuous training on issues of environmental management and law, climate change, conservation and land management.

    To what extent are the freedoms of association, peaceful assembly and expression guaranteed in Ecuador?

    Over the past two years an environment of greater freedom and respect for these rights has become apparent in Ecuador. Change has taken the form of a government policy of openness to dialogue and in reforms of the regulations that apply to civil society organisations (CSOs) and the Organic Communications Law.

    Decrees 16 and 739, which used to regulate CSOs, were repealed in late 2017. Decree 193, which replaced them, has not been used as a political tool to restrict rights or limit the ability of CSOs to act. The risk, however, remains latent insofar as the possible causes for CSO dissolution can still be interpreted discretionally and could in the future be applied arbitrarily by the incumbent government.

    The Organic Communications Law was amended in December 2018. After the reform was partially vetoed by the president, some changes remained that are aimed at guaranteeing rights and imply a change of the logic of its predecessor: communication is no longer considered a public service but a right, the right to freedom of expression is conceptually broadened, media control is eliminated and self-regulation is promoted, the figure of media lynching – which criminalised the repeated dissemination of information aimed at discrediting or destroying someone’s credibility - is repealed, and administrative sanctions are eliminated, among other things. These points were analysed in a technical report issued by the Office of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the Inter-American Commission on Human Rights that set out its observations on the reform proposal.

    Another relevant fact was the recent signing of the Declaration of Chapultepec. This declaration was adopted in 1994 by the Hemispheric Conference on Freedom of Expression, and signed by the government of Ecuador in February 2019, coinciding with the promulgation in the Official Gazette of the reforms to the Organic Communications Law.

    On these issues in particular, it is important to emphasise the current political will to make changes in the enabling environment for CSOs and the media. While it has not always been possible to achieve the best possible regulations and the margin of discretion allowed by the current legislation is still a pending issue, the changes point in the right direction.

    What is the situation of indigenous and environmental activists and organisations in Ecuador?

    Although there are cases in which land rights defenders are criminalised for their work, the situation in Ecuador is different from that of other countries in the region in terms of the level of risk to which environmental and land rights defenders are exposed. In the 2007 to 2017 period, the criminalisation of social protest was the main tool that was used to neutralise and silence activists and environmentalists, and mechanisms remain that do not allow them to carry out their work within a framework of freedom and guarantees for the exercise of their rights. In late 2018, the Ombudsperson's Office spoke out against the attacks suffered by several human rights and environmental defenders in the Pastaza province, including through the misuse of criminal law, harassment, threats, and arson against the home of one of them. Given these facts, the Ombudsperson urged the state to adopt “a comprehensive policy of promotion and protection of human and environmental rights independently from the current system for the protection of victims and witnesses.”

    On the other hand, at the regional level we now have the Escazú Agreement, which is the first environmental human rights treaty and the first internationally binding treaty that regulates the protection of environmental defenders. The agreement explicitly recognises a growing problem in Latin America, where about 60 per cent of all murders of environmental and land rights defenders take place, according to Global Witness data for 2017. And it also recognises the role of states in guaranteeing a safe environment and its obligation to protect, prevent and punish attacks against and threats to the rights of human rights defenders in environmental matters.

    The present challenge is to achieve progress in the process of signing and ratification of this instrument. To date, the agreement has signatures from 16 states: Antigua and Barbuda, Argentina, Bolivia, Brazil, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haiti, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia and Uruguay.

    What significance did the February 2018 constitutional referendum have?

    The February 2018 referendum addressed issues as diverse as the fight against corruption, the restructuring of the main official participation body, the Council for Citizen Participation and Social Control (CPCCS), the elimination of indefinite re-election, the protection of children and the non-prescription of sexual crimes, and the prohibition of mining in urban centres and protected areas. It also included two popular consultation questions about the repeal of the Organic Law to Prevent Speculation on the Value of Land and Taxation, also known as the Capital Gains Law, and the re-demarcation of the Yasuní National Park so as to increase the size of its protected area and reduce the area where oil exploitation is allowed.

    The referendum resulted in important institutional change, particularly as a result of the reform of the CPCCS, and its implications to date in terms of the evaluation and removal of around 27 officials in supervisory bodies, accompanied by new appointments - some of them temporary and others permanent - to those positions, as has been the case with the Constitutional Court. The CPCCS had been established by the 2008 Constituent Assembly and was conceived of as a ‘fifth power’ in charge of auditing control mechanisms, encouraging citizen participation and fighting against corruption. It also plays a role in appointing officials, which made it a target of major criticism.

    On the legality of what has been done on these issues, perspectives diverge; what is certain however is, as far as I can tell, that the workings of the temporary CPCCS enjoy social and citizen support.

    What progress has been achieved in terms of the enforcement of democratic freedoms?

    From my point of view, today better conditions exist for the exercise of democratic freedoms. Proof of this is the existence of an environment of dialogue, tolerance of divergent opinions and respect for the rule of law.

    A clear example of the progress made is the decision for Ecuador to join the Open Government Partnership. This was one of the measures taken not only towards citizen participation but also regarding the fight against corruption. For Ecuador, it is essential to advance towards the creation of a climate of trust based on the transparency of the actions of the authorities and officials, as well as on a logic of citizen co-responsibility in public affairs. At the moment we are making progress towards the design of our first Open Government National Action Plan. Additionally, last week the Consultative Council of Open Government in Quito, the capital city, gave the mayor a city-level action plan to be implemented in 2019. I am participating in both processes and I can attest to the fact that when there is political will, coordinated work among different sectors and actors is possible.

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  • ECUADOR: ‘Women’s rights have experienced an emergency situation since well before the pandemic’

    CIVICUS speaks with Virginia Gómez de la Torre, president of Fundación Desafío, about the progress made and the challenges remaining in the area of sexual and reproductive rights in Ecuador. Virginia tells us about the significance of the breakthrough that took place in April 2021, when abortion was decriminalised in cases of rape. Active since 2000, Fundación Desafío is a feminist coalition dedicated to the defence and promotion of women’s sexual and reproductive rights and the right to a life free of violence in Ecuador.

