CIVICUS conversa con Jessica Corredor Villamil y Lina Arroyave sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia. Jessica es directora y Lina es investigadora del área internacional de Dejusticia.

Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia, y dedicado a promover los derechos humanos en Colombia y en el sur global. Promueve el cambio social a través de la investigación-acción, desarrollando propuestas de políticas públicas, campañas de incidencia y litigios estratégicos.

¿Cómo ha reformado Colombia su marco legal para acoger a la migración venezolana?

Actualmente hay tres vías mediante las cuales las personas nacionales de Venezuela pueden obtener el estatus migratorio que les permite permanecer en Colombia por períodos prolongados: las visas, la solicitud de la condición de refugiado y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV). 

Este último fue establecido en 2021 para atender la migración masiva procedente de Venezuela. Tiene dos grandes objetivos: identificar a la población migrante venezolana y regularizar su situación migratoria. Para esto prevé dos mecanismos. El primero es el Registro Único de Migrantes Venezolanos, que recoge los datos personales y socioeconómicos de quienes deciden registrarse y es administrado por Migración Colombia, la autoridad de vigilancia y control migratorio. El segundo es el Permiso por Protección Temporal, que autoriza a su portador a permanecer en Colombia por 10 años y le permite acceder a los sistemas de salud y seguridad social, educativo y financiero, convalidar títulos, trabajar y salir del país y reingresar.

Pueden acogerse al ETPMV quienes se encuentren en Colombia de manera regular, quienes han solicitado refugio pero aún no han recibido respuesta, quienes ingresaron al país de manera irregular antes del 31 de enero de 2021, y quienes lo hicieron de manera regular desde finales de mayo de 2021 o lo hagan antes de finales de mayo de 2023. Luego de esa fecha, solo será una opción para niños, niñas y adolescentes.

Aun así, el cumplir con todos los requisitos no es garantía de obtención del ETPMV, ya que su otorgamiento es facultad discrecional de Migración Colombia.

¿Cómo ha funcionado el ETPMV durante su primer año? 

El proceso se ha demorado más de lo previsto, lo cual impidió cumplir la meta del gobierno anterior de entregar 1.8 millones de documentos de identificación en 2022.

Según datos de Migración Colombia, hasta noviembre de 2022 cerca de 2,5 millones de personas han ingresado sus datos en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, y se han aprobado 1,6 millones de permisos.

Esta brecha es preocupante porque la carencia de estatus migratorio regular impone barreras de acceso a derechos fundamentales y obstaculiza la integración socioeconómica de la población migrante.

Además, muchas personas no se inscribieron en el registro por no haber podido regularizar su situación migratoria. El ETPMV solamente estaba disponible para las personas en situación irregular que hubieran ingresado a Colombia hasta el 31 de enero de 2021. Esta limitación temporal ignora el hecho de que la migración irregular continúa, en gran medida a causa de la imposibilidad de acceder a documentos oficiales en Venezuela. Se asume que la situación de irregularidad obedece a una decisión individual, cuando por lo general es el resultado de la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos.

¿Qué barreras de integración enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia?

En un reciente informe identificamos las múltiples barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral formal, así como para el desarrollo de emprendimientos.

La principal barrera legal es la carencia de estatus migratorio regular. Las miles de personas que continúan ingresando a Colombia por pasos fronterizos informales tienen vedado el acceso al ETPMV. Esto tiene impactos tanto para la formalización laboral como para el acceso a fondos de apoyo al emprendimiento, en particular estatales, pero también privados. La mayoría de los trabajadores migrantes independientes trabaja en el sector informal.

El desconocimiento generalizado de la legislación migratoria por parte de los empleadores impone barreras adicionales. Por ejemplo, muchos desconocen que la convalidación de títulos universitarios solo es imprescindible para profesiones cuyo ejercicio implica altos riesgos sociales, como la medicina, o cuyo ejercicio es regulado por el Estado, como el derecho o la arquitectura, y exigen a todos los postulantes la realización del trámite de convalidación de títulos y expedición de tarjetas profesionales. Este trámite requiere de una apostilla que debe ser obtenida en Venezuela antes de migrar, y quienes ya se encuentran en Colombia enfrentan enormes dificultades para conseguirla.

También existen factores sociales y culturales que pueden afectar la situación laboral. Las percepciones negativas de la población migrante venezolana afectan los procesos de selección de personal. La xenofobia y la discriminación se profundizan cuando ocurren hechos de inseguridad, pese a que no hay evidencia de vínculos entre el aumento de la criminalidad y el de la migración.

La falta de capital social, es decir, de contactos bien posicionados y referencias laborales, también es un problema para las personas migrantes.

Algunos obstáculos adicionales dificultan la permanencia en la economía formal. Por ejemplo, muchos bancos se niegan a abrir cuentas de ahorros a personas migrantes venezolanas ya que les exigen no solamente acreditar estatus migratorio regular sino también presentar su pasaporte actualizado, con el que habitualmente no cuentan. Algo similar ocurre con algunas aseguradoras de salud, fondos de pensiones y aseguradoras de riesgos de trabajo.

De ahí que muchas personas migrantes con tal de conseguir algún ingreso acepten empleos precarios y se sometan a condiciones de explotación laboral que incluyen jornadas de trabajo extremadamente largas, salarios por debajo del mínimo, malos tratos y cambios en las condiciones laborales acordadas. En 2019, los ingresos mensuales promedio de una persona migrante venezolana fueron inferiores al salario mínimo legal vigente, y la brecha salarial frente a los nacionales colombianos fue de más de 30 puntos porcentuales.

¿Qué trabajo hace Dejusticia para promover los derechos de las personas migrantes? 

En tanto que organización de la sociedad civil, hacemos investigaciones sobre el acceso a derechos de las personas migrantes para sobre esa base hacer incidencia en los procesos de toma de decisiones en materia de política migratoria y formular recomendaciones de política pública. En el proceso de investigación para nuestro informe sobre la inclusión laboral de las y los migrantes venezolanos, por ejemplo, organizamos un evento al cual invitamos a los diferentes sectores involucrados, incluidas varias agencias gubernamentales, para trabajar en las recomendaciones. Asimismo, al iniciarse un nuevo gobierno en agosto de 2022 elaboramos un documento con recomendaciones, en alianza con otras organizaciones.

También desarrollamos litigios estratégicos y campañas de comunicación, y trabajamos con otras organizaciones, a nivel tanto nacional como regional y de otras regiones del sur global, para abordar el fenómeno de las migraciones desde una mirada más amplia.

¿Qué apoyo de la comunidad internacional necesitan las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Colombia?

Es importante que la comunidad internacional dé visibilidad y apoye los procesos que se están dando en relación con los derechos de las personas migrantes venezolanas. Pero también es muy importante que el apoyo de la comunidad internacional abarque otros flujos migratorios y dé cuenta de la problemática en la frontera colombo-panameña, paso obligado para personas migrantes de distintas nacionalidades que quieren llegar a los Estados Unidos.

También es importante que la comunidad internacional le recuerde al gobierno de Colombia los compromisos que ha adquirido a partir de la ratificación de tratados y la adopción de estándares internacionales en materia de migración y refugio.

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CIVICUS conversa con Erika Venadero sobre la reciente extensión del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los estados mexicanos y las asignaturas pendientes en materia de derechos de las personas LGBTQI+ de México. Erika es activista por los derechos humanos de la diversidad sexual del estado de Jalisco e integrante de la Red Nacional de Juventudes Diversas (RNJD), una coalición de grupos de defensa de los derechos de los y las jóvenes LGBTQI+ de todo México.

¿En qué consiste el trabajo de la RNJD?

La RNJD es un espacio creado a partir del Parlamento Juvenil Consultivo de 2019, donde se discutió la Ley de Juventudes.

En tanto que jóvenes no contábamos con reconocimiento legal. Nunca habíamos sido contemplados como sujetos de derechos. Las personas encargadas de hacer las leyes y dictar las reglas en función de las cuales debemos dirigir nuestras vidas son adultas, incluso bastante mayores, y sobre todo hombres. No resulta sorprendente que no comprendan ni prioricen nuestros intereses y necesidades y que, en cambio, legislen a medida de los adultos, y sobre todo de los hombres. De aquí la necesidad de exigir que se nos reconozca como la juventud y, sobre todo, como juventud diversa.

Nuestra red es una asociación civil de creación muy reciente: estamos por cumplir apenas tres años. No obstante, hemos acompañado el proceso de legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si bien la mayoría de nosotros y nosotras no desea concretar una unión civil, acreditando nuestra relación ante un funcionario, con firmas y demás formalidades, sabemos que hay personas que desean tener esta experiencia, y que la exclusión de este derecho viene acompañada de muchas otras exclusiones. Aunque nosotros y nosotras no lo deseemos, o no lo deseemos en este momento de nuestras vidas, sabemos que otras personas del colectivo LGBTQI+ sí lo desean, y que la denegación de este derecho es parte de lo que hace a las personas LGBTQI+ ciudadanas de segunda.

¿Cómo fue el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, y qué rol desempeñó la sociedad civil?

La lucha por el reconocimiento de la unión simbólica entre dos personas que se aman –simplemente dos personas, como bien lo dice la ley actual, sin marcadores de género– comenzó hace muchos años, y avanzó gracias al trabajo de personas y colectivos interesados en extender este derecho a todos y todas.

Las personas LGBTQI+ somos tratadas como ciudadanas de segunda simplemente porque no cumplimos con las normas socialmente establecidas que jerarquizan las relaciones heterosexuales. Las leyes son redactadas e implementadas, y todos los espacios políticos y sociales son creados, ocupados y dirigidos por personas heterosexuales. De ahí que esta lucha comenzara con una reflexión sobre nuestra falta de representación y visibilidad en diversos espacios: personales, políticos, sociales y laborales, entre otros. Tenemos derecho a vivir una vida plena, pero las prácticas hegemónicas que buscan imponérsenos nos impiden tener una vida libre por el simple hecho de ser quien somos y amar a quien amamos.

La legalización del matrimonio igualitario en México ha sido una victoria de la sociedad civil, y específicamente de los colectivos de personas LGBTQI+ y sus aliados, que trabajan día a día con estas poblaciones. A partir del trabajo cotidiano en la calle y en todos los espacios se cambiaron opiniones y generaron acuerdos para que el reconocimiento de nuestros derechos se trasladara al plano político de la toma de decisiones.

Es por eso que desde la RNJD hemos acompañado todo el proceso, desde los borradores de la ley hasta los debates y votaciones parlamentarias. Estos son debates que pueden prolongarse mucho; se trata de temas “delicados” por lo que ciertos sectores de políticos intentan aplazar las votaciones indefinidamente con la esperanza de que el tema se pierda en el olvido. Por eso fue importante que la RNJD se parara firme para exigir el tratamiento y la votación de estas leyes. Lo mismo vamos a seguir firmes para que las leyes se cumplan.

¿Enfrentaron campañas antiderechos o alguna otra forma de rechazo?

Cada vez que sale una noticia relacionada con el colectivo LGBTQI+, la respuesta es una avalancha de comentarios diversofóbicos. Nuestra naturaleza incomoda. Todas nuestras vidas nos han obligado a vivir bajo la heteronorma por lo que hemos enfrentado expresiones antiderechos desde que tenemos memoria.

En el proceso reciente para cambiar la ley hemos enfrentado una intensa campaña antiderechos. No solamente nos insultan y agreden; también denuncian nuestras publicaciones en redes sociales e incluso han logrado que fueran retiradas. Los y las activistas sufrimos constantes ataques personales y son frecuentes los bloqueos de cuentas en redes sociales. En mi caso, por ejemplo, una vez un grupo antiderechos me atacó tanto y reportó tantas veces mi perfil que Facebook me lo dio de baja. Es realmente difícil de entender qué es lo que tanto les molesta.

Tenemos muchos haters, es decir, personas que expresan odio hacia nosotros. Hay muchos que están pendientes de cada cosa que hacemos y de todo lo que subimos, tanto en la página de la RNJD como en nuestros perfiles personales.

Claramente la gente ya ubica quiénes somos y lo que hacemos. La red está sumamente activa y visible en ámbitos sociales, políticos y culturales. Hemos tenido discusiones internas muy tensas en relación con la doble cara de la visibilidad. Nuestro trabajo nos ha hecho visibles tanto para quienes nos odian como para quienes están abiertos a informarse, a conocer nuestro trabajo, a entender y eventualmente a apoyarnos. Yo prefiero enfocarme en quienes se acercan en busca de información antes que en quienes expresan su odio.

Para hacer frente a los movimientos antiderechos y a los discursos de odio, nuestra estrategia es generar narrativas alternativas. Incluso utilizamos el humor para desarmar sus argumentos. Por ejemplo, decimos que a ellos les encanta tanto la familia tradicional heterosexual que por eso tienen dos – en referencia a las infidelidades y a lo que coloquialmente en México se conoce como la “casa grande” y la “casa chica”. Estos mecanismos de respuesta nos han permitido inducir al diálogo.

¿Cuáles son los próximos pasos tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Jalisco?

Eso de que ahora el matrimonio igualitario es legal en todos los estados mexicanos y las personas LGBTQI+ nos podemos casar en todos los rincones de México es sencillamente falso.

Aunque en Jalisco se ha votado la ley, el manual del registro civil continúa diciendo que la unión matrimonial es entre hombre y mujer. Mientras los y las diputadas locales no lo modifiquen, habrá muchos funcionarios en los registros civiles que se apoyarán en ese texto para negarnos el acceso al matrimonio igualitario.

Además, muchos estados de México han aprobado leyes similares hace años y las han implementado, pero siguen existiendo muchísimas trabas. El cambio legal no trae consigo un cambio social instantáneo. De ahí la importancia de seguir enfocándonos en el cambio cultural. Las leyes pueden cambiar muy rápido, y de hecho cambian de un día para el otro, pero la cultura no, y no debemos olvidar que quienes atienden los registros civiles son personas socializadas en una determinada cultura. Aunque sean servidores públicos y tengan que aplicar las reglas emanadas del Estado, es posible que también tengan ciertas convicciones religiosas o morales. Cambiarlas lleva tiempo. El proceso de cambio cultural es sumamente lento, pero necesitamos que ocurra para abrir todos los candados.

¿Qué otros desafíos enfrentan las personas LGBTQI+ en México, y qué más debe cambiar?

En México, las personas LGBTQI+ enfrentamos muchísimos retos, en gran medida como producto de la superposición de vulnerabilidades y desigualdades. Por ejemplo, las mismas problemáticas que afectan a las mujeres en general, también nos afectan a las mujeres del colectivo LGBTQI+: el hecho de ser lesbianas, bisexuales o transexuales no quita que seamos mujeres y podamos quedar embarazadas. Pero en la mayor parte de México todavía no es legal la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de lo que haya dicho la Corte Suprema.

Otro enorme problema en México es el de las desapariciones forzadas. Jalisco, mi Estado, de hecho, es uno de los que lidera el ranking de personas desaparecidas– y a las personas LGBTQI+ también nos desaparecen.

Otro asunto pendiente es la Ley de Cuidados, actualmente bloqueada en el Congreso. Las personas LGBTQI+ necesitamos un espacio seguro para vivir, crecer y envejecer. Todas nuestras investigaciones, todas las cifras indican que la comunidad LGBTQI+ en México está sola y sin apoyos.

Un problema específico de las personas LGBTQI+ es el de las mal llamadas “terapias de reconversión”. Estas terapias consisten en actos inhumanos y denigrantes que tienen el fin de suprimir las orientaciones sexuales diversas, es decir, de eliminar nuestro verdadero ser. Yo personalmente he vivido una violación correctiva: mis agresores, personas que se dicen seguidoras de la palabra de Dios, me dijeron que pretendían “convertirme en mujer”.

Los centros que ofrecen “terapias de reconversión” operan en todo México y lo hacen legalmente. Actualmente se está legislando a nivel nacional para acabar con estas terapias, pero entretanto siguen en funcionamiento. En Jalisco los centros que ejercen este tipo de prácticas solamente deben registrarse y pagar una mensualidad. Un simple trámite y un pago les habilita a cometer innumerables atrocidades.

Otro tema pendiente es el del reconocimiento de la identidad de género, sobre todo de las infancias. Varios estados tienen leyes que otorgan a las personas trans el reconocimiento legal de su identidad autopercibida, pero muchos todavía no han avanzado en esa dirección.

Tal vez por más de que sigamos luchando y movilizándonos no lleguemos a ver todos estos cambios. En ese caso lo estaremos haciendo por las generaciones que vendrán después. Estamos generando espacios para el futuro de la misma manera que otros lo hicieron por nosotras en los años 80. Nos aseguraremos de que el proceso siga avanzando.

El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con la activista cubana Carolina Barrero, exiliada en España desde febrero de este año, acerca de las circunstancias que llevan a cantidades cada vez mayores de cubanos y cubanas a salir del país.

Carolina es historiadora del arte e integrante del movimiento 27N, constituido a partir de las protestas realizadas el 27 de noviembre de 2020 frente a la sede del Ministerio de Cultura en La Habana para denunciar la falta de libertades, la represión del disenso y el acoso contra el Movimiento San Isidro, un movimiento de protesta formado por artistas. Fue obligada a salir de Cuba en represalia por su activismo en apoyo de familiares de presos políticos del 11J, las protestas del 11 de julio de 2021.

¿Por qué saliste de Cuba?

Mi historia como activista forzada al exilio sigue el patrón utilizado por el aparato de seguridad del Estado para neutralizar a la disidencia. Muchas veces me dijeron que debía irme o de lo contrario sufriría consecuencias penales y eventualmente iría a la cárcel. Ninguna de esas veces cedí. Actualmente tengo cuatro causas abiertas, por instigación a delinquir, conspiración contra la seguridad del Estado, desacato y clandestinidad de impresos. En cada uno de los casos fui amenazada con ser procesada y encarcelada si no cesaba mi activismo. Me instaban a quedarme “tranquila”, un clásico eufemismo que utilizan para decir “sometida”.

El 31 de enero de 2022 fui detenida en una protesta frente al Tribunal Municipal de 10 de Octubre, en La Habana. Era el primer día del juicio de un grupo de manifestantes del 11J. Estaba con otros activistas como Alexander Hall, Leonardo Romero Negrín, Daniela Rojo y Tata Poet, acompañando a las madres de los presos políticos que esperaban para poder ver a sus hijos a la distancia cuando los llevaran al tribunal. Cuando eso ocurrió todos aplaudimos y gritamos “libertad” y “son héroes”. La seguridad del Estado nos detuvo a todos violentamente, a los golpes, y nos subió a un camión jaula para llevarnos a distintas estaciones policiales.

Al igual que las veces anteriores, la seguridad del Estado me dijo que tenía 48 horas para irme de Cuba. Pero esta vez me dijeron que, si no lo hacía, procesarían a doce madres de presos políticos por desorden público. En un primer momento creí que era solo una amenaza vacía, pero me dijeron ‘llevamos 20 años haciéndole esto a las Damas de Blanco’, que desde 2003 se movilizan por sus familiares detenidos. Es decir, estaban dispuestos a ir hasta el final.

La dictadura cubana conoce muy bien cómo presionarnos utilizando a nuestras familias y nuestras vidas privadas porque nos tienen bajo vigilancia y lo saben todo. Por ejemplo, saben si tu madre sufre del corazón y le hacen una visita para obligarte a que te quedes tranquila y no la mates de un infarto. Si cometiste una infidelidad, te amenazan con mostrarle fotos a tu pareja. Si estás en la universidad, te amenazan con la expulsión. Si vives en una vivienda rentada, presionan a tus caseros para que te echen. Su táctica es detectar tu debilidad y chantajearte para someterte. Al final uno se cansa de esta vida y prefiere autocensurarse.

Conmigo esas amenazas no tenían asidero, así que me amenazaron con atentar contra la libertad de terceras personas. Sabían de mis vínculos estrechos con las madres con hijos presos, y particularmente con Yudinela Castro y Bárbara Farrat. La mayoría de las madres vive en una situación de mucha precariedad y no puede denunciar las arbitrariedades que padecen. Muchas tienen a más de un hijo preso, o también a sus esposos, por lo que están bastante solas. Cuando me amenazaron con criminalizarlas y encarcelarlas, decidí que esta vez sí me tenía que ir.

¿Cuán diferente es la situación de los exiliados políticos de la de quienes emigran por razones económicas?

En principio parecería haber una gran diferencia entre el exilio resultante del uso de la represión sistemática para castigar o neutralizar la disidencia política, y la emigración motivada por la asfixia social y económica. Sin embargo, esta clasificación oscurece las causas últimas de los factores que llevan a la gente a irse de Cuba.

En una dictadura como la cubana, las razones profundas por las cuales la gente se va del país son siempre políticas. Todos los procesos de exilio cubanos, desde los años ‘60 hasta la fecha, tienen como trasfondo una causa política: la represión por parte del régimen. No solamente faltan las libertades políticas, sino todas las libertades necesarias para que uno pueda gestionarse su propio destino. En Cuba las personas no tienen agencia sobre ningún aspecto de su vida pública ni privada; todos los aspectos de la vida están controlados por el Estado cubano, que no es simplemente autoritario, sino totalitario.

Nadie huye del paraíso. Nadie decide dejar su vida, su trabajo, su profesión y sus afectos para perseguir el “sueño americano”. Aunque haya casos en que el carácter forzado del exilio parece más claro que en otros, al final del día todo exilio de Cuba es un exilio forzado. Huimos para sobrevivir y para poder tener la oportunidad de ser.

Muchos cubanos salen arriesgando sus vidas en el mar, cruzando selvas con sus bebés, para llegar a un lugar donde no conocen el idioma ni la cultura, todo para ser un poco más libres. En Cuba, si tú no encajas con el molde establecido por el Partido Comunista, el único partido autorizado y el que gobierna desde 1965, eres un criminal en potencia. Todo es determinado políticamente, desde el acceso a la educación y al sistema de salud hasta la posibilidad de ganarte la vida. La asfixia económica también tiene causas políticas: de ahí que sea engañoso distinguir tajantemente entre un exilio político y una migración económica.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021 y su represión, quedó más claro que nunca que las únicas tres opciones posibles para los cubanos son la prisión, el exilio o la sumisión. 

Al igual que otros activistas cubanos exiliados, desde que saliste de Cuba no has parado de hacer incidencia internacional. ¿Piensas que el Estado cubano podría replantearse su táctica de ofrecer la salida en vez de la cárcel?

Hoy por hoy, al Estado cubano le preocupa más tenernos dentro, encendiendo el fuego de la protesta, que afuera, denunciando la represión en foros internacionales. Pero creo que el régimen se equivoca en sus cálculos, porque quienes salimos al exilio no nos olvidamos de Cuba y no estamos dispuestos a abandonar la causa de la democracia. Y la incidencia internacional juega un importante rol en esta lucha.

Esto que al régimen le puede parecer inocuo es una parte fundamental del activismo para poner fin a la dictadura porque ataca uno de los pilares fundamentales que han sostenido al régimen: la eficacia de la propaganda internacional. El Estado cubano ha destinado una enorme cantidad de recursos a la diplomacia para que cada embajada sea un centro de propaganda que promueva el relato, la épica y el mito de la Revolución Cubana.

Para contrarrestar el efecto de esa propaganda sobre la opinión internacional, Cuba ahora tiene en nosotros un creciente ejército de embajadores que ha sido testigo y parte del último ciclo de protestas y puede dar cuenta en los foros internacionales de lo que realmente ocurre en Cuba. Creo firmemente que en buena medida la caída de la dictadura dependerá de la caída del mito. Esta es una labor importante para nosotros en el exilio.

¿Cuáles son las probabilidades de que se produzca una transición política en Cuba?

No me atrevo a hacer predicciones con un tema tan delicado y tan deseado por los cubanos a lo largo de décadas. Lo que sí puedo destacar es un hecho: el régimen cubano nunca ha estado tan débil como ahora. Tras las protestas masivas, el régimen ya no puede ocultar la amplitud del descontento, que históricamente ha adjudicado a cinco opositores sueltos que según su narrativa están financiados por “el imperio”. El descontento social es evidente y masivo, y alcanza a todos los rincones de la isla y a todos los sectores sociales. La dictadura ya no posee el apoyo de los más pobres o de aquellos a quienes dijo defender, sino apenas de la cúpula militar y burocrática.

También tiene un grave problema de sucesión. Desde que Miguel Díaz-Canel asumió el poder tras ser designado por Raúl Castro, no ha tomado ni una decisión administrativa que le haya valido un elogio. Todo ha sido un desastre y se le recordará como un dictador incompetente y con muy poco carisma. Creo que el régimen piensa las 24 horas del día en cómo solucionar esta especie de vacío de poder, ya que Díaz-Canel no tiene credibilidad alguna ni siquiera entre los funcionarios, y desmoraliza al propio aparato represor. El problema es que no tienen con quién reemplazarlo ni saben cómo. Podrían escenificar una votación, pero la situación está tan delicada que saben que todo podría salírseles de las manos muy fácilmente. Podrían incluso escenificar un autogolpe, pero este también es un camino muy delicado que podría ser letal. 

En la actual coyuntura internacional, la posición de Cuba frente a la invasión rusa de Ucrania vuelve a la dictadura cubana, la más antigua del hemisferio occidental, aún más difícil de justificar ante la opinión internacional. Justificar a Cuba se ha vuelto un desafío incluso para quienes tienen un marcado sesgo ideológico. A estos factores se suman la crisis económica, social y humanitaria, todo lo cual amenaza al régimen y a su continuidad. Ante la crisis energética y el desabastecimiento de bienes básicos, el propio canciller cubano ha solicitado apoyo a la administración Biden, algo totalmente inaudito. La ironía es total: en Cuba hay personas presas acusadas de mercenarismo por haber recibido apoyo estadounidense, y resulta que ahora el propio gobierno cubano se ha convertido en mercenario según sus propias definiciones.

Lo que vaya a pasar o no, no me atrevo a pronosticarlo. Creo que las protesta no serán silenciadas y nuestras voces se seguirán escuchando. Solo espero que la transición democrática se produzca a través de un proceso pacífico y no de la violencia. 

Más allá de derribar a la dictadura, el objetivo –y el desafío- es construir una democracia. Para ello necesitaremos el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como CIVICUS. Tras seis décadas de anestesia cívica y política, en los últimos años la sociedad civil cubana ha despertado y demostrado que tiene la capacidad, la voluntad y la determinación de avanzar hacia la democracia. Tenemos abierta una ventana de la oportunidad y, como diría el escritor cubano José Lezama Lima, tenemos la potencia del cambio.

 El espacio cívico en Cuba es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con Carmen Miquel Acosta, abogada especializada en género de Amnistía Internacional España, acerca de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como “Ley Solo sí es sí”, y el rol de la sociedad civil a la hora de impulsar los derechos de las mujeres.

¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en la aprobación de la “Ley Solo sí es sí”?

La “Ley Solo sí es sí” es un ejemplo claro de trabajo conjunto del movimiento de mujeres, y especialmente del movimiento feminista, inserto en todos los ámbitos, tanto de la sociedad civil como del gobierno, para dar respuesta a una situación.

Uno de sus detonantes fue el caso “La manada”, un caso de violación grupal ocurrido en Pamplona en 2016. La respuesta judicial a ese caso fue un ejemplo perfecto de lo que es la justicia, o más bien la injusticia patriarcal, la forma en que operan los estereotipos y el principio de no creer en la víctima.

En 2018 la justicia decidió que lo ocurrido no había sido violación sino solamente “abuso sexual”, y condenó a los cinco miembros de la “manada” a nueve años de prisión por ese delito. La indignación frente al veredicto provocó grandes protestas y el movimiento de mujeres se hizo más masivo. Muchas mujeres jóvenes que por primera vez se estaban acercando al feminismo se movilizaron.

También fue entonces cuando desde Amnistía publicamos un informe que ponía de manifiesto la falta de políticas públicas específicas frente a la violencia sexual, la falta de datos y la ausencia de un marco legal para hacer frente a esta violación de los derechos humanos fundamentales. Desde entonces hemos reclamado una ley para abordar el tema.

La participación en el proceso legislativo fue masiva y la sociedad civil aportó muchísimos insumos, como resultado de los cuales el anteproyecto fue mejorado.

El proceso se prolongó bastante, por un lado porque se habilitó la participación, pero también porque en España cuando se hacen leyes orgánicas que tratan sobre derechos fundamentales se necesitan informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todos esos informes informaron el proyecto de ley y permitieron un tratamiento más riguroso del tema.

¿Cuáles fueron los principales temas de preocupación para las organizaciones feministas en el desarrollo de la ley?

En primer lugar, la falta de un diagnóstico. Este era un tema que preocupaba a Amnistía porque vemos una tendencia a lidiar con los problemas sin diagnosticarlos antes y a no evaluar la efectividad de las políticas públicas adoptadas.

Por medio de esta ley el gobierno buscaba, entre otras cosas, implementar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, o Convenio de Estambul, que exige a España adoptar políticas públicas de prevención. Ello requiere un diagnóstico y datos sistematizados.

Otra cuestión importante fue la de la judicatura. España recibió un dictamen del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por un caso de aplicación de estereotipos por parte de una jueza. En este proceso, una discusión central fue cómo lidiar con la aplicación de estereotipos por parte de la judicatura, qué formación deben recibir los y las funcionarias y hasta qué punto ésta debe ser obligatoria, sin que pueda considerarse interferencia con la independencia del Poder Judicial.

Otro tema que también nos preocupaba, pero que finalmente no fue incluido en la ley, fue el de la violencia sexual como tortura. En España, este uso de la violencia sexual se ha dado en los lugares de detención, especialmente contra personas extranjeras. La ley no se llega a establecer un delito de tortura, que es un delito imprescriptible y que conlleva otro tipo de investigación por tratarse de un crimen de derecho internacional.

Otra cuestión que a nuestro parecer no fue recogida de manera adecuada es la de las mujeres extranjeras en situación irregular. Aunque el Convenio de Estambul establece que no es necesario hacer la denuncia para acceder a servicios de violencia de género, en los casos en que las mujeres denuncian, si por el motivo que sea no hay una condena, sus expedientes de expulsión pueden reabrirse.

Finalmente, hubo algunos temas, como el del trabajo sexual, que generaron debates dentro del feminismo que aún permanecen irresueltos. La postura de Amnistía es que las trabajadoras sexuales tienen derechos humanos y la criminalización del trabajo sexual no solamente no las ayuda, sino que las pone en una situación de estigmatización. Lamentablemente los colectivos de trabajadoras sexuales no fueron consultados en el proceso.

¿Qué dificultades enfrentará la implementación de la ley?

Esta es una ley muy ambiciosa, cuya implementación requiere muchos recursos. Deberá implementarse en todo el territorio de España, que incluye 17 comunidades autónomas, cada una con sus competencias en materia de servicios sociales y justicia, entre otras áreas implicadas en la implementación de la ley. Todo esto plantea el interrogante de cómo se traducirá el texto de la ley en realidad efectiva.

¿Cuáles son los próximos desafíos en materia de derechos de las mujeres?

El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder. En este momento está sobre la mesa una reforma de la legislación sobre el aborto para eliminar barreras de acceso a este derecho, y va a ser un tema controvertido en el debate parlamentario.

La opinión está muy polarizada y hay un discurso de demonización del otro, algo que es muy evidente en el uso de la etiqueta de la “ideología de género”. La libertad de expresión hace a la riqueza de la democracia y debe ser protegida, especialmente cuando se dicen cosas que no nos gustan. Pero algo muy diferente son los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la apología del odio, dos cosas que van en aumento.

En relación con los derechos de las mujeres estamos viendo retrocesos en países cercanos como Hungría. Las conquistas de derechos que habíamos acabado dando por sentados no se están consolidando o están experimentando retrocesos. De ahí la importancia de aumentar la concienciación en materia de derechos humanos y la participación de la ciudadanía. En medio de esta batalla ideológica, la democratización del lenguaje de los derechos es hoy más urgente que nunca.

El espacio cívico en España es calificado como “reducido” por el CIVICUS Monitor.

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Una coalición de organizaciones de la sociedad civil exige a los bancos públicos de desarrollo (BPD) que tomen medidas radicales e innovadoras para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos y a la destrucción del medio ambiente. Ningún proyecto financiado por los bancos de desarrollo público debe ir en detrimento de los grupos vulnerables, el medio ambiente y las libertades colectivas, sino que debe incorporar las voces de las comunidades, los valores democráticos y la justicia medioambiental.

Las demandas, que forman parte de una declaración colectiva firmada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, se producen en el momento en que más de 450 BPD se reúnen en Abiyán, Costa de Marfil, a partir del 19 de octubre, para celebrar una tercera cumbre internacional, denominada Finanzas en Común.

La pandemia de COVID-19 y la emergencia climática, junto con las violaciones de los derechos humanos y el aumento de los riesgos para los activistas en todo el mundo, están poniendo de manifiesto la necesidad de cambiar las prácticas actuales. Mientras que los bancos públicos de desarrollo pueden arrastrar los pies a la hora de abordar las desigualdades estructurales y entrecruzadas, las organizaciones de la sociedad civil están emprendiendo acciones dirigidas a crear medios de vida dignos, integrando el desarrollo con medidas afirmativas concretas hacia la justicia climática, social, de género y racial.

Los BPD no pueden ser reacias a actuar. Tienen que dar en la diana cuando se trata de apoyar la transformación de las economías y los sistemas financieros hacia la sostenibilidad y abordar las necesidades más acuciantes de los ciudadanos de todo el mundo, desde los sistemas alimentarios hasta el aumento del apoyo a una transición justa hacia fuentes de energía verdaderamente sostenibles. Los BPD deben reconocer que los servicios públicos son la base de las sociedades justas y equitativas, en lugar de fomentar su privatización y mantener viva la narrativa de la austeridad.

9 de cada 10 personas viven en países donde las libertades cívicas están severamente restringidas, y con un activista medioambiental asesinado cada dos días de media en la última década, los bancos de desarrollo tienen la obligación de reconocer e incorporar los derechos humanos en sus planes y acciones, siguiendo el deber de "no hacer daño".

No se puede dejar a las comunidades fuera de la puerta. Hay que darles el espacio necesario para que desempeñen el papel que les corresponde de impulsoras de las respuestas a los retos globales actuales, sin ellas los bancos de desarrollo retrocederán en lugar de avanzar, y esto significa más degradación ambiental, menos participación democrática y, por decirlo claramente, una crisis aún mayor que la actual. Y eso no lo necesita nadie.

Las recomendaciones de la declaración colectiva de la sociedad civil son el resultado de un proceso de tres años de compromiso e intercambio, en el que han participado redes de la sociedad civil en un esfuerzo por dar forma a las políticas y proyectos del los BPD. A continuación se pueden encontrar algunas de sus palabras y mensajes.

A medida que aumenta el llamamiento a la rendición de cuentas, las cumbres de Finanzas en Común son una oportunidad para que los BPD muestren su liderazgo moral y ayuden a remediar la falta de colaboración a largo plazo con la sociedad civil, las comunidades y los grupos indígenas, que amenaza con restringir las narrativas y las prácticas de desarrollo.

Citas

Oluseyi Oyebisi, Director Ejecutivo de la Red de ONG de Nigeria (NNNGO), la red nacional nigeriana de 3.700 ONG, dijo: "Los países del Sáhara y del Sahel, especialmente, se enfrentan a la crisis de seguridad más grave de su historia, relacionada con el cambio climático, la justicia social y las desigualdades en la región. Marcada por fuertes vulnerabilidades económicas (falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes), sociales (limitación del acceso equitativo a los servicios sociales básicos) y climáticas, la región presenta algunos de los indicadores de desarrollo humano más bajos del mundo, incluso antes de la pandemia de covirus. El acceso a las poblaciones afectadas es limitado en algunas localidades debido a tres factores principales: la situación de seguridad, el mal estado de las infraestructuras y las difíciles condiciones geográficas. Los BPD deben dar prioridad a las organizaciones de la sociedad civil y a las iniciativas comunitarias que apoyan los programas estatales de descentralización, las reformas del sector de la seguridad y la reconciliación. Esto ayudará a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones y a prevenir el extremismo violento".

Mavalow Christelle Kalhoule, presidenta de Forus y presidenta de Spong, la red de ONG de Burkina Faso, dijo "Los proyectos de desarrollo dan forma a nuestro mundo; desde la forma en que navegamos por nuestras ciudades hasta cómo se transforman los paisajes rurales. En última instancia, repercuten en la forma en que nos relacionamos entre nosotros, con las plantas y los animales, con otros países y con los alimentos que tenemos en nuestros platos. Las decisiones que toman los bancos públicos de desarrollo son, por tanto, existenciales. Esta responsabilidad viene acompañada de otra aún mayor, la de incluir a las comunidades directamente afectadas por los proyectos de desarrollo, aquellas cuyo aire, agua y vida cotidiana se ven afectados para las generaciones venideras. Para ello, los bancos públicos de desarrollo deben reforzar sus esfuerzos a largo plazo para crear un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y las comunidades indígenas con el fin de fortalecer los principios democráticos de su trabajo. Les animamos a que escuchen, pregunten y cooperen de forma innovadora para que el desarrollo se mantenga fiel a su definición original de progreso y cambio positivo; un proceso colectivo, participativo y justo y una palabra que tenga un significado no para unos pocos, sino para todos".

Tity Agbahey, Coordinadora Regional para África de la Coalition for Human Rights in Development, dijo "Muchos miembros de la sociedad civil han expresado su preocupación por el hecho de que Finanzas en Común sea un espacio dirigido por las élites, que no consigue ser verdaderamente inclusivo. Es un espacio en el que el enfoque verticalista del desarrollo, en lugar de ser cuestionado, se refuerza. Una vez más, los dirigentes de los bancos públicos de desarrollo reunidos en esta Cumbre tomarán decisiones sobre cuestiones clave sin escuchar a los más afectados por sus proyectos y a los verdaderos expertos en desarrollo: comunidades locales, defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, grupos feministas, sociedad civil. Hablarán de "sostenibilidad", mientras ignoran las protestas contra las políticas de austeridad y el aumento de la deuda. Hablarán de "derechos humanos", mientras ignoran a quienes denuncian las violaciones de los derechos humanos en el contexto de sus proyectos. Hablarán de "transición verde y justa", mientras siguen apoyando proyectos que contribuyen al cambio climático".

Comlan Julien AGBESSI, Coordinador Regional de la Red de Plataformas Nacionales de ONG de África Occidental (REPAOC), una coalición regional de 15 plataformas nacionales de la sociedad civil, dijo: "Independientemente de cómo sean percibidas por los poderes públicos de los distintos países, las organizaciones no gubernamentales (ONG) contribuyen a cubrir los aspectos y espacios no alcanzados o insuficientemente alcanzados por los programas nacionales de desarrollo. A pesar del innegable impacto de sus acciones en las condiciones de vida de las poblaciones, las ONG siguen siendo las primas pobres de la financiación de los donantes, aparte del apoyo de algunas organizaciones filantrópicas o benéficas. En este contexto de escasas posibilidades de financiación, agravado por la crisis sanitaria debida a la COVID-19 y la posterior crisis económica, la Financiación Conjunta, que constituye de hecho un cambio de paradigma, parece ser una tabla de salvación para las OSC. Por ello, la REPAOC se congratula de los compromisos adquiridos tanto por los Bancos Públicos de Desarrollo como por los Bancos Multilaterales de Desarrollo de apoyar directamente los proyectos y programas de las OSC, de la misma manera que lo hacen habitualmente con los gobiernos y el sector privado. A través de los acuerdos de asociación que esperamos y deseamos entre las OSC y los bancos, estos últimos pueden estar seguros de que las acciones que se prevean en beneficio de las comunidades rurales y urbanas les llegarán sin duda con las garantías de responsabilidad que ofrecen sus nuevos socios de las OSC".

Frank Vanaerschot, Director de Counter Balance, dijo:

"Como uno de los organizadores de la Cumbre de Finanzas en Común de este año, el BEI presumirá de los miles de millones que invierte en desarrollo. La verdad es que el banco estará impulsando los propios intereses comerciales de la UE y promoviendo el uso de dinero público para el desarrollo en el Sur Global para garantizar los beneficios de los inversores privados. La reducción de las desigualdades quedará en segundo plano, en el mejor de los casos. El BEI también coorganiza la cumbre a pesar de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los proyectos que financia desde Nepal hasta Kenia. En su lugar, el BEI y otros bancos públicos deberían trabajar para empoderar a las comunidades locales invirtiendo en los servicios públicos necesarios para que se respeten los derechos humanos, como la sanidad y la educación de propiedad y gestión públicas, y no en poner los beneficios empresariales por encima de todo".

Stephanie Amoako, asociada principal de políticas en Accountability Counsel, dijo: "Los BPD deben rendir cuentas a las comunidades afectadas por sus proyectos. Todos los BPD deben contar con un mecanismo eficaz de rendición de cuentas para abordar los problemas que plantean los proyectos y deben comprometerse a prevenir y remediar plenamente cualquier daño a las comunidades".

Jyotsna Mohan Singh, coordinadora regional de la Asia Development Alliance, dijo: "Los BPD deben tener un núcleo normativo; deben empezar por el marco de los derechos. Esto significa basar todas las salvaguardias en los distintos marcos de derechos que ya existen. Hay instrumentos de derechos para los pueblos indígenas, los ancianos, las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. Forman parte de toda una serie de convenios mundiales y regionales. Su enfoque debe basarse en esos derechos, entonces tendrá una base muy firme.

Los gobiernos asiáticos deben apoyar, implementar y aplicar leyes y reglamentos medioambientales estrictos para todos los proyectos de los BPD. El primer paso es difundir información pública y realizar evaluaciones de impacto ambiental abiertas y eficaces para todos estos proyectos, así como evaluaciones ambientales estratégicas para los proyectos de infraestructura y transfronterizos."

Para más información o solicitud de entrevistas:

Lista de firmantes.

CIVICUS conversa acerca de la militarización de la seguridad en México y sus implicancias para la sociedad civil con Sofía de Robina, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez-Centro Prodh.

El Centro Prodhes una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana fundada en 1988 por la Compañía de Jesús con el objetivo de defender a víctimas de violaciones graves de derechos humanos e impulsar cambios estructurales que permitan a todas las personas en México gozar y ejercer de forma equitativa la totalidad de sus derechos humanos. Su trabajo se enfoca específicamente en personas y colectivos indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de represión.

PORTUGUESE

CIVICUS conversa acerca de la situación del activismo ambiental en Brasil con Daniela Silva, educadora socioambiental popular y cofundadora del Proyecto Aldeas, una iniciativa de educación, arte, cultura y medio ambiente para niños y jóvenes del municipio de Altamira, en el estado brasileño de Pará.

¿Qué te llevó a convertirte en activista ambiental?

Vivo en un territorio que ha sufrido grandes impactos sociales y medioambientales tras la implantación de la central hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingu. Y al igual que miles de personas, entre ellas ribereños, pescadores, indígenas, agricultores, barqueros, mujeres y jóvenes, mi familia y yo también vimos nuestras vidas fuertemente afectadas por el proyecto.

Vivíamos en un barrio llamado Aparecida, en una comunidad de vecinos solidarios, donde niños y jóvenes jugaban en la calle sin miedo. Cuando una madre salía, dejaba a sus hijos al cuidado de algún vecino. Uno de mis mejores recuerdos es nuestro patio. Era como una granja: teníamos muchos árboles frutales, no necesitábamos dinero para comer fruta. La solidaridad se veía reforzada por el sentimiento de comunidad, que creo que está intrínsecamente ligado al sentimiento de pertenencia a un territorio. Todo esto fue destruido por un proyecto de “desarrollo” que menosprecia la subjetividad de los pueblos y las poblaciones.

El desplazamiento provocado por la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte alejó a las familias del río Xingu, separando a comunidades que habían convivido durante décadas. Fragmentó los lazos comunitarios. Estos impactos sobre el territorio y la subjetividad tuvieron como consecuencia negativa la desconexión con la naturaleza y con el sentido de pertenencia amazónico. No sentirse parte de la Amazonia es peligroso, porque generalmente la gente solo defiende aquello que ama, conoce y de lo que se siente parte.

Antes de que se construyera la represa, mi padre trabajaba como alfarero. Junto con mi madre, que trabajaba como funcionaria, criaron a ocho hijos. Todo se acabó con la construcción de la represa. Mi padre se quedó sin trabajo y mis hermanos también. Mi padre empezó a luchar para acceder al derecho a una pensión irrisoria. Mis hermanos se vieron obligados a buscar trabajos esporádicos en la ciudad. Fue un momento difícil. Me di cuenta de que adaptarse a una realidad impuesta es una de las peores violaciones de la dignidad humana.

Soy activista por los derechos socioambientales y contra el racismo. Desde que era adolescente no he tenido otra opción que luchar. Somos naturaleza y, por lo tanto, tenemos que luchar por la naturaleza para garantizar un presente y un futuro mejores para nosotros y nuestros hijos e hijas.

¿Cómo se está movilizando la sociedad civil brasileña en favor del medio ambiente, y qué desafíos enfrenta?

En la Amazonía hay muchos movimientos ambientales que se movilizan para denunciar los crímenes ambientales del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Pero lamentablemente las instituciones judiciales de nuestro país no han funcionado como lo indica la ley, dejándonos en una situación de vulnerabilidad.

Muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde hace mucho tiempo en la Amazonia y otros biomas enfrentan el gran desafío de mantenerse, ya que tienen poco acceso a recursos financieros. La mayoría que logra mantenerse lo hace con financiación internacional, ya que en Brasil hay pocos incentivos para movilizar recursos domésticos. De hecho, la asfixia financiera es una de las tácticas que emplea el actual gobierno. Además, vivimos un momento económico muy negativo e inestable, con alta inflación y caída del salario real. En un país sin una cultura de la donación, esto complica aún más las cosas. En consecuencia, escasean los recursos para el mantenimiento de las organizaciones y la seguridad de quienes defienden el medio ambiente.

Aun así, están surgiendo nuevos grupos y colectivos –como el que yo lidero, el Proyecto Aldeas–- que buscan defender la Amazonía e incluir a jóvenes en el liderazgo de los movimientos en defensa de sus territorios.

Nuestro desafío es generar un espacio seguro, ya que estamos bajo constante amenaza. Para poder trabajar, hemos establecido alianzas con organizaciones experimentadas que pueden asesorarnos sobre las mejores prácticas para cuidar a nuestro personal, a nuestros socios y aliados e incluso a las comunidades con las que trabajamos. El trabajo en red nos ayuda a adquirir una visión amplia y a crear vínculos fuertes.

