CIVICUS conversa acerca de las elecciones generales mexicanas del próximo 2 de junio con Luis Eduardo Medina Torres, profesor investigador de procesos electorales en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.
¿Qué es lo que está en juego en las elecciones del 2 de junio, y quiénes son los principales candidatos?
El 2 de junio se celebran elecciones generales, tanto presidenciales como legislativas. Están en juego la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 132 de la Cámara de Senadores.
Además, se realizan al mismo tiempo elecciones para los congresos de 31 estados, nueve gobernaciones y numerosas presidencias municipales. Estas elecciones subnacionales son importantes para la gobernabilidad de cada distrito.
Las elecciones presidenciales son las más destacadas, aunque la misma dinámica se reproduce en la competencia por las gubernaturas y otros cargos. Hay dos grandes coaliciones y un tercer partido que compite de manera independiente. La coalición gobernante está integrada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. La coalición opositora está formada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. El tercer partido, Movimiento Ciudadano, no espera ganar la presidencia, sino obtener escaños en el Congreso Federal.
Las dos coaliciones tienen importantes diferencias en política económica y de seguridad y algunas similitudes en lo que se refiere a la continuación de los programas sociales.
La propuesta de la coalición gobernante, con Claudia Sheinbaum a la cabeza, se centra en mantener los programas sociales actuales, continuar las grandes obras públicas del actual gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería en Tabasco, y sostener la política de seguridad de “abrazos, no balazos", como dice el slogan del gobierno.
La coalición opositora, encabezada por otra mujer, Xóchitl Gálvez, también apoya los programas sociales, aunque propone enfocarlos mejor. En política económica, busca reducir la deuda pública y facilitar la apertura de pequeñas empresas, haciendo los trámites más rápidos y accesibles. En seguridad, aboga por una estrategia más firme contra el narcotráfico, que incluya una reforma de la Guardia Nacional para reducir su militarización y mejorar la formación de los policías, enfocándose también en los derechos humanos.
¿Cómo se está desarrollando hasta el momento la campaña electoral?
La campaña ha sido aburrida. Ha habido tres debates presidenciales y varios debates para gubernaturas, incluyendo dos en la Ciudad de México, que no han tenido mucho contenido. Esto se debió al formato de los debates, que no permitieron una discusión real entre las partes. Los actos partidarios, por su parte, no han generado demasiado interés. La candidata oficial realizó un mitin en un estadio de fútbol, pero no logró llenarlo ni siquiera por la mitad.
Lamentablemente, lo más destacado de la campaña ha sido la violencia, con un alto número de candidatos asesinados. Al menos dos consultoras independientes llevan un conteo sistematizado de estos hechos desde 2015, y en esta ocasión la violencia se ha incrementado notablemente.
¿Cuáles son las causas de la violencia?
La primera causa es la influencia del crimen organizado, y especialmente el narcotráfico, en las elecciones. Esto sucede en otras partes de América Latina y del mundo, pero aquí se ha intensificado de manera preocupante.
La segunda causa es la política pública del gobierno federal, que intenta resolver la violencia mediante la reconstrucción del tejido social a través de programas sociales para que el mejoramiento de las condiciones económicas reduzca la dependencia y la vulnerabilidad de la gente en relación con el narcotráfico. Sin embargo, está claro que esta estrategia no ha funcionado. La violencia en general, y la violencia política en particular, han seguido aumentando. Aunque estos programas son beneficiosos para reducir la marginalidad y la pobreza, no abordan las causas estructurales de la violencia.
El tercer factor es la desesperación de algunas candidaturas por ganar a toda costa, buscando cualquier tipo de apoyo, ya sea legal o ilegal. Esto crea un ambiente propicio para la violencia cuando los acuerdos no se cumplen.
Morena controla todas las aduanas del país, incluyendo puntos estratégicos como Tapachula en el sur y Tijuana en el norte. Además, gobierna muchos municipios y estados donde hay mucha violencia política, como Guerrero y Morelos.
Todo esto ha creado un caldo de cultivo para la violencia. Todas las fuerzas políticas han tenido candidatos asesinados.
¿Cuán interesada está la ciudadanía en estas elecciones?
Las elecciones parecen haber generado un interés moderado entre la ciudadanía. Según las encuestas más recientes, alrededor del 66% de los votantes están al tanto y dispuestos a votar, lo cual se alinea con el promedio de participación electoral en América Latina, que ronda el 65%. Hay un 33% que expresa desinterés o falta de información.
A diferencia de otros países de la región, en México el voto es voluntario, por lo que la participación electoral puede variar mucho dependiendo del contexto social y político del momento. En este momento el ambiente electoral está bastante polarizado. La retórica de “ellos contra nosotros” ha permeado el discurso político, especialmente entre los seguidores del presidente López Obrador y sus opositores.
La polarización refleja en campañas y debates y afecta la percepción y participación ciudadanas. Tiende a desincentivar la participación de ciertos sectores de la población que, ante la confrontación constante y la falta de un diálogo constructivo, prefieren abstenerse. Este fenómeno se observa en grupos que, aunque conscientes de la importancia de su voto, se sienten desencantados o alienados por el tono agresivo del debate político.
¿Qué indican las encuestas en relación con los posibles resultados de la elección?
Las encuestas parecen indicar que habrá una combinación de continuidad y cambio. Es probable que el partido gobernante gane la elección presidencial, pero no con el margen que quisiera. Ellos esperan una diferencia de dos dígitos, pero es más probable que ganen por un margen de unos 8 o 9 puntos. No sería un mal resultado, pero no se alinea con sus proyecciones de una victoria abrumadora como la que obtuvo López Obrador en 2018.
Aunque a nivel del ejecutivo federal es altamente probable que haya continuidad, posiblemente haya cambios en otros niveles. En primer lugar, Morena perderá representación legislativa y tendrá que negociar con la oposición, algo a lo que no está acostumbrado. Hasta ahora, el gobierno ha tendido a presentar iniciativas sin disposición a realizar cambios, lo que ha resultado en numerosos fracasos legislativos. En un escenario de gobierno dividido, tendrá que ceder para obtener apoyo en el Congreso, comenzando con temas cruciales como el presupuesto. Esto podría generar un ambiente legislativo más plural y menos polarizado.
También se esperan cambios en los gobiernos locales. Morena corre con ventaja en estados sureños como Chiapas y Tabasco, pero en otros estados enfrenta una competencia reñida. La Ciudad de México, en manos de Morena, está dividida en forma bastante pareja entre gobierno y oposición. La ciudad enfrenta problemas graves como la escasez de agua y fallos en la infraestructura del metro. Estos temas han sido aprovechados por la oposición y la elección será muy competitiva.
De las nueve gobernaciones en disputa, se espera que Morena termine controlando cuatro, que la oposición gane otras cuatro y la restante quede en manos de un tercer partido. Actualmente, Morena controla 20 de los 32 estados, pero esto podría cambiar. La reducción del poder territorial de Morena podría complicar la implementación de políticas a nivel local. Se avecinan años interesantes, con un escenario político y de gobernabilidad diferente al de los últimos seis.
Estos cambios pueden ser positivos. Un mayor equilibrio de poderes puede ayudar a prevenir excesos y fomentar la negociación, fortaleciendo la democracia.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
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