CIVICUS conversa con Ivana Teofilović acerca de las causas de las recientes protestas y la reacción del gobierno frente a ellas, así como sobre las elecciones celebradas en Serbia durante la pandemia de COVID-19. Ivana es coordinadora de programas de políticas públicas en Civic Initiatives, una asociación ciudadana serbia que persigue el objetivo de fortalecer la sociedad civil a través de la educación cívica, la promoción de valores y prácticas democráticos y la creación de oportunidades para la participación ciudadana.

¿Por qué estallaron en Serbia protestas durante la pandemia de COVID-19, y cómo reaccionó el gobierno?

La causa inmediata de la reunión masiva y espontánea de ciudadanos en julio de 2020 fue el anuncio de la introducción de un nuevo toque de queda, es decir, una nueva prohibición de todo movimiento durante 72 horas. En cuanto terminó la conferencia de prensa del presidente, la gente descontenta comenzó a reunirse frente a la Asamblea Nacional en la capital, Belgrado. Si bien el motivo inmediato fue el descontento ante el manejo de la crisis del COVID-19, la ciudadanía también quiso manifestar su insatisfacción con muchas otras medidas gubernamentales y sus impactos, y en particular con las condiciones en que se habían desarrollado las recientes elecciones parlamentarias.

En respuesta, las fuerzas de seguridad utilizaron la violencia de forma injustificada en decenas de casos y se extralimitaron en el uso de sus facultades legales. Su respuesta violenta frente a reuniones pacíficas espontáneas fue una grave violación del derecho a la libertad de reunión pacífica y una amenaza injustificada para la integridad física de un gran número de manifestantes. Las protestas estuvieron marcadas por el empleo de una gran cantidad de gas lacrimógeno, que fue arrojado indiscriminadamente contra las masas de manifestantes pacíficos. En consecuencia, en los días posteriores muchos manifestantes experimentaron problemas de salud. Aparte del hecho de que se utilizaron cantidades injustificadamente grandes, la atención pública se centró en el hecho de que el gas lacrimógeno utilizado estaba vencido.

Los medios de comunicación y la propia ciudadanía también informaron y documentaron muchos casos de abuso policial, incluido el de tres jóvenes que estaban tranquilamente sentados en un banco y fueron golpeados repetidamente con una porra por un agente de gendarmería. En otro incidente, un joven fue derribado al suelo y golpeado con porras por 19 agentes, pese a que había dos miembros de la Defensoría del Pueblo de guardia en la cercanías, precisamente para monitorear la conducta de la policía. Un gran número de individuos de civil provocaron más disturbios y actos de violencia. En su momento no se pudo determinar si se trataba de policías de civil o de miembros de fuerzas parapoliciales o de bandas criminales, pero luego numerosas pistas parecieron indicar que eran bandas delictivas vinculadas con las autoridades y que operaban bajo sus órdenes.

Los medios también desempeñaron un rol muy importante en las protestas. En este contexto, muchos trabajadores de los medios de comunicación se comportaron profesionalmente e informaron objetivamente sobre las protestas, convirtiéndose a menudo en víctimas de la brutalidad policial o de ataques de personas infiltradas entre los manifestantes para incitar disturbios. Según la Asociación de Periodistas de Serbia (NUNS), por lo menos 28 periodistas fueron agredidos mientras cubrían las protestas y 14 sufrieron lesiones físicas, que en seis casos requirieron atención médica urgente. Según un comunicado de NUNS, el herido más grave fue Zikica Stevanovic, periodista de la agencia de noticias Beta.

Sin embargo, los medios de comunicación cercanos al gobierno ignoraron o distorsionaron la imagen real de la protesta, difundiendo mentiras sobre quién la había organizado o financiado y quiénes habían participado en ella e ignorando o negando casos evidentes de abuso policial. Los periodistas, analistas y activistas de la sociedad civil que apoyaron públicamente las protestas y hablaron críticamente sobre el gobierno y el presidente fueron a menudo el blanco de campañas sensacionalistas y fueron difamados por los ocupantes de altos cargos políticos en un intento de desacreditar su trabajo.

También se utilizaron en su contra medidas burocráticas, por ejemplo mediante su inclusión en una lista compilada por la Dirección de Prevención del Blanqueo de Capitales del Ministerio de Finanzas para exigir a los bancos que examinen todas las transacciones financieras realizadas por ellos durante el año pasado. Las asociaciones e individuos afectados publicaron un comunicado conjunto con más de 270 firmas para pedir a las autoridades que hicieran públicas urgentemente las razones de la sospecha de que estas organizaciones e individuos podían estar involucrados en acciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. También dejaron claro que estas presiones no los disuadirían de seguir luchando por una Serbia libre y democrática.

La reacción violenta de la policía, el uso indiscriminado de la fuerza, la cobertura sesgada y las represalias gubernamentales motivaron aún más a la ciudadanía a protestar. En consecuencia, la gente salió a las calles en cantidades aún mayores en los días siguientes. Las protestas también comenzaron a tener lugar en otras ciudades serbias además de Belgrado, tales como Kragujevac, Nis, Novi Sad y Smederevo.

¿Ha experimentado la sociedad civil desafíos adicionales para continuar haciendo su trabajo bajo la pandemia?

Bajo el estado de emergencia impuesto en respuesta a la pandemia de COVID-19, pero también después de levantado el estado de emergencia, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) enfrentaron numerosas dificultades que obstaculizaron enormemente su trabajo. Durante las primeras semanas del estado de emergencia, algunas OSC que brindan servicios a grupos vulnerables no pudieron realizar sus actividades debido a la prohibición de circular, dificultad que solo se superó de manera gradual y parcial a medida que se fueron otorgando permisos especiales a ciertas categorías de personas.

Otro desafío fue el planteado por el Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos, adoptado en respuesta a los impactos económicos de la pandemia. Este reglamento no extendía la exención del impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos, bienes de consumo y servicios donados al sector humanitario y sin fines de lucro para apoyar a grupos socialmente vulnerables. Por este motivo, un grupo de OSC envió al Ministerio de Hacienda una propuesta para ampliar la exención del IVA.

El mayor desafío para las OSC fue la sostenibilidad financiera, que se vio especialmente amenazada por la suspensión del concurso para proyectos co-financiados de importancia pública, a nivel tanto nacional como local. Además, si bien no eran suficientemente claras en lo que respecta a las OSC, las disposiciones del Reglamento sobre Beneficios Fiscales y Beneficios Directos excluían inequívocamente las iniciativas ciudadanas informales y, por lo tanto, ponían en peligro su supervivencia.

Además, el derecho a la libertad de expresión estuvo especialmente en peligro durante la pandemia. Los desafíos incluyeron restricciones enfrentadas por la prensa para asistir a las conferencias de prensa del Gabinete de Crisis y hacer preguntas, el desprecio expesado por funcionarios de órganos e instituciones gubernamentales hacia los representantes de los medios y la persecución de los medios de comunicación que expresaron críticas durante la pandemia. Estas restricciones abrieron las puertas a la difusión de información no verificada. La falta de información oportuna y objetiva resultó en una mayor propagación del pánico y dejó en evidencia que, además de una pandemia, Serbia enfrentaba una “infodemia”.

¿Qué opina la sociedad civil de la respuesta del gobierno a la pandemia y las condiciones en que se celebraron las últimas elecciones?

A pesar de la posición muy desfavorable en que se encontraron, las OSC desempeñaron un rol significativo durante la crisis del COVID-19. Las OSC también jugaron un importante rol correctivo de las acciones de gobierno, ya que presentaron numerosas propuestas de calidad para superar la crisis. En muchas situaciones fueron las OSC, debido a su mejor capacitación, las que asumieron las funciones de determinados servicios gubernamentales. La impresión predominante es que el Estado no estaba preparado para la crisis y, por lo tanto, no tenía capacidad suficiente para responder adecuadamente.

Por su carácter cerrado, el gobierno esgrimió la necesidad de actuar con velocidad y eficiencia como pretexto para eludir el diálogo. En la adopción de determinadas medidas se produjeron frecuentes violaciones de las leyes, la constitución y los derechos de la ciudadanía, y en particular del derecho de los periodistas a hacer su trabajo. Las medidas económicas no fueron adoptadas de manera oportuna y efectiva, lo cual puso en peligro a muchas OSC y a sus activistas, y en última instancia tuvo su mayor impacto sobre la ciudadanía en tanto que usuaria de los servicios de las OSC.

En cuanto a las elecciones parlamentarias, que se celebraron el 21 de junio tras ser aplazadas de su fecha original del 26 de abril, aún queda sin respuesta la pregunta acerca de la responsabilidad del gobierno para conducir un proceso electoral bajo la pandemia. Se sospecha que la decisión de realizar las elecciones fue motivada políticamente e irresponsable. Esta impresión se vio reforzada por el hecho de que, en las semanas posteriores a las elecciones, el número de infecciones y muertes por COVID-19 aumentó drásticamente. Daría la impresión de que los esfuerzos realizados por algunas OSC para crear las condiciones para el desarrollo de elecciones libres y democráticas no dieron los resultados deseados.

¿Cuáles fueron los principales obtáculos que impidieron que las elecciones fueran libres y justas?

Más allá de la pandemia, la principal preocupación respecto de las elecciones fue que estuvieron dominadas por el partido gobernante, a través de la presión sobre el periodismo y los medios de comunicación críticos y el control de los principales medios de comunicación, que carecen de diversidad de opiniones y cobertura equilibrada y son utilizados con fines de campaña.

La cobertura de los medios durante la campaña electoral fue un poco más equilibrada que en las elecciones anteriores, ya que el gobierno quería demostrar el carácter infundado de los reclamos de la ciudadanía y la oposición política respecto de las malas condiciones para la competencia electoral y la captura de los medios de comunicación. En principio, los candidatos recibieron igual trato por parte de los medios públicos, aunque los funcionarios públicos que hacían campaña a diario recibieron mucha cobertura adicional. Además, los miembros de la oposición que habían decidido boicotear las elecciones, y por lo tanto no presentaron candidatos, carecieron de espacio para presentar sus argumentos en la televisión nacional.

El trato desigual hacia los candidatos fue especialmente visible en los canales de televisión comerciales de alcance nacional, que brindaron apoyo logístico al partido gobernante y a sus socios de coalición. Este problema se vio agravado por la actitud pasiva del Organismo Regulador de Medios Electrónicos (REM), que jugó un papel casi imperceptible durante la campaña electoral. En mayo de 2020, el REM cambió su metodología de seguimiento de la representación mediática de los actores políticos, contando cada mención de una opción política como prueba de representación mediática. De ahí la conclusión de que la opositora Alianza por Serbia era el partido más representado. Pero en verdad la Alianza por Serbia, que boicoteó las elecciones, no recibió ninguna cobertura en la televisión nacional; en realidad, fue el blanco más frecuente de los ataques del partido gobernante y sus medios aliados. En ese sentido, otro problema de fondo es el marco normativo desigual: las regulaciones del REM relativas a los servicios de medios públicos son legalmente vinculantes, pero las relativas a las emisoras comerciales están redactadas bajo la forma de recomendaciones y no tienen efectos vinculantes, y no existen salvaguardas efectivas contra las violaciones.

¿Qué implicancias tienen los resultados de las elecciones para el futuro de la democracia y los derechos humanos en Serbia?

El gobernante Partido Progresista Serbio, que en verdad es un partido de derechas, obtuvo más del 60% de los votos y se quedó con unos 190 escaños parlamentarios, sobre un total de 250. Su socio de coalición, el Partido Socialista de Serbia, quedó en segundo lugar, con aproximadamente 10% de los votos, sumando unos 30 escaños a la coalición. En consecuencia, la Asamblea Nacional se quedó sin representantes de la oposición, abriendo un espacio adicional para el ejercicio de un poder ilimitado y sin obstáculos legales por parte del partido gobernante. Los últimos cuatro años son prueba de que la mera presencia de la oposición en el parlamento no es una barrera suficiente contra la arbitrariedad, ya que el gobierno ha perfeccionado mecanismos que le permiten vaciar de sentido a los procedimientos parlamentarios y restringir la libertad de expresión de los representantes de la oposición. Sin embargo, algunos legisladores de la oposición, a través de sus iniciativas, apariciones públicas y propuestas, habían logrado llamar la atención sobre los numerosos escándalos y las violaciones de la ley cometidas por los funcionarios.

Las protestas que siguieron a las elecciones parecen señalar en dirección de una mayor polarización y una profundización de la crisis política, ya que una gran porción de la ciudadanía carece de representación y se siente privada del derecho a elegir a sus representantes sin temor mediante elecciones libres y democráticas. Los más recientes intentos de lidiar con la sociedad civil, el periodismo y destacadas personalidades críticas mediante la promoción de investigaciones sobre lavado de dinero o financiamiento del terrorismo hablan de una polarización cada vez más profunda. El desarrollo de los derechos humanos requiere de coordinación y cooperación entre las OSC y los órganos gubernamentales, así como de consenso social y voluntad política, por lo que ciertamente esto no está contribuyendo a mejorar la situación de los derechos humanos en Serbia. Por el contrario, está provocando una crisis cada vez más grave, el agravamiento de las desigualdades e injusticias y protestas más frecuentes.

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CIVICUS conversa con Marcela Guillibrand De la Jara, Directora Ejecutiva de la Red de Voluntarios de Chile y Coordinadora General de Ahora Nos Toca Participar. La Red de Voluntarios es una plataforma nacional que reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas que promueven el voluntariado. Ahora Nos Toca Participar es una iniciativa de organizaciones sociales agrupadas en el Nuevo Pacto Social (NPS-Chile) que busca contribuir al fortalecimiento de la democracia y a cohesión social mediante la promoción de la participación ciudadana en el plebiscito sobre la reforma constitucional previsto para octubre de 2020 y en el proceso constituyente que se espera que se inicie con el plebiscito. La campaña se centra en la formación ciudadana, la creación de espacios de diálogo y la generación de propuestas para alimentar el proceso constituyente.