¿Qué piensas de la reciente sentencia del Supremo Tribunal Federal brasileño que reconoce al Acuerdo de París como un tratado de derechos humanos?

El Acuerdo de París es sin duda un importante instrumento jurídico, y es bueno que, en tanto que tratado de derechos humanos suscripto por el Estado brasileño, tenga rango constitucional. Pero, al igual que los demás documentos legales de Brasil, incluida la propia Constitución Federal, debe ser llevado a la práctica, especialmente por los funcionarios públicos, que continúan violando los derechos humanos y ambientales independientemente de lo que diga la Constitución brasileña.

Para que el Acuerdo de París se implemente en el día a día de la sociedad brasileña, también es necesario que se difunda entre quienes más padecen los efectos de la crisis climática: las poblaciones indígenas, los ribereños y la población negra que vive en las periferias. También es importante que la comunidad internacional presione, mediante acciones enérgicas, al gobierno brasileño para que cumpla el acuerdo más allá del papel.

¿El resultado de las próximas elecciones supondrá alguna diferencia en relación con tus luchas?

Las elecciones de octubre son quizás una de las más importantes de la historia de Brasil. Hay mucho en juego en relación con la Amazonía. Bolsonaro, el actual presidente, ha dado rienda suelta a la deforestación, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal en territorios indígenas. También está alentando la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente en la Amazonía.

Con Bolsonaro no hay diálogo ni participación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones sobre el medio ambiente. Si Bolsonaro continúa como presidente, es una amenaza para la Amazonía y sus pueblos, y por lo tanto para la humanidad. Estamos viviendo una crisis climática global y necesitamos que los líderes mundiales se preocupen por elaborar junto con la sociedad civil, la comunidad científica y la comunidad internacional propuestas a corto, medio y largo plazo para afrontarla.

El avance de la deforestación en la Amazonía debería ser un factor determinante para que nos unamos para derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, pero lamentablemente no lo es. La sociedad brasileña sigue siendo muy ajena a la realidad de la Amazonía. Los grandes centros urbanos de Brasil no reconocen la realidad cotidiana de la selva y sus pueblos. La consecuencia de la ignorancia es la falta de posicionamiento enérgico contra el actual ecocidio del gobierno de Bolsonaro. Afortunadamente, hay muchos movimientos ecologistas de la Amazonía que están intentando perforar esta burbuja para que la sociedad brasileña sepa lo que está ocurriendo y se posicione.

Ahora bien, aunque entendemos que es de suma importancia derrotar a Bolsonaro en estas elecciones, también tenemos fuertes críticas a su principal rival, el Partido de los Trabajadores (PT). Al igual que los gobiernos de la derecha, los gobiernos del PT, encabezados por el actual candidato, Lula da Silva, y por su sucesora Dilma Rousseff, también produjeron acciones destructivas del medio ambiente: de hecho, Belo Monte se construyó durante los gobiernos del PT, en violación de la ley y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos y ambientales.

Pero, sin embargo, creemos que con Lula sería posible abrir diálogos y lograr una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales.

¿Qué crees que debería ocurrir en la próxima cumbre climática, la COP27, y qué crees que ocurrirá?

En primer lugar, creo que es muy importante que la COP27 se celebre en territorio africano, ya que las naciones africanas se encuentran entre las más afectadas por la crisis climática provocada por un pequeño grupo de poderosos millonarios blancos. Esto les da la oportunidad de tener una mayor participación en la COP27 y exigir más ayuda a las naciones más ricas que son las causantes de la crisis climática. Espero que esta edición de la COP27 permita llevar a la práctica las promesas y los objetivos acordados. Y que mujeres, niños y adolescentes puedan ser protagonistas activos en este proceso de lucha por la justicia social y ambiental.

Aunque esta es mi esperanza, sabemos que la COP es un terreno de conversaciones difíciles y que los gobiernos de las grandes naciones carecen de voluntad de enfrentar la realidad del cambio climático, especialmente cuando se trata de invertir financieramente y hacerse cargo de contrarrestar los daños que continúan siendo causados por su estrategia de desarrollo. Seguiremos de cerca todas las negociaciones y acuerdos. Estamos en un punto crítico y no hay tiempo que perder.

¿Qué tipo de apoyos de la comunidad internacional necesita el activismo ambiental de Brasil?

La comunidad internacional es nuestra aliada en la lucha por la justicia climática, social y antirracista. Dar visibilidad al trabajo del activismo y apoyar directa e indirectamente sus luchas es una forma de ayudar. También lo es presionar a gobiernos genocidas y ecocidas como el de Bolsonaro para que respeten los derechos humanos y ambientales. Presten atención a nuestras luchas y escuchen las voces de quienes están en el territorio, en las periferias y a la vanguardia de esta guerra que peleamos a diario.

El espacio cívico en Brasil es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con Daniela a través de LinkedIn y siga a @projetoaldeias en Instagram.

CIVICUS conversa con Ellie Hooper, de Greenpeace Aotearoa, sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para elaborar un Tratado de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Greenpeace es una red mundial de activismo ambiental que incluye 26 organizaciones nacionales y regionales independientes en más de 55 países de todos los continentes, así como un organismo de coordinación, Greenpeace Internacional, con sede en Ámsterdam, Países Bajos. Greenpeace utiliza la protesta pacífica y la comunicación creativa para poner en evidencia los problemas ambientales globales y promover soluciones para crear un futuro verde y pacífico.

¿Por qué es importante tener un tratado sobre los océanos?

Un tratado mundial sólido sobre los océanos podría revolucionar la forma en que los océanos son gestionados, poniendo fin a una gobernanza fragmentaria que no ha logrado proteger adecuadamente nuestro planeta azul.

Bien hecho, uno de los principales logros del tratado sobre los océanos sería la creación de zonas marinas protegidas en alta mar. Dentro de estas zonas estarían prohibidas actividades humanas destructivas como la pesca industrial y la minería. En la actualidad no existe ningún mecanismo legal para crear zonas totalmente protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo que se ha convertido en un verdadero problema. El océano enfrenta numerosas amenazas y para protegerlo necesitamos adoptar una visión holística que aborde múltiples factores de riesgo.

Conseguir un tratado sólido sería nada menos que histórico. Los científicos nos dicen que para evitar los peores impactos de la crisis climática y de biodiversidad al menos la tercera parte de los océanos del mundo deberían estar protegidos hacia 2030. Un tratado fuerte nos daría el mecanismo para hacerlo. El océano es un enorme sumidero de carbono y hasta este momento ha absorbido gran parte del calentamiento global. También alberga una biodiversidad asombrosa, produce el oxígeno que respiramos, estabiliza el clima y es fuente de alimento para millones de personas en todo el mundo.

En suma, mantener al océano sano es vital para nuestra supervivencia y para el funcionamiento de nuestro planeta. Pero cada vez más investigaciones demuestran que está decayendo. Para revertir esta situación tenemos que dar un paso adelante y protegerlo reduciendo las múltiples presiones que padece.

La ciencia demuestra que las áreas marinas totalmente protegidas son una de las mejores herramientas que tenemos para ayudar al océano a recuperarse y prosperar. Cuando se establecen en las zonas correctas –es decir, en lugares reconocidos por su alta biodiversidad, sus rutas migratorias o sus ecosistemas únicos– la salud del océano mejora y la vida marina florece. Esto tiene efectos positivos en todas las dimensiones, desde el número de criaturas que habitan el mar hasta la capacidad del océano para absorber carbono.

¿Por qué el proceso del tratado está llevando tanto tiempo?

Se trata de un esfuerzo de conservación enormemente ambicioso. Conseguir que un tratado sea aprobado implica que los países de todo el mundo se pongan de acuerdo con sus términos, lo cual no es una tarea fácil.

Aunque es decepcionante que los representantes de los Estados no hayan logrado cerrar el tratado en la última ronda de negociaciones celebrada en agosto, esto no significa que el acuerdo no vaya a producirse. En la última reunión se avanzó mucho, y los países mostraron más flexibilidad y comprensión de la urgencia. Se les acabó el tiempo, pero no perdemos la esperanza de que este acuerdo histórico esté a la vuelta de la esquina. Lo que hay que hacer ahora es lograr que los Estados se reúnan sin demora y resuelvan sus últimos desacuerdos.

¿Cómo han trabajado por el tratado la sociedad civil en general, y Greenpeace en particular?

La sociedad civil ha ejercido gran presión a favor de este tratado, y muchas organizaciones de todo el mundo han presionado para que se materialice en su mejor versión.

Greenpeace ha participado activamente en el proceso del tratado desde sus comienzos. Envía una delegación a cada ronda de negociaciones y ha llevado a cabo una campaña mundial de concientización sobre las amenazas que enfrenta el océano y sobre cómo un tratado podría contrarrestarlas. Hemos adoptado un enfoque doble, cultivando una opinión pública favorable al acuerdo al tiempo que seguimos trabajando entre bambalinas, hablando con ministros y otros funcionarios públicos en todas las regiones donde estamos activos.

Logramos que millones de personas de todo el mundo se unieran a la campaña por un tratado fuerte. Lo han hecho de diversas maneras, desde la firma de peticiones, el envío de cartas y la grabación de mensajes de video hasta la participación en movilizaciones. Mucha gente de todo el mundo está involucrada en el tema y su compromiso ha sido fundamental para llegar hasta aquí.

Para nosotros en Greenpeace Aotearoa, ha sido inspirador ver la cantidad de personas que están dispuestas a defender la protección de los océanos, y sabemos que sus voces han sido escuchadas. Sus repetidos llamamientos al liderazgo neozelandés para que diera su apoyo a un tratado fuerte llevaron a Nueva Zelanda a sostener una posición mucho más progresista en las negociaciones. Esa es la clase de poder que tiene la gente cuando actúa colectivamente. Cuando trabajamos juntos, podemos lograr auténticos cambios.

También nos hemos reunido regularmente con la delegación neozelandesa en las negociaciones del tratado, así como con el ministro de Asuntos Exteriores, y nos comunicamos constantemente con ellos sobre cómo debe ser el tratado para proteger al océano para las generaciones futuras.

¿Qué pueden hacer las organizaciones y activistas de la sociedad civil para que el tratado sea aprobado?

Las negociaciones del tratado deben reanudarse urgentemente. En la última ronda se acabó el tiempo para acordar todos sus términos, pero ya casi se ha logrado. Así que depende de los y las activistas y organizaciones de la sociedad civil seguir presionando a los líderes mundiales para que den prioridad a la reanudación de las negociaciones y la consecución del tratado. No queremos que quede relegado al último lugar de la agenda: es demasiado importante para ello.

En términos más prácticos, es clave seguir llamando la atención sobre la necesidad de este tratado. Puedes hacerlo compartiendo contenidos en internet, firmando petitorios o escribiéndole al ministro de Asuntos Exteriores de tu país para destacar lo importante que es conseguir este tratado. Ninguno de nosotros puede sobrevivir sin un océano sano, por lo que todos tenemos que contribuir a protegerlo.

Póngase en contacto con Greenpeace Aotearoa a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @GreenpeaceNZ y @EleanorRowena en Twitter.

CIVICUS conversa con John Paul Jose sobre el rol de la sociedad civil en las negociaciones en curso para un tratado de las Naciones Unidas (ONU) para la protección de la biodiversidad en alta mar. John es un activista medioambiental y climático de la India que actualmente es uno de los jóvenes embajadores de la Alianza por la Alta Mar (High Seas Alliance, HSA) y miembro del Consejo Asesor de Políticas Juveniles de la Alianza para los Océanos Sostenibles. La HSA es una red que incluye a más de 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su objetivo es crear una voz común y fuerte para la conservación de los océanos.

¿Cuál es la importancia del tratado propuesto?

El 71% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, el 64% de los cuales son de alta mar. El océano regula el clima global y mantiene la vida en el planeta. Retiene gran parte de las emisiones de carbono históricas y acumulativas: el fitoplancton, los bosques marinos y las ballenas, en particular, desempeñan un papel importante en la retención del carbono en el océano. Sin embargo, el océano ha sido sistemáticamente ignorado en los esfuerzos para abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, que se han centrado casi exclusivamente en la tierra.

Dado que es un bien común global, la alta mar está regida en gran medida por la Organización Marítima Internacional, un organismo de la ONU creado en 1948 para regular la navegación, y por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, de 1982, y su organismo intergubernamental autónomo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada en 1994.

Pero la alta mar está experimentando amenazas sin precedentes que no estaban previstas cuando se alcanzaron esos acuerdos, tales como la acumulación de plásticos, residuos químicos e industriales, la acidificación, la minería de aguas profundas, la pesca de arrastre de fondo y, por último pero no por ello menos importante, los impactos generales del cambio climático. El aumento de las temperaturas y la sobreexplotación de hábitats y especies marinas aumentan el peligro de colapso de los océanos.

Por eso es urgente elaborar un tratado mundial sobre la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales: un Tratado de Alta Mar. Esto proporcionaría la base legal para la conservación de los ecosistemas marinos y la protección contra la extinción de innumerables especies aún por descubrir. En la actualidad apenas está protegido el 1% de la alta mar, y el tratado pretende llegar al 30% para 2030.

Esto sería el equivalente del Acuerdo de París para los océanos. Mediante la conservación marina y el uso sostenible de los recursos marinos, podrá preservar el ciclo del carbono. Al crear zonas marinas protegidas, contribuirá a la restauración de los hábitats marinos y a la reposición de los recursos marinos de los cuales muchas comunidades de todo el mundo dependen para su subsistencia. Además, contribuirá a la resiliencia climática global. Una vez que entre en vigor, muchas prácticas perjudiciales para el océano dejarán de existir dentro de las zonas protegidas.

¿Por qué se está demorando tanto el proceso del tratado?

Han pasado 15 años desde que comenzaron las negociaciones, pero en muchos aspectos del tratado ha faltado cooperación. Las diferencias tendrían que resolverse en el período entre sesiones, y debería finalizarse pronto un tratado que incluya todos los aspectos en los que se ha llegado a acuerdos, dejando espacio para futuras enmiendas a medida que se vayan resolviendo las diferencias en torno de los elementos más controvertidos. Y las conferencias intergubernamentales deberían celebrarse con más frecuencia.

Un elemento que se está debatiendo es la distribución equitativa entre los Estados de los recursos genéticos marinos, que son esenciales para las industrias farmacéutica, cosmética, agrícola y otras. El actual énfasis en el reparto de beneficios es una ilusión, ya que no sabemos lo suficiente sobre dichos beneficios, pues gran parte del océano permanece inexplorada. Pero es un dato de la realidad que diez países acaparan el 71% de la pesca mundial y el 98% de las patentes de códigos genéticos de vida marina en alta mar. La avaricia y la falta de voluntad de esos pocos países para compartir los beneficios y su tecnología y conocimientos sobre el mar, y la evidente preocupación que esto genera entre los países menos poderosos, son algunas de las grandes razones del estancamiento.

También está estancada la definición de los criterios para las evaluaciones de impacto ambiental y la implementación de áreas marinas protegidas. Lo que está en juego son los intereses de las industrias mineras de aguas profundas y de pesca industrial.

Sin embargo, el proceso del tratado ha tenido mucho éxito en convocar al debate y abrir negociaciones. Por el momento, más de 100 Estados se muestran fuertemente comprometidos con el tratado en su forma actual y algunos, como Costa Rica, están dando ejemplo avanzando a nivel regional, abriendo así nuevas vías para la conservación.

Es probable que el tratado se finalice en la próxima sesión, por lo que habría que hacer más esfuerzos para financiar a las delegaciones de países del sur global para que se expresen con una voz más fuerte y aporten más equilibrio a las negociaciones.

¿Cómo han abogado por el tratado la sociedad civil en general, y la HSA en particular?

Desde su creación, la HSA ha abogado por la protección de por lo menos el 50% de los océanos, involucrando a tomadores de decisiones, expertos y actores de la sociedad civil. Ahora estamos enfocados en sostener el impulso de las conferencias intergubernamentales, ya que estamos ante una oportunidad única para conseguir un tratado legalmente vinculante que proteja el planeta cambiando la forma de gobernar la alta mar. Este proceso ha creado mucha conciencia sobre la importancia de la alta mar, por lo que gobiernos que antes no estaban familiarizados con el tema ahora apoyan un tratado sólido.

Dicho esto, es importante subrayar que solamente los Estados pueden ser partes del tratado, por lo que las voces no estatales no tienen cabida en las negociaciones. Las negociaciones del tratado son en gran medida un debate a puertas cerradas que excluye a la sociedad civil y a la comunidad de expertos. Muchos de nosotros ni siquiera podemos presenciar las negociaciones en directo. y sólo accedemos a los documentos una vez que se han cerrado las discusiones.

También existen claras desigualdades entre Estados. Muchos Estados con recursos limitados traen delegaciones muy pequeñas y carecen de los conocimientos necesarios para participar de forma productiva en los debates. Sería muy importante para todas las partes involucradas que la sociedad civil pudiera aportar su experiencia al proceso.

¿Qué pueden hacer la sociedad civil y el activismo ambiental para lograr la adopción del tratado?

Hay límites claros a lo que podemos hacer para acelerar la adopción del tratado. Creemos que es crucial contar con un tratado lo antes posible, y es mejor tener uno incompleto que no tener ninguno. Por ello, los Estados deben avanzar en todos los temas en los que se ha llegado a acuerdos y diseñar un proceso de enmiendas para integrar otros temas y preocupaciones de las partes interesadas en el futuro.

Las OSC y el activismo pueden contribuir al proceso trayendo a la mesa diversas perspectivas. Dado que las negociaciones actuales son debates cerrados entre Estados, a los que no acceden la sociedad civil, los científicos y el sector privado, sólo podemos hacerlo mediante una labor de incidencia con Estados receptivos que sí están sentados a la mesa.

También podemos hacer campaña para aumentar la presión sobre el proceso, introduciendo los temas que aborda el tratado en la agenda del movimiento global por el clima y generando participación ciudadana. Recursos como el Treaty Tracker de la HSA brindan información útil sobre el tratado y las negociaciones. Esta información debe llegar a todo el mundo y empoderar a la gente para que exija a los líderes mundiales que finalicen el tratado, y para que pidan a sus propios gobiernos que los escuchen en el proceso de formación de política ambiental.

Un tratado proporcionaría una base legal para la acción, pero incluso en su ausencia, Estados, comunidades y empresas pueden actuar para proteger la alta mar. Muchos países ya tienen áreas marinas protegidas dentro de sus jurisdicciones nacionales, y mediante procesos de participación pública pueden establecer más. La sociedad civil debe participar en estos procesos, pero no debe estar limitada por las fronteras nacionales. Ya es hora de que traspasemos las fronteras y aboguemos también por los bienes comunes globales.

Póngase en contacto con la Alianza por la Alta Mar a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @HighSeasAllianc y a @johnpauljos en Twitter.

cambio climático

CIVICUS conversa con Victoria Lichet, directora ejecutiva de la Coalición del Pacto Mundial, sobre la resolución recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en tanto que derecho humano.

La Coalición del Pacto Mundial reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC), activistas, artistas, abogados y científicos que abogan por la adopción del Pacto Mundial por el Medio Ambiente, un proyecto de tratado internacional que apunta a consagrar una nueva generación de derechos y deberes fundamentales relativos a la protección del medio ambiente, y especialmente el derecho a un medio ambiente sano.

¿Qué relevancia e implicaciones tiene la reciente resolución de la AGNU sobre el derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible?

La adopción de una resolución sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible por parte de la AGNU, el órgano legislativo de la ONU, que incluye a todos sus Estados miembros, es una victoria histórica para la protección del medio ambiente. El reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como derecho humano universal convierte a la protección del medio ambiente en un aspecto fundamental de la protección de los derechos humanos. Es un paso importante hacia la introducción de una perspectiva de derechos humanos en el litigio ambiental, ya que integra normas de derechos humanos en los asuntos ambientales.

Además de reconocer el derecho a un medio ambiente sano en tanto que derecho de todas las personas, el preámbulo de la resolución afirma claramente el vínculo entre un medio ambiente sano y los derechos humanos. La AGNU reconoce que “los daños ambientales tienen repercusiones negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de todos los derechos humanos”.

Aunque las resoluciones de la AGNU no son jurídicamente vinculantes, esta resolución es un fuerte mensaje político de gran contenido simbólico. Desempeñará un papel importante en la formación y el fortalecimiento de normas, leyes, estándares y políticas ambientales internacionales más sólidas. De ese modo, necesariamente mejorará la eficacia general del derecho ambiental y catalizará nuevas acciones ambientales y climáticas. Esto también demuestra que el multilateralismo todavía tiene un rol que desempeñar en el derecho ambiental internacional.

¿Qué papel desempeñó la sociedad civil en el proceso que culminó con esta resolución?

Esta resolución fue el resultado de meses de movilización por parte de OSC y organizaciones de pueblos indígenas (OPI), entre ellas la Coalición del Pacto Mundial. Bajo el inspirador liderazgo del Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, David R. Boyd, y su predecesor, John Knox, la coalición de OSC y OPI pudo llegar a los gobiernos a través de correos electrónicos y cartas para informarles mejor sobre la importancia del derecho a un medio ambiente sano. También hizo campañas en las redes sociales para informar a la ciudadanía sobre el proceso.

El grupo de países que lideró esta iniciativa, formado por Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza, fue un gran apoyo y comunicó sobre cada paso relativo al avance de la resolución. Estamos muy agradecidos por su liderazgo.

¿Considera que el texto final de la resolución refleja plenamente los aportes de la sociedad civil?

El texto final de la resolución mayormente refleja las expectativas de la sociedad civil. En el curso de la negociación, algunos Estados lograron eliminar algunos párrafos. Por ejemplo, el primer borrador decía que el derecho a un medio ambiente sano estaba relacionado con el derecho a la vida y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Pero el borrador final también incluía párrafos adicionales en los cuales, por ejemplo, se mencionaba a “empresas y otras partes interesadas” en el llamamiento a adoptar políticas de cooperación internacional para aumentar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano.

En términos generales, el principal objetivo de la sociedad civil era que se reconociera el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano para todas las personas, y esto, obviamente, quedó plenamente reflejado en el texto final. Se trata, pues, de una victoria histórica de la sociedad civil.

¿Qué medidas deberían adoptar los Estados para hacer efectivo el derecho reconocido en la resolución?

El reconocimiento debe combinarse con políticas públicas nacionales y regionales sólidas y ambiciosas que pongan en marcha mecanismos para reforzar la protección del medio ambiente, la protección de la salud de las personas y el disfrute de sus restantes derechos humanos. A partir de ahora, los Estados deberán adoptar un enfoque de derechos humanos en la regulación ambiental, así como mejores políticas de energía renovable y economía circular.

Como lo expresó el relator especial David Boyd, el reconocimiento internacional del derecho a un medio ambiente sano debe alentar a los gobiernos a revisar y reforzar sus leyes y políticas ambientales y a mejorar su implementación y cumplimiento.

¿Qué debería hacer la sociedad civil a continuación?

Ahora la sociedad civil debe abogar por instrumentos más sólidos y ambiciosos para proteger el medio ambiente, nuestro derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ahora que el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido a nivel internacional, debemos introducir derechos y deberes adicionales que nos lleven aún más lejos en el camino de la protección del medio ambiente.

La resolución de la AGNU podría ser la base de un instrumento internacional más amplio sobre el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos ambientales. Ya disponemos de modelos ambiciosos que podrían utilizarse en estas futuras negociaciones, tales como el Pacto Mundial por el Medio Ambiente y el proyecto de pacto de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la mayor red ambiental global.

El desplazamiento del “derecho blando” al “derecho duro” -en este caso, de la resolución no vinculante de la AGNU a una convención sobre el derecho a un medio ambiente sano- es muy común en el derecho internacional. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en rigor una parte de la resolución de la AGNU sobre la Carta Internacional de Derechos Humanos, y por lo tanto no es jurídicamente vinculante, abrió camino a dos tratados que fueron adoptados en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se necesitaron 18 años para traducir la Declaración en dos textos jurídicamente vinculantes.

Esperamos que no hagan falta 18 años para lograr una convención sobre derechos ambientales, porque eso nos llevaría hasta 2040. No tenemos tanto tiempo. Ha llegado el momento de adoptar una convención que sea una suerte de “tercer pacto”, es decir, que reconozca una tercera generación de derechos humanos. Tras los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales, ha llegado el momento de consagrar los derechos ambientales.

Ante la actual triple crisis planetaria, un texto internacional vinculante sobre el medio ambiente tiene una importancia vital, ya que millones de personas están muriendo a causa de sus entornos tóxicos, y especialmente por la contaminación atmosférica.

Póngase en contacto con la Coalición del Pacto Mundial a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @VictoriaLichet y a @PactEnvironment en Twitter.

CIVICUS conversa acerca del inminente referéndum constitucional de Chile con Julieta Suárez Cao, doctora en Ciencia Política y profesora asociada de Política Comparada en la Universidad Católica de Chile. Julieta desempeñó un rol destacado en el diseño y la promoción de un sistema electoral innovador que aseguró un resultado paritario de género en las elecciones constituyentes chilenas de 2021, por lo cual recibió el Premio al Compromiso Público 2022 de la Asociación Estadounidense de Ciencia Política.

¿Cuáles consideras que han sido los elementos más novedosos del proceso constituyente chileno?

Un elemento novedoso ha sido la conformación de la Convención Constitucional. Si bien en otras partes del mundo ya había habido experiencias tales como tener escaños reservados para pueblos indígenas y permitir las candidaturas extrapartidarias, en Chile a estos dos elementos se le agregó la conformación paritaria de género. Esto ya había ocurrido en la ciudad de México, pero nunca se había hecho a nivel nacional.

Otro elemento novedoso tiene que ver con es un cambio de constitución, no una simple reforma. Es un cambio profundo a partir de una hoja en blanco, sin ninguna clase de acuerdo que establezca los parámetros de lo que se puede cambiar y lo que no. Lo único establecido fueron tres procedimientos centrales: la regla de los dos tercios para la votación de las normas, el plebiscito de entrada (para habilitar la convocatoria a la Convención Constitucional) y el plebiscito de salida (para aprobar la nueva constitución).

También cabe resaltar que es un cambio constitucional que se produce en democracia, y no en un momento de transición. Si bien es una respuesta a la crisis social y política que sufre Chile, no es una respuesta apresurada a una situación coyuntural, dado que la discusión constituyente viene de mucho antes del estallido social del 2019. La expresidenta Michelle Bachelet ya había intentado llevarla adelante durante su último mandato, de 2014 a 2018, pero no lo consiguió. La derecha, que gobernó con Sebastián Piñera en el período siguiente, advirtió que iba a “cajonear” todo proyecto de reforma constitucional, y así lo hizo – hasta que el estallido social la obligó a reevaluar su posición, ante la necesidad de encauzar las demandas sociales por una vía institucional, mediante un proceso constituyente.

¿Cómo se ha dividido el campo político frente al plebiscito del 5 de septiembre sobre la Constitución?

Las líneas divisorias frente al plebiscito constitucional son muy interesantes. La Convención Constitucional fue extremadamente transparente, tal vez demasiado, porque para cierta literatura especializada la política a veces necesita de cierta opacidad. Esto, en cambio, fue como un reality show constitucional, un espectáculo que era transmitido todos los días, las 24 horas del día. Evidentemente, las noticias que llegaban a la prensa solían ser sobre temas intrascendentes e incluso ridículos, que no representaban lo que realmente estaba ocurriendo allí. Por ejemplo, una constituyente propuso una derogar todos los poderes estatales; por supuesto, esto ni siquiera salió de la comisión, pero sin embargo ocupó los titulares durante mucho tiempo. Estas cosas generaron un clima adverso a la Convención, que creo afectó mucho la campaña.

Visto en perspectiva, fue un proceso muy dinámico que, en tan solo un año, logró generar el documento completo de una nueva constitución. El proceso fue bueno, aunque haya dejado un clima de opinión enfocado en debates absurdos que fueron magnificados por los medios.

Este clima de opinión terminó delimitando dos campos. Por un lado, el campo del rechazo, donde no está solamente la derecha, sino también muchas figuras de centroizquierda, incluidos muchos actuales senadores y senadoras. Son figuras que se unen al rechazo por muchas razones, no solamente porque no están de acuerdo con muchas de las reformas propuestas.

En suma, la coalición del rechazo va desde la ultraderecha –que en Chile no solamente tiene presencia, sino que hace menos de un año llegó a la segunda vuelta presidencial– a figuras ubicadas en el centro político. Pero fueron estas últimas las que se convirtieron en la cara visible de la campaña del rechazo a la constitución.

Esto ha sido el resultado de una buena estrategia comunicacional consistente en delegar la vocería en figuras moderadas y esconder a las extremistas. Casi no han hecho marchas ni actos públicos, porque lo que se vio frente al plebiscito de entrada fue que estas manifestaciones incluían armas, banderas nazis, esvásticas, imágenes que provocan un repudio fuerte.

Por su parte, la coalición a favor de la nueva constitución incluye a numerosos ex convencionales, la mayoría de los cuales ha hecho campaña a favor, a diputadas y diputados, senadores y senadoras, y a muchos artistas populares. El gobierno no tiene permitido participar de la campaña ni pronunciarse directamente por una u otra opción. Por esta razón, solamente intervino mediante la provisión de información: en particular, colaboró con la impresión de la nueva constitución, que es ahora uno de los libros más vendidos en Chile.

¿Está la sociedad chilena surcada por esas mismas divisiones?

Lo que muestran las encuestas de opinión pública es que la sociedad chilena no está polarizada, como sí lo están las élites.

En Chile hay una polarización asimétrica, fenómeno que también ocurre en países como Brasil y Estados Unidos. Lo que genera esta polarización asimétrica es la presencia de un extremismo de derecha. La ultraizquierda, en cambio, es muy pequeña: tiene muy pocos votos, carece de presencia mediática y no tiene visibilidad nacional. La extrema derecha, en cambio, está casi normalizada.

Lo que ocurre frente al referéndum es que éste es por naturaleza polarizante, simplemente por el hecho de presentar dos opciones contrapuestas. Si el plebiscito ocurre en un contexto donde las élites están polarizadas, se genera una división más pronunciada. Por el momento, sin embargo, pienso que los efectos no han llegado a lo profundo de la sociedad chilena.

Hace unos meses las encuestas parecían mostrar una mayoría a favor de la aprobación, que luego parece haberse invertido. ¿Se ha erosionado el consenso reformista?

Yo no diría que el consenso reformista se ha erosionado. Prácticamente nadie defiende la Constitución de Pinochet: casi todos los que promueven el rechazo lo hacen con el argumento de que hay que rechazar para luego reformar. Es decir, casi nadie aboga por mantener la constitución actual, aunque si gana el rechazo eso es precisamente lo que ocurrirá. Al menos, en el corto plazo. Dada la falta de acuerdos dentro de la coalición por el rechazo, su triunfo abriría un período de enorme incertidumbre.

Ahora bien, si bien el consenso reformista no se ha erosionado, sí se ha generado un clima de opinión distorsionado mediante campañas de desinformación, con interpretaciones poco plausibles de los debates y noticias falsas para sembrar dudas sobre los contenidos del texto constitucional. Por ejemplo, circuló mucho la afirmación de que la nueva constitución no protege la propiedad privada o que las personas indígenas tendrían “privilegios”. Todo esto enrareció el debate público y echó un manto de dudas sobre la viabilidad de la propuesta.

¿Cuáles consideras que son los aspectos más positivos, y cuáles los más negativos, de la nueva constitución?

Personalmente, la nueva constitución me gusta mucho. Establece un sistema político con menos poderes presidenciales y mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. La constitución actual, en cambio, está muy sesgada a favor del “hombre fuerte”, como buena constitución autoritaria.

También me gusta la definición de Chile como un Estado regional, una especie de forma intermedia entre el Estado unitario y el Estado federal. Chile es de los países más centralizados de América Latina y el más centralizado de los países democráticos que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Toda la agenda de derechos y de Estado social que incorpora la nueva constitución también me parece muy positiva. Y la incorporación de la paridad el enfoque de género y la multiculturalidad son grandes avances. Ya era hora de tener un reconocimiento a la plurinacionalidad y a los pueblos indígenas.

Mis dudas son justamente en relación con temas que escapan de mi área de conocimiento: tienen que ver con algunos aspectos de la plurinacionalidad, como la implementación de sistemas de justicia diferenciados y autonomías indígenas. Este es también uno de los temas que genera mayor rechazo en la opinión pública, donde se mezclan cuestiones de racismo y clasismo, en un contexto complicado ya que en el sur de Chile se mantiene un conflicto entre el Estado y algunas comunidades del pueblo Mapuche.

Pero lo cierto es que la mayoría de estas cuestiones solamente están enunciadas en la constitución y quedarán sujetas a la legislación ordinaria por parte de este Congreso, que no tiene representación reservada para los pueblos indígenas. Por esto, en mi opinión estos asuntos se moderarán mucho más y no habrá cambios muy radicales.

En la ciudadanía en general, los derechos sociales son lo que genera más adhesiones. Poca gente defiende el Estado neoliberal o subsidiario que tiene Chile, aunque ciertos sectores de las élites muestran preocupación en relación con el costo de estos cambios: se preguntan de dónde saldrá el dinero para financiar todos estos derechos. ¡Como si esto fuera un buen argumento para decidir si reconocer o no un derecho!

¿Qué pasa si la nueva constitución es aprobada, y qué pasa si es rechazada?

Si la Constitución es aprobada el proceso continúa, ya que muchas disposiciones de la nueva constitución quedan sujetas a la legislación ordinaria. En ese caso, se abrirá un proceso de intensa actividad legislativa para dar una forma concreta a los mandatos de la nueva Constitución.

Si gana el rechazo, mucho dependerá del margen que obtenga. Si gana por mucho, será más difícil que el proceso constituyente continúe. De ganar la opción por el rechazo, el gobierno inmediatamente enviará un proyecto de ley para convocar a una nueva elección de convencionales. Pero su aprobación requiere de 4/7 de los votos en las dos cámaras, una mayoría que el gobierno no tiene, por lo que necesita los votos de la derecha. La disposición de la derecha a sentarse a negociar dependerá del margen de su victoria.

Si gana por poco, intentará diseñar un proceso constituyente más inofensivo, con una convención más pequeña, con un mandato más breve, sin paridad de género, sin pueblos indígenas o con muy pocos escaños reservados. Si gana por mucho, no habrá convención constitucional, sino una reforma a través del Congreso o de una comisión de expertos. Aquí volveríamos a fojas cero y habría que volver a negociar absolutamente todo.

La pregunta del millón es cómo reaccionará la sociedad si la nueva constitución no sale y el proceso no continúa o continúa de una manera insuficiente. No me atrevo a aventurar una respuesta a esta pregunta.

El espacio cívico en Chile es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa sobre las recientes protestas en Panamá con Eileen Ng Fábrega, Directora Ejecutiva de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO). CAPADESO es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven el desarrollo social en Panamá. Su objetivo es evidenciar los aportes de la sociedad civil, fortalecer a la sociedad civil y fomentar las alianzas para incidir en las políticas públicas.

Nos complace anunciar que la junta directiva de CIVICUS ha elegido a Dylan Mathews como presidente de la junta y a Sonia Kwami como vicepresidenta. La decisión se tomó durante la primera reunión de la nueva cohorte de la Junta de CIVICUS, que comenzó su mandato el 1 de julio de 2022.

Dylan Mathews es el director ejecutivo de Peace Direct, una ONG internacional con sede en el Reino Unido que tiene como objetivo trasladar el poder y los recursos a las organizaciones de la sociedad civil lideradas a nivel local que trabajan en algunos de los países más afectados por el conflicto en todo el mundo. Dylan lleva veinte años trabajando en los sectores del desarrollo internacional, la ayuda humanitaria y la consolidación de la paz, y le apasiona combatir los desequilibrios de poder y los problemas sistémicos que impiden a la sociedad civil local desempeñar un papel más activo en sus contextos. Aunque nació en el Reino Unido, Dylan es de origen de Sri Lanka, creció en Zambia, ha vivido en el Caribe y Sudán y ha apoyado a organizaciones de la sociedad civil en más de 20 países.

"Me siento honrado y agradecido por asumir el cargo de presidente de la junta directiva", dijo Dylan Mathews. "CIVICUS es para mí la organización más dinámica y vital de la sociedad civil a nivel mundial, y no puedo pensar en ninguna otra organización en todo el mundo que haya hecho más por apoyar a la sociedad civil en un momento en el que las libertades están amenazadas en tantos países. Estoy deseando colaborar con mis colegas de la junta directiva para ayudar a impulsar la misión de CIVICUS y su ambiciosa nueva estrategia".

Sonia Kwami es una activista y líder en el ámbito del desarrollo, a la que le apasiona trabajar con diversos grupos de personas para que se conviertan en agentes de cambio y catalizadores de la justicia. A lo largo de las dos últimas décadas, ha gestionado con éxito programas de desarrollo, incidencia política y campañas (online y offline), y ha respaldado los esfuerzos de la sociedad civil en más de 60 países, especialmente en el Sur global.

"Ha sido un privilegio y un honor formar parte de la junta directiva de CIVICUS durante los dos últimos años", ha declarado Sonia Kwami. "En este período, he tenido la oportunidad de formar parte de una junta diversa, en la que hemos contribuido a dar forma a conversaciones críticas sobre el alcance y el impacto de la Junta, mientras trabajamos junto con el personal, los miembros y los aliados de CIVICUS para identificar las prioridades que hemos adoptado como parte del Plan Estratégico de CIVICUS para 2022-27. Estoy deseando trabajar de forma conjunta para apoyar a la sociedad civil de todo el mundo en mi nuevo papel como vicepresidenta de la Junta."

Sonia es de Ghana y actualmente es la directora de campañas para África de ONE, un movimiento global que hace campaña para acabar con la pobreza extrema y las enfermedades prevenibles para el año 2030, para que todas las personas, en todas partes, puedan llevar una vida digna y llena de oportunidades. Como parte de este trabajo, se encarga de desarrollar, gestionar y ejecutar las campañas de ONE en África, lo que también implica trabajar estrechamente con diversos grupos de personas para exigir justicia, igualdad y rendición de cuentas a los gobiernos y responsables.

En sus funciones de presidente y vicepresidenta de la Junta, Dylan Mathews y Sonia Kwami trabajarán en estrecha colaboración con Patricia Lerner, que sigue siendo la tesorera de la Junta de CIVICUS.

Para más información:

CIVICUS conversa con María Teresa Blandón, defensora nicaragüense de los derechos humanos y directora del Programa Feminista La Corriente, una organización de la sociedad civil (OSC) cuya personería jurídica fue recientemente cancelada por el régimen autoritario liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo.

¿A qué se debe la renovada ola de represión actualmente en curso en Nicaragua?

La represión se incrementó en vísperas de las elecciones fraudulentas de 2021, cuando el régimen apuntó específicamente contra los líderes de los principales grupos de oposición que habían estado construyendo alianzas para participar de las elecciones, ya que aun sabiendo que las condiciones eran sumamente adversas insistían en que esta era la salida a la crisis.

A partir de enero de 2022 el régimen Ortega-Murillo escaló nuevamente su ofensiva, posiblemente a causa de un fallo en sus cálculos políticos: había pensado que una vez consumado el fraude electoral y con la oposición en la cárcel, ésta abdicaría de su rol y el régimen obtendría el aval de la comunidad internacional.

Pero ninguna de las dos cosas ocurrió: ni la oposición se resignó ni hubo apoyo internacional, sino todo lo contrario: el aislamiento del régimen se profundizó. La oposición nicaragüense mantuvo y mantiene una constante denuncia ante la instalación de un estado policial de facto y reclama la salida del régimen por vías cívicas. Las OSC que lograron mantenerse en el país continuaron denunciando las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la represión; de ahí la aprobación de nuevas leyes para despojarlas de su personería jurídica y de sus bienes.

Ante la falta de legitimidad, el régimen Ortega-Murillo ha profundizado su estrategia de aniquilación de toda forma de organización de la ciudadanía que no se subordine a sus intereses. A la fecha, más de 1.600 OSC han sido eliminadas por la Asamblea Nacional y en muchos casos sus bienes han sido confiscados en el marco de leyes abiertamente violatorias de la Constitución de nuestro país, que establece el derecho a la libre asociación y la prohibición expresa de la confiscación.

Hasta hace muy poco, la cancelación de personerías jurídicas había estado a cargo de la Asamblea Nacional, pero una nueva ley asignó esta atribución al Ministerio de Gobernación, que ahora tiene el poder absoluto de decidir quiénes tienen derecho a asociarse y quiénes no. El procedimiento es expedito y no existe ninguna instancia de apelación, lo cual habla claramente del nivel de indefensión en que se encuentra la sociedad civil nicaragüense.

El Poder Judicial ha guardado silencio ante los recursos por inconstitucionalidad presentados en 2021, luego de la aprobación de la Ley de agentes extranjeros que obliga a las OSC que reciben fondos de la cooperación internacional a reportar en detalle sus actividades en un nivel que hace prácticamente imposible su funcionamiento.

De este modo, el régimen elimina toda forma de participación autónoma, deja a activistas y personas defensoras de derechos humanos en una situación de mayor precariedad, y se hace de los recursos que necesita para continuar con las prácticas clientelares características de su gestión.

Y es que uno de los problemas que enfrenta el régimen es precisamente la falta de recursos para sostener los proyectos de desarrollo comunitario que llevaban a cabo muchas de las OSC eliminadas. Ya no cuenta con apoyos procedentes de Venezuela y tampoco puede seguir ampliando las empresas familiares que el clan Ortega-Murillo ha construido al amparo del poder. Muchas de estas empresas han sido sancionadas, incluyendo la que tiene el monopolio del combustible, lo que les ha obligado a realizar diversas maniobras para mantenerlas activas. 

¿Cuál es el trabajo que hace tu organización?

El Programa Feminista La Corriente tiene casi 30 años de existencia, y nació con el propósito de contribuir a la generación de pensamiento crítico y alentar nuevas formas de participación de las mujeres en Centroamérica. Durante los últimos 15 años hemos ampliado nuestra labor con jóvenes y colectivos disidentes sexuales y de género.

Durante todo nuestro recorrido, hemos contribuido a desafiar el heterosexismo, la misoginia y la violencia machista y construido redes vitales para la defensa de derechos. Hemos priorizado temas relacionados con la prevención de la violencia, la maternidad voluntaria, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y el respeto de la diversidad sexual y de género.

Los esfuerzos de investigación de la realidad que viven las mujeres, jóvenes y cuerpos disidentes han sido clave para el desarrollo de programas de formación y comunicación pública. Para nosotras es de vital importancia potenciar la acción colectiva a través de movimientos sociales capaces de pensar y actuar los cambios requeridos por la sociedad nicaragüense. También somos parte de redes y alianzas centroamericanas y latinoamericanas, desde donde contribuimos con procesos de incidencia hacia gobiernos e instituciones globales.

Precisamente por generar pensamiento crítico y defender derechos, en el mes de mayo del presente año la Asamblea Nacional canceló nuestra personería jurídica y a principios de julio la policía se apropió de nuestras instalaciones.

¿Con qué argumentos se ordenó el cierre de la organización?

En general, los argumentos esgrimidos por los diputados sandinistas que controlan el parlamento incluyen una acusación sin fundamento alguno que coloca a las OSC como posibles lavadoras de dinero por el hecho de recibir dinero de fuentes externas, obviando de manera deliberada que estas fuentes están vinculadas a gobiernos y agencias de cooperación debidamente establecidas. 

También esgrimen supuestas infracciones burocráticas tales como el vencimiento de juntas directivas, la falta de actualización de estatutos, o simplemente que se habían negado a dar información solicitada por el Ministerio de Gobernación. Sobre esto último, hay que destacar la intervención abusiva de este ministerio, que de acuerdo con la nueva ley obliga a las OSC a presentar información detallada sobre cada una de las actividades a realizar y datos personales de las personas con las que trabajan.

Tales exigencias desnaturalizan el sentido de las organizaciones no gubernamentales, convirtiéndolas en una extensión del Estado, una clara evidencia del afán totalitario de este régimen. A todas luces se trata de imponer un modelo de control absoluto para lo cual es necesario desarticular toda forma de participación autónoma de la sociedad civil.

Asimismo, con la cancelación de las OSC que trabajan con sectores de escasos recursos, el régimen pretende retomar el control de lo que supone su base social, a la que intenta recuperar o retener a través de políticas clientelares. En este sentido, han sido eliminadas organizaciones que promueven el acceso a la educación de niños y jóvenes de bajos recursos, atención a necesidades de personas con discapacidad acceso de las mujeres rurales e indígenas a la tierra y otros recursos, servicios de salud sexual y reproductiva, y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, entre otras. 

También se han cerrado OSC que trabajan en el ámbito de la participación ciudadana desde una perspectiva de derechos y con un claro enfoque de defensa de valores democráticos. Han sido declaradas adversarias del régimen y sus representantes han sido objeto de vigilancia, amenazas, exilio y encarcelamiento. También se trata de una suerte de venganza por generar evidencias que desmienten el discurso oficial y denunciar la violación sistemática de derechos por parte del régimen sandinista.

¿Por qué el régimen se ha ensañado específicamente con las organizaciones feministas?

La hostilidad contra las feministas nicaragüenses viene desde la década de los ‘80. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como partido guerrillero que llegó al poder, realmente nunca reflexionó sobre las lógicas patriarcales del poder, simplemente las replicó sin contemplaciones.

Las feministas de mi generación tuvimos que soportar una relación autoritaria y abusiva con el gobierno sandinista, que en distintos momentos expresó malestar con la existencia de una organización de mujeres, porque desde su perspectiva ello debilitaba la unidad de las fuerzas revolucionarias.

De hecho, ejercieron su poder de veto para impedir que los colectivos de mujeres colocaran en el debate público demandas relativas a la violencia machista y los derechos sexuales y reproductivos. Las líderes de estos colectivos fueron silenciadas y obligadas a asumir las prioridades establecidas por la dirigencia del partido de gobierno.

El parteaguas que marcó la ruptura definitiva del movimiento feminista con el FSLN ocurrió a fines de los ‘90, cuando Zoilamérica Narváez, hija de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y actual vicepresidenta, denunció los abusos cometidos por su padrastro durante más de 20 años. Cuando las feministas nos posicionamos del lado de la víctima se produjo la una ruptura con la dirigencia del FSLN, que desde entonces nos percibe como enemigas. La denuncia de Zoilamérica alentó nuevas denuncias que involucraron a otros miembros de la dirección nacional del FSLN, como el fallecido Tomás Borge.

