‘Tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos, es decir reactivando comunidades, y no solamente edificando casas’

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Los dos terremotos que afectaron a México en septiembre de 2017 dejaron cientos de muertos y miles de heridos, y la sociedad civil respondió rápidamente. Además de tener impactos inmediatos, los terremotos expusieron graves deficiencias de gobernanza. CIVICUS habla con dos personas de Fundar: Centro de Análisis e Investigación - Eduardo Alcalá, Coordinador de Planeación, Seguimiento y Evaluación, y Sarahí Salvatierra, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Fundar es una organización de la sociedad civil mexicana, plural e independiente, que promueve una democracia sustantiva y la transformación de las relaciones de poder entre gobierno y sociedad. Realiza labores de incidencia a través de la producción y diseminación de conocimiento especializado, la reflexión crítica y propositiva y la experimentación y vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales.

1. ¿Piensan que la respuesta del gobierno mexicano ante los sismos de septiembre de 2017 fue adecuada y suficiente?

El 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados afectó gravemente a la población de Chiapas y Oaxaca. Poco después, el 19 de septiembre, otro sismo de 7.1 grados causó graves daños, principalmente en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Los sismos pusieron en evidencia la existencia de diversas falencias que el gobierno mexicano debe atender de manera urgente en materia de prevención y respuesta a los efectos de desastres naturales.

Desde nuestra perspectiva, la respuesta oficial ante estos hechos debe contemplar los siguientes elementos. En primer lugar, debe incluir la provisión de información accesible, clara, precisa y de calidad. Esto es determinante para la atención inmediata, es decir para el adecuado rescate de sobrevivientes, su cuidado y la recuperación de su patrimonio; para la reconstrucción de sus viviendas y de la infraestructura de sus localidades; para la provisión de condiciones de vida adecuadas a sus necesidades tras el desastre, y eventualmente para reparar daños y garantizar otros derechos. En este sentido, está claro que las plataformas y los sistemas oficiales de información y de comunicación deben ser actualizados con urgencia para ofrecer datos completos que permitan conocer de manera inmediata la magnitud de los daños, el tipo de asistencia de emergencia enviada a las poblaciones afectadas y, sobre todo, las estrategias planificadas y el origen y el destino de los recursos públicos con que el gobierno responderá a la catástrofe en el corto, el mediano y el largo plazo. En el caso de los sismos recientes, las respuestas del gobierno a las necesidades de información no cumplieron con estos estándares mínimos de transparencia ante desastres naturales.

Segundo, la respuesta oficial debe asimilar el hecho de que, en la fase de emergencia, la participación ciudadana encarada desde la solidaridad y la voluntad de las personas se organiza y coordina de manera natural y virtuosa. En ese sentido, las acciones para atender la fase de emergencia que desarrollaron las comunidades en México evidentemente superaron en tiempo y forma a las estrategias oficiales. Las redes sociales habilitaron una respuesta social mucho más ágil y efectiva que los procesos burocráticos. El involucramiento del gobierno a través de la marina, el ejército y los operadores públicos, si bien contribuyó a ordenar algunos aspectos durante esta fase, en ciertos momentos generó confusión e impuso medidas no necesariamente acordes a los protocolos internacionales en materia de rescate y salvaguarda de las vidas de las personas.

Tercero, la respuesta gubernamental debe incluir la participación ciudadana en la toma de decisiones para la reconstrucción. Las estrategias e intervenciones deben ser diseñadas e implementadas de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos. La participación no solo empodera a las comunidades sino que también garantiza una mayor congruencia entre las políticas resultantes y las prioridades de las comunidades. En este sentido, apremia que el gobierno mexicano habilite, promueva e implemente mecanismos efectivos de participación ciudadana para la formulación de planes de reconstrucción y, más en general, que fortalezca en forma permanente el diálogo con la ciudadanía.

Cuarto, la respuesta del gobierno debe ir acompañada de mecanismos adecuados de rendición de cuentas, basados en plataformas y sistemas eficaces de información, para que sea posible hacer un monitoreo en tiempo real tanto del avance físico como del aspecto financiero de los planes de reconstrucción. Asimismo, el gobierno debe estar dispuesto a reorientar sus acciones y ajustar la inversión en función de las necesidades más apremiantes desde una visión estratégica a corto, mediano y largo plazo. En este punto, el gobierno mexicano debería introducir mejoras sustantivas en el diseño, la implementación y la operación de mecanismos de rendición de cuentas y control ciudadano. La ciudadanía debería poder monitorear los procesos de reconstrucción en todas sus dimensiones, tanto físicas como financieras y en lo que respecta al desembolso tanto de recursos públicos como de recursos procedentes de donaciones privadas. Actualmente el marco normativo es poco robusto en este sentido y tiene lagunas procedimentales que complican la adecuada fiscalización.

2. ¿Qué rol desempeñó en este contexto la sociedad civil?

La sociedad civil ha estado desde hace años activa en todos estos temas. En primer lugar, diversas organizaciones han puesto en el centro del debate público la necesidad de una mejor planeación urbana y de vivienda, así como de un diseño integral en materia de protección civil y prevención y atención a riesgos. En segundo lugar, ante la ocurrencia de desastres - sismos, sequías, huracanes, inundaciones - la sociedad civil ha contribuido mediante la provisión de información y la puesta en marcha de mecanismos participativos para atender necesidades puntuales de las comunidades afectadas. Tercero, a través de diversas plataformas cívicas e iniciativas ciudadanas, desde la sociedad civil nos hemos involucrado en distintos frentes para, sobre la base de nuestra experticia, mejorar los procesos en las fases posteriores a una catástrofe.

De modo que, aunque el voluntariado fuera una de las caras más visibles de la sociedad civil en los momentos inmediatamente posteriores al desastre, nuestra presencia lo excede con creces. La sociedad civil ha impulsado el análisis y la discusión de enfoques que reconceptualizan la noción de bienestar de las personas afectadas por un desastre natural. Tenemos claro que “reconstruir por reconstruir” no sirve; tenemos que reconstruir con un enfoque de derechos humanos. Esto implica no solamente edificar casas sino también reactivar comunidades, impulsar un desarrollo acorde a las necesidades de cada población, priorizar los requerimientos de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad y, en suma, asegurar mejores condiciones de vida para prepararnos para futuros eventos similares.

Es resumen, tenemos conocimientos especializados y experiencia de sobra, y el gobierno debería reconocerlo mediante la promoción de un diálogo fluido y la adopción de compromisos concretos con la sociedad civil. Sin embargo, todo esto requiere de una gran voluntad política y administrativa, y difícilmente ocurra a menos que nosotros elevemos nuestras exigencias. En sentido estricto, lograr que el gobierno adecue sus mecanismos a las oportunidades de mejora y a nuestras observaciones y recomendaciones es el principal reto que tenemos enfrente. Como todo proceso de incidencia en pos de transformaciones estructurales, no será fácil. Será un esfuerzo permanente y de largo plazo, y en ningún momento podrá perder de vista los principios y las prácticas de información, participación y rendición de cuentas. Pero solo en la medida en que hagamos nuestra labor de vigilancia lograremos mejorar los procesos democráticos y asegurar mayores niveles de bienestar humano para la ciudadanía.

3. ¿Acaso los sismos pusieron en evidencia otros problemas subyacentes de larga data? ¿Ha abierto la emergencia alguna ventana de oportunidad para la resolución de esos problemas?

Los sismos confirmaron la existencia de fallas estructurales e instruccionales, así como la necesidad de fortalecer los controles y la rendición de cuentas en materia de ejecución de recursos y procesos de contratación por adjudicación y licitación. El mapa de las comunidades más afectadas dejó en evidencia que ellas enfrentaban fuertes precariedades y desigualdades desde mucho antes de los sismos. De igual modo, se observa que las mujeres son las principales víctimas de los desastres, al mismo tiempo que las tareas de asistencia inmediata tras el sismo otorgaron a las mujeres un protagonismo sin precedentes. De modo que esta es una oportunidad ideal para atacar esos problemas, vulnerabilidades y desigualdades desde la raíz. El gobierno mexicano no debe perder la oportunidad que tiene enfrente. Por un lado, debe mejorar la conceptualización y el diseño del marco normativo y procedimental, a partir de principios y estándares de derechos humanos. Por otro lado, debe transformar las prácticas institucionales mediante las cuales implementa sus acciones y gasta los recursos públicos. En ese sentido, los sismos también abrieron una ventana de oportunidad (que todavía debe ser aprovechada por el gobierno) para poner en marcha una estrategia de colaboración con la sociedad civil.

La toma de decisiones en esa dirección contribuiría a resolver no solamente el tema inmediato de la respuesta a emergencias sino también otras problemáticas que cruzan profundamente a la agenda pública: la falta de transparencia y rendición de cuentas, la desigualdad, la corrupción, las violaciones de derechos humanos y la impunidad.

4. ¿Han surgido iniciativas novedosas de la sociedad civil en el contexto del desastre?

Han surgido varias iniciativas novedosas. Una de ellas es la plataforma #Epicentro, integrada por organizaciones de la sociedad civil, de la academia y del sector empresarial, así como por voluntarios. Con el lema “Reconstrucción social con integridad”, #Epicentro surgió a partir de un núcleo de diez organizaciones, que en pocos días se convirtieron en 30 y en las últimas semanas se multiplicaron hasta superar las 100. Fundar forma parte de esta iniciativa, que busca promover la participación ciudadana en las distintas fases de la reconstrucción, exigiendo del gobierno mexicano los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. La atención a la reconstrucción es clave porque ésta insumirá mucho más tiempo y recursos que la propia situación de emergencia: actualmente se calcula que llevará tres años y costará unos 30 mil millones de pesos, buena parte procedente del sector privado. Y por supuesto que en un período tan largo la atención mediática declina, y dados los montos involucrados, el descuido puede tener enormes costos. En este caso, además, el período de reconstrucción se superpondrá con el próximo proceso electoral que se desarrollará en 2018, y es preciso minimizar el riesgo de que se haga un uso político y clientelar de los recursos destinados a la reconstrucción.

La coalición #Epicentro se articula en tres nodos temáticos. El primero está a cargo de hacer un seguimiento minucioso para vigilar que los recursos para la reconstrucción se gasten correctamente y lleguen a quienes realmente los necesitan. El segundo se ocupa de monitorear que la reconstrucción se lleve a cabo siguiendo las mejores prácticas, los aprendizajes de otras experiencias y los estándares de derechos humanos. El tercero se centra en el tema de las reparaciones del daño causado a las víctimas de casos de corrupción y la sanción de los responsables. En ese sentido, es necesario investigar porqué murieron personas cuando se derrumbaron construcciones que tenían permisos que probablemente nunca deberían haber sido otorgados.

En suma, #Epicentro representa un compromiso y una apuesta ciudadana de largo aliento. El formato de la plataforma, diseñada por jóvenes especialistas en tecnologías cívicas, es novedoso en el marco de la experiencia mexicana de construcción de redes, alianzas a iniciativas para el monitoreo ciudadano, no solamente por la cantidad de organizaciones y voluntarios involucrados o por su diversidad y complementariedad temática y técnica, sino también por el grado de coordinación logrado en torno de un fin común.