    Virginia Gomez de la Torre

    What are the challenges for women’s rights in Ecuador?

    Women’s rights in Ecuador continue to be a challenge because in every area there are unresolved issues due to discrimination, exclusion and sexist violence. In terms of access to work and opportunities for economic and personal development, for example, women have suffered disproportionately from the pandemic and the slowdown in activity; the elimination of small businesses and the reduction of opportunities for informal sales hit them hardest, and it has been difficult for many to regain those spaces.

    Inequalities affect women from different social groups in different ways. Ecuador has a large Indigenous population and there is a large female peasant force, but women do not own land. There is a lot of discrimination, and Indigenous and Afro-descendant people have much more difficulty accessing opportunities. Indigenous and Black peasant and internal migrant women are more vulnerable because they suffer the violence of a system that devalues Indigenous and peasant lives.

    In Ecuador there is also a large presence of women in a situation of mobility, mostly young women of reproductive age. They arrive without papers and enter through unauthorised migratory passages, which exposes them to situations of trafficking, sexual exploitation and rape, as well as xenophobic violence. In this sense, women’s rights have experienced an emergency situation since well before the pandemic.

    All these exclusions are accompanied by violence, and Ecuador has yet to develop a strategy to confront this violence. Although psychological violence remains the most prevalent, all forms of violence have increased. For instance, obstetric violence – that is, the actions or omissions by health personnel that violate women’s rights during pregnancy or childbirth – is extremely high, affecting 42 per cent of women, and is much more prevalent in rural areas and among certain ethnic groups. The state makes little effort and does not give priority to the issue of femicide; last year we had 118 cases. This year we have already had 131, including violent deaths of women related to gang or criminal vendettas. Violence against women is a very serious problem in Ecuador, and as long as it does not deal with it, the government will be noncompliant with the rights enshrined in the constitution.

    The Ecuadorian state should issue protection and restraining orders and investigate femicides. It should also combat the violence that is present in all areas of daily life, and which manifests itself very strongly in the form of sexual violence, as well as other forms of violence such as political violence.

    This is the context for sexual and reproductive rights. Only on 28 April 2021 was abortion decriminalised in cases of rape. The fact that is something so basic and so long fought for shows the extent to which the Ecuadorian state is tied to the interests of economic power groups that are strongly linked to religious power groups. Every year, between 2,000 and 3,000 girls become pregnant in Ecuador. In 2019 there were 4,000 under the age of 14, and under the pandemic there were about 3,000; according to the Criminal Code, these pregnancies are the result of rape.

    What was the process that led to the legalisation of abortion in cases of rape?

    Until April 2021, abortion was only permitted when a woman’s life or health was in danger or if the pregnancy was the result of rape of an intellectually disabled woman. In response to several unconstitutionality lawsuits filed by women’s rights organisations, the Constitutional Court of Ecuador decriminalised abortion for all cases of rape.

    This has been a struggle of many years. Women’s rights organisations have been defending therapeutic abortion and abortion in cases of rape since 2008, when the new constitution was drafted and when anti-rights groups tried to repeal therapeutic abortion. They wanted to deprive Ecuadorian women of access to abortion under any circumstances.

    Within this framework, the proposal to legalise abortion in cases of rape was brought forward in 2012, when a new Criminal Code was drafted. In 2013, then-President Rafael Correa – the most powerful of anti-rights activists – excluded this possibility. He threatened to resign and used the typical cliché that the constitution guarantees and protects life from the moment of conception.

    In 2019, the issue of the decriminalisation of abortion in cases of rape was raised again as a result of a legislative initiative coming from the Public Defender’s Office. The National Women’s Coalition of Ecuador (CNME) and Fundación Desafío once again worked for decriminalisation in cases of rape. But at the last minute, during legislative negotiations, the issue was used as a bargaining chip, and we lost the vote. We had the 70 votes needed to pass a motion in the Assembly, but several Assembly members from parties that had pledged their support ultimately voted against it. We got 65 votes against 59 for the anti-rights side. We lost and the process took another course, that of the Constitutional Court.

    Two months before the vote, Fundación Desafío and CNME had already filed a complaint of unconstitutionality and a complaint of non-compliance with the Constitutional Court, because women of this country have no confidence that the powerful will look after our interests. In December 2019 these two lawsuits were admitted and in November 2020 other women’s organisations joined in, as well as the Ombudsman’s Office.

    Following the Constitutional Court’s ruling, the determination of time limits remains an immense challenge. We proposed that there should be no time limit, but some doctors and health professionals are already putting them into the bill, so this is something we are going to have to fight for in the Assembly.

    What roles has Fundación Desafío played in the process?

    In addition to filing the claims of unconstitutionality and non-compliance, we have played a leadership role in legislative lobbying. This work was in addition to the contribution of many other organisations that worked with the population, holding workshops, organising networks to accompany women undergoing abortions and opening up spaces that give women the possibility to decide, even if in a context of illegality.

    In the legislative processes of 2013 and 2019 we did all kinds of things. We ran communication campaigns, we produced short videos with people who have great public visibility, we worked in networks and we presented our research. We played a day-to-day role in the Assembly’s Justice Committee, which worked on the two reports that were later passed on to the plenary. We channelled the presence of Human Rights Watch, which from a comparative law perspective urged the Assembly to move forward on legalisation, and of several women who gave their testimonies, including a woman who had been raped and another woman who worked in the area of violence against children. We also campaigned for the passage of the Health Code, which included several articles on sexual and reproductive rights. Following eight years of debates, the Health Code was passed by the Assembly in August 2020, but it was fully vetoed the following month by then-President Lenín Moreno.

    Lastly, we supported the constitution of the Ecuadorian Faith Network, formed by progressive evangelical Christians. This group made public presentations and statements. The trade union movement and the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador were also in favour of the process. All this documentation was submitted first to the Assembly and then to the Constitutional Court.

    What impact do you think this legal change will have?