A fines de 2019 se convocó a un referéndum para disparar un eventual proceso constituyente. ¿En qué medida se trató de una victoria de la sociedad movilizada?

En octubre de 2019, Chile reactivó su vida política y social de manera colectiva a lo largo de todo su territorio. La ciudadanía salió a las calles para encontrarse, para hablar y hacer política, como hace mucho tiempo no lo hacía. Fue así como emergieron experiencias participativas propias y no convencionales, localmente enraizadas y con identidad local, cruzadas con expresiones de descontento y frustración por la desigualdad estructural que se venía gestando y manifestando en nuestro país desde largo tiempo atrás.

Todo esto fue inicialmente motivado por el descontento de los jóvenes respecto de un alza de 30 pesos (0,33 USD) en el costo de la tarifa del sistema de transporte de la capital de Chile, el Metro. En reacción al aumento se produjeron manifestaciones que primero se tradujeron en la evasión del pago del pasaje pero que eventualmente se hicieron eco en consignas tales como “No son 30 pesos, son 30 años”, en referencia al tiempo que llevamos viviendo en democracia – desde la transición que se produjo en 1990 - y al sentimiento compartido por gran parte de la población de que no somos parte de las decisiones que se han venido tomando. Esto fue alimentado por elevados índices de desconfianza en las instituciones, una gran desafección política y la reacción contra un modelo que empujó a nuestro país a una mirada y a una participación más individualista en todos los ámbitos.

Ante una movilización que no cedía, el 15 de noviembre de 2019 los partidos políticos de distintos sectores firmaron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Con ello se abrió a la ciudadanía la oportunidad de decidir a través de un plebiscito, que se realizará el próximo 25 de octubre, si desea una nueva constitución. Mediante el plebiscito la ciudadanía deberá pronunciarse además sobre el mecanismo que se utilizaría para redactar la nueva constitución: una convención constitucional, un órgano íntegramente elegido para ello, o por una convención mixta constitucional, que estaría compuesta por un 50% de congresistas actuales y un 50% de representantes elegidos para este cometido. Para un gran sector de la sociedad este proceso abre una oportunidad única de elegir de manera libre el Chile que queremos. Aunque técnicamente lo que le dio origen fue un acuerdo entre varios sectores políticos, este histórico momento constituyente es indudablemente un logro de la ciudadanía.

En el marco de este proceso, la sociedad civil también ha logrado un avance histórico en materia de género. Diversas organizaciones sociales que vienen trabajando arduamente en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres impulsaron la reivindicación de la paridad de género en el proceso constituyente, y lograron imponerla gracias a la buena recepción de distintos sectores políticos en el Congreso. De imponerse en el plebiscito la opción de redactar una nueva constitución, regirá para la elección de constituyentes la regla de la paridad de género. Sin embargo, ésta solo operará plenamente si se impone la opción de la convención constitucional, ya que todos los integrantes de este órgano serían elegidos en un acto eleccionario. En cambio, en el caso de la convención mixta constitucional, las reglas de paridad operarían para la mitad del cuerpo que será electo, pero no para la mitad constituida por parlamentarios que ya ocupan una banca legislativa.

¿Qué posición ha adoptado la sociedad civil chilena frente a la perspectiva de un proceso de reforma constitucional?

A medida que se acerca la fecha del plebiscito ha aumentado el interés sobre el tema. Llevamos más de cinco meses con cuarentenas focalizadas debido a la pandemia de COVID-19, y las organizaciones con las que nos vinculamos han tenido la atención centrada mayormente en la supervivencia de sus programas y el apoyo a sus poblaciones objetivo, ya que económicamente la pandemia las ha golpeado muy fuerte. Así y todo, de a poco han manifestado un interés creciente en el tema constitucional. Por nuestra parte, hemos mantenido el vínculo con ellas y hemos trabajado en conjunto para ofrecerles una plataforma con contenidos de formación ciudadana de los cuales puedan disponer y articular distintos espacios formativos a través de plataformas digitales y de otros mecanismos para llegar a distintos territorios, tales como las radios o la mensajería de texto.

En este contexto se lanzó Ahora Nos Toca Participar, una iniciativa de la red Nuevo Pacto Social, que agrupa a poco más de 700 OSC. La iniciativa busca garantizar la formación de la ciudadanía y la participación ciudadana en el contexto del posible proceso constituyente. Nuestro foco está en activar a la ciudadanía, en proveerle de herramientas de formación y en generar de manera conjunta espacios de participación y diálogo para recuperar el protagonismo en la toma de decisiones en nuestro país. Para esto, en una etapa previa al plebiscito, contamos con una serie de contenidos iniciales divididos en varios apartados - participación ciudadana, constitución e itinerario constituyente - que ponemos a disposición de la ciudadanía y las OSC a través de nuestra plataforma web, www.ahoranostocaparticipar.cl, de las redes sociales y de otros dispositivos. A partir de estos contenidos hemos desarrollado una oferta formativa con materiales accesibles en varias lenguas, tales como aymara, mapudungun y rapa nui, así como creole. La idea es que todas las personas que lo deseen puedan encontrar respuestas en estos materiales sobre la constitución y el posible proceso constituyente, de modo de poder participar en el plebiscito de manera libre e informada y así contribuir a lograr la votación más masiva de la historia de Chile.

A causa de la pandemia, el plebiscito originalmente planeado para abril fue postergado para octubre. ¿Ha habido conflictos o desacuerdos en relación con la postergación y la fijación de la nueva fecha?

El escenario sanitario motivado por la pandemia obligó a las instituciones pertinentes a mover la fecha del plebiscito para octubre. El sector de sociedad civil con el cual nos relacionamos entendió que el cambio era necesario en función de un bien común superior, la salud de las personas. Por el momento damos por hecho que el plebiscito tendrá lugar en octubre, ya que las instituciones que podrían tomar la decisión de moverlo aún no lo han hecho, por lo que seguimos trabajando en función de esa fecha. Actualmente se están discutiendo temas relativos a la implementación del plebiscito, en primer lugar sobre los resguardos sanitarios, pero también sobre cómo promover la participación de la ciudadanía en esta instancia que sin duda tendrá características muy distintas a lo que estamos acostumbrados. Se han conformado mesas de trabajo intersectoriales para trabajar en el tema. Primero el Senado formó una mesa para recibir recomendaciones y analizar experiencias comparadas con otros países que han estado en nuestra misma situación. Luego el Servicio Electoral dio continuidad a esta mesa, para seguir trabajando en la línea de garantizar un plebiscito seguro y participativo. A esta mesa han sido invitadas distintas OSC, entre ellas Ahora Nos Toca Participar. Junto a estas organizaciones produjimos un documento de recomendaciones que abarca desde los temas sanitarios hasta la regulación de las campañas, pasando por temas de acceso a información y formación ciudadana, que son nuestros temas. Actualmente, esta mesa continúa en funcionamiento.

¿Se están tomando medidas para que la participación ciudadana en la campaña y la votación no se vea menoscabada por efecto de la pandemia?

El actual escenario de pandemia naturalmente nos obliga a tomar resguardos. Por de pronto, el pasado 26 de agosto, se dio inicio al periodo de propaganda electoral, esto es, a la posibilidad de hacer propaganda en lugares públicos que estén expresamente autorizados por el Servicio Electoral, así como también en los medios de comunicación. El debate está teniendo lugar con mucha fuerza en las redes sociales, que dada la necesidad de tomar recaudos, evitar las aglomeraciones y el contacto físico y respetar las restricciones sanitarias decretadas por la autoridad, constituyen hoy el principal espacio de visibilización.

Cómo hacer para garantizar a todas las personas el derecho a participar el día del plebiscito es algo que ha estado en discusión. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19, algunos lugares de nuestro país permanecen en confinamiento, múltiples sectores se encuentran en cuarentena por casos activos y hay comunas que habían iniciado un plan de desconfinamiento pero tuvieron que retroceder ante el rebrote del virus.

¿Cómo garantizamos el derecho a la participación de las personas contagiadas de COVID-19? ¿De qué alternativas disponemos? Estas son preguntas que hoy debate tanto la opinión pública como las autoridades pertinentes que están en condiciones de dar una respuesta a esta demanda. 

En esta línea, en conjunto con diversas OSC estamos impulsando una serie de recomendaciones que atienden no solamente el aspecto sanitario - para que pacientes con COVID-19 puedan sufragar – sino también cuestiones tales como la garantía del acceso a información oportuna y de formación ciudadana para todas aquellas personas que históricamente han sido excluidas de la participación por múltiples razones, entre ellas por no contar con canales de información adecuados para recibir los contenidos o porque éstos no se disponibilizaban en diferentes lenguas. En ese sentido, es importante que se hagan los mayores esfuerzos para garantizar el derecho a la participación, no solo a quienes en este momento podrían no estar en condiciones de ejercerlo por razones de salud, sino también a quienes se han encontrado históricamente en una situación más vulnerable, tales como los adultos mayores, los miembros de pueblos originarios, las poblaciones rurales, las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes.

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CIVICUS conversa con Nelson Olanipekun, abogado de derechos humanos y fundador y líder del equipo de Citizens’ Gavel, una organización nigeriana de tecnología cívica que trabaja para aumentar la velocidad de la impartición de justicia mediante la promoción del acceso a la justicia, la participación ciudadana y el uso de tecnologías digitales. Citizens’ Gavel fue fundada en 2017, en reacción a la falta de transparencia y rendición de cuentas en el sector de la justicia.

¿Qué tipo de trabajo hace Citizens’ Gavel?

Citizens’ Gavel es una organización de la sociedad civil (OSC) con sede en Nigeria. Fue establecida hace tres años para hacer frente a la lentitud de los procesos judiciales, promover la rendición de cuentas y ofrecer apoyo legal. Nuestro principal objetivo es aumentar la eficacia de la impartición de justicia a través de la tecnología, la incidencia y el cabildeo estratégico, y reducir las violaciones de derechos humanos a través de políticas e incidencia legal. Actualmente estamos trabajando en conjunto con otras OSC en la reforma legal. En ese sentido, estamos tratando de convertirnos en un actor relevante en los procesos de formulación de políticas que afectan los derechos fundamentales de la ciudadanía nigeriana.

Trabajamos con casos que involucran problemas que van desde el encarcelamiento masivo hasta la falta de procesos digitalizados en el sector de la justicia. El proceso de administración de justicia en Nigeria es uno de los más lentos de África; en consecuencia, tenemos una elevada proporción de personas encarceladas en espera de juicio. Alrededor del 70% del total de personas encarceladas están esperando su juicio; apenas el 30% tienen condena. En 2017 presentamos una demanda colectiva en nombre de más de 500 personas que esperaban su juicio en prisión en el estado de Oyo. Estas personas ya habían pasado varios años en la cárcel, pese a que la ley establece que se puede retener a los acusados durante un máximo de 28 días antes de llevarlos ante los tribunales. También digitalizamos los listados de causas de más de 30 tribunales de Nigeria y nos concentramos en mejorar la cooperación entre los actores del sector judicial.

Brindamos representación legal gratuita para los detenidos con prisión preventiva que no pueden pagar un abogado. Hemos desarrollado programas y aplicaciones para que las víctimas de abusos de derechos humanos y sus familias puedan buscar ayuda legal fácilmente. Entre ellos se destaca Podus, una plataforma tecnológica que permite a las personas con prisión preventiva conectarse con el abogado pro bono que se encuentre más cerca. Esta plataforma fue creada específicamente para jóvenes que no tienen fácil acceso a abogados o a los programas de justicia. Contamos con más de 160 abogados en 24 estados de Nigeria y con un equipo legal de respuesta rápida de siete abogados. Hasta ahora hemos resuelto 1.500 casos. Otra aplicación de tecnología que desarrollamos para el área de justicia es el Reloj de la Justicia (Justice Clock), una plataforma tecnológica que calcula la cantidad de tiempo que los reclusos pasan detenidos y la cantidad de días que los sospechosos pasan en juicio en comparación con lo que disponen la Ley de Administración de Asuntos Penales y otras leyes. La plataforma también ofrece un espacio donde los actores del sector de la justicia -el poder judicial, la policía, los fiscales y los funcionarios penitenciarios- pueden informarse sobre las mejores prácticas internacionales y mejorar su trabajo. Hemos colaborado estrechamente con el estado de Ogun para implementar con éxito el Reloj de la Justicia de modo que el sector de la justicia, y específicamente el director del Ministerio Público y el Comisionado de Justicia del estado de Ogun, se aseguraran de que se respetaran los plazos constitucionales dentro de los cuales los acusados en espera de juicio pueden permanecer encarcelados.

Hacemos un seguimiento de los casos que involucran violencia sexual y de género (VSG), tomamos casos de brutalidad policial, monitoreamos las campañas anticorrupción y los casos de corrupción para brindar información relevante al público, y abogamos por las personas indigentes y las conectamos a través de la tecnología. Nuestra preocupación por esta población surgió de la constatación de que el número de personas pobres que permanecen presas en espera de juicio va en aumento. Si no reciben ninguna ayuda, los acusados sin medios económicos pasan mucho tiempo en la cárcel por delitos menores, simplemente porque no pueden pagar la fianza ni sobornar a la policía. También son vulnerables y pueden ser obligados a confesar delitos que no cometieron y en consecuencia puede que terminen pasando en prisión períodos aún más prolongados.

Citizens’ Gavel también trabaja en el tema del abuso policial. ¿Cuál es la situación en Nigeria, y cómo resonaron localmente las protestas globales provocadas por la muerte de George Floyd en los Estados Unidos?