Por otro lado, durante la campaña electoral de 2005-2006 un sector del movimiento feminista formó parte de una alianza electoral con partidos de oposición, incluyendo al Movimiento de Renovación Sandinista, ahora UNAMOS, a quienes el FSLN considera traidores de la revolución por haber demandado la democratización del partido y cuestionado el liderazgo autoritario y caudillista de Ortega.

El retorno de Ortega al gobierno en 2007 enseguida dejó en claro que su estrategia era lograr la desarticulación de las redes feministas que a esas alturas habían crecido en su capacidad de propuesta y de influencia en la sociedad nicaragüense. La campaña de estigmatización arrancó con un discurso de Murillo en el que acusó a las feministas de traficar con el sufrimiento de las mujeres y de querer imponer una forma de vida extraña a la cultura nicaragüense. Ese mismo año el gobierno comenzó a presionar a las agencias internacionales de cooperación para que suspendieran su apoyo a los colectivos feministas, logrando que muchas de ellas se fueran del país.

El discurso del régimen Ortega-Murillo tuvo entre sus principales ejes su supuesto compromiso con la equidad de género, proclamando como uno de los principales avances el logro de la paridad de género en todos los poderes del Estado. Si bien este discurso fue asumido por organismos de Naciones Unidas e instituciones financieras multilaterales, las feministas aportaron claras evidencias que confirmaban la persistencia de la desigualdad y la ausencia de políticas públicas para atender demandas de las mujeres.

La penalización absoluta del aborto, la ausencia de políticas de prevención y sanción de la violencia machista, incluyendo el abuso sexual contra niñas y adolescentes que en Nicaragua es una constante, la ausencia de educación sexual, el incumplimiento de la ley que estableció la creación de un fondo para la entrega de tierras a mujeres rurales, la violación de derechos laborales de las trabajadoras de maquila, figuran entre los problemas no resueltos por un régimen que se atrevió a compararse con los países que más han avanzado en materia de equidad de género en el mundo.

¿Qué deberían hacer los donantes, y la comunidad internacional en general, para ayudar a la sociedad civil nicaragüense?

En tiempos tan convulsos y con tantos focos de tensión en el mundo, resulta difícil apelar a la solidaridad con la sociedad nicaragüense, que continúa apostando por un cambio cívico y pacífico para salir de esta nueva dictadura y sentar las bases de la democratización del país. 

Sin embargo, es urgente seguir apelando a los gobiernos democráticos, independientemente de su signo ideológico, para que no aparten la mirada de lo que pasa en Nicaragua y apoyen nuestras justas demandas de liberación inmediata de las presas y presos políticos, suspensión del estado policial, cese de la persecución a las OSC y a la iglesia católica, y restablecimiento pleno de nuestros derechos.

Reclamamos una postura coherente por parte de los gobiernos democráticos, las agencias del sistema de Naciones Unidas, las instituciones financieras multilaterales, los bloques de integración regional y los foros de partidos políticos a fin de evitar cualquier acción que contribuya a prolongar la permanencia de la dictadura Ortega-Murillo en el poder.

A estas alturas resulta inadmisible que denuncien las sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluyendo la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen, al mismo tiempo que votan a favor del otorgamiento de préstamos al mismo régimen, que además de incrementar una deuda que ya es mayor que el PIB, le da un mayor margen de maniobra para sostenerse en el poder.

El apoyo activo a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes y OSC es vital para sostener la esperanza en un cambio democrático que no imponga más sufrimientos al pueblo nicaragüense.

El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa con Tamara Adrián, fundadora y directora de DIVERLEX-Diversidad e Igualdad a Través de la Ley, acerca de la exitosa campaña de la sociedad civil por la renovación del mandato de la persona experta independiente de las Naciones Unidas (ONU) sobre orientación sexual e identidad de género.

Tamara Adrián es abogada y profesora universitaria, y la primera mujer trans que fue electa a un parlamento nacional en América Latina.

DIVERLEX es una organización de la sociedad civil venezolana dedicada a la investigación, la formación, la incidencia y el litigio estratégico en materia de diversidad sexual. A causa de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, casi todos sus dirigentes se encuentran actualmente fuera de Venezuela, donde siguen trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas LGBTQI+ en el exilio.

¿Por qué es tan importante el mandato del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género?

Esta es una figura sumamente importante. El arma preferida de todas las intolerancias es la invisibilización de ciertos grupos y de las violaciones de sus derechos. Esta ha sido la constante en relación con las mujeres, los pueblos indígenas, las minorías raciales y las minorías religiosas. Mientras los intolerantes puedan decir que el problema no existe, su sistema de poder permanece activo y las cosas no cambian. En el sistema universal de derechos humanos, la visibilidad de lo que los intolerantes quieren mantener invisible se logra mediante el trabajo de personas expertas y relatores independientes.

El primer Experto Independiente, Vitit Muntarbhorn, estuvo en el cargo por un par de años y produjo un informe sobre la violencia por causa de la orientación sexual o la identidad de género, que compartió con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Inició el proceso de visibilizar las injusticias, inequidades y violencias contra las personas LGBTQI+ a nivel global.

Los tres informes del actual experto independiente, Víctor Madrigal-Borloz, pusieron el dedo en la llaga de muchos países que incumplen en su deber de protección de todos sus ciudadanos y ciudadanas. La propia oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos puso énfasis en el deber positivo de los Estados de asegurar los mismos derechos a todas las personas.

Entendemos que aún falta mucho y que los informes –del Experto Independiente, el Alto Comisionado y organismos regionales como la Organización de Estados Americanos – son importantes para este proceso.

Tan importantes son, que este trabajo generó una fuerte reacción por parte de grupos fundamentalistas que se reorganizaron bajo el formato de “organizaciones no gubernamentales” que buscaron obtener estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, para poder interferir en sus procesos.

¿Cómo operan estos grupos dentro de las Naciones Unidas?

Los grupos antiderechos han ido cambiando de estrategia. Más que como organizaciones religiosas, han buscado presentarse como defensoras de la libertad religiosa y, sobre todo, de la libertad de expresión. Han impulsado estrategias de unión en el ámbito religioso, reuniendo a fundamentalistas católicos y a representantes de la Santa Sede con fundamentalistas neo-evangélicos y con los grupos musulmanes más retrógrados.

También han refinado sus argumentos. En primer lugar, sostienen que el concepto de orientación sexual e identidad de género es un concepto occidental y no universal, por lo que no puede ser protegido por la ONU. En segundo lugar, que no hay ningún tratado ni instrumento internacional que proteja contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género. En tercer lugar, que los países con valores tradicionales deben poder mantener leyes discriminatorias o criminalizar las relaciones de personas del mismo sexo o las identidades de género diversas.

En la argumentación de los países que se opusieron a la renovación del mandato del experto independiente o propusieron modificaciones estuvieron implícitos estos tres argumentos, junto con un cuarto: que ningún país puede proteger a criminales, y que la determinación de lo que es un acto criminal queda sujeta al derecho penal de cada país y no es susceptible de verificación ante el sistema internacional de derechos humanos.

Históricamente este tema se ha resuelto a partir del reconocimiento de que todo el mundo tiene derecho a una creencia, pero nadie puede imponer la suya ni negarles a otras personas sus derechos sobre la base de su fe. Los fundamentalistas pretenden que esta situación se revierta para que los creyentes puedan discriminar y negar derechos a otras personas.

¿Ha aumentado en los últimos años el poder de los grupos antiderechos?

El poder de los grupos antiderechos va en aumento, lo cual posiblemente esté vinculado con la regresión que está ocurriendo en los Estados Unidos. Efectivamente, en la votación para la renovación del mandato hemos visto delineados dos grupos de países que han opuesto resistencia: por un lado, países que nunca han avanzado en el reconocimiento de derechos y en los cuales hay mucha resistencia al cambio, y por el otro, países que están retrocediendo, como los Estados Unidos.

En Estados Unidos desde hace por lo menos una década se han estrechado los vínculos entre el supremacismo blanco, los grupos neo-pentecostales y los sectores más radicales del Partido Republicano. Los grupos antiderechos han ido ocupando espacios en los tribunales, desde lo más bajo hasta la Corte Suprema, así como en las gobernaciones y las legislaturas estatales, lo que ha resultado en cada vez más sentencias, leyes y políticas anti-trans, anti-educación sexual y a favor de la libertad religiosa. Muy abiertamente han expuesto sus planes para revertir el derecho al aborto, combatir el concepto de género, y rechazar la educación sexual y reproductiva y el derecho a la anticoncepción, e incluso los derechos de las mujeres, el matrimonio igualitario y las protecciones contra la discriminación racial.

Estados Unidos también tuvo un rol clave en el financiamiento internacional del movimiento antiderechos y en el desarrollo de nuevas iglesias neo-pentecostales alrededor del mundo, y sobre todo en África y América Latina. También ha influido sobre la formación de un fenómeno al que no se le ha prestado suficiente atención: el movimiento de las feministas biologicistas, que niega el concepto de género, con los mismos argumentos que las iglesias más conservadoras.

Esta comunidad de argumentación es altamente sospechosa, y tanto más cuando se observan las corrientes de financiamiento procedentes de Estados Unidos que alimentan a grupos feministas biologicistas en Brasil, Centroamérica, España, el Reino Unido o República Dominicana. El blanco de estos grupos ya no son las personas LGBTQI+ en general, sino específicamente las personas trans. Al sostener el carácter biológico y natural de las diferencias buscan destruir toda la estructura de protección basada en el género.

Honestamente creo que es un plan muy bien pensado. Entiendo que imitaron la estrategia que nosotros adoptamos inicialmente para visibilizar nuestra lucha. Sin embargo, ellos tienen la ventaja de haber ocupado el poder. El número de países que han firmado una resolución “pro-vida” en la ONU y que se han declarado “países pro-vida” demuestra que su objetivo ya no es oponerse solamente a los derechos de las personas LGBTQI+ sino a todo derecho basado en el concepto de género.

¿Cómo se organizó la campaña por la renovación del mandato del Experto Independiente?

Las organizaciones que incidimos para que se renovara el mandato hemos actuado juntas desde la campaña para la designación del primer Experto Independiente. Cada vez, el proceso se inicia mucho tiempo antes de la designación. En este caso, lo iniciamos hace unos tres años: prácticamente al año siguiente de la renovación del mandato ya estábamos trabajando para crear el grupo madre para trabajar por una nueva renovación.

Para las organizaciones de América Latina, una limitante recurrente es el desconocimiento del idioma inglés, que restringe la capacidad del activismo para internacionalizar sus luchas. Para superar este problema, nuestro grupo madre está conformado tanto por activistas que hablan castellano como por activistas que hablan inglés. Esto fue muy importante porque la coalición estuvo formada principalmente por grupos latinoamericanos.

Fue un proceso muy difícil, y si bien la votación eventualmente resultó favorable, a lo largo de meses los resultados de las sesiones no generaban demasiada confianza. Observamos resistencias crecientes por parte de países con posiciones fundamentalistas, cada día más aferrados a la idea de revertir derechos.

¿Cuáles son los próximos pasos tras la renovación del mandato?

Creo que no debemos relajarnos. Nos esperan tiempos difíciles. Es probable que muchos derechos que considerábamos ganados sean revertidos en los Estados Unidos, incluso los vinculados con la igualdad racial. Ya no se trata ni siquiera de regresar a una visión propia del siglo XX, sino a una correspondiente al siglo XVI o XVII.

Esto tendrá un fuerte impacto a nivel global, sobre todo en los países que poseen instituciones menos desarrolladas. Probablemente los países con una institucionalidad más fuerte podrán resistir mejor los embates para revertir derechos sexuales y reproductivos. 

Como pasos a seguir pongo el énfasis en la organización. En muchos lugares la gente me dice “tranquila, eso jamás pasará aquí”, pero insisto, no podemos relajarnos. Debemos enfocarnos en la formación de coaliciones y organizar alianzas más fuertes que permitan detener el avance de los grupos neoconservadores y disputarles espacios de poder.

Contáctese con Tamara Adrián a través de su página web o su perfil de Facebook y siga a @TamaraAdrian en Twitter.

CIVICUS habla con Solidary Wheels sobre las consecuencias letales de las políticas antimigrantes de los gobiernos europeos, a la luz de las muertes de personas migrantes en un intento de cruce de la frontera entre España y Marruecos el 24 de junio.

Solidary Wheels es una organización de la sociedad civil (OSC) española que tiene como objetivo desafiar las políticas fronterizas europeas y la constante violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas. Promueve una vida digna para las personas que emigran a Europa denunciando las violaciones de derechos humanos en las fronteras y proporcionando a migrantes y solicitantes de asilo asistencia legal y médica, entre otros servicios.

CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones presidenciales en Colombia con Gina Romero, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).

Fundada en 2008, RedLad promueve el ejercicio pleno de la democracia como una forma de vida en pos del bien común en las Américas. Lo hace mediante acciones de incidencia política en el sistema interamericano de derechos humanos, investigación (Observatorio Ciudadano de Corrupción, Observatorio de Libertad de Religión y Creencia, reporte de 11 países en el CIVICUS Monitor),  apertura de diálogos democráticos al interior de la sociedad civil y de ésta con órganos internacionales, gobiernos, sector privado y otros, fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil latinoamericana mediante formación de liderazgos e incidencia en defensa de los derechos de poblaciones en condición de vulnerabilidad.

¿Cómo evalúas las opciones disponibles en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia?

Fue muy revelador que los dos candidatos se autodenominaran “antisistema”, se posicionaran contra la política tradicional y fueran ajenos a los partidos políticos tradicionales. La ciudadanía colombiana está cansada de la larga hegemonía de los partidos tradicionales y de ciertas élites políticas que son también élites económicas.

El candidato derrotado, Rodolfo Hernández, representa a un sector político de derecha, aunque su campaña buscó enfatizar su cercanía con el pueblo abanderándose en la lucha contra la corrupción, pese a que él mismo está siendo investigado por esta causa. El candidato ganador, Gustavo Petro, representa una opción de izquierda. El hecho de que una propuesta de este signo fuera escogida por primera vez en la historia dice mucho sobre las demandas sociales de la ciudadanía, las mismas que se hicieron públicas en la calle desde el 2019.

Creo que la segunda vuelta no fue un enfrentamiento polarizado entre una extrema derecha y una extrema izquierda, sino más bien un enfrentamiento entre propuestas novedosas (podría decirse populistas) por fuera de la política tradicional, y particularmente en contra de la herencia del expresidente Álvaro Uribe, encarnada en el actual presidente, Iván Duque.

El hartazgo con la política y con la inequidad social, intensificada por los efectos de la pandemia, hizo una bomba explosiva que se manifestó en las elecciones. Es muy bueno que se haya manifestado por vías democráticas, y no como solía suceder en el pasado, a través de la violencia política.

¿Cómo interpretas la llegada de Hernández a la segunda vuelta?

La llegada de Hernández fue bastante sorpresiva, ya que los candidatos considerados con chances eran Federico Gutiérrez y Gustavo Petro. Su discurso fue de cercanía con la ciudadanía. Hizo una gran campaña en redes sociales, sobre todo TikTok, y se enfocó en los problemas que la gente prioriza sistemáticamente en las encuestas, como la corrupción.

Hernández era visto como una persona sencilla, que habla de manera muy simple al ciudadano común, mientras que los discursos de otros candidatos sonaban demasiado elevados. Convenció mucho con el argumento de que, por ser millonario, él no robaría como los demás, e incluso rechazaría el pago del salario de presidente. También movilizó a mucha gente que no entiende lo que significa que Colombia se encuentre en un proceso de paz, que votó “no” en el plebiscito de 2016, y que anteriormente había votado por presidentes de derecha como Duque o Uribe.

A este atractivo se agregaron los grandes errores de las propuestas de centro y al miedo que generaba la figura de Petro, tanto por ser de izquierda como por ir acompañado de una candidata vicepresidencial negra, Francia Márquez, que fue empleada doméstica y se graduó de la universidad a los 39 años. Todo ello contribuyó al éxito de Hernández en la primera vuelta, a pesar de que desconoce completamente la política y no está en condiciones ni de gobernar ni hacer un buen trabajo de oposición.

¿Cómo fue la campaña por la segunda vuelta?

Fue una campaña de emociones fuertes, más que cualquier otra del pasado. Las emociones políticas son lo que finalmente marca el curso de una elección.

El miedo jugó un gran rol. Mucha gente en Colombia teme a todo proyecto de izquierda. Además, Colombia es un país racista, clasista y misógino, por lo que una figura como la de Márquez también generaba miedo. Conocí pocas personas que votaran a Hernández por él mismo y no por el miedo a Petro. Estas personas describían a Hernández como “el viejito lindo que lucha contra la corrupción y tiene mucho dinero”. Así es como estos populismos de derecha se acercan a la gente.

La campaña anti-Petro hizo circular desinformación con el único objetivo de generar temor, en forma muy similar a lo que ocurrió en la campaña para el plebiscito por la paz. Entre estos temores infundados se destacó el de que Colombia se convertiría en una nueva Venezuela, ya que Petro querría quedarse eternamente en el poder, como lo hizo en su momento el venezolano Hugo Chávez. La gente lo repetía acríticamente sin caer en la cuenta de que, en Colombia, quien quiso hacer eso fue Uribe, mediante un cambio constitucional en 2004 que le permitió renovar su mandato y quedarse ocho años, tras lo cual intentó hacerlo nuevamente.

Otra idea asociada al destino de Venezuela fue la del empobrecimiento, la devaluación de la moneda y la hiperinflación. También se habló mucho de la posible reacción empresarial frente a un eventual gobierno de izquierda y de la gran salida de empresas del mercado colombiano que ocurriría en ese caso. Es cierto que el dólar subió la semana posterior a la elección –como ocurrió en Chile cuando ganó Gabriel Boric–, pero el dólar ha venido en aumento en los últimos años y el incremento inicial no ha sido catastrófico.

También se infundió miedo a la ciudadanía con el uso irresponsable del calificativo “guerrillero” en referencia a Petro, que en el pasado fue militante del M19, una guerrilla hoy desmovilizada. Petro tiene ya una larga carrera política civil y desde hace décadas no tiene nada que ver con ningún grupo al margen de la ley. Pero el estigma sigue instalado, lo cual demuestra lo mucho que Colombia todavía debe avanzar en su proceso de reconciliación.

La desinformación y la violencia digital también se ensañaron con las dos candidatas mujeres que hubo en esta elección: Ingrid Betancourt, quien compitió en la primera vuelta presidencial, y Márquez. Muchas investigaciones sobre violencia digital sostienen que cuando hay mujeres en política, se utiliza información personal sobre ellas y se tergiversan los datos. Pero en el caso de Márquez hubo un verdadero discurso de odio racializado. Se dijeron cosas horribles sobre ella, tanto por su historia personal y su pasado como mujer muy pobre, como por ser una mujer negra. Se escucharon los peores chistes racistas y misóginos.

Colombia necesita una profunda reflexión sobre cómo construimos la identidad del otro y sobre cómo reconocernos como un país pluricultural. Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente del continente, y todo el Pacífico colombiano está repleto de población afro e indígena. Pero hay un racismo sistémico que se hizo muy evidente en la campaña.

En su mayoría, los medios de comunicación tradicionales han hecho mucho mal ya que se hicieron eco del discurso de odio. Una semana antes de la segunda vuelta, por ejemplo, la Revista Semana sacó una portada sensacionalista que preguntaba quién sería electo, si el ingeniero o el exguerrillero. El exguerrillero también es economista, pero allí no se trataba de las profesiones de los candidatos, sino de un mensaje atemorizante. En los últimos meses de campaña Petro debió desmentir muchísimas cosas, mientras Hernández se escondió y se negó a participar en debates. 

Así, se nos quiso vender la idea de que estábamos “entre la espada y la pared” y debíamos escoger al candidato “menos peor”. Se montó una narrativa pública que decía que como aquí la élite política no estaba representada, toda la oferta disponible era simplemente mala.

¿Qué tipo de electorado se volcó hacia cada uno de estos candidatos?

Existe una superposición bastante cercana entre la Colombia que votó “no” en el plebiscito sobre los acuerdos de paz, la Colombia que en el pasado eligió a Duque, y la Colombia que ahora votó por Hernández. Es una ciudadanía culturalmente conservadora, que teme al cambio, se ha identificado con élites políticas tradicionales y a la que no han sabido hablarle los procesos de paz y los progresismos políticos. Los votantes de Hernández en las grandes ciudades y otras zonas del país temen a procesos de inclusión de poblaciones vulnerables y casi no incluyen sectores indígenas o afro. De hecho, en los corredores con más población indígena del país ganó Petro con números sin precedentes.

La Colombia que votó “sí” en el plebiscito coincide con la Colombia que votó por Petro. Se trata de la Colombia de “los márgenes”, que reúne las regiones menos desarrolladas del país. Las grandes ciudades, excepto Medellín, también votaron por Petro. Se trata de una ciudadanía urbana, a la que Márquez define como ciudadanía “de los nadies y las nadies”. La gente que voto a Petro es en gran medida una ciudadanía frustrada, que ha sido afectada como ninguna otra por la corrupción, que no forma parte las élites políticas, y que ha sido históricamente relegada en términos de desarrollo. Son personas tienen poco, que con Petro ven una promesa de mejora. Anteriores candidatos no les habían ofrecido soluciones ciertas a sus problemas, ni siquiera la posibilidad de sentirse involucrados.

El país está dividido, pero esta no es una división nueva. Los gobiernos pasados no han logrado conciliar las diferencias. Tenemos dos Colombias, con una polarización inmensa: en las elecciones con mayor participación en los últimos 20 años, Petro ganó por apenas 800.000 votos. Eso significa que hay 10 millones de personas que se oponen a los 11 millones de Petro. Petro deberá saber hablarles a estas dos facetas de Colombia y hacer que la Colombia que no lo votó no se sienta relegada.

¿Qué expectativas o temores genera el resultado en la sociedad civil?

Gane quien gane, nuestro trabajo como sociedad civil siempre sigue siendo el mismo. Pero en lo personal, viendo lo que ocurrió cuando Petro fue alcalde de Bogotá, temo que el revanchismo pueda obstaculizar el avance del gobierno. La polarización, el discurso de odio y la manipulación de la institucionalidad pueden tener efectos muy graves. También provoca temor la posible reacción de los mercados ante un gobierno de izquierda. 

También está el hecho de que Petro es una persona muy pasional, y muchas veces no se comunica de la mejor manera posible; tanto su campaña como la de Hernández atacaron a la prensa cuando les fue crítica. La prensa tiene un rol fundamental, y esto puede ser muy fastidioso para cualquier gobierno, pero es indispensable que tenga garantías suficientes para hacer su labor. Hay temor de que Petro pueda ser muy hostil con la prensa crítica de su gobierno. 

A las organizaciones que, como RedLad, hacemos incidencia internacional, nos preocupa cómo se posicionará Petro frente a las izquierdas del continente. Actualmente América Latina tiene una izquierda que genera mucha esperanza, que propone cambios, y que es distinta a la izquierda tradicional; esta es la izquierda de Boric en Chile. Pero también está la izquierda de Andrés Manuel López Obrador en México, por no hablar de las izquierdas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que han generado graves crisis de espacio cívico. Creo que Petro está en algún lugar en el medio, y enfrenta el dilema de cómo alinearse. Creo que debe alinearse a una izquierda más propositiva y amigable con el desarrollo.

A pesar de que el partido de Petro, Pacto Histórico, obtuvo buena representación en las elecciones legislativas de marzo de 2022, las transformaciones que ha puesto sobre la mesa son bastante amplias y profundas, y para tener éxito necesitarán un gran acuerdo político, algo que es complejo en Colombia. Si no se logra, la ciudadanía que votó por Petro y sus promesas se vería frustrada. Será interesante ver cómo este gobierno, elegido bajo la bandera de las movilizaciones de 2019, responderá a la ciudadanía si se moviliza nuevamente.

Para que la gran expectativa generada en la ciudadanía no decaiga, el gobierno de Petro deberá marcar algunas victorias tempranas en relación con el avance del proceso de paz y la disminución de asesinatos de líderes sociales. Espero que Petro avance en los compromisos internacionales, que el espacio cívico no se siga reduciendo sino que se amplíe, y que se garanticen las libertades de manifestación y expresión.

El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa acerca de la reforma de los códigos Penal y de las Familias cubanos y de las reacciones del régimen a las grandes protestas de 2021 con Marta María Ramírez, periodista y feminista autónoma cubana.

Foto de María Lucía Expósito

¿Cuál es tu balance de la reciente reforma del Código Penal cubano?

La reforma del Código Penal no se entiende sin referencia a las protestas del año pasado. El argumento que se dio para justificar la reforma refirió a la reforma de la constitución: una vez actualizada la constitución en 2019, era necesario hacer esta reforma. Pero ya el proceso constitucional resultó engañoso: uno pensaría que una actualización constitucional es algo positivo, pero en Cuba no necesariamente es así. El proceso de reforma constitucional ya de por sí fue complicado: se hizo el ritual de la consulta pero fue básicamente impuesta. Y en términos de sustancia, la nueva constitución contiene muchos elementos cuestionables, que son los que debieran haberse reformado, pero se trasladaron intactos de la vieja constitución.

Por ejemplo, si bien la nueva constitución reconoce la existencia del mercado, continúa declarando que el sistema vigente es el de la economía socialista y subraya el carácter “irrevocable” del socialismo. El sistema de partido único continúa intacto, con el Partido Comunista Cubano reconocido como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado” en función de “su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo”.

Dicho esto, otras libertades que la Constitución también reconoce se vacían de sentido. Por ejemplo, la Constitución reconoce “los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, […] siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley” – la misma ley que establece que la única pertenencia política legítima es al Partido Comunista Cubano.

Lo mismo ocurre con la libertad de expresión y creación artística, reconocida si se ejerce “conforme a los principios humanistas en que se sustenta la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista”, o sea, solo si se expresa aquiescencia, pero no si se expresa un pensamiento crítico.

Pero en función de esta reforma se sostuvo que se debía actualizar el resto del marco legal, incluidos el Código Penal y el Código de las Familias. En el caso del Código de las Familias, esto era realmente necesario, porque no se actualizaba desde 1975 y estaba totalmente desajustado en relación con la realidad de la sociedad actual. La reforma del Código Penal también se justificó por la necesidad de “modernizar” la legislación y codificar delitos que el anterior, que databa de 1987, no reconocía, como los delitos ambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género. Pero desde mi perspectiva, esta reforma solo se entiende en referencia a las protestas de julio del año pasado y sus antecesoras: las del 11 de mayo de 2019, el 27 de noviembre de 2020 y el 27 de enero de 2021.

Con el objeto de proteger al régimen del disenso, todas las tácticas que utiliza el activismo han sido transformadas en delitos de desorden público y contra la seguridad del Estado y se penaliza la financiación extranjera de organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación. Así se busca ahogar a los medios disidentes, porque ¿cómo se va a financiar en Cuba un medio que no esté alineado con el Estado?

También se han endurecido las penas para varios delitos. La pena de muerte no solamente no se ha eliminado, sino que se ha agregado para algunos delitos más. La edad de imputabilidad es de las más bajas del mundo ¿Qué clase de modernización es esta? Por algún motivo se decidió no someter esta reforma a ninguna clase de consulta.

Si se analiza la producción de leyes de los últimos años, es evidente que ha habido un proceso de blindaje del régimen, que además ha avanzado más allá de controlar las acciones, para intentar también controlar el pensamiento. Este blindaje se cierra con el Código Penal, que busca evitar que se repitan las protestas del año pasado y acallar cualquier disenso

¿Cómo se entiende la discrepancia entre esta reforma tan regresiva del Código Penal y la aparentemente progresista reforma del Código de las Familias, actualmente en curso?

El Código de las Familias también debió actualizarse tras la reforma constitucional, aunque en realidad hubiera debido –y hubiera podido– ser reformado mucho antes. La primera vez que oí hablar oficialmente en Cuba sobre el matrimonio igualitario fue en el año 2007. Ya desde entonces hubo peticiones de reforma surgidas de la academia, que es donde se concentraba el activismo vinculado a cuestiones de género, derechos de las mujeres y las minorías sexuales.

Pero hubo mucha resistencia y la excusa era que para reconocer el matrimonio igualitario se necesitaba reformar la constitución. Lo cual obviamente no era cierto: el matrimonio estaba regulado por el Código de la Familia y no por la constitución y cuando ésta se reformó, no se incorporó este derecho, sino que se lo excluyó y se lo dejó pendiente para cuando se reformara el Código de las Familias.

El tema del matrimonio igualitario volvió a quedar en el centro del debate desde el momento que, como consecuencia de la reforma constitucional, se debe reformar el Código de las Familias, y entonces recomenzaron las presiones para que este derecho que no se consagró constitucionalmente fuera incluido en el Código – cosa que se podría haber hecho en 2007, 15 años atrás. Pero claramente en Cuba se gobierna así.

En el Código de las Familias que se llevó a consulta no hay protección especial para las infancias trans. Nada, ni una mención, aunque sabemos que este grupo presenta altas tasas de abandono escolar, expulsión del hogar y bullying escolar, por parte tanto de alumnos como profesores, es decir, una total imposibilidad de vivir su identidad de género con garantías. Cuando crecen, las personas trans, y particularmente las mujeres trans, son las víctimas predilectas de disposiciones punitivas relativas a “conductas predelictivas”. Algo tan fascista que ya no está más con ese nombre en el actual Código Penal, pero que seguirá vigente en otras disposiciones, en el imaginario de los operadores del derecho y en los sesgos que de hecho seguirán existiendo. 

¿Por qué estamos discutiendo estos temas ahora? Daría la impresión de ser una cortina de humo, una maniobra para aplacar una demanda sin hacer cambios profundos en el régimen político. Las dos estrategias que parecen ser contradictorias -una reforma regresiva del Código Penal y una reforma aparentemente progresista del Código de las Familias- apuntan en la misma dirección, la estabilización del régimen.

Digo “aparentemente progresista” porque después de todo un proceso de consultas, ahora el parlamento debe tomar las propuestas recibidas, reformular el proyecto y fijar una fecha para un referendo que lo convierta en ley. Todavía no sabemos qué va a quedar en ese proyecto y qué se va a diluir o a modificar. Tampoco se sabe cómo se traducirá ese documento a la vida cotidiana de las familias cubanas. 

¿Cuáles son elementos positivos que se espera que entren en el nuevo Código de las Familias?

Uno de los temas incluidos en el proyecto del Código de Familias es el matrimonio entre personas del mismo sexo, con posibilidad de adopción. Otro tema que se ha incluido es el de la llamada gestación solidaria, o gestación subrogada, hasta ahora ilegal. Este último genera una preocupación enorme entre las activistas feministas. Recordemos que estamos en un contexto de machismo brutal y de feminización de la pobreza. ¿Cómo se regulará la gestación solidaria? Aunque la ley sea clara en relación con la prohibición de remuneración, ¿cómo se podrá evitar en este contexto el desarrollo de un mercado negro basado en la explotación de las gestantes?

Otro tema importante es el de los derechos de los abuelos a tener relación con sus nietos, que tiene su contraparte en algunas disposiciones sobre responsabilidad parental, entre las que se contarían la de respetar y facilitar el derecho de los hijos a mantener comunicación con sus abuelos y otros parientes cercanos.

Otro parteaguas es de hecho el tema de la responsabilidad parental, que viene a sustituir al concepto de patria potestad, con un desplazamiento interesante de la idea del poder de los padres y madres sobre los hijos a la idea de que los padres y las madres tienen una responsabilidad sobre los hijos e hijas. Esto es muy interesante, y sin embargo ha generado revuelo, no solo desde sectores socialmente conservadores, sino también por parte del activismo político.

Esto hay que entenderlo en el contexto político de Cuba. Los y sobre todo las activistas –no necesariamente conservadoras– piensan que el énfasis en la responsabilidad le permitiría al Estado aducir irresponsabilidad para quitarles a sus hijos, o utilizar esta amenaza para obligarles a desistir de su activismo. Muchos activistas, y en particular las mujeres con responsabilidad maternal, hemos recibido esta clase de amenaza, con comentarios tales como “cuida a tus hijos”, “sabemos que estás con tu hija”, “ten cuidado por tu hijo”.

Pero yo pienso que estas amenazas de hecho ya existen, y lo que podría ocurrir bajo el nuevo Código es que también los padres sean obligados a hacerse cargo de sus responsabilidades –algo que actualmente no sucede en Cuba, con la consecuente feminización de la pobreza. Al igual que en otras partes de la región, han aumentado masivamente los hogares monoparentales, liderados por mujeres, algo que las cifras oficiales no reconocen.

Otro asunto en que se ha centrado la discusión es el de la autonomía progresiva de los niños y niñas. Sabemos que el castigo –incluso físico– se encuentra normalizado en Cuba, y que los padres toman decisiones importantes por sus hijos, sin consultarles. La idea de que los padres tienen que decidir todo por sus hijos hasta que lleguen a la mayoría de edad ha cambiado con el tiempo, y ha sido reemplazada por el concepto de que los niños van adquiriendo progresivamente la capacidad de tomar sus propias decisiones. Personalmente creo que como padres ya no debemos hablar estrictamente de crianza, sino más bien de acompañamiento de nuestros hijos en el aprendizaje.

Un tema importante contenido en la versión del documento que se llevó a consulta fue el del matrimonio infantil, incorporado a último minuto como resultado de una fuerte presión del activismo feminista, medios independientes y personas aliadas. Es un tema vital pero las personas encargadas de legislar no lo habían visto.

Muchos de estos temas han generado controversia, pero no considero que haya habido un auténtico debate. En un marco de semejante polarización política, el país no está preparado para debatir. Como lo han reportado activistas que participaron como observadores independientes, los debates que han tenido lugar en las etapas consultivas han estado mal orientados y no han sido liderados por personas bien entrenadas para conducirlos. En Cuba realmente no existe el debate; simplemente se escuchan monólogos a favor y en contra.

¿Qué otros problemas has detectado?

En términos generales, el problema no está en el contenido del Código de las Familias. Las mujeres somos más de la mitad de la población, y si se cuenta también a niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes al colectivo LGBTQI+, el nuevo Código estaría respondiendo a las necesidades de una amplia mayoría.

Pero tenemos grandes dudas respecto de las razones por las cuales se lo está impulsando justo ahora, sobre todo por el modo en que se alentaron algunas controversias que sirvieron para oscurecer el hecho de que al mismo tiempo se nos estaba imponiendo, sin ningún debate, una reforma terriblemente regresiva del Código Penal. 

En el nuevo Código Penal, todo lo que hacemos en tanto que activistas y ciudadanos está criminalizado. Es un código medieval. El Código de las Familias, en cambio, se nos presenta como ultramoderno y consensuado, lo cual también genera incertidumbre respecto de su implementación. Pero mientras de la implementación del Código Penal no nos quedan dudas –sabemos que será implementado a rajatabla– del Código de las Familias, si termina siendo todo lo moderno y progresista que se anuncia, tengo enormes dudas de que sea realmente aplicado. 

En gran medida, quienes se verían beneficiados por el nuevo Código de las Familias son los mismos que serán reprimidos con el nuevo Código Penal. Quienes están protestando por liberar a los activistas encarcelados tras las protestas de 2021 son, en su mayoría, madres solas que reclaman la libertad de sus hijos. Quienes salieron a las calles a protestar eran pobres, afrodescendientes, personas trans e hijos de madres solas. Este problema existe desde hace mucho tiempo y no ha habido políticas públicas para resolverlo. No se ha hecho el más mínimo intento de hacer políticas públicas con un enfoque de género. Los cambios que puedan resultar del Código de las Familias, en este contexto, son más que relativos.

El espacio cívico en Cuba es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa con Barbara M. Stocking sobre la necesidad de desarrollar un nuevo tratado internacional sobre pandemias anclado en la solidaridad, la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad.

Barbara Stocking es presidenta del Panel para una Convención Mundial de Salud Pública, ex presidenta del Murray Edwards College de la Universidad de Cambridge, exdirectora ejecutiva de Oxfam Gran Bretaña y ex presidenta del Panel de Evaluación Provisional del Ébola.

¿Qué es el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública y qué motivó su lanzamiento en abril de 2021?

La Universidad de Miami decidió encuestar a personas expertas de todo el mundo sobre el tema de las pandemias. Esto ocurrió antes de que estallara la pandemia de COVID-19. Necesitábamos saber si estábamos preparados para una pandemia y qué cuestiones debían abordarse. Yo era uno de los expertos en el tema: en 2015 presidí el Comité sobre el Ébola que evaluó la actuación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Unos meses después se publicó en la revista médica The Lancet un artículo que resumía las opiniones expertas.

Para entonces la pandemia de COVID-19 ya estaba en curso, y el presidente de la Universidad de Miami, Julio Frank, propuso hacer algo más que publicar un informe. En 2020 se fundó el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública con el fin de abogar por nuevas formas de abordar el control y la respuesta a los brotes, y se me pidió que lo presidiera.

El Panel es una coalición independiente de alto nivel para hacer incidencia en derechos humanos. Incluye a expresidentes como Laura Chinchilla, de Costa Rica, y John Mahama, de Ghana, y al ex secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Ángel Gurría. Todos ellos son personas que pueden tener influencia sobre la OMS, sus Estados miembros y otros organismos. No hacemos campañas públicas porque no tenemos los recursos ni la gente, pero actuamos al más alto nivel político.

En diciembre de 2021, la Asamblea Mundial de la Salud acordó poner en marcha el proceso de elaboración de un tratado mundial sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias. Nuestro grupo de expertos seguirá monitoreando los avances de la idea para asegurarse de que cumple con lo que creemos que es necesario para evitar que los brotes se conviertan en pandemias.

¿Qué déficits en la respuesta a la pandemia de COVID-19 hicieron evidente la necesidad de este tratado?

La necesidad de una convención se hizo evidente para todo el mundo como resultado del COVID-19, pero no se trata solamente del COVID-19. Durante los últimos 20 años, todos los informes concluyeron que no estábamos preparados para hacer frente a una pandemia. El COVID-19 acaba de confirmarlo de la forma más espeluznante.

La preparación es la clave. Los gobiernos han intentado estar preparados, pero es evidente que no lo estaban. ¿Por qué? Para algunos países fue una cuestión de recursos, y en esos casos debemos asegurarnos de que obtengan los recursos necesarios para tener sistemas de vigilancia sanitaria. Sin embargo, muchos países con abundantes recursos y excelentes sistemas sanitarios tampoco estuvieron preparados. Una de las razones es que muy pocos países practican la preparación. Cuando estaba en el servicio de salud del Reino Unido, cada hospital hacía un simulacro para un incidente grave cada tres años. Necesitamos el mismo enfoque en la preparación de la salud pública. La práctica es clave y debe incluir no solamente a los sistemas sanitarios, sino a todo el gobierno, porque si ocurre algo tan grande, los ministerios y los jefes de Estado también deben involucrarse.

La sociedad tampoco estaba preparada. Tenemos que asegurarnos de transmitir los mensajes correctos y de involucrar a las comunidades, que sabemos que son muy importantes.

Cuando se hizo evidente que había un virus circulando, y aún no estaba claro de qué se trataba, y la OMS declaró al COVID-19 una emergencia de salud pública de preocupación internacional, no se hizo demasiado. Febrero de 2020 era un momento clave para actuar, pero se hizo muy poco.

Todo se reduce a una falta de comprensión fundamental sobre lo que significa ser precavido en el caso de una pandemia. En la mayoría de las cosas de la vida, uno puede preguntarse si una situación va a empeorar y hacer una evaluación realista. Pero con una pandemia, especialmente al principio, no se sabe cómo se replicará el virus y hay que actuar con rapidez. Pero ante el COVID-19, los Estados no lo hicieron. También se opusieron a las directrices de la OMS porque, según ellos, la OMS “no tiene autoridad”.

El siguiente problema fundamental es que, a pesar de que tenemos normas sanitarias internacionales, la gente tiende a no cumplirlas, y no hay mecanismos para imponerlas y demandar rendición de cuentas. Está claro que también hay que trabajar para actualizar la normativa sanitaria internacional, pero el mayor problema es que los países acepten rendirse cuentas recíprocamente. La expresión que utilizamos es “garantía mutua”: para tomar decisiones difíciles, cada Estado necesita saber que otros harán lo mismo. Esto debería permitirnos vender la idea de la rendición de cuentas.

No tiene sentido tener un tratado o una convención sobre pandemias a menos que haya disposición a rendir cuentas. Pero esto a menudo es ignorado porque es difícil. Los Estados son soberanos sobre sus territorios y son responsables de la salud de su población, pero también tienen una responsabilidad compartida de mantener el mundo a salvo. Por eso necesitamos un tratado o convención.

¿Cómo podría el tratado ayudar a resolver estos problemas? 

Los principios de equidad, transparencia y responsabilidad deben incorporarse al tratado. Tenemos que pensar en lo que hay que arreglar o corregir, porque son las cosas sobre las que tendremos que rendir cuentas.

Por ejemplo, en lo que respecta a la preparación, se ha empezado a avanzar, pero sólo a través de revisiones de pares para determinar si los países están preparados. Este sistema tendría que ampliarse. Las revisiones independientes serían algo positivo para el tratado o convención. Necesitamos que alguien más que la OMS realice las evaluaciones de preparación y respuesta, lo que puede hacerse dentro de la estructura de un tratado. La OMS debería establecer las normas y proporcionar apoyo en el rol de “amigo del país”. Podría crearse un organismo pequeño. Como la OMS tiene casi todos los datos, no es necesario empezar de cero. Pero debe haber un organismo con la experiencia y los conocimientos necesarios. Es posible que tenga que rendir cuentas, a través de las estructuras de los tratados, a los jefes de Estado, que esperamos que integren las conferencias de las partes que supervisen este tratado o convención.

Todas estas cosas se pueden incorporar. Esto no quitará poderes a la OMS, sino que los aumentará.

¿Cómo ha participado la sociedad civil hasta ahora en el proceso del tratado?

La sociedad civil está pidiendo claramente más voz en las cuestiones sanitarias y en el desarrollo del tratado sobre pandemias, y creo que esto es realmente necesario.

En el ámbito de la OMS, la sociedad civil que participa procede en su mayoría de organizaciones internacionales y sus socios locales, y a menudo trabaja en temas de salud, y me refiero a la salud en sentido amplio, incluida la salud mental.

Cuando se celebraron las audiencias, la sociedad civil participó activamente y el espectro de organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes se amplió para incluir a OSC de derechos humanos, no solamente a causa de las libertades afectadas bajo las cuarentenas, sino también porque los gobiernos estaban utilizando la pandemia como excusa para violar los derechos humanos. Como resultado, cada vez más OSC de derechos humanos querían tener incidencia en el tratado.

En cuanto a la participación en el propio proceso del tratado, la OMS tiene una categoría para la sociedad civil, que es la de “observadores oficiales”. Pero la sociedad civil debería tener mucha más influencia en el debate. Al más alto nivel, la OMS está organizando eventos de dos días para proporcionar evidencia a las partes interesadas más allá de los Estados miembros. En abril celebraron un evento de dos días, en el que el Panel participó y dio su opinión sobre el tema. En junio se celebrará otro evento.

Un problema importante que he visto es la gestión centralizada de la pandemia. Tenemos que involucrar a las comunidades, y esto incluye a la sociedad civil. Cuando se gestiona una pandemia, hay que incorporar la participación de personas y organizaciones a nivel local. Esto no puede hacerlo solo el gobierno central; las autoridades locales deben desempeñar su rol para involucrar a estos grupos. 

Ampliar la gobernanza del tratado para incluir a la sociedad civil sería todo un desafío, ya que los Estados miembros serán dueños del tratado que firmen, ya sea por consenso o por ratificación gubernamental. Tiene que haber más debate sobre cómo, incluso si hay una conferencia de las partes, podemos incluir más a la sociedad civil y comprometernos con ella. 

¿Cuáles son los principales desafíos que prevé en el futuro inmediato en relación con la implementación de un eventual tratado?

El primer desafío es producir una Convención Mundial de Salud Pública con un fuerte componente de rendición de cuentas. Los Estados deben aceptar que deben rendirse cuentas entre ellos y al mundo. Y aunque a los Estados les resulte difícil aceptar la idea de ser evaluados por personas independientes, necesitamos que las evaluaciones sean realizadas por un organismo independiente. Podemos tener Estados que supervisen su trabajo, pero el organismo tiene que ser capaz de trabajar de forma independiente.

La noción de “soberanía compartida” sigue siendo difícil de aceptar para los países. Pero habitamos todos el mismo planeta y necesitamos trabajar juntos. Todos estamos interrelacionados, por lo que debemos tener la voluntad de cooperar y ver cómo podemos construir juntos. Algunos se preocuparán por la pérdida de soberanía, pero tenemos que ayudarles a entender la importancia crítica que tiene esto, desde un punto de vista tanto moral como de interés propio. A cada persona le interesa que los demás se comporten bien con ella. Estos son algunos de los bloqueos que debemos superar para lograr un buen tratado.

En resumen, los Estados ya han acordado elaborar algún tipo de tratado o convención y ya están trabajando en ello. Pero la pregunta es si este será el tratado adecuado. Si todo va bien, tendremos un acuerdo para 2024, y luego habrá que esperar a que los países lo ratifiquen, o no.

Pero no debemos dejar pasar el impulso porque realmente debemos estar preparados. La gente sigue preguntándonos si podríamos tener otra pandemia en los próximos 10 o 20 años. Bueno, francamente, podríamos tener otra el año que viene. Hay una verdadera urgencia porque los hábitats están cambiando; los animales y los humanos están cada vez más cerca unos de otros.

Veo que todo el mundo se relaja un poco ya que el COVID-19 parece estar relativamente controlado. Pero no debemos quedarnos dormidos. Es casi seguro que algo similar volverá a ocurrir en el futuro. Lo único que no sabemos es cuándo.

Póngase en contacto con el Panel para una Convención Mundial de Salud Pública a través de su sitio web.

CIVICUS conversa acerca de la criminalización de las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio en Honduras con Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos y coordinador del grupo de abogados defensores de los ocho Defensores del río Guapinol recientemente liberados.

¿Por qué fueron criminalizados los defensores de Guapinol?