    For those of us who have devoted our lives to this and will continue to do so, this change has a great symbolic impact, even though it is a small step. Obviously, the legalisation of abortion in cases of rape is something huge for raped girls, of whom there are many in Ecuador, and more generally for the women who can now end a pregnancy that is the result of a crime, if they choose to do so. And although no progress has been made in recognising the right of all women to decide about their own bodies in any circumstance, symbolically it is a huge step forward because it demystifies abortion and the possibility of making decisions about the course of a pregnancy in cases of rape. It is now legal to make decisions about the body of a pregnant woman who has been raped; the state has given its approval and for the first time has put the victim at the centre of the debate. So why shouldn’t women who have not been raped be able to make similar decisions about their bodies? I think these are the shifts that are implicitly taking place.

    The next step in the very short term will be to also decriminalise abortion in cases of lethal foetal malformation. The scenario of total decriminalisation needs to be raised in the Assembly, as has happened in other countries. The Assembly may say no, but that is the way forward and someone needs to do it.

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  • ECUADOR: “La sociedad civil debe poner en evidencia el valor agregado de su participación”

    CIVICUS conversa con Estefanía Terán, directora de incidencia de Grupo Faro, acerca del rol de la sociedad civil organizada en las elecciones presidenciales de Ecuador y los retos que la sociedad civil enfrenta en la actualidad. Grupo Faro es un centro de investigación y acción independiente del Ecuador que genera evidencia para incidir en la política pública y promover la transformación y la innovación social.

    Estefanía Terán

    ¿Qué roles desempeña la sociedad civil ecuatoriana durante los procesos electorales?

    No hay mucho acercamiento de los partidos políticos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para nutrir sus propuestas. Si bien algunas recurren a OSC en busca de información, otras contratan a consultoras privadas. Esto ocurre porque muy pocas organizaciones políticas tienen dentro de sus estructuras un equipo y/o las herramientas necesarias para desarrollar planes de gobierno de calidad, con contenidos claros, que respondan a las necesidades de la población o de sus votantes, y cuyo diagnóstico parta de un ejercicio de investigación riguroso, objetivo y técnico.

    Durante las elecciones las OSC desarrollan iniciativas para promover el voto informado. Así, construyen plataformas web u otras herramientas comunicacionales para visibilizar desde una perspectiva ciudadana las propuestas de los distintos contendientes. Mediante este trabajo, en las últimas elecciones se organizaron las iniciativas con criterios ideológicos y en términos de su respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, con el propósito de poner en evidencia el cómo de las ofertas, que en general solo enuncian el qué, se desarrollan foros y debates entre los y las candidatas.

    Grupo FARO forma parte del grupo de OSC que promueven el voto informado; en ese marco desarrollamos la iniciativa Ecuador Decide. Esta iniciativa, que es activada en tiempos de elecciones desde 2017 y ya ha sido implementada en cuatro oportunidades, tiene el objetivo de propiciar un ejercicio del voto basado en las propuestas programáticas de los distintos candidatos y candidatas y de las organizaciones políticas que los respaldan. Para ello, recopila, difunde y analiza los contenidos de todos sus planes de gobierno.

    En las elecciones de 2021, Grupo FARO analizó los planes de gobierno de todos los y las candidatos presidenciales. Encontramos que, de las 1500 propuestas identificadas bajo 16 temas de relevancia nacional, solo el 55,5% contenía información sobre cómo iban a ser ejecutadas, y únicamente el 26,7% explicaba a quién estaban dirigidas.

    Además, a partir de nuestra experiencia organizando debates entre candidatos y candidatas durante las elecciones seccionales, asistimos al Consejo Nacional Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales, que a partir de la reforma al Código de la Democracia de febrero de 2020 pasaron a ser obligatorios.

    ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la baja calidad de los planes de gobierno?

    La baja calidad de los planes de gobierno, que hace que no sean instrumentos adecuados para informar a la población sobre las posturas de los diferentes candidatos, candidatas y organizaciones políticas, responde a la falta de exigibilidad y reglamentación de parte del organismo rector, que no exige que estos documentos cumplan con estándares mínimos y puedan ser comparables entre sí. De hecho, hemos analizado algunos planes de gobierno de tres páginas y otros de más de cien. Además, en muchos casos difieren del discurso del o la candidata o incluyen propuestas ajenas a su ámbito de competencia. Por esto, no es común que los electores accedan a estos instrumentos para informarse, y, por ende, no tiene otro propósito que cumplir con un requisito formal para registrar la candidatura. Esto último contradice el hecho de que una de las causales para solicitar revocatoria de mandato de autoridades de elección popular es el incumplimiento de su plan de gobierno.

    El alto grado de generalidad de las propuestas contenidas en los planes de gobierno hace que el discurso de campaña de los candidatos apunte al votante mediano, y que estratégicamente los candidatos no se diferencien. Esto fragmenta las preferencias de los electores y genera complicaciones, tales como el estrechísimo margen entre el segundo y el tercer lugar en las últimas elecciones, entre los candidatos Guillermo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades, y Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Ello hizo que quien ganó en segunda vuelta fuera alguien que en la primera vuelta no había alcanzado ni el 20% del voto total: llegó al poder por efecto de un voto obligatorio, con muy baja legitimidad, y un alto riesgo de enfrentar problemas de gobernabilidad en el mediano plazo.

    ¿Qué desafíos enfrenta la sociedad civil ecuatoriana bajo el nuevo gobierno?

    A pesar de que no se identificaron propuestas específicas en relación con la promoción de la participación de la sociedad civil, el presidente Lasso ha procurado emitir un mensaje amigable y de colaboración. Sin embargo, debido a su origen empresarial, el gobierno tiende a equiparar a la sociedad civil con el sector privado. Esto decanta en dos retos para la sociedad civil. El primero es diferenciarse del sector privado y el segundo es trabajar de forma armoniosa con éste. Para esto debe promover un ejercicio de reflexión sobre el rol actual de la sociedad civil y poner en evidencia el valor que su involucramiento agrega a la gestión pública. Además, debe insistir en que esta participación no se circunscriba a unas pocas organizaciones afines al gobierno, sino que sea abierta e inclusiva, plural y diversa.

