El gobierno de Honduras debe poner fin a la represión violenta de las protestas pacíficas

26 de junio de 2019

El gobierno reprime violentamente las protestas ciudadanas en Honduras

  • Tres personas muertas y otras 20 heridas en una brutal represión de protestas en Honduras
  • Alianza de la sociedad civil condena la dura represión de las manifestaciones en Honduras y la decisión del gobierno de utilizar fuerzas militares para controlar las protestas
  • Los defensores y defensoras del país se enfrentan a un entorno extremadamente peligroso por la violencia y la criminalización

La alianza mundial de la sociedad civil CIVICUS, condena la respuesta violenta del gobierno a las protestas pacíficas en Honduras. Durante varios meses, los hondureños han estado protestando contra los cambios en las políticas de salud y educación del país que, según los maestros y los médicos, provocarán despidos masivos y conducirán a la privatización de los servicios públicos de salud y educación.

A las manifestaciones nacionales se han unido estudiantes, trabajadores del transporte y miembros de la policía nacional.

El 24 de junio, la policía militar irrumpió en la Universidad Nacional Autónoma de la capital hondureña, Tegucigalpa, y disparó contra los estudiantes que protestaban. Al menos tres manifestantes han muerto, más de 20 han resultado heridos y muchos más han sido arrestados y detenidos.

En las últimas semanas, el gobierno ha movilizado a la policía antidisturbios en varias ciudades para detener violentamente las manifestaciones. Tras las protestas de la semana pasada, en una reunión del Consejo de Seguridad de Honduras se decidió que se emplearían fuerzas militares y de inteligencia para reprimir las protestas.

"No hay justificación para el uso violento y excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos que expresan pacíficamente su descontento con las acciones del gobierno", dijo Natalia Gómez, responsable de Incidencia y Participación de CIVICUS.

"El gobierno de Honduras debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y dejar de reprimir los derechos de los ciudadanos", dijo Gómez.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras ha recordado públicamente al gobierno que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de fuerzas militares en la vigilancia del orden público. La OACDH también ha pedido una investigación rápida y exhaustiva de las muertes ocurridas durante las protestas.

Los grupos de la sociedad civil hondureña también han condenado a las fuerzas de seguridad que impiden la cobertura mediática de las protestas y atacan a los periodistas que intentan fotografiar las violaciones policiales de los derechos humanos. Según la organización local de derechos humanos C-libre, 12 periodistas y camarógrafos fueron atacados por la policía el 11 de junio.

Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden los derechos humanos según el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en todo el mundo. Durante su visita a Honduras el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó que el entorno para las personas que realizan campañas por los derechos humanos "sigue siendo de extremo riesgo debido a la constante violencia, criminalización y calumnias a la que están expuestas".

En mayo, nueve líderes indígenas tolupanes fueron atacados por oponerse a proyectos forestales que iban en detrimento del medio ambiente y que fueron aprobados por el Estado sin su consulta. Se enfrentaron a una audiencia inicial el lunes 24 de junio, cuatro meses después del asesinato de dos miembros de su comunidad. Estos casos ponen de relieve el entorno peligroso, caracterizado por la violencia y la criminalización, en el que operan los activistas. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo respaldaron recientemente una declaración que exigía el cese inmediato de la persecución de los líderes indígenas y la garantía de sus derechos sobre su territorio ancestral.

CIVICUS hace un llamamiento a las autoridades de Honduras para que garanticen un entorno seguro para los manifestantes y los líderes indígenas y para que respeten su derecho a expresar sus preocupaciones y a reunirse pacíficamente.

CIVICUS es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas dedicados a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el mundo. Fundada en 1993, estamos orgullosos de defender las voces de las personas marginadas, especialmente las del Sur Global. Contamos con miembros en más de 160 países de todo el mundo.

FIN.

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