5. ¿Ha recibido México suficientes expresiones de solidaridad y apoyo financiero de la comunidad internacional? ¿De qué modo adicional podrían los actores externos apoyar la reconstrucción?

Tras los sismos la solidaridad de la comunidad internacional se hizo sentir. El apoyo abarcó desde ayuda humanitaria en especie y asistencia técnica para el rescate hasta un gran caudal de aporte financiero procedente de donativos de diversos actores de la comunidad internacional, tanto públicos como privados.

El portal “Transparencia Presupuestaria” ofrece información oficial acerca de los donativos que el gobierno mexicano ha recibido de distintos países y organizaciones internacionales, entre las cuales se cuenta el Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC). Sin embargo, la publicación de la información no alcanza para asegurar que los recursos atiendan las necesidades de las poblaciones afectadas por los desastres naturales.

La multiplicidad de fuentes de recursos internacionales incrementa la necesidad de instrumentos eficientes para su administración, garantías de transparencia en su ejecución y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre el destino de los recursos. Expresados como mera cantidad, los montos de los recursos financieros no dicen demasiado: en lo inmediato, claro que es importante que esos fondos no acaben en el bolsillo equivocado. Pero en el largo plazo, lo que realmente importa es que esos recursos se materialicen en estrategias y acciones concretas que aseguren una reconstrucción encarada con un enfoque de derechos. En ese sentido, sería importante que los donantes de los recursos expresaran interés en el destino de los fondos y en el impacto que ellos van teniendo en el logro de los fines para los cuales fueron dispuestos.

  • El espacio cívico en México es clasificado por el CIVICUS Monitor en la categoría ‘represivo’, indicativa de la existencia de serias restricciones sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
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Venezuela: ‘Ante la profundización de la crisis económica y social, el descontento solo puede ser acallado mediante maniobras político-electorales y represión’

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Al final de un año en que Venezuela ha pasado por crisis económica, desorden político y protestas masivas, CIVICUS conversa con Nizar El Fakih, abogado de derechos humanos y director de Proiuris. Proiuris es una organización de la sociedad civil venezolana centrada en el estudio y la defensa del estado de derecho y en la denuncia de sus violaciones.

  1. ¿Qué fue lo que condujo a la fundación de Proiuris en 2015, y qué objetivos persigue la organización?

Proiuris se constituyó formalmente en 2015, luego de la oleada de detenciones arbitrarias masivas de manifestantes que tuvo lugar durante el año 2014. El objetivo original de su constitución fue sumar voluntades para ayudar legalmente a personas detenidas arbitrariamente por ejercer legítimamente sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Posteriormente Proiuris fue ampliando su ámbito de trabajo para abarcar la investigación, la documentación y la divulgación tanto de violaciones de derechos civiles y políticos como de violaciones de derechos económicos y sociales, obligado por las circunstancias de un país donde la problemática de derechos humanos es seria, sistemática y transversal.

  1. ¿Cuáles han sido las causas principales del descontento y las protestas de abril-junio de 2017 en Venezuela?

Las protestas han tenido su causa principal en una enorme crisis económica y social, que tiene su expresión más dramática en la escasez de alimentos y medicinas que afecta con mayor fuerza a los sectores más empobrecidos de la población venezolana. Hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes hurgan en la basura en busca de comida, y el desabastecimiento de medicinas alcanza el 85% (y 95% para los tratamientos de enfermedades crónicas) según cálculos de los representantes de la industria farmacéutica en el país. Los pacientes de enfermedades crónicas mueren de mengua, pues los fármacos que requieren son de muy alto costo y el Estado no se los suministra oportunamente. La escasez de antirretrovirales para personas que viven con VIH/Sida, por ejemplo, es la peor en 20 años. Esta es una crisis que no tiene precedentes en el país y ante la cual el gobierno presenta como excusa una supuesta “guerra económica” promovida desde el exterior.

La tragedia social y económica se ha profundizado por la ineficiencia del gobierno para dar respuestas a las contingencias. Pero más allá de la coyuntura, la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país tiene causas estructurales, pues es el resultado de la progresiva destrucción del aparato productivo del país y la creciente dependencia de las importaciones, las cuales a su vez han disminuido sustancialmente a causa la caída de los precios internacionales del petróleo.

En definitiva, el Estado venezolano actualmente no es capaz de garantizar el derecho a la alimentación. En materia de salud, asimismo, la situación es sumamente grave. Por ejemplo, epidemias como el paludismo y la difteria, que habían sido erradicadas en el país hace 50 años, han regresado y causado muertes que solo se conocen de manera extraoficial, porque las autoridades, de manera ilegal, insisten en ocultar los informes epidemiológicos que demuestran la gravedad de la situación.

El progresivo deterioro en la prestación de servicios básicos alimentó el deseo de un cambio en la conducción política del país. Entre marzo y junio de 2017 miles de personas tomaron las calles de ciudades y pueblos de Venezuela para expresar su descontento.

  1. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas? ¿Ha seguido movilizándose la ciudadanía venezolana?

Lejos de atender las legítimas demandas de la población, el gobierno venezolano reaccionó con violencia extrema, una violencia mucho mayor que la empleada durante las protestas de 2014. El reporte oficial del Ministerio Público indica que hubo 121 muertos, muchos de ellos a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de grupos violentos y en algunos casos armados autodenominados “colectivos”, los cuales operan con el apoyo o la aquiescencia estatal. Extraoficialmente se registraron más de 7000 detenidos, muchos de los cuales fueron sometidos a la jurisdicción militar a pesar de ser civiles.

Las manifestaciones de marzo-junio de 2017 fueron claramente protestas contra el gobierno. De más está decir que el gobierno ha hecho todo lo posible por desvirtuarlas, por ejemplo calificándolas de actos terroristas y tipificando lo ocurrido en ellas como delitos militares. En un auténtico sistema democrático habría contrapesos institucionales que evitarían que esta clase de excesos presidenciales, pero en Venezuela la cooptación oficialista de todas las instituciones y el empeño en censurar cualquier forma de disidencia ha sido un componente determinante de la crisis.

El derecho a la manifestación pacífica y sin armas está consagrado en el artículo 68 de la Constitución de Venezuela, que establece la obligación del Estado en garantizar que las manifestaciones se desarrollen sin desbordar los límites establecidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Constitucional, ha desdibujado las garantías de este derecho a través de una interpretación regresiva de la referida norma, al extremo de condicionar el derecho a manifestar a una previa autorización de la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente. Ello, en la práctica, ha hecho del centro de Caracas, donde se encuentran las sedes de los principales organismos públicos, territorio vedado para manifestaciones antigubernamentales, ya que está ubicado en el municipio Libertador, cuyo alcalde es oficialista.

La represión brutal del gobierno, junto con la falta de un liderazgo que canalice el malestar ciudadano, acabaron debilitando las protestas. Sin embargo, la crisis económica y social se ha profundizado y las razones del descontento y la disidencia no han podido ser acalladas sino mediante maniobras políticas y electorales. Entre esas maniobras, una especial referencia merece la instalación de una autodenominada “Asamblea Nacional Constituyente” plenipotenciaria, convocada, elegida e instalada al margen de la Constitución, que ha vaciado de competencias a la Asamblea Nacional, el único órgano del poder público controlado por la oposición.

  1. ¿Experimentaron los medios independientes y las organizaciones de la sociedad civil restricciones a la hora de documentar lo ocurrido en las protestas?

Periodistas y medios, nacionales e internacionales, han sido víctimas de la censura y de las represalias gubernamentales por informar sobre la conflictividad social en Venezuela. El 25 de junio de 2017, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que desde el 31 de marzo hasta el 24 de junio, 376 trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos, y que en el 60% de los casos los responsables fueron funcionarios militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana.

El asedio a la prensa durante las protestas de 2017 constituye una evidencia adicional de la política sistemática de represión ejecutada por el gobierno, mediante el uso desproporcionado de la fuerza en el control de las manifestaciones.

Pero la libertad de expresión es un derecho humano y, por lo tanto, todos los ciudadanos deben tener garantías para ejercerla. En el contexto de las protestas, muchos ciudadanos fueron brutalmente reprimidos por el hecho de registrar y difundir lo que ocurría en las calles de Venezuela. Y no solamente fueron detenidos, sino que también padecieron agresiones físicas y el robo de sus cámaras y teléfonos celulares.

  1. ¿Cómo ha respondido la sociedad civil antes estas violaciones de derechos?

La sociedad civil organizada y con visión de incidencia reaccionó de diversas formas: desde formalizar las denuncias, a pesar de ser conscientes de los mecanismos de impunidad que operan en un sistema de administración de justicia genuflexo ante el gobierno, hasta el desarrollo de formas de expresión creativas, entre ellas el “Muro de la Vergüenza”, en el cual se identificó públicamente a los personeros del gobierno responsables de la represión y la violación de derechos humanos. Diversas formas de expresión artística - canto, danza, teatro - también se incorporaron a las protestas y se desplegaron en lugares públicos tales como plazas y centros comerciales.

Otras reacciones importantes fueron la formación de alianzas con los medios de comunicación para divulgar los atropellos y la organización de protestas de grupos de vecinos focalizadas cerca de sus sitios de residencia.

  1. ¿Considera que las respuestas de la comunidad internacional ante la situación de Venezuela han sido adecuadas? ¿Qué apoyo necesita hoy la sociedad civil venezolana de sus contrapartes extranjeras, regionales y globales?

Ante la indiferencia del gobierno, los sectores de oposición que promueven un cambio político han dedicado esfuerzos a llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que sucede en Venezuela. Por su parte, el movimiento de derechos humanos venezolano ha desarrollado una labor valiosísima a efectos de documentar las violaciones y denunciarlas ante los organismos internacionales. Sin embargo, no ha sido fácil competir con el aparato de propaganda oficialista que se esfuerza por mostrar que en Venezuela hay una democracia vigorosa y que el caos que resuena en la prensa internacional es parte de la supuesta “guerra” contra Venezuela orquestada desde centros imperiales.

Lo prioritario, en este momento, es lograr que los organismos internacionales admitan que en Venezuela hay en curso una crisis humanitaria compleja que el Estado no puede o no quiere resolver. En ese sentido es auspicioso, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud haya reconocido, por primera vez y con todas las letras, que en el país hay una crisis humanitaria, a propósito de su Informe Mundial sobre el Paludismo 2017. Y más allá del reconocimiento de la crisis humanitaria, es vital que allí donde sea necesario los organismos internacionales flexibilicen sus protocolos para hacerle frente, de modo de brindar a los venezolanos la ayuda que necesitan, sobre todo en lo que se refiere a alimentos y medicamentos.

Venezuela no es el primer país del mundo que padece un gobierno autoritario que pretende perpetuarse en el poder. La sociedad civil venezolana agradecería que sus pares en América Latina y en el mundo compartan su experiencia organizativa acumulada para luchar contra el sistema que nos oprime y que contribuyan a denunciar y visibilizar los atropellos sistemáticos que se cometen en Venezuela. Los venezolanos sabríamos agradecer que desde el exterior se examine la crisis humanitaria compleja que nos afecta con un enfoque de derechos humanos, es decir, a partir de la reivindicación de la dignidad humana mediante un efectivo ejercicio de solidaridad. Estamos seguros de que los auténticos promotores y defensores de derechos humanos en cualquier parte del mundo no serán indiferentes ante el hecho incontrovertible de que en Venezuela hay niños que están muriendo de hambre.