La brutalidad policial es un gran problema en Nigeria y llevamos bastante tiempo trabajando en el tema. En abril de 2019, por ejemplo, instamos a la Policía de Nigeria para que realizara una evaluación de la salud mental a los oficiales que habían cometido abusos o asesinatos; caso contrario iniciaríamos acciones legales.

En Nigeria, la protesta global ante la muerte de George Floyd renovó el reclamo de que la policía rinda cuentas y la gente comenzó a compartir historias de sus interacciones con agentes de policía. En conjunción con los problemas locales preexistentes, el incidente ocurrido en los Estados Unidos y sus resonancias globales realzaron las voces locales que se pronunciaban contra la brutalidad policial. Tuvimos la oportunidad de contribuir a este movimiento abordando las quejas que los ciudadanos nos hicieron llegar y continuamos trabajando para garantizar que los policías culpables rindan cuentas de sus actos.

¿De qué modo se han profundizado los problemas de derechos humanos durante la pandemia de COVID-19?

En cuanto comenzó la pandemia hubo un aumento de los casos de brutalidad policial relacionados con la aplicación de las medidas de confinamiento y el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las interacciones entre ciudadanos y agentes de policía aumentaron y como resultado de ello hubo más denuncias en contra de agentes de policía. Hacia abril de 2020, parecían ser más las personas muertas a manos de la policía que las fallecidas a causa del COVID-19. Además, los abusos cometidos por la Unidad del Escuadrón Especial Antirrobo de la Fuerza de Policía de Nigeria continuaron durante la pandemia, y las autoridades siguieron sin procesar a los agentes que cometieron actos de tortura y delitos violentos, en su mayoría contra hombres jóvenes de bajos ingresos.

Otra epidemia de larga data, la de la VSG, también floreció bajo la pandemia. Antes de la pandemia, alrededor del 30% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años de edad habían sufrido abusos sexuales. Al tiempo que previenen los brotes del virus, las medidas de confinamiento representan una amenaza creciente para la seguridad de mujeres y niñas, ya que obliga a las víctimas de VSG a permanecer encerradas junto con sus abusadores. Entre marzo y abril de 2020, las denuncias de VSG aumentaron 149%. El confinamiento también comprometió la disponibilidad y el acceso a servicios, ya que muchos centros y refugios para víctimas de VSG cerraron o redujeron la gama de servicios que brindaban. Como resultado, estos servicios esenciales estuvieron en falta precisamente en el momento en que las sobrevivientes más los necesitaban.

En respuesta a esta situación, Citizens’ Gavel aumentó la cantidad de casos de VSG que maneja. Estamos haciendo todo lo que podemos teniendo en cuenta que las reuniones físicas y las intervenciones legales fueron suspendidas y los miembros de nuestro equipo han estado trabajando de forma remota durante varios meses. Afortunadamente, nos resultó relativamente fácil manejar la situación porque somos una organización de tecnología cívica y nuestro personal ya estaba capacitado en el uso de herramientas virtuales.

¿De qué modo podría la sociedad civil internacional apoyar su trabajo?

Agradeceríamos toda oportunidad de capacitación que nos ponga en mejores condiciones para atender mejor a las comunidades locales con las que trabajamos. También nos gustaría conocer las estrategias que mejor han funcionado para frenar los abusos de derechos humanos en otros contextos.

Citizens’ Gavel pone mucho énfasis en el uso de la tecnología para resolver algunos de los problemas de justicia que tiene el país y ha podido desarrollar algunas herramientas tecnológicas en ese sentido; sin embargo, nos gustaría aprender más sobre las tecnologías que están funcionando en otros contextos. El acceso a plataformas internacionales a través de las cuales podamos exigir que nuestro gobierno rinda cuentas también es clave para nuestra estrategia.

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CIVICUS conversa con Klementyna Suchanow, activista, autora e investigadora basada en Varsovia, Polonia, acerca del reciente anuncio del gobierno polaco de que comenzará el proceso de retirada del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer. Klementyna es una de las fundadoras del Paro de Mujeres de Polonia (Polish Women’s Strike) y del Paro Internacional de mujeres. El Paro de Mujeres de Polonia es un movimiento feminista de base fundado en 2016 para defender los derechos de las mujeres contra la iniciativa del gobierno para prohibir y criminalizar el aborto. Durante la pandemia del COVID-19, el movimiento se ha mantenido unido y activo a través de un grupo de Facebook y continúa movilizándose por los derechos de las mujeres polacas.

¿Cuál ha sido en los últimos años la situación de Polonia en materia de género?

Vivimos bajo un gobierno conservador, y aunque nunca diría que hace cinco años esto era el paraíso, la situación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ recientemente ha empeorado. Cada día presenciamos más ataques verbales y físicos contra grupos marginados. Se han establecido divisiones a lo largo de líneas políticas y los principales blancos de agresiones han sido los inmigrantes y las personas LGBTQI+. Las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y las elecciones presidenciales de este año han estado enfocadas sobre todo en el odio contra las personas LGBTQI+. La ola de odio es muy intensa y lidiar con ella es un gran desafío.

La situación de las mujeres y los movimientos por los derechos de las mujeres es ligeramente diferente. Nuestra nueva corriente de feminismo popular es muy inclusiva y pragmática. Es por eso que tantas jóvenes se han unido a nosotras en los últimos meses. Vemos que las generaciones más jóvenes están más politizadas y conscientes. De modo que el movimiento de mujeres está en una posición muy fuerte. Es el único movimiento que ha podido obligar al gobierno a dar un paso atrás en su intento de prohibir el aborto en 2016, y posteriormente en otros temas. Parece que nuestra ira los asusta, pero siguen haciendo cosas para empeorar nuestra situación.

En resumen, las mujeres estamos experimentando reveses en nuestra situación legal pero nuestro poder sigue creciendo. No estoy segura de si este es el caso de la comunidad LGBTQI+, porque se trata de un grupo minoritario y está más expuesta. La situación de las personas LGBTQI+ definitivamente está empeorando en todo sentido.

¿Se han producido más retrocesos en materia de género durante la pandemia del COVID-19?

Aprovechando la pandemia, el gobierno y otros actores han hecho varios intentos para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En mayo de 2020, el parlamento polaco propuso un proyecto de ley que eliminaría la obligación legal de los centros médicos de derivar pacientes a otras instituciones en caso de negarse a proporcionar servicios de aborto en función de las creencias personales de su personal. Según la ley polaca actual, el aborto solo es legal cuando la vida de la madre está en peligro, el embarazo es el resultado de una violación o el feto tiene alguna deformidad grave. Aproximadamente el 98% de los abortos que se realizan caen en esta última categoría, pero en mayo se propuso un proyecto de ley para eliminar esta cláusula. En junio, nuevas disposiciones del Código Penal impusieron duras penas de prisión para quienes apoyen a las mujeres mediante servicios relacionados con el aborto.

Las modificaciones de las leyes sobre el aborto introducidas durante la pandemia surgieron de un proyecto cívico presentado por una organización fundamentalista. Nosotras organizamos protestas, lo cual fue una locura, porque ¿cómo se hace para protestar durante una pandemia, cuando la gente no tiene permitido reunirse? Por eso nos volvimos creativas: inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción. Organizamos “colas de protestas”, paradas en fila con dos metros de distancia fuera de una tienda cercana al edificio del Parlamento, de modo de cumplir con las regulaciones de la cuarentena, mientras sosteníamos carteles y paraguas. Esto sucedió en varias ciudades, no solamente en la capital, Varsovia. Como no se nos permitía caminar libremente, también organizamos “protestas en automóvil”. Así interrumpimos el tráfico y bloqueamos la plaza principal de Varsovia durante aproximadamente una hora.

Estas protestas fueron bastante efectivas. Las enmiendas no avanzaron y ahora están “congeladas”. Fueron enviadas a una comisión parlamentaria, pero la comisión no las está estudiando. No han sido rechazadas ni aprobadas. Pero esto también significa que en el futuro podrían ser resucitadas repentinamente y tendremos que volver a lidiar con ellas.

Este gobierno ha dejado claro desde el principio que no apoya los derechos de las mujeres y no le importa la violencia contra las mujeres. Desde que llegó al poder, recortó el financiamiento de los centros de apoyo a las mujeres, los cuales han tenido que recurrir al crowdfunding o están sobreviviendo con donaciones privadas, porque ya no tienen acceso a la financiación estatal. Sin embargo, también se han logrado algunos avances, como ocurrió con una ley que se aprobó recientemente, a propuesta de un partido de izquierda, y que faculta a los agentes de policía a emitir órdenes de restricción que prohíben a los perpetradores de violencia ingresar al hogar de la víctima durante 14 días. Esto ha contribuido a separar inmediatamente a las víctimas de los perpetradores.

Por otra parte, en los últimos meses las autoridades han anunciado repetidamente que están pensando en sacar a Polonia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Al principio no nos lo tomamos demasiado en serio. Pero siempre es así: primero prueban las aguas para ver qué tan lejos pueden llegar, y si no encuentran demasiada resistencia comienzan a avanzar. El tema no se planteó ni durante la campaña ni durante la elección presidencial, pero apenas una semana más tarde quedó puesto en la agenda. Muchos hechos graves, tales como arrestos de activistas, tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones.

Ahora la situación se está poniendo grave. Varios ministros han hecho anuncios y el presidente ha aprobado la idea de retirarnos del Convenio de Estambul. También están haciendo mucha propaganda en los medios estatales para convencer a la gente de que el Convenio trata sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, las encuestas muestran que más del 60% de la población está en contra de abandonar el Convenio, en comparación con apenas 15% que apoya la idea. La mitad de quienes se oponen votaron por el partido gobernante. Es extraño que el gobierno esté llevando esta iniciativa tan lejos, dado que va en contra de las opiniones de sus propios votantes.

Habiendo estado al frente de la huelga de mujeres polacas de 2016, ¿qué opina de la situación actual?

Estamos tan acostumbradas a escuchar malas noticias que este último anuncio no nos sorprendió. La situación en Polonia es tal, y cada día suceden tantas cosas malas, que una se vuelve inmune a las malas noticias.

Durante la pandemia, todo se ha vuelto muy político. En lugar de poner el foco en cuidar la salud de las personas, todo se politizó. Se suponía las elecciones presidenciales iban a ser en mayo y hubo mucha discusión sobre si debían realizarse; finalmente se las postergó para finales de junio. El partido gobernante sabía que estaba perdiendo popularidad porque el sistema de salud no es lo suficientemente eficiente y su propio Ministro de Salud estaba ganando mucho dinero mediante la provisión de máscaras y equipos médicos. Por eso el partido gobernante presionó para que las elecciones fueran lo antes posible, antes de que perdiera demasiados votos. Y en lugar de cuidar nuestra seguridad y nuestras vidas, se enfocó en hacer avanzar su propia agenda política. Los intentos de prohibir el aborto fueron indignantes y decepcionantes porque en un momento tan crítico uno espera más responsabilidad de su gobierno.

Yo sabía que la gente estaba cansada de movilizarse, así que me sorprendió ver que tanta gente salió a defender el Convenio de Estambul, que se convirtió en un tema de discusión nacional en los medios de comunicación y en todas partes. Se ha creado mucha energía positiva en torno de este tema, y esto nos está dando la fuerza que necesitamos para detener la iniciativa.

Llevamos cinco años protestando. La protesta tiene su propia dinámica: hay que percibir cuál el momento para decidir cómo reaccionar; a veces intentas una cosa y no funciona. Todo es un experimento. Pero en este momento, sentimos que hay una energía real y un impulso que debemos aprovechar. Hay mucho interés por parte de los medios extranjeros y mucha receptividad en relación con este tema. Esto es un poco extraño, porque en el pasado cada vez que intentamos hacer algo en relación con la violencia contra las mujeres fue muy difícil hacer que la gente se movilizara en las calles. Hay algo en el tema de la violencia que hace difícil traducir los sentimientos en acciones callejeras. Si bien muchas personas lo experimentan o conocen a alguien que ha sido víctima de violencia, prefieren no reaccionar. Muchas veces en el pasado fracasamos cuando intentamos organizar algo sobre el tema de la violencia, pero esta vez la gente se enganchó. Puede que ahora tengamos la oportunidad de defender el derecho a una vida libre de violencia, convirtiéndolo en un problema para el gobierno.

¿Enfrentan los y las activistas polacas que trabajan temas de género alguna restricción de su derecho a organizarse, expresarse y movilizarse?

Soy escritora y artista, y como resultado de mi activismo me han cortado las subvenciones estatales. Ninguna institución estatal quiere trabajar conmigo en este momento, porque si mi nombre aparece en alguna lista, se convierte en un problema para ellos. También podría ser arrestada o llevada a los tribunales por una fundación legal de derecha como Ordo Iuris. Por supuesto, también está el discurso de odio: el gobierno usa tu nombre y tu imagen para hacer propaganda en los medios estatales, y también puedes ser atacada por troles en las redes sociales. La policía te puede hacer daño, como me pasó a mí durante una protesta en 2018. Esta situación se fue dando de forma paulatina, pero en este momento hay una amplia gama de formas de represión disponibles. Por el momento, sin embargo, no he oído hablar de activistas feministas que hayan experimentado ataques físicos procedentes de civiles.

Soy una de las activistas que comenzaron a emprender acciones directas contra el gobierno, de modo que me acusan de muchas cosas. A Ordo Iuris no le agrado porque escribí un libro revelando detalles acerca de la red fundamentalista internacional de la cual forma parte. Estoy en su lista de enemigos, pero hasta ahora no me han demandado. Dicen que están trabajando en su lista de acusaciones en mi contra, porque son muchas. Durante nuestra última protesta, miembros de Ordo Iuris se acercaron a un oficial de policía y trataron de convencerlo de que me pidiera identificación. Pero la policía de Varsovia nos conoce, conoce nuestras caras, sabía que yo no había hecho nada ilegal durante la protesta y rechazó su exigencia.

