Las autoridades hondureñas deben actuar para proteger a los defensores del medio ambiente en la comunidad de Guapinol e investigar las amenazas y el acoso contra ellos, según la alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS. El 14 de octubre de 2020, Arnold Joaquín Morazán Erazo, una de las 32 personas criminalizadas por protestar contra un proyecto minero en la zona, fue asesinado por pistoleros desconocidos en su casa de Guapinol.
El asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo ocurrió en momentos en que están por iniciarse nuevas audiencias judiciales en el caso Guapinol y se desarrolla en un contexto de extrema violencia contra la comunidad y los defensores y defensoras de derechos huamnos. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), una organización que ha estado trabajando por la protección del río Guapinol, ha denunciado que estos eventos son parte de una campaña para desestabilizar a la comunidad y provocar miedo con la esperanza de poner fin a la resistencia al proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Aunque Arnold Joaquín no era miembro de la CMDBCP había participado activamente en las protestas contra el proyecto minero en 2018. Días antes del asesinato de Arnold Joaquín Morazán Erazo, la CMDBCP denunció un aumento de la vigilancia e intimidación por parte del ejército y la policía en Guapinol ; este patrón de acoso ha persistido después de su asesinato.
CMDBCP también ha denunciado hostigamientos y amenazas online contra el comité y defensores de derechos humanos de la zona. Se ha informado de estas campañas de difamación a la Fiscalía de Derechos Humanos, que hasta ahora no ha iniciado una investigación.
“Los Defensores del Agua de Guapinol sufren continuamente estigmatización y acoso por su trabajo de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente. Las autoridades hondureñas deben garantizar una investigación inmediata y exhaustiva sobre las amenazas contra los defensores del medio ambiente y hacer más para proteger sus vidas ”, dijo Natalia Gómez, Oficial de Campañas e incidencia para América Latina de CIVICUS.
El 15 de octubre el equipo legal de los #DefensoresDelAgua de Guapinol presentó una nueva solicitud de audiencia para revisar la detención de 8 defensores encarcelados. CIVICUS hace un llamado a las autoridades hondureñas para que los pongan en libertad y garanticen el derecho a la protesta pacífica y de asociación.
Antecedentes
El 7 de septiembre de 2018, decenas de guardias de seguridad armados de la empresa minera Los Pinares acudieron para intimidar un campamento pacífico en la comunidad de Guapinol que había sido instalado para manifestarse contra una mina de óxido de hierro que opera ilegalmente en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Tras la protesta pacífica, 13 defensores de Guapinol fueron acusados de incendio provocado y privación ilegal de libertad. El 1 de septiembre de 2019, un juez ordenó la prisión preventiva de 8 defensores. Los 8 defensores han estado en la cárcel durante más de un año a pesar de que sus cargos (incendio provocado agravado y privación injusta de libertad) no suelen dar lugar a encarcelamiento.
El caso de los #DefensoresDelAgua de Guapinol es parte de la campaña #ConvierteteEnMiTestigo de CIVICUS, que pide la liberación inmediata de los defensores de derechos humanos y el fin de su persecución. También pide a los estados, autoridades y corporaciones multinacionales que garanticen actividades pacíficas de derechos humanos, sin temor a represalias e intimidación.
Para obtener más información sobre las violaciones del espacio cívico, visite la página del país de Honduras en el Monitor CIVICUS
ACERCA DE CIVICUS
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