El caso de los ocho compañeros de Guapinol privados de libertad es una de las expresiones más reveladoras de los conflictos minero-energéticos y el despojo de recursos naturales y del territorio en el país. Junto con el de Berta Cáceres, el caso Guapinol es uno de los más significativos.

El caso de Berta, que culminó en su asesinato, fue el primero de la nueva ola de criminalización en torno de los proyectos de despojo tras el golpe de Estado de 2019. Su caso presentó todos los elementos típicos: estigmatización, vigilancia, ruptura del tejido social, criminalización. El mismo patrón se repite en muchos lugares de Honduras.

Tras el golpe de Estado, hubo una exploración privada de los depósitos minerales de Honduras y los empresarios se dieron cuenta de que aquí había un gran negocio. En el caso de Guapinol, el puntapié inicial fue el otorgamiento de una concesión de minería de óxido de hierro – una de las tantes que hubo en el país – a la empresa Los Pinares, un holding inscripto en Panamá, propiedad de una familia hondureña extremadamente rica. Sus negocios mineros fueron desarrollados conjuntamente con la empresa estadounidense Nucor.

Nucor dice haberse retirado del proyecto a fines de 2019 a causa del conflicto generado por la criminalización de los defensores de Guapinol, pero no hay evidencia ni creemos que sea cierto. Los Pinares es simplemente el brazo minero de una empresa cuyo poder proviene de sus concesiones aeroportuarias en el país y en el exterior. Es una empresa con conexiones políticas de alto nivel, y con tanto poder que en 2013 consiguió que el Congreso Nacional cambiara la delimitación de la zona núcleo de un parque nacional.

El 22 de abril de 2013, el día anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de minería, se solicitaron las dos concesiones mineras relacionadas con el caso Guapinol, ambas ubicadas en la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos. Éste había sido declarado parque nacional en 2012, en el marco de un “arreglo amistoso” con los familiares de Carlos Escaleras, líder y defensor del medio ambiente de los ‘80 y ‘90, asesinado por defender esta montaña. El estatuto del parque nacional, que lleva el nombre de Carlos Escaleras, prohibía la entrega de concesiones mineras dentro de la zona núcleo e incluso dentro de la zona de amortiguamiento.

Sin embargo, a partir del 2014 comenzaron a llegar a la montaña ingenieros para recolectar información y conocer a qué profundidad se encuentra el metal. La gente lo notó, comenzó a pedir explicaciones y se organizó en el Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa.

En junio de 2016 empezaron a presentar denuncias; algunas de ellas fueron presentadas por los compañeros presos de Guapinol. Solicitaron información a las instituciones encargadas de otorgar los permisos de explotación minera pero recién obtuvieron algún dato en noviembre de 2019, tras tres años de idas y vueltas. Cansada de no obtener respuestas, en junio de 2018 la gente comenzó a protestar en la Municipalidad de Tocoa Colón. Fue entonces cuando empezó la vigilancia sistemática por parte de la Policía Nacional y la seguridad de Los Pinares.

En agosto de 2018, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada realizó unas conferencias de prensa en las cuales reclamó al gobierno por una supuesta pérdida de 20.000 millones de dólares causada por los “vándalos” que protestaban en distintos sitios del país.

La criminalización fue una estrategia nacional, pero el de los compañeros de Guapinol fue el caso más grave. El 8 de setiembre de 2018 el Ministerio Público los empresarios presentó la primera acusación contra 18 compañeros, por delitos de usurpación, daños y usurpación del espacio público; como parte acusadora privada compareció en las audiencias Los Pinares. Catorce compañeros fueron sometidos a proceso y todos sus casos fueron cerrados, pero la acusación permitió el desalojo ilegal, en octubre de 2018, del Campamento por el Agua y por la Vida, uno de los tantos instalados en Honduras. Esta fue una de las cuatro acusaciones presentadas por el Ministerio Público como parte de la estrategia de criminalización a los movimientos de resistencia contra los proyectos minero-energéticos.

En enero de 2019, en respuesta a una denuncia de Los Pinares, el Ministerio Público presentó otra acusación contra 32 personas, entre ellas los ocho compañeros de Guapinol. La naturaleza de las acusaciones cambió: ya no se trataba de usurpación del espacio público sino de criminalidad organizada. Las personas defensoras de derechos humanos pasaron a ser tratadas como integrantes del crimen organizado, con acusaciones de asociación ilícita, robo, daños, privación injusta de la libertad e incendios agravados. El caso fue asignado al Juzgado Especializado en Criminalidad Organizada, con lo cual pasó de la localidad a la jurisdicción nacional, violando al derecho de ser juzgado por un juez natural. 

De los 32, un primer grupo se sometió voluntariamente a proceso en febrero de 2019 y estuvo privado de libertad solamente 10 días antes de recibir el sobreseimiento definitivo. Los Ocho de Guapinol, sin embargo, pese a haberse presentado voluntariamente al proceso, fueron sometidos a detención arbitraria desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 24 de febrero de 2022, cuando finalmente recobraron su libertad.

¿Qué hizo la sociedad civil para conseguir su liberación?

Durante la pandemia, Guapinol fue uno de los casos de más alto perfil a nivel mundial. Ni la pandemia detuvo a la defensa de los compañeros. Rápidamente trasladamos nuestras actividades al ámbito virtual, y para fines de abril de 2020 ya estábamos presentando habeas corpus por el derecho a la salud de los compañeros, acompañados por organizaciones internacionales. Aún en estas condiciones logramos montar foros con organizaciones importantes, y a tres meses de iniciada la pandemia recomenzamos la actividad de incidencia, con lo cual logramos que el caso fuera sumamente conocido en el mundo cuando llegó el momento del juicio.

Inicialmente el caso fue promovido por la Coalición Contra la Impunidad, que reúne a más de 50 organizaciones de la sociedad civil (OSC) hondureñas. Luego se fueron sumando muchas OSC a una especie de grupo de acompañamiento internacional del caso.

En primer lugar, se denunció públicamente la violencia y la criminalización contra el Comité Municipal. En segundo lugar, antes de que los compañeros cayeran presos, se documentó la concesión irregular de los recursos naturales. Luego se organizó la defensa legal de los compañeros, junto con diferentes organizaciones hondureñas. A continuación se organizó un grupo de trabajo con OSC nacionales e internacionales para apoyar la defensa. Se hizo mucho trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para convencer al público de que se trataba de un caso muy importante y contener el relato de la empresa sobre la supuesta violencia ejercida por los compañeros.

El trabajo documental y testimonial fue crucial para exponer el activismo real de los compañeros. Tuvimos muchas reuniones con OSC internacionales. Organizaciones y académicos canadienses, estadounidenses y europeos hicieron informes sobre la concesión y el proceso legal. Las OSC internacionales presentaron amicus curiae ante los órganos jurisdiccionales de Honduras. Participamos en múltiples foros con organizaciones nacionales e internacionales.

Hicimos mucho trabajo “de hormiga” para generar una ola potente de reclamos por la libertad de los compañeros. Las campañas de CIVICUS y Amnistía Internacional, por ejemplo, nos permitieron llegar a diferentes públicos. Llegamos al juicio con el caso muy conocido y, a menos de 24 horas de terminado el juicio en el cual los compañeros fueron condenados con dos tercios de los votos del tribunal, la Corte Suprema de Justicia anuló todo el proceso y ordenó dejarlos en libertad.

Fue una decisión inédita, seguramente motivada por la fuerza de la demanda de libertad y por las pruebas esgrimidas, dentro y fuera de los tribunales, que demostraban que los compañeros eran inocentes y que luchan por una causa justa de gran interés para la humanidad.

¿Hay en Honduras otros casos como el de Guapinol?

Hay muchas personas defensoras criminalizadas por la defensa de la tierra, incluidas algunas del pueblo Garífuna, pero no están presas. También hubo muchos compañeros presos por defender la democracia tras el fraude electoral de 2017: unas 30 personas estuvieron presas en cárceles de máxima seguridad, pero actualmente están libres. La mayoría de los casos pendientes están siendo cerrados como consecuencia de la amnistía dictada por el Congreso Nacional en febrero de 2022. 

En ese sentido, el de Guapinol fue una excepción, porque no se le aplicó esta amnistía. Lo importante en este caso es que logramos cerrar el proceso defendiéndonos aún con las herramientas tan cuestionadas que ofrece el sistema judicial hondureño.

Sin embargo, hubo otros casos al mismo tiempo que el de Guapinol, como el de los compañeros indígenas del Pueblo Lenca en el departamento de La Paz, acusados de desplazamiento forzado. Ellos estuvieron presos por más de un año por un delito que es la mayor locura que he escuchado: se los acusa de desplazar a los terratenientes. El relato del Ministerio Público recurre a la invención del “racismo inverso”, que dice que los pueblos indígenas también cometen discriminación contra las minorías dentro de sus comunidades. En este caso, la minoría serían los terratenientes. 

¿Consideras que el caso de Guapinol es parte de un patrón de criminalización contra las personas defensoras del medio ambiente?

A partir de los casos que hemos acompañado hemos detectado patrones de criminalización por sectores. Por ejemplo, entre 2011 y 2016 uno de los sectores más criminalizados fue el movimiento estudiantil en defensa de la educación pública. Fueron criminalizados unos 350 estudiantes, la mayoría universitarios.

En el caso de las personas defensoras del medio ambiente, logramos documentar varios patrones de criminalización. Una y otra vez, los procesos se iniciaban a pocos días de expresados los pronunciamientos de las empresas o las organizaciones de empresarios. El comportamiento de la policía y el Ministerio Público también ha sido similar en todos los casos. Al principio el interés pasaba por el desalojo, y la tipología de las acusaciones fue cambiando del mismo modo en todo el país. El relato de las empresas también es siempre el mismo; en muchos casos, porque sus abogados también son los mismos.

La criminalización sigue distintos patrones según los intereses afectados. La tipología de delitos aplicada al tema minero diverge de la utilizada para el despojo de tierras para la construcción de megaproyectos turísticos o la plantación de palma africana en la zona Atlántica, que a su vez difiere de la utilizada contra los campesinos que reclaman por el acceso a la tierra y los cultivos.

Sin embargo, todos estos sectores que han sido criminalizados en los últimos 15 años tienen en común la resistencia frente al proyecto, impulsados desde los años 2000, de entrega de los recursos naturales a empresas privadas. El acaparamiento de la tierra tuvo el soporte político del golpe de Estado: a partir de ese momento se flexibilizó la normativa nacional para facilitar el despojo, y la Policía Nacional y los cuerpos de seguridad del Ministerio Público y del Poder Judicial fueron puestos al servicio del empresariado, lo cual le permitió criminalizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio.

¿Ha mejorado la situación de las personas defensoras del medio ambiente desde el inicio del nuevo gobierno en enero de 2022?

El nuevo gobierno trajo consigo varias cosas positivas. Primero, aunque ya antes habíamos logrado que se cerraran varios casos emblemáticos, la amnistía decretada por el nuevo gobierno ha resultado en el cierre de la mayoría de los procesos judiciales abiertos contra personas defensoras, aunque aún quedan varios casos pendientes.

Segundo, con el nuevo gobierno ha finalizado la estigmatización estatal de las luchas en defensa de la tierra, que solía hacer uso de la información obtenida por los cuerpos de seguridad del Estado. Y tercero, por el momento no ha habido un abordaje violento de los conflictos por parte del gobierno. La gente realiza manifestaciones y no es reprimida.

En los últimos años ha habido violencia estatal en el terreno de la gestión de la protesta social, violencia privada reflejada en asesinatos de personas defensoras, y violencia híbrida en materia de vigilancia. En los próximos cuatro años posiblemente ya no haya una gestión violenta de las protestas sociales, pero puede que la violencia estatal sea reemplazada por la violencia privada de las empresas.

¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro?

El reto que tenemos ahora es el de abordar las causas de la criminalización. Hemos trabajado para defender y acompañar a los compañeros y compañeras criminalizadas por el Estado y las empresas, pero nunca logramos que se atendiera el origen del conflicto: la entrega de los recursos naturales. Impedir la criminalización de defensores es un gran paso, pero debemos abordar el tema de las concesiones, que de hecho continúan. Los proyectos aprobados están esperando ser implementados. Si no aprovechamos este momento para encarar esta tarea, cuando cambie el signo político del gobierno las empresas retornarán fortalecidas y los procesos de criminalización recrudecerán.

Además, los movimientos están desgastados tras 12 años de resistencia contra la entrega de los recursos naturales. Debe haber rendición de cuentas, reparación para las víctimas y garantías de seguridad jurídica para que las personas defensoras puedan hacer su trabajo. Es necesario revertir el sistema normativo hostil para el ejercicio de derechos y la defensa de los derechos humanos que se instaló en las últimas décadas.

El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
Conozca más sobre el caso Guapinol en su sitio web y siga a @Edy_Tabora en Twitter. 

CIVICUS conversa con el equipo de Visibles acerca de los recientes avances antiderechos ocurridos en Guatemala.

Fundada en 2017, Visibles una organización guatemalteca que trabaja para conseguir la plena inclusión las personas diversas y construir una sociedad donde todas las personas puedan ejercer sus derechos y gocen de respeto, libertad y bienestar.

El proyecto de Ley para la Protección de la Vida y la Familia llevaba varios años encajonada. ¿Por qué finalmente se aprobó ahora?

La iniciativa de ley 5272, aprobada por el Congreso de Guatemala como Decreto 18-2022, aumentó las penas por aborto a un mínimo cinco años de cárcel y prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo y la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.

La iniciativa había sido presentada el 26 de abril de 2017 por un representante del partido conservador Visión con Valores. Tras obtener dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el pleno del Congreso la discutió y aprobó en sus primeras dos lecturas en 2018.

Pero para aprobar una ley en Guatemala se necesita reunir previamente el apoyo de una cantidad de congresistas antes de someterla a votación en el hemiciclo. Esto no ocurrió hasta 2022, cuando la alianza oficialista y los grupos políticos y económicos que les respaldan establecieron como una de sus prioridades promover esta agenda conservadora.

La actual presidenta del Congreso, Shirley Rivera, llegó a este puesto tras una trayectoria muy limitada, centrada únicamente en la propuesta de leyes que estigmatizan a la población trans y que buscan conceder mayores libertades a las iglesias, particularmente en el modo en que reportan sobre sus finanzas.

En el mes de marzo, en una suerte de contrapeso de la tradicional conmemoración del Día Internacional de la Mujer -una jornada de movilización feminista-, el Congreso declaró un Día Nacional de Conmemoración de la Vida y la Familia y aprobó esta iniciativa regresiva. Desde sus distintos poderes el Estado promovió una cantidad de acciones comunicacionales y eventos en los que participaron actores nacionales e internacionales vinculados al movimiento antigénero, orientados a promover la defensa de la vida desde el momento de la concepción y una definición tradicional, estrecha y excluyente de familia –es decir, una causa amplia que busca restringir la autonomía y las libertades de las mujeres y las personas LGBTQI+.

En esa misma fecha el Congreso pasó el Decreto 18-2022, y lo hizo por abrumadora mayoría: apenas ocho de 160 legisladores votaron en contra, y 52 se abstuvieron. 

¿Consideran que esta movida forma parte de una tendencia regional antiderechos más amplia?

Definitivamente. Los grupos antiderechos de Guatemala forman parte de un movimiento transnacional altamente organizado y bien financiado que tiene por objetivo socavar los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+, así como la participación más amplia de la sociedad civil en el debate y las decisiones públicas.

La aprobación del Decreto 18-2022 no fue una reacción contra los muy escasos avances producidos en los últimos tiempos en materia de reconocimiento de derechos de la diversidad y de las mujeres. Sirvió para para reforzar jerarquías sociales que benefician a los poderosos y mantener o incluso aumentar su poder.

Las mujeres y las personas LGBTQI+ somos un blanco fácil. Los ataques contra nosotros reflejan una resistencia a las transformaciones sociales que buscamos: liberar el talento y el potencial de más de la mitad de la población.

Los movimientos feministas, de mujeres y de la diversidad representan algunos de los obstáculos que enfrenta este proyecto de poder y control, pero no son el único. Otro obstáculo surge del hecho de que, gracias al mayor acceso a la tecnología, ha aumentado el descontento social y se han elevado voces que les exigen rendición de cuentas. Son cada vez más las demandas de acción urgente para transformar la economía y asegurar que sirva para crear mejores oportunidades para todas las personas y familias, así como de creciente atención a problemas como el cambio climático y la preservación del medio ambiente y las vidas de quienes resisten el extractivismo transnacional.

¿Cómo se organizó la sociedad civil frente a este ataque antiderechos?

En Guatemala hay numerosas organizaciones de mujeres, de los pueblos indígenas, de juventudes, de población diversa, estudiantiles y religiosas que se organizaron para resistir el avance de esta agenda regresiva. Tras el cierre de espacios para la lucha anticorrupción, luego de la disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en septiembre de 2019, uno de los principales procesos que ocurrieron fue la criminalización de quienes la habían impulsado, desde personas defensoras de derechos humanos hasta fiscales y jueces que habían trabajado dentro de las instituciones estatales.

Este cierre de espacios impulsó la búsqueda de nuevas ideas y rutas para avanzar en la construcción de la justicia. Ahora, la resistencia a la entrada en vigencia del Decreto 18-2022 nos marca el camino.

El Estado de Guatemala ha colaborado activa y sistemáticamente en la creación de una narrativa hostil a los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Y lo ha hecho de una forma muy hipócrita, ya que ha impulsado políticas públicas que invocan la protección de la vida y familia al mismo tiempo que ha demostrado una absoluta falta de compromiso con el mejoramiento de las condiciones en que viven las personas y familias guatemaltecas. Esta incoherencia se vuelve un insulto al aprobarse una ley que, al criminalizar a las mujeres y a las personas LGBTQI+, pone en peligro a más de la mitad de la población.

El mismo día en que se aprobó el Decreto 18-2022 comenzaron las protestas. La presión callejera fue novedosa e importante: mostró que las organizaciones podemos trabajar en coalición y que la ciudadanía está dispuesta a sumarse y velar por el bienestar de todos.

La movilización elevó el costo que pagaría el gobierno si convalidaba la decisión del Congreso. Hay que tener en cuenta que la administración liderada por el presidente Alejandro Giammattei era ya de por sí impopular y enfrenta un creciente número de demandas de rendición de cuentas: desde investigaciones periodísticas que revelan el mal manejo del poder público y denuncias de corrupción hasta sanciones internacionales contra funcionarios clave. En este contexto, el presidente Giammattei amenazó con vetar la ley por considerar que violaba la Constitución de Guatemala y los acuerdos internacionales suscritos por el país, y el Congreso reaccionó dando marcha atrás y archivando la ley.

¿Cómo trabaja Visibles para mejorar la situación de las personas LGBTQI+ en Guatemala?

Visibles trabaja por cambiar las ideas, actitudes y comportamientos de las personas hacia las personas LGBTQI+ y sus derechos a través de esfuerzos de investigación, formación, comunicación propositiva e incidencia política. Pensamos que nuestra visión de largo plazo –la de una sociedad que incluya plenamente a las personas diversas, garantizando que gocen de respeto, libertad y bienestar y que puedan ejercer todos sus derechos– solo es posible si empezamos a tener conversaciones uno a uno, con familias, amistades y personas en nuestros espacios de acción, para movernos juntos desde un lugar de prejuicio hacia uno de la aceptación.

La experiencia de resistencia colectiva frente al avance antiderechos nos unió, inspiró y comprometió aún más. La resistencia contra una política concreta de control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas como mujeres y personas LGBTQI+ nos interpeló de manera mucho más directa que una noción distante y abstracta como la del acceso a la justicia. Hoy nos mueve la construcción colectiva de un proyecto de justicia de género que consagre el derecho de todas las personas a vivir con dignidad. Esperamos que estas nuevas prácticas y objetivos de transformación revitalicen el movimiento por los derechos humanos.

¿Qué apoyos internacionales necesita la sociedad civil que defiende los derechos humanos de las personas LGBTQI+ en Guatemala?

La aprobación –y posterior vuelta en U– del Decreto 18-2022 nos dio una prueba del poder real que el Estado tiene en Guatemala sobre las mujeres y personas LGBTQI+. El riesgo no desaparece por el hecho de que se haya archivado la ley, pero quizá sí tenga el efecto de enviar una señal de alarma a la comunidad internacional.

Es importante que vuelvan su atención, sus apoyos y recursos hacia Guatemala, cuyas fuerzas antiderechos forman parte de una avanzada regional. No podemos descuidarnos y permitir que los movimientos antigénero avancen en su objetivo de sostener y consolidar estructuras injustas de poder desigual en la cual algunos mantienen sus privilegios a costa de los derechos elementales de otros.

El espacio cívico en Guatemala es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Visibles a través de su sitio web o sus páginas de Facebook e Instagram, y siga a @visiblesgt en Twitter.

CIVICUS conversa con Mariela Infante Erazo, directora de la Corporación Humanas, acerca de los impactos de la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile, y sobre sus expectativas frente al comienzo de un nuevo gobierno y los resultados del proceso constituyente en curso.

Fundada en 2004, Humanas es una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la incidencia para la profundización de la democracia y la inclusión de las mujeres.

¿Qué impacto ha tenido la pandemia sobre mujeres y niñas en Chile?

La pandemia ha tenido un impacto gravísimo sobre los derechos humanos de niñas y mujeres. Las mujeres retrocedieron más de una década en su inserción laboral, Cuando cerraron los colegios, debieron asumir la mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, tanto de sus hijos como de familiares enfermos o personas mayores, por lo que muchas tuvieron que dejar de trabajar. Las que siguieron trabajando -o teletrabajando- tuvieron una enorme sobrecarga, lo cual tuvo impactos sobre su salud tanto física como mental.

La violencia de género también aumentó de manera escandalosa, ya que en Chile el encierro y las restricciones de movimiento fueron bastante estrictas. Según las estadísticas del Estado, los llamados por violencia doméstica de mujeres adultas se triplicaron. Pero la situación también afectó a las niñas que enfrentaban abusos familiares.

Los ámbitos laborales más feminizados, como la educación y la salud, fueron los más exigidos durante la pandemia. Las mujeres son mayoría en las profesiones que dieron la batalla contra la pandemia -enfermeras, personal de la salud, de los servicios, de la educación- pero no tuvieron gran reconocimiento. Las educadoras debieron dar clase a distancia y esto perjudicó el aprendizaje, al menos entre los sectores de menores recursos económicos y culturales. En Chile no hay acceso universal al servicio básico de internet, lo cual perjudicó el acceso a la educación.

Falta mucho para una recuperación total: el desempleo continúa siendo elevado y el empleo de las mujeres no se está recuperando a la par del de los hombres. Es necesario un enfoque de género para que las mujeres puedan regresar al ámbito laboral y recuperar autonomía económica, ya que ésta es clave para ejercer nuestros derechos.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil en general, y Humanas en particular?

En los primeros meses de la pandemia, y especialmente mientras duró el confinamiento, hubo una gran efervescencia entre las organizaciones feministas: muchos seminarios, encuentros, conversatorios. Hubo mucha reflexión y muchas ansias de compartir. Pero la virtualidad es muy desafiante y esos espacios con el tiempo se fueron agotando: el primer año la gente participaba más, pero luego la participación empezó a decaer. El formato está un poco agotado; creo que debemos pensar en nuevas formas de participación.

Durante estos dos años en Humanas hemos hecho teletrabajo, cada una desde su casa, con las dificultades que esto a veces supone para la comunicación entre compañeras de trabajo. Se perdieron las oportunidades de comunicación informal y el trabajo se enlenteció. De cara hacia afuera, tuvimos que repensar talleres, seminarios y capacitaciones, porque es muy difícil hacer una capacitación interactiva y motivadora a través del computador. Por supuesto tuvimos que cancelar todos los viajes, lo cual resultó limitante para nuestra estrategia de articulación regional.

Pero hicimos aprendizajes importantes respecto a cómo lo virtual reemplaza lo presencial, y nos fuimos adaptando.

¿Cuáles son los principales problemas de derechos de las mujeres en Chile?

Al igual que en el resto de Latinoamérica, los desafíos son múltiples. En el terreno laboral, un gran problema es la precarización: las mujeres tenemos empleos más precarios, informales y peor pagados, así como mayores tasas de desempleo.

Las mujeres también asumimos el grueso de la carga de cuidados familiares. Esto nos limita el tiempo libre, perjudica nuestra salud, limita nuestras perspectivas laborales y dificulta nuestra participación política. Por eso el movimiento feminista, dentro del cual nos contamos, prioriza el establecimiento en Chile de un sistema nacional de cuidados.

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el aborto -que solía estar prohibido en toda circunstancia- desde 2017 es legal bajo tres causales: cuando la vida de la persona embarazada corre peligro, cuando el feto padece malformaciones incompatibles con la vida, y cuando el embarazo es el resultado de una violación.

Pero durante la pandemia aumentaron las limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos: disminuyó la distribución de anticonceptivos, se distribuyeron anticonceptivos defectuosos a través del sistema público, y disminuyó la cantidad de exámenes ginecológicos preventivos. Mucha gente dejó de consultar en centros de salud porque éstos estaban colapsados por la cantidad de casos de COVID-19, por lo que muchas patologías quedaron sin diagnosticar y sin tratar.

Chile no tiene una ley integral para prevenir la violencia contra las mujeres en sus distintos ámbitos y manifestaciones. Hay un proyecto de ley al respecto que lleva muchísimos años sin lograr avanzar. El número de femicidios –y de femicidios frustrados- es muy elevado. Los niveles de violencia son muy preocupantes, y aumentaron aún más con el confinamiento durante la pandemia.

Además, Chile se ha convertido en uno de los principales países de acogida de migrantes venezolanos y ha adoptado una política restrictiva hacia las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y en particular con las mujeres. Como solicitar una visa se ha vuelto prácticamente imposible, la gente está entrando a Chile de manera irregular. Con ello han aumentado la trata y el tráfico de personas, cuyas principales víctimas son mujeres y niñas.

La irregularidad migratoria también ha repercutido sobre la explotación laboral. Por no contar con documentación, muchas mujeres migrantes ni siquiera se atreven a concurrir a centros de salud por miedo a ser expulsadas del país. Según los principios de la Declaración de Cartagena, que establece una definición amplia de asilo, las mujeres venezolanas deberían ser consideradas sujetas de protección internacional, ya que están huyendo de una crisis de orden público. Pero no se les reconoce esa condición y se les niegan los derechos laborales y a la salud, entre muchos otros.

Además, el racismo ha aumentado junto con la xenofobia. Las migrantes afrodescendientes, procedentes sobre todo de Haití y Colombia, han experimentado racismo y xenofobia. Lo mismo ocurre con la población indígena. En el marco del conflicto territorial con el pueblo Mapuche en el sur de Chile, la violencia institucional y policial ha afectado diferencialmente a las mujeres indígenas, por ejemplo cuando se hacen allanamientos violentos en las comunidades.

¿Cómo trabaja la sociedad civil para llevar estos temas a la agenda pública?

En este momento, la Convención Constitucional es el espacio a través del cual estamos canalizando la agenda feminista. Tenemos mucha expectativa y estamos trabajando para que la Convención produzca un marco normativo general para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que luego deberá ser implementado mediante leyes y políticas públicas.

Entiendo que la actual Convención Constitucional es la primera en su tipo en todo el mundo, con paridad de género y escaños reservados. La Convención no refleja la composición de la élite chilena –hombres heterosexuales blancos- sino al Chile verdadero: hay indígenas, mujeres y personas de todos los niveles educativos y profesiones, en vez de puros abogados como en el parlamento. La diversidad de perspectivas le da una enorme riqueza.

El proceso de redacción de una nueva constitución para Chile es una oportunidad histórica que estamos tratando de aprovechar para canalizar los problemas de derechos de las mujeres. Este proceso fue producto de una movilización social masiva que reclamaba derechos, justicia y dignidad. Es la salida institucional al descontento y la fragmentación del tejido social chileno.

Después de 40 años, hoy tenemos la posibilidad de reformular una constitución hecha en dictadura, que no garantiza derechos sociales. Estamos a pocos meses de tener un borrador que se va a plebiscitar, por lo que el momento constituyente es para nosotras un gran momento político con perspectivas de avance para los derechos de las mujeres.

¿Cómo podrían reducirse en Chile las brechas y desigualdades de género?

La pandemia dejó al descubierto una crisis de cuidados que es estructural. El espacio privado y doméstico sigue siendo responsabilidad de las mujeres, a lo cual se suman las labores remuneradas. Queremos un cambio de paradigma que establezca que esto es una responsabilidad social compartida, que no debe recaer exclusivamente en las mujeres. La creación de un sistema nacional de cuidados en el cual el Estado, el sector privado y las familias –pero las familias completas, no solamente las mujeres- asuman los cuidados familiares podría lograr verdadera una transformación de la división sexual del trabajo. 

La atención al tema de los cuidados es un primer paso para avanzar en una cuestión estructural como es la división sexual del trabajo: sacando a las mujeres de un rol único, valorizando sus roles e incluso generando nuevas fuentes de trabajo para las mujeres. Necesitamos un paradigma de cuidados transversal que fomente los vínculos de respeto y solidaridad. Es de una importancia enorme: ninguno de nosotros estaríamos aquí si alguien no nos hubiera cuidado.

El tema del cuidado es también muy relevante en relación con la naturaleza, el agua y los bienes comunes, si es que han de servir para mejorar la calidad de vida de todas las personas, más que para generar riqueza para unos pocos. Lo importante es que el foco esté en el bien común y no en la extracción y la acumulación. El actual modelo de desarrollo extractivista reproduce desigualdades y está en la raíz de la violencia contra las mujeres defensoras de tierra y territorio.

Actualmente el feminismo está teniendo una mirada mucho más global y está haciendo alianzas con otros movimientos sociales. Somos feministas, pero tenemos un vínculo con otros mundos -el del ambientalismo, las mujeres indígenas, las defensoras de tierra y territorio- que nos hace entender que las desigualdades y exclusiones provienen de la intersección de distintos sistemas de dominación: capitalismo, colonialismo, patriarcado. Para generar una transformación profunda debemos tener una mirada integral.

¿Qué expectativas tiene el feminismo chileno ante el inicio del nuevo gobierno?

Nuestras expectativas son altas pero realistas, no desmesuradas. Sabemos que cuatro años es poco tiempo para tantos desafíos y que no podremos transformar todo en tan poco tiempo, pero creemos que hay voluntad política para avanzar en leyes de cuidados, de igualdad y no discriminación, de derechos sociales, de derechos sexuales y reproductivos, y de violencia de género.

El presidente Gabriel Boric, que asumió el 11 de marzo, se identifica como feminista. Ya dio una buena señal al situar al Ministerio de la Mujer dentro del gabinete político, indicando que no entiende al género como una cuestión sectorial; esperamos que esto se traduzca en una real transversalización del enfoque de género, para permear todas las políticas.

El gabinete del nuevo gobierno es más que paritario: tiene más ministras que ministros. Varias de las ministras -las de la Mujer, Justicia y Bienes Nacionales- son feministas. Esto es más importante que el hecho de que haya más mujeres, porque permitirá generar avances importantes en nuestra agenda. 

Sabemos que, al igual que en el resto de Latinoamérica, se vienen momentos muy difíciles, de crisis económica y altísima inflación. Deberemos afrontar un proceso de mayor precarización de la vida, en un escenario de pandemia aún un poco incierto. No sabemos qué tanto podremos volver a la “normalidad”, ni cómo será.

El nuevo gobierno deberá proteger el trabajo de la Convención, que es muy atacado y criticado por los medios hegemónicos que rechazan toda redistribución del poder. El nuevo gobierno deberá darle a la Convención las condiciones presupuestarias e institucionales para que pueda seguir trabajando. Luego recibirá el borrador de la nueva constitución -que al parecer será bien transformadora y esperamos que sea ratificada mediante un plebiscito- y tendrá el enorme trabajo de implementar gradualmente las normas de paridad en distintos espacios.

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CIVICUS conversa con Antonio Lara Duque, abogado defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), sobre la situación de las personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en México, y específicamente de la situación de Kenia Hernández, una defensora indígena criminalizada e injustamente encarcelada.

El CDHZL es una organización de la sociedad civil del estado de México que acompaña procesos de lucha de comunidades indígenas, pueblos originarios y colectivos que buscan una vida digna a través del ejercicio y el reclamo de sus derechos humanos.

¿Quién es Kenia Hernández, y por qué está detenida?

Kenia es una joven mujer indígena amuzga. Tiene 32 años. Es coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, que promueve la resistencia pacífica frente al modelo de desarrollo neoliberal. Es abogada de formación profesional, se reivindica feminista y se dedica a la defensa de los derechos humanos, y particularmente a la defensa de personas presas por motivos políticos, a la búsqueda para hallar con vida a personas desaparecidas y al acompañamiento jurídico a mujeres víctimas de violencia.

Kenia fue detenida el 18 de octubre de 2020, acusada de ataques a las vías generales de comunicación y robo con violencia. La acusaron de delitos graves para asegurarse de poder internarla en el penal femenino de máxima seguridad más terrible de todo México.

El 15 de marzo de 2022 el tribunal de enjuiciamiento de Ecatepec, en el estado de México, determinará si es culpable o inocente en una de las cinco causas penales que existen en su contra. Todas estas causas fueron fabricadas con el exclusivo propósito de aislarla y evitar que siga protestando, además de mandar una señal de castigo ejemplar a todas aquellas personas que ella había logrado articular en un movimiento de corte nacional que cuestionó la concesión privada de las autopistas.

¿Es el caso de Kenia parte de una tendencia más amplia a la criminalización de las personas defensoras indígenas en México?

Efectivamente, el caso de Kenia nos revela que el Estado mexicano tiene una clara política de “pedagogía del escarmiento”, por dos razones.

Por un lado, manda una señal a las personas que protestan, y particularmente a quienes protestan poniendo de relieve el tema de las autopistas privadas, para que ya no recurran a la manifestación pública como forma de movilización social, porque si lo hacen padecerán como consecuencia un encierro injusto y cruel como el que vive Kenia.

Por el otro lado, los funcionarios del Estado mexicano tratan de someter y doblegar la voluntad de Kenia, pretenden castigarla por haber protestado pero también vulnerar sus convicciones, limitar su energía y fuerza en la protesta, hacerle saber quién manda y quién obedece. Como ella no se ha sometido continúan manteniéndola en prisión. Saben que si la liberan volverá a su activismo.

Ambas situaciones son de una gravedad por demás preocupante, porque buscan revertir décadas de luchas sociales y de apertura de espacios democráticos.

¿Qué está haciendo la sociedad civil, y particularmente el CDHZL, para conseguir su liberación?

El CDHZL se dedica a difundir, promover y defender los derechos humanos de pueblos, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Defendemos el medio ambiente, la tierra y el territorio, el derecho humano al agua y la cultura indígena. Y nos enfocamos particularmente en la protección de personas defensoras de derechos humanos, ya que en México estas personas ponen permanentemente en riesgo su libertad y su vida.

Parte de nuestro trabajo consiste en dar defensa legal a personas defensoras de derechos humanos injustamente criminalizadas y encarceladas por defender pacíficamente algún derecho. En sus diez años de vida, el CDHZL ha ayudado a recuperar su libertad a alrededor de 250 personas.

Esperamos que pronto Kenia sea una más de ellas. La sociedad civil mexicana ha dado mucha visibilidad a su caso, poniendo en la agenda pública la criminalización de que es objeto e involucrando a actores clave, y en particular a senadores de la República, para convencer a tomadores de decisión relevantes de dejar de criminalizar a Kenia. También hemos tratado de llevar su caso al ámbito internacional, señalando la política punitiva del gobierno federal de México.

A través de su amplio equipo de abogados y abogadas, el CDHZL ha sostenido una defensa jurídica en los cinco procesos legales contra Kenia, con todo lo que ellos implican: decenas de audiencias, impugnaciones y juicios de garantías, algunos de ellos ganados. Pero claramente esto es mucho más que una lucha jurídica, ya que altos funcionarios se han empeñado en mantener a Kenia en prisión a toda costa.

¿No ha habido mejoras en la situación de las personas defensoras indígenas tras el ascenso del actual gobierno de izquierda?

Nuestra expectativa era que hubiera mejoras en la situación de las personas indígenas, las personas defensoras y los derechos colectivos en general, pero desafortunadamente continúa habiendo un desdén generalizado en el gobierno federal, más allá de su corte de izquierda.

El gobierno no ha podido o no ha querido sintonizar con las demandas más sentidas de los pueblos originarios. Han continuado las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, incluyendo desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Entre los casos de prisión, el de Kenia Hernández es uno de los ejemplos más lacerantes del uso indebido del sistema penal en contra de una persona defensora, producido bajo este gobierno que se autoproclama artífice de una “cuarta transformación” – un proceso de cambio profundo supuestamente comparable a los de la independencia (1810-1821), la reforma (1858-1861) y la revolución (1910-1917).

¿Qué clase de apoyos regionales e internacionales necesita la sociedad civil mexicana en su lucha por los derechos humanos y el espacio cívico?

Sin duda la observación internacional, muy mal aceptada por el gobierno actual, ayuda y ayudará a recuperar espacios democráticos para la protesta social y la libre manifestación de las ideas.

Llamamientos al gobierno de la República Mexicana pueden ayudar a sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de respetar los derechos humanos y a quienes los defienden más allá de filiaciones a partidos políticos. 

La mediación y buenos oficios internacionales serán sin duda una herramienta fundamental para fortalecer a la sociedad civil en los procesos de defensa de derechos humanos, y particularmente en aquellos donde se encuentren en juego la vida y libertad de personas defensoras de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.

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CIVICUS conversa acerca del Día Internacional de la Mujer y el rol de la sociedad civil para combatir la desigualdad de género en Chile con Cecilia Ananías Soto, fundadora de Amaranta, una organización de la sociedad civil (OSC) independiente basada en la ciudad chilena de Concepción, en la región del Biobío.

Amaranta es un espacio feminista conformado por mujeres procedentes de las ciencias sociales, las humanidades y el activismo social con el objetivo de promover la equidad de género y los derechos humanos en los ámbitos de la educación, la salud, la cultura, las tecnologías y los medios de comunicación. Fue fundado a comienzos de 2018 para dar visibilidad y respuesta a los problemas cotidianos de las mujeres, y específicamente de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, trabajadoras, migrantes, desplazadas, pobladoras y originarias. Desde una mirada crítica, local y decolonial, realiza labores de formación, diálogo, investigación e incidencia.

¿Qué impactos ha tenido la pandemia de COVID-19 sobre las mujeres y niñas de Chile, y cómo ha respondido a ello la sociedad civil?

La pandemia afectó diferencial y desproporcionadamente a mujeres y niñas. En el caso de Chile, en el primer año de pandemia hubo un aumento explosivo de las solicitudes de ayuda por violencia de género (VG). Esto ocurrió porque, en medio de las cuarentenas obligatorias, mujeres y niñas quedaban encerradas en sus hogares con sus agresores.

Además, como durante mucho tiempo no hubo clases presenciales, e incluso permanecieron cerrados los jardines infantiles, el trabajo de cuidar a niños y niñas –como también a familiares enfermos- recayó sobre las mujeres, En muchos casos, éstas debieron abandonar su trabajo y sus estudios para sostener sus hogares. Justo antes la pandemia la participación femenina en el mercado de trabajo había alcanzado su máximo nivel histórico, 53,3%, mientras tras la pandemia cayó al 41%. Llevará bastante tiempo recuperar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. 

Ante este escenario, mujeres y colectivas tendieron redes de apoyo. A nivel vecinal, los grupos de mujeres organizaron ollas comunitarias y ferias de compraventa, entre otras iniciativas. Muchas agrupaciones feministas establecieron líneas de ayuda porque las líneas oficiales no daban abasto o no siempre daban respuesta. Amaranta recibió cientos de solicitudes de ayuda por VG en espacios digitales y, a pesar de ser un equipo pequeño, contribuyó proporcionando contención inicial y comunicando estrategias básicas de autocuidado.

La pandemia nos obligó a trasladar buena parte de nuestro trabajo al espacio digital. Por un lado, esto nos permitió no dejar de trabajar, hacerlo de manera segura y llegar a muchos más territorios. Pero, por otro lado, no toda la población tiene acceso a internet ni alfabetización digital, por lo que hubo que encontrar otras estrategias. Hoy trabajamos mezclando la educación en género de forma presencial y a distancia con material educativo y activista que entregamos en las calles, como fanzines o publicaciones independientes y stickers.

¿Cuáles son los principales asuntos pendientes en materia de derechos de las mujeres en Chile? 

Un gran problema es que el trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo abrumadoramente sobre las mujeres. Esto tiene profundos efectos sobre la calidad de vida, porque implica que las mujeres ya sea abandonen sus estudios o empleo para realizar esta labor no paga en sus hogares, ya sea intenten convertirse en “multi-mujeres” que deben poder hacerlo todo, aunque ya no puedan más de cansancio.

Esto quedó en evidencia en un reportaje que sacó Revista Ya a finales de 2020, “Radiografía al hombre cero”, así titulado porque, según el estudio en que se basaba la nota, el 38% de los hombres dedica cero horas semanales a realizar tareas domésticas. Asimismo, el 71% dedica cero horas al acompañamiento de sus hijos e hijas en tareas escolares, y el 57% dedica cero horas al cuidado de niñas y niños. En contraste, las mujeres encuestadas cada semana dedican 14 horas más que los hombres a tareas de cuidado de menores de 14 años.

Otra gran deuda son los derechos sexuales y reproductivos. Aun no se nos reconoce el derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos. El aborto  está permitido solamente bajo tres causales: peligro para la vida de la persona embarazada, malformaciones fetales incompatibles con la vida, y embarazos resultantes de violación. Al mismo tiempo, no hay programas de educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual. Durante la pandemia se documentaron muchas fallas de anticonceptivos hormonales orales, muchos de los cuales eran entregados en forma gratuita en establecimientos de salud; en consecuencia, muchas mujeres de sectores vulnerables acabaron embarazadas, sin poder optar por un aborto y sin recibir ninguna clase de indemnización monetaria.

¿Qué habría que hacer para reducir la desigualdad de género en Chile?

En Amaranta creemos que hay que empezar por una educación no sexista, que incluya educación sexual integral. Solo así dejaremos de repetir estereotipos que perpetúan la desigualdad desde temprana edad. Esto es un factor importante para prevenir la VG.

También son importantes leyes y políticas públicas que vayan preparando el terreno para una sociedad más equitativa e inclusiva. Desde 2019 Chile atravesó por múltiples protestas sociales, las cuales incluyeron en un sitio muy prominente al movimiento feminista. A raíz de esas protestas, hoy nos encontramos redactando una nueva Constitución que, de ser aprobada, ya sabemos que incluirá sistemas de justicia con perspectiva de género. Se trata de un tremendo avance para nuestro país, e incluso de una novedad en el continente.

El tema de la campaña del Día Internacional de la Mujer para 2022 es #EliminarLosPrejuicios. ¿Cómo se organizó Amaranta en torno a este tema?

Nuestra campaña permanente como organización consiste en quebrar sesgos y superar prejuicios y estereotipos. Lo hacemos a través de la educación, la cual puede tomar muchas formas: desde una charla o taller relativamente formal, hasta la recomendación de un libro, la entrega de un fanzine feminista, o la difusión de contenido a través de un video de TikTok.

En términos de movilización, estamos atentas a todos los llamados de las organizaciones feministas de la zona y participaremos en las convocatorias de mujeres, marchas, bicicleteadas y pañuelazos –es decir, grandes manifestaciones de mujeres con pañuelos verdes– que se organicen.

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CIVICUS conversa con Sara García Gross acerca del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado salvadoreño y la lucha de las mujeres de El Salvador por el derecho al aborto.

Sara García Gross es coordinadora de incidencia política de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador. Fundada en 2009, la organización concientiza a la ciudadanía para cambiar las leyes sobre el aborto, provee apoyo legal a mujeres acusadas o condenadas por abortos o delitos relacionados, y difunde información sobre la importancia de que las mujeres reciban asistencia adecuada en materia de salud sexual y reproductiva para evitar que recurran a abortos inseguros que ponen en riesgo sus vidas.

¿Qué reclama el movimiento feminista de El Salvador en materia de derechos sexuales y reproductivos?

Como feministas estamos luchando para cambiar la ley que penaliza el aborto de manera absoluta. En El Salvador se persigue a las mujeres injustamente. Se violan los derechos reproductivos de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, de las que viven en situación de pobreza, y de las que viven en zonas rurales del país. En ese sentido, desde el movimiento feminista luchamos para cambiar este marco normativo tan restrictivo, absolutista y absurdo.

También luchamos por la libertad de las mujeres. En la actualidad hay doce mujeres que están en la cárcel pagando penas que son sumamente injustas. Nuestra lucha es por la libertad y la vida de las mujeres. Queremos que el aborto sea legal en El Salvador. Luchamos por que las mujeres tengamos el derecho de construir nuestro proyecto de vida. Denunciamos los embarazos impuestos; esto constituye una forma de tortura. Hay niñas de apenas diez años que enfrentan la maternidad forzada, Hay jóvenes que no han recibido educación sexual y no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Luchamos para que se garantice el derecho a recibir una educación sexual integral.

También luchamos por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+, porque los crímenes de odio son otra forma cruel de tortura que el Estado impone o condona.

¿Qué tácticas utiliza la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto?

En nuestra lucha por la libertad de las mujeres hemos impulsado múltiples estrategias, empezando por el litigio estratégico para conseguir desde conmutaciones de penas hasta revisiones de sentencias. El foco está puesto en conseguir la libertad, llevando a la práctica la consigna feminista “Yo te creo hermana”. Luchamos para que se reconozca la inocencia de las mujeres que enfrentan penas injustas y absurdas.

Pero la estrategia jurídica no ha sido la única estrategia clave; también ha pesado mucho la movilización social a nivel nacional y regional. El movimiento feminista se ha organizado y se ha pronunciado en relación a los casos de las mujeres criminalizadas. Se han organizado plantones frente a embajadas de El Salvador y de otros países, se han enviado cartas a los juzgados y se han hecho campañas por la justicia reproductiva, tales como la campaña “Nos faltan las 17”.

Otra de nuestras grandes estrategias ha sido interpelar al sistema interamericano de derechos humanos. Hemos llevado el caso de la mujer conocida como Manuela a la Corte IDH, logrando que se condene al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes. El litigio estratégico en el sistema interamericano nos ha permitido abordar la problemática de la persecución, la tortura y el abuso judicial y policial que enfrentan las mujeres en El Salvador. La justicia en El Salvador es una justicia patriarcal.