¿De qué manera puede la sociedad civil llamar a rendir cuentas a un gobierno cada vez más autoritario como el de Polonia, y qué apoyo de la sociedad civil internacional necesita para hacerlo?

Con respecto al Convenio de Estambul, estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que los fondos europeos deben asignarse teniendo en cuenta la situación real del respeto de los derechos humanos por parte de cada miembro de la Unión Europea (UE). La UE cuenta con un nuevo instrumento que establece que la financiación debe estar vinculada a la adhesión a los principios y prácticas democráticos. Estamos tratando de convencer al Consejo de Europa, la fuente del Convenio de Estambul, de que introduzca medidas similares contra los gobiernos que atacan los derechos de sus ciudadanos. Se trata de vincular el financiamiento con el respeto y la promoción de los derechos humanos. El dinero es el único idioma que los gobiernos entienden. Actualmente hay seis ciudades polacas que no reciben fondos europeos por haberse declarado “zonas libres de LGBTI”, lo cual es considerado un acto contrario a los derechos humanos. Quisiéramos plantear este tema junto con las mujeres turcas, que enfrentan una batalla similar contra la iniciativa de su gobierno de retirar al país del Convenio de Estambul. No puedes atacar los derechos humanos como lo están haciendo Hungría y Rusia, y aun así seguir siendo tratado por el Consejo de Europa igual que todos los demás, como interlocutor válido en la conversación. Este es un nuevo enfoque que estamos tratando de que la gente entienda.

Queremos que las organizaciones internacionales de la sociedad civil presionen a los políticos locales para que tomen conciencia de que los temas de derechos humanos y fondos deben considerarse en forma inseparable. El Consejo de Europa también debe entender esto para que podamos sentar un precedente y, en el futuro, tanto aquí como en otros países las mujeres estén protegidas. Si tenemos un gobierno autoritario que hace lo que quiere, aun cuando la ciudadanía no está de acuerdo, necesitamos contar con algunas protecciones externas. Todo lo que tenemos en Polonia es represión, de modo que necesitamos que alguien de fuera esté de nuestro lado y no nos deje solos.

El espacio cívico en Polonia es calificado de “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.

El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola de protestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. El CIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.

¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?

La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.

La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.

La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.

La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.

Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.

¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?

La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.

¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?

Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.

En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.

El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.

¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?

La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.

El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS conversa con Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e integrante del Secretariado de la campaña Gqual, una iniciativa global que busca promover la paridad de género en la composición de los organismos internacionales.

¿Cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en mejoras concretas?

Todavía nos falta mucho para garantizar que las mujeres podamos vivir con autonomía sin el lastre de la discriminación. Claramente, hay disparidades y afectaciones entre las mujeres por la edad, la situación económica, el color de la piel, la etnicidad, la calidad de migrantes o campesinas y muchas otras situaciones que definen parte de nuestra experiencia. Las cifras a nivel global de disparidades en la educación, el acceso a la salud, a la propiedad y los puestos de poder evidencian la enorme desventaja en la que estamos las mujeres en la mayor parte de las sociedades y los pesos diferenciados de la desigualdad. Por ejemplo, según datos de ONU Mujeres actualizados al primer semestre de 2020, a nivel mundial solo el 6,6% de las jefaturas de gobierno son ocupadas por mujeres, así como el 20,7% de los cargos ministeriales; asimismo, las mujeres ocupan el 24,9% de las bancas parlamentarias. La subrepresentación de mujeres también se ve reflejada en otros ámbitos, tales como el acceso a la educación: a nivel global, el 48,1% de las niñas no se encuentran escolarizadas. También se observa en el terreno laboral, ya que las mujeres perciben un 23% menos de ingresos económicos que los hombres. Lo mismo puede decirse de la prevalencia de la violencia de género: la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito estima que 87.000 mujeres fueron víctimas de femicidios en todo el mundo en 2017, y que más de la mitad –50.000, es decir el 58%- fueron asesinadas por sus parejas o miembros de sus familias.

Es decir, falta mucho por andar, pero hemos avanzado significativamente en los 25 años transcurridos desde la Conferencia de Beijing. Algunos ejemplos importantes son las conquistas, en las leyes y en la calle, en rechazo de la violencia machista y al feminicidio, el reconocimiento de las afectaciones diferenciadas de la violencia que afecta a las mujeres afrodescendientes, las modificaciones en las políticas para enfrentar la mortalidad materna, los avances en el acceso a los puestos de gobierno o legislativos, la revisión del valor de las tareas de cuidado y el desarrollo de marcos legales para el hostigamiento laboral, entre otras.

En parte, estos avances fueron posibles gracias a las sinergias entre los procesos nacionales de cambio y los procesos internacionales de elaboración de metas y reconocimiento de derechos. En este sentido, el objetivo de desarrollo sustentable (ODS5) sobre la igualdad de las mujeres, pactado a nivel mundial en el ámbito de la ONU, es una de las herramientas clave para lograr el respeto de la autonomía individual y del desarrollo colectivo de la comunidad. Acompañando esta meta consensuada por los gobiernos, hay una serie de espacios institucionales que promueven su avance en los niveles internacional y regional.

A ello se suma el hecho de que muchas mujeres de diversos sectores, en América Latina y en el mundo, nos indignamos ante la discriminación y la violencia estructural y transformamos nuestros reclamos en acciones. Ejemplos de ello han sido las iniciativas de #NiUnaMenos, #SayHerName y #LasTesis, entre muchas otras. El análisis, la protesta y la propuesta son claves para asegurar la superación de las estructuras discriminatorias.

¿Por qué es importante la paridad de género en la representación, y cuál es la situación en las instituciones internacionales? 

Uno de los argumentos más significativos de las mujeres y otros movimientos en búsqueda de representación es el de la igualdad, ya que muchas veces la ausencia de las mujeres de los sitios de toma de decisiones no es el resultado de una decisión propia sino el efecto de los techos de cristal, las discriminaciones implícitas y la segmentación de los mercados de trabajo, entre otros factores. A ello se suma el argumento del impacto de la participación igualitaria en la riqueza de los debates, la innovación y la debida diligencia en la toma de decisiones, la legitimidad y la sostenibilidad de ciertos procesos, entre otros posibles efectos benéficos de la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. En este mismo espíritu, varias convenciones internacionales innovadoras han incluido cláusulas para promover la representación y la igualdad de género. La Resolución 1325 de la Asamblea General de la ONU sobre paz y seguridad también incluye lenguaje sobre la necesidad de la participación de las mujeres en los procesos de paz.

Este reconocimiento contrasta con la limitada participación de las mujeres en espacios de tomas de decisiones, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, las normas y los mecanismos instaurados en la mayor parte de dichos espacios no aseguran la participación de las mujeres en condiciones de igualdad ni la representación paritaria.

En el ámbito internacional, en los espacios que deciden sobre la guerra y la paz, el curso del derecho penal internacional, el alcance de los derechos humanos, el derecho económico, el derecho ambiental y muchas otras cuestiones clave, las mujeres están subrepresentadas a niveles insólitos. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia actualmente cuenta con apenas tres juezas mujeres (19%) e históricamente ha habido solamente cuatro mujeres sobre un total de 108 magistrados (3,7%). En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo una de los siete integrantes actuales es mujer (14,3%), y en la Corte Penal Internacional las mujeres son apenas seis sobre un total de 18 miembros (33%). Finalmente, 10 de los 56 mecanismos especiales de la ONU hasta el día de hoy nunca han sido ocupados por una mujer.

En otras palabras, las mujeres están al margen de las decisiones que se toman en la mayor parte de los temas más significativos para el futuro de la humanidad en lo político, lo judicial y los procesos de paz. Esta realidad contrasta con el reconocimiento del derecho a la participación en el ámbito internacional en condiciones de igualdad consagrado en el artículo 8 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ampliamente ratificada a nivel mundial, y con las aspiraciones de participación balanceada o igualitaria propuestas en diferentes espacios de la ONU y otras instituciones.

¿Cuál fue el origen de la campaña Gqual, cuáles son sus objetivos, y qué han logrado hasta la fecha?

Teniendo en cuenta la realidad de los techos de cristal y las involuciones drásticas que se han producido recientemente en la composición de algunos órganos, un grupo de mujeres y hombres convencidos del valor de los espacios paritarios y diversos nos unimos en una iniciativa para impulsar la paridad de género en los espacios de justicia y monitoreo a nivel internacional. Con ese objetivo lanzamos la campaña Gqual en septiembre de 2015. Desde allí impulsamos compromisos individuales e institucionales con la paridad de género en la representación internacional, el desarrollo de investigaciones, estándares y mecanismos que promueven la igualdad de género en los espacios de monitoreo y de justicia a nivel internacional, el debate vibrante y oportuno sobre el tema para hacer avanzar la agenda de igualdad, y la generación de una comunidad de discusión y acción sobre el tema.

Entre las acciones de la campaña se encuentran el seguimiento y distribución de la información sobre los puestos disponibles en la esfera de la justicia internacional. Enviamos cartas y publicamos información en redes llamando la atención acerca de las oportunidades y las disparidades, promovemos investigaciones académicas, y hacemos propuestas para la modificación de los procedimientos de nominación y selección de quienes ocupan los puestos de justicia y monitoreo a nivel nacional e internacional. Entre las iniciativas más interesantes se cuenta el ranking donde incluimos el número de hombres y mujeres en puestos por país. También hacemos reuniones de personas expertas para contribuir al desarrollo de documentos especializados. Adicionalmente, hacemos sinergia con los procesos de selección en los espacios de la justicia a nivel nacional y participamos de debates sobre representación a nivel nacional e internacional, de modo de avanzar en la agenda más amplia de cambio político y social en favor de la igualdad.

Quiero invitar a todas y todos a sumarse a la campaña en línea y a seguirla e interactuar con ella en redes sociales. Desde el lanzamiento de la campaña hemos avanzado en el debate del tema y hemos tenido varios logros significativos, entre los que se cuentan resoluciones de la ONU y la Organización de los Estados Americanos sobre equilibrio de género en la composición de órganos internacionales, la sistematización de información sobre la composición de puestos en el ámbito de la ONU desagregados por género e investigaciones excelentes que permiten fundamentar las obligaciones internacionales de los estados y los organismos internacionales, entre muchos otros. Al trabajar por el acceso de las mujeres a los espacios internacionales en condiciones de paridad, la campaña Gqual impulsa varios de los compromisos expresados en los ODS: el de igualdad, el de acceso a la justicia, el de lucha contra la pobreza y el de compromiso con la paz.

¿Qué apoyo de la sociedad civil internacional se necesita para seguir impulsando la campaña?

El mayor apoyo que la sociedad civil internacional podría dar a la campaña es sumarse al debate sobre la importancia de asegurar la participación paritaria de las mujeres en los espacios de monitoreo y justicia a nivel internacional. Dependiendo de las posibilidades de cada persona, organización o institución, quizás puedan avanzar en agendas más específicas a nivel local o internacional en sinergia con los objetivos de la campaña. Por ejemplo, impulsando que el gobierno de su país haga seguimiento de sus nacionales en puestos de elección, haciendo investigaciones de campo sobre los procesos de selección, escribiendo sobre las obligaciones constitucionales o derivadas del derecho internacional para garantizar la igualdad en el acceso a la representación internacional, haciendo campañas de sensibilización pública, o escribiendo para el blog de la campaña o en periódicos locales. Dada la desigualdad estructural y la inercia de algunos gobiernos que los vuelve reacios a actuar, la sociedad civil y la ciudadanía deben exigir que las autoridades aseguren que las mujeres sean nominadas y consideradas para puestos de toma de decisiones a nivel internacional y nacional. La sociedad civil también puede ayudar a impulsar el debate recopilando datos y publicando análisis y estudios.

Quiero resaltar que por la naturaleza de la campaña -que surge de la iniciativa de mujeres que abogan por la igualdad y que en su mayoría donan su tiempo para conseguir avanzar- les agradecemos cualquier aporte de tiempo o donaciones para apoyar el trabajo y las iniciativas. Queremos un mundo más justo, igualitario y en paz, y para eso precisamos que las mujeres intervengan en pie de igualdad en la toma de las decisiones que nos atañen a todos y todas.

Contáctese con la campaña Gqual a través de su página web o su perfil de Facebook, y siga a @GqualCampaign, a @cejil y a @mundopenelope en Twitter.

CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones en Burundi con un activista de la sociedad civil que por razones de seguridad ha preferido conservar el anonimato.

El 20 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19, se celebraron en Burundi elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. En marzo, dos meses antes de las elecciones, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (ONU) sobre Burundi lanzó un llamamiento a la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las instituciones regionales, para que unieran fuerzas para alentar al gobierno de Burundi a reabrir los espacios democráticos, civiles y políticos. El día de las elecciones, el presidente de la Comisión de Investigación afirmó que no estaban dadas las condiciones para realizar elecciones libres y creíbles. Según informó el CIVICUS Monitor, miembros de la oposición recibieron amenazas de muerte y sufrieron agresiones físicas, además de enfrentar obstáculos administrativos, ya que varias candidaturas fueron rechazadas. El líder de un partido opositor fue asesinado y otros candidatos fueron arrestados bajo acusaciones falsas. El periodismo independiente enfrentó obstáculos sistemáticos, tales como el arresto de periodistas y el bloqueo de las plataformas de redes sociales.

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¿Se han introducido mayores restricciones al espacio de la sociedad civil como resultado de la respuesta del gobierno de Burundi a la pandemia del COVID-19?