    Lo anterior implica, por un lado, avanzar en un proceso de fortalecimiento organizacional de la sociedad civil para el trabajo colaborativo entre sí y con otros actores. Y, por otro lado, iniciar un proceso de aprendizaje y de generación de confianza con el sector privado. Hay una gran oportunidad para que la sociedad civil organizada contribuya a que el aporte de las empresas a lo social se haga desde la transparencia, con rectoría pública y en base a principios internacionales de funcionamiento efectivo de alianzas público-privadas sociales que garanticen proyectos o acciones de calidad, y que vayan más allá del beneficio corporativo.

    La antesala para el desarrollo de las alianzas previamente mencionadas es la promulgación de una ley mínima para las OSC que nos dé seguridad jurídica y nos proteja de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Al momento estamos normadas por un decreto ejecutivo y bajo una lógica de concesión y control, y no de registro y corresponsabilidad. Lograr la promulgación de una ley que contribuya a la construcción de un ambiente habilitante y de fomento de la participación es otro de los desafíos que tenemos como sector en este periodo de gobierno. Grupo FARO, en alianza con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y otras organizaciones aliadas, promueve una propuesta de ley mínima que, en la anterior Asamblea Nacional, llegó hasta la instancia del desarrollo de un informe para segundo debate.

     

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  • ECUADOR: “Los derechos de las mujeres atraviesan una situación emergencia desde mucho antes de la pandemia”

    CIVICUS conversa con Virginia Gómez de la Torre, presidenta de Fundación Desafío, acerca de los avances conseguidos y los desafíos pendientes en materia de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador. Virginia se refiere a la significación del avance que tuvo lugar en abril de 2021, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación. Activa desde el año 2000, la Fundación Desafío es una coalición feminista dedicada a la defensa y a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia en Ecuador.

    Virginia Gomez de la Torre

    ¿Cuáles son los desafíos para los derechos de las mujeres en Ecuador?

    Los derechos de las mujeres en Ecuador siguen siendo un desafío porque en todos los aspectos tenemos asuntos pendientes a causa de la discriminación, la exclusión y la violencia machista. En materia de acceso al trabajo y a oportunidades económicas y de desarrollo personal, por ejemplo, las mujeres padecieron la pandemia y la desaceleración de la actividad en forma desproporcionada; la eliminación de pequeños emprendimientos y la reducción de las oportunidades para las ventas informales las golpearon con mayor fuerza, y para muchas fue difícil recuperar esos espacios.

    Las desigualdades afectan de maneras diferentes a mujeres de distintos grupos sociales. Ecuador tiene una población indígena grande, hay una gran fuerza campesina femenina, pero las mujeres no son dueñas de la tierra. Hay muchísima discriminación, y las personas indígenas y afrodescendientes tienen muchas más dificultades para acceder a oportunidades. Las mujeres indígenas y negras campesinas y migrantes internas son más vulnerables porque sufren la violencia de un sistema que desvaloriza lo indígena y lo campesino.

    En Ecuador también hay una gran presencia de mujeres en situación de movilidad, en su mayoría jóvenes, en edad reproductiva. Están llegando sin papeles y entrando por pasos migratorios no autorizados, lo que las expone a situaciones de trata, explotación sexual y violación, además de a situaciones de violencia xenófoba. En ese sentido, los derechos de las mujeres atraviesan una situación de emergencia desde mucho antes de la pandemia. 

    Todas estas exclusiones van acompañadas de violencia, y Ecuador sigue teniendo pendiente el desarrollo de una estrategia para enfrentar esa violencia. Aunque la violencia psicológica sigue siendo la más prevalente, todas las formas de violencia han aumentado. Por ejemplo, la violencia obstétrica - es decir, las acciones u omisiones por parte del personal de salud que violan derechos de las mujeres durante el embarazo o el parto- es altísima: afecta a un 42% de mujeres, y en el área rural y en determinados grupos étnicos es mucho más prevalente. El Estado hace escasos esfuerzos y no da prioridad al tema del femicidio; el año pasado tuvimos 118 casos. Este año ya llevamos 131, entre los que se cuentan muertes violentas de mujeres relacionadas con venganzas de pandillas o delincuentes. La violencia contra las mujeres es un problema gravísimo en el Ecuador, y mientras el gobierno no se ocupe de ella estará incumpliendo con los derechos que están en la Constitución.

    El Estado ecuatoriano debería entregar boletas de protección u órdenes de alejamiento e investigar femicidios. También debería combatir la violencia que está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y que se expresa muy fuertemente bajo la forma de violencia sexual, así como en otras formas de violencia como la violencia política.

    En ese marco se coloca el panorama de los derechos sexuales y reproductivos. Recién el 28 de abril de 2021 se despenalizó el aborto en caso de violación. Es algo tan básico y por lo cual hubo que luchar tanto tiempo, lo que indica hasta qué punto el Estado ecuatoriano está atado a intereses de grupos de poder económicos que están fuertemente ligados a grupos de poder religioso. Cada año se embarazan en Ecuador entre 2.000 y 3.000 niñas. En 2019 fueron 4.000 menores de 14 años, y en la pandemia unas 3.000; según el Código Penal, estos embarazos son producto de violación.

    ¿Cómo ha sido el proceso que condujo a la legalización del aborto en casos de violación?

    Hasta abril de 2021, el aborto solo estaba permitido cuando la vida o la salud de la mujer estaba en peligro o si el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. En respuesta a varias demandas de inconstitucionalidad interpuestas por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, la Corte Constitucional de Ecuador despenalizó el aborto para todos los casos de violación. 

    Esta ha sido una lucha de muchos años. Las organizaciones de derechos de las mujeres estamos defendiendo el aborto terapéutico y para casos de violación desde el año 2008, cuando se redactó la nueva constitución y cuando los grupos antiderechos intentaron derogar el aborto terapéutico. Ellos querían que las mujeres de este país no tuvieran posibilidad de abortar bajo ninguna circunstancia.