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Paraguay: Gobierno aplica ley inconstitucional anti-protesta en forma discriminatoria contra movimientos sociales que desafían su poder

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CIVICUS conversa con Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La Coordinadora de Derechos Humanos es una red, registrada como asociación civil sin fines de lucro, que nuclea a 35 organizaciones de la sociedad civil (OSC) en torno de la defensa de los derechos humanos. Fundada en 1999, es desde 2002 el capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

  1. ¿Por qué se moviliza la gente en Paraguay? ¿Cuáles son las causas de las protestas; cuáles son los principales actores movilizados?

En tiempos recientes ha habido por lo menos tres grupos que han tenido mucho protagonismo. En primer lugar el movimiento campesino, un sector históricamente movilizado en torno de demandas relacionadas con la propiedad y el uso de la tierra y con organizaciones y coaliciones muy fuertes, como la Federación Nacional Campesina y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Nacionales Campesinas. En segundo lugar, el movimiento estudiantil, tanto universitario como secundario, que este año se movilizó con bastante intensidad y protagonizó numerosas acciones, tales como tomas de colegios y facultades. Sus reivindicaciones fueron mayormente sobre temas educativos, sobre el gobierno democrático de la universidad y la creación de nuevas instituciones universitarias. En tercer lugar, se ha expresado con bastante fuerza el movimiento de mujeres, particularmente en los últimos meses. El actual gobierno ha sido muy receptivo a las demandas de sectores religiosos fundamentalistas de diversas denominaciones, y ha tomado medidas muy regresivas en el ámbito de la educación, tales como la prohibición del uso de materiales sobre educación sexual y reproductiva, no discriminación e igualdad de género. Ello ha generado una importante reacción ciudadana liderada por organizaciones feministas y de mujeres, que justamente acaban de movilizarse nuevamente el 25 de noviembre en torno de una campaña por la erradicación de la violencia de género, en el marco del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En el caso del movimiento campesino, este año hemos tenido un poco de todo: movilizaciones tanto en el interior del país, incluyendo cortes de rutas, como en Asunción, la capital. En septiembre de 2017, por ejemplo, cientos de campesinos de la Coordinadora Nacional Intersectorial entraron a la capital y montaron un campamento permanente en la plaza frente al Congreso Nacional, en el marco de una campaña por la condonación de deudas de los productores de la economía familiar. Los pequeños productores han padecido condiciones climáticas muy adversas que aniquilaron cultivos enteros, a lo que se sumó una tendencia de precios desfavorables para sus principales productos, de modo que la demanda de condonación de sus deudas, así como de medidas de fortalecimiento de la economía familiar campesina, ha sido uno de los temas centrales de la protesta social. Y por supuesto, también ha habido protestas en torno de la propiedad de la tierra, ya que es una demanda de larga data, pero estas no han tenido la misma masividad ni la misma fuerza.

Los movimientos estudiantil y de mujeres, por su parte, son básicamente fenómenos urbanos con presencia muy fuerte en Asunción y en su área metropolitana, aunque en el caso de las organizaciones feministas hubo también expresiones de movilización en el interior, y en particular en zonas de frontera paraguayo-argentina como Encarnación-Posadas, donde hubo un interesante proceso de articulación entre organizaciones de ambos países. Algo similar sucedió en la frontera con Brasil.

  1. ¿Cómo ha reaccionado el Estado paraguayo frente a la movilización social?

La actuación represiva del Estado es tanto más violenta allí donde las manifestaciones interpelan políticamente al gobierno y son vistas por el Ejecutivo como una amenaza a su poder. Este año hubo varios sectores que se movilizaron, pero la reacción no fue la misma hacia todos ellos. En un determinado momento, los campesinos que acampaban en el centro de Asunción en reclamo de la condonación de sus deudas quedaron encerrados en la plaza frente al Congreso, sin que la policía los dejara movilizarse por las calles de la ciudad, como lo habían estado haciendo en las semanas precedentes mientras duraba la negociación con el Congreso. Para ello la policía apeló a la ley 1.066/1997, coloquialmente conocida como “Ley del Marchódromo”, que tiene muchos años pero nunca se había aplicado. Esta ley, que nosotros consideramos que es inconstitucional e incompatible con los estándares internacionales de regulación del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, establece fuertes restricciones de horarios y de lugares para la movilización. Su aplicación logró reducir en gran medida el impacto de una importante protesta social en curso.

En contraste, esta legislación no fue utilizada contra otras manifestaciones – por ejemplo de docentes y de estudiantes - que tuvieron lugar en torno de las mismas fechas. De modo que estamos ante la aplicación discriminatoria de una legislación que además es inconstitucional, en el marco de una relación con la movilización basada en una estrategia de premios y castigos.

  1. Además de las expresiones ya mencionadas de la protesta social, hubo en marzo-abril de 2017 una serie de protestas contra la reelección presidencial que terminaron en una fuerte represión. ¿A qué se debió la inusual violencia de estas manifestaciones?

Las protestas que culminaron en los hechos del 30 de marzo y el 1 de abril tuvieron un origen más político que las mencionadas anteriormente, en el sentido prácticamente partidista del término, ya que estuvieron vinculadas a un intento de reforma de la Constitución Nacional para permitir la reelección presidencial. Esta pretensión fue rechazada por amplios sectores de la sociedad civil, incluida la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). La propuesta de reformar la Constitución había sido planteada por el partido en el gobierno junto con sectores de la oposición, ya que habilitaría a presentarse no solamente al actual presidente Horacio Cartes, del Partido Colorado, sino también al ex presidente Fernando Lugo, hoy senador por el Frente Guasú y presidente del Congreso. Amplios sectores de la ciudadanía vieron el intento de reforma de la Constitución como un ejercicio abusivo del poder por parte de una alianza circunstancial que destruiría la poca institucionalidad que aún tenemos.

El debate sobre la reforma constitucional se estaba dando en espacios institucionales y en los medios de comunicación, pero la reacción ciudadana, espontánea y masiva, ante aprobación de la enmienda constitucional en el Congreso lo sacó a las calles. En el marco de estas protestas hubo una serie de incidentes que fueron mundialmente conocidos porque incluyeron la quema del edificio del Congreso. En opinión de la CODEHUPY, estos actos de vandalismo fueron en gran medida el resultado de la inacción de la Policía Nacional, que dejó deliberadamente vacante la protección de la institución parlamentaria.

Esa noche yo participaba como observador de la movilización con un equipo de trabajo de la CODEHUPY y junto a una comitiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Todos nosotros fuimos testigos directos del momento en que un grupo de manifestantes logró entrar al edificio del Congreso, y observamos algo completamente inusual. Mientras que lo habitual es que las instituciones oficiales, y en particular el Congreso y las oficinas del Ejecutivo, tengan altos niveles de custodia, vimos que la policía había abandonado el lugar, y recién se hizo presente mucho más tarde, con toda su fuerza y con el objeto de reprimir indiscriminadamente a los manifestantes y acabar con la violencia que ella misma había instigado. Esto dio como resultado numerosos heridos y centenares de detenciones arbitrarias. Al final del día se habían registrado por lo menos 211 personas detenidas, muchas de ellas víctimas de torturas, malos tratos y otros abusos por parte de la policía.

En el marco de este estallido de violencia, que duró toda la noche entre el 30 de marzo y el 1 de abril, el hecho más grave fue la muerte de un dirigente juvenil del Partido Liberal en el interior de la sede central de su partido, que había sido allanada sin orden judicial por la policía.

  1. ¿Qué está haciendo la sociedad civil frente a estas restricciones, tanto legales como de hecho, de las libertades cívicas y en particular del derecho de protesta?

La CODEHUPY ha tenido reuniones con varias organizaciones campesinas, y estamos conversando sobre la necesidad de proponer al Congreso una ley derogatoria de la ley 1.066/1997, que es inconstitucional. Por otro lado, la sociedad civil lleva años llamando la atención sobre el rol que debería tener el Ministerio Público. Desde el punto de vista constitucional, el Ministerio Público debería ejercer la representación de la sociedad ante el Poder Judicial; sin embargo, raramente los fiscales asumen un rol de salvaguarda del derecho de los sectores movilizados a estar en las calles y hacer valer sus reclamos. De modo que insistimos en la necesidad de que esta institución desempeñe el rol que le corresponde. La denuncia en torno de estas cuestiones está generando fuertes articulaciones entre los movimientos sociales y en el seno de la sociedad civil. En ese sentido, en Noviembre de 2017 presentamos un informe de investigación sobre la actuación (o la inacción) de la Fiscalía de Derechos Humanos en la persecución y sanción de la tortura, realizado por la CODEHUPY con el apoyo del MNP.

Otra práctica que tenemos desde hace tiempo, pero que hemos intensificado en el último año, es la de documentar casos que se han dado en diversos lugares de Paraguay y que no han tenido mucha visibilidad y aportarlos como insumos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a algunas relatorías de derechos humanos de los organismos regionales e internacionales, y en particular de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Durante las sesiones de la CIDH que tuvieron lugar en Montevideo, Uruguay, en octubre de 2017, la CODEHUPY participó de una audiencia sobre la falta de independencia judicial y de garantías del debido proceso en Paraguay. En ella denunciamos que en nuestro país existe una jerarquía de derechos, en cuya cúspide se ubica la protección de la propiedad privada, de modo tal que ante conflictos de tierras siempre se impone el interés del empresario o ganadero por sobre el de las poblaciones indígenas o campesinas, lo cual viola sistemáticamente el principio de no discriminación por parte del Estado.

  1. ¿Recibe la sociedad civil paraguaya la solidaridad y el apoyo de sus contrapartes en el resto del mundo? ¿Qué clase de apoyo internacional necesitaría para poder responder mejor a estos desafíos?

La CODEHUPY está trabajando mucho en el marco de redes regionales de derechos humanos. Con eje en el tema del derecho a la protesta, por ejemplo, hemos trabajado en una articulación con organizaciones de otros países de la región, tales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Artículo 19 de Brasil, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) de México y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), entre otras. En ese marco hemos producido un informe sobre la criminalización de la protesta social en América Latina, y estamos preparándonos para producir un informe sobre la protesta social en Paraguay, que concretaremos en 2018 como parte de una campaña más amplia de difusión y sensibilización sobre el derecho a la protesta y en el marco de una estrategia para poner el tema de lleno en la agenda regional.

Otro espacio de referencia para nosotros es la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC), que conecta a más de 280 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y activistas de 75 países. Esta red ha generado interacciones muy importantes para nosotros y ha realizado un activismo muy solidario para con el Paraguay.

Dentro de nuestro esquema de alianzas internacionales, también tenemos un vínculo cercano con Amnistía Internacional, y especialmente con su sección temática sobre protección de defensores y defensoras de derechos humanos, que pone el foco sobre los defensores locales del derecho a la tierra. Esto nos ha permitido afianzar vínculos más allá de las organizaciones de nuestro país y nuestra región. Los vínculos, el apoyo y la solidaridad  internacionales siempre han sido y siguen siendo fundamentales para el activismo de derechos humanos en Paraguay.