El espacio cívico en Burundi se ha mantenido cerrado desde abril de 2015, tras los disturbios políticos provocados por la decisión del recientemente fallecido expresidente Pierre Nkurunziza de postularse para un controvertido tercer mandato. Esto provocó una violencia generalizada que dejó al menos 1.200 muertos y obligó a 400.000 personas a huir del país. Sorprendentemente, en marzo de 2020, mientras la pandemia del COVID-19 se propagaba en casi todos los países africanos, las autoridades de Burundi abrieron un espacio para que se llevaran a cabo campañas para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de mayo. Pero cabe concluir que el espacio cívico continúa estando cerrado en términos de las posibilidades de expresión de toda crítica abierta al modo en que se maneja políticamente el país, lo cual incluye las críticas a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia durante el período electoral.

¿Qué posición mantuvo la sociedad civil respecto de la decisión de celebrar elecciones durante la pandemia?

La decisión de las autoridades de Burundi de habilitar la continuidad de las campañas electorales en un período en que muchos otros países africanos estaban tomando medidas de confinamiento para detener la propagación del COVID-19 fue interpretada como una negación de la realidad de la pandemia orientada a salvar los intereses políticos del partido gobernante, el CNDD-FDD (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia), en detrimento de la salud de la población.

A pesar de los temores de un contagio masivo de COVID-19, una de las razones por las cuales el gobierno se apuró a realizar las elecciones fue la oportunidad de realizar un proceso electoral en ausencia de un número considerable de observadores independientes e internacionales que pudieran denunciar cualquier irregularidad. Dado que la Comisión Electoral Nacional Independiente estaba compuesta principalmente por miembros del partido gobernante, esta decisión puso al gobierno en posición de manipular los resultados de las elecciones tanto como lo quisiera.

¿Fue el resultado de las elecciones aceptado por la mayoría de la ciudadanía?

El 20 de mayo de 2020 el candidato del CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, fue elegido presidente con el 71% de los votos. El partido gobernante también ganó 72 de los 100 escaños en juego en la Asamblea Nacional.

Tan pronto como la Comisión Electoral anunció estos resultados, partidos de oposición como el Consejo Nacional para la Liberación, que quedó en un distante segundo lugar, declararon a medios extranjeros que las cifras oficiales no eran creíbles y eran el resultado de un fraude masivo. Lo cierto es que las elecciones se realizaron en un contexto de permanente represión de la oposición política, los medios independientes y la sociedad civil. No hubo observadores internacionales porque el gobierno les había advertido que, a causa de la pandemia, quienes vinieran tendrían que permanecer en cuarentena durante 14 días a partir de su llegada.

Algunos, como la Iglesia Católica, hicieron algunas críticas discretas en relación con los incidentes que marcaron el proceso electoral. Otros susurraron -ya que en Burundi no es fácil hacer críticas abiertas- que los resultados de las elecciones habían sido manipulados. Pero eso fue todo. Miembros poderosos de la comunidad internacional, como los gobiernos de Bélgica y los Estados Unidos, se apresuraron a saludar al presidente electo, y la Comunidad de África Oriental felicitó a Burundi por haber celebrado unas elecciones “pacíficas y exitosas”.

En mi opinión, los resultados de las elecciones fueron finalmente aceptados porque se temió que habría derramamiento de sangre si el rechazo abierto de los resultados de las elecciones por parte de la oposición fuera seguido de protestas callejeras.

¿Qué posibilidades hay de que el resultado de las elecciones conduzca a un mejoramiento de la democracia y el espacio cívico?

Hay quienes dicen creer que elegir nuevos líderes es sinónimo de democracia. El resultado de las elecciones de mayo de 2020 ayudó a Burundi a cambiar los rostros de los principales líderes y a mostrar que el dictador que nos había gobernado durante 15 años ya no dirige al país. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la campaña electoral, el nombramiento de funcionarios bajo sanciones económicas europeas o estadounidenses por haber cometido abusos de derechos humanos y la retórica política utilizada para retratar a algunos países y a sus líderes como colonialistas muestran que la democracia en Burundi todavía tiene un largo camino por recorrer.

Sin embargo, algunas medidas de lucha contra la corrupción y otros abusos que ha tomado el presidente Ndayishimiye desde que asumió el cargo nos llevan a creer que la impunidad de que gozaron algunas autoridades locales bajo el gobierno de Nkurunziza podría llegar a su fin.

Muchos creían que el plan era que el expresidente Nkurunziza siguiera detentando el poder entre bastidores. ¿Han cambiado las perspectivas como resultado de su muerte?

El expresidente Nkurunziza murió inesperadamente en junio, antes de que asumiera su sucesor. Como ya había un presidente electo, el Tribunal Constitucional decidió que éste debía prestar juramento con dos meses de anticipación.

Muchos creyeron que la muerte de Nkurunziza permitiría al presidente Ndayishimiye gobernar con total independencia, y así pareció confirmarlo en su discurso inaugural, donde prometió entablar un diálogo amplio sobre todos los temas. Es demasiado pronto para asegurar que el hecho de que Nkurunziza haya quedado fuera de la ecuación permitirá que el nuevo gobierno abra el espacio cívico y para saber si el nuevo presidente aprovechará esta oportunidad. Sin embargo, resulta alentador ver que el nuevo presidente ya se ha reunido con los líderes de otros partidos políticos, con expresidentes de Burundi y con obispos de las iglesias católica y anglicana, y ha prometido promover el diálogo. Estamos ansiosos por corroborar si sus palabras se convertirán en acciones.

Al mismo tiempo, sin embargo, recientemente el ministro del Interior ha emitido una resolución para suspender hasta nueva orden el registro de nuevas organizaciones de la sociedad civil e iglesias y el reconocimiento de las nuevas autoridades de las organizaciones. Esta decisión es inconsistente con el cambio que se busca. Si se mantiene, impedirá que la sociedad civil crezca y se convierta en un interlocutor legítimo y públicamente reconocido.

¿Qué debería hacer la comunidad internacional para contribuir a mejorar el espacio cívico en Burundi?

Es difícil establecer unas pocas prioridades, ya que son muchas las cosas que es necesario poner en marcha para que Burundi se convierta en una tierra de libertades. Sin embargo, sería vital involucrar al gobierno de Burundi en un diálogo multidimensional. Es necesario relanzar la cooperación internacional de manera que ésta ayude al gobierno de Burundi a poner fin a la pobreza endémica. La comunidad internacional debe abogar por la repatriación de todas las personas refugiadas, incluidas las que tienen órdenes de arresto del gobierno de Burundi, y garantizar su protección. Y también debe ofrecer su mediación para resolver el conflicto entre Burundi y sus países vecinos, especialmente Ruanda, a fin de facilitar la circulación de personas y bienes y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

Si se persiguen las prioridades sugeridas, las autoridades de Burundi podrían llegar a darse cuenta de que Burundi no está aislado y que la comunidad internacional no está actuando para sabotear sus intereses, sino en cambio para fortalecer los aspectos positivos de la globalización en todos los ámbitos.

El espacio cívico en Burundi es calificado de “cerrado” por el CIVICUS Monitor.

CIVICUS conversa con Sandun Thudugala, Director de Programas de Law and Society Trust (LST), acerca de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en Sri Lanka el 5 de agosto de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19. LST es una organización de investigación y defensa legal fundada en 1982 en Colombo, Sri Lanka, con el objetivo de promover reformas legales para mejorar el acceso a la justicia, la judicialización de los derechos y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

Ante las elecciones de agosto de 2020, el CIVICUS Monitor documentó el hecho de que abogados de derechos humanos y periodistas estaban siendo sujetos a arrestos, amenazas y acoso. Un informe del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, publicado en mayo de 2020, también mostró que la sociedad civil enfrentaba desafíos para registrarse y operar y diversas barreras para el ejercicio del derecho de protesta.

¿Cuál era la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil antes de las elecciones?

Como ocurre en muchos otros países, en Sri Lanka la situación de las libertades cívicas y el espacio para la sociedad civil siempre ha sido precaria. Incluso bajo el gobierno anterior, que se suponía que apoyaba más a la sociedad civil y a la agenda de derechos humanos, continuaron los esfuerzos para introducir nuevas leyes draconianas para controlar la sociedad civil y socavar las libertades básicas en nombre de la lucha contra el terrorismo.

La situación empeoró con la elección de Gotabaya Rajapaksa como nuevo presidente en noviembre de 2019. Su campaña electoral, basada en las ideas de la supremacía del budismo cingalés, la sociedad disciplinada y la seguridad nacional, recibió el apoyo de una abrumadora mayoría, y en particular de la comunidad budista cingalesa. El resultado fue interpretado como un mandato otorgado al gobierno para que pudiera socavar las libertades básicas y el espacio cívico en nombre de la seguridad nacional y el desarrollo.

Ha habido indicios de una mayor militarización de todos los aspectos de la sociedad y del debilitamiento de las instituciones democráticas, como el nombramiento de miembros de las Fuerzas Especiales Presidenciales, que solo rinden cuentas al presidente, en puestos clave de gobierno. También se ha transmitido un claro mensaje de falta de voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones internacionales, incluida la Resolución 30/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que el gobierno anterior había apoyado y perseguía el objetivo de promover la reconciliación, la rendición de cuentas y los derechos humanos en Sri Lanka tras el conflicto interno desarrollado entre 1983 y 2009. Lo mismo se observa en relación con los mecanismos nacionales de derechos humanos.

Han aumentado la vigilancia de las actividades de la sociedad civil y los arrestos de activistas activos en las redes sociales. Esto ha reflejado claramente el intento de socavar las libertades y el espacio cívico ante las elecciones. La situación se vio agravada por la pandemia del COVID-19. La necesidad de hacer frente al virus ha sido utilizada como excusa para incrementar la militarización y la concentración de poder en manos del presidente.

¿Cuáles fueron los principales temas de campaña?

El gobierno, encabezado por el recientemente electo presidente Rajapaksa, del partido Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), quería alcanzar la mayoría de los dos tercios en el Parlamento para estar en condiciones de reformar la actual constitución y otorgar poderes adicionales al presidente. Ese ha sido el principal objetivo de la campaña electoral del SLPP. La necesidad de un gobierno fuerte para proteger las aspiraciones de la mayoría budista cingalesa, defender la soberanía nacional y fomentar el desarrollo económico fueron, por consiguiente, algunos de los principales temas de su campaña. La popularidad que tenía el presidente tras su victoria en las elecciones presidenciales fue utilizada para movilizar a los votantes en apoyo del SLPP.

Los principales partidos de la oposición estaban divididos, y en la campaña electoral sus conflictos internos fueron más prominentes que sus mensajes electorales. Una de sus principales promesas fue brindar asistencia económica a las personas pobres que habían resultado más afectadas por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento.

Durante la campaña electoral ninguno de los partidos principales puso de relieve cuestiones centrales tales como la necesidad de fortalecer los sistemas de gobernanza democrática, la justicia para las víctimas de la guerra, y la búsqueda de soluciones de más largo plazo para los problemas étnicos o las causas fundamentales de la pobreza rural, el endeudamiento y la desigualdad.

¿Hubo alguna discusión acerca de la conveniencia de realizar las elecciones en el contexto de la pandemia?

El gobierno quería llevar a cabo las elecciones lo antes posible. Estaba dispuesto a realizarlas en abril de 2020, tal como estaba previsto, aun cuando estábamos en lo peor de la pandemia. Casi todos los partidos de la oposición se opusieron a la celebración de elecciones en abril. Posteriormente, la Comisión Electoral decidió posponerlas hasta agosto de 2020 debido a los riesgos para la salud que podría conllevar su realización. En agosto la situación había mejorado considerablemente, por lo que no hubo una gran oposición a la realización de las elecciones, que tuvieron lugar el 5 de agosto.

Hasta donde yo sé, no se consideró la posibilidad de habilitar el voto vía internet para esta elección. No creo que Sri Lanka tenga la infraestructura y la capacidad para ofrecer esa opción en este momento. Más del 70% de los votantes habilitados emitieron sus votos y, con excepción de las personas que todavía se encontraban en centros de cuarentena, no experimentaron obstáculos significativos a la hora de votar. Aunque sí hubo incidentes cuando algunas fábricas privadas negaron a sus empleados el permiso para ir a votar.

¿Fue posible desarrollar una campaña “normal” en el contexto de la pandemia?

La Comisión Electoral publicó una serie de pautas sanitarias e impuso controles importantes sobre la campaña electoral. No se permitieron grandes mítines o reuniones, pero el gobierno y los principales partidos de la oposición violaron estas pautas sanitarias al organizar abiertamente actos públicos y otras reuniones, y no enfrentaron ninguna repercusión. Quedó claro que los partidos con mayor poder contaban con una clara ventaja que les permitía eludir ciertas reglas. Además, los candidatos de los principales partidos políticos, que tenían más dinero para invertir en campañas en medios electrónicos y en redes sociales, corrieron con una clara ventaja sobre los demás.

Gracias a su control sobre los medios estatales y al apoyo que recibió de la mayoría de los medios privados, tanto electrónicos como impresos, el gobierno tuvo una clara ventaja sobre la oposición durante la campaña electoral. Los partidos políticos más pequeños de la oposición se encontraron en la posición más desventajosa, ya que no obtuvieron ningún espacio significativo de aire ni de publicidad en los principales medios de comunicación.

Esto seguramente afectó los resultados de las elecciones, en las que el SLPP, liderado por el presidente Rajapaksa y por su hermano, el expresidente Mahinda Rajapaksa, obtuvo 145 escaños parlamentarios sobre un total de 225. El partido opositor Samagi Jana Balavegaya, establecido a principios de 2020 como resultado de un desprendimiento del Partido Nacional Unido, de derecha, obtuvo 54 escaños. El partido Illankai Tamil Arasu Kadchi, que representa a la minoría étnica tamil, obtuvo 10 escaños, y otros 16 escaños se dividieron entre 12 partidos más pequeños. En consecuencia, el 9 de agosto el hermano del presidente fue designado Primer Ministro de Sri Lanka por cuarta vez.