    En ese marco, la propuesta de legalización del aborto por violación se presentó en 2012, cuando se elaboró el nuevo Código Penal. En 2013, el entonces presidente Rafael Correa - el activista antiderechos con más poder– excluyó esta posibilidad. Amenazó con renunciar y lanzó el típico cliché de que la Constitución garantiza y protege la vida desde la concepción.

    En 2019 se volvió a plantear la despenalización del aborto en caso de violación producto de una iniciativa legislativa procedente de la Defensoría Pública. La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador (CNME) y la Fundación Desafío volvimos a trabajar por la despenalización en casos de violación. Pero a último momento, en la negociación legislativa, el tema fue usado como moneda de cambio, y perdimos la votación. Teníamos los 70 votos que se necesitan para aprobar una moción en la Asamblea, pero varios asambleístas de bancadas que habían comprometido su apoyo finalmente votaron en contra. Logramos 65 votos frente a 59 de los antiderechos. Perdimos y el proceso tomó otro rumbo, el de la Corte Constitucional.

    Dos meses antes de la votación, la Fundación Desafío y la CNME ya habíamos interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y una demanda de incumplimiento en la Corte Constitucional, porque las mujeres de este país no tenemos confianza en que los poderosos de turno contemplen nuestros intereses. En diciembre de 2019 estas dos demandas fueron admitidas y en noviembre de 2020 se sumaron otras organizaciones de mujeres, además de la Defensoría del Pueblo.

    Tras el fallo de la Corte Constitucional, la determinación de los plazos sigue siendo un desafío inmenso. Nosotras planteamos que no hubiese plazo, pero algunos médicos y profesionales de la salud ya están poniendo plazos en el proyecto de ley, de modo que eso es algo que vamos a tener que pelear en la Asamblea.

    ¿Qué roles ha desempeñado la Fundación Desafío?

    Además de presentar las mencionadas demandas de inconstitucionalidad y de incumplimiento, hemos desempeñado un rol de liderazgo en el cabildeo legislativo. Este trabajo se sumó a la contribución de muchas otras organizaciones que trabajaron con la población, haciendo talleres, organizando redes para acompañar a mujeres en situación de aborto y abriendo espacios que dan a las mujeres la posibilidad de decidir, aunque sea en un contexto de ilegalidad.

    En los procesos legislativo de 2013 y 2019 hicimos de todo. Hicimos campañas comunicacionales, produjimos videos cortos de gente que tiene visibilidad pública, trabajamos en redes, presentamos nuestras investigaciones. Tuvimos un rol en el día a día en la Comisión de Justicia, que trabajó los dos informes que luego pasaron al plenario. Nosotras canalizamos la presencia de Human Rights Watch, que desde una perspectiva de legislación comparada instó a la Asamblea a avanzar en la legalización, y de varias mujeres que dieron sus testimonios, incluidas una mujer violada y una mujer que trabaja en el sector de la violencia en los niños. También hicimos una campaña para que se aprobara el Código de la Salud, que incluía varios artículos sobre derechos sexuales y reproductivos. Después de ocho años de debates, el Código de Salud se aprobó en agosto de 2020 en la Asamblea y el expresidente Lenin Moreno lo vetó totalmente al mes siguiente.

    Finalmente, apoyamos la conformación de la Red Ecuatoriana de Fe, formada por cristianos evangélicos progresistas. Este grupo hizo presentaciones y comunicados. El movimiento sindical y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador también se posicionaron a favor en el proceso. Toda esa documentación fue entregada a la Asamblea y luego a la Corte Constitucional.

    ¿Qué impacto piensas que tendrá este cambio legal?

    Para quienes hemos dejado la vida en esto y la seguiremos dejando, este cambio tiene un gran impacto simbólico a pesar de ser un pequeño paso. Obviamente, la legalización del aborto en casos de violación es algo enorme para las niñas violadas, que en Ecuador son muchísimas, y para las mujeres en general que ahora pueden finalizar un embarazo producto de un crimen, si así lo deciden. Y si bien no se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos en cualquier circunstancia, simbólicamente es un progreso enorme porque desmitifica el aborto y la posibilidad de tomar decisiones sobre el curso de un embarazo en caso de violación. Ahora es legal tomar decisiones sobre el cuerpo de una mujer embarazada que ha sido violada; el Estado ha dado su aprobación y por primera vez ha puesto a la víctima en el centro del debate. Entonces, ¿por qué no van a poder las mujeres que no han sido violadas tomar decisiones sobre sus cuerpos? Implícitamente creo que se van dando estos desplazamientos.

    El próximo paso a muy corto plazo sería que también se despenalice el aborto en caso de malformación letal del feto. El escenario de la despenalización total hay que plantearlo en la Asamblea, como ha ocurrido en otros países. Tal vez digan que no, pero ese es el camino y alguien lo tiene que hacer.

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  • Ecuador: Human rights at risk as protests are violently repressed

    The use of violence to restrict ongoing protests in Ecuador and the refusal of the government to heed the demands of the protesters further threatens fundamental freedoms, Global civil society alliance CIVICUS said today. 

     

  • Ecuador: Informe de Diálogo sobre Democracia: 21 de agosto de 2018

    Diálogo sobre Democracia organizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador, 21 de agosto de 2018

     

  • Ecuador: Los derechos humanos están en peligro debido a la represión violenta de las protestas

    Según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, el uso de la violencia para reprimir las protestas que se están llevando a cabo en Ecuador y la negativa del gobierno a atender las demandas de los manifestantes amenazan aún más las libertades fundamentales. 

     

  • Joint Universal Periodic Review (UPR) Submissions on Civil Society Space

    CIVICUS makes UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on civil society space in Algeria, Brazil, Ecuador, India, Indonesia, Philippines, Poland, South Africa, Tunisia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

    The United Nations Human Rights Council's Universal Periodic Review is a unique process which involves a review of the human rights records of all 193 UN Member States once every 4.5 years.


    CIVICUS and its partners have submitted UN Universal Periodic Review (UPR) submissions on ten countries in advance of the 41st UPR session in October-November 2022, which marks the beginning of the 4th UPR cycle. The submissions examine the state of civil society in each country, including the promotion and protection of the rights to freedom of association, assembly and expression and the environment for human rights defenders. We further provide an assessment of the States’ domestic implementation of civic space recommendations received during the 3rd UPR cycle over 4 years ago and provide a number of targeted follow-up recommendations. 