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Entramado de complicidades entre empresas y Estado resulta en creciente criminalización de defensores de derechos humanos en Panamá

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CIVICUS conversa con Ileana Molo, Presidenta Ejecutiva de la organización Afropanameñ@ Soy e integrante de la Red de Derechos Humanos de Panamá, en cuya representación participó de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en Panamá en octubre de 2017.

  1. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los y las activistas de la sociedad civil en Panamá? ¿Hay grupos que estén siendo particularmente atacados?

Uno de los temas más preocupantes que hemos denunciado es el hostigamiento y la intimidación de los líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil por la vía jurídica y mediante agresiones económicas y psicológicas. Esta tendencia afecta desproporcionadamente a grupos movilizados por temas ambientales y en relación con el uso del suelo, cuyo activismo los pone en conflicto con grandes empresas en el área del desarrollo de infraestructura.

Estamos viendo una fuerte tendencia a la criminalización y la intimidación. Hay un entramado de normas discriminatorias, y las empresas, que tienen muchos recursos económicos y mucho poder, las están usando para demandar a los activistas de modo de intimidarlos legalmente y desalentar su labor. Entonces, si tú denuncias una mala práctica de una empresa, la empresa enseguida te demanda a ti. Muchos activistas están siendo afectados económica y psicológicamente, de manera que estamos viendo cómo podemos apoyarlos.

Tenemos un mapeo de las diferentes agresiones físicas, económicas y políticas y de las demandas que han enfrentado los defensores. Entre los casos más recientes está el de Basilio Pérez, un activista ambiental y experto forestal que fue demandado por daños y perjuicios por una empresa a la que había denunciado por violaciones a la ley general de ambiente y la contaminación de comunidades aledañas a la mina del Cerro Quema. La empresa le exige una indemnización de 40 mil dólares.

Otro caso resonado es el de Max Crowe, presidente y representante legal de la Asociación de Propietarios de Jardín Albrook, una asociación de vecinos que inició un proceso para defender la zonificación residencial ante violaciones de las normas de uso del suelo y normas urbanísticas. En este caso, el abuso judicial incluyó una demanda por 65 mil dólares contra Crowe, el secuestro arbitrario de sus bienes personales y el congelamiento de la cuenta bancaria de la organización. Su caso es similar al de María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, que reúne a más de 40 comunidades. En el marco de un conflicto por violación de normas urbanísticas y de uso del suelo, Chávez fue demandada judicialmente por un diputado aparentemente vinculado con concesiones mineras con interés en la creación de un nuevo distrito en esa zona.

Otro caso muy sonado en los medios es el de la asociación de residentes de Coco del Mar, que por presentar una querella ambiental contra una empresa constructora han sido objeto de una demanda civil de daños y perjuicios por alrededor de 5 millones de dólares. Primero tuvieron una querella penal con sobreseimiento provisional en primera instancia dictado en noviembre de 2016 y ratificado por segunda instancia este año. En octubre de 2016 presentaron la demanda civil, y ahora enfrentan esta millonaria demanda.

Cabe subrayar también el caso de la compañera Larissa Duarte, joven activista ambientalista de las áreas indígenas comarcales, fundadora del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre, que fue demandada por 10 millones de dólares por la empresa Hidroeléctricas Los Estrechos S.A., en el marco de un conflicto por usurpación de tierras y en defensa del agua. Si bien el reclamo de la empresa, por costos incurridos cuando el proyecto hidroeléctrico fue cancelado supuestamente como consecuencia del activismo, ha sido recientemente desestimado por la justicia, la campaña de difamación contra Larissa Duarte y su organización continúa.

Otro caso muy importante es el de la Isla Pedro González, que ha afectado a muchas familias. La empresa Pearl Island Living llegó a la isla un día diciendo que ellos eran los dueños de la tierra y que iban a desarrollar un proyecto turístico y habitacional de modo que las personas que vivía ahí se tenían que ir. En este caso, se han dado muchas situaciones de enfrentamiento entre los pobladores y la empresa. Se mantiene latente el conflicto por la legalidad de la titulaciones.

Por el momento, sin embargo, los activistas han enfrentado más acoso judicial que ataques violentos. Pero es importante mencionar el caso de Ligia Arreaga, que debió abandonar el país tras recibir amenazas de muerte. Arreaga, defensora del Humedal Laguna de Mtusagaratí y enfrentada a los proyectos de una empresa de sembrar palma aceitera en gran escala en la provincia de Darién, denunció en tres ocasiones, en 2009, 2015 y 2016, que había recibido advertencias de que la empresa AGSE Panamá S.A. la mandaría matar por sus denuncias sobre titulación de tierras. Finalmente dejó el país porque no recibió ningún respaldo policial ante las amenazas.

  1. Por lo que relatas, daría la impresión de que la principal fuente de agresiones son las empresas. ¿Qué rol le cabe al Estado?

Efectivamente, las empresas son la principal fuente de agresiones, y de hecho tienen suficiente poder como para obstaculizar nuestro trabajo. Cuando trabajábamos en el informe sobre Barro Blanco, nos resultó bien difícil llegar hasta las comunidades afectadas para entrevistarlas, porque teníamos a la empresa todo el tiempo pisándonos los talones y nos resultaba intimidante que una persona supervisara todo lo que hacíamos. Además nos costó muchísimo llegar hasta la zona, porque había que ir en lancha, ya que todo el ensamble de la hidroeléctrica está rodeado por agua – que es precisamente lo que las comunidades alegan: que están perdiendo sus tierras, que se están inundando y ya no resultan cultivables.

El rol del Estado es, como mínimo, ambiguo. Por un lado, el Estado tiene la potestad de mediar, y nosotros le exigimos que lo haga. En el caso de la isla Pedro González, le solicitamos que se reuniera con la empresa y la comunidad, para llegar a acuerdos y que se levantaran las órdenes de detención que había contra 37 personas desde el año pasado. Esto se logró finalmente gracias al trabajo que hizo la Alianza Ciudadana Pro Justicia en conjunto con la Red de Derechos Humanos y organizaciones de afrodescendientes. Llegamos a un acuerdo con el fiscal para que permitiera que estas personas se presentaran voluntariamente y las órdenes de detención fueran reemplazadas por medidas cautelares; esta dinámica requirió del trabajo de numerosos abogados que de forma desinteresada brindaron sus servicios legales ya que los pobladores de la Isla son, en su mayoría, de escasos recursos.

Por el otro lado, claramente muchas instituciones estatales son utilizadas por las empresas para alcanzar sus fines. De hecho, las instancias jurídicas suelen acoger las demandas que las empresas entablan contra sus críticos, decretan la confiscación de los bienes de los acusados, y en general aunque eventualmente los absuelvan, los someten a largos procesos que son muy desgastantes. Hace pocos días, por ejemplo, acompañamos al juzgado a los residentes de Coco del Mar, que fueron voluntariamente a declarar por la demanda civil contra ellos, y una señora de la junta directiva comentaba que el caso le generaba tal incertidumbre que la estaba perjudicando física y psicológicamente y perturbando su vida personal y familiar.

En última instancia, el Estado toma partido a favor de las empresas. Recientemente hemos tenido informes de pobladores de Pedro González muy preocupados porque en las próximas semanas se iniciará la construcción del proyecto hotelero. Y francamente nuestra organización aún no ha podido ocuparse del tema de la titulación de las tierras, porque nuestro trabajo es voluntario, no tenemos capacidad suficiente, y por lo tanto hemos tenido que dividir las luchas: primero atender el tema de las personas con medidas de detención, y dejar para luego el tema de las tierras y las titulaciones. Pero el gobierno sí puede, y debería ocuparse de estos temas. El tema es que falta voluntad política; en el caso específico de Pedro González, uno de los grandes accionistas del proyecto en cuestión es Guillermo Saint Malo Eleta, pariente de la vicepresidenta de la nación. Así es que las soluciones al conflicto no avanzan porque hay fuertes intereses de por medio.

En ciertos casos, como el de Barro Blanco, la toma de partido otorga al Estado un rol más represivo. El caso de Barro Blanco es un conflicto de larga data que empezó con concesiones a empresas hidroeléctricas varios gobiernos atrás. El proyecto se impuso contra la voluntad de la población indígena de la zona, que se vio desplazada y sufrió daños irreparables en poblados, zonas de cultivos y sitios religiosos, históricos, arqueológicos y culturales. En este caso, el Estado se ve involucrado de lleno toda vez que se dan enfrentamientos. Los pobladores exigen que las empresas paren los trabajos, y en cambio el gobierno suelta a la policía antimotines y los agrede. Hay un entramado de complicidades entre las empresas y el Estado, y el tiempo que pasa corre en contra de estas poblaciones, porque los proyectos de infraestructura acaban convirtiéndose en hechos consumados.

  1. ¿De qué manera se organiza y trabaja la sociedad civil panameña para superar estos obstáculos?

Nosotros trabajamos en red. La organización que presido, Afropanameñ@ Soy, es parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras en Panamá (CONEGPA). Trabajamos todo lo relacionado con los derechos humanos de las personas afrodescendientes. También formamos parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y de la Red de Derechos Humanos de Panamá.

La Red de Derechos Humanos tiene unos tres años de mucha actividad, y trabaja mediante una asamblea de acción ciudadana formada por unas 30 organizaciones, entre ellas sindicatos y grupos de mujeres, juventud, indígenas, grupos LGTBI y afrodescendientes. La asamblea generalmente se reúne dos veces al mes y aborda temas de actualidad nacional; la red se activa cuando se da alguna presentación de un caso específico de violación de derechos. Tenemos un grupo técnico que se encarga de hacer el relevamiento en el terreno. Nosotros asumimos todos los gastos: hacemos colectas para poder mandar a este grupo a hacer el trabajo de campo y redactamos y difundimos el informe. Tenemos ya dos informes técnicos elaborados, uno sobre Pedro González y otro sobre Barro Blanco, este último disponible en la web. Personalmente he tenido la oportunidad de participar en los dos, y en este último más intensamente porque incluyó la variable étnica, ya que las comunidades afectadas tienen una alta proporción de afrodescendientes.

Como la Red se sostiene exclusivamente en los esfuerzos de sus miembros, sin ningún otro financiamiento, es clave para nosotros recibir la colaboración de otros actores. Así, por ejemplo, cuando tenemos alguna consulta legal más técnica recibimos apoyo del Colegio de Abogados. En este momento estamos trabajando en un pequeño proyecto con la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá y otras instituciones académicas, para desarrollar un diplomado para formar expertos en levantamiento de informes en situaciones de crisis. Todavía está un poco verde, pero para nosotros esto es fundamental porque no cualquiera puede hacer una investigación y producir informes de este tipo, y necesitamos más técnicos que puedan dedicarse a estos procesos.

Nos vinculamos también con grupos de prensa alternativos que nos apoyan dando divulgación a nuestros casos. El sistema de medios de comunicación es muy poco accesible para nosotros, ya que en general está compuesto de grandes empresas muy poderosas que suelen tomar partido por las empresas que criminalizan al activismo. Nuestro trabajo de difusión recientemente resultó en una cobertura más equilibrada de la movilización que se produjo cuando los residentes de Coco del Mar se presentaron a declarar.