¿Pudo la sociedad civil desempeñar algún rol significativo en el proceso electoral?

Aparte de participar en el monitoreo de las elecciones, la participación de la sociedad civil independiente en el proceso electoral fue mínima. Este fue un cambio drástico en comparación con las elecciones de 2015, en las cuales la sociedad civil desempeñó un rol clave en la promoción de una agenda de buena gobernanza y reconciliación en el marco de la campaña electoral. Las divisiones dentro de la oposición y el contexto del COVID-19 dificultaron el efectivo involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso. Algunas organizaciones intentaron producir un discurso sobre la importancia de proteger la 19a enmienda a la Constitución, que limitaba los poderes presidenciales al tiempo que fortalecía el papel del parlamento y las instituciones independientes y los procesos de rendición de cuentas, pero no obtuvieron espacios significativos para discutir estos temas en los medios de comunicación ni en ningún otro espacio público.

El espacio cívico en Sri Lanka es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa sobre la situación de los refugiados del clima y los crecientes desafíos enfrentados durante la pandemia del COVID-19 con Amali Tower, fundadora y directora ejecutiva de Climate Refugees. Fundada en 2015, Climate Refugees defiende los derechos de las personas desplazadas y obligadas a migrar, incluso a través de las fronteras, como consecuencia del cambio climático. Documenta sus casos para arrojar luz sobre las brechas de protección y los vacíos legales y aboga por la adopción de soluciones con perspectiva de derechos humanos y la creación de normas y políticas que protejan a las personas afectadas por la migración y el desplazamiento impulsados por el cambio climático.

Su organización se llama Climate Refugees (“refugiados del clima”) aunque actualmente el término no tiene respaldo en el derecho internacional. ¿A qué se debe esta elección? ¿Piensa que esta categoría debería ser oficialmente reconocida?

Es verdad, el concepto no existe en el derecho internacional, pero los factores que impulsan la migración están cada vez más entrelazados, como se ha observado en el caso de las personas refugiadas y desplazadas internamente por efecto de conflictos y persecuciones. No es diferente en el contexto de la migración climática, que para millones de personas no es un problema puramente ambiental, sino una cuestión de justicia. Para muchas poblaciones que dependen de la tierra, los cambios climáticos tienen efectos sobre la supervivencia y los medios de vida, con impactos que exceden con creces lo individual, ya que afectan a la familia, la comunidad, la producción y las empresas locales. De modo que, antes de ser un factor que contribuye a la migración, el clima es un factor que durante años provoca profundas pérdidas y sufrimientos, se expresa en pérdidas económicas y tiene ramificaciones políticas. Esto se observa, por ejemplo, entre los agricultores de subsistencia del África subsahariana, de América Central y de muchas otras regiones. En este contexto, una persona desplazada por los impactos del cambio climático es al mismo tiempo desplazada por factores económicos y políticos, dado que en muchos países la situación política y los sistemas económicos tienen una gran vinculación con la situación del medio ambiente.

Además, es importante recordar que los impactos del cambio climático y la migración y el desplazamiento provocados por el clima no son riesgos futuros. Se trata de una realidad que muchas personas ya están experimentando, y que se está manifestando en algunos de los sitios más frágiles del mundo y está siendo padecida por poblaciones empobrecidas y vulnerables que casi no han tenido responsabilidad alguna en la generación del cambio climático.

Por eso abordamos el tema como una cuestión de igualdad y justicia. Habiendo trabajado durante mucho tiempo en la protección de personas refugiadas, habiendo entrevistado y proporcionado servicios a innumerables refugiados que huían del conflicto y la persecución, como lo establece la definición legal, soy plenamente consciente de la controversia y la reacción que esto puede provocar. Me costó tomar esta decisión, pero en última instancia, no pude reconciliar la definición legal con años de testimonios de personas que huían por razones diversas y que resaltaban entre sus motivaciones el impacto de años de devastación ambiental más que la guerra que todos sabíamos que estaba ocurriendo.

De modo que finalmente nos decidimos por el término “refugiados climáticos” o “refugiados del clima” para provocar una discusión. Para enfatizar la responsabilidad política por el cambio climático. Para generar conciencia sobre los dispares impactos del cambio climático, que sobre algunas personas son letales. Para contribuir a las políticas públicas, provocarlas y desafiarlas. Para subrayar las necesidades escuchando la voz de las personas afectadas y para ayudarles a conseguir protección legal. En definitiva, para presentar esto como una cuestión de igualdad.

En el terreno de las migraciones hay mucha discusión –hay quienes dirían que confusión- en materia de terminología. No hay consenso sobre los términos apropiados, por lo que se utilizan términos diversos, tales como “migración inducida por el clima” y “migrantes ambientales”.

Creo que debemos tener cuidado de no simplificar el mensaje. Pero tampoco debemos emplear una terminología demasiado técnica sobre los temas de fondo y el sufrimiento que tantas personas de carne y hueso están experimentando. Debemos ayudar a los formuladores de políticas y a la ciudadanía a comprender que toda situación compleja supone una cantidad de factores coadyuvantes. A menudo las personas se han trasladado, convirtiéndose en refugiadas, como consecuencia de conflictos y sequías; basta con mirar el caso de Somalia. Otras personas se trasladan en busca de seguridad y mejores oportunidades para ganarse la vida, como lo estamos viendo en el caso de Centroamérica.

Debemos dejar en claro que la línea divisoria entre migración “forzada” y “voluntaria” es a menudo malinterpretada, si es que no se trata de una falsa dicotomía.

En resumen, utilizamos la expresión “refugiados del clima” para llamar la atención sobre la responsabilidad política de los países ricos y de ciertas industrias a la hora de garantizar acceso a la justicia, compensación, protección e igualdad en todos los niveles, porque las soluciones también deben ser multifacéticas.

¿Qué tipo de trabajo hace Climate Refugees?

Climate Refugees es una organización de investigación e incidencia que produce informes a partir del trabajo de campo y se involucra en la formulación de políticas para examinar el cambio climático a través de una lente humana y ayudar a incluir y amplificar las voces de las comunidades cuyos medios de vida y seguridad han sido afectados y que han sido desplazadas u obligadas a migrar. De lo contrario, la conversación sobre el cambio climático seguiría siendo fría y abstracta, en vez de centrarse en los impactos que tiene sobre comunidades enteras y sobre seres humanos de carne y hueso.

Además de producir informes en los sitios críticos de desplazamiento climático, educamos y contribuimos a generar conciencia acerca de los impactos del cambio climático sobre la movilidad humana en tiempo real y en formas no siempre exploradas, a través de dos publicaciones: EN FOCO: El desplazamiento climático en las noticias (SPOTLIGHT: Climate Displacement in the News) que, como su nombre lo indica, es un resumen actual de noticias globales y análisis de expertos acerca de los impactos del cambio climático sobre las migraciones, los derechos humanos, las leyes y políticas, los conflictos y la seguridad; y PERSPECTIVAS: El desplazamiento climático en el terreno (PERSPECTIVES: Climate Displacement in the Field), que incluye artículos sobre una variedad de temas relacionados con las migraciones y los desplazamientos inducidos por el clima, con opiniones de expertos e historias en primera persona.

El objetivo que perseguimos con estas publicaciones es ofrecer información y presentar historias de personas migrantes y desplazadas y análisis experto a través de una lente de justicia climática que resalte los impactos desproporcionados del cambio climático sobre las poblaciones marginadas y desfavorecidas que son las menos responsables del cambio climático. Creo que, en gran medida, fundé esta organización para poder tener la conversación que creo que muchos de nosotros queremos tener, en torno de la idea de que estamos ante todo frente a una cuestión de justicia e igualdad y de que nuestras soluciones deberían derivarse de esa constatación.

¿Se han visto las personas refugiadas por el clima particularmente afectadas por la pandemia del COVID-19 y las restricciones derivadas de ella? ¿Qué se está haciendo al respecto?

La pandemia del COVID-19 proporciona un buen ejemplo de un aumento de las violaciones de derechos en un contexto de crisis, y una refutación enfática de la afirmación de que “estamos todos en el mismo barco”. Las personas migrantes y refugiadas ciertamente pagaron un precio más alto durante una pandemia global que muchos creyeron que afectaba a todos los seres humanos por igual. Es difícil lograr mantener la distancia social cuando se es una persona desplazada que vive en condiciones de hacinamiento en un asentamiento, ya sea formal o informal, urbano o rural, ya sea que se trate de un campamento de refugiados o de viviendas provisorias para migrantes. A las personas migrantes y refugiadas les fueron negados la libertad de movimiento, el derecho a la salud y el derecho a la información en un grado más alto que a otras poblaciones, y experimentaron más impedimentos para acceder a sus derechos.

No se trata de señalar a ningún país en particular, porque el punto es que las poblaciones vulnerables que durante la pandemia deberían haber recibido mayores protecciones, en casi todas partes se volvieron, por el contrario, más vulnerables. En el Líbano, las personas refugiadas fueron sometidas a restricciones más estrictas de toque de queda, que incluso impidieron su acceso a tratamiento médico. En el asentamiento de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh, las personas refugiadas rohingya fueron forzadas a permanecer en el campamento y se les negaron los derechos a la comunicación y a la salud. En muchos países donde se hacinan en viviendas precarias, como ocurre en Malasia, muchas personas migrantes fueron detenidas. Estados Unidos les negó a las personas solicitantes de asilo el derecho a solicitar asilo y violó el principio de no devolución, retornándolas a la frontera sin audiencia previa, deportando a solicitantes de asilo cuyos tests de COVID-19 dieron positivo y exportando en ese acto el virus a Haití y a Centroamérica. Estados Unidos continúa deteniendo a miles de personas, mayoritariamente procedentes de Centroamérica, que huyen no solamente de la violencia y la persecución sino también de los impactos del cambio climático, negándoles la libertad de movimiento y, posiblemente, en algunos casos también los derechos a buscar asilo, al debido proceso y a la salud.

Cuando el ciclón Amphan estaba a punto de azotar la Bahía de Bengala en mayo de 2020, en el punto más álgido de la pandemia, las poblaciones de las zonas afectadas fueron reubicadas antes del desastre, lo cual salvó vidas, pero también significó que el distanciamiento social no se pudo implementar en el contexto del desplazamiento y la vulnerabilidad frente al virus pasó a ser una gran preocupación.

Me temo que la situación no será diferente a medida que la crisis climática empeore. Ésta afectará de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables del mundo y, una vez más, nos encontraremos en una situación en la que debería ser pertinente pensar que estamos todos en el mismo barco, pero nuevamente nos daremos cuenta de que algunos de nosotros tenemos los medios para escapar de la peor parte de los impactos del cambio climático, mientras que otros cuentan con protecciones sociales limitadas mientras que muchos otros, que ya están en la pobreza extrema y al margen de la sociedad, caerán más abajo y no podrán huir de los múltiples impactos en todos los niveles.

¿Está el tema del desplazamiento climático recibiendo suficiente atención? ¿Se ha logrado algún progreso en la conformación de un marco legal internacional que proteja a las personas desplazadas por el cambio climático?

Sin duda, estamos viendo que los medios prestan más atención a los impactos del cambio climático, entre ellos las migraciones. Pero a medida que el tema se convierte en parte de la conversación cotidiana, también existe la posibilidad de que se pierdan matices importantes. Yo diría que se han logrado algunos avances en el área del desplazamiento climático, es decir, de los desplazamientos que se producen como resultado de desastres tales como inundaciones y tormentas. Tenemos datos que nos dicen cuántas personas son desplazadas cada año por desastres -un promedio de alrededor de 25 millones- y comprendemos mejor la naturaleza y las determinaciones causales de estos desplazamientos.

Pero la migración climática es mucho más complicada, ya que los factores que impulsan esta migración, ya sea interna o a través de las fronteras, están cada vez más entrelazados. Y cuando hay múltiples factores en juego, es difícil desentrañar qué papel juega cada uno de ellos, o en qué medida el fenómeno resultante, en este caso la migración, puede atribuirse a una causa determinada, en este caso al cambio climático. La ciencia y la tecnología en el área de la atribución climática están mejorando, lo que permite a los expertos determinar cada vez mejor la medida en que el cambio climático es un factor relevante en cada situación. Pero en términos generales, en muchas partes del mundo el medio ambiente también es un problema económico y político, por lo que por el momento es correcto afirmar que el cambio climático está contribuyendo grandemente a las migraciones.

Dicho esto, gran parte de la discusión sobre el marco legal se estanca en conversaciones que giran en torno del hecho de que las migraciones son en gran parte internas, así como en proyecciones de desplazamientos apocalípticas. El sistema internacional duda en impulsar conversaciones que conviertan aún más a las migraciones en un tema de seguridad y los estados se resisten a asumir compromisos que brinden mayores protecciones a las personas migrantes o refugiadas.

Entonces, por ahora los avances se limitan a compromisos no vinculantes por parte de los estados bajo la forma Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que incluye algunas medidas relacionadas con la migración ambiental a través de las fronteras. La Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres es una iniciativa liderada por estados que hace un buen trabajo a la hora de proteger a las personas desplazadas a través de las fronteras a causa de desastres y del cambio climático.

A principios de este año el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió revisar el caso de una persona de Kiribati que afirmaba ser “refugiada climática”. Había llevado su caso ante dicho órgano de derechos humanos con el argumento de que el hecho de que Nueva Zelanda denegara su solicitud de asilo violaba su derecho a la vida en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ONU estableció que los países no pueden deportar a personas que enfrentan condiciones inducidas por el cambio climático que violan su derecho a la vida.

