El gobierno prolonga el estado de excepción con detenciones masivas sin precedentes y restricciones a los derechos cívicos.
“Los derechos fundamentales no deben quedar relegados como consecuencia de los esfuerzos para hacer frente a la violencia de las pandillas en El Salvador”, señalaron la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS y la Red Latinoamericana y Caribeña para la Democracia (Redlad) hoy.
El 27 de marzo de 2022, el gobierno de El Salvador declaró el estado de excepción y suspendió derechos constitucionales como las libertades de asociación y reunión pacífica y las garantías del debido proceso. La medida se anunció en respuesta a una ola de homicidios relacionados con las pandillas a finales de marzo. Desde entonces, los legisladores han aprobado una serie de enmiendas al Código Penal que podrían poner en grave peligro la libertad de expresión. El estado de excepción se prorrogó de nuevo el 24 de abril por otros 30 días.
Desde que se implantó el estado de excepción, se ha detenido a más de 16.000 presuntos miembros de pandillas. En medio de la represión, se han denunciado detenciones arbitrarias y se ha obligado a los agentes de policía a cumplir con cuotas de detenciones, lo que ha propiciado nuevas violaciones de las garantías procesales.
Los grupos de la sociedad civil, activistas y periodistas que denuncian las medidas abusivas y el retroceso democrático han sido acosados y difamados por las autoridades públicas, incluso por el propio presidente Nayib Bukele. En las redes sociales y en declaraciones públicas, las autoridades han menospreciado el trabajo de estos grupos, a veces incluso alegando sin pruebas que tienen vínculos con organizaciones criminales. Estas declaraciones de los líderes suelen ir seguidas de una avalancha de insultos, amenazas y acoso por parte de los partidarios del gobierno, fomentando la hostilidad hacia la sociedad civil y la prensa.
"Pedimos a las autoridades de El Salvador que dejen de tratar a la sociedad civil, a las personas defensoras de los derechos humanos y a los periodistas como enemigos. La estigmatización agrava una situación que ya es de por sí difícil y, en última instancia, pone en peligro la vida y la integridad de las personas que defienden los derechos humanos", ha declarado Débora Leão, investigadora para las Américas de CIVICUS Monitor.
A principios de 2022, se descubrió en los teléfonos móviles de más de 30 periodistas y activistas de derechos humanos del país el programa espía Pegasus. Estas filtraciones se produjeron en un momento en el que apenas existían controles sobre el poder del presidente. En marzo de 2022, El Salvador fue incluido en la lista de vigilancia de CIVICUS Monitor en la que figuran los países que han experimentado un reciente y rápido declive de las libertades cívicas.
Contexto
El presidente Nayib Bukele asumió el cargo en junio de 2019, tras presentarse como una persona ajena a la política. Fue criticado por su autoritarismo en la toma de decisiones y se enfrentó a la resistencia tanto de la Asamblea Legislativa como del sistema judicial cuando trataba de aplicar políticas controvertidas que afectan a los derechos humanos. Sin embargo, el apoyo público al gobierno se mantuvo alto y los aliados de Bukele obtuvieron una gran mayoría en la legislatura en febrero de 2021. A esto le siguió un rápido debilitamiento de la separación de poderes: los legisladores que acababan de ser elegidos sustituyeron a cinco jueces de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que a su vez publicaron una resolución que permitía la reelección consecutiva, prohibida anteriormente por la Constitución. Desde entonces, a la sociedad civil se le ha impedido participar en el proceso legislativo y los aliados del gobierno han tratado de introducir cambios legales regresivos.
El CIVICUS Monitor es una plataforma en línea dedicada al seguimiento de las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo, y califica el espacio cívico -el espacio para la sociedad civil- de El Salvador como obstruido (la tercera peor calificación que puede recibir un país). Hay un total de 43 países en el mundo con esta calificación (ver todos). Esta calificación se suele dar a los países en los que el espacio cívico está muy cuestionado por quienes ostentan el poder, que imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales (ver descripción completa de las calificaciones).