Otra estrategia ha sido la recolección de evidencia. Hemos realizado una investigación titulada “Del hospital a la cárcel” que nos ha permitido visibilizar esta problemática. A través de una revisión y análisis de expedientes, sentencias e instrucción, hemos logrado entender contra quiénes apunta la legislación antiaborto, a quiénes persigue: mujeres jóvenes y pobres que viven en zonas rurales. Esto constituye discriminación interseccional.

Las campañas, diálogos, y debates que impulsamos a nivel de la academia y de las comunidades en diferentes territorios también han formado parte de nuestra estrategia. Los procesos de incidencia política son fundamentales para que, a partir de ventanas de oportunidad que se identifiquen en la Asamblea Legislativa u otras instituciones del Estado, puedan presentarse nuevas propuestas de ley.

En el pasado se presentaron varios proyectos para reformar el artículo 133 del Código Penal de modo de despenalizar el aborto bajo cuatro causales. Estos proyectos estuvieron lejos de aprobarse; en algunos casos fueron rápidamente archivados y en otros languidecieron durante años en comisiones legislativas. Las organizaciones de mujeres fueron recibidas con gran hostilidad. Sin embargo, nuestras estrategias de incidencia política lograron poner el tema del aborto en la agenda pública.

¿Qué piensa la opinión pública salvadoreña sobre el aborto? ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para instalar una narrativa alternativa a la criminalización?

En la opinión pública hay una amplia aceptación de la causal vinculada a salvar la vida de las mujeres: más de la mitad de la población lo ha manifestado en diversas encuestas.

Vivimos en un país conservador, con algunos grupos fundamentalistas que se autodenominan a favor de la vida. La realidad es que están a favor del aborto clandestino, de la criminalización, y de la muerte de las mujeres. Estos grupos sostienen una doble moral que nosotras, como sociedad civil organizada y feminista, ponemos en evidencia. Mientras que las mujeres que viven en situación de pobreza son criminalizadas, las que cuentan con recursos económicos viajan y acceden a abortos seguros. Esta doble moral es inaceptable.

Para nosotras es importante visualizar otras narrativas y dar a conocer la realidad de las mujeres. Disminuir el estigma exige mostrar, humanizar, hablar de historias y proyectos. Se trata de mujeres que tenían un proyecto de vida que la violencia de Estado les impidió concretar.

Dialogar sobre el tema en diferentes espacios, humanizar esta realidad, y cuestionar este sistema que impone el mandato de la maternidad -un prejuicio de género-, permite abordar el tema sin estigmas ni prejuicios y, sobre todo, desde una perspectiva de derechos humanos.

¿Qué implicancias tiene el fallo de la Corte IDH en el caso Manuela?

Este fallo llegó tras años de trabajo y lucha. Empezamos acompañando el caso en el año 2011, dando acompañamiento psicosocial, político y jurídico a la familia de Manuela.

La incidencia en el sistema interamericano fue fundamental. El fallo en el caso de Manuela es histórico: la Corte IDH ha reconocido que Manuela era inocente, que realmente enfrentó una emergencia obstétrica, y que los estereotipos de género, empezando por el mandato de la maternidad, permearon todo el proceso. La Corte IDH ha entendido que la penalización absoluta del aborto genera criminalización y obstáculos para acceder a derechos reproductivos.

La sentencia tiene efectos tanto a nivel nacional como a nivel regional. El principal efecto regional es la creación de jurisprudencia que obliga tanto a El Salvador como al resto de los países de la región a tomar una serie de medidas. Primero, garantizar el secreto profesional del personal de salud para que ninguna mujer que intente acceder a servicios de salud reproductiva sea denunciada por supuestos delitos vinculados con el aborto. Segundo, asegurar que no se apliquen estereotipos de género en el ámbito judicial, incluyendo aquellos que restringen a las mujeres a roles reproductivos y les adjudican un instinto maternal. Tercero, garantizar protocolos adecuados para atender emergencias obstétricas con servicios de salud accesibles y de calidad.

El Estado salvadoreño tendrá que llevar a cabo algunas acciones adicionales en cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH. Primero, mientras esté en proceso de regular la obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica, debe eliminar la práctica de los profesionales médicos de denunciar a las mujeres que recurran a ellos en busca de servicios de salud reproductiva. Segundo, debe reparar de manera integral a la familia de Manuela. Tercero, debe realizar cambios legislativos y de política pública para asegurar la no repetición, de modo que nadie más sufra una situación similar, por ejemplo garantizando la atención integral en casos de emergencias obstétricas y adecuando la figura de prisión preventiva para que se aplique solo de forma excepcional.

Nosotras continuamos luchando para que las mujeres nunca más sean criminalizadas. Aún hay 12 mujeres que siguen privadas de libertad, pero creemos que el caso de Manuela ilumina estas injusticias y nos da fuerza para seguir luchando. Para nosotras, Manuela es justicia y esperanza.

¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en El Salvador de sus pares de todo el mundo?

Nosotras consideramos que la solidaridad feminista es fundamental. Queremos visibilizar este tema en la región y en el mundo. Queremos que se hable de lo que está ocurriendo aquí. Queremos que se hable de las consecuencias que genera la penalización absoluta del aborto. Queremos que se hable de cómo este sistema punitivista no resuelve nada.

No puede ser que el ejercicio de un derecho reproductivo -un derecho a la salud- sea tratado como un crimen con penas de cárcel. Necesitamos poner los ojos del mundo sobre El Salvador y que el Estado salvadoreño se sienta observado. Debemos exigir, en cada oportunidad que tengamos, libertad para las mujeres, libertad para las 12 que siguen presas, y reparaciones para todas las mujeres que han enfrentado esta criminalización. Debemos exigir que el aborto sea un derecho reconocido por ley.

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CIVICUS conversa con Ana Lucía Álvarez, responsable para Nicaragua de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), acerca del caso de María Esperanza Sánchez, injustamente encarcelada en Nicaragua desde marzo de 2020, y acerca de la campaña en curso para obtener su liberación.

IM-Defensoras es una red de activistas y organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que busca dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Fundada en 2010, busca fortalecer y vincular a defensoras que participan en distintas organizaciones y movimientos sociales para fortalecer redes de protección y solidaridad entre ellas y aumentar la visibilidad, el reconocimiento y el impacto de su trabajo por los derechos humanos.

¿Desde cuándo está María Esperanza en la cárcel, y por qué?

María Esperanza fue capturada el 26 de enero de 2020. Ella es una activista que estuvo acompañando durante mucho tiempo a familiares de personas presas políticas, y tengo entendido que inició su activismo y su organización a partir del levantamiento ciudadano de abril del 2018. Ella ya era perseguida por lo que estaba en una casa de seguridad. La policía allanó ilegal y arbitrariamente la vivienda, sin orden de allanamiento, y se la llevó. La acusaron de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública. Su caso lo está llevando el abogado Julio Montenegro, dedicado a litigar en casos de criminalización de la protesta y judicialización de activistas y personas defensoras de derechos humanos. 

¿Consideras que el caso de María Esperanza es parte de un ataque más amplio contra el espacio cívico en Nicaragua?

Definitivamente, hay un proceso creciente de criminalización de la protesta social en Nicaragua. El primer auge de esa criminalización se dio luego de la Operación Limpieza, que terminó aproximadamente en agosto de 2018. Fue una operación pseudo militar realizada por fuerzas policiales y parapoliciales, para desmantelar toda organización de resguardo y protección territorial que la población había levantado a través de barricadas en los barrios y tranques en las calles de todo el país. 

Terminada la Operación Limpieza, comenzó la criminalización de quienes habían participado en la lucha cívica. Más de 800 personas fueron presas políticas, y luego fueron excarceladas en 2019 por decisión unilateral del gobierno mediante la Ley de Amnistía.

María Esperanza ya era perseguida, hostigada, vigilada y amenazada desde antes de caer presa por su labor de defensa de los derechos humanos. Su detención y su juicio, al igual que el de muchísimas otras personas, estuvieron plagados de irregularidades. Las violaciones del debido proceso son sistemáticas. En Nicaragua el sistema de justicia está totalmente cooptado, colapsado y controlado por la llamada “pareja presidencial”, constituida por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo.

¿Cómo ha seguido la situación de la sociedad civil desde la ola de protestas de 2018?

En las protestas de 2018 hubo más de 350 personas asesinadas en un lapso de seis meses. El peso simbólico y emocional que tuvo esa cantidad de muertos en un país que ha vivido guerras civiles, dictaduras y levantamientos armados, ha sido tremendo. En Nicaragua nunca ha habido rendición de cuentas, siempre ha habido políticas de borrón y cuenta nueva, lo cual profundiza las heridas.

Al sufrimiento de los 350 muertos se suman los de las más de 800 personas que fueron presas por motivos políticos, gran parte de las cuales están excarceladas. Decimos “excarceladas”, y no “libres”, porque tras la excarcelación la persecución política no se termina: el hostigamiento sistemático de las fuerzas policiales y parapoliciales continúa, y se constituye en obstáculo para el disfrute de múltiples derechos, tales como el derecho al trabajo.

Para estas personas, a los efectos de la crisis económica que atraviesa el país se suman las dificultades que trae consigo la persecución política. Muchas veces no pueden salir de su casa porque hay una patrulla afuera, y cuando salen los siguen, consiguen los nombres de sus empleadores y también comienzan a hostigarlos.

La persecución se da a nivel barrial. El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha establecido diversas estructuras que utilizan para el control territorial mediante la vigilancia y la represión: los Consejos de Poder Ciudadano, los Gabinetes de la Familia y los Comités de Liderazgo Sandinista. Si eres una persona opositora o defensora de derechos humanos, siempre habrá algún vecino tuyo que está metido en alguna de esas estructuras e informa al régimen y a la policía de lo que haces, y luego comienzas a recibir persecución, hostigamiento, e incluso puede que detenciones arbitrarias.

El hostigamiento y la hipervigilancia provocan daños psicológicos no solamente en la persona perseguida sino también en su familia. Eso ha repercutido en el aumento de la emigración, que es un fenómeno dual, causado tanto por la persecución política como por la precarización social. Desde 2018 120 mil personas se han ido de Nicaragua, una cantidad enorme para un país de apenas seis millones de habitantes.

Las elecciones de 2021 exhibieron abiertamente la falta de legitimidad del régimen. ¿Sobre qué bases se sostiene el gobierno?

En el contexto de las elecciones de 2021 la persecución no hizo más que exacerbarse. Para poder llevar a cabo la farsa electoral de noviembre, el gobierno encarceló a diez precandidatos y precandidatas presidenciales y a mucha gente con un rol central en el proceso electoral y en la conformación de alternativas. Eso mandó un mensaje muy claro, como consecuencia del cual sigue habiendo mucha autocensura.

Daniel Ortega ha continuado concentrando y consolidando su poder. Actualmente vivimos bajo un régimen que se ha convertido en totalitario, donde todas las libertades están totalmente restringidas. Esta es la única forma en que el gobierno puede sostenerse, porque no tiene ninguna legitimidad. Por eso la represión y el control social continúan aumentando en vez de disminuir. En ausencia de esos niveles de represión y control social, el altísimo nivel de rechazo popular hacia el régimen le haría imposible mantener el control político.

En consecuencia, cabe esperar que continúen la represión, el control territorial, la represión barrial, la criminalización de la protesta y la disidencia social y el cierre de espacios para la libertad de expresión y para la libertad de prensa.

Ahora se ha aprobado un combo de leyes que incluye una Ley de Ciberdelitos. Y ya tenemos al primer preso político condenado por esta ley, que no hace otra cosa que criminalizar la libertad de opinión.

Lo que busca el gobierno con los presos políticos es tener rehenes. Entre las personas detenidas en los últimos tiempos destacan precandidatos presidenciales, empresarios, banqueros, abogados, activistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno trata de negociar su salida para ganar legitimidad y aprobación internacional.

Lo cierto es que el gobierno no tiene apoyo internacional. Los únicos líderes extranjeros que asistieron a su toma de posesión fueron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente saliente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

¿Cómo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil nicaragüense en su lucha por la recuperación de la democracia y los derechos humanos?

Hay que amplificar la denuncia de las violaciones y afinar los mecanismos de rendición de cuentas. La sociedad civil en Nicaragua ha hecho un tremendo esfuerzo no solamente para documentar las violaciones de derechos humanos sino también para identificar autores y responsables. Dado que el sistema de justicia en Nicaragua está colapsado, y que la sociedad civil está haciendo todo lo que está en sus manos, recae sobre la comunidad internacional la gran responsabilidad de impulsar la rendición de cuentas y el castigo a los responsables.

El régimen de Daniel Ortega ya no es un proyecto político sino un proyecto económico. El control del Estado le permite disponer de redes de corrupción en su provecho. En función de esto la comunidad internacional debería afinar sus mecanismos, revisando el tema de las sanciones económicas, identificando a las empresas que siguen haciendo negocios, no siempre totalmente lícitos, con el régimen de Ortega. Ya que muchos acuerdos de asociación tienen cláusulas democráticas y anticorrupción, es necesario hacerlos operativos. También deben imponerse sanciones personales a los artífices de la corrupción y de la represión.

¿Qué tipo de presión debería ejercerse para lograr la liberación de María Esperanza Sánchez?

María Esperanza fue condenada a diez años de prisión. Todo lo que ha pasado con ella y con el resto de las personas presas políticos es completamente arbitrario; justamente por eso les consideramos presos políticos. Lo que reclamamos es la liberación incondicional y con garantías de todos ellos. 

Lo que ocurra con ellos dependerá en gran medida de la fuerza con que logren ejercer presión la oposición y la comunidad internacional, de la correlación de fuerzas que se establezca entre el gobierno de Nicaragua y los movimientos de defensa de los derechos humanos.

Hay que hacer campañas y seguir presionando. Seguir poniendo el dedo en la llaga de todas las arbitrariedades, ilegalidades y violaciones de derechos humanos. Todavía sigue habiendo gente en Europa y en otras partes del mundo que piensa que Daniel es aquel antiguo revolucionario idealista, y no el déspota en que se ha convertido. La mejor forma de desenmascarar a dictadores y violadores de derechos humanos es seguir comunicando la verdad sobre la base de evidencia bien documentada.

El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestra lista de vigilancia, que identifica a los países donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.
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CIVICUS conversa con Marco Becerra, director de ACCIONGAY, acerca del proceso conducente a la reciente aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Chile. ACCIONGAY es una organización de la sociedad civil fundada en 1987 en respuesta a la epidemia de VIH/SIDA, por entonces ignorada o minimizada como un problema que solo afectaba a “grupos de riesgo”. Con el tiempo amplió su radio de acción en defensa de los derechos de las personas LGBTQI+, sobre la base del principio de que todas las personas tienen derecho a la autodeterminación en relación con sus vidas, cuerpos, salud, relaciones y sexualidad.

¿Cómo fue el proceso que culminó en la legalización del matrimonio igualitario en Chile, y qué papel desempeñó ACCIONGAY?

Fue un proceso largo, de unos 30 años. El movimiento por la diversidad sexual y de género en Chile empezó a surgir a fines de los años ‘80 y principios de los ‘90. Este proceso tuvo distintas etapas. En un principio el trabajo se centró en la consolidación y visibilización del movimiento en un contexto de transición política postdictadura muy desfavorable para las demandas de igualdad de las personas LGBTQI+. En un segundo momento el trabajo se enfocó en la incidencia política con el objetivo de generar un compromiso efectivo de los actores políticos para enfrentar los desafíos relacionados con la inclusión de las personas LGBTQI+.

Ya hacia fines de la década de los ‘90 se comenzaron a producir algunos cambios importantes, tales como la derogación de la ley que penalizaba las relaciones sexuales entre hombres adultos. Sin embargo, otras demandas -como la del matrimonio igualitario- recién aparecieron en la conversación pública alrededor de 2005, cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España. Para entonces ACCIONGAY recibió la visita del activista español Pedro Zerolo, quien nos ayudó a entender la importancia de ampliar el debate respecto de las uniones civiles y el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+.

En un sentido más amplio, me atrevería a firmar que las demandas de igualdad ante la ley fueron el resultado del cambio social y cultural que América Latina experimentaba desde hacía algunos años. La aprobación del matrimonio igualitario en Argentina y en Uruguay, además de su avance en Europa, impulsaron a los movimientos LGBTQI+ y a las organizaciones de la diversidad sexual de Chile a movilizarse en torno de los temas de la igualdad.

Es importante destacar la contribución de numerosas organizaciones y activistas que trabajaron sostenidamente durante años para generar alianzas con sectores políticos progresistas, los cuales fueron comprometiéndose con estas luchas. La idea de la unión civil se concretó durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en 2015, y luego, a medida que fue aumentando la adhesión de la opinión pública junto con la percepción de estas desigualdades como una injusticia, fue tomando más fuerza la igualación de los derechos de familias formadas por personas del mismo sexo.

El proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario fue enviado al Congreso por el segundo gobierno de Bachelet en 2017 y finalmente aprobada en diciembre de 2021. Entrará en vigor en marzo y representará un cambio muy significativo para la vida de cientos de familias homo-lesboparentales que no tenían reconocimiento legal y, por lo tanto, vivían en situación de completa indefensión frente al Estado.

Las claves para conseguir este avance fueron la coordinación del movimiento, la incidencia con actores políticos y las campañas para concientizar y sensibilizar a la opinión pública.

¿Cómo interactuó este proceso con la ola de protestas de 2019 y el subsiguiente proceso constituyente?

Chile está viviendo un proceso complejo, de cambio de época, como resultado del estallido social de 2019. Pero las exigencias de igualdad y reconocimiento de derechos de las personas de la diversidad sexual y de género son anteriores. Este movimiento ya era muy fuerte antes del estallido social, con un entramado de organizaciones muy activas y movilizadas desde los años ‘90. No obstante, el contexto de movilización social generó un ambiente propicio para la consolidación de un actor político LGBTQI+ reconocible en las calles y en las manifestaciones ciudadanas por más igualdad.

El cambio social profundo que empezó a ocurrir en Chile recogió las luchas históricas de las organizaciones y movimientos LGBTQI+ que se levantaron en el contexto del estallido social de 2019. En gran medida esto se vio reflejado en la cantidad de personas LGBTQI+ elegidas por medio de procesos eleccionarios, en especial para la Convención encargada de redactar la nueva constitución, así como en la designación de ministros y ministras de las disidencias sexuales en el gabinete del próximo presidente, Gabriel Boric.

¿Por qué la aprobación se demoró tanto, si las encuestas mostraban un altísimo grado de apoyo de la opinión pública?

Si bien en Chile hay una sociedad civil muy activa, el sistema político, pese a que ha cambiado en los últimos tiempos, tenía enclaves muy conservadores. Esto se expresó en la dificultad que tuvo el Congreso para avanzar con esta ley. No menos cierto es que tampoco hubo un compromiso fuerte de los sucesivos presidentes. No obstante, el segundo gobierno de Bachelet incorporó la idea de legislar el matrimonio igualitario. Fue durante su gobierno que se aprobó la Ley de Unión Civil y se envió el proyecto de Ley de Identidad de Género, que se aprobó durante el gobierno del presidente Rafael Piñera.

Desde el punto de vista de la percepción ciudadana, los cambios ocurrieron porque se alcanzó un consenso social de que la exclusión arbitraria de las familias diversas es inadmisible. El apoyo que recibe el matrimonio igualitario es impactante: casi un 70% de la gente está de acuerdo, y una cifra similar apoya la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Las campañas por el matrimonio igualitario las desarrollaron principalmente las organizaciones LGBTQI+ con el apoyo de otros movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y feministas, por nombrar a algunos. Paralelamente se generaron alianzas, solidaridades y complicidades, no solo con otras organizaciones sociales sino también con los sectores progresistas de los partidos políticos. El apoyo a la Ley de Matrimonio Igualitario fue bastante transversal, y llegó a incluir a sectores de la centroderecha liberal que aportaron sus votos para hacerla posible. Solo se autoexcluyeron los sectores ultraconservadores.

En contra de la ley de Matrimonio Igualitario se movilizaron, sobre todo, algunos líderes de las iglesias evangélicas pentecostales que en la actualidad tienen cierta influencia social en Chile, pero fueron derrotadas en el debate parlamentario. La Iglesia Católica en cambio se mantuvo en silencio, probablemente debido a que en los últimos años ha perdido importancia social y política como consecuencia de los escándalos de pedofilia y abusos sexuales a niños, niñas y adolescente cometidos por el clero.

¿Cuáles serán los efectos inmediatos de la nueva ley, y qué es lo que queda por hacer?

Esta ley tendrá consecuencias inmediatas en la medida en que garantizará el goce de todos los derechos y los efectos positivos de la institución del matrimonio independientemente del sexo y orientación sexual de las personas. Como la ley incorpora la adopción y la filiación, resolverá una serie de problemas que experimentan las familias homo-lesboparentales con hijos. Por ejemplo, los padres no biológicos no tenían ningún derecho legal sobre sus hijos de crianza; ahora tendrán reconocimiento legal.

Chile ha tenido una seguidilla de avances legales: la Ley Antidiscriminación en 2012, la Ley de Unión Civil 2015, la Ley de Identidad de Género en 2018, y a partir de 2022 la Ley de Matrimonio Igualitario. Sin embargo, persisten situaciones de mucha discriminación en los ámbitos laboral y educativo. La violencia contra las comunidades LGBTQI+ es permanente.

Desde marzo se viene un desafío enorme que va a implicar revisar la agenda de trabajo, sobre todo desde que a partir del 11 de marzo tendremos un gobierno progresista que incorporó en su programa la igualdad y el reconocimiento de las comunidades LGBTQI+. 

Estamos seguros de que será un gobierno muy diferente de los anteriores, y estamos muy esperanzados de que se podrá comenzar a cerrar la brecha de inclusión real de las personas LGBTQI+ en todos los ámbitos de la vida social, desde las instituciones de la administración pública hasta el ámbito educativo.

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CIVICUS conversa sobre el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima, Perú, con Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías en Oceana, la mayor organización internacional dedicada a proteger y restaurar los océanos del mundo. Fundada en 2001, Oceana enfoca su labor en la recuperación de las pesquerías, la promoción de energías limpias y la creación de áreas marinas protegidas.

¿Ha habido alguna atribución de responsabilidades por el reciente derrame de petróleo en las costas de Lima?

El derrame de petróleo, causado por la empresa petrolera española Repsol, ocurrió el 15 de enero de 2022. Por su magnitud y su visibilidad, ha sido el peor desastre ecológico de la historia reciente del Perú. Se produjo en una zona de pesca artesanal, con áreas protegidas y una actividad económica estacional muy definida, y ha sido el derrame más grande que hemos tenido.

El derrame ocurrió a causa de las altas mareas generadas por la erupción del volcán submarino de Tonga, las cuales afectaron el proceso de descarga de petróleo de un barco petrolero de Repsol a la refinería La Pampilla. La pregunta es: ¿cómo es posible que se dieran cuenta de la magnitud del derrame recién al día siguiente? La negligencia de la empresa determina las consecuencias de este derrame.

Lamentablemente hemos visto pocos avances con relación con la asunción de responsabilidades de Repsol de recuperar el ecosistema. Ni siquiera se sabe con certeza el volumen exacto de petróleo derramado. La reacción de la empresa fue muy lenta, lo cual es preocupante porque las primeras 24 horas tras un accidente de esta naturaleza son clave, ya que la película del petróleo se vuelve muy delgada y se expande mucho. Recién casi 20 días después trajeron equipos más sofisticados para abordar el problema.

En general no hay suficiente transparencia. En este caso, el plan de contingencia no se implementó. Se supone que las actividades actualmente en curso son producto de un plan, pero no se han hecho públicos ni los compromisos de la empresa ni los contenidos de ese plan. La zona entre Ancón y Chancay fue fuertemente impactada por el derrame, y allí no hay bahía, solamente se ve el acantilado y el agua. Se percibe que se ha hecho muy poco en materia de recuperación.

También hay poca transparencia en la investigación. Aún no es claro si Repsol entregó el aparato que estaba bajo el agua para poder investigar y determinar qué pasó el día del derrame.

Esta falta de transparencia es sintomática del modo de funcionamiento del Estado peruano. Salvando las distancias, esto es similar a lo que ocurrió cuando se desató la pandemia y “descubrimos” que teníamos un sistema de salud absolutamente precario, que claramente no estaba a la altura. En este caso, tenemos estructuras, legislación y procedimientos ambientales en el papel, pero sin correlato en la realidad. La opacidad informativa pretende ocultar esta discrepancia.

Para nosotros es muy claro: Repsol asumir públicamente responsabilidades claramente definidas.

¿Qué impactos ecológicos y económicos ha tenido el derrame?

Ha habido un gran daño ambiental. La zona afectada por el derrame incluye a varias áreas naturales protegidas: las Islas Guaneras, la Zona Reservada de Ancón y la Zona Reservada de Punta Salinas. El derrame ha impactado en la fauna marina y ha afectado a animales como lobos marinos, nutrias, pingüinos y aves. Muchos ejemplares se han manchado de petróleo y corren riesgo de vida. Oceana actualmente está relevando estos daños, así como el daño adicional provocado por la reacción demorada.

Para las comunidades de la zona, la mayor preocupación es económica. En su mayoría se trata de personas de bajos ingresos que se dedican a la pesca artesanal. Más allá de los impactos individuales e inmediatos -por ejemplo, para quienes hicieron una inversión en un negocio estacional justo antes del derrame-, las consecuencias son colectivas y de largo plazo. Ahora no se puede pescar ni en Ancón ni Chancay, y es difícil saber cuándo será posible hacerlo, porque el petróleo tiene un tiempo de degradación mucho más largo cuando se sedimenta en el lecho marino. A los pescadores y a todos los trabajadores involucrados en la logística del proceso y la distribución también les preocupa la variación del precio del producto de la pesca y la caída de la demanda.

Nosotros hemos hecho un cálculo del valor económico de la pesca costera de esos lugares para darnos una idea de la pérdida económica. También creemos que hay un impacto importante en la actividad turística: para los nueve millones de habitantes de Lima, la capital, y los tres millones que habitan un poco más al norte, estas playas son el sitio más cercano para veranear, y el derrame ha truncado la temporada de verano, que se extiende entre enero y abril. Ya hemos advertido a las municipalidades que deben estimar el daño provocado al turismo.

¿Cómo ha respondido la sociedad civil?

Todos hemos reaccionado con preocupación y con un gran interés en ayudar al otro. Hemos visto cantidad de personas voluntarias ayudando a limpiar las playas, así como a expertos y académicos contribuyendo desde sus áreas de conocimiento.

Sin embargo, el trabajo voluntario tiene limitaciones porque para rescatar a la fauna marina del impacto petrolero se deben usar determinados procedimientos y productos que permiten quitar de forma apropiada el petróleo del plumaje o la piel del animal. A causa de ello, el interés por ayudar generalmente no se traduce en resultados 100% exitosos.

Además, como es la primera vez que enfrenta un desastre de estas dimensiones, Perú no tiene toda la expertise que necesitaría. En otros lados hay expertise y experiencia post-derrame; es necesario traerlas. También sería importante profundizar en la discusión de cuál es la matriz energética que tenemos y cómo cambiarla volcándonos a los recursos renovables de que disponemos.

¿Cómo se podría lograr que las empresas asuman su responsabilidad y contribuyan a prevenir futuros desastres?

La falta de rendición de cuentas es un reclamo de larga data de las comunidades de estas zonas, y el hecho de que haya sido sistemáticamente ignorado es un síntoma del fuerte centralismo que hay en el Perú. Hace varios años que los pescadores artesanales del norte advierten sobre esta situación y no ha habido ninguna respuesta significativa. La extracción de petróleo en Perú data del siglo XIX, de hecho, Perú tuvo el primer pozo de Sudamérica. En las décadas de 1950 y 1960 se instalaron las plataformas marinas que están en la raíz de los derrames y las fugas por los que reclaman los pescadores. También hay reclamos por lo que ocurre en el proceso de transporte, que tiene implicancias mucho mayores.

Esta situación alentó a la sociedad civil a priorizar la búsqueda de soluciones. Desde hace casi una década que en Perú se han ido reduciendo los requisitos ambientales; resulta necesario desandar ese camino. Perú se dedica a la pesca, la minería y otras actividades para las cuales las regulaciones se han flexibilizado, cuando se deberían haber reforzado. La bajísima capacidad ambiental del Estado y la deficiente respuesta de las empresas ante el desastre exhibe claramente su insuficiencia. Perú padece una gran crisis de gobernanza y de respeto del Estado del Derecho. 

La posibilidad de que ocurra otro derrame está siempre presente. Es necesario minimizar la probabilidad de que ocurra, y asegurar que cuando ocurra tenga el menor impacto posible por su magnitud, su frecuencia y sus consecuencias. Para ello tenemos que empezar por no perder de vista quiénes son los responsables de este desastre y las consecuencias que está teniendo su acción irresponsable.

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CIVICUS conversa acerca de las luchas de los pueblos indígenas de Bolivia con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).

CONTIOCAP surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Bolivia en la lucha por sus derechos territoriales?

El desafío más grande para los pueblos indígenas es el propio gobierno boliviano, que se ha convertido en el principal órgano y fuente de violación de derechos, ya que no garantiza el cumplimiento de la Constitución ni protege los derechos de sus ciudadanos, y particularmente los de los pueblos indígenas. Somos seres humanos de tercera categoría, sin derechos, a los que se sacrifica.

Las organizaciones que nos representaban han sido sometidas políticamente y convertidas en cómplices y brazos operativos de la violación de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y campesinos. El aparato estatal está imponiendo todas las formas de extractivismo en nuestros territorios y áreas protegidas: minería, agroindustria y exploración y explotación de hidrocarburos.

El derecho a la consulta libre, previa e informada está siendo manipulado y convertido en un simple trámite administrativo de elaboración de actas y firma de planillas en el que participan grupos afines al gobierno, que éste identifica como interlocutores válidos aunque no se trata de los verdaderos afectados por los proyectos en cuestión.

Otro desafío que tenemos los pueblos indígenas es entender que nos han colonizado mentalmente con ofertas de una gran riqueza que nunca llega. Debemos entender que la riqueza que se genera en nuestros territorios se la llevan los de afuera y sus entornos corruptos. Tras la fachada de la interculturalidad, el gobierno nos divide para disciplinarnos y ponernos al servicio de su interés político.

Una vez que entendamos eso, el principal desafío será recuperar la unidad de nuestros pueblos indígenas originarios, recuperar nuestra memoria ancestral de libertad, hacer nuestra autocrítica y volcarnos a proyectar y construir el país que queremos ejerciendo los derechos que ya están reconocidos en la Constitución.

La Constitución de Bolivia y los convenios y declaraciones internacionales son hasta el momento avances en el papel. La forma en que los administra el Estado boliviano los convierte en retrocesos abismales, brechas, murallas y barreras. A 13 años de su promulgación, el 7 de febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional sigue guardada en algún cajón de escritorio. En la última década y media, el Estado monocultural, centralista, autoritario, patriarcal, elitista, y clasista -que impone su política económica radicalmente extractivista y capitalista- es al arma más letal contra el pluralismo económico, cultural, social y de la justicia.

Las violaciones de los derechos territoriales incluyen intimidación, acoso, hostigamiento, desacreditación, descalificación, judicialización y procesos legales para acallar a las personas defensoras de los territorios. Estos actos son ejecutados por las empresas petroleras y mineras, por la fuerza pública, por la justicia que está sometida al gobierno, e incluso por organizaciones indígenas afines al gobierno, que emiten resoluciones públicas para desconocernos y coartar nuestro derecho a defender derechos.

¿Cuáles son sus estrategias de movilización?

Nuestra estrategia consiste en siempre mantener la integridad y la dignidad e insistir en ejercer los derechos amparados en la Constitución de Bolivia y en los convenios internacionales. Para ejercer nuestros derechos no necesitamos el permiso ni la aprobación de nadie, solo reconocernos como seres libres e independientes con plenos derechos. Eso es lo que venimos haciendo desde CONTIOCAP. Si el gobierno no cumple, hay que recordarle que el Estado es de todos, y que todos tenemos la obligación moral de cuestionar las malas prácticas de los gobiernos, debatir qué país queremos, y buscar las vías para que todos tengamos la oportunidad de crecer como seres humanos.

Históricamente, hemos recurrido a largas marchas como forma extrema de movilización para llamar la atención y buscar justicia. Primero marchamos para lograr una Constitución que reconociera nuestros derechos como pueblos indígenas. Y en los últimos 13 años marchamos para reclamar que esos derechos se cumplieran.

Nuestras marchas han sido ignoradas, invisibilizadas, aisladas, acosadas y reprimidas. Han sido acusadas de responder a intereses oportunistas y desacreditadas por poderosos actores económicos, políticos y gubernamentales.

La marcha de 37 días que iniciaron los hermanos de tierras bajas en septiembre de 2021 no ha sido la excepción en ese sentido. Después de tanto sacrificio, tras dejar abandonados sus pueblos, sus casas, sus familias, sus animales, la respuesta que obtuvieron del gobierno fue insultante: mientras ellos esperaban una señal del gobierno, éste se reunió no con ellos sino con organizaciones sometidas a su interés. Fue un claro mensaje de que es el gobierno quien decide si somos ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría.

¿Qué cambios legislativos reclaman?

Entre las normas que van en contra de los pueblos indígenas está la Ley 535 de Minería y Metalurgia de 2014, que atenta contra principios y garantías fundamentales de un Estado de Derecho. Otorga privilegios a los operadores mineros que quedan colocados por encima del principio de igualdad universal de los ciudadanos. Les otorga derechos de acceso al agua por encima de los de las comunidades locales. Vulnera derechos fundamentales de los pueblos indígenas como la consulta previa, la cual es reducida a un trámite administrativo con plazos y procedimientos que atentan contra la consulta como derecho.

También exigimos la derogación de la Ley 969 de 2017, que vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, del Decreto Supremo 2298 de 2015, que vulnera nuestro derecho a la consulta libre, previa e informada en el sector hidrocarburífero, y del Decreto Supremo 2366 de 2015, que permite la exploración petrolera en áreas protegidas.

Son muchas las normas que reclamaríamos se aprueben, pero en el actual contexto de control total de todos los poderes por el gobierno del Movimiento al Socialismo es peligroso plantear una agenda legislativa. En el mejor de los casos, el gobierno podría utilizarla para lavar su imagen, y en el peor, para impulsar sus propios intereses. Nosotros solo serviríamos para validar normas que podrían incluso ir en nuestra contra.

Pero sí reclamamos una norma para garantizar la inclusión económica de las organizaciones comunitarias productivas y las familias productoras, la aprobación de la Ley de Restitución de Territorios Ancestrales, que fue presentada en 2019, y la modificación del artículo 10 de la Ley 073 sobre deslinde jurisdiccional. Exigimos que se le dé prioridad al cumplimiento efectivo del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) y de otros acuerdos, convenciones, pactos y convenios internacionales.

¿Considera que sus luchas forman parte de un movimiento regional más amplio?

La lucha para proteger al medio ambiente y a los territorios no es la lucha de un solo movimiento sino una lucha global por la defensa de la vida mediante la protección de nuestros territorios. Tampoco es producto de una inspiración repentina, sino de la conciencia de nuestro derecho y el de todas las formas de vida a existir en este mundo. Buscamos respeto como seres humanos que hemos cuidado el mundo para todos, incluso para quienes hoy lo destruyen.

En ese orden, nuestras luchas son las mismas que llevan los pueblos indígenas en todo el mundo. De algún modo estamos conectados y articulados a nivel regional y global, aunque en los últimos dos años la pandemia de COVID-19 nos ha impedido realizar intercambios presenciales, mientras que los intercambios virtuales fueron obstaculizados por las limitaciones de acceso a las comunicaciones desde nuestros territorios. Sin embargo, ahora estamos retomando el intercambio de experiencias y la articulación.

¿Qué apoyos de la sociedad civil internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Bolivia?

Pueden ayudarnos haciendo visibles nuestras luchas, dándolas a conocer para que podamos conectar con otras luchas de hermanos indígenas alrededor del mundo. Queremos que sepan que defendemos nuestros territorios en condiciones precarias y con nuestros propios recursos y sacrificando la economía de nuestras familias, más aún después de la pandemia. Y no lo hacemos solo para nosotros sino para todo ser que requiere oxígeno y agua para vivir. Necesitamos apoyo directo con pequeños fondos para acciones legales y otras acciones de emergencia. 

Esperamos que nos ayuden a desenmascarar el doble discurso de los gobiernos bolivianos de los últimos 16 años, que en los espacios internacionales se han erigido en salvadores de los pueblos indígenas y defensores de la Madre Tierra. Eso está muy lejos de la verdad, son solo discursos que suenan bien desde afuera y que gustan a los organismos internacionales.

Hay que desenmascarar la propaganda internacional sobre los gobiernos de izquierda. Para nosotros, los pueblos indígenas, todos los gobernantes de Bolivia -de la línea política que sean- han tenido los mismos planes contra los pueblos indígenas. Buscan relegarnos, postergarnos, dividirnos y enfrentarnos entre nosotros para perpetuarse en el poder.

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CIVICUS conversa con Alicia Amarilla, Coordinadora Nacional de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) de Paraguay acerca de los conflictos por los derechos territoriales entre el Estado paraguayo, el sector privado y las comunidades indígenas. CONAMURI es una organización paraguaya de mujeres indígenas y campesinas que trabaja desde hace 22 años en la defensa y promoción de sus derechos y para buscar soluciones a situaciones de pobreza, exclusión y discriminación por etnia y género.

¿Qué desafíos enfrentan los pueblos indígenas de Paraguay en el acceso a sus derechos territoriales?

Los principales desafíos siguen siendo la organización y la formación de alianzas. Si no se toma conciencia política de que lo que está en juego es el futuro, toda resistencia será endeble. Y en ausencia de articulación con otros sectores populares es muy difícil la defensa del territorio.

La falta de acceso a derechos básicos en las comunidades indígenas es otro desafío, que además se ha agudizado durante la pandemia de COVID-19. A esto se le suma ahora la infinidad de amenazas de desalojo, así como la cantidad de desalojos que efectivamente llegaron a ejecutarse. Las familias indígenas, al igual que muchas campesinas, se quedan a la intemperie. A pesar de que existen leyes e instituciones que deberían protegerlas, se las abandona, y las instituciones incluso avalan estos atropellos que sufren los pueblos indígenas de parte del Estado paraguayo.

Además, se observan nuevas formas de ataque que están siendo usadas para desplazar a los pueblos campesinos e indígenas de sus territorios. Por ejemplo, la plantación de eucalipto en forma de monocultivo, que pone en peligro la cultura, la biodiversidad y la vida misma de las comunidades, y les quita la posibilidad de plantar cultivos para renta propia.

A ello se suman retrocesos que ocurren a partir de la manipulación y la compra de conciencias por parte de grandes empresas que se aprovechan de las necesidades materiales de las comunidades indígenas para alquilarles sus tierras e instalarse en sus territorios, haciendo avanzar el agronegocio en el territorio indígena.

¿Qué estrategias de movilización están empleando para responder a estos desafíos?

Como estrategia, la unidad y la solidaridad entre los pueblos es la única forma de resistir. La unidad comienza por organizar y planificar una producción agrícola orgánica y con enfoque agroecológico, con énfasis en la producción de autoconsumo, porque en ausencia de garantía de acceso a la alimentación la lucha se vuelve mucho más difícil. Tratamos de evitar depender del mercado externo, y en cambio volcarnos hacia una alimentación sana respetuosa de la naturaleza y el ambiente que nos rodea.

La comunidad Hugua Po’i ha tenido una estrategia de movilización muy interesante, desplegando todo el simbolismo de sus arcos y flechas. Eso fue muy significativo porque comunicaron la resistencia de los pueblos indígenas ante la violencia del Estado, que utiliza toda su estructura y las fuerzas armadas contra ellos. El Estado criminaliza sistemáticamente sus protestas, como si los violentos fueran los pueblos indígenas, aunque sabemos que en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario.

¿Cómo podría solucionarse este conflicto territorial?

La única forma de solucionar este conflicto es haciendo valer la Constitución Nacional y las leyes que recogen los derechos de los pueblos indígenas, leyes vigentes que defienden el territorio indígena y la forma de vida de las comunidades.

Mientras las tierras sigan estando en manos privadas, el conflicto a nivel local va a continuar. El conflicto se soluciona respetando a los territorios ancestrales y a los verdaderos dueños de la tierra con una reforma agraria integral que no solo pase por repartir tierras, sino que también acompañe el proceso de arraigo en las comunidades. Para ello debe haber un reparto de las riquezas de nuestro país a través de las políticas públicas y de un sistema impositivo más justo que beneficie al sector campesino e indígena, generando mercados solidarios para la producción agrícola y la artesanía, así como a la clase trabajadora, que es la más expoliada de nuestra sociedad.

¿Cómo se integran las luchas de CONAMURI en el movimiento regional más amplio?

CONAMURI forma parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina, que aglutina más de 300 organizaciones de 80 países en cuatro continentes: África, América, Asia y Europa. En este espacio se generan debates sobre las problemáticas, luchas y realidades de los pueblos y se piensan estrategias adecuadas a las luchas y procesos de cada país. De ahí surgen líneas políticas que se siguen para lograr una construcción conjunta y sostenida.

También estamos en contacto con otras organizaciones similares de otros países. Nos articulamos con otros países donde sabemos que hay movimiento a nivel nacional y observamos la misma lucha de nuestros pueblos.

¿Qué apoyos de la sociedad civil nacional e internacional necesitan los grupos que defienden los derechos territoriales en Paraguay?

La sociedad en general necesita entender que en el campo está nuestro futuro, que nuestra vida depende de los y las agricultoras que alimentan al mundo. La gente debe defender y apoyar la lucha campesina e indígena por los territorios y asentamientos y la lucha de las mujeres por el fin de la violencia machista, y entender que estas luchas son de todos y tienen muchas ramificaciones, ya que abarcan hasta la sobrevivencia en el planeta y la disminución de los efectos del cambio climático.

El Estado paraguayo soporta varias denuncias y demandas ante organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el caso de la masacre Curuguaty, en el que se desalojó de forma irregular a campesinos que ocupaban tierras en 2012, desde hace unos días el Estado se encuentra a la vista de todo el mundo porque la CIDH abrió el caso para un análisis a profundidad ante presuntas vulneraciones al debido proceso, como el ocultamiento de evidencias.

En el caso de la comunidad indígena Ka’a Poty, que fue despojada de sus tierras, el 22 de diciembre se presentó una denuncia internacional contra el Estado paraguayo por los dos primeros desalojos ilegales sufridos, aun cuando había una medida cautelar vigente. La Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia solicitó informes tanto al Estado como a la Plataforma Social de Derechos Humanos, que acompaña el caso.

Ante la impunidad y la corrupción de los procesos jurídicos es importante dar a conocer estos hechos de violaciones de derechos humanos, así como todos los daños e impactos que generan y sufren las comunidades indígenas y campesinas en la defensa de sus territorios.

Asimismo, está en estudio la salud mental de las familias afectadas por los desalojos, así como los impactos sobre otros derechos, en particular los derechos humanos de las mujeres, de los niños y adolescentes, y el derecho a la seguridad alimentaria. Por efecto de los desalojos hay muchos niños y niñas desnutridos, y que no van a la escuela.

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CIVICUS conversa con Feliciano Reyna, fundador y presidente de Acción Solidaria, una organización de la sociedad civil (OSC) venezolana establecida en 1995 con la misión de contribuir a reducir el impacto social de la epidemia del VIH, que a raíz de las múltiples crisis que enfrenta Venezuela ha expandido su radio de acción para proveer medicinas e insumos médicos a poblaciones más amplias en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo se ha llegado a la crisis actual en Venezuela?

Se ha producido a lo largo de varios años un proceso de desmontaje del Estado de derecho que aún continúa. Hace tiempo que la justicia dejó de ser independiente y opera en función de los intereses del gobierno. A esto se agrega un gran nivel de corrupción. Hay muchos documentos e informes, como uno reciente de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (ONU), que describe cómo se fue instaurando una estructura de justicia no independiente, que se aprovechó de la opacidad de los datos públicos y del manejo discrecional del Estado.

Esto llevó a que muchos, actuando en función de sus intereses, destruyeran el aparato económico y productivo. Hoy en día la economía venezolana es el 20% de lo que era en 2013. Esto impacta sobre los niveles de pobreza, la calidad de los servicios públicos y la total falta de protección.

Hubo un primer periodo de ingentes ingresos, gran derroche de riqueza, que permitió que durante muchos años les llegaran recursos a los principales grupos de apoyo del gobierno de Hugo Chávez, entre 2005 y 2013. Pero era solo gasto en beneficios individuales, nada de inversión en servicios públicos. Así, poco a poco lo público fue quedando en un estado de total abandono: hospitales, carreteras, alumbrado, sistema eléctrico, distribución de agua. Todo está muy destruido. Hay alrededor de cuatro millones de personas que cocinan con leña o carbón porque no les llega el gas. En donde yo vivo recibimos agua una vez a la semana durante 24 horas, y hay momentos en que no nos llega agua durante dos o tres semanas.

Hubo un cambio importante en la economía mundial, con una fuerte caída del precio del petróleo que coincidió en los últimos días de Chávez en el gobierno. Cuando Nicolás Maduro tomó el poder en 2013 quedó en evidencia la fragilidad de un régimen en gran medida basado en la personalidad de Chávez. Tras el triunfo de Maduro se desencadenaron protestas políticas porque su mandato fue cuestionado, y en consecuencia se iniciaron prácticas represivas muy duras. Desde entonces se percibe un gran deterioro conducente a esta crisis de derechos humanos. Las OSC han documentado detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles en prisión. Ha habido un ataque sostenido a la disidencia y a los adversarios políticos. A cualquiera que tenga una posición de poder y sea visto como una amenaza política lo sacan de juego.

Los años entre 2014 y 2016 fueron terribles. Además de la vulneración a los derechos humanos, hubo un daño generalizado a la población en materia de salud, nutrición, acceso al agua, educación y otros derechos. A medida que la economía se fue deteriorando, comenzó a haber muchas protestas sociales, no por razones políticas sino por problemas de ingresos, falta de recursos, cortes de electricidad, falta de medios de transporte y servicios públicos. Con dos grandes excepciones – las olas de protesta de 2017 y de 2019, que expresaron un desacuerdo político -, la gran mayoría de las protestas han sido protestas sociales, no ideológicas, en las cuales expresaba su descontento mucha gente que en última instancia apoyaba y votaba al gobierno.