Y también, por supuesto, llevamos nuestros reclamos a organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

  1. ¿Qué le reclama la Red de Derechos Humanos al gobierno de Panamá en la CIDH?

Como Red de Derechos Humanos hemos tenido la oportunidad de participar en audiencias temáticas de la CIDH en 2014, 2015 y 2017. A ellas hemos llevado casos de violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en Panamá, y en particular en la última, hemos expuesto el reiterado incumplimiento del Estado a las recomendaciones de la CIDH así como a algunos fallos vinculantes de la Corte Interamericana.

En efecto, el seguimiento por parte del gobierno es totalmente inconsistente. El gobierno asume compromisos pero luego no cumple con lo acordado. Uno de los compromisos tomados en la audiencia de la CIDH en Washington, en marzo de 2017, fue el de establecer una mesa temática con reuniones periódicas en las que se irían viendo los casos. Sin embargo, dicha mesa nunca se estableció. Tras regresar a Panamá, fuimos convocados a una sola reunión en Cancillería en abril. Fue muy incómoda, porque no fue más que un monólogo y no se pudo ni siquiera definir una agenda, por no hablar de llegar a algún acuerdo. Estaban presentes todas las partes, había altos funcionarios – estuvo incluso el viceministro de la Presidencia Salvador Sánchez González, a quien siempre mandan a dar la cara a las audiencias porque antes de entrar al gobierno trabajó en temas de derechos humanos -, pero fue una pérdida de tiempo. Lo único que quedó de allí fue la idea de hacer una gira a la isla de Pedro González, que eventualmente se hizo, pero eso era parte de un compromiso ya asumido. En la reunión solo se habló de Pedro González; el caso de Barro Blanco se abordó apenas de un modo muy general.

En la última audiencia de la CIDH, realizada en Montevideo en octubre de 2017, aprovechamos para recalcarle al Estado que estamos totalmente disconformes con la forma en que están abordando, o más bien no están abordando, el tema. Nuevamente reclamamos el establecimiento de la mesa temática, desde la cual esperamos poder desarrollar un Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que queremos que se convierta en ley. Queremos un sistema de protección con protocolos para aplicar en determinadas situaciones y con mecanismos de alerta, prevención, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas desarrollados e implementados con la participación de expertos de la sociedad civil. Queremos una dinámica de respuesta competente, especializada, ordenada, moderada, oportuna, e integrada no solamente por personas la sociedad civil expertas en temas de derechos humanos sino también por contrapartes estatales con capacidad de decisión, ya que queremos la seguridad de que podrá resolver las situaciones de conflicto que estamos observando.

Luego de que regresamos de Montevideo fuimos citados para una reunión en Cancillería el 23 de noviembre; esperamos antes de esa fecha poder fijar una agenda para que sea una reunión productiva. Ojalá haya voluntad del gobierno para establecer el sistema de protección que estamos reclamando.

  1. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de Panamá con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿De qué modo podrían los actores externos apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil panameña?

En la Red trabajamos con las uñas, en forma voluntaria y sin más apoyo que el que nos dan las organizaciones y personas que integran la Red. El tiempo que yo le destino a la Red es no remunerado y se suma a mis actividades profesionales, de modo que me es muy difícil estar 100% en eso. La Red todavía no tiene siquiera una página web, y cuando viajamos a instancias como la CIDH lo hacemos generalmente por esfuerzo que proporcionamos los integrantes de las diversas organizaciones. Para la audiencia de Montevideo solo pude ir yo en representación de la Red.

De ahí que para nosotros sea clave fortalecer las redes de las que formamos parte. Por ejemplo, en calidad de organización afrodescendiente, Afropanameñ@ Soy es parte de redes internacionales de organizaciones afrodescendientes. Trabajamos con la Red de Mujeres Afrocostarricences, a la cual hemos puesto sobre aviso respecto de los temas que nos ocupan, sobre todo en la Isla Pedro González, y ellos a su vez nos pusieron en contacto con otras organizaciones similares en otros países. Se trata todavía de vínculos muy leves y todavía no muy concretos, pero estamos tratando por todos los medios de informar a nuestros amigos y contactos.

La labor de visibilizar los casos es titánica, y para eso necesitamos de mayores contactos con organizaciones internacionales. Se nos ha hecho muy difícil, pero estamos intentando conectarnos con organizaciones que se ocupan de temas de tierras y que puedan orientarnos y asesorarnos sobre cómo llevar los casos.

Pero para conseguir apoyos, tenemos que trabajar primero en disipar esa imagen que nuestro país emite hacia afuera de que acá no pasa nada, que somos cosmopolitas y modernos y está todo bien. De hecho muchos primero se asombran cuando leen nuestros informes y se enteran de los atropellos contra las comunidades y los casos de criminalización e intimidación de activistas. Pero esta es la realidad que estamos viviendo, y estamos tratando de hacerla visible. El hecho de que CIVICUS muestre interés en escucharnos y dar a conocer lo que aquí está pasando es sumamente valioso para nosotros.


 

 

‘No abandonaremos nuestra lucha; las empresas y gobiernos que invierten en proyectos extractivos deben saber que se están comprando un problema’

 

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Medardo Mairena Sequeira HRC

CIVICUS conversa con Medardo Mairena Sequeira, Coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social organizado en oposición al proyecto de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. En septiembre de 2017 Medardo Mairena integró la delegación de CIVICUS en el 36ª período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participó como orador en un evento paralelo sobre las restricciones del espacio cívico que enfrentan los movimientos indígenas y ambientalistas en todo el mundo.

1. ¿Cuáles son las razones de la movilización contra el proyecto del Canal Interoceánico? ¿Qué consecuencias tendría la construcción del canal?

La concesión para construir y operar el canal por 50 años, prorrogables por 50 más, fue entregada en junio de 2013 a la empresa china HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company). Fue otorgada mediante la Ley 840, conocida como “ley canalera”.

El canal tendría unos 500 metros de ancho y 30 metros de profundidad, un área restringida de 10 kilómetros a ambos lados y 278 kilómetros de largo. Además incluiría un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados y otro lago para una central hidroeléctrica, más aeropuerto y cantidades de comercios que ocuparían enormes extensiones de territorio.

Se estima que los desplazados, es decir los afectados directos, serían más de 350 mil personas. Muchas más serían afectadas de manera indirecta, ya que los desplazados tendríamos un impacto allí donde nos moviéramos: tendríamos que ocupar otras propiedades, dado que ya no existen en Nicaragua tierras libres adonde pudiéramos ser reubicados, pese a lo que ha dicho el gobierno en algunas ocasiones.

Las tierras que atravesaría el canal son las mejores tierras de Nicaragua: tienen agua, se pueden cultivar, y es donde vivimos los campesinos. El canal también atravesaría y arruinaría el Lago Cocibolca, que es el único reservorio de agua dulce que tenemos no solo en Nicaragua sino en toda Centroamérica. La contaminación de estas aguas es la muerte, porque miles de hermanos toman agua de ese lago.

Yo vivo en una zona que está en el camino proyectado para el canal. Estoy en Punta Gorda, cerca de un territorio indígena y de la Reserva Indio Maíz, la Reserva Natural Punta Gorda, los humedales de San Miguelito y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Somos vecinos y tenemos muy buena relación con los hermanos indígenas, y al igual que a ellos nadie nos ha consultado. No nos han preguntado si estamos de acuerdo en vender, arrendar o entregar nuestras tierras. En los cuatro años desde que se vendió la concesión, el gobierno aun nunca ha pedido la opinión de los afectados directos. Todo lo que ha hecho es militarizar la zona, poner cantidades de militares y policías que reprimen al pueblo. Así, en la franja canalera encuentras campesinos humildes que han sido intimidados e incluso sufrido torturas.

MedardoSequeira2Pero tenemos una posición muy firme: no entregaremos nuestras propiedades ni aceptaremos la destrucción que el canal causaría en el medio ambiente, y en cambio exigimos la derogación de la Ley 840. El artículo 12 de la ley dice que “es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto”. Pero obviamente no es en nuestro interés que nos quiten nuestras propiedades para que el gobierno pueda hacer sus negocios con los chinos.

2. ¿Qué acciones realiza el movimiento anti-canal para exigir la derogación de la ley?

Hemos hecho más de 90 marchas en diversos lugares del país, y seis marchas nacionales. Las marchas locales han tenido siempre entre 3000 y 7000 personas, mientras que las nacionales han juntado desde 18 mil hasta 30 mil.

Además de marchar, trabajamos continuamente para dar a conocer la ley canalera. Hacemos foros en municipios, comarcas y distritos para explicarle a la gente la situación y nuestra lucha. Sucede que esta ley se hizo a espaldas del pueblo, y por eso la mayoría de los nicaragüenses no sabe lo que significa ni cómo los amenaza. A partir de los foros ellos han sentido la necesidad de organizarse, y así es como ha avanzado el movimiento.

También hemos seguido todo el procedimiento legal que establece nuestra Constitución política para las iniciativas ciudadanas. La Constitución de Nicaragua dice que con las firmas de por lo menos 5000 ciudadanos se puede presentar una iniciativa ya sea para derogar una ley o para proponer una nueva. En abril de 2016 llevamos a la Asamblea Nacional un petitorio para derogar la ley canalera que tenía más de 28 mil firmas, pero la Asamblea se declaró incompetente diciendo que no tenía atribuciones porque la ley canalera tenía rango constitucional, y que por lo tanto no podía derogarla. Pero nosotros tenemos claro que los diputados están autorizados para hacer y deshacer, así que presentamos un recurso de revisión, pero este fue enseguida rechazado. Así que siguiendo los pasos que indica la Constitución presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de ocho meses La Corte Suprema también falló en contra de nosotros los campesinos, violando así nuestros derechos constitucionales. Una vez que agotamos todas las vías legales en Nicaragua, demandamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por violación de nuestros derechos humanos.

El gobierno dice que el proyecto del canal es apoyado por la mayoría de los nicaragüenses, pero esto no es cierto. Esto se evidencia en la cantidad de gente que se ha unido a nosotros pese a que no contamos con recursos económicos para movilizarnos. Con los pocos recursos que tenemos hemos hecho enormes movilizaciones, y si tuviéramos más recursos quedaría claramente en evidencia que la realidad es exactamente la contraria de lo que el gobierno está diciendo.

El gobierno no nos escucha, al punto que después de cuatro años de lucha todavía no nos reconoce como organización, pese a que hemos liderado grandes movilizaciones. Y de remate, acaba de reestructurar la ley para poder explotar los recursos naturales sin siquiera hacer estudios de impacto ambiental. Para la construcción del canal nunca pudo presentar ningún estudio de impacto ambiental ni socioeconómico, porque ha manejado todo a escondidas: hizo la ley, vendió nuestras tierras a un empresario y luego quiso justificarlo con supuestos estudios. Pero como no tiene los estudios que necesita, porque todos los estudios dicen exactamente lo contrario, finalmente modificó la ley y ahora puede construir sin hacer un estudio de impacto ambiental, lo cual es una violación más de nuestros derechos constitucionales.

3. ¿Han tenido libertad para movilizarse contra el canal?

