Honduras: Adopción del Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos

Declaración en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Examen Periódico Universal de los Derechos Humanos - Adopción de resultados para Honduras


Gracias, Señor presidente.

CIVICUS, ASONOG y RedLad celebran el compromiso del gobierno de Honduras con el proceso del EPU. Sin embargo, nuestra presentación conjunta documenta que desde su anterior revisión Honduras no ha implementado 19 de las 30 recomendaciones recibidas en relación con el espacio cívico, y que sólo ha implementado parcialmente ocho.

Como detalla nuestra presentación, la legislación hondureña limita la libertad de asociación de los trabajadores. Además, para quienes trabajan en temas políticamente sensibles el disfrute de esta libertad está limitado en la práctica, a menudo como resultado de la intervención de actores no estatales. Aunque ha habido cambios positivos en el marco legal, la labor de las OSC siguió viéndose perjudicada por factores extralegales. La acción de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de la tierra, así como de estudiantes y personas defensoras LGBTQI+, también es obstaculizada por la criminalización, la persecución penal, el acoso y la vigilancia. Aunque Honduras estableció un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas, no ha logrado asegurar su efectividad. Sus altos y persistentes niveles de violencia hacen de Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para la labor de derechos humanos y el periodismo.

Como también lo documenta nuestro informe, el Código Penal de 2019 mantuvo los delitos de calumnia e injuria, que siguieron siendo utilizados contra periodistas, y el derecho de acceso a la información consagrado legalmente continuó restringido por la llamada Ley de Secretos Oficiales.

El ejercicio de la libertad de reunión pacífica continúa sometido a barreras legales y de hecho. Las manifestaciones pacíficas, en particular las de los movimientos estudiantiles, indígenas, campesinos y ambientales, son a menudo disueltas de forma arbitraria y violenta. Persiste el vacío legal en cuanto a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad por los abusos cometidos contra manifestantes pacíficos.

Acogemos con beneplácito las recomendaciones realizadas a Honduras en este ciclo para abordar estas preocupaciones y pedimos al Gobierno de Honduras que tome medidas proactivas para implementarlas, de modo de crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno propicio para la sociedad civil. Además, pedimos a los Estados que hicieron dichas recomendaciones que aseguren un seguimiento de su implementación.

Muchas gracias.


El espacio cívico en Honduras está calificado como represivo por el CIVICUS Monitor