¿Qué debería hacerse para que el problema sea no solamente reconocido sino también mitigado?

Hay quienes temen que alertar sobre una inminente crisis migratoria provocada por el cambio climático podría tener el efecto de alimentar la hostilidad y la xenofobia contra las personas migrantes y refugiadas. Si bien entiendo el argumento y reconozco que el riesgo es real, también creo que es igualmente cierto que, para las personas xenófobas y hostiles hacia migrantes y refugiados, cuál sea el motivo que lleva a la gente a migrar no es relevante. De modo que cuando hablamos de estas cosas debemos preocuparnos por encontrar un delicado equilibrio, ya que realmente no sabemos cómo resultará, pero lo que sí sabemos es que las trayectorias y las perspectivas no suelen ser tan buenas, falta voluntad política y la cuestión no suele abordarse desde una perspectiva de derechos humanos enfocada en la protección de las comunidades afectadas, entre ellas las personas migrantes. En ese sentido, no se trata de ser alarmistas con los números, sino más bien de hacer sonar la alarma respecto de la necesidad de hacer mejor las cosas para llenar vacíos vitales en materia de derechos y protecciones.

Se suele poner demasiado el acento en cómo no deberíamos llamar a estas personas, cómo no deberíamos enmarcar el tema, pero en cambio no se presta suficiente atención a cómo deberíamos proteger a las poblaciones vulnerables.

Los países que ya tenían un problema de pobreza extrema ahora están luchando también contra condiciones climáticas extremas, y hay en este punto una enorme injusticia subyacente, en la medida en que no se reconoce que el cambio climático no fue provocado por todos por igual, y que sus impactos tampoco serán experimentados por todos por igual.

Se podría hacer mucho más en materia de adaptación. La adaptación es muy costosa y los países que soportan el grueso de los impactos del cambio climático no están en condiciones de asumir también sus costos financieros. Muchos expertos regionales afirman que gran parte de la financiación internacional que se les destina se centra en la mitigación de los efectos del cambio climático más que en la adaptación.

Tenemos que desarrollar la resiliencia de las comunidades para resistir los efectos del cambio climático y, en algunos contextos, esto también podría suponer la construcción de instituciones de gobernanza, instituciones públicas y capacidades para resistir frente a las fuertes presiones de los impactos del cambio climático sobre las sociedades.

La adaptación puede requerir innovación, desarrollo de infraestructura y cambios sociales, todo lo cual puede ser muy costoso, y la planificación de la adaptación debe respetar los derechos humanos y habilitar opciones, incluida la opción de migrar, que tampoco es necesariamente una “opción” enteramente voluntaria. El punto es que el establecimiento de caminos seguros para migrar, cuando las condiciones no permiten que la gente se quede, es una forma de salvaguardar los derechos humanos de las poblaciones afectadas por el cambio climático.

¿Se están estableciendo suficientes conexiones entre los esfuerzos de promoción de los derechos de migrantes y refugiados y el activismo climático?

Desde mi perspectiva, daría la impresión de que existen pocas conexiones entre estos dos movimientos y pienso que hay un gran potencial para una labor de incidencia conjunta más fuerte. Por ejemplo, el solo hecho de ampliar la conversación sobre la migración climática y convertirla en el debate de un movimiento más que en una conversación sobre investigación y política pública, sería un paso adelante en el involucramiento de la ciudadanía en una cuestión que me temo que para mucha gente es demasiado difícil de entender, por no decir de abordar.

Al mismo tiempo, existe un público preocupado e interesado que desea ser parte de la solución. De modo que, al mismo tiempo que tratamos de contribuir a las políticas públicas, nos esforzamos para que la información sea más accesible de modo de poder involucrar y unir al movimiento con la ciudadanía para abordar el problema como una cuestión de justicia climática, ya que así es como lo vemos.

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CIVICUS conversa con Elena Lorac, coordinadora de Reconoci.do, una red cívica independiente y pluralista conformada principalmente por personas dominicanas jóvenes de ascendencia haitiana. Reconoci.do defiende los derechos humanos y promueve la integración real, plena y efectiva en la sociedad dominicana de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Con presencia a lo largo de la República Dominicana, Reconoci.do sostiene la visión un país multicultural donde personas diversas conviven dignamente, sin estigma ni discriminación, y sus derechos fundamentales son respetados por la sociedad y protegidos por el Estado.

¿Cuándo y por qué surgió Reconoci.do, y cuáles son los objetivos de la organización?

Reconoci.do es un movimiento de personas dominicanas de ascendencia haitiana, mayormente jóvenes, que luchamos por nuestro derecho a la nacionalidad y por el acceso a todos los derechos que se derivan de esta pertenencia: derechos civiles, políticos y sociales; derechos tan básicos como el derecho al trabajo, a una vivienda, a la educación y a la salud, que nos son sistemáticamente negados.

El movimiento se formó a fines de noviembre de 2011, en reacción a una resolución de la Junta Central Electoral que suspendió “temporalmente” la validez de nuestras actas de nacimiento y documentos de identidad, es decir, en un contexto en que, en vez de avanzarse en el reconocimiento de derechos, se estaban produciendo retrocesos que institucionalizaban una exclusión histórica.

Hasta 2010, la Constitución de la República Dominicana reconocía como nacionales a todas las personas nacidas en territorio nacional, con la excepción de los miembros del personal diplomático y las personas consideradas “en tránsito”, expresión que en principio se refería solamente a quienes llevaban unos pocos días en el país. Durante ocho décadas, bajo estas definiciones el Estado entregó certificado de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte dominicanos a los hijos e hijas de padres haitianos nacidos en el país. Sin embargo, en los años ’90 grupos nacionalistas empezaron a impulsar una interpretación restrictiva que, en 2004, se tradujo en una nueva Ley de Migración según la cual los trabajadores extranjeros temporales y los trabajadores migrantes indocumentados eran considerados extranjeros “en tránsito”, con lo cual sus hijos ya no tendrían acceso a la nacionalidad dominicana por el solo hecho de haber nacido en el país. La Junta Central Electoral, el organismo que coordina el registro civil, empezó a aplicar esta ley en forma retroactiva, y en 2007 institucionalizó esta práctica mediante una circular y una resolución que impidieron la expedición o renovación de documentos de identidad a los hijos nacidos en la República Dominicana de inmigrantes haitianos que estaban en situación migratoria irregular. En 2010, la nueva Constitución denegó el derecho automático a la nacionalidad a los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes en situación irregular. Por último, en septiembre de 2013 la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional estableció que las personas nacidas en el país cuyos padres hubiera estado en situación de indocumentación nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana. La sentencia se aplicó con carácter retroactivo a todas las personas nacidas entre 1929 y 2007, es decir, despojó de la nacionalidad dominicana a cuatro generaciones de personas, mayormente de ascendencia haitiana, que durante ocho décadas habían sido registradas como dominicanas.

Estos cambios legales institucionalizaron una exclusión histórica que ha sido perpetuada por una política de odio, racismo y xenofobia impulsada por grupos nacionalistas. Desde la visión dominante, todo lo que viene de Haití es extraño, ajeno e imposible de asimilar. Así, personas como yo, nacidas en República Dominicana de padres haitianos, somos tratadas como extranjeras. Por haber nacido en República Dominicana, tampoco el Estado haitiano nos considera haitianos. Y en todo caso, estamos hablando de personas que en muchos casos nunca hemos ido a Haití, que nos hemos criado aquí y hablamos español; muchos jóvenes de hecho no hablan nada de creole. La falta de reconocimiento es terriblemente dolorosa.

Para resolver la situación creada por el Tribunal Constitucional, y en respuesta a una fuerte labor de incidencia tanto nacional como internacional, en 2014 se aprobó la Ley 169-14, o Ley de Naturalización Especial. Esta ley estableció un régimen especial para las personas consideradas “descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular”, sobre la base de la distinción entre dos grupos. A los integrantes del “Grupo A”, que incluyó a quienes en el pasado habían estado inscriptos en el registro civil dominicano, la ley les reconoció la nacionalidad dominicana y ordenó a la Junta Central Electoral entregarles o devolverles sus documentos de identidad. En cambio, a los del “Grupo B”, que aunque habían nacido y vivido siempre en el país y no mantenían vínculo alguno con el país de origen de sus padres, nunca habían estado inscriptos, la ley les dio un plazo de 90 días para registrarse como extranjeros, con la posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana mediante naturalización en un plazo de dos años. Esta distinción es completamente arbitraria, y es común encontrar familias con hermanos que pertenecen a uno y otro grupo, así como familias que, aunque habían inscripto a sus hijos, se quedaron sin papeles como consecuencia de algún desastre natural y no pudieron iniciar el proceso de naturalización debido a su situación económica, a la lejanía de las oficinas administrativas y las tarifas involucradas. Apenas unos pocos miles de personas del Grupo B han logrado conseguir la nacionalidad por esta vía. Actualmente hay unas 133 mil personas jóvenes en situación de apatridia.

Actualmente yo tengo mi cédula como resultado de la Ley 169-14; me la dieron cuando tenía 27 años. Mis años de desarrollo personal y formación y los inicios de mi vida productiva quedaron truncos porque no tenía cédula y no pude ir a la universidad. Muchos de mis compañeros y compañeras activistas están en la misma situación. Algunos han podido avanzar en la universidad y hasta llegaron a graduarse, mientras que otros no tuvieron la misma suerte.

¿Han llevado la causa de las personas dominicanas de ascendencia haitiana a los foros regionales o internacionales de derechos humanos?

Durante décadas, la comunidad internacional y la sociedad civil dominicana han hecho incidencia tanto a nivel nacional como internacional para denunciar el atropello, la discriminación y el racismo estructural en la República Dominicana.

Conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC), nosotros trabajamos asiduamente en el sistema interamericano, por ejemplo participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2014 la CIDH otorgó medidas cautelares a miembros del movimiento que habían sido amenazados o atacados. También en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que obligaba al Estado a devolvernos la nacionalidad. Pero el Tribunal Constitucional no reconoció la sentencia. El Estado dominicano no acata las decisiones de la Corte.

El Estado no asume que hay un problema por resolver. Hoy nuestra lucha es mucho más compleja que cuando comenzamos porque ahora existe la sensación de que la situación está resuelta, y no es así. La gran mayoría de los jóvenes en esta situación provenimos de los bateyes, guetos o comunidades que se establecieron en la era de producción de caña de azúcar a finales del siglo XIX, cuando República Dominicana y Haití acordaron traer braceros haitianos a trabajar en el país. Estas personas, a veces por el engaño e incluso por la fuerza, eran llevadas directamente a los bateyes, unas pequeñas aldeas ubicadas en los alrededores de las explotaciones de caña. Los jóvenes que vienen de estos sitios alejados de las ciudades están en una situación muy vulnerable. La gran mayoría no tiene nada; son varias generaciones de familias que no tienen documentos, y sin ellos no pueden conseguir trabajo ni estudios. A los que logramos terminar el bachillerato y pretendemos ir a la universidad, nos sucede lo que me ocurrió a mí, que cuando quise comenzar la universidad me enteré de que, aunque tenía mi acta de nacimiento, no estaba habilitada por ser hija de padres haitianos. Para mí fue un golpe enorme, y es así para decenas de miles de jóvenes. De repente te dicen que no existes, y esto conlleva enormes traumas psicológicos. El Estado culpa a nuestros padres o abuelos, cuando en verdad fue el mismo Estado que los trajo para trabajar en la producción de azúcar, pero como ahora esa industria ya no existe, también quieren acabar con nosotros.

Estas injusticias nos cierran caminos. Nos dejan sin perspectivas de futuro. Es por eso que de sitios como este surgió nuestro movimiento.

¿Cuáles fueron las implicancias de esta situación en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19?

La ausencia de reconocimiento de algo tan básico como la nacionalidad genera enormes dificultades para acceder a otros derechos básicos como la salud y la asistencia social. La pandemia ha magnificado las dificultades que enfrentan estas poblaciones vulnerables, confinadas en bateyes donde no hay producción ni trabajo. Muchos de estos jóvenes son chiriperos, es decir, trabajadores ocasionales, empleados día sí y día no en lo que hubiese disponible, y la pandemia los dejó sin nada. Tampoco tienen acceso a los programas sociales de asistencia desarrollados para paliar los efectos de la pandemia porque no tienen cédula y no aparecen en los registros gubernamentales.

¿En qué medida la situación que enfrentan las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana es resultado del racismo?

Esta situación es del principio al fin un problema de racismo estructural. El problema del acceso a la nacionalidad en República Dominicana ha afectado exclusivamente a personas cuyos padres o abuelos procedían de Haití; no se trata de un problema generalizado para los extranjeros. Es reflejo del racismo estructural porque son las personas dominicanas de ascendencia haitiana, o aquellas que son percibidas como tales por el color de su piel, las que padecen de esta violación de sus derechos humanos. Así lo reconoció la CIDH cuando, después de una visita al país, confirmó que no había recibido ninguna denuncia de un descendiente de extranjeros no haitianos que hubiera tenido problemas para que se le reconociera su nacionalidad, se la inscribiera en el registro civil o se le entregaran documentos de identidad.

En República Dominicana se cree que todo negro es haitiano. Si yo soy negra y tengo el cabello crespo, constantemente me cuestionan aunque tenga papeles, y en caso de no poder mostrar mis documentos puedo ser deportada porque se supone que soy haitiana. Ha habido casos de personas dominicanas de raza negra que han sido deportadas por su color de piel. Las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que no tienen papeles y van a parir al hospital son tratadas como extranjeras, generando además el mito de que las mujeres haitianas vienen a ocupar las camas de nuestros hospitales, cuando la mayoría de ellas no son haitianas sino dominicanas negras de ascendencia haitiana.