Hemos encontrado muchos obstáculos para movilizarnos y hemos sido muchas veces reprimidos; por ejemplo el 29 de noviembre de 2016 intentamos hacer una marcha nacional y tuvimos que suspenderla ante la represión de la policía y el Ejército. Desde el día anterior el gobierno puso obstáculos en los caminos, organizó retenes y requisó vehículos en todas las entradas y salidas a la capital. Los manifestantes que intentaban llegar a Managua fueron atacados por la policía antimotines. Hubo infiltraciones, provocaciones y violencia; varios campesinos fueron heridos; uno de ellos, que tuvo heridas graves, sigue mal, ya ha tenido dos operaciones.

La persecución y la criminalización son permanentes. La represión es cada día más fuerte y nuestras familias sufren. Cuando salimos de la casa los hijos piensan que algo nos puede pasar, porque el gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, desde intimidar hasta asesinar. Algunos líderes que han luchado contra el régimen hoy están muertos, y nunca se ha sabido porqué, cómo ni por quién. La impunidad es total.

4. Usted no solía dedicarse a la política. ¿Cómo llegó a liderar esta lucha?

Nosotros nos organizamos por necesidad, porque los campesinos nos dedicamos a trabajar la tierra y no estamos acostumbrados a andar en estas cosas. Los que hemos emprendido esta lucha somos campesinos: es decir, somos autónomos, no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Nos organizamos por nuestros propios medios, aunque las organizaciones de derechos humanos nos han apoyado y ahora que hemos presentado nuestra demanda esperamos también el respaldo de la CIDH.

5. ¿El movimiento anti-canal mantiene vínculos con otros movimientos sociales que también están siendo atacados y reprimidos?

Hemos estado en contacto con otros movimientos y hemos tratado de hacer alianzas para fortalecernos. De hecho, el proyecto del canal se coloca en el marco de un modelo extractivista más amplio, que requiere de la entrega de grandes cantidades de tierras y trae mucha destrucción. Los movimientos que oponen resistencia contra la minería o la siembra de monocultivos y las comunidades indígenas que defienden sus territorios están en la misma situación que nosotros, ya que son amenazados por las mismas leyes que los exponen a la expropiación, y son reprimidos por el mismo gobierno.

El gobierno hace negocios con proyectos extractivistas entregando concesiones sin consultar ni con las comunidades indígenas – no se han hecho las consultas previas, libres e informadas que exige la ley – ni con nosotros los campesinos. El gobierno solo quiere seguir enriqueciéndose para mantenerse en el poder. El proyecto del canal es tan innecesario que cabe pensar en las peores motivaciones: por ejemplo, que se busca dar movilidad sin controles a negocios oscuros, incluso ilícitos. Nosotros no estamos en contra del progreso, pero el progreso puede y debe ser amigable con el medio ambiente y respetuoso de los derechos humanos.

6. Usted sufrió recientemente una instancia de criminalización. ¿Nos puede contar qué pasó?

Yo había viajado a Costa Rica porque tenía a mi hijo enfermo allá; estuve cinco días hospitalizado con él. Cuando venía de regreso para Nicaragua, visé mi pasaporte en Costa Rica, pagué los impuestos, pasé la frontera, y luego del lado nicaragüense me sellaron el pasaporte, me requisaron la mochila como de costumbre – todo normal. Y cuando ya estaba por volver a abordar el bus me alcanzó alguien de Migraciones de Nicaragua para decirme que querían hablar conmigo. Llegaron dos antimotines, me pusieron las esposas y me llevaron a empujones. Yo pregunté porqué me detenían, si tenían orden de captura, qué delitos se me imputaban, y pedí que me dejaran hacer una llamada telefónica a mi familia para que supieran que estaba siendo detenido, pero nunca me explicaron nada: solo me decían que querían hablar conmigo. Primero me tuvieron unas dos horas ahí en la frontera, y después llegó una patrulla de policía y me llevaron a la estación policial. Cuando les preguntaba cuál era mi delito me respondían que era una investigación y que la ley les daba facultades para detener a una persona por 48 horas para hacer averiguaciones. Yo les decía que yo no soy una persona desconocida ni ando escondido, y que si me hubieran dado una cita yo hubiera ido a la estación de policía para una entrevista si querían hablar conmigo; no era necesario que me pusieran las esposas o me encerraran.

Me llevaron a una cárcel de Managua que es una cárcel de tortura. Gracias a Dios a mí no me torturaron físicamente, pero torturaron psicológicamente a mi familia, porque desde el momento en que me desaparecieron sin dejarme hacer una llamada, considero que fue un secuestro. Mientras tanto me estuvieron interrogando; me hicieron preguntas ilógicas, me tuvieron dos días detenido y al final cuando ya me iban a liberar me dijeron que los disculpara, que no tenía ningún delito, que tenía razón, que lo que les había dicho era cierto…

Yo creo que intentan intimidarnos para que dejemos esta lucha. Pero estamos seguros de que es una lucha muy justa, de modo que vamos a seguir. En mi caso hubo mucha presión de organizaciones de derechos humanos que estuvieron preguntando por mi desaparición, de campesinos que ya se estaban movilizando en toda Nicaragua para protestar, algunos medios de comunicación, las redes sociales… esta presión ayudó mucho para que el caso saliera a la luz.

7. ¿Qué clase de apoyo necesita el movimiento de parte de la comunidad internacional?

Necesitamos espacio en los medios para divulgar nuestra lucha. Queremos que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua.

Queremos mandar un mensaje a las empresas y gobiernos que pudieran estar interesados en invertir en el proyecto del canal interoceánico. Ellos deben saber que las tierras sobre las que se piensa construir el canal no son de Daniel Ortega sino de los nicaragüenses, y que los nicaragüenses, y sobre todo los campesinos, estamos organizados y tenemos una posición muy firme en defensa de nuestra tierra. Nosotros vivimos en el campo y esta es la única forma en que sabemos sobrevivir. No podemos ir a la ciudad; allí nadie nos espera. Antes que morir de hambre, preferimos morir defendiendo nuestras tierras.

Las empresas y gobiernos interesados no deben malinvertir su dinero y el de sus pueblos. Tienen que saber que estamos firmes en esta lucha y que vamos a llevarla hasta el final, de modo que si tratan de invertir aquí se estarán comprando un problema.

El espacio cívico en Nicaragua es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “obstruido”.

Visite el perfil de Facebook del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

 

La sociedad civil de América Latina y el Caribe presiona por un acuerdo vinculante sobre acceso a la información y derechos ambientales

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CIVICUS conversa con Andrés Nápoli, abogado especializado en derecho ambiental y Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Fundada en 1985, FARN es una organización de la sociedad civil dedicada a impulsar el desarrollo sustentable. Con énfasis en la participación ciudadana, FARN promueve una ciudadanía ambiental inclusiva, el desarrollo y la implementación de herramientas para mejorar la transparencia de las políticas públicas y el acceso a la información en materia ambiental. Además construye y lidera redes y alianzas en espacios colaborativos y estratégicos de conocimiento.

Hace unos días se desarrolló en Buenos Aires una nueva ronda de negociaciones en pos de la adopción de un tratado sobre desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. ¿Cuáles serían los contenidos de este tratado, y qué rol está desempeñando la sociedad civil en el proceso?

Este es un acuerdo de negociación que se conoce como “acuerdo por el principio 10”, en referencia al principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que garantiza el acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y a la justicia de todos los actores afectados.

A partir de esa declaración y de un proceso similar que se dio en Europa y que ya a fines de los ‘90 resultó en la Convención de Aarhus, diez países de América Latina y el Caribe iniciaron negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 2012. Lo que buscaban era un acuerdo, un instrumento regional, para garantizar el acceso a la información sobre medio ambiente y que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en procesos de toma de decisiones que puedan afectar su calidad de vida o el ambiente y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, por ejemplo para reparar daños.

Durante varios años el proceso fue avanzando mediante una serie de reuniones de puntos focales, hasta que finalmente en el año 2015 se dio inicio al proceso de negociación. Los países involucrados actualmente son 24. El proceso es apoyado, en calidad de Secretaría Técnica, por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), un organismo que integra el sistema de las Naciones Unidas y que ha tenido un rol muy activo.

El proceso tiene una característica muy peculiar: sigue el modelo establecido en la Convención de Aarhus, que tenía el objetivo de consolidar los procesos democráticos en Europa del Este y que para ello contempló la incorporación activa de la sociedad civil. Así, el proceso actualmente en curso en nuestra región también establece mecanismos para la participación activa de la sociedad civil, la que cuenta con representantes en el Comité de Negociación que integran los representantes de los países. La sociedad civil cuenta con dos representantes electos por sus pares que debaten e intercambian ideas en la mesa de negociación del Convenio. Pueden incluso proponer texto para incorporar en el instrumento, el cual es incorporado si obtiene el apoyo de al menos uno de los países.

¿Cómo fueron seleccionados los representantes de la sociedad civil? ¿Ha trabajado la sociedad civil en alianzas o redes?

Los representantes de la sociedad civil (a la que en este proceso se denomina “público”) fueron electos en una votación realizada por medios electrónicos y en la que participaron los miembros del público que se encontraban inscriptos en el proceso al inicio de la negociación. Resultaron electos como titulares las representantes de la sociedad civil de Chile y Jamaica. En mi caso resulté electo como miembro alterno, junto con otros cuatro representantes de diversos países de la región.

Los representantes de la sociedad civil establecimos una red por medio de la cual desarrollamos nuestra tarea de manera articulada y conjunta. Contamos además con diferentes voceros en el proceso de negociación, como así también con el asesoramiento de expertos de países de la región y de Aarhus.

¿Ha habido desacuerdos importantes entre sociedad civil y estados en el curso de las negociaciones?

El proceso de negociación debería terminar a fines de este año, y si eso no se consigue habría alguna reunión más el año que viene. Se está negociando un texto propuesto por la Secretaría Técnica y sobre la base del cual se ha ido avanzando. Las negociaciones están entrando en su fase final.

Pero ha habido muchas idas y vueltas, y hay cosas importantes que aún no están definidas. Un tema en que la sociedad civil ha venido insistiendo, y sobre el cual hay una decisión cada vez más firme, es que el acuerdo debe tener carácter vinculante, vale decir que debe obligar a los países que formen parte del mismo. En tal sentido, entendemos que un acuerdo basado en derechos no puede admitir otro carácter. No queremos que este proceso sea una nueva declaración de principios, o una suerte de Ley Modelo: queremos un acuerdo que obligue a los países a establecer e implementar ciertos mecanismos efectivos de participación y acceso a la información en materia ambiental, como así también un amplio acceso a la justicia para reclamar la protección y tutela del derecho a gozar del ambiente.

Varios países se han pronunciado a favor de esta posición: entre ellos se cuentan Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay; también Argentina se expresó en ese sentido en la última reunión. Otros países sin embargo todavía no se han pronunciado en ese sentido, pero negocian el acuerdo como si fuera a adoptarse un mecanismo de carácter vinculante.

Sin embargo, nosotros creemos que hay ciertos países que no están negociando de buena fe el acuerdo. Ante todo, aún no se han pronunciado sobre si van a firmar el documento, ni sobre si aceptan que se trate de un acuerdo vinculante. Además, varios de esos mismos países negocian el acuerdo buscando bajar sistemáticamente los estándares de protección de derechos a establecer en el acuerdo, en algunos casos incluso fijando estándares más bajos que los que establecen sus propias legislaciones nacionales.