    Algeria  -  See consolidated report | See full version in EnglishThe submission by CIVICUS, Cairo Institute for Human Rights Studies, ARTICLE 19, Front Line Defenders, FIDH, MENA Rights Group, the Algerian League for the Defence of Human Rights (LADDH), SHOAA, and Alter’Solidaire highlights our concerns around the use of violence and restrictive legislation limiting freedom of expression and targeting protesters.  It also documents the arrests of journalists, the targeting of civil society organisations and the attacks on human rights under the pretext of countering terrorism. 

    Brazil - See consolidated report | See full versions in English and Portuguese: CIVICUS and Instituto Igarapé examine the deterioration of civic space in Brazil, highlighting legal and extra-legal measures that have restricted freedom of expression and the participation of civil society in policymaking. The submission shows that violence against human rights defenders and journalists is widespread and continues to take place with impunity as the environment for civil society worsens.

    Ecuador - See consolidated report | See full versions in English and Spanish: CIVICUS and Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) assess the important reforms removing legal restrictions on the freedoms of association and expression in Ecuador, while also highlighting the lack of institutional mechanisms to protect and promote an enabling environment for civil society, HRDs and journalists. We discuss the recurrent judicial harassment, criminalisation and violence of these actors and the repeated repression of protests. 

    India - See consolidated report | See full version in EnglishThis submission by CIVICUS and Human Rights Defenders Alert – India (HRDA) highlights the continued use of the draconian Foreign Contributions Regulation Act (FCRA) by the authorities to target CSOs, block foreign funding and investigate organisations that are critical of the government. It also documents the continued judicial harassment of human rights defenders and journalists and the use of repressive security laws to keep them detained as well as restrictions on and excessive use of force against protesters.

    Indonesia -  See consolidated reportSee full version in EnglishIn this UPR submission, CIVICUS, The Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM), and YAPPIKA-ActionAid highlight, among other issues, the implementation of legal restrictions concerning civic space and fundamental freedoms, increased scrutiny and excessive use of force by authorities to control both offline and online civic space and the heightened repression against marginalised groups including people from and who work on the issue of Papua/West Papua.

    The Philippines - See consolidated reportSee full version in EnglishIn this joint submission, CIVICUS and Karapatan detail systematic intimidation, attacks and vilification of civil society and activists, an increased crackdown on media freedoms and the emerging prevalence of a pervasive culture of impunity in the Philippines over the last five years. Often, crackdowns have taken place under the guise of anti-terrorism or national security interests. We further note that a joint programme on human rights between the Philippines and the UN established in July 2021 has not, to date, resulted in any tangible human rights improvement.

    Poland - See consolidated report | See full version in EnglishCIVICUS and the Committee for the Defence of Democracy – Komitet Obrony Demokracji (KOD) highlight our concerns of the dismantling of judicial independence and the rule of law by the ruling Law and Justice (PiS) Party, which has been used as a tool to violate civic freedoms. In this joint submission we examine cases of women HRDs (WHRDs) advocating for reproductive justice and LGBTQI+ defenders who are facing judicial harassment and intimidation. In addition, we access the state of freedom of expression, with repeated attempts to diminish media independence through restrictive legislation, government allies acquiring ownership of major media outlets and the filing of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) against independent media.

    South AfricaSee consolidated report | See full version in English In this joint submission, CIVICUS, Human Rights Institute of South Africa (HURISA) and the Centre for the Study of Violence and Reconciliation (CSVR) highlight threats, intimidation and attacks against human rights defenders (HRD), in particular women HRDs (WHRDs) and those defending land and environmental rights, housing rights and whistleblowers. Furthermore, the submission addresses concerns on the continued use of force by security forces in response to protests and legal restrictions which undermine the freedom of expression and opinion.

    TunisiaSee consolidated report | See full version in EnglishIn this submission, CIVICUS and the Arab NGO Network for Development (ANND) highlight the increased deterioration of civic space in Tunisia, particularly since July 2021, when President Kais Saied suspended the parliament. Activists and journalists have faced increased attacks, prosecution and arrests, while access to information has been limited and media outlets have faced restrictions. In addition, the submission examines the government’s attempts to introduce restrictive legislation that could unduly limit the right to association.

    The United Kingdom  See consolidated report | See full version in EnglishCIVICUS highlights our concerns on the UK government’s repeated attempts to unduly restrict the right to the freedom of peaceful assembly. We examine how the Police, Crime, Sentencing and Courts Bill (PCSCB), introduced in March 2021, seeks to unduly limit this right. We discuss cases in which protesters advocating for climate justice and racial justice have faced undue restrictions, including detentions and excessive force. We also highlight how several laws have been used to unduly limit press and media freedoms.


    Civic space in the United Kingdom is rated as Narrowedby the CIVICUS Monitor. In Brazil, Ecuador, Indonesia, Poland, South Africa, Tunisia it is rated as Obstructed,whereas in Algeria, India, The Philippines civic space is rated as Repressed

     

  • La disolución de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, parte de una estrategia coordinada para silenciar el disenso

    English

    CIVICUS conversa con Rosana Palacios Barriga (foto), presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Ecuador. La UNE, la organización de maestros más grande del país, fue disuelta por resolución del Ministerio de Educación en agosto de 2016 por presuntos incumplimientos de sus propios estatutos y de la normativa vigente para el funcionamiento de las organizaciones sociales.

    1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la disolución de la Unión Nacional de Educadores, el sindicato más grande del país?
    La Unión Nacional de Educadores (UNE) del Ecuador tiene dos líneas de acción. Por un lado, es una organización defensora de derechos humanos, de la educación y de la profesión docente en sus aspectos laborales, de salud y de mejoramiento profesional, económico y social. Por el otro lado, investiga la situación del país y del magisterio; presenta propuestas para que sean trasformadas en políticas públicas; y trabaja en propuestas pedagógicas tales como la de “Educación para la Emancipación” y en estrategias para implantar tecnologías de la información y la comunicación en el aula. En ese sentido, enfrenta la corrupción, la prepotencia y el autoritarismo.