Mientras que el ataque a la oposición y a la disidencia ha llevado a muchos al exilio, las carencias económicas han provocado una ola migratoria masiva. Más de cuatro millones de venezolanos han emigrado y se han ido muchos profesionales, maestros, médicos, lo cual debilitó aún más a los sistemas de prestación de servicios.

¿Cómo es el contexto en que trabaja la sociedad civil?

Hay un gran debilitamiento del Estado, que claramente no puede controlar todo el territorio bajo su jurisdicción, y por eso ha ido entregando el control a otros actores. El poder está cada vez más en manos de actores locales paraestatales que gozan de pequeñas burbujas de bienestar en el marco de la inmensa pobreza en que vive la gran mayoría de la población.

A causa del debilitamiento del Estado y del deterioro de la industria petrolera, siempre la principal fuente de ingresos del país, el gobierno ha abierto algunos espacios a una economía más libre. Eso significa que para servir a las poblaciones con las que trabajamos, hemos podido importar medicamentos e insumos gracias a la cooperación internacional. Tenemos donantes internacionales que nos envían los insumos o que pagan el transporte para que podamos recibirlos, usando el sistema de transporte puerta a puerta.

Desde 2017 Acción Solidaria ha traído casi 240 toneladas de ayuda. Hemos pasado de ser nueve personas en 2016 a ser 40 en 2021. Cada semana recibimos a unas 120 personas que vienen a las oficinas de Acción Solidaria a buscar medicina. La mayoría son mujeres y personas con muy pocos recursos, mayores de 55 años. Puede que las cosas que ellas necesitan estén disponibles en la economía paralela, pero a unos precios que les resulta imposible pagar.

Pero el entorno para la sociedad civil sigue siendo de alto riesgo. El año pasado tuvimos un allanamiento de las Fuerzas de Acciones Especiales, el comando más temible de la Policía Nacional Bolivariana. Lo que nos hicieron no fue un operativo oficial sino una acción delictiva. La sociedad civil que hace incidencia en derechos humanos es objeto de criminalización, y la sociedad civil que trabaja en acción humanitaria enfrenta graves problemas de acceso, es extorsionada por estos grupos autónomos y por actores paraestatales. Nos hemos convertido en blanco no porque seamos opositores o disidentes, sino porque tenemos recursos codiciados.

De hecho, tenemos a un compañero preso hace 160 días y otros cinco compañeros de una organización que trabaja junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados que estuvieron presos un mes en una instalación militar.

Con el proceso electoral, las redes de información del gobierno en los sectores populares parecen haber alertado que los programas gubernamentales - que transfieren a los beneficiarios el equivalente a unos cuatro dólares mensuales - no podían competir con los cerca de 60 dólares que organizaciones humanitarias transferían a las personas pertenecientes a sus poblaciones objetivo, sin exigirles nada a cambio, como parte de la respuesta humanitaria. De modo que intervinieron de inmediato y suspendieron los 38 programas de ayuda humanitaria que hacían transferencias en efectivo.

Después de las elecciones se ha empezado a recomponer el ecosistema de transferencias, pero por el momento solo se han activado los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y UNICEF.

¿Cuánto apoyo popular le queda al gobierno de Maduro? ¿Suficiente para ganar las elecciones regionales de noviembre, o ha recurrido al fraude?

En noviembre de 2021 se realizaron las elecciones regionales en las que se renovaron todos los cargos ejecutivos y legislativos de las 23 entidades federales y los 335 municipios del país. La cifra oficial de participación fue de poco más de 40%, y el gobierno obtuvo 19 gobernaciones, frente a cuatro de la oposición. El chavismo también ganó 213 alcaldías, pero los distintos grupos de oposición obtuvieron una cantidad no desdeñable, 121.

Las condiciones de la lucha electoral se plantearon bastante antes de la selección de las candidaturas, las campañas y la propia votación, con el nombramiento de nuevos miembros para el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Foro Cívico, una OSC, había propuesto nombres de personas independientes para integrar el CNE – personas con mucha trayectoria en lo electoral, que podían establecer un puente de diálogo con la gente en el gobierno que quiere gobernar de una manera menos autoritaria. Así se consiguió un CNE más equilibrado, con un rector independiente y uno procedente de la oposición, entre los cinco principales, y tres suplentes propuestos por la sociedad civil, entre los cinco suplentes. Esto permitió pensar que las elecciones tendrían mayor legitimidad que otras anteriores.

El proceso electoral fue muy tenso; si bien no hubo fraude en el sentido de que se cambiaran las cifras de la votación, hubo muchas presiones y obstáculos para que no votaran los partidarios de la oposición. Políticos de mucho peso en la oposición fueron inhabilitados y no pudieron presentar sus candidaturas. Se cambiaron las condiciones en los centros de votación, incluidos los horarios, para mayor conveniencia del gobierno, y se acarreó mucha gente para que fuera a votar, aunque ya el gobierno no tiene la misma capacidad de movilización que en procesos anteriores. La participación fue baja por varias razones: influyó el hecho de que millones de personas han migrado, y de que muchas figuras populares de la oposición no participaban de la competencia.

La oposición tuvo también mucha responsabilidad en esto, porque contempló las elecciones con mucha suspicacia, voceros de peso se oponían a participar, y no cerró acuerdos amplios que le hubieran permitido hacerse con hasta diez o doce gobernaciones. En parte, vio limitado su crecimiento por los obstáculos impuestos por el gobierno, pero también por su incapacidad para ponerse de acuerdo.

Aun así, es importante recalcar que las condiciones de la competencia no eran equitativas. La oposición podría haber ganado más gobernaciones de las que ganó, pero esto tenía un claro límite. Esto se vio en el estado Barinas, de donde era originario Hugo Chávez, que el gobierno no podía permitirse dejar en manos de la oposición. Allí ganó claramente un candidato opositor, pero luego de las elecciones el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el candidato en realidad no cumplía con las condiciones para estar habilitado para competir, y ordenó repetir las elecciones.

Frente a estas limitaciones, que eran previsibles, hubo una parte de la oposición que desde el inicio se opuso a participar en las elecciones y dejó abierto el camino a muchos triunfos oficialistas que tal vez en otras circunstancias no se hubieran producido.

¿Cuán consolidado está el régimen de Maduro, y cuáles son las chances de que pueda producirse una apertura democrática?

La apertura democrática no parece ser una opción en el corto plazo. La oposición es muy diversa y está muy dispersa en términos de programa y manejo institucional, por lo que es cuestionable si sería capaz de gobernar si ahora mismo tuviera la oportunidad.

Lo que tenemos por delante es un largo tránsito por el desierto. El gobierno padece muchas debilidades, pero tiene apoyos en China, Irán, Rusia, Turquía, y mucho apoyo político de Cuba y de otros países de la región, como se puede ver en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A imagen y semejanza de estos estados que le apoyan, el gobierno de Maduro ha tenido un manejo hábil: a pesar de la corrupción y la falta de transparencia, ha ido abriendo la economía al tiempo que ha mantenido intacta su conducta represiva.

Los apoyos internacionales que recibe el gobierno son importantes y han sido sistemáticamente subestimados, en tanto se ha sobreestimado el apoyo que recibe el gobierno interino liderado por Juan Guaidó. Se dice que tiene de su lado a Estados Unidos y a 60 países, pero quienes lo apoyan con acciones concretas son en realidad muchos menos.

Para muchos en la oposición el interinato en sí mismo ha sido un gran problema, en parte porque quedó asociado a la administración de Donald Trump, y en parte porque desde que se instaló el interinato lo que hacía el gobierno interino pasó a ser lo único que importaba y se abandonó el espacio de la Asamblea Nacional, que había contado con un amplio apoyo popular.

El interinato fue impulsado sobre la base del artículo 233 de la Constitución venezolana; puesto que en virtud de su reelección fraudulenta Maduro en 2018 no era reconocido por la oposición como presidente legítimo, la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, proclamó a su presidente, en aquel momento Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela. Pienso que se debería haber continuado trabajando a través de la Asamblea Nacional, un cuerpo electo y legítimo en cuya presidencia se alternaban los partidos con más votos. Se podrían haber presentado pruebas de la corrupción y buscado mecanismos para proteger los activos del país con ayuda de la comunidad internacional.

En cambio, la oposición se asumió como un gobierno legítimo sin ningún control sobre los procesos internos. Y al asumir, planteó condiciones y plazos expeditos, reclamando que primero saliera Maduro del gobierno para que el gobierno interino se constituyera en gobierno de transición y organizara elecciones libres.

La opción por el interinato fue el resultado de la subestimación de las fuerzas del gobierno y la sobreestimación de las fuerzas propias. Cuando las expectativas no se satisficieron, como era evidente que iba a ocurrir, empezó a aumentar la desafección hacia el gobierno interino. Sigue habiendo un deseo enorme de cambio, porque las cosas están mal para la gran mayoría de la población, pero se fue perdiendo la esperanza de que ese cambio se lograría con el interinato.

¿Qué clase de apoyos debería brindar la comunidad internacional para facilitar una salida democrática?

Lo que desearíamos de la comunidad internacional es un enfoque multilateral, flexible, y creativo. El cambio de administración en Estados Unidos es sumamente importante porque la postura del gobierno de Trump era unilateral y avasalladora. Afortunadamente, el gobierno de Biden parece adherir a un enfoque multilateral, que incluye a Europa, Canadá y otros países de nuestra región.

De parte de Europa, fue muy importante que enviara una misión de observación electoral para las elecciones del 21 de noviembre, así como lo fue que la ONU y el Centro Carter enviaran a expertos electorales. La ONU también tiene aportes esenciales que hacer en materia humanitaria y de derechos humanos, tanto en lo que se refiere a la movilización de recursos para atender la emergencia humanitaria en el país y en apoyo a personas migrantes y refugiadas en la región, como respecto de las situaciones de violación de derechos humanos que siguen ocurriendo.

La comunidad internacional debe escuchar a la sociedad civil y prestar atención a los reclamos de la gente que es directamente afectada por las medidas que actores externos toman en relación con Venezuela. Muchas de las sanciones que se han impuesto al gobierno, como la sanción secundaria de Estados Unidos que penaliza el intercambio de petróleo por diésel, terminan no afectando al gobierno, que tiene vías de acción alternativas, y en cambio perjudican a los usuarios y consumidores, a personas comunes cuyas vidas, ya complicadas, se complican aún más.

Si se escuchara a esa parte de la sociedad venezolana, se podría pensar políticas alternativas para generar los espacios de negociación y acuerdos que nos permitan retomar el camino de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, de manera no violenta.

El espacio cívico en Venezuela es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, acerca de las elecciones presidenciales de Chile y el patrón persistente de bajo presentismo electoral. Fundada 23 años atrás, Chile Transparente es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve la transparencia de las instituciones públicas y privadas y la lucha contra la corrupción. 

¿Cuáles son las particularidades de este proceso electoral?

En Chile ha habido últimamente tres votaciones: primero el plebiscito nacional de octubre de 2020, que preguntó a la ciudadanía si quería una nueva constitución y, en caso afirmativo, qué cuerpo debía redactarla; luego las elecciones de convencionales constituyentes en mayo de 2021; y actualmente, con la convención constitucional funcionando, las elecciones presidenciales, que ya han tenido su primera vuelta el 21 de noviembre y tendrán su segunda vuelta el 19 de diciembre.

Estos procesos electorales han sido bastante particulares porque cado una ha dado resultados bastante distintos en relación con el eje izquierda-derecha. Por un lado se logró una convención constitucional progresista, incluso con un componente importante de una izquierda más dura. Por el otro lado, tanto en las elecciones primarias como en la primera vuelta de las elecciones presidenciales se impuso en primer lugar un candidato de la derecha más dura, José Antonio Kast, seguido por Gabriel Boric, un candidato progresista que se presenta en coalición con el Partido Comunista.

El ambiente político está bastante polarizado, pero lo que llama más la atención es que entre el 50% y el 60% de los chilenos no va a votar. Esto vuelve los resultados de las elecciones muy inciertos; además, quien gane lo hará con el 13 o 14% de los votos de todos los electores habilitados. No sorprende que luego se generen enormes corrientes de opinión contrarias al gobierno, ya que éste nunca representa a una mayoría. 

¿Por qué vota tan poca gente? 

Es paradojal, porque en el contexto actual uno hubiese esperado una mayor participación. La elección más importante desde 1988 fue la de convencionales constituyentes de 2021, y la participación no alcanzó el 50%. La única votación que superó ese umbral fue el plebiscito de 2020, con 51%, pero era diferente porque se trataba de un voto por sí o por no. Este bajo presentismo llamó la atención, porque si bien nadie esperaba que concurriera un 80 o 90%, como ocurrió en el plebiscito histórico de 1988 que le dijo “no” a la dictadura de Pinochet, sí se esperaba que la participación estuviera más cerca del 60%.

Es muy posible que en la segunda vuelta tengamos aún menos participación, aun cuando hay dos opciones muy claras y distintas, lo cual se esperaría que motive a más personas a votar. 

En Chile hay un problema estructural de baja participación. En parte, eso tiene que ver con que el voto es voluntario, pero también tiene que ver con el escaso atractivo de la oferta política. A pesar de que la oferta ha cambiado mucho y la última reforma en el sistema de elección de parlamentarios ha permitido un mayor pluralismo, esto no ha sido suficiente para motivar a las personas a votar. Las últimas elecciones han sido una montaña rusa muy difícil de analizar; lo único cierto es que hay por lo menos un 50% de la ciudadanía que no se siente representado en el sistema electoral.

¿Cómo se podría motivar a la ciudadanía para votar? 

Ya se están haciendo algunas reformas normativas en ese sentido. El plebiscito nacional de 2022, donde la ciudadanía manifestará si está de acuerdo con la nueva constitución, va a ser con voto obligatorio. Asimismo, la votación se va a organizar en forma georreferenciada, para que la gente tenga su local de votación a una distancia caminable.

Esto no es un detalle menor: en Chile, los lugares de votación no se asignan en función del lugar de residencia, por lo que la gente, sobre todo la de bajos recursos, tiene que tomar mucho transporte colectivo para llegar a votar. A pesar de que no le cuesta dinero, porque es gratuito, tiene que dedicar el día a ir a votar, cosa que muchos no pueden hacer. Estos cambios tendrán el efecto de aumentar los porcentajes de participación, pero va a ser muy difícil que Chile llegue en el corto plazo a una participación del 80%.

El gran interrogante que nadie ha podido responder es quién y qué piensa el que no vota. Entre la elección de convencionales constituyentes y la elección presidencial parece haber habido un recambio de votantes. El votante más joven fue a votar en las elecciones para constituyentes, mientras que en las presidenciales tendió a participar el votante más adulto.

¿Qué rol desempeña Chile Transparente en el proceso electoral?

Chile Transparente tiene un sistema de denuncias y protección a víctimas y testigos de la corrupción que ha estado recibiendo denuncias de mal uso de fondos electorales. Hoy en día estamos trancados con una polémica bastante importante que involucra al candidato que salió tercero en la primera ronda de las elecciones presidenciales, Franco Parisi. Es un candidato neopopulista cuya campaña ha tenido un financiamiento opaco.

También trabajamos para motivar la participación y hemos participado en observaciones de procesos electorales locales que tuvieron que repetirse. Contamos con el apoyo de la Unión Europea para un programa que se llama Convención Transparente, que da a conocer el funcionamiento de la convención relevando ciertos temas que podrían parecer relativamente opacos y que hay que sacar a la luz pública.

Somos una de las pocas organizaciones del país activas en temas de transparencia y anticorrupción y tenemos un rol muy importante junto con el periodismo de investigación.

¿Cómo influyó sobre estas elecciones el movimiento de protesta?

La elección de constituyentes se alimentó de la fuerza de las protestas de 2019; de hecho, en un momento en la Convención Constitucional reflejó a las personas que estaban protestando. Pero para las elecciones presidenciales, celebradas un año después, solo quedaba la resaca de las protestas, y en los resultados se vieron reflejadas las personas que padecieron o estuvieron en contra de las protestas.

Hay que entender que el proceso de protestas no ha sido meramente romántico, sino que vino acompañado de muchísima violencia. Entre la pandemia y la violencia, hay personas que no han podido reabrir sus negocios, que no pueden ir a trabajar tranquilas, que lo perdieron todo. Al mismo tiempo, obviamente tenemos una deuda en materia de violaciones a de derechos humanos.

Estas tensiones se expresaron en las urnas, y seguramente tengamos una segunda vuelta de infarto, que se definirá entre un candidato que representa a una derecha muy dura, distinta de la derecha tradicional que ha gobernado en los últimos años, y un candidato que ha estado en coalición con el Partido Comunista, hasta ahora marginal en un juego político que tendía más hacia el centro.

¿Qué ha pasado con el otrora institucionalizado sistema de partidos chileno?

Indudablemente hay un cansancio con la democracia de los últimos 30 años, independientemente de todos los avances que tuvo el país. Hay grandes sectores que consideran que el consenso centrista de la transición a la denominada “democracia de los acuerdos”, consistente en hacer ciertas cosas “en la medida de lo posible”, no genera soluciones. Esto condujo no solo al estallido social, sino también a una reacción conservadora. Es una situación de manual: a toda revolución le sigue una contrarrevolución.

A esto se suma el problema de la gestión de la migración, que ha provocado un enorme vuelco electoral en todo el país, y sobre todo en el norte. Antes Chile solía votar por la izquierda y ahora votó por dos candidatos – uno de extrema derecha y otro populista - que proponían medidas más duras contra la migración, tales como la construcción de zanjas o la expulsión masiva: nada más alejado de la cultura de los derechos humanos. 

Al mismo tiempo, a la izquierda le ha faltado una autocrítica. No ha entendido la importancia de responder al malestar con la inseguridad y atender a las víctimas de la violencia. Cuando hay un estallido de violencia, las víctimas de la violencia van a votar por quienes les ofrezcan orden. Como es sabido, en Chile hay desde hace mucho tiempo un conflicto importante con el pueblo indígena mapuche. También ha conflicto con sectores que no son del pueblo mapuche, muchas veces con vínculos con el crimen organizado, que han tomado medidas violentas. En esas zonas, donde se esperaría un voto por la izquierda, ha ocurrido completamente lo contrario. En ciertas localidades donde la violencia está instalada, el candidato conservado ha recibido hasta el 60 o 70% de los votos. 

¿Qué implicancias tendría para la sociedad civil del triunfo de uno u otro contendiente en la segunda vuelta? 

Una parte de la prensa más tradicional busca dar la imagen de que si gana Boric se viene el comunismo, y otra parte afirma que si gana Kast se viene el regreso pinochetista. Sin embargo, gracias a las redes sociales y las nuevas tecnologías, en los últimos años han florecido los medios alternativos. Incluso hay canales de televisión más pluralistas y canales con líneas editoriales bastante diversas, que tienen visiones más matizadas. 

Creo que con ambas alternativas hay riesgos, porque ambos candidatos incluyen dentro de sus coaliciones a personas o partidos que buscan limitar el espacio de la sociedad civil, que levantan discursos de que la prensa está financiada por poderes internacionales, de que Chile Transparente sirve a ciertos megapoderes, y promueven teorías conspirativas. Recordemos que el candidato del Partido Comunista que perdió las elecciones primarias contra Boric proponía una intervención de los medios de comunicación. Por su parte, Kast tiene el apoyo de elementos del pinochetismo más duro.

Sin embargo, de cara a la segunda vuelta los dos candidatos se han corrido al centro para poder captar los votos que les faltan para poder ganar. Los sectores que seguían a la expresidenta Michelle Bachelet, que se oponían a Boric, ahora trabajan con él. Del otro lado del espectro, para atraer a sectores de la derecha liberal, Kast ha debido moderar su discurso.

Puede que la esperanza esté en que el parlamento actúe como un termorregulador de los dos extremos. Es un parlamento diverso y donde ningún partido tendrá mayoría, por lo cual al que le toque gobernar, tendrá que hacerlo en negociación con el parlamento. Al mismo tiempo, el proceso constituyente, que sigue en marcha, puede producir una constitución de unidad que permitiría al nuevo presidente gobernar. 

El problema es que por primera vez los extremos están dentro del parlamento y hay algunas voces inaceptables desde el punto de vista democrático. Por ejemplo, dos diputados electos por la extrema derecha recientemente se burlaron de una candidata electa que es transgénero. También desde la izquierda se han expresado posiciones no muy alentadoras en materia derechos humanos. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile acaba de reconocer a Daniel Ortega como presidente legítimo de Nicaragua y sigue reconociendo a Nicolás Maduro en Venezuela.

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CIVICUS conversa con Natalie Samarasinghe, directora ejecutiva de la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido (UNA-UK), sobre el reciente informe del Secretario General de la ONU “Nuestra Agenda Común” y la necesidad de incluir las voces de la sociedad civil en la ONU.

UNA-UK es un movimiento de base nacional de más de 20.000 miembros y constituye la principal fuente de información y análisis independiente sobre la ONU en el Reino Unido y se dedica a fomentar el apoyo a la ONU entre los tomadores de decisiones, los formadores de opinión y la ciudadanía.

¿Cuáles son los objetivos de “Nuestra Agenda Común” y cuáles son sus principales recomendaciones?

“Nuestra Agenda Común” es un informe publicado por el Secretario General de la ONU, António Guterres, en septiembre de 2021. Aunque “La ONU publica un informe” no sea un titular demasiado impactante, éste se distingue por dos razones.

En primer lugar, por la forma en que fue elaborado. Fue encargado en virtud de la declaración de la Asamblea General con motivo del 75º aniversario de la ONU, que encomendó al Secretario General la elaboración de recomendaciones para responder a los desafíos actuales y futuros. El informe se basa en los comentarios aportados por 1,5 millones de personas y 60.000 organizaciones que participaron en la conversación global UN75, así como en los aportes generados a través de una innovadora consulta digital que permitió a las partes interesadas de diversos sectores intercambiar ideas.

En segundo lugar, por su tono visionario. El informe parece el manifiesto de un secretario general en su segundo mandato. Puesto que le tocó hacer frente a grandes desafíos, desde parásitos nacionales hasta un virus global, Guterres pasó sus primeros cinco años en el cargo luchando contra múltiples crisis e implementando reformas sensatas, aunque tecnocráticas. Acaba de ser reelegido para un segundo mandato, y este informe indica que ahora va en serio: tiene grandes ideas y quiere llevarlas a cabo. Esto refuerza aún más los argumentos a favor de dar a los secretarios generales un solo mandato más largo.

Salpicado de datos y cifras, el informe presenta un análisis sombrío del estado del mundo, y un pronóstico aún más sombrío. Al mismo tiempo, presenta un escenario alternativo esperanzador basado en la acción colectiva, algo así como una versión existencial de un libro de los de “elige tu propia aventura”.

En él se plantean cuatro cambios fundamentales: un contrato social renovado basado en los derechos humanos; acción urgente para proteger los bienes comunes globales y proporcionar bienes públicos a nivel global; mayor solidaridad con la juventud y las generaciones futuras; y una ONU en versión mejorada, más inclusiva, interconectada e impulsada por evidencia empírica.

Para cada cambio hay una serie de propuestas. Algunas son concretas, tales como la de un plan de vacunación mundial contra el COVID-19 y reuniones bienales para el G20 y las instituciones internacionales. Otras son más abiertas: una plataforma de emergencia para responder a futuras crisis, por ejemplo, y planes para transformar la educación. Algunas -como la de darle una nueva misión el Consejo de Administración Fiduciaria para que haga las veces de guardián de las generaciones futuras- se basan en ideas antiguas. Otras, como la de un pacto digital global, llevarían a la ONU a un terreno nuevo. Y otras buscan poner en práctica los cambios propuestos: tales son los casos de la Cumbre del Futuro que se celebrará en 2023 y la Cumbre Social Mundial que tendrá lugar en 2025.

¿Cuáles son los aspectos positivos del informe desde la perspectiva de la sociedad civil y de la participación ciudadana en la ONU?

Uno de los aspectos más interesantes del informe es que recalibra el papel de la ONU en la escena global. Podría decirse que la mayor transformación que ha tenido lugar desde la fundación de la ONU en 1945 es la explosión de actores a nivel local, nacional e internacional. Fue refrescante ver a Guterres combinar ambición respecto del rol de la ONU con humildad sobre lo que puede lograr, y establecer claramente que el éxito dependerá de la acción de y el trabajo conjunto con otras partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El informe señala que desde un principio las OSC han sido parte integral del ecosistema de la ONU. Sitúa a las OSC como elemento central de un nuevo contrato social, vinculándolas a la creación de confianza y cohesión, así como a la prestación de servicios en una serie de áreas, desde el desarrollo sostenible a la acción climática, la gobernanza digital y la visión estratégica. También aboga por que las instituciones, incluida la ONU, escuchen mejor a la gente, adopten enfoques participativos y reduzcan la complejidad para que sus procesos y resultados sean más fáciles de entender.

Guterres recomienda que los gobiernos lleven a cabo consultas para que la ciudadanía pueda opinar sobre el futuro de sus países. Urge a los Estados a considerar las sugerencias presentadas para ampliar la participación en todos los órganos intergubernamentales. Además, anuncia dos cambios en el Secretariado de la ONU: una Oficina de la Juventud y el establecimiento de puntos focales para la sociedad civil en todas las entidades de la ONU, con el fin de crear espacios de participación a nivel de país, a nivel global, y dentro de los procesos de la ONU.

¿Qué falta o habría que reforzar en el informe?

En algunas secciones el informe es notablemente directo. Al pedir un nuevo contrato social, por ejemplo, Guterres entrelaza una serie de cuestiones políticamente sensibles, como los derechos humanos, la fiscalidad y la justicia. Hace bien en situar estas cuestiones como esencialmente nacionales, pero la definición de un camino a seguir será difícil: el énfasis en el rol de la ONU en cuestiones “internas” sin duda irritará a los gobiernos, mientras que las OSC podrían temer que implique una regresión hacia el establecimiento de normas y la provisión de asistencia técnica.

En otros momentos, Guterres no se anda con rodeos. Puede que esto sea acertado en áreas controvertidas como la paz y la seguridad, donde el informe establece propuestas modestas que, en su mayor parte, ya están en marcha. A UNA-UK y a nuestras organizaciones de la sociedad civil aliadas les habría gustado un mayor hincapié en el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y en el freno al desarrollo de armas letales autónomas.

En cuanto al clima, el tema estelar de Guterres, el informe podría haber avanzado más y enmarcado la “triple crisis” de la alteración del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad como una emergencia interrelacionada cuyo núcleo son los derechos humanos. También podría haber sensibilizado a los tomadores de decisiones con una serie de medidas más audaces. Y tras una excelente destilación de los desafíos, quienes están en busca de nuevos enfoques en materia de empoderamiento de las mujeres e igualdad de género también se quedan con las ganas.

Para muchos de nosotros, sin embargo, el tema más decepcionante fue la inclusión de la sociedad civil. El lenguaje de Guterres es positivo, pero menos enfático que en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, y aporta pocos detalles más allá de unas cuantas palabras bonitas.

Durante las consultas con las partes interesadas, las OSC de todas las regiones pidieron un representante de alto nivel de la sociedad civil en la ONU para ayudar a aumentar y diversificar la participación y dar asesoramiento en materia de acceso a todos los espacios, desde la sede de la ONU hasta las COP sobre el clima. Esta fue la única propuesta concreta que atrajo un amplio apoyo y, aunque el informe se compromete a explorarla más a fondo, resultó bastante desconcertante que Guterres no avanzara e hiciera esta designación, que está en sus manos hacer.

Por supuesto, tener puntos focales distribuidos en todo el sistema es importante. Muchas entidades de la ONU ya los tienen. Pero por nuestra experiencia en materia de género y de derechos humanos sabemos que la transversalidad (mainstreaming) no es suficiente. Esta es, sin duda, parte la justificación subyacente a la creación de una Oficina de la Juventud. El mismo argumento debería aplicarse también a la sociedad civil.

¿Qué habría que hacer para mejorar la participación en la ONU?

A corto plazo, la propuesta de establecer puntos focales en todo el sistema debería implementarse rápidamente y en consulta con la sociedad civil. Debería establecerse un calendario y un proceso para cartografiar y monitorear la participación, como se prevé en el informe. Un representante de alto nivel sería el actor ideal para hacer ambas cosas, por lo que es de esperar que se establezca este puesto.

A mediano plazo serían útiles otros cambios, tales como una estrategia amplia en materia de espacio cívico dentro y fuera de la ONU; una plataforma en línea sencilla para efectivizar la participación, que podría incluir un mecanismo de petición ciudadana; un fondo voluntario para apoyar la participación, así como herramientas como los bonos de impacto social para financiar la actividad de las OSC a nivel de país; y un nuevo marco de partenariado para mejorar la capacidad de colaboración, incluso a nivel de país, simplificar la participación y permitir el escrutinio.

Más a largo plazo, las Naciones Unidas deberían avanzar hacia un modelo de partenariado, poniendo en marcha una campaña global de desarrollo de capacidades para transferir varias de sus funciones a las OSC y a otras entidades mejor preparadas para actuar en el terreno. Esto permitiría a la organización concentrarse en otras tareas para las que está especialmente bien equipada. De hecho, el informe ya parece ir en esta dirección al enfatizar el rol de la ONU en tanto que foro convocante y proveedora de datos precisos, análisis y pronósticos.

¿Qué puede hacer la sociedad civil para impulsar el cambio y cómo puede la ONU apoyar mejor a la sociedad civil? 

La ONU ya depende de la sociedad civil en todos los aspectos de su trabajo. Somos fundamentales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para hacer frente a la emergencia climática. Proporcionamos una ayuda fundamental en las crisis humanitarias, a veces en tanto que únicos actores con acceso a las comunidades marginadas y con el beneficio de su confianza. Defendemos a las personas ignoradas y maltratadas. Somos socios fundamentales de la ONU, al tiempo que actuamos como su conciencia, instándola a ser más audaz y ambiciosa y a actuar sin miedos ni favoritismos. Y todo esto lo hacemos en el marco de crecientes ataques.

Las OSC pueden presionar de muchas maneras para que se avance en “Nuestra Agenda Común”, desde la incidencia ante los Estados para que le den al Secretario General el mandato que necesita para avanzar, hasta la concretización de las numerosas propuestas del informe y su implementación en comunidades, capitales y foros de la ONU.

Podemos hacer esto desde los márgenes: tenemos mucha experiencia en hacer oír nuestras voces pese a la reducción del espacio cívico. Pero seremos mucho más eficaces si se nos reconoce un rol formal en procesos específicos, tales como los preparativos de la Cumbre del Futuro, así como en el trabajo de la ONU más en general; y si sabemos que podemos contar con el apoyo del funcionariado de la ONU. El nombramiento de un representante de la sociedad civil sería un buen comienzo.

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La 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) acaba de terminar en Glasgow, Reino Unido, y CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los resultados de la cumbre, su potencial para resolver los desafíos medioambientales que enfrentan, y las acciones que están llevando a cabo para abordarlos.

CIVICUS conversa con Ruth Alipaz Cuqui, lideresa indígena de la Amazonía boliviana y coordinadora general de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesino y Áreas Protegidas (CONTIOCAP). La organización surgió a fines de 2018 a partir de la convergencia de varios movimientos de resistencia frente a la destrucción de los territorios indígenas y áreas protegidas por parte de proyectos extractivos y la cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de los pueblos indígenas. Inicialmente integrada por 12 movimientos, actualmente incluye a 35 procedentes de toda Bolivia.

¿En qué problemas ambientales se enfoca su trabajo?

Como defensora de territorios indígenas, derechos indígenas y derechos de la naturaleza, realizo mi labor en tres diferentes ámbitos. En primer lugar, a nivel personal, en mi comunidad del Pueblo Indígena Uchupiamona, que está en su totalidad dentro de una de las áreas protegidas con mayor diversidad en el mundo, el Parque Nacional Madidi.

En 2009 mi pueblo estuvo a punto de dar una concesión forestal que devastaría 31.000 hectáreas de bosque, en un área sensible para la preservación de agua y particularmente rico en diversidad de aves. Para evitar esa concesión hice una propuesta alternativa, de turismo especializado en observación de aves. Si bien actualmente, a causa de la pandemia, la opción del turismo ha demostrado no ser la más segura, lo cierto es que gracias a esa actividad siguen estando los bosques, aunque siempre bajo amenaza debido a la presión de la gente de la comunidad que requiere dinero inmediato.

Actualmente, mi comunidad enfrenta serios problemas de abastecimiento de agua, pero nos hemos organizado con mujeres jóvenes para restaurar nuestras fuentes de agua mediante la reforestación con plantas nativas frutales y la transmisión de conocimientos de la gente mayor hacia las mujeres y niños sobre estas plantas frutales y medicinales.

En segundo lugar, soy miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, una organización de base de la región amazónica de Bolivia, que desde 2016 lidera la defensa de territorios de seis Naciones Indígenas -Ese Ejja, Leco, Moseten, Tacana, Tsiman yd Uchupiamona- de la amenaza de construcción de dos centrales hidroeléctricas, Chepete y El Bala, que inundarían nuestros territorios, desplazando a más de cinco mil indígenas, obstruirían para siempre tres ríos, y devastarían dos áreas protegidas: el Parque Nacional Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. El 16 de agosto de 2021, las organizaciones indígenas afines al gobierno autorizaron la puesta en marcha de estas centrales hidroeléctricas.

Por otro lado, el Rio Tuichi, que está dentro del área protegida Madidi y es esencial para mi Pueblo Uchupiamona para nuestra actividad de ecoturismo comunitario, ha sido en su totalidad concesionado en forma inconsulta a terceros ajenos a la comunidad, para el desarrollo de actividad minera aluvial aurífera. La Ley de Minería y Metalurgia discrimina a los pueblos indígenas permitiendo que cualquier actor externo pueda adquirir derechos sobre nuestros territorios.

Finalmente, soy coordinadora general de CONTIOCAP, una organización que ha denunciado las violaciones sistemáticas de nuestros derechos en los territorios indígenas de las cuatro macro regiones de Bolivia: el Chaco, Valles, Altiplano y Amazonia. Estas violaciones vienen de la mano de la exploración y la explotación petrolera, el incendio de bosques y la deforestación para liberar tierras para los agronegocios, la construcción de carreteras y centrales hidroeléctricas, y la actividad de minería aluvial aurífera que está envenenando a poblaciones vulnerables.

¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que realizan?

Hemos enfrentado reacciones negativas, procedentes principalmente desde el Estado, a través de instancias descentralizadas como las agencias de Impuestos Nacionales y Migración. Recientemente he descubierto que mis cuentas bancarias tienen orden de retenciones por demandas de esos organismos.

Durante la marcha liderada por la Nación Qhara en 2019, he sufrido seguimiento y acoso físico constante de dos personas, mientras estaba en la ciudad presentando nuestros proyectos de ley junto a líderes de la marcha.

Y recientemente, cuando las organizaciones indígenas afines al gobierno dieron autorización para las centrales hidroeléctricas, nuestras denuncias fueron respondidas con acciones para descalificarnos y desacreditarnos, algo que el gobierno boliviano viene haciendo desde hace años. Dicen, por ejemplo, que quienes nos oponemos a los megaproyectos hidroeléctricos no somos representantes legítimos de los pueblos indígenas sino activistas financiados por ONG internacionales.

¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

Nuestras acciones convergen con las del movimiento global, porque al defender nuestros territorios y las áreas protegidas contribuimos no solamente a evitar mayor deforestación y contaminación de ríos y fuentes de agua y a preservar los suelos para mantener nuestra soberanía alimentaria, sino también a conservar los conocimientos ancestrales que contribuyen a nuestra resiliencia frente a la crisis climática. 

Los pueblos indígenas hemos demostrado ser los más eficientes protectores de los ecosistemas y la biodiversidad, así como de recursos fundamentales para la vida tales como el agua, los ríos y los territorios, en contra posición del Estado cuyas leyes más bien sirven para violentar nuestros espacios de vida.

¿Han hecho uso de los espacios de participación y foros de denuncia de los organismos internacionales?

Sí, lo hacemos regularmente, por ejemplo solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dé seguimiento a la criminalización y la violencia contra las personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas en Bolivia y participando de la realización colectiva de un informe sombra de la sociedad civil para el Examen Periódico Universal de Bolivia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presentamos en las pre-sesiones del Consejo en octubre 2019.

Recientemente, en una audiencia en la ciudad de La Paz, presentamos un informe sobre las violaciones a nuestros derechos al Relator Especial de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

¿Qué opina de los espacios de participación para la sociedad civil en las COP, y cómo evalúa los resultados de la recién finalizada COP26?

Una vez más, en la COP26 los Estados han demostrado una total ineficiencia para actuar en cumplimiento de sus propias determinaciones. Yo he manifestado en más de una ocasión que el 2030 estaba a la vuelta de la esquina y hoy ya estamos a escasos ocho años y se sigue discutiendo qué medidas serán las más eficientes para alcanzar las metas fijadas para esa fecha.

Se está invirtiendo mucho más dinero en destruir el planeta que en salvarlo. Eso es el resultado de acciones y decisiones de los Estados en pro del capitalismo salvaje que está destruyendo el planeta con su extractivismo depredador de la vida.

Veamos cuanto se avanzó desde el Protocolo de Kioto, acordado en 2005 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo quedó en palabras, y encima en los últimos años las empresas se han amparado en el supuesto concepto de “derecho al desarrollo” para seguir operando en perjuicio del planeta, y sobre todo de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas. Somos nosotros quienes pagamos los costos, y no quien ocasiona los desastres.

Los resultados de la COP26 no me satisfacen porque queremos ver acciones concretas. El Estado Boliviano ni siquiera ha firmado la declaración, pese a que ha utilizado el espacio de la COP26 para dar un discurso engañoso de que se debe cambiar el modelo capitalista por uno más amable con la naturaleza. Pero en Bolivia ya hemos deforestado alrededor de 10 millones de has de bosque, de la forma más brutal imaginable, a través de incendios que por más de una década y media han sido legalizados por el gobierno.

Pienso que mientras en estos espacios no se discutan sanciones para los Estados que no cumplan acuerdos, o que no firman siquiera las declaraciones, no habrá resultados concretos.

El espacio cívico en Bolivia es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa acerca de las recientes elecciones en Nicaragua, caracterizadas por la proscripción de candidaturas, el fraude y la represión, con una defensora de derechos humanos perteneciente a una plataforma nacional de la sociedad civil nicaragüense, que por razones de seguridad solicitó mantener el anonimato.

¿En qué contexto político se desarrollaron las elecciones presidenciales del 7 de noviembre?

El contexto comenzó a configurar se en el año 2006, con el pacto entre los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, y la fuerza por entonces gobernante, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), con el expresidente Arnoldo Alemán a la cabeza. El objetivo del llamado “pacto Alemán-Ortega” consistía en instaurar un sistema bipartidista dominado por ambos líderes, lo cual no funcionó para ambos: resultó en una completa reestructuración del sistema político, incluidas una reforma de la Constitución y la modificación de las fechas de las elecciones, que le permitió al FSLN – que llevaba varios turnos electorales perdiendo la presidencia - ganar las elecciones de 2006 con el 38% de los votos, para ya no volver a dejar el poder.

Ya en el poder, el FSLN realizó varias reformas constitucionales y de la ley electoral ordenadas por Daniel Ortega, en contubernio con los poderes legislativo, judicial y electoral, para imponer una constitución a su medida y hacerse reelegir indefinidamente.

Desde las más recientes reformas electorales, que datan de mayo de 2021, el contexto electoral ya estaba diseñado para que el actual gobierno ganase las elecciones. Esta reforma le entregó al FSLN el control de toda la estructura electoral, le dio a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores y quitó financiamiento a sus candidatos.

Ya en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional había aprobado una ley para neutralizar candidaturas opositoras: bajo el pretexto de rechazar la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua, inhibió las candidaturas de quienes hubieran participado en las protestas de 2018, catalogadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado financiado por potencias extranjeras.

Todas estas leyes fueron aplicadas por las instituciones del Estado para proscribir a todos los postulantes democráticos que de alguna manera pudieran ser considerados idóneos para derrotar al candidato del FSLN. El resultado fueron unas elecciones sin ninguna competencia real.

¿Se hizo algún intento de postergar la elección hasta que estuvieran dadas las condiciones?

Primero, en el contexto de las protestas de 2018, que fueron fuertemente reprimidas y arrojaron centenares de muertos, varios sectores, incluida la Conferencia Episcopal de Nicaragua, propusieron adelantar las elecciones para resolver la crisis. Algunos también pensaron en la posibilidad de forzar la renuncia del presidente por su responsabilidad en las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas de 2018.

Pero Ortega se negó a convocar a elecciones anticipadas, y en cambio desafió a los supuestos “golpistas” que protestaban contra él a conseguir el voto del pueblo en las elecciones de 2021. Y entretanto, en vez de proceder a la reforma electoral que se reclamaba desde hace años, se dedicó a preparar el terreno para que nadie pudiera desafiarlo en esas elecciones.

Con el proceso electoral de 2021 ya en marcha, y en vistas de que no habría ninguna competencia real, hubo actores de la sociedad civil que recomendaron suspender y reprogramar unas elecciones que serían claramente ilegítimas y carentes de credibilidad, pero desde ya que este reclamo no tuvo ningún eco.

¿Cómo evalúas los resultados de las elecciones?

Claramente la abrumadora mayoría de la ciudadanía nicaragüense consideró que estas elecciones eran ilegítimas, puesto que solo aproximadamente el 10% de los votantes habilitados se presentaron a votar. Algunos de los que lo hicieron son partidarios del gobierno, mientras que otros, como los integrantes del ejército y la policía y los trabajadores del Estado, fueron obligados por el temor y por sus circunstancias laborales.

Estas afirmaciones son respaldadas por los datos de los sondeos de diversos grupos de la sociedad civil dentro y fuera del país, tales como Coordinadora Civil, Mujeres Organizadas y Urnas Abiertas. El día de las elecciones, algunas de estas organizaciones hicieron un sondeo rápido en el terreno, en dos tiempos – en una franja matutina y otra vespertina – y documentaron a través de fotos, videos y testimonios de algunos observadores electorales invitados por el gobierno que la mayoría de la población no salió a votar.

Desde el punto de vista de la sociedad civil, estas elecciones fueron para el gobierno un completo fracaso, ya que nos da todos los fundamentos para demostrar a nivel internacional que el presidente no cumple con las condiciones mínimas de legitimidad para permanecer en su puesto. No solamente el pueblo no reconoce los resultados de estas elecciones: hay más de 40 países que no los han reconocido. El gobierno llevó a cabo unas elecciones fraudulentas para ganar legitimidad, pero no lo consiguió porque nadie lo reconoce ni a nivel nacional ni a nivel internacional.

¿Cuál es el panorama para la sociedad civil nicaragüense tras las elecciones?

El panorama no ha cambiado. Lo que nos espera es más de lo mismo: más represión, más persecución, más secuestros, más presos políticos, más exiliados. Al mismo tiempo, este gobierno que no responde ni rinde cuentas, es completamente incapaz de resolver ninguno de los problemas que tiene Nicaragua, de modo que también continuarán profundizándose la pobreza, el desempleo y la inseguridad ciudadana.

En respuesta, no podemos hacer otra cosa que sostener la resistencia y tratar de romper las cadenas del miedo, porque este gobierno ilegítimo domina a través del temor.

¿Qué clase de apoyos internacionales necesita la sociedad civil nicaragüense?

La sociedad civil nicaragüense necesita toda clase de apoyos, desde apoyos para la construcción y el fortalecimiento de alianzas que amplifiquen nuestras voces para dar a conocer la situación política que vive Nicaragua y reclamar acción en los foros internacionales, hasta apoyos financieros y en especie para dotarnos de las herramientas con que hacemos nuestro trabajo, sostener a nuestras organizaciones y proveer de protección a las personas defensoras de derechos humanos que están siendo perseguidas y atacadas.

El espacio cívico en Nicaragua es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor. Nicaragua está actualmente en nuestra lista de vigilancia, que incluye casos donde se está produciendo un deterioro severo y abrupto de la calidad del espacio cívico.

CIVICUS conversa con Delio Cubides, asesor jurídico migratorio del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), acerca de la situación de las personas migrantes en Chile, y sobre las medidas restrictivas y las expulsiones masivas que tuvieron lugar este año. Fundado en 1955, el INCAMI es una organización de la sociedad civil dedicada a apoyar a personas migrantes en Chile, proveyendo, entre otras cosas, servicios de acogida, asistencia social, asesoramiento para la regularización de documentos, capacitación y apoyo en la búsqueda de empleo.

¿Cómo se llegó en Chile a la actual situación de protestas contra migrantes y expulsiones masivas?

Para responder esa pregunta deberíamos situarnos en el contexto internacional, al que Chile no es ajeno. Desde 2010 se percibe un aumento en la cantidad de personas migrantes de países no fronterizos, como Venezuela y Haití, que han superado al flujo procedente de países fronterizos.

En cierta forma, Chile ha sido visto en la región como un país con seguridad y estabilidad institucional y económica, al mismo tiempo que la situación política, social y económica en Venezuela hizo que desde 2013 el ingreso de personas de ese país creciera exponencialmente, con un pico en 2013 y otro en 2018, pese a que, a diferencia de lo que ocurre con la migración haitiana, no existe en Chile una visa de reunificación familiar para venezolanos.

Frente al aumento de las migraciones, la actual administración de Sebastián Piñera comenzó a tomar medidas restrictivas; de hecho, a los 30 días de asumido su mandato en 2018 publicó una minuta destinada a limitar el ingreso de personas haitianas y venezolanas. La migración haitiana se vio especialmente restringida por la implementación de un visado consular de turismo simple para el ingreso a Chile y, al igual que el resto, por la eliminación del visado por contrato de trabajo.

Aunque no tenemos cifras exactas, sabemos que la tasa de rechazo de las visas consulares solicitadas por personas haitianas es alta; testimonios de migrantes haitianos que atendemos en nuestras oficinas dan cuenta de numerosos rechazos por motivos que les son ajenos o por requisitos que no está en sus manos cumplir.