Estos intentos de bajar los estándares y garantías llevaron a que se generaran muchas discusiones que han prolongado por demás los plazos de las negociaciones y al mismo tiempo han generado un creciente malestar en los representantes de la sociedad civil.  Esto se ha visto muy claramente en temas de acceso a información pública, donde se han establecido numerosas barreras que tornarán mas dificultoso al ciudadano acceder a la información en poder del estado.

De hecho, en la última reunión en Buenos Aires se planteó la posibilidad de que la sociedad civil abandonara el proceso si esta actitud persistía. Pero esto fue más que nada un llamado de atención para los negociadores: como sociedad civil trazamos un límite a la discusión, por debajo del cual ya no estaremos dispuestos a permanecer.

Esperamos que en la próxima reunión, que se va a hacer en Chile cerca de fin de año y en la cual se van a abordar las cuestiones referidas al acceso a la justicia, los estándares de los países se mantengan elevados. Caso contrario, va a ser muy difícil que aquellos países que ya tienen buenos estándares en sus legislaciones mejoren su cumplimiento.

¿Por qué es importante la participación de las sociedad civil? ¿Qué diferencia hace su presencia en estos foros?

La participación de la sociedad civil es muy importante no solo porque legitima los procesos de negociación; también permite que haya mayores niveles de apertura y transparencia. Lo que es más importante, la sociedad civil trae a la mesa de negociaciones muchos de los temas que los estados no están dispuestos a tratar, aporta una perspectiva que va más allá de los intereses estrechos de los estados y al mismo tiempo busca que se eleven los estándares exigidos de protección de derechos. Cuando hay transparencia y la atención pública está puesta en estos procesos, es mucho más difícil para los estados negarse a abordar estas discusiones.

Un ejemplo de los temas que se han impuesto por la impronta de la sociedad civil es el de la situación por la que atraviesan los defensores ambientales y de derechos humanos en la región y la necesidad de establecer garantías para que puedan llevar a cabo su labor sin sufrir amenazas y atentados, que a muchos les han costado la vida.

América Latina es la región del mundo con mayor cantidad de asesinatos de activistas ambientalistas. Nosotros creemos que el Acuerdo por el Principio 10 debe contener mecanismos que posibiliten la prevención y la protección efectiva de los defensores ambientales.

Hay incontables conflictos ambientales abiertos en toda América Latina y el Caribe, asociados a muchísimas violaciones de los derechos humanos, y por el momento no hay mecanismos institucionalizados de negociación entre los estados y las comunidades afectadas. El acuerdo por el Principio 10 puede ser una muy buena herramienta para canalizarlos.

Como lo muestran numerosos informes publicados recientemente por CIVICUS, PWYP, Global Witness y Front Line Defenders, la sociedad civil que se ocupa del medio ambiente y los recursos naturales enfrenta amenazas crecientes. ¿Qué se puede hacer frente a estas amenazas?

Efectivamente, América Latina es la región más problemática en materia de garantía de los derechos de los defensores ambientales. Un caso emblemático ha sido el de Berta Cáceres, pero lamentablemente no se trata de un caso único sino que ha habido centenares de defensores asesinados en Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay, México, Nicaragua y Guatemala, entre otros países. En la mayoría de estos procesos están involucradas grandes inversiones, tanto en la lucha contra las mega represas hidroeléctricas como en el avance de la frontera agropecuaria o de la explotación minera. En esos contextos, los defensores ambientales, que son los que trabajan codo a codo con las comunidades afectadas, ven peligrar sus derechos e incluso su integridad física y su propia vida.

Frente a esto se requieren garantías y salvaguardas fuertemente expresadas por los estados, pero no solamente cuando suceden los ataques sino a manera de prevención, para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos que están expresando estos defensores ambientales. Muchos de nosotros tenemos la suerte y el privilegio de trabajar desde las capitales, pero los defensores ambientales están junto con los grupos de poblaciones afectadas cuando suceden, por ejemplo, las ocupaciones de tierras por parte de las empresas extractivas o cuando ocurren los desplazamientos del territorio de las poblaciones que lo habitan, que es cuando ocurren las peores violaciones de derechos humanos. De ahí la necesidad de que haya instrumentos internacionales y políticas activas de prevención y protección para estos defensores.

¿Qué tendencias, positivas o negativas, observa en materia de participación de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones?

Hay una tendencia que yo creo que es irreversible: la discusión entre estados, con exclusión de la sociedad civil, no ha dado muchos resultados ni tiene mucho futuro. Sin embargo, estos procesos no son lineales; muchas veces se avanza en algunos espacios mientras que se retrocede en otros. Este proceso es un buen ejemplo de que la participación activa de la sociedad civil dentro del proceso puede ser virtuosa y que los acuerdos son posibles; también muestra que se requiere de tiempo, conocimientos y, sobre todo, se requiere ganar confianza.

Al mismo tiempo, estos procesos ponen en evidencia que muchos países “hacen como que” participan, “hacen como que” informan, pero esto es ficticio. Muchos países garantizan los derechos en sus legislaciones pero fracasan en su implementación. De ahí que nuestras luchas se centren en garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos.

¿Qué recursos necesita la sociedad civil para fortalecerse y responder mejor a los desafíos que enfrenta?

Sobre este punto volvería a referir otra vez al tema con que iniciamos esta conversación: las negociaciones por el Principio 10. Este es un proceso abierto para toda la sociedad civil de América Latina y el Caribe, de modo que quiero hacer un pedido directo a toda la sociedad civil, no solamente a organizaciones sino también a personas individuales, profesionales en diversas áreas, para que se informen y tengan una participación activa en este proceso. Eso se puede hacer de manera muy sencilla, para lo cual hay primero que registrase en el proceso en www.cepal.org/es/register/p10. La idea es que el proceso pueda crecer cada vez más a través de una buena comunidad de participantes que contribuya a consolidarlo.

En términos de fortalecimiento de la sociedad civil, es muy importante que cada uno atienda a los temas que son de su interés y especialidad, pero que también podamos entre todos elegir temas para trabajar en conjunto. El trabajo colectivo fortalece cada uno de los reclamos y cada una de las luchas. En este sentido la sociedad civil siempre tiene elementos para aportar y para construir agenda. Esta agenda no se realiza en el corto plazo: hay que sostenerla en el tiempo. Por eso es bueno trabajarla en forma colectiva, de modo que el día en que uno no puede sostenerla, otro pueda hacerlo en su lugar y que el proceso no se detenga.

En relación con los derechos que defienden organizaciones como la nuestra, ningún resultado de interés público y de interés colectivo se obtiene en el corto plazo. Se requiere continuidad en el tiempo y, por lo tanto, trabajo colectivo. Apostamos a que estas luchas por los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente sano se consoliden en instrumentos internacionales y formen un círculo virtuoso, en la medida en que cada vez más ciudadanos se movilicen, se informen y participen en el proceso de toma de decisiones, y que en ese proceso se generen más y mejores mecanismos institucionales y legales que garanticen esos mismos derechos de movilización, acceso a la información y participación a nivel tanto nacional como internacional mayores serán los resultados que se obtendrán en estos procesos.

El espacio cívico en Argentina es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “estrecho”.

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Pese al acoso, el movimiento estudiantil hondureño se niega a retroceder

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CIVICUS conversa con Héctor Ulloa, estudiante de doble licenciatura en Derecho y Economía, vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Honduras y fundador del Movimiento Progresista Universitario (PRO).

 

Escándalo de corrupción impulsa movilización de dimensiones históricas en la República Dominicana

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CIVICUS conversa con Manuel Robles, integrante del Movimiento Marcha Verde de la República Dominicana. Surgida en enero de 2017 al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluye a un amplio conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y centra su estrategia en la movilización callejera. Sus principales objetivos son el establecimiento de una comisión independiente de investigación, la identificación y apertura de causas judiciales contra todos los implicados en casos de corrupción, y la recuperación de los activos de la corrupción.

 

El Salvador es uno de los pocos países que aún no han decidido que la vida de las mujeres importa

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CIVICUS conversa con Sara García Gross, Coordinadora Ejecutiva de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador e integrante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos. Fundada en 2009, Agrupación Ciudadana es una organización de la sociedad civil multidisciplinaria que busca generar conciencia para cambiar la legislación sobre la interrupción del embarazo en el país; defender legalmente a las mujeres que han sido acusadas o condenadas o por abortos o delitos relacionados; y promover la educación en materia de salud sexual y reproductiva.

 

Victoria de la sociedad civil de El Salvador: Entra en vigor la ley que prohíbe la minería metálica

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CIVICUS conversa con Saúl Baños, abogado de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador y Director Ejecutivo de una de las organizaciones que la integran, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El entrevistado relata una historia de éxito de la sociedad civil en su lucha por la prohibición de la minería metálica en el país, y da cuenta de los desafíos pendientes.

1. A fines de marzo se aprobó en El Salvador una ley pionera que prohíbe la minería metálica en el país. ¿Cómo fue el proceso que condujo a su aprobación, y qué rol desempeñó en él la sociedad civil organizada?
La ley de prohibición de la minería metálica fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017. Que un país tan pequeño y empobrecido como El Salvador tomara esta decisión soberana contra los intereses de una poderosa empresa transnacional fue un hecho sin precedentes que nosotros consideramos como una victoria aunque los contenidos de la ley no fueran exactamente los que impulsábamos en un principio.

 

La disolución de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador, parte de una estrategia coordinada para silenciar el disenso

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CIVICUS conversa con Rosana Palacios Barriga (foto), presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Ecuador. La UNE, la organización de maestros más grande del país, fue disuelta por resolución del Ministerio de Educación en agosto de 2016 por presuntos incumplimientos de sus propios estatutos y de la normativa vigente para el funcionamiento de las organizaciones sociales.

1. ¿Cuáles fueron las circunstancias que condujeron a la disolución de la Unión Nacional de Educadores, el sindicato más grande del país?
La Unión Nacional de Educadores (UNE) del Ecuador tiene dos líneas de acción. Por un lado, es una organización defensora de derechos humanos, de la educación y de la profesión docente en sus aspectos laborales, de salud y de mejoramiento profesional, económico y social. Por el otro lado, investiga la situación del país y del magisterio; presenta propuestas para que sean trasformadas en políticas públicas; y trabaja en propuestas pedagógicas tales como la de “Educación para la Emancipación” y en estrategias para implantar tecnologías de la información y la comunicación en el aula. En ese sentido, enfrenta la corrupción, la prepotencia y el autoritarismo.

Cuando inició su gestión en 2006, el Presidente Rafael Correa contaba con el respaldo de los sectores de izquierda, los movimientos sociales, sindicales y populares. Ese mismo año, el pueblo ecuatoriano aprobó mediante consulta popular el Plan Decenal, que incluía ocho políticas para la educación. La propuesta que se sometió a consulta popular había sido presentada por la UNE a Rafael Correa, por entonces candidato a presidente, para que fuera elevada a política de Estado. La UNE apoyó su candidatura porqué él dio su apoyo a nuestra propuesta.