    Cuando inició su gestión en 2006, el Presidente Rafael Correa contaba con el respaldo de los sectores de izquierda, los movimientos sociales, sindicales y populares. Ese mismo año, el pueblo ecuatoriano aprobó mediante consulta popular el Plan Decenal, que incluía ocho políticas para la educación. La propuesta que se sometió a consulta popular había sido presentada por la UNE a Rafael Correa, por entonces candidato a presidente, para que fuera elevada a política de Estado. La UNE apoyó su candidatura porqué él dio su apoyo a nuestra propuesta.

    El conflicto entre el gobierno y la UNE se inició cuando, una vez comenzada la gestión, la UNE exigió el cumplimiento del Plan Decenal. Ya en el año 2008, la UNE se enfrentó con el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, porque éste buscaba implantar una evaluación punitiva destinada a destituir a docentes sin brindarles ninguna opción para que pudieran volver a ejercer su profesión, al tiempo que liberaba al Estado de sus obligaciones laborales para casos de despido. En ese contexto, la UNE exigió el respeto de los derechos laborales y defendió la educación bilingüe, en riesgo ante el cierre de 6000 instituciones escolares.

    En el marco de la construcción de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la UNE exigió el reconocimiento de los derechos laborales alcanzados por el magisterio y la incorporación de sectores de profesores a la carrera docente de tal manera sean protegidos por la seguridad social y la LOEI. Denunció la precarización y la flexibilización laboral –actualmente son 40 mil los profesores bajo régimen de contrato-, la inestabilidad laboral, el congelamiento de salarios, los chantajes y los despidos. Cabe señalar que al trabajo docente se ha sumado el requisito de cumplimiento de trabajo administrativo, lo cual modifica el rol docente y genera temor, ya que se crea un ambiente de total indefensión.

    2. ¿Cuáles cree Ud. que fueron las motivaciones del gobierno para tomar la decisión de disolver la UNE?
    El Presidente Correa tiene una política de desintegración de las organizaciones sociales como estrategia de concentración de poder. Cuando la UNE mantuvo sus exigencias, Correa tomó la decisión de destruir esta organización sindical, gremial y popular.

    El proceso se inició con una exhibición de poder por parte del presidente, por dos vías: por un lado, el debilitamiento del sindicato ante la opinión pública, mediante campañas persecutorias para las que hizo uso de cadenas nacionales de radio, prensa y TV, en las que condenó sus acciones gremiales; por el otro, la implementación, en 2009, de la evaluación punitiva del magisterio nacional.

    En aras del cumplimiento de los objetivos del Plan Decenal, la UNE entregó al gobierno una contrapropuesta de evaluación elaborada sobre bases científicas y pedagógicas. Ante la negativa del régimen de dialogar, la organización declaró un paro nacional que se extendió desde el 15 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2009. El paro terminó con un acuerdo entre UNE y el Ejecutivo, cuyos artículos luego fueron incorporados a la nueva Ley de Educación. En suma: lo que el correísmo nunca le perdonó a la UNE fue que desafiara su poder y le ganara.

    En su afán por eliminar a nuestra organización, y más en general a todas aquellas que no siguieran sus mandatos, así como de dominar a las restantes, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 16 del 4 de junio de 2013 (Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas). Este decreto recibió el rechazo unánime de la sociedad civil independiente, ya que era violatorio de la libertad de asociación. El decreto estableció nuevos procedimientos y requisitos para el reconocimiento legal de organizaciones de la sociedad civil e introdujo un proceso de evaluación para autorizar a ONGs internacionales para operara en el país. También exigió que las ONGs ecuatorianas se volvieran a registrar, impuso requisitos excesivos de información que podrían ser utilizados contra las propias organizaciones, y otorgó al gobierno amplia discrecionalidad para rechazar peticiones de reconocimiento jurídico o disolver organizaciones con argumentos vagos vinculados con el desvío de sus objetivos declarados, el involucramiento en actividad político-partidaria, la interferencia con las políticas públicas o la afectación de la seguridad del Estado o la paz pública.

    Gracias al apoyo de la sociedad civil, organizaciones sindicales, organizaciones de servidores públicos y organismos internacionales como la Federación Sindical Mundial y la Internacional de la Educación, logramos llegar hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas para denunciar el Decreto Ejecutivo No. 16. En Ecuador, además, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad del decreto ante la Corte de Justicia. La primera víctima de disolución a partir de la aplicación del Decreto No. 16, a fines de 2013, fue la Fundación Pachamama, una organización ambientalista.

    Entretanto, el gobierno utilizó una táctica de desgaste mediante criminalización contra los dirigentes de la UNE. Mery Zamora, presidenta de la UNE entre 2007 y 2010, fue acusada de sabotaje y terrorismo por supuestamente haber incitado a los alumnos de un colegio a salir a las calles durante la revuelta policial de 2010. Se le siguió un juicio, fue hallada culpable gracias a la presentación de pruebas falsas y finalmente condenada a 8 años de prisión. Si bien en instancia de apelación fue eventualmente declarada inocente y no debió cumplir pena, la Fiscalía de la Nación enseguida volvió a presentar nuevas acusaciones contra ella, por supuestamente haber atentado contra los derechos del Estado.

    Otros dirigentes nacionales, como Xaver Cajilema, Paúl Jácome y Edwin Lasluisa, fueron encarcelados durante un año. Decenas de dirigentes provinciales y cantonales – entre ellos Francisco Rojas, Juan Cervantes, Luis Chancay, Sisa Bacacela y Pilar Paredes – fueron destituidos. Hubo cantidades de sumarios administrativos contra maestros que declararan pertenecer a UNE, y muchos fueron removidos de sus funciones o de sus sitios de trabajo.