Por ejemplo, para la tramitación de la permanencia definitiva de las personas migrantes ya presentes en Chile, el gobierno solicita un certificado de antecedentes penales que debe obtenerse en el consulado del país de origen. En el caso de países como Haití, al costo elevado y la prolongada tramitación en el país de origen se suma el hecho de que, en el actual contexto político, social y sanitario, el certificado es casi imposible de conseguir. En consecuencia, muchas personas no logran presentarlo dentro de los plazos establecidos. En la actualidad, ese requisito está limitando el acceso de cientos de personas de origen haitiano al llamado ‘proceso de regularización extraordinaria´.

A las personas migrantes procedentes de Venezuela se les impuso en 2019 la exigencia de una visa consular conocida como ‘visa de responsabilidad democrática’. Pero la situación desesperada de Venezuela siguió impulsando a las personas a migrar a pesar de los obstáculos, ya que las restricciones migratorias no atacan las causas de la migración.

Lo que no lograron estas medidas lo hicieron las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19: en noviembre de 2020 el gobierno suspendió alrededor de 90 mil trámites de visas a personas venezolanas, y muchas otras con sus visas ya otorgadas o próximas a la entrevista de otorgamiento no pudieron ingresar a Chile porque la suspensión de los vuelos internacionales les impidió hacerlo dentro del plazo de 90 días que les otorga la ley; en consecuencia, sus trámites fueron cerrados administrativamente sin ninguna consideración por la situación de pandemia.

Muchas personas han interpuesto recursos de amparo y han logrado reabrir sus casos, pero claramente Chile ha optado por una estrategia de restricción. Todas estas medidas se tomaron para regular y controlar un flujo migratorio que venía en crecimiento, pero muchos lo vemos como un reflejo de la falta de empatía a la realidad humanitaria que atraviesan estas personas en su país de origen. Muchas de ellas requerían protección o estaban en proceso de reunificarse con sus familias, proyectos que se vieron truncados ya sea por la pandemia, ya por las restricciones administrativas.

¿Está la sociedad chilena polarizada en torno del tema de la migración?

Yo no veo tal polarización. La situación de la ciudad de Iquique, donde en septiembre de 2021 se produjo una marcha contra la llegada de migrantes, fue un hecho aislado, fruto también del estrés que puede generar una situación de convivencia en condiciones indignas, como consecuencia de la falta de políticas públicas que se anticiparan al drama de esta crisis humanitaria.

En las redes sociales las opiniones se polarizan y la gente dice muchas cosas, pero estas posiciones no se han materializado en marchas en la capital, Santiago de Chile, o en otras ciudades. Al contrario, en Iquique hemos visto migrantes en las calles en condiciones sumamente difíciles, y a residentes de la ciudad ayudándoles y acogiéndoles en la medida de sus posibilidades.

La situación en Iquique también fue de la exclusión de la posibilidad de regularización de las personas que ingresaron por pasos no habilitados, por efecto de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería aprobada en abril de este año. En el anterior proceso de regularización de 2018 se permitió la incorporación de ingresantes por pasos no habilitados, aunque no se otorgaron permisos de trabajo a quienes se inscribieron. Las personas migrantes lo saben, pero prefieren esa precariedad antes que pasar hambre en su país de origen.

En el contexto de la pandemia, a causa de las restricciones sanitarias, muchas personas migrantes se vieron obligadas a quedarse en plazas públicas, sin poder ir a ninguna parte, sin documentos y excluidas de los beneficios sociales. Esto generó dificultades para los residentes locales, así como para los propios migrantes desprovistos de asistencia estatal.

Recién luego de que se produjeran muertes de migrantes venezolanos durante su cruce de la frontera, el Estado chileno comenzó a proveer asistencia, entendiendo que se trataba de personas refugiadas o solicitantes de refugio.

¿Qué tendría que hacer el Estado frente a esta situación?

El Estado tiene la obligación de dar una solución a esta realidad. Una alternativa puede venir de la articulación con el sector privado, que requiere trabajadores sobre todo en la construcción, la agricultura, los servicios y ciertas profesiones. La situación de estas personas podría regularizarse previa coordinación con tal sector, brindándoles capacitación e inserción laboral. Esto daría otra perspectiva a la migración y evitaría situaciones de dependencia y de falta de autonomía.

Pareciera que poner restricciones no es la mejor solución. Las restricciones no detienen las migraciones, y en cambio profundizan las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, pues las hace susceptibles a las inclemencias del mercado de trabajo o del mercado de alquiler de vivienda y les limita el acceso a derechos básicos como salud y educación. Esto tampoco resulta útil para la autoridad, que no sabe dónde están, quiénes son, cuántos son o cómo llegaron.

En todo el período reciente desde la recuperación de la democracia, ninguno de los sucesivos gobiernos de Chile desarrolló una verdadera política migratoria que incluyera una reforma y actualización de la normativa. Este gobierno ha sido el único con una propuesta de cambio en la Ley de Extranjería y en la gestión migratoria, pero, a causa del contexto y de la presión de los flujos migratorios, ha devenido en una política restrictiva, o cuanto menos limitante de los flujos. Es una política que desincentiva el ingreso al país, llevando también a las personas en situación regular a la extenuación por la eterna espera en la obtención de documentos, la escasa comunicación de la autoridad migratoria y la centralización de la gestión en Santiago.

Ahora estamos en campaña, y en estos tiempos el tema migratorio puede ser instrumentalizado para ganar votos. Los programas de gobierno de todos los candidatos son muy pobres esta materia, pero todos los que han hablado del tema lo han hecho en un tono restrictivo. Creo que el problema pasa por ahí, más que por el hecho de que haya xenofobia en la sociedad. Pareciera que el migrante solo comienza a ser oído cuando se vuelve una fuerza con capacidad de elección, lo cual en Chile apenas empieza a ocurrir.

¿Qué tan apta es la nueva ley para lograr una migración “segura, ordenada y regular”?

La Ley 21.325 refleja bien la posición de esta administración en torno al tema de la migración. Hay que recordar que en diciembre de 2018 Chile se negó a firmar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, alegando que cada país debe conservar su soberanía para fijar sus reglas migratorias, pese a que Chile había sido uno de los países que había liderado su redacción.

La nueva ley tiene algunos aspectos positivos y garantiza ciertos derechos: a la salud, a la educación, a la reunificación familiar y al trabajo. Incluye visa para menores de edad y considera a las personas en situación de discapacidad y a las mujeres y les da protección en ciertos casos específicos como embarazo, tráfico y trata y violencia de género. Descentraliza la revalidación de títulos y aumenta la presencia en las regiones. Asimismo, concede autonomía para el desarrollo de actividad económica a las personas con visa en calidad de dependientes.

Si bien estos derechos actualmente no están negados, tampoco están garantizados en la ley, sino que se conceden por vía administrativa, lo cual les confiere cierta fragilidad.

Al mismo tiempo, la nueva ley representa un cambio en la gestión migratoria. Hasta ahora la normativa permitía el cambio de estatus dentro del territorio nacional, pero la nueva normativa no lo va a permitir: todas las visas deberán obtenerse en los consulados de los respectivos países de origen. Eso entregará a la administración la decisión última de cuántos migrantes permite entrar, cuáles y en qué condiciones. Este es tal vez el mayor cambio propuesto en la nueva ley. Solo en algunos casos se permitirá a algunas personas cambiar su estatus migratorio, pero esto dependerá de los contenidos del reglamento para la implementación de la nueva ley.

¿Qué trabajo realiza el Instituto Chileno Católico de Migración en este contexto? 

Como está fuera de nuestro alcance atacar las causas de la migración, defendemos los derechos de las personas migrantes. Nuestros objetivos son acogerlas, protegerlas e integrarlas. 

Hacemos incidencia con las autoridades, lo cual a veces tiene costos. Este es un trabajo necesario porque si bien existen organizaciones de personas migrantes, suelen estar organizadas en torno de una persona, un líder, sin mucha institucionalidad. Hay organizaciones de colombianos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos, entre otros. También está la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile, que nuclea a varias organizaciones, tiene presencia en las manifestaciones, en las redes sociales, y cuenta con presencia de varios colectivos haitianos, peruanos y venezolanos.

También prestamos un servicio de asesoría legal, que es lo que más escasea en Chile, por falta de acceso a la información, que no es promovido por la autoridad que debería atender a las personas migrantes. Nos encargamos de trámites digitales y brindamos asistencia social, particularmente bajo la forma de casas de acogida, ya que no hay albergues para migrantes gestionados por el Estado.

Todo lo que existe en materia de acogida y atención a personas migrantes en Chile es por iniciativa de la sociedad civil, y mayormente de organizaciones, instituciones y servicios de la Iglesia Católica. INCAMI es el organismo de la Iglesia Católica de Chile referente en temas de migración: a través de los equipos de trabajo de la Pastoral de Movilidad Humana (PMH) en las distintas regiones de Chile, coordinamos con otros organismos de la Iglesia la recepción y atención de personas migrantes. Nuestros recursos son limitados, pero durante la pandemia hemos habilitado iglesias y parroquias para recibir a mujeres y niños y hemos brindado toda la atención que hemos podido a través de las redes sociales.

Nosotros escuchamos lo que las personas precisan, cosa que las autoridades no hacen. Con ayuda de algunas municipalidades acompañamos el retorno de miles de personas no solamente de la vecina Bolivia, sino también de Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela y otros países.

Nuestros equipos de atención migratoria se desplazan no solo dentro de la Región Metropolitana de Santiago sino también a las regiones, para visitar las comunas con mayor presencia de migrantes y acercarles la posibilidad de regularizarse, tener una visa, trabajar en igualdad de condiciones, aportar al sistema previsional y acceder a sus derechos fundamentales. En ocasiones lo hacemos con el apoyo de los equipos de la PMH en las regiones, de algunas autoridades o de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

¿Qué apoyo necesitan de la comunidad internacional las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Chile?

Enfrentamos un desafío regional que requiere una respuesta regional. Los Estados deberían coordinar un abordaje internacional de la migración, como ya lo está haciendo la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), liderada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la OIM. Se requiere seguir avanzando en este proceso, pues la situación que vive Venezuela está lejos de terminar.

Para asistir a las personas migrantes al tiempo que hacemos este necesario trabajo de incidencia necesitamos recursos: bienes alimentarios para armar canastas básicas y recursos económicos para el pago de alojamiento, entre otras cosas. Es importante recordar que las personas migrantes no son el problema, sino que son el síntoma de realidades en transformación más profunda, y en su mayoría requieren protección.

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Mientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre.

CIVICUS conversa con Daniel Gutiérrez Govino, fundador de la Brigada de Incendios Forestales de Alter do Chão, un grupo que trabaja para prevenir, combatir y promover la coordinación sociopolítica contra los incendios en la selva amazónica en el estado de Pará, Brasil. Daniel también es cofundador del Instituto del Acuífero de Alter do Chão, institución que promueve proyectos sociales en la localidad de Alter do Chão, municipio de Santarém, estado de Pará.

¿Qué le llevó a convertirse en defensor del medio ambiente?

Sentí la urgencia de trabajar para mantener al planeta viable para los seres humanos y otras especies. Me conmovió, y lo sigue haciendo hoy, la posibilidad de que los seres humanos reviertan sus acciones y su forma de pensar sobre nuestro papel en la naturaleza. Tenemos que regenerarnos a nosotros mismos y a lo que hemos destruido.

¿Qué hace la Brigada Alter do Chão?

Trabajamos desde 2017 para prevenir y combatir los incendios forestales en Alter do Chão, en el municipio de Santarém, en el norte de Brasil. Reunimos a un grupo de voluntarios de la comunidad que, con gran valentía, han trabajado para proteger la biodiversidad, a la población de Alter do Chão y a la región de los incendios forestales. Para ello, recibimos formación del Cuerpo de Bomberos Militares, la Defensa Civil y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Turismo de Belterra. Hemos formado a nuevos brigadistas y promovido la coordinación sociopolítica y la comunicación con las comunidades locales.

¿Qué restricciones han enfrentado en respuesta a su activismo ambiental?

En el caso de la Brigada de Alter do Chão, yo y otros tres brigadistas fuimos detenidos en 2019 bajo acusaciones infundadas de provocar incendios en un área de protección ambiental. Nuestro trabajo fue criminalizado porque propone soluciones y exige una transformación del contexto político local.

Además, el contexto nacional actual es hostil para la sociedad civil organizada. Hemos sido chivos expiatorios en una narrativa que pretendía criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, en un momento en que el presidente del país y sus partidarios intentaban culpar a la sociedad civil del dramático aumento de los incendios forestales.

También he enfrentado resistencias al intentar promover cambios en las políticas públicas actuales en el microcosmos de Santarém. El conservadurismo político y social socava todo movimiento que pretenda impulsar agendas progresistas. El gobierno, la policía civil y la élite local rechazan el activismo ambiental atacando nuestro trabajo. Hemos tenido suerte y nuestro privilegio nos ha mantenido con vida, pero los activistas de la Amazonia están permanentemente amenazados de violencia y muerte. No es una región segura para quienes luchan por la libertad y la justicia.

¿Qué tipo de apoyo recibieron cuando fueron criminalizados?

Cuando nos detuvieron recibimos toda clase de apoyos, a nivel tanto nacional como internacional. El principal apoyo provino de los abogados penalistas pro-bono del Proyecto Libertad, que aún hoy nos acompañan. Pero también recibimos apoyo de instituciones nacionales como Proyecto Salud y Alegría y Conectas, así como de organizaciones internacionales como WWF Brasil, Artículo 19, Front Line Defenders y muchas otras.

Salimos de la cárcel a los pocos días gracias a la actuación de estas redes de incidencia y protección. Sin embargo, el proceso penal contra nosotros continuó y ya lleva dos años, aunque no hay ninguna prueba que respalde las acusaciones en nuestra contra. A nivel federal, la investigación policial se cerró; sin embargo, las autoridades del estado de Pará han insistido en sus acusaciones. Recientemente, la fiscalía federal impugnó la competencia de la causa judicial, pero durante meses el proceso ha seguido dando vueltas en la justicia brasileña. Parte de nuestro equipo sigue estando confiscado hasta el día de hoy. Ya no tengo esperanzas de que se haga justicia.

A pesar de todo, creo que la sociedad civil brasileña está saliendo fortalecida. Nuestro socio Caetano Scannavino, del Proyecto Salud y Alegría, que también trabaja en Alter do Chão, dice que se trata de algo así como un efecto búmeran. Creo que esta apreciación es brillante. Ellos nos atacan, y sus ataques nos hacen más fuertes.

¿De qué vías disponen los activistas de su región para buscar protección y apoyo? ¿Qué tipo de apoyo necesitan de la sociedad civil y de la comunidad internacional?

Lo principal es conocer las redes de apoyo disponibles y coordinarse con ellas antes de que ocurra algo malo, es decir, coordinarse preventivamente. Esto incluye a instituciones nacionales e internacionales como las que nos apoyaron. Pero, sobre todo, es fundamental conocer las redes de apoyo locales.

Los tipos de apoyos necesarios son específicos y dependen mucho de cada región. Brasil tiene un tamaño continental y las necesidades del sur, por ejemplo, no son las mismas que las de la Amazonia. Ni siquiera se puede decir que la Amazonia sea una región, porque es, de hecho, un continente con particularidades en cada región. Pero son estas redes las que pondrán en contacto a los que necesiten apoyo con los que puedan ayudar.

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Póngase en contacto con el Cuerpo de Bomberos Forestales de Alter do Chão a través de su sitio web o su página de Facebook.

Mientras la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se pone en marcha en Glasgow, Reino Unido, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la cumbre. 
CIVICUS conversa con Lorena Sosa, directora de operaciones de Zero Hour, un movimiento dirigido por jóvenes que busca generar vías de acceso, ofrece formación y distribuye recursos para nuevos activistas y organizadores jóvenes. A través de Zero Hour, Lorena ha apoyado el trabajo de activistas de Jamaica, Filipinas y Singapur, buscando generar acción inmediata y llamar la atención sobre los impactos del cambio climático.

¿Cuál es el problema climático de tu país en que trabaja tu organización?

Actualmente, Zero Hour está abocada a la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en la política estadounidense y busca subsanar la ausencia de recursos para la organización y movilización por el clima. Recientemente hemos logrado organizar una manifestación virtual, “End Polluter Welfare” (“Acabemos con el Estado de bienestar para los contaminadores”), que contó con la participación del senador líder de la mayoría Chuck Schumer y el diputado Ro Khanna, así como una movilización llamada “People Not Polluters” (“La gente contra los contaminadores”) en la ciudad de Nueva York. También ayudamos a organizar la movilización “People vs Fossil Fuels” (“La gente contra los combustibles fósiles”) en Washington DC. Actualmente estamos trabajando en la revisión de una serie de actividades de formación para ayudar a nuestros capítulos a aprender a organizar campañas locales específicas para sus comunidades.

Muchas de nuestras acciones expresan nuestro deseo de vincularnos y colaborar con otras personas involucradas en el movimiento para elevar las acciones de los demás, porque es difícil conseguir cobertura y atención para las acciones que todos estamos organizando. Es muy lindo ver a los y las activistas apoyarse mutuamente; el amor y el apoyo son realmente necesarios para mejorar el estado del movimiento e impulsar sus reivindicaciones.

¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

La reacción contra el trabajo de los activistas varía ampliamente, especialmente en el caso de nuestras secciones internacionales, que enfrentan límites a las protestas y movilizaciones a causa de restricciones gubernamentales. En Estados Unidos, el principal efecto negativo del trabajo que realizamos está relacionado con el agotamiento que resulta de trabajar sin ver ninguna acción por parte de los líderes que tienen el poder de iniciar acciones para el bien de nuestro planeta. El agotamiento es muy común en el movimiento juvenil por el clima, sobre todo porque muchos de nosotros estamos tratando de hacer malabares con nuestras obligaciones académicas, nuestra vida social y nuestro activismo mientras tratamos de mantener viva la esperanza de que el cambio es posible.

En lo que respecta a conservar el bienestar y mantenerse a salvo de los impactos del agotamiento, he aprendido que lo mejor es comprometerme con la comunidad climática de la que formo parte; sé que no estoy sola con mis preocupaciones porque mantengo constantes intercambios acerca de ellas con mis amigos y colegas. No hay un remedio universal para el agotamiento, pero he aprendido que dedicar tiempo a cuidarme y a mantener el vínculo con mi familia y mis amigos es increíblemente útil para mantener los pies en la tierra.

¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

Nuestros equipos de vínculos globales y Operaciones, liderados por Sohayla Eldeeb y por mí, han trabajado juntos para dar forma a nuestras comunicaciones con nuestros capítulos internacionales en Jamaica, Filipinas y Singapur. Hemos mantenido horas de consulta específicas para nuestras secciones internacionales para poder ayudarles a resolver todo conflicto que se les presentara en su trabajo de campaña y proporcionarles apoyo en todo lo que pudiéramos.

En cuanto a las campañas internacionales, nuestra directora adjunta de Asociaciones, Lana Weidgenant, participa activamente en campañas internacionales que buscan llamar la atención y fomentar la educación y la acción sobre la transformación de los sistemas alimentarios para eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestro medio ambiente. Lana fue vicepresidenta juvenil de Transición hacia Patrones de Consumo Sustentables para la Cumbre de Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas de 2021, es una de las líderes juveniles de la campaña internacional Act4Food Act4Change (“Actúa por los alimentos, actúa por el cambio”) que ha recolectado los compromisos y las prioridades relativas a los sistemas alimentarios de más de 100.000 jóvenes y aliados de todo el mundo, y es una de las dos representantes juveniles en las negociaciones agrícolas de la COP26 de este año.

¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 logre avances en la lucha contra el cambio climático?

Me gustaría que el norte global rinda cuentas y se comprometa a aportar 100.000 millones de dólares para que el sur global pueda implementar con éxito sus propias medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Muchas de nuestras perspectivas en Zero Hour se centran en la justicia, más que en la equidad, porque sabemos que Estados Unidos es uno de los mayores causantes de esta crisis. Los líderes del norte global, y especialmente los actores clave en los Estados Unidos, tienen que dejar de apoyar a la industria de los combustibles fósiles y empezar a comprometerse con soluciones que den prioridad a las personas más que a los contaminadores.

Me encantaría que todos los líderes que asistan a la COP26 tomaran medidas serias y contundentes para combatir y eliminar los efectos del cambio climático. El empeoramiento de los patrones meteorológicos y la subida del nivel del mar ya han demostrado que la inacción va a ser perjudicial para el bienestar de nuestro planeta y de todos sus habitantes.

El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas ha destacado que existen pruebas suficientes para que nuestros dirigentes traten el cambio climático como la emergencia que es. Espero que todos los líderes mundiales que participen en la conferencia tengan muy en cuenta las conclusiones del informe del IPCC a la hora de redactar los resultados de la conferencia.

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Al tiempo que la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) tiene lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS continúa entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la cumbre.

CIVICUS conversa con Estefanía Terán, directora de incidencia de Grupo Faro, acerca del rol de la sociedad civil organizada en las elecciones presidenciales de Ecuador y los retos que la sociedad civil enfrenta en la actualidad. Grupo Faro es un centro de investigación y acción independiente del Ecuador que genera evidencia para incidir en la política pública y promover la transformación y la innovación social.

¿Qué roles desempeña la sociedad civil ecuatoriana durante los procesos electorales?

No hay mucho acercamiento de los partidos políticos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para nutrir sus propuestas. Si bien algunas recurren a OSC en busca de información, otras contratan a consultoras privadas. Esto ocurre porque muy pocas organizaciones políticas tienen dentro de sus estructuras un equipo y/o las herramientas necesarias para desarrollar planes de gobierno de calidad, con contenidos claros, que respondan a las necesidades de la población o de sus votantes, y cuyo diagnóstico parta de un ejercicio de investigación riguroso, objetivo y técnico.

Durante las elecciones las OSC desarrollan iniciativas para promover el voto informado. Así, construyen plataformas web u otras herramientas comunicacionales para visibilizar desde una perspectiva ciudadana las propuestas de los distintos contendientes. Mediante este trabajo, en las últimas elecciones se organizaron las iniciativas con criterios ideológicos y en términos de su respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, con el propósito de poner en evidencia el cómo de las ofertas, que en general solo enuncian el qué, se desarrollan foros y debates entre los y las candidatas.

Grupo FARO forma parte del grupo de OSC que promueven el voto informado; en ese marco desarrollamos la iniciativa Ecuador Decide. Esta iniciativa, que es activada en tiempos de elecciones desde 2017 y ya ha sido implementada en cuatro oportunidades, tiene el objetivo de propiciar un ejercicio del voto basado en las propuestas programáticas de los distintos candidatos y candidatas y de las organizaciones políticas que los respaldan. Para ello, recopila, difunde y analiza los contenidos de todos sus planes de gobierno.

En las elecciones de 2021, Grupo FARO analizó los planes de gobierno de todos los y las candidatos presidenciales. Encontramos que, de las 1500 propuestas identificadas bajo 16 temas de relevancia nacional, solo el 55,5% contenía información sobre cómo iban a ser ejecutadas, y únicamente el 26,7% explicaba a quién estaban dirigidas.

Además, a partir de nuestra experiencia organizando debates entre candidatos y candidatas durante las elecciones seccionales, asistimos al Consejo Nacional Electoral en la reglamentación de los debates presidenciales, que a partir de la reforma al Código de la Democracia de febrero de 2020 pasaron a ser obligatorios.

¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la baja calidad de los planes de gobierno?

La baja calidad de los planes de gobierno, que hace que no sean instrumentos adecuados para informar a la población sobre las posturas de los diferentes candidatos, candidatas y organizaciones políticas, responde a la falta de exigibilidad y reglamentación de parte del organismo rector, que no exige que estos documentos cumplan con estándares mínimos y puedan ser comparables entre sí. De hecho, hemos analizado algunos planes de gobierno de tres páginas y otros de más de cien. Además, en muchos casos difieren del discurso del o la candidata o incluyen propuestas ajenas a su ámbito de competencia. Por esto, no es común que los electores accedan a estos instrumentos para informarse, y, por ende, no tiene otro propósito que cumplir con un requisito formal para registrar la candidatura. Esto último contradice el hecho de que una de las causales para solicitar revocatoria de mandato de autoridades de elección popular es el incumplimiento de su plan de gobierno.

El alto grado de generalidad de las propuestas contenidas en los planes de gobierno hace que el discurso de campaña de los candidatos apunte al votante mediano, y que estratégicamente los candidatos no se diferencien. Esto fragmenta las preferencias de los electores y genera complicaciones, tales como el estrechísimo margen entre el segundo y el tercer lugar en las últimas elecciones, entre los candidatos Guillermo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades, y Yaku Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik. Ello hizo que quien ganó en segunda vuelta fuera alguien que en la primera vuelta no había alcanzado ni el 20% del voto total: llegó al poder por efecto de un voto obligatorio, con muy baja legitimidad, y un alto riesgo de enfrentar problemas de gobernabilidad en el mediano plazo.

¿Qué desafíos enfrenta la sociedad civil ecuatoriana bajo el nuevo gobierno?

A pesar de que no se identificaron propuestas específicas en relación con la promoción de la participación de la sociedad civil, el presidente Lasso ha procurado emitir un mensaje amigable y de colaboración. Sin embargo, debido a su origen empresarial, el gobierno tiende a equiparar a la sociedad civil con el sector privado. Esto decanta en dos retos para la sociedad civil. El primero es diferenciarse del sector privado y el segundo es trabajar de forma armoniosa con éste. Para esto debe promover un ejercicio de reflexión sobre el rol actual de la sociedad civil y poner en evidencia el valor que su involucramiento agrega a la gestión pública. Además, debe insistir en que esta participación no se circunscriba a unas pocas organizaciones afines al gobierno, sino que sea abierta e inclusiva, plural y diversa.

Lo anterior implica, por un lado, avanzar en un proceso de fortalecimiento organizacional de la sociedad civil para el trabajo colaborativo entre sí y con otros actores. Y, por otro lado, iniciar un proceso de aprendizaje y de generación de confianza con el sector privado. Hay una gran oportunidad para que la sociedad civil organizada contribuya a que el aporte de las empresas a lo social se haga desde la transparencia, con rectoría pública y en base a principios internacionales de funcionamiento efectivo de alianzas público-privadas sociales que garanticen proyectos o acciones de calidad, y que vayan más allá del beneficio corporativo.

La antesala para el desarrollo de las alianzas previamente mencionadas es la promulgación de una ley mínima para las OSC que nos dé seguridad jurídica y nos proteja de la discrecionalidad de los gobiernos de turno. Al momento estamos normadas por un decreto ejecutivo y bajo una lógica de concesión y control, y no de registro y corresponsabilidad. Lograr la promulgación de una ley que contribuya a la construcción de un ambiente habilitante y de fomento de la participación es otro de los desafíos que tenemos como sector en este periodo de gobierno. Grupo FARO, en alianza con la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil y otras organizaciones aliadas, promueve una propuesta de ley mínima que, en la anterior Asamblea Nacional, llegó hasta la instancia del desarrollo de un informe para segundo debate.

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CIVICUS conversa con Gadir Lavadenz, coordinador global de la Alianza de la Convención sobre la Diversidad Biológica (Alianza de la CDB), sobre el proceso en curso para redactar un Marco Global de la Biodiversidad post-2020 con la plena participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil en general.

La Alianza de la CDB es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) con un interés común en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Trabaja para aumentar la comprensión pública de las cuestiones que aborda, mejorar la cooperación entre las organizaciones que desean tener una influencia positiva en la CDB y saldar la brecha entre quienes participan en las sesiones de la CDB y quienes trabajan por la biodiversidad en el terreno, respetando la independencia y la autonomía de los pueblos indígenas, un actor clave.

¿Qué es la Alianza de la CDB, qué hace y cómo se desarrolló?

Los orígenes de la Alianza de la CDB, hace unas dos décadas, fueron orgánicos: surgió de forma natural cuando los participantes en el proceso de la CDB reconocieron la necesidad de actuar juntos y amplificar las voces de la sociedad civil en las negociaciones. Desde el principio, el rol de la Alianza de la CDB no fue hablar en nombre de la gente, sino apoyar de la mejor manera posible todos los esfuerzos de incidencia que se realizaban de forma autónoma.

A pesar de nuestras limitaciones, tenemos muy claro que los grupos menos privilegiados necesitan un apoyo específico. Además, aunque nuestra red es diversa, respetamos el rol y mantenemos una coordinación fluida con los demás grupos importantes que participan en el proceso, en particular el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), la Red Mundial de Jóvenes sobre Biodiversidad y el Cónclave de Mujeres.

La Alianza de la CDB es una comunidad amplia: incluye tanto a los pueblos indígenas y las comunidades locales (IPLC) como a las OSC que les dan apoyo. Respetamos plenamente las estructuras de gobierno y los procesos de toma de decisiones de cada uno de estos grupos. Mantenemos una comunicación y una coordinación fluidas con el FIIB, que representa al mayor grupo de pueblos y comunidades indígenas comprometidos con la CDB. Apoyamos sus declaraciones durante las reuniones oficiales, apoyamos la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en las reuniones internacionales siempre que resulta posible y amplificamos todas sus publicaciones y campañas.

¿Por qué es necesario un nuevo Marco Global de la Biodiversidad?

Históricamente, la aplicación de la CDB se ha centrado en su primer objetivo, la conservación de la diversidad biológica, y se ha prestado relativamente poca atención a su segundo y tercer objetivos, que son la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Esta es una de las razones por las cuales la CDB no ha podido obtener los resultados esperados. En la última década, la falta de voluntad política de las partes de la CDB condujo al fracaso en la consecución de los objetivos de Aichi, y existe abundante literatura que demuestra que la destrucción de la biodiversidad sigue ocurriendo a un ritmo galopante.

Un nuevo marco debería ser una oportunidad única para corregir los errores del pasado. La CDB abarca un amplio abanico de temas, pero no ha conseguido abordar las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, y su excesiva atención a objetivos como el de las áreas protegidas, centrado en la cantidad y no en la calidad, ha ocultado enormes incoherencias en nuestro abordaje de la pérdida de biodiversidad.

Por ejemplo, el Forest Peoples Programme, miembro de la Alianza de la CDB, reportó que el financiamiento global para la biodiversidad ha aumentado significativamente en la última década, y se calcula que actualmente oscila entre 78.000 y 147.000 millones de dólares al año. Sin embargo, se ve superado ampliemante por las subvenciones públicas y los flujos financieros que impulsan la pérdida de biodiversidad, estimados en entre 500.000 millones de dólares y varios billones de dólares al año.

Además, aunque la contribución de los pueblos indígenas y las comunidades locales es ampliamente reconocida como de vital importancia para la protección de la biodiversidad, a menudo se ven afectados negativamente por el financiamiento para la biodiversidad y sus esfuerzos reciben pocos apoyos directos.

Otro miembro de la Alianza de la CDB, la Red del Tercer Mundo, informó que en 2019, 50 de los bancos más grandes del mundo respaldaron con más de 2,6 billones de dólares en industrias reconocidas como causantes de pérdida de biodiversidad. Un estudio reciente llegó a la conclusión de que “el sector financiero está financiando la crisis de extinción masiva, al tiempo que socava los derechos humanos y la soberanía indígena”.

Según la Coalición Mundial por los Bosques, también integrante de la Alianza de la CDB, el financiamiento del clima y la generación de energía renovable subsidiada son una forma de subvención directa que a menudo perjudica a los bosques y no reduce las emisiones. El ejemplo más destacado de ello es el de la central eléctrica de Drax, en el Reino Unido, que recibe dos millones de libras esterlinas (unos 2,8 millones de dólares) al día para producir electricidad altamente contaminante a partir de madera talada de bosques de humedales de gran biodiversidad en el sureste de Estados Unidos, entre otros lugares. Otros ejemplos son el subsidio del Fondo Mundial para el Medio Ambiente a las empresas siderúrgicas para que produzcan carbón vegetal a partir de plantaciones de eucalipto en Brasil, y las numerosas subvenciones a nivel nacional y de la Unión Europea que recibe la industria de la pulpa y el papel en Portugal.

Recientemente, en un acto organizado por el Secretariado de la CDB, varios de los llamados líderes globales prometieron grandes cantidades de dinero para la biodiversidad. Sin embargo, los países del norte global han incumplido sus compromisos internacionales en relación con fondos nuevos y adicionales. Lo que prometen para la naturaleza está mezclado con todo tipo de planes que no abordan las verdaderas causas de la pérdida de biodiversidad. Y las cantidades prometidas para proteger la biodiversidad se ven claramente superadas por todo el dinero que se invierte en su destrucción.

Además de estas preocupantes contradicciones e incoherencias, los grupos poderosos y las naciones desarrolladas intentan constantemente y por todos los medios eludir sus responsabilidades. Consideramos que la presión para incorporar en la CDB términos tales como “soluciones basadas en la naturaleza” no es más que otro truco de los grandes contaminadores para incumplir sus obligaciones y una nueva forma de “lavado verde” y de acaparamiento de tierras por parte de las empresas.

¿Por qué todo esto no sale en los medios de comunicación? Esto es lo que ocurre cuando los principales actores enfocan toda su atención en determinadas políticas y actividades, tales como el aumento de las áreas protegidas. Las áreas protegidas no son malas en sí, pero están lejos de ser una solución real, como lo es el cambio en nuestros patrones de producción y consumo. La narrativa en torno de la CDB debe reorientarse hacia las causas profundas de la pérdida de biodiversidad, que son más estructurales y están relacionadas con la justicia y la equidad. Del mismo modo en que el cambio climático ya no es considerado un problema puramente medioambiental, tenemos que entender al panorama general de destrucción de la biodiversidad en relación con los derechos de los pueblos indígenas y tribales, los campesinos, las mujeres, las generaciones futuras y la propia naturaleza. Hay que acabar con la mercantilización de la naturaleza, ya que la naturaleza no nos pertenece ni a nosotros ni a unos pocos privilegiados entre nosotros. La naturaleza no necesita esquemas extravagantes ni mucho dinero para prosperar, necesita que dejemos de destruirla. Esta narrativa debería hacer que todos deseáramos y trabajáramos realmente por un profundo cambio individual y colectivo.

¿Qué cambios debería aportar el Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

La CDB es un acuerdo jurídicamente vinculante y, si se implementa plenamente, tiene un gran potencial. El Marco Global de la Biodiversidad post-2020 debería ser el instrumento para hacer cumplir las obligaciones legales de las partes de la CDB mediante mecanismos de rendición de cuentas que sancionen toda inacción. También es una oportunidad para adoptar un enfoque basado en los derechos que sitúe en el centro del debate a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres y los campesinos, así como a los derechos de la naturaleza, conectando a la CDB con el andamiaje internacional de los derechos humanos. 

Varios informes han demostrado que se han cometido violaciones de derechos humanos en aras de la promoción de las áreas protegidas. Aunque abordar la crisis de la biodiversidad y el cambio climático es posible e inevitable, diversos intereses presionan para que esta conexión se centre en las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, que no son sino una tapadera para esquemas como las compensaciones, que no benefician a la naturaleza sino al statu quo y no aportan soluciones reales a nuestros problemas estructurales.

Otro gran desafío radica en el hecho de que la implementación de las normas medioambientales suele estar en manos de los ministerios de medio ambiente, que suelen ser completamente impotentes en comparación con otros que son los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad. Con el nuevo Marco Global de la Biodiversidad esto tiene que cambiar.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad se ha pospuesto dos veces debido a la pandemia de COVID-19. ¿Qué desafíos ha provocado esta situación?

El primer desafío que enfrentamos fue que los países del norte global presionaron fuertemente para continuar con las negociaciones a través de medios virtuales, sin tener en cuenta las diversas dificultades experimentadas no solamente por sus pares del sur global sino también por la sociedad civil. La Alianza de la CDB expresó en varias ocasiones su preocupación por las desigualdades e injusticias de las negociaciones virtuales y apoyó la propuesta de las partes del sur global de posponer las negociaciones. Recién cuando los Estados africanos y algunos latinoamericanos expresaron su profunda preocupación por esta situación, las naciones ricas dieron marcha atrás. Se mantuvieron las reuniones en línea para que las conversaciones pudieran continuar, pero se estableció que las decisiones solo se adoptarían en reuniones presenciales.

¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar mejor el trabajo que están realizando en torno del Marco Global de la Biodiversidad post-2020?

Algunos de nuestros objetivos son garantizar que el Marco Mundial de la Diversidad post-2020 se centre en una sólida declaración de principios tales como los de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR); un mecanismo para lidiar con los incumplimientos, que incluya sanciones y esté bien integrado con el principio de CBDR; un objetivo centrado en las personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente y en las mujeres, ya que ellas son quienes están defendiendo la biodiversidad en el mundo real; y un objetivo sobre la prohibición de grandes alteraciones de la naturaleza.

Una vez aprobado el Marco, nuestra misión será coordinarnos con las regiones, redes y organizaciones que tienen una conexión directa con quienes trabajan en el terreno y en las primeras líneas. Esta coordinación deberá incluir una difusión masiva e intensa del Marco, pero centrándose en cómo puede empoderar a la gente en sus resistencias, luchas y proyectos.

Aunque enfrenten obligaciones jurídicamente vinculantes, los gobiernos no mostrarán voluntad política a menos que enfrenten suficiente presión desde abajo. Dicha presión no puede producirse en ausencia de empoderamiento e información acerca de las decisiones adoptadas a nivel internacional.

Póngase en contacto con la Alianza de la CDB a través de su sitio web, su página de Facebook y su cuenta de Twitter. 

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Sascha Müller-Kraenner, director ejecutivo de Acción Medioambiental Alemania (Deutsche Umwelthilfe), una organización que promueve modos de vida sostenibles y sistemas económicos que respetan los límites ecológicos. Lleva más de 40 años defendiendo la conservación de la diversidad biológica y la protección del clima y los bienes naturales.

Foto: Stefan Wieland

¿Cuál es el principal problema climático en su país?

Alemania y Europa deben eliminar progresivamente el gas fósil para tener alguna esperanza de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC. Los políticos aún no aceptan esta realidad, y el debate público se ve enturbiado por el lobby del gas, que impulsa una campaña engañosa para presentar el gas fósil como limpio, barato y respetuoso del medio ambiente. Pero tomarse en serio la preservación del clima supone transformar todo el sistema energético, y en esta transformación el gas fósil no tiene cabida. Tenemos que dejar de subvencionarlo y de construir nuevas obras de infraestructura a su servicio.

Las energías renovables y la eficiencia energética deben ampliarse masivamente para reducir la demanda de gas y generar energía limpia. En el sector de la calefacción, tenemos que prohibir la venta de nuevos calentadores de gas y sustituir los existentes por tecnologías sostenibles, tales como las bombas de calor, en lugar de ofrecer falsas soluciones como el hidrógeno.

La aparición de los llamados “gases verdes”, como el hidrógeno, supone una amenaza y una oportunidad en este sentido, y el diseño de una normativa adecuada para un futuro neutro desde el punto de vista climático es un desafío fundamental. Como el suministro de hidrógeno verde será muy limitado, ya que su producción es muy costosa, tenemos que utilizarlo solamente en los sectores que son más difíciles de descarbonizar, como los procesos industriales de alta temperatura, más que para la calefacción o el transporte, donde hay otras opciones disponibles.

¿De las devastadoras inundaciones que sufrió Alemania en julio, han resultado un mayor reconocimiento de la crisis climática y una mayor voluntad de actuar?

Un mayor reconocimiento, sí. Las inundaciones fueron atribuidas por la mayoría, y con razón, al cambio climático. Sin embargo, el debate no ha cambiado mucho una vez superada la crisis inmediata. El gobierno tuvo que comprometer 30.000 millones de euros (unos 35.000 millones de dólares) para reparar los daños causados por las inundaciones y reconstruir las regiones afectadas. Sin embargo, en el contexto de las elecciones federales, la política climática fue debatida como un “costo” que la sociedad tiene que pagar por razones altruistas.

Presentar la política climática como contrapuesta al desarrollo económico es una falsa dicotomía. La verdad es que debemos reducir las emisiones, incluso en las áreas donde resulta difícil, precisamente para evitar que eventos terriblemente costosos como las inundaciones y las sequías sean cada vez más frecuentes. Sigue faltando esta conciencia de que necesitamos proteger el clima para protegernos a nosotros mismos.

¿Hasta qué punto la crisis climática estuvo presente en la campaña electoral de octubre, y cómo está presionando el movimiento climático al posible nuevo gobierno para que haga más en ese sentido?

Según las encuestas, el cambio climático fue el tema más importante de las elecciones. Esto se debe, en parte, a la frustración con el gobierno saliente de “gran coalición”, que se mostró complaciente con la crisis climática, incapaz de alcanzar sus propios objetivos y poco dispuesto a tomar decisiones de gran alcance en áreas críticas como las energías renovables, la construcción, el transporte y la agricultura.

El movimiento por el clima, y en particular el de Viernes por el Futuro, se ha fortalecido mucho desde las elecciones de 2017. La juventud está movilizada y mantendrá la presión porque teme, y con razón, por su futuro. Es muy probable que el partido de los Verdes forme parte del nuevo gobierno tras conseguir el mejor resultado electoral de su historia. Esto es un buen augurio para la política climática así como para el ejercicio de influencia por parte del movimiento por el clima. El Partido Verde es, de lejos, el más experto y dispuesto a adoptar una política climática ambiciosa, y también el más abierto a las preocupaciones del movimiento por el clima.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Deutsche Umwelthilfe se vincula con el movimiento por el clima en Europa a través de su membresía en asociaciones paraguas como Climate Action Network-Europe y European Environmental Bureau. Participamos regularmente junto con nuestros socios europeos en intercambios y grupos de trabajo sobre diversos temas, tales como la eliminación progresiva del gas, la regulación de las emisiones de metano, el financiamiento sostenible y la calefacción sustentable.

¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentra a este tipo de procesos internacionales?

No hay duda de que la cooperación internacional es crucial si queremos limitar el calentamiento global de forma efectiva, y el Acuerdo de París es testimonio de ello. Sin embargo, desde el inicio de la serie de reuniones de la Conferencia de las Partes hemos visto un aumento continuo de las emisiones a nivel global. Muchos también critican estos eventos porque están fuertemente patrocinados por la industria y, por lo tanto, sus resultados están algo inclinados en dirección de las expectativas de la industria.

Así, los procesos internacionales son, por un lado, cruciales, pero, por otro, son también una oportunidad para que la industria de los combustibles fósiles gane, o al menos conserve, su reputación como parte de la solución a la crisis climática, al tiempo que en muchos casos continúa impidiendo que se produzcan avances.

Por lo tanto, debemos tener cuidado al considerar de manera realista los resultados que pueden surgir de la COP26. Espero que se avance en compromisos de reducción de emisiones para estar en condiciones de cumplir el Acuerdo de París. Pero será necesario que la sociedad civil exija e implemente los cambios necesarios, independientemente del resultado de la COP26. Nosotros somos y seguiremos siendo parte de ese cambio.

¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

En los últimos años hemos sido testigos de los increíbles esfuerzos realizados por la generación joven para que por fin se actúe en consonancia con las promesas hechas en el Acuerdo de París. Sin embargo, con demasiada frecuencia los responsables de la toma de decisiones hacen caso omiso de sus conocimientos y demandas en torno a la crisis climática y, en cambio, siguen actuando como de costumbre. Creo que todos nos beneficiaríamos si la juventud tuviera mayor influencia en los procesos de toma de decisiones con potencial para detener el calentamiento global.

El espacio cívico en Alemania es calificado como “abierto” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Deutsche Umwelthilfe a través de su sitio web o sus páginas de Facebook e Instagram, y siga a @Umwelthilfe y a @sascha_m_k en Twitter. 

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Center for Environmental Concerns (CEC) - Filipinas, una organización de la sociedad civil (OSC) que ayuda a las comunidades filipinas a afrontar desafíos medioambientales. Fundada en 1989 por iniciativa de organizaciones que representan a pescadores, agricultores, pueblos indígenas, mujeres, personas que experimentan pobreza urbana y sectores profesionales, el CEC se dedica a la investigación, la educación, la incidencia y las campañas medioambientales. También integra la secretaría de la Red de Defensores del Medio Ambiente de Asia y el Pacífico (APNED), una coalición de organizaciones que trabajan solidariamente para proteger el medio ambiente y a sus defensores.

¿Cuál es el principal problema climático en tu país?

El principal problema ambiental que enfrenta Filipinas actualmente es la proliferación de proyectos y programas destructivos del medio ambiente. Esta situación ha persistido e incluso empeorado durante la pandemia.

Recientemente, el gobierno actual levantó una moratoria a la minería, basándose en el argumento de que ayudaría a la recuperación de la economía, después de que ésta se viera duramente afectada por la mala respuesta a la pandemia. Esto habilitará unos 100 acuerdos mineros en diferentes partes del país. Muchas comunidades se opusieron a esta medida debido a los impactos negativos que ya tienen los proyectos mineros actualmente en funcionamiento. Un ejemplo de ello es el pueblo de Didipio, Nueva Vizcaya, en el norte de Filipinas, donde se renovó por 25 años más un acuerdo minero con la empresa australiano-canadiense OceanaGold. Las comunidades indígenas de Bugkalot y Tuwali ya sufren la falta de suministro de agua debido a la actividad minera y temen que esto empeore si dicha actividad continúa.

Los proyectos de infraestructura también son una prioridad del gobierno, que afirma que estos contribuirán a mejorar la situación de la economía. Sin embargo, hay proyectos financiados con onerosos préstamos extranjeros que solo empeorarán la situación de la población local. Un ejemplo de ello es la represa de Kaliwa, financiada por China, en la provincia de Rizal, al sur de la isla de Luzón. La reserva invadirá los territorios ancestrales del pueblo indígena Dumagat, incluidos sus lugares sagrados, así como un área protegida.

Otro ejemplo son las plantaciones de monocultivo que se encuentran sobre todo en las provincias de Mindanao. Las tierras ancestrales de los pueblos indígenas Lumad se han convertido en plantaciones de plátanos y piñas. Algunos residentes reportan enfermedades causadas por los productos químicos sintéticos utilizados en las plantaciones y muchos están siendo desplazados de sus tierras de cultivo.

Estos son algunos ejemplos de proyectos prioritarios impulsados por el gobierno para conducirnos al llamado desarrollo. Sin embargo, es evidente que no mejoran realmente la situación de las comunidades locales, que en su mayoría ya se encuentran en situación de pobreza. Además, los recursos naturales del país en su mayoría no son explotados en beneficio de sus ciudadanos, ya que los productos extraídos se destinan a la exportación. Se benefician de ellos unas pocas empresas locales e internacionales. Los recursos naturales se utilizan para obtener beneficios y no para impulsar el desarrollo nacional.

¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que realizan?

El CEC trabaja con las comunidades locales, ya que creemos que las luchas medioambientales no pueden ganarse sin el esfuerzo conjunto de quienes sufren el impacto medioambiental. El verdadero poder proviene de las organizaciones de base. Las OSC como la nuestra y otros sectores deben apoyar sus esfuerzos, conectando las luchas locales para construir un fuerte movimiento medioambiental a nivel nacional e internacional.

A causa del apoyo que brindamos a las comunidades locales, hemos enfrentado represalias. En 2007, Lafayette Mining Ltd, una empresa minera australiana, presentó una demanda por difamación contra el entonces director ejecutivo de CEC, ya que éste había denunciado los impactos de las actividades de la empresa. En 2019 y 2021, nuestra organización fue víctima de una práctica habitual mediante la cual el gobierno declara a personas y organizaciones como terroristas o comunistas. Lo hizo en represalia por las misiones humanitarias que realizamos tras un tifón y durante la pandemia. 

También se nos amenazó con una redada policial en nuestra oficina, en represalia por ofrecer refugio a niños indígenas Lumad que se habían visto obligados a abandonar sus comunidades debido a la militarización, las amenazas y el acoso. Nuestras acciones de protesta pacífica suelen ser dispersadas violentamente por la policía y las fuerzas de seguridad privadas, y en 2019 un miembro del personal de nuestra organización fue detenido.

Detrás de todos estos ataques están las fuerzas de seguridad del Estado junto con las fuerzas de seguridad privadas de las corporaciones. La policía y el ejército claramente se han convertido en parte de las fuerzas de seguridad de las corporaciones, utilizando medidas represivas para garantizar el buen funcionamiento de sus operaciones.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Dado que muchos países, especialmente del sur global, están experimentando problemas medioambientales similares, reconocemos la necesidad de conectarnos con organizaciones de otros países. En 2015, el CEC se contó entre los convocantes de la Conferencia Internacional de los Pueblos sobre la Minería, que ofreció a personas defensoras del medio ambiente la posibilidad de aprender de las experiencias de los demás y coordinar campañas locales.

El CEC también ayudó a crear la APNED, una red de campañas solidarias que provee apoyo mutuo para la realización de campañas, plantea los temas a nivel internacional, aboga por una mayor protección de las personas defensoras, realiza actividades de capacitación y facilita servicios. Creemos que la solidaridad entre personas defensoras es importante para ayudar a fortalecer los movimientos locales, así como la lucha internacional por nuestros derechos medioambientales.

¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

Incluso antes de la pandemia, existía preocupación por la inclusión de las personas defensoras del medio ambiente de base o en las primeras líneas en procesos internacionales tales como estas conversaciones sobre el clima. La falta de inclusión se hizo más evidente con la pandemia, ya que muchas OSC han tenido dificultades para asistir a causa de los requisitos y gastos adicionales. Además, sólo las organizaciones acreditadas pueden asistir a los actos oficiales, y son muy pocas las que están acreditadas. Asimismo, los informes de los gobiernos suelen estar muy alejados de la realidad. El empeoramiento de la crisis climática es la prueba de que los gobiernos no están haciendo lo suficiente.

A pesar de ello, seguiremos participando en los eventos formales y paralelos de la COP26, con el objetivo de llamar la atención sobre la forma en que muchos países desarrollados y grandes empresas están profundizando la crisis climática mediante el acaparamiento de recursos y la explotación de los recursos naturales de los países pobres, exacerbando la pobreza existente, y de qué manera se esgrimen falsas soluciones para desviar nuestra atención de su responsabilidad y falta de rendición de cuentas. También queremos destacar la importancia de las personas defensoras del medio ambiente en la protección de nuestro entorno y la defensa de nuestros derechos medioambientales, y por lo tanto la necesidad de garantizar que no sufran más violaciones de sus derechos humanos por motivos políticos que les impidan realizar su importante labor.

¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

Esperamos que el marco capitalista orientado al beneficio cambie en Filipinas. Esto garantizaría el abordaje de los conflictos por los recursos, el mantenimiento de la protección del medio ambiente para el equilibrio ecológico, el establecimiento de auténticos programas de adaptación al cambio climático y la atención que los grupos vulnerables necesitan. Esto también supone responsabilizar a los países y a las empresas que contribuyen a la crisis climática y proporcionar apoyo a los países pobres para que puedan adaptarse.

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En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil sobre los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas respecto de la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Antonella Regular y Joaquín Salinas, respectivamente Coordinadora de Comunicación y Coordinador del área de Formación de Juventudes COP Chile, una plataforma independiente de jóvenes enfocada en la acción climática. La agrupación busca generar espacios de incidencia para la población juvenil y es un espacio intergeneracional e interseccional de enseñanza mutua.

¿Cuáles son los principales problemas ambientales en Chile?

Un problema de base corresponde directamente a las zonas de sacrificio medioambiental o con un alto nivel de impacto ambiental, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes que tienen un impacto directo sobre las comunidades. Otro problema es la minería y la forman en que los derechos de extracción se posicionan sobre los derechos de las comunidades y el medio ambiente, con explotaciones como la del controversial proyecto Dominga en la región de Coquimbo, en la costa centro-norte de Chile. Y en el sur, el tema de la deforestación.

Estas problemáticas ambientales son nuestra vía de entrada en las comunidades: nos permiten conocer cuáles son los desafíos y las metas para poder incidir y accionar, y no solamente exigir. Desde la plataforma buscamos generar soluciones para los problemas.

El hecho de que los jóvenes no encuentren espacios donde sean escuchados y puedan participar activamente en la toma de decisiones también es un problema. Ahora Chile está pasando por un proceso constituyente: tenemos una Asamblea Constituyente muy diversa y plural, elegida directamente por la ciudadanía, que está redactando una nueva Constitución. Por primera vez existe la posibilidad de que algunas demandas históricas que fueron ignoradas durante mucho tiempo sean atendidas. En este momento decisivo es importante que los jóvenes sean incluidos en la toma de decisiones y que puedan incidir en el diseño de políticas públicas progresistas.

¿Cómo se conectan sus acciones con el movimiento global por el clima?

La plataforma Juventudes COP Chile trata de ser un puente entre la sociedad civil y los espacios de incidencia internacionales como las conferencias climáticas. Nuestro objetivo es la sociedad civil en su conjunto se empodere con opiniones y exigencias para incidir en estos espacios. Hemos abierto espacios de participación y generado alianzas, y todas las propuestas que han surgido en esos espacios serán entregadas a la COP26. 

Juventudes COP Chile promueve la participación de los jóvenes y los incita a tomar una posición activa. Estamos presentando propuestas, no nos limitamos a exigir cambios sosteniendo un cartel.

¿Qué avances esperan de la COP26? Más en general, ¿qué utilidad les ven a estos procesos internacionales?

Hay muchos asuntos que quedaron pendientes de la COP25. Por ejemplo, cerrar el libro de reglas en relación con el artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a los mercados de carbono, para que estados y empresas intercambien unidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Esperamos que en esta COP los países se pongan de acuerdo de una vez y haya un gran avance en ese sentido. También deberían dejar de aplazar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) hasta el 2050. Y las NDC deberían dejar de ser voluntarias. Esto parece casi una burla teniendo en cuenta el estado de la crisis climática.

Es urgente que haya avances porque estamos viendo que el cambio climático es real y está ocurriendo. Algunos cambios son ya irreversibles: los estamos experimentando diariamente en nuestro relacionamiento con el medio ambiente y es posible que apenas podamos ya adoptar normas de adaptación.

Las partes participantes de la COP26 deberían darse cuenta de eso y dejar sus intereses de lado para pensar en la supervivencia de la especie humana. Deben escuchar a la ciencia y a los jóvenes. La participación de los jóvenes en estos procesos no puede ser un mero protocolo: debe ser real, activa y significativa.

¿Qué cambios les gustaría ver, en el mundo o en su comunidad, que puedan ayudar a resolver la crisis climática?

En nuestras comunidades esperamos una mayor participación y acceso a la información. En Chile hay una gran centralización: todo ocurre en la capital, Santiago de Chile, y eso genera un déficit de participación ciudadana en la toma de decisiones y de entrega de información en las comunidades. Esperamos que se avance en temas de descentralización y redistribución de poder efectivo de toma de decisiones.

Uno de los principios de Juventudes COP Chile es precisamente la descentralización, y por eso trabajamos con personas de diferentes partes del país. Nos gustaría ver una adopción más masiva de algunas de las prácticas que integramos en Juventudes COP, tales como el artivismo, la cultura regenerativa, la horizontalidad y el trabajo comunitario.

A nivel nacional, esperamos que los políticos empiecen a tomarse este problema en serio. Tienen que trabajar para reducir la contaminación y paliar la crisis climática. Deben partir del reconocimiento de que la crisis climática es una crisis de derechos humanos, que afecta drásticamente la calidad de vida de las personas y las comunidades más vulnerables. Es importante que haya un reconocimiento de que esto está ocurriendo y de que es un problema grave.

Un paso importante para empezar a andar sería que Chile finalmente firme el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo con disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Durante años Chile impulsó las negociaciones que resultaron en este acuerdo, pero luego decidió no firmarlo. Debería hacerlo sin demoras.

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CIVICUS conversa con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, sobre las recientes elecciones presidenciales y el estado de la democracia en Perú. La Asociación Civil Transparencia es una organización de la sociedad civil independiente que trabaja por la calidad de la democracia y la representación política mediante la facilitación del diálogo entre actores políticos, gubernamentales y de sociedad civil, la implementación de programas de educación y de desarrollo de capacidades para el liderazgo ciudadano y político, la elaboración de propuestas de política pública y la observación de los procesos electorales.

¿Cuáles fueron las particularidades de este proceso electoral, y qué es lo que estuvo en juego?

Las últimas elecciones generales estuvieron vinculadas con varios procesos políticos y sociales. En primer lugar, tuvo lugar al cabo de un período de cinco años muy inestable políticamente, en el cual tuvimos cuatro presidentes -Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti- y el Congreso fue disuelto constitucionalmente. Al mismo tiempo, la economía ya no venía creciendo tanto, con lo cual empezó a aumentar el descontento social. En este contexto, los escándalos de corrupción terminaron por minar la credibilidad de los partidos políticos. A esto se sumó el impacto socioeconómico de la pandemia, que generó mayores demandas redistributivas.

Como resultado de todos estos procesos, se produjo una atomización de las preferencias de la ciudadanía. Los efectos de esta situación se expresaron en una gran fragmentación del voto en las elecciones parlamentarias de enero de 2020 y, nuevamente, en la primera vuelta de la elección presidencial de abril de 2021, donde los dos candidatos que salieron primeros, y que por lo tanto pasaron a la segunda vuelta, sacaron en conjunto apenas el 33% de los votos. En un Congreso de 130 asientos hay representados diez partidos políticos diferentes.

En la segunda vuelta, el triunfo de Pedro Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular -un partido de derecha-, mostró el gran peso que tuvo la demanda de cambio, sumada al rechazo de la política convencional de los últimos años.

Sin embargo, los resultados oficiales demoraron en ser proclamados, lo cual generó un clima de gran incertidumbre. En un contexto de alta polarización, hubo un aumento exponencial de los recursos contra los resultados electorales: lo habitual es que se presente menos de una decena, pero en esta ocasión se presentaron más de mil, ninguno de los cuales fue considerado con fundamentos. Se hizo un uso instrumental de estos recursos: las denuncias infundadas de fraude fueron utilizadas para alargar al máximo el proceso y tratar de impedir la oficialización de los resultados. Si bien este intento no tuvo éxito, demoró la transferencia del poder y aumentó la desconfianza hacia la política y las instituciones electorales.

¿Por qué hubo tanta gente que no fue a votar?

La tasa de ausentismo en la primera vuelta fue de casi 30%, algo superior a la de las elecciones legislativas de 2020, cuando había sido del 26%; sin embargo, en la segunda vuelta bajó a menos de 24%. Hay que recordar que la primera vuelta electoral se dio en el punto más alto de la pandemia de COVID-19 en Perú. En otros países, como Chile, ni siquiera fue posible votar debido a la emergencia sanitaria, pero en Perú las elecciones se desarrollaron normalmente. En realidad, es notable que el ausentismo no haya sido más alto.

¿Qué rol desempeñó Transparencia en relación con el proceso electoral?

En el período previo a las elecciones, en el marco de la campaña #DecideBien, Transparencia difundió información sistemática sobre los partidos, las candidaturas y las propuestas, para que la ciudadanía pudiera evaluar sus opciones. Desglosamos los programas de gobierno para que cada persona pudiera conocer y comparar las propuestas de cada candidato en torno de los temas de su interés y votar en función de ese conocimiento.

Además, invitamos a la ciudadanía a inscribirse a la Red Nacional de Voluntariado de Transparencia para participar como observadores en las elecciones. Desde nuestra perspectiva, la observación electoral consiste en vigilar, orientar y dar testimonio de los hechos ocurridos durante la jornada electoral, además de hacer pedagogía ciudadana sobre la conducta y las reglas electorales.

Con esta red de voluntarios y voluntarias Transparencia observó el proceso y desde un primer momento señaló que el proceso electoral se había desarrollado con normalidad, más allá de los incidentes menores que suelen ocurrir en todas las elecciones, pero que no afectan los resultados.

En vistas de las alegaciones infundadas que buscaron desacreditar el proceso, también trabajamos para contrarrestar la desinformación electoral. El fenómeno de la desinformación en redes sociales, en particular después de la segunda vuelta, fue mucho más fuerte que en elecciones anteriores, y las propias autoridades electorales tuvieron que montar equipos dedicados casi exclusivamente a desmentir las “noticias falsas”. El clima de polarización seguramente contribuyó a aumentar el impacto de la desinformación.

¿Qué desafíos políticos se perfilan tras las elecciones?

Los principales desafíos son cómo reducir la desconfianza en el Estado, como encarar la insatisfacción con la democracia y cómo mejorar la representación política. Aunque en comparación con estos retos, la polarización política, que se exacerbó en el contexto electoral, es menos preocupante, también debe ser considerada. Si bien los sectores más radicalizados siguen atizando la polarización, se trata de sectores minoritarios. Lograron polarizar las elecciones porque consiguieron pasar a la segunda vuelta a pesar de haber conseguido un bajo porcentaje de votos, pero pasadas las elecciones, la mayoría de la ciudadanía se ubica lejos de los extremos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la desconfianza, la insatisfacción y la sensación de falta de representación son elementos que los sectores que buscan polarizar pueden aprovechar en su beneficio.

Es necesario recuperar la confianza en las elecciones. Para eso debemos continuar formando e informando a la ciudadanía sobre las reglas de las elecciones, la política y la democracia. También debemos mejorar los mecanismos de que disponemos para combatir la desinformación. Asimismo, es necesario avanzar en las reformas electorales pendientes, para crear incentivos para el fortalecimiento de los partidos políticos, así como para mejorar la calidad de la representación política.

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En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Charles Wanguhu, activista social y coordinador de la Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas, un foro donde las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes comparten información, planifican y elaboran estrategias comunes para llevar a cabo una labor de incidencia conjunta, se vinculan con organismos gubernamentales, empresas y medios de comunicación, e informan y concientizan a la ciudadanía.

¿Cuál es el problema medioambiental de su país en el cual está trabajando?

La Plataforma de la Sociedad Civil de Kenia sobre el Petróleo y el Gas es una organización de membresía sin ánimo de lucro que trabaja por la sostenibilidad del sector del petróleo y el gas en Kenia y por transiciones energéticas justas. Con el descubrimiento de petróleo en el condado keniano de Turkana, nuestro trabajo pasó a incluir la incidencia en favor de marcos políticos y legales que garanticen la justicia medioambiental y las consideraciones climáticas en el desarrollo del petróleo. Hacemos este trabajo a través de la revisión de políticas y normativas y el desarrollo de capacidades para que las comunidades locales puedan participar de forma efectiva en los procesos de evaluación del impacto ambiental y social (EIAS) y así salvaguardar su entorno. 

También participamos directamente en la revisión de las EIAS, abogando siempre por la inclusión de las consideraciones relativas al cambio climático y la protección del medio ambiente a nivel de proyecto. Por ejemplo, a medida que el proyecto petrolero de Turkana se fue acercando a la fase de producción, hemos participado en los foros de consulta con las partes interesadas del proyecto, donde hemos planteado la necesidad de que la EIAS del proyecto incorpore evaluaciones de impacto en materia de cambio climático. También hemos abogado por la transparencia en el sector mediante la divulgación de los acuerdos y licencias petroleras para que la ciudadanía pueda entender las obligaciones de las empresas petroleras en materia de medio ambiente y cambio climático, lo cual redundará en una mayor rendición de cuentas por parte del Estado y de estas empresas.

¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

La reducción del espacio cívico sigue siendo un desafío en el entorno en que trabajamos. Los grupos de la sociedad civil enfrentan reacciones negativas del gobierno cuando se refieren a temas de actualidad. Las restricciones suelen consistir en la denegación de permisos para realizar protestas o celebrar reuniones relacionadas con los proyectos de su interés. En algunos casos, organismos gubernamentales como la Junta de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y la autoridad impositiva de Kenia han sido utilizados para atacar a las OSC.

También enfrentamos restricciones por parte de las empresas, tales como la exclusión deliberada de las OSC de eventos de participación pública. Aquellos de nuestros miembros que han expresado su preocupación o se han hecho oír en cuestiones relacionadas con la extracción de recursos gasíferos y petroleros se han encontrado con que ya no se les invita a participar o no se les permite hacer comentarios en las audiencias públicas.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Estamos desarrollando un programa panafricano para una transición justa que implicará la colaboración con otros grupos regionales e internacionales para garantizar que la transición energética mundial sea justa para África y refleje los impactos de la crisis climática en el continente.

¿Qué esperanzas tiene en relación con la COP26, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

La inclusión de consideraciones sobre el cambio climático a nivel de proyecto ya tiene un asidero legal en Kenia a través de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Ley de Cambio Climático aprobada en Kenia en 2016. El retraso en la implementación de la ley ha supuesto un desafío, pero tenemos conocimiento de varios proyectos de reglamentación que están siendo revisados para su eventual promulgación.

En lo que respecta a la transición energética justa, esperamos que se impongan obligaciones más estrictas que cumplan con el principio de responsabilidad común pero diferenciada, el cual reconoce que los distintos países tienen diferentes responsabilidades y capacidades para abordar cuestiones transfronterizas tales como el cambio climático. Esto garantizaría que África no se quede atrás en la transición o, lo que es peor, que la transición no se produzca a sus expensas.

Los procesos internacionales han sido útiles en la medida en que han facilitado en parte la domesticación de los marcos legales y políticos sobre cambio climático, pero ciertamente esperamos un mayor compromiso por parte de los Estados.

¿Qué cambio le gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

Quisiéramos que se acelerara la implementación de los marcos jurídicos y las obligaciones en materia de cambio climático, a nivel tanto local como internacional. Además, quisiéramos que los países desarrollados del norte global se comprometieran y cumplieran sus promesas de financiamiento para el clima realizadas en el marco del Acuerdo de París. Esto será muy útil para financiar transiciones energéticas justas en África.

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En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Nyang'ori Ohenjo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo de los Derechos de las Minorías (CEMIRIDE), una organización de la sociedad civil keniana que aboga por el reconocimiento de las minorías y los pueblos indígenas en los procesos políticos, legales y sociales y trabaja para capacitar a las comunidades para obtener medios de vida sostenibles.

¿Cuál es el problema climático de su país en que se centra su trabajo?

Nos centramos en los efectos cada vez peores del cambio climático, especialmente sobre los grupos más vulnerables, como los pueblos indígenas. A pesar de que cuenta con una gran cantidad de programas climáticos, Kenia no está logrando los objetivos deseados. Por ejemplo, en el norte del país se está produciendo un aumento de las sequías, con las habituales consecuencias nefastas, y el presidente ya ha declarado la sequía de este año como desastre nacional.

El desafío principal es que los marcos políticos no conectan con la agenda de las comunidades indígenas, que incluyen a comunidades pastoriles, habitantes de los bosques y comunidades de pescadores. Esto deja a estas comunidades y a sus sistemas económicos en situación de vulnerabilidad y no aporta soluciones que mejoren su resiliencia. Los programas y las políticas suelen ignorar los elementos culturales.

Los pastores, por ejemplo, diversifican sus rebaños en cuanto a sexo, edad y especie para distribuir los riesgos y maximizar las pasturas disponibles. El tamaño de los rebaños se equilibra con el tamaño de las familias, y la composición de los rebaños busca responder a las necesidades familiares. A veces los rebaños se dividen como estrategia de supervivencia, sobre todo en tiempos de sequía, y para permitir un uso innovador de los recursos disponibles. A través de sistemas de apoyo mutuo, los pastores se cuidan entre sí para poder recuperarse rápidamente de los desastres. Cada grupo de pastores tiene una forma diferente de apoyar a sus miembros, por ejemplo mediante diversas formas de ganar dinero en efectivo y diversificar sus medios de vida. Sin embargo, la ayuda alimentaria y las dádivas se han convertido en la norma política en tiempos de crisis como la actual sequía, lo cual no tiene sentido económico para nadie, y en particular para las comunidades pastoriles.

En los 50 años en que predominó la perspectiva de la ayuda alimentaria no se logró una solución sostenible; de ahí la necesidad de un verdadero cambio de política, que nos desplace de la respuesta a las catástrofes, que es reactiva, a la preparación, que es proactiva. Esto implica tener a mano una cantidad de recursos básicos, incluido dinero en efectivo de ser necesario, antes de que se produzca la crisis, para ayudar a las comunidades a atravesar los momentos difíciles, al mismo tiempo que se enfoca la atención en la inversión y el desarrollo a largo plazo, de modo de aumentar la resiliencia de las comunidades para absorber futuras crisis.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Nos vinculamos a través del trabajo con numerosas redes globales de sociedad civil, entre ellas la de CIVICUS, y con organizaciones de promoción del desarrollo, organizaciones de base y grupos kenianos que reclaman acción por el clima, así como con instituciones académicas, órganos de las Naciones Unidas e instituciones regionales e internacionales de derechos humanos. El principal objetivo de estos vínculos es asegurar que las voces de las comunidades indígenas de Kenia sean escuchadas dentro del movimiento contra el cambio climático y puedan influir en las conversaciones internacionales.

La participación de los pueblos indígenas en el movimiento internacional por el clima, y el hecho de que los pueblos indígenas formen parte de una conversación que, de manera sensible al género, reconozca sus derechos y valore sus conocimientos tradicionales, así como sus prácticas innovadoras en materia de resiliencia climática, son fundamentales para diseñar y aplicar políticas y acciones climáticas eficaces.

A nivel nacional, a través de la Dirección de Cambio Climático, un departamento del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Kenia, y de la Plataforma Multisectorial de Agricultura Inteligente para el Clima, CEMIRIDE ha participado en el proceso en que se estableció la posición del gobierno keniano de cara a la COP26 y dentro de la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (Plataforma CLPI).

¿Cómo interactúan las comunidades indígenas con el gobierno de Kenia?

La iniciativa contra las emergencias por sequía, que finaliza en 2022, ha tenido éxito a la hora de desarrollar políticas climáticas, pero ha avanzado poco en la resolución del problema de la sequía. También está el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático (2018-2022), que prevé la participación e inclusión efectivas de las comunidades indígenas marginadas, pero, nuevamente, ha resultado en muy pocos avances en términos de asegurar una participación estructurada y significativa de estas comunidades en la implementación y el seguimiento del Plan de Acción Nacional.

El gobierno también está implementando el Proyecto de Agricultura Climáticamente Inteligente de Kenia, uno de cuyos componentes clave es la mitigación del clima. Sin embargo, su implementación carece de mecanismos estructurados de vinculación con las comunidades indígenas, las cuales por lo tanto tienen mínima presencia y capacidad de aportar a su diseño y puesta en marcha.

¿Qué esperanzas tiene de que la COP26 avance en estas cuestiones, y qué utilidad considera que suelen tener estos procesos internacionales?

Estos procesos internacionales como la COP26 son importantes para dar visibilidad a los pueblos indígenas en las conversaciones sobre el cambio climático. Aunque los gobiernos, y especialmente los de África, tardaron mucho tiempo en reconocer el rol de los pueblos indígenas y la necesidad de que sus voces sean escuchadas en la mesa internacional de toma de decisiones sobre el cambio climático, ahora han entendido que los pueblos indígenas pueden realmente influir en la dirección de estos procesos. En concreto, la Plataforma CLPI fue creada para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, crear capacidad para la participación de las partes interesadas en todos los procesos relacionados con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aprovechar los diversos sistemas de conocimiento y sus innovaciones para el diseño y la implementación de políticas y acciones por el clima.

CEMIRIDE espera que las voces de los pueblos indígenas ocupen el centro de la escena y que los gobiernos se comprometan a implementar soluciones locales por las cuales deban rendir cuentas, en vez de hacer amplias promesas globales que nunca se cumplen y de las cuales nadie les exige rendición de cuentas. En especial, esperamos que los gobiernos se comprometan a apoyar y facilitar la puesta en marcha de un marco nacional para la participación de las comunidades indígenas en acciones relativas al cambio climático.

¿Qué cambio le gustaría ver -en el mundo o en su comunidad- que ayudaría a resolver la crisis climática?

Queremos que ocurra una verdadera devolución de poder a las comunidades, y especialmente a las mujeres, en la gestión de los recursos climáticos. Los pueblos indígenas son colectivos únicos no solamente por los impactos que el cambio climático está teniendo sobre ellos, sino también por el rol que desempeñan a la hora de asegurar el éxito de las medidas de intervención y por las perspectivas y experiencias que aportan a través de sus conocimientos indígenas y locales. Nadie conoce mejor una comunidad que las personas que viven en ella y dependen de sus recursos.

Las comunidades indígenas marginadas han desarrollado desde hace mucho tiempo conocimientos y experiencia específicos para preservar y conservar los entornos naturales de donde obtienen su sustento, y en torno a los cuales han desarrollado sus sistemas y estructuras sociales, culturales y religiosas. Por lo tanto, su gestión directa de los recursos climáticos les permitirá influir positivamente sobre el desarrollo, la revisión, la adopción y la implementación de políticas y regulaciones que aborden el cambio climático, con un énfasis específico en el mejoramiento de su resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

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CIVICUS conversa con Mitzi Jonelle Tan, una joven activista por la justicia climática basada en el área metropolitana de Manila, Filipinas, integrante de Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas y participante activa del movimiento internacional Viernes por el Futuro.

¿Cuál es el principal problema climático en tu comunidad?

Filipinas padece numerosos impactos del cambio climático, desde sequías cada vez más largas y con mayor calor hasta tifones cada vez más frecuentes e intensos. Aparte de estos impactos climáticos -a los cuales no hemos podido adaptarnos y que nos dejan sin apoyos a la hora de afrontar las pérdidas y los daños-, también enfrentamos numerosos proyectos que son destructivos para el medio ambiente, a menudo emprendidos por empresas multinacionales extranjeras, que nuestro gobierno está permitiendo e incluso fomentando.

Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas, la versión filipina de Viernes por el Futuro, aboga por la justicia climática y por que las voces de las personas de las comunidades más afectadas tengan espacio y sean escuchadas y amplificadas. Yo me convertí en activista en 2017, después de haber trabajado con líderes indígenas de Filipinas, porque este trabajo me hizo comprender que la única manera de lograr una sociedad más justa y más verde es a través de la acción colectiva conducente al cambio sistémico.

¿Han enfrentado reacciones negativas por el trabajo que hacen?

Sí, al igual que cualquiera que se manifieste en contra de la injusticia y la inacción, nuestro gobierno, a través de sus troles a sueldo, designa como terroristas a los activistas: básicamente nos llama terroristas por exigir rendición de cuentas y presionar por un cambio. El hecho de ser activista por el clima va siempre acompañado de temor en Filipinas, el país que por ocho años consecutivos ha sido calificado como el más peligroso de Asia para las personas defensoras y activistas ambientales. Ya no se trata solamente de temor por los impactos climáticos, sino también de temor a que la policía y las fuerzas del Estado vengan a por nosotros y nos hagan desaparecer.

¿Cómo te vinculas con el movimiento internacional por el clima?

Hago mucho trabajo de organización con la comunidad internacional, especialmente a través de Viernes por el Futuro - Personas y Áreas Más Afectadas, uno de los grupos del sur global de Viernes por el Futuro. Lo hacemos manteniendo conversaciones, aprendiendo unos de otros y creando estrategias juntos, todo ello mientras nos divertimos. Es importante que el movimiento global de jóvenes esté muy bien interconectado, que se una y exhiba solidaridad para poder abordar realmente el problema global de la crisis climática.

¿Qué esperanzas tienes de que la COP26 resulte en avances, y qué utilidad le encuentras a este tipo de procesos internacionales?

Mi esperanza no reside en los mal llamados líderes, políticos que se han adaptado al sistema y lo han gestionado durante décadas para beneficio de unos pocos, normalmente del norte global. Mi esperanza reside en la gente: en los activistas y organizaciones de la sociedad civil que se juntan para exigir justicia y poner en evidencia que este sistema enfocado en las ganancias que nos condujo a esta crisis no es el que necesitamos para salir de ella. Creo que la COP26 es un momento crucial y este proceso internacional tiene que resultar útil, porque ya hemos tenido 24 que no han aportado gran cosa. Estos problemas deberían haberse resuelto en la primera COP, y de un modo u otro tenemos que asegurarnos de que esta COP sea útil y resulte en cambios significativos, y no en más promesas vacías.

¿Qué cambios desearías que ocurrieran para comenzar a resolver la crisis climática?

El único cambio que pido es uno grande: un cambio de sistema. Tenemos que cambiar este sistema que prioriza la sobreexplotación del sur global y de los pueblos marginados en beneficio del norte global y de unos pocos privilegiados. El desarrollo bien entendido no debería basarse en el PBI y el crecimiento eterno, sino en la calidad de vida de las personas. Esto es factible, pero solamente si abordamos la crisis climática y todas las demás injusticias socioeconómicas que están en su raíz.

El espacio cívico en Filipinas es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Jóvenes Defensores del Clima de Filipinas a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a Mitzi Jonelle en Twitter e Instagram.

En vísperas de la 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar en Glasgow, Reino Unido, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre de 2021, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil acerca de los desafíos medioambientales que enfrentan en sus contextos, las acciones que están llevando a cabo para abordarlos y sus expectativas para la próxima cumbre.

CIVICUS conversa con Jessica Dercontée, coorganizadora del Colectivo contra el Racismo Ambiental (CAER), un grupo de la sociedad civil de Dinamarca que trabaja para introducir el tema de la discriminación y la injusticia racial en el debate danés acerca del clima, llamando la atención del público sobre el racismo ambiental.

El activismo y la labor académica de Jessica se centran en la gobernanza del clima y exploran las arraigadas injusticias sociales y climáticas relacionadas con la clase, el género y la raza. Jessica es coordinadora de proyectos de desarrollo internacional en el Sindicato de Estudiantes Daneses y en el Consejo Danés de la Juventud para los Refugiados, y asistente de investigación en la consultora In Futurum.

¿Cuáles son los objetivos del CAER? 

Somos un colectivo formado por mujeres y personas no binarias de color que trabajan en la intersección del ecologismo, el antirracismo y la justicia climática. CAER busca movilizar y amplificar las voces de las personas más afectadas por el racismo ambiental, incluidas las personas negras, indígenas y de color en el sur global, así como en el norte global. Nuestro colectivo se formó para dar visibilidad y tener una mirada crítica en los actuales debates y conceptualizaciones, subrayando los efectos diferenciadores de la crisis climática y medioambiental.

¿Cuál es el principal problema climático o medioambiental en el que están trabajando? 

El CAER se centra en la ecología política y el neocolonialismo de los principales debates daneses sobre el medio ambiente y el clima. Los principales debates públicos sobre la crisis climática que tienen lugar en Dinamarca están centrados en los impactos perjudiciales que nuestra cultura de consumo y estilos de vida tienen sobre los biosistemas del planeta, y en cambio prestan menos atención a las personas afectadas por estos impactos y al deseo inagotable de las grandes empresas de obtener beneficios y maximizar sus utilidades. Aunque estamos de acuerdo respecto de lo urgente de estas cuestiones, nuestro colectivo considera que el debate en Dinamarca debería ir más allá de la afirmación de la necesidad de que los gobiernos y otras partes interesadas encuentren grandes soluciones tecnológicas para mitigar la crisis climática. El debate público actual es demasiado simplista, apolítico y técnico, centrado en la búsqueda de soluciones verdes. 

El CAER subraya las diferentes dinámicas de poder que caracterizan a nuestros actuales sistemas, así como el modo en que las actuales prácticas y formas de pensar perpetúan el colonialismo y la opresión global, que además están fuertemente arraigados en el capitalismo. Lo hacemos a través de talleres, artículos, sensibilización en las redes sociales y colaboraciones con personas o grupos marginados del sur global. 

Un ejemplo de cómo aportamos una perspectiva diferente al tema de la transición verde es nuestro análisis de la forma en que las grandes empresas danesas causan degradación medioambiental e impulsan el acaparamiento de tierras en el sur global. La empresa danesa de energía eólica Vestas tiene actualmente una causa judicial en contra, iniciada por comunidades indígenas de México que acusan a la corporación de causar impactos negativos en los medios de vida de los pueblos indígenas, además de vincularla con severas violaciones de los derechos humanos de manifestantes locales y activistas de la sociedad civil que han sido objeto de intimidación y amenazas de muerte por denunciar estos abusos. Los gobiernos de ambos países han llegado a acuerdos que, según ellos, eran mutuamente beneficiosos, ya que se esperaba que aportaran crecimiento económico y desarrollo a México, además de ayudar a Dinamarca a ecologizar su economía. Sin embargo, el subsiguiente acaparamiento de tierras ha privado de derechos a comunidades del sur global, perpetuando el ciclo de dependencia de la ayuda y regurgitando formas neocoloniales de control y explotación de las tierras y los pueblos indígenas.

Otro ejemplo mucho más cercano a Dinamarca es el del racismo medioambiental que impregna las relaciones de Dinamarca con Groenlandia, excolonia y actual nación de la Commonwealth danesa. Debido al control que ejerce Dinamarca sobre los recursos naturales de Groenlandia, la población de este país está excluida de las decisiones importantes sobre el futuro del Ártico, lo cual cabe considerar que tiene un gran impacto racial en el área de la conservación, la política medioambiental y el consumismo.

El principal objetivo del CAER ha sido proporcionar un espacio seguro para las personas negras, indígenas y de color, incluidas las que son queer y trans, que quieran movilizarse en los espacios del ecologismo y el antirracismo en Dinamarca. A menudo se considera que el movimiento danés por el clima ha sido excluyente y discriminatorio hacia estas personas. Esperamos que el discurso público danés no se limite a utilizar y presentar a las comunidades marginadas como casos de estudio, sino que las sitúe en el centro de la acción por el clima como legítimas proveedoras de soluciones y participantes activas en la toma de decisiones.

¿Han enfrentado a reacciones negativas por el trabajo que hacen?

Nos hemos encontrado con un auténtico entusiasmo por parte de otras organizaciones y actores que están dispuestos a cambiar sus estructuras organizativas y hacerlas más inclusivas y aptas para encontrar soluciones a la crisis en que nos encontramos. Aunque no hemos experimentado ninguna reacción negativa directa como consecuencia de nuestro trabajo o de nuestro foco en la raza y el carácter discriminatorio de la política medioambiental, nos parece que la sociedad no está preparada para lidiar con las diversas realidades que experimenta la gente sobre el terreno, que son diferentes de la narrativa extremadamente homogeneizada de la experiencia danesa. En Dinamarca, las leyes y las políticas han sido consideradas inclusivas sobre la base de la imagen progresista de nuestro modelo de estado de bienestar que protege a todas las personas. Así, tanto a las instituciones como a las personas les resulta más difícil comprender que su propia posición de privilegio descansa en la explotación y la opresión de otros grupos sociales, no solamente en el pasado histórico sino también en la actualidad.

¿Cómo se vinculan con el movimiento internacional por el clima?

Nos vinculamos con el movimiento internacional por el clima a partir de nuestro objetivo de descolonizar las estructuras del activismo climático. Además, buscamos activamente entablar colaboraciones, y esto se refleja en los ejemplos que seleccionamos como la cara visible de nuestros proyectos y en las voces que intentamos amplificar. Tratamos de devolver poder y crear espacios donde las personas marginadas puedan contar sus propias historias y aportar sus conocimientos y soluciones a la crisis climática. Además, al construir y compartir conocimiento desde tantas perspectivas y con aportes de tantos académicos del sur global como sea posible, tratamos de ofrecer un contrapeso al etnocentrismo que impregna al intercambio de conocimiento en materia de gobernanza del clima, acción climática y ecologismo.

¿Qué esperanzas tienen de que la COP26 logre avances en cuestiones climáticas?

En el CAER esperamos que, aunque el escenario actual de la COP26 tiene la importante limitación de carecer de representación diversa, haya espacio para la expresión del conocimiento vital del sur global y para el involucramiento de un conjunto diverso de voces en la elaboración de políticas, de modo tal que la próxima ronda de objetivos tenga mayores matices y sea lo más interseccional posible.

¿Qué cambio les gustaría que ocurriera para ayudar a resolver la crisis climática?

Esperamos que en un futuro próximo nuestro movimiento contra el racismo medioambiental crezca, y que esto nos permita tender puentes entre la corriente principal del movimiento climático y el movimiento antirracista danés, de modo de mitigar la crisis climática de una manera mucho más inclusiva y abierta a la diversidad y a la pluralidad de conocimientos, abarcando a diferentes sectores e instituciones de Dinamarca, así como del resto del mundo.

El espacio cívico en Dinamarca es calificado como “abierto” por el CIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa con Caroline Duble, directora política de Avow, sobre la actual reacción contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, y en Texas en particular, así como sobre las respuestas de la sociedad civil. Avow es una organización de la sociedad civil que trabaja para garantizar el acceso al aborto sin restricciones para todas las personas en Texas, y se guía por la visión de una sociedad donde todas las personas sean tratadas con respeto y tengan libertad para perseguir la vida que desean.

¿Cómo ha llegado Texas al punto en que el aborto ha quedado casi completamente prohibido?

Para quienes acaban de enterarse de esta cruel prohibición, que impide el aborto a partir de las seis semanas de gestación, puede resultar difícil creer que algo tan extremo pueda llegar a convertirse en ley. Pero quienes llevamos mucho tiempo luchando por el acceso al aborto en Texas sabemos que los políticos extremistas llevan décadas empeñándose en estigmatizar y prohibir el aborto. Esto queda claro si se observa la línea de tiempo completa de las restricciones médicamente innecesarias a los procedimientos de aborto que fueron imponiéndose en Texas desde la sentencia de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe vs Wade, que estableció que la Constitución de los Estados Unidos protege la libertad de la mujer embarazada para optar por un aborto sin interferencias excesivas del gobierno. Han sido implacables, engañosos y crueles en sus intentos de poner la atención de la salud fuera del alcance de personas que la necesitan.

¿En qué se diferencia esta ley de otros intentos anteriores, menos exitosos, de prohibir el aborto en otros estados?

A diferencia de las prohibiciones impuestas en otros estados, que son implementadas por funcionarios estaduales, este proyecto de ley -conocido como Proyecto de Ley del Senado 8, o SB8- otorga a la ciudadanía una autoridad sin precedentes para hacer cumplir la prohibición. Permite que cualquier persona -incluidos activistas antiaborto sin ninguna relación con la paciente- actúe como cazarrecompensas y lleve a los tribunales a médicos, centros de salud y a cualquiera que ayude a otra persona a acceder a un aborto, con el incentivo de recibir 10.000 dólares por cada aborto denunciado. En otras palabras, el estado de Texas está intentando eludir el escrutinio judicial y la responsabilidad en los tribunales alentando a ciudadanos particulares a hacer el trabajo sucio en su lugar. Pero las maniobras legales del SB8 no cambian el hecho de que prohibir el aborto a las seis semanas es inconstitucional y, lo que es más importante, es injusto e inmoral.

¿Cuáles han sido las consecuencias inmediatas de la prohibición, y qué reacciones ha generado?

La SB8 está funcionando tal como se pretendía que lo hiciera. Desde que entró en vigor, el 1º de septiembre, ha diezmado nuestra ya vulnerable infraestructura de atención y ha dejado a las personas de Texas que necesitan acceso a atención y a servicios de apoyo temerosas de pedir ayuda, y a activistas y proveedores temerosos de ayudarles. Con esta ley, se le está negando a la gente de Texas los abortos que desean y necesitan. Muchas personas están tratando de reunir los miles de dólares necesarios para viajar fuera del estado, tomarse licencia laboral y organizar el cuidado de los niños y el transporte.

Muchas personas en Texas están autogestionando sus propios abortos, los cuales pueden ser extremadamente seguros, pero solamente si la persona embarazada tiene acceso a información y recursos. Y, trágicamente, innumerables personas en Texas se ven obligadas a continuar embarazos en contra de su voluntad. Por supuesto, esto está afectando con mayor intensidad a personas negras, latinas e indígenas, a personas indocumentadas y a personas de bajos ingresos, que enfrentan barreras más severas para acceder a atención fuera del estado y por consiguiente están siendo perjudicadas en forma desproporcionada por la nueva ley.

Frente a esto, la gente ha protestado financiando abortos. En conjunto, los fondos para el aborto en Texas han recaudado más de 3 millones de dólares desde el 1º de septiembre, y buena parte de esos fondos se utilizará para sacar del estado a quienes necesiten un aborto. La gente también está, literalmente, protestando. Basta con echar un vistazo a #BansOffOurBodies para ver las imágenes de las protestas que han tenido lugar en todo el país, y en particular de las marchas por los derechos reproductivos que tuvieron lugar el 2 de octubre. Y, por supuesto, la gente está aprendiendo más acerca del aborto autogestionado, porque la prohibición del aborto no acaba con la necesidad de abortar.

¿Qué tácticas utiliza Avow para evitar regresiones y ampliar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos?

Avow continuará luchando sin pausa por el acceso irrestricto al aborto para todas las personas de Texas, por el motivo que sea. El aborto es una prestación básica de salud, y debe ser fácilmente accesible para cualquier persona de nuestro estado que lo necesite o lo desee. Lideramos este movimiento para cambiar la cultura desde una perspectiva abiertamente a favor del aborto, a través de la construcción de vínculos comunitarios, educación e incidencia política.

Trabajamos para presentar el aborto bajo una luz positiva porque el aborto es seguro, común y normal, aunque esto no se sepa a causa del estigma que impide que la gente comparta sus experiencias de aborto. Nos comprometemos a cambiar la conversación acerca del aborto para que refleje esa realidad. Durante demasiado tiempo, los extremistas antiabortistas han dictado el modo en que se nos permite hablar del aborto; mediante la difusión de mentiras e inexactitudes médicas han controlado la narrativa a tal punto que incluso los partidarios del derecho al aborto se sienten incómodos al pronunciar esa palabra y prefieren utilizar en cambio eufemismos tales como “derechos de las mujeres”, “salud reproductiva” y “elección”. Esto ha permitido que el estigma impregne la provisión de servicios de aborto y, en última instancia, avergüence a las personas que han abortado y alimente una narrativa sobre la existencia de abortos “buenos” y “malos”. En Avow nos negamos a juzgar las razones de una persona para abortar, y en cambio la apoyamos una vez que ha tomado su decisión de hacerlo.

De cara a las elecciones de medio término de 2022, Avow se está preparando para exigir rendición de cuentas a los legisladores antiaborto mediante anuncios digitales, organización en el terreno y movilización de votantes. También estamos presionando al gobierno federal para que haga más por proteger el derecho al aborto mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer, que busca establecer legalmente el derecho de los proveedores de atención de la salud a prestar servicios de aborto, y el correspondiente derecho de los pacientes a recibir dicha atención, sin restricciones médicamente innecesarias. También les pedimos que deroguen la Enmienda Hyde, una disposición legislativa de 1980 que prohíbe el uso de fondos federales para financiar abortos y es eminentemente racista. También seguiremos trabajando para acabar con el estigma del aborto, ayudando a las personas a hablar abiertamente sobre el aborto y sobre la importancia que tiene para ellas poder acceder a él.

¿Cuáles son las perspectivas de que se anule la prohibición?

Es muy preocupante que la Corte Suprema no haya bloqueado esta ley incluso antes de celebrar una audiencia sobre ella. Durante casi 50 años, la Corte Suprema ha afirmado que la Constitución garantiza el derecho al aborto, pero ahora en Texas vivimos una realidad diferente. Mucha gente da por sentado que la Corte Suprema es un órgano legal objetivo, pero sus jueces son nombrados por el presidente, y los presidentes tienen agendas políticas. La negativa de la Corte Suprema a bloquear la entrada en vigor de la SB8 es simplemente una prueba más de algo que sabemos desde hace años: la salvación no vendrá de los tribunales. Es necesario aprobar una ley federal que garantice el acceso y la financiación del aborto sin restricciones para todas las personas en este país. 

Dicho esto, agradecemos que el Departamento de Justicia (DJ) esté emprendiendo acciones legales para luchar contra la SB8. El DJ está solicitando una orden de restricción temporaria y un mandato judicial preliminar en un tribunal federal con sede en Austin, la capital de Texas. De ser concedida, esta orden de restricción impediría al estado de Texas, incluidas las personas privadas que inicien demandas en virtud de la ley, implementar o hacer cumplir la SB8. Este es un primer paso necesario en lo que esperamos que sea una larga batalla judicial para detener esta ley. La orden de restricción debería ser concedida sin problemas porque la ley es claramente inconstitucional y las personas en Texas necesitan conservar el acceso a servicios de aborto mientras la ley haga su recorrido por el sistema judicial.

¿Qué tipos de apoyos necesitan los grupos que defienden el derecho al aborto en Estados Unidos de sus pares de todo el mundo?

Lo mejor que la gente de fuera de Texas puede hacer por nosotros es apoyarnos contribuyendo a los fondos para el aborto y a las organizaciones de incidencia política de Texas, y amplificando nuestro mensaje. También pueden prestar más atención al impacto de las prohibiciones del aborto y el estigma en sus propias comunidades. En lugar de boicotear a empresas de Texas, aprueben ordenanzas locales que proporcionen apoyos concretos a las personas de sus regiones que buscan abortar.

El espacio cívico en Estados Unidos es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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