El conflicto entre el gobierno y la UNE se inició cuando, una vez comenzada la gestión, la UNE exigió el cumplimiento del Plan Decenal. Ya en el año 2008, la UNE se enfrentó con el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, porque éste buscaba implantar una evaluación punitiva destinada a destituir a docentes sin brindarles ninguna opción para que pudieran volver a ejercer su profesión, al tiempo que liberaba al Estado de sus obligaciones laborales para casos de despido. En ese contexto, la UNE exigió el respeto de los derechos laborales y defendió la educación bilingüe, en riesgo ante el cierre de 6000 instituciones escolares.

En el marco de la construcción de la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la UNE exigió el reconocimiento de los derechos laborales alcanzados por el magisterio y la incorporación de sectores de profesores a la carrera docente de tal manera sean protegidos por la seguridad social y la LOEI. Denunció la precarización y la flexibilización laboral –actualmente son 40 mil los profesores bajo régimen de contrato-, la inestabilidad laboral, el congelamiento de salarios, los chantajes y los despidos. Cabe señalar que al trabajo docente se ha sumado el requisito de cumplimiento de trabajo administrativo, lo cual modifica el rol docente y genera temor, ya que se crea un ambiente de total indefensión.

2. ¿Cuáles cree Ud. que fueron las motivaciones del gobierno para tomar la decisión de disolver la UNE?
El Presidente Correa tiene una política de desintegración de las organizaciones sociales como estrategia de concentración de poder. Cuando la UNE mantuvo sus exigencias, Correa tomó la decisión de destruir esta organización sindical, gremial y popular.

El proceso se inició con una exhibición de poder por parte del presidente, por dos vías: por un lado, el debilitamiento del sindicato ante la opinión pública, mediante campañas persecutorias para las que hizo uso de cadenas nacionales de radio, prensa y TV, en las que condenó sus acciones gremiales; por el otro, la implementación, en 2009, de la evaluación punitiva del magisterio nacional.

En aras del cumplimiento de los objetivos del Plan Decenal, la UNE entregó al gobierno una contrapropuesta de evaluación elaborada sobre bases científicas y pedagógicas. Ante la negativa del régimen de dialogar, la organización declaró un paro nacional que se extendió desde el 15 de septiembre hasta el 7 de octubre de 2009. El paro terminó con un acuerdo entre UNE y el Ejecutivo, cuyos artículos luego fueron incorporados a la nueva Ley de Educación. En suma: lo que el correísmo nunca le perdonó a la UNE fue que desafiara su poder y le ganara.

En su afán por eliminar a nuestra organización, y más en general a todas aquellas que no siguieran sus mandatos, así como de dominar a las restantes, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 16 del 4 de junio de 2013 (Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas). Este decreto recibió el rechazo unánime de la sociedad civil independiente, ya que era violatorio de la libertad de asociación. El decreto estableció nuevos procedimientos y requisitos para el reconocimiento legal de organizaciones de la sociedad civil e introdujo un proceso de evaluación para autorizar a ONGs internacionales para operara en el país. También exigió que las ONGs ecuatorianas se volvieran a registrar, impuso requisitos excesivos de información que podrían ser utilizados contra las propias organizaciones, y otorgó al gobierno amplia discrecionalidad para rechazar peticiones de reconocimiento jurídico o disolver organizaciones con argumentos vagos vinculados con el desvío de sus objetivos declarados, el involucramiento en actividad político-partidaria, la interferencia con las políticas públicas o la afectación de la seguridad del Estado o la paz pública.

Gracias al apoyo de la sociedad civil, organizaciones sindicales, organizaciones de servidores públicos y organismos internacionales como la Federación Sindical Mundial y la Internacional de la Educación, logramos llegar hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas para denunciar el Decreto Ejecutivo No. 16. En Ecuador, además, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad del decreto ante la Corte de Justicia. La primera víctima de disolución a partir de la aplicación del Decreto No. 16, a fines de 2013, fue la Fundación Pachamama, una organización ambientalista.

Entretanto, el gobierno utilizó una táctica de desgaste mediante criminalización contra los dirigentes de la UNE. Mery Zamora, presidenta de la UNE entre 2007 y 2010, fue acusada de sabotaje y terrorismo por supuestamente haber incitado a los alumnos de un colegio a salir a las calles durante la revuelta policial de 2010. Se le siguió un juicio, fue hallada culpable gracias a la presentación de pruebas falsas y finalmente condenada a 8 años de prisión. Si bien en instancia de apelación fue eventualmente declarada inocente y no debió cumplir pena, la Fiscalía de la Nación enseguida volvió a presentar nuevas acusaciones contra ella, por supuestamente haber atentado contra los derechos del Estado.

Otros dirigentes nacionales, como Xaver Cajilema, Paúl Jácome y Edwin Lasluisa, fueron encarcelados durante un año. Decenas de dirigentes provinciales y cantonales – entre ellos Francisco Rojas, Juan Cervantes, Luis Chancay, Sisa Bacacela y Pilar Paredes – fueron destituidos. Hubo cantidades de sumarios administrativos contra maestros que declararan pertenecer a UNE, y muchos fueron removidos de sus funciones o de sus sitios de trabajo.

Los nuevos dirigentes de la UNE, elegidos para el período 2013-2016, incluida yo misma, no fuimos reconocidos. El Ministerio de Educación esgrimió varios pretextos para ello, por ejemplo el incumplimiento del Decreto No. 16, que sin embargo había sido dictado meses después de las elecciones de la UNE, celebradas con voto universal y secreto y con la veeduría del Consejo Nacional Electoral. El Comité Electoral de UNE argumentó la ilegalidad de esta actuación, pero durante casi un año enfrentó el silencio administrativo, y por último recibió la respuesta de que la documentación requerida no había sido entregada. Presumimos que los documentos entregados fueron deliberadamente extraviados.

Por último, en 2015 el Ministerio de Educación creó una organización paralela, llamada “Red de Maestros por la Revolución Educativa” que, dicho sea de paso, no cumplía con ninguno de los parámetros que le eran exigidos a la UNE. De más está decir que esta iniciativa viola los estándares internacionales, empezando por el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.

La Red de Maestros no es más que un instrumento para la ejecución de la política autoritaria del gobierno en cada institución educativa del país. Dentro de cada escuela, es el brazo político del gobierno y el instrumento persecutorio de los docentes. Así, por ejemplo, la Red de Maestros tiene coordinadores zonales a los que se concede el tiempo para realizar visitas institucionales y se les otorga el respaldo de las autoridades educativas para que cumplan con el rol asignado.

Las autoridades educativas intervinieron para obligar a los maestros, mediante mecanismos ilegales, a afiliarse a la nueva organización. Al mismo tiempo impedían el acceso de la dirigencia de la UNE a los planteles educativos con el objetivo de acelerar el desgaste de nuestra organización. De hecho se emitieron oficios circulares bajo pena de sanción para las autoridades que dejaran ingresar a los establecimientos a dirigentes de UNE, permitieran a los maestros reunirse en asambleas, asistieran a las instalaciones de su gremio o permitieran la diseminación de información sobre la situación del magisterio. Por último, la autoridades se apropiaron del Fondo de Cesantía del Magisterio ecuatoriano, la entidad financiera de la UNE, con una caja de 405 millones de dólares. Para esto último se debió reformar la Ley de Seguridad Social.

3. ¿Qué impacto tuvo la disolución de la UNE? ¿Cómo caracterizaría Ud. la situación resultante?
La disolución de la organización fue el punto culminante de un proceso de acoso que se extendió durante diez años. En el curso de ese período la dirigencia de UNE se dividió en tres sectores: los que decidieron resistir, los que se replegaron, y los (muy pocos) que abandonaron la organización. Este mismo fenómeno se replicó en las bases, con el predominio de los que siguieron la resolución de la dirigencia nacional, plasmada en la consigna “La UNE vive, la lucha continúa”, más tarde reformulada como “La UNE vive, Correa se va” y “La UNE es una organización, no un edificio”.

La dirigencia de UNE resistió y se dedicó a desenmascarar la política correísta que profundizaba la violación de los derechos laborales del docente y de los trabajadores en general. Se unió para ello a las centrales sindicales y a otras organizaciones sociales.

La disolución de la UNE era necesaria para que el gobierno pudiera continuar con el desmantelamiento de la educación pública y el irrespeto a los docentes. A pesar de lo que afirma la propaganda gubernamental, la educación ha sufrido un retroceso. Se han implantado evaluaciones de ingreso a las universidades y puntajes para la elección de carreras fijados desde la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lo cual trajo aparejada la privatización de la educación superior.

4. ¿Es la disolución de la UNE parte de un patrón más amplio de restricciones sobre la sociedad civil en Ecuador? En caso afirmativo, ¿cuáles han sido las principales restricciones del espacio cívico?
La disolución de la UNE es parte de una fórmula que responde al objetivo central del régimen de eliminar toda forma de organización y participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas, la defensa de derechos humanos y la promoción de las libertades públicas. O sea, es parte de una estrategia para mantenerse en el poder.

De hecho, en todos los sectores el gobierno ha creado organizaciones paralelas como el FUE (Frente de Estudiantes Universitarios del Ecuador), el FESE (Frente de Estudiantes Secundarios del Ecuador) y Seguro Campesino. Para enfrentar a las centrales sindicales tradicionales se creó en 2014 la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), afín al gobierno, y lo mismo en el terreno de los movimientos de mujeres, los movimientos ecologistas y las organizaciones defensoras de la tierra. Al mismo tiempo que estas nuevas organizaciones eran movilizadas, se instituyeron leyes anti obreras para criminalizar la lucha social y se utilizaron los aparatos represivos del Estado contra las organizaciones genuinamente representativas.

Las violaciones de las libertades fundamentales han aumentado bajo la forma de persecución judicial, insultos, linchamiento mediático y agresiones físicas. Sin embargo, el 65% de la población rechaza actualmente estos atropellos, aunque por temor no se ha movilizado en defensa de las organizaciones que enfrentaron procesos de disolución. Pese a ello, hemos podido generar un debate sobre la defensa de los derechos. Y, en el caso específico de los maestros, está presente en la sociedad la necesidad de la existencia de nuestra organización como elemento de defensa, orientación y organización.

5. ¿Ha recibido la UNE solidaridad y apoyo desde el exterior? ¿De qué modo podría la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil en Ecuador?
Pienso que tenemos una relación mejorada con nuestros pares en otras partes del mundo. Frente al proceso de disolución y el asalto que hemos sufrido, hemos recibido toda clase de muestras de solidaridad nacional e internacional. Los sindicatos de docentes en Canadá y en España, en particular, han sido claves en esta lucha de resistencia, de defensa de nuestra personería jurídica y recuperación del patrimonio. Sin embargo, en el terreno de la acción de masas no tenemos respuesta. Ello se debe a que existe un debate ideológico y una polarización muy fuerte, ya que fuera del Ecuador el discurso de izquierda de Rafael Correa, unido a la propaganda que despliega el gobierno, sigue sosteniendo la creencia errónea de que el Ecuador aún vive una revolución. Para disipar ese malentendido seguimos necesitando apoyo.

El espacio cívico en Ecuador es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “obstrui-do”.
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