    Los nuevos dirigentes de la UNE, elegidos para el período 2013-2016, incluida yo misma, no fuimos reconocidos. El Ministerio de Educación esgrimió varios pretextos para ello, por ejemplo el incumplimiento del Decreto No. 16, que sin embargo había sido dictado meses después de las elecciones de la UNE, celebradas con voto universal y secreto y con la veeduría del Consejo Nacional Electoral. El Comité Electoral de UNE argumentó la ilegalidad de esta actuación, pero durante casi un año enfrentó el silencio administrativo, y por último recibió la respuesta de que la documentación requerida no había sido entregada. Presumimos que los documentos entregados fueron deliberadamente extraviados.

    Por último, en 2015 el Ministerio de Educación creó una organización paralela, llamada “Red de Maestros por la Revolución Educativa” que, dicho sea de paso, no cumplía con ninguno de los parámetros que le eran exigidos a la UNE. De más está decir que esta iniciativa viola los estándares internacionales, empezando por el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.

    La Red de Maestros no es más que un instrumento para la ejecución de la política autoritaria del gobierno en cada institución educativa del país. Dentro de cada escuela, es el brazo político del gobierno y el instrumento persecutorio de los docentes. Así, por ejemplo, la Red de Maestros tiene coordinadores zonales a los que se concede el tiempo para realizar visitas institucionales y se les otorga el respaldo de las autoridades educativas para que cumplan con el rol asignado.

    Las autoridades educativas intervinieron para obligar a los maestros, mediante mecanismos ilegales, a afiliarse a la nueva organización. Al mismo tiempo impedían el acceso de la dirigencia de la UNE a los planteles educativos con el objetivo de acelerar el desgaste de nuestra organización. De hecho se emitieron oficios circulares bajo pena de sanción para las autoridades que dejaran ingresar a los establecimientos a dirigentes de UNE, permitieran a los maestros reunirse en asambleas, asistieran a las instalaciones de su gremio o permitieran la diseminación de información sobre la situación del magisterio. Por último, la autoridades se apropiaron del Fondo de Cesantía del Magisterio ecuatoriano, la entidad financiera de la UNE, con una caja de 405 millones de dólares. Para esto último se debió reformar la Ley de Seguridad Social.

    3. ¿Qué impacto tuvo la disolución de la UNE? ¿Cómo caracterizaría Ud. la situación resultante?
    La disolución de la organización fue el punto culminante de un proceso de acoso que se extendió durante diez años. En el curso de ese período la dirigencia de UNE se dividió en tres sectores: los que decidieron resistir, los que se replegaron, y los (muy pocos) que abandonaron la organización. Este mismo fenómeno se replicó en las bases, con el predominio de los que siguieron la resolución de la dirigencia nacional, plasmada en la consigna “La UNE vive, la lucha continúa”, más tarde reformulada como “La UNE vive, Correa se va” y “La UNE es una organización, no un edificio”.

    La dirigencia de UNE resistió y se dedicó a desenmascarar la política correísta que profundizaba la violación de los derechos laborales del docente y de los trabajadores en general. Se unió para ello a las centrales sindicales y a otras organizaciones sociales.

    La disolución de la UNE era necesaria para que el gobierno pudiera continuar con el desmantelamiento de la educación pública y el irrespeto a los docentes. A pesar de lo que afirma la propaganda gubernamental, la educación ha sufrido un retroceso. Se han implantado evaluaciones de ingreso a las universidades y puntajes para la elección de carreras fijados desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lo cual trajo aparejada la privatización de la educación superior.

    4. ¿Es la disolución de la UNE parte de un patrón más amplio de restricciones sobre la sociedad civil en Ecuador? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las principales restricciones del espacio cívico?
    La disolución de la UNE es parte de una fórmula que responde al objetivo central del régimen de eliminar toda forma de organización y participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas, la defensa de derechos humanos y la promoción de las libertades públicas. O sea, es parte de una estrategia para mantenerse en el poder.

    De hecho, en todos los sectores el gobierno ha creado organizaciones paralelas como el FUE (Frente de Estudiantes Universitarios del Ecuador), el FESE (Frente de Estudiantes Secundarios del Ecuador) y Seguro Campesino. Para enfrentar a las centrales sindicales tradicionales se creó en 2014 la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), afín al gobierno, y lo mismo en el terreno de los movimientos de mujeres, los movimientos ecologistas y las organizaciones defensoras de la tierra. Al mismo tiempo que estas nuevas organizaciones eran movilizadas, se instituyeron leyes anti obreras para criminalizar la lucha social y se utilizaron los aparatos represivos del Estado contra las organizaciones genuinamente representativas.

    Las violaciones de las libertades fundamentales han aumentado bajo la forma de persecución judicial, insultos, linchamiento mediático y agresiones físicas. Sin embargo, el 65% de la población rechaza actualmente estos atropellos, aunque por temor no se ha movilizado en defensa de las organizaciones que enfrentaron procesos de disolución. Pese a ello, hemos podido generar un debate sobre la defensa de los derechos. Y, en el caso específico de los maestros, está presente en la sociedad la necesidad de la existencia de nuestra organización como elemento de defensa, orientación y organización.

    5. ¿Ha recibido la UNE solidaridad y apoyo desde el exterior? ¿De qué modo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil en Ecuador?
    Pienso que tenemos una relación mejorada con nuestros pares en otras partes del mundo. Frente al proceso de disolución y el asalto que hemos sufrido, hemos recibido toda clase de muestras de solidaridad nacional e internacional. Los sindicatos de docentes en Canadá y en España, en particular, han sido claves en esta lucha de resistencia, de defensa de nuestra personería jurídica y recuperación del patrimonio. Sin embargo, en el terreno de la acción de masas no tenemos respuesta. Ello se debe a que existe un debate ideológico y una polarización muy fuerte, ya que fuera del Ecuador el discurso de izquierda de Rafael Correa, unido a la propaganda que despliega el gobierno, sigue sosteniendo la creencia errónea de que el Ecuador aún vive una revolución. Para disipar ese malentendido seguimos necesitando apoyo.

    El espacio cívico en Ecuador es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “obstrui-do”.
    Visite el sitio web o el perfil de Facebook de la Unión Nacional de Educadores, o siga en Twitter a @UNENACIONAL y a @ROSANAPALACIOS4.