La población dominicana es una población negra que no se reconoce a sí misma como tal. Evidentemente hay un problema de racismo sistémico, sostenido desde el Estado, y no reconocido.

Así, con el correr del tiempo, como movimiento nos dimos cuenta de que el problema de la nacionalidad que nos movilizó en primer lugar no era solamente un problema de papeles, identificaciones y registros, sino también y más profundamente un problema de identidad y discriminación racial que se remonta al contexto histórico de nuestros ancestros.

En consecuencia, somos un movimiento que no solamente lucha por la nacionalidad y los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, sino que también comparte las luchas de todos los movimientos antirracistas y se moviliza contra todas las discriminaciones. Por eso nos solidarizamos y apoyamos todo tipo de manifestaciones que busquen garantizar los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de todas las minorías estigmatizadas y discriminadas.

¿Cómo repercutieron en la República Dominicana las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos?

En reacción a los sucesos producidos en los Estados Unidos, varias OSC nos unimos para organizar una conmemoración. No se trató estrictamente de una manifestación, ya que había restricciones para las reuniones públicas en el contexto de la pandemia del COVID-19, y respetábamos la cuarentena. Y tampoco se trató exclusivamente de una manifestación de solidaridad, ya que la muerte de George Floyd tuvo resonancia en nuestro contexto, donde hemos tenido situaciones similares de abusos policiales.

Junto con otras OSC organizamos una actividad en memoria de George Floyd. La idea era hacer un gesto ritual, una ofrenda floral. La consigna era “Una flor para Floyd”, y era un llamado a que cada persona llevara, en el momento en que pudiera, una flor y la colocara en la ofrenda. Nuestro relato de la muerte de Floyd también hizo alusión a la violencia policial e institucional sufrida en la República Dominicana por muchas personas negras, tanto migrantes como dominicanas, de modo de poner en relieve la situación que experimentamos nosotros.

¿Han recibido amenazas o ataques de movimientos anti-derechos?

Hay varios grupos ultranacionalistas que se movilizan en reacción contra nuestras movilizaciones y eventos, básicamente para amedrentarnos y boicotear nuestras actividades. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional el clima se ha vuelto más favorable para los discursos de odio y ha habido numerosos actos de hostilidad. Muchos integrantes de nuestro movimiento y de otras organizaciones que luchan por los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana son objeto de agresiones, tanto verbales como físicas, como se ha reflejado en numerosos informes de derechos humanos. De ahí que en algunos casos hubiera que solicitar a la CIDH medidas de protección para compañeros y compañeras. Incluso las personas dominicanas que no son de ascendencia haitiana y se solidarizan con nosotros son catalogadas como traidoras la patria. Estas expresiones se han vuelto más comunes porque no han sido repudiadas con firmeza por las autoridades.

Cuando nos manifestamos por el tema de la nacionalidad y el racismo, siempre hay grupos que se oponen, y como la policía nunca nos cuida, estos grupos generalmente se imponen y nosotros nos vemos obligados a suspender o terminar nuestras actividades. Así ocurrió en el caso de las actividades que planificamos en conmemoración de George Floyd.

Desde que se anunció la actividad Una Flor para Floyd, varios grupos ultranacionalistas empezaron a amenazarnos a través de nuestro Facebook. Nos acusaron de querer generar violencia y de estar haciendo un boicot contra el país trayendo temas que no son del país. Recibimos tales niveles de amenazas que muchas personas pensaron que no íbamos a poder hacer la actividad. Días antes del evento, el líder de uno de esos grupos anti-derechos, Antigua Orden Dominicana, nos amenazó a través de un video donde decía que si lo llevábamos a cabo iba a haber derramamiento de sangre, ya que el evento se realizaría en el Parque Independencia, dedicado a los Padres de la Patria, y ellos no lo permitirían.

El día de la conmemoración, el 9 de junio, estos grupos se hicieron presentes. No era la primera vez que lo hacían: 2017, en una actividad que realizamos cada año en el aniversario de la sentencia 168-13, también se presentaron y se generó una situación similar.

El 9 de junio estos grupos llegaron para agredir a las compañeras que estaban manifestándose en ese momento, y cuando la policía intervino fue para llevarse detenidas a nuestras compañeras Ana María Belique y Maribel Núñez junto con otra persona que participaba de la actividad. Cada vez que se hace una protesta relacionada con el tema de la nacionalidad y el racismo el Estado interviene para reprimir.

¿Qué clase de apoyo necesitarían de la sociedad civil internacional y del movimiento antirracista global?

Nosotros nos consideramos parte de un movimiento global. Muchas veces nos han dicho que el movimiento Black Lives Matter era por algo que ocurría en Estados Unidos y que a nosotros no nos incumbía; sin embargo, como personas vulnerables y estigmatizadas entendemos que es un tema que nos involucra directamente y que debemos hacerle frente.

Lo que necesitamos es más apoyo para difundir la situación actual que se vive en nuestro país. El Estado se ha encargado de decirle al mundo que aquí no hay apátridas, que no existen el racismo ni la xenofobia. Que todo lo que decimos es mentira y que estamos pagados por ONG internacionales para hacerle daño al país. Lo que nosotros buscamos es visibilidad y ayuda para denunciar las realidades terribles que viven las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Nosotros no contamos con suficientes recursos para dar publicidad a nuestra causa, y la solidaridad internacional es lo que nos permite llevar adelante nuestras luchas y darlas a conocer a nivel mundial.

El apoyo internacional es una de las cosas que nos han ayudado a salir adelante. Hemos tenido apoyo de grupos de la diáspora dominicana en Nueva York. Uno de ellos, We Are All Dominican, nos ha venido apoyando desde 2013. En el contexto de la pandemia nos ha ayudado a asegurar la alimentación y otras necesidades básicas de más de 250 familias durante tres meses. Todos los apoyos son bienvenidos, ya sean expresiones de solidaridad, contribuciones a la difusión o acciones de protección para personas defensoras de derechos humanos.

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CIVICUS conversa acerca de los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre las desigualdades de género y las respuestas formuladas por la sociedad civil con Gala Díaz Langou, directora del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). CIPPEC es una organización de la sociedad civil argentina dedicada a la producción de conocimiento y recomendaciones para la elaboración de políticas públicas orientadas al desarrollo, la equidad, la inclusión, la igualdad de oportunidades y la eficacia y solidez de las instituciones.

CIVICUS conversa sobre el panorama político y el calendario electoral bolivianos en el contexto de la pandemia del COVID-19 con Cristian León, director programático de Asuntos del Sur y coordinador de Innovación Pública 360, un proyecto que persigue el fortalecimiento democrático de los gobiernos subnacionales y se implementa en tres países latinoamericanos.Asuntos del Sur es una organización de la sociedad civil de alcance regional, basada en Argentina, que diseña e implementa innovaciones políticas para desarrollar democracias paritarias, inclusivas y participativas. Cristian León es también uno de los fundadores, y actualmente también colaborador, de InternetBolivia.org, que defiende los derechos digitales en Bolivia.

En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres (VCM), garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS conversa con Elif Ege, voluntaria de Mor Çatı, una organización de la sociedad civil fundada por feministas turcas 30 años atrás para combatir la VCM. Mor Çatı administra un centro de solidaridad y el único refugio independiente para mujeres de Turquía. Se concentra en brindar a las mujeres apoyo legal, psicológico y social, y en fomentar la formulación de políticas feministas, a través de la elaboración de leyes, la presión sobre el gobierno para que las implemente y el monitoreo de su implementación.

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Turquía?

En Turquía hemos tenido muchos logros en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género. En cierta medida las feministas han estado involucradas en los procesos legislativos. Si se comparan las leyes de diferentes países, se observa que tenemos una buena ley sobre VCM, que es muy completa y, de implementarse correctamente, consagraría los derechos de las mujeres que experimentan situaciones de violencia. Mor Çatı es una de las organizaciones que participaron en su proceso de elaboración. Formamos parte del movimiento de mujeres que fue la fuerza impulsora de esta ley. Visto desde la perspectiva actual, el principal problema es de implementación. Además, en los últimos años hemos luchado por preservar las leyes que consagran los derechos de las mujeres. Ya no se trata solamente de su implementación, sino también de conseguir que esas leyes se mantengan. El gobierno ha hecho varios intentos de derogarlas.

La situación de los derechos de las mujeres se ha deteriorado. Un principio fundamental que ha defendido nuestra organización es que la VCM está estrechamente vinculada con la desigualdad de género: se deriva de la discriminación y la desigualdad entre mujeres y hombres. En Turquía, hemos escuchado declaraciones de altos funcionarios gubernamentales que han afirmado explícitamente que hombres y mujeres no son iguales. Intentamos activamente luchar contra esta mentalidad que no acepta la igualdad de género.

Además, no hay datos oficiales sobre la VCM; por eso nos es imposible conocer las cifras exactas. Solo podemos recopilar datos de las mujeres que nos contactan, y estos datos muestran que en este momento la VCM es muy elevada. Sabemos que mujeres de diferentes sectores de la sociedad experimentan muy diversas formas de violencia. En vistas de esta escalada de violencia y de las dañinas declaraciones públicas formuladas contra la igualdad de género, diría que la situación se está deteriorando.

¿Cuáles son los principales desafíos en el marco del proceso Beijing+25 y la implementación de la Agenda 2030?

La eliminación de la VCM es uno de los principales desafíos pendientes. Es por eso que continuaremos colocando este tema en la agenda cuando nos movilicemos alrededor del proceso Beijing+25.

Junto con otras organizaciones feministas y de mujeres turcas, tales como Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres-Nuevos Caminos (Women for Women’s Human Rights-New Ways), Mor Çatı históricamente ha participado en reuniones internacionales y acciones de incidencia transnacional. Compartimos nuestros conocimientos y aprendizajes y construimos solidaridad en el ámbito internacional. Participamos en el proceso Beijing+25 y en la implementación de la Agenda 2030 con el foco en la VCM y aportamos nuestra experiencia en este tema.

Estos mecanismos se utilizan para empujar al gobierno a tomar medidas sobre la base de recomendaciones generales. Las organizaciones de derechos de las mujeres tienen una larga tradición de participación y uso de estos mecanismos internacionales. Pero ha habido un cambio en la posición del gobierno turco. Hacia el año 2000, el gobierno era más receptivo en relación con estos mecanismos y “escuchaba” sus recomendaciones, pero ahora estamos viendo un retroceso.

En el pasado experimentamos algunos progresos. Con los años, a través de las reuniones de monitoreo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le recomendó al gobierno que hiciera algunos cambios, y vimos que esos cambios estaban ocurriendo. El número de refugios no era suficiente y ahora tenemos más refugios. Pero lo que vemos ahora es que falta un enfoque feminista. Este es un problema importante que se ve en los refugios.

El aborto también es un gran problema. También en este tema tenemos una ley que reconoce a las mujeres este derecho. El aborto es legal, pero esta ley no se implementa. En la práctica, el aborto es denegado en los hospitales públicos y, en algunos casos, también en los privados. En este momento, las mujeres no tienen un acceso fácil al ejercicio de su derecho al aborto.

¿En qué medida la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos? ¿Qué papel ha desempeñado la sociedad civil para hacerles frente?

Durante la pandemia hemos estado trabajando mucho, al igual que todas las organizaciones que trabajan en el tema de la VCM. Es posible afirmar que las condiciones se han deteriorado, ya que todos los mecanismos de apoyo que supuestamente previenen la violencia y protegen a las mujeres han fallado. Ya antes la situación no era buena, pero ahora ha empeorado. No es solo que la tasa de violencia haya aumentado, sino que todo el mecanismo se ha desmoronado. Ya desde antes teníamos problemas con las fuerzas policiales. Según la ley, cuando una mujer acude a la policía en busca de refugio, la policía debe llevarla inmediatamente a un refugio para mujeres. Pero en cambio, los agentes de policía solían exhibir un comportamiento disuasivo, dando a las mujeres información falsa para tratar de hacerles cambiar de opinión y hacerlas regresar al ambiente violento de sus hogares. Desde antes de la pandemia teníamos muchas dificultades con este tema, pero durante la pandemia la situación empeoró. La pandemia sirvió de excusa para tal comportamiento, ya que se le hizo fácil a la policía mentirles a las mujeres diciéndoles que los refugios estaban cerrados, aunque esto no era cierto. Esto es apenas un ejemplo. Tampoco contábamos con ningún mecanismo de apoyo psicológico en línea, lo cual significó que las mujeres se encontraron solas en un ambiente hogareño abusivo.

Las redes sociales se convirtieron en una importante herramienta para nosotras. Ya desde mucho antes solíamos usarlas, pero durante la pandemia su uso se intensificó. Las usamos para proporcionar información a las mujeres e informarles sobre sus derechos. En Turquía no hubo una cuarentena completa, sino que hubo algunas excepciones. El gobierno tenía la responsabilidad de comunicar a las mujeres que una de las excepciones contempladas era la VCM: en caso de violencia, les seguía estando permitido concurrir a una estación de policía. Pero el anuncio no se hizo público, así que fuimos nosotras quienes tuvimos que proporcionar esa información. También compartimos mucha información que recopilamos sobre problemas en la interacción con la policía, con los colegios de abogados y con otras instituciones estatales. Hicimos publicaciones sobre esto en Twitter, Facebook e Instagram para que el público estuviera informado. Presentamos muchos informes, recopilamos mucha información y datos y los presentamos al público. También continuamos brindando apoyo a las mujeres.

Entre mediados de marzo y fines de junio de 2020 realizamos más de 514 entrevistas con mujeres. La mayoría de estas entrevistas fueron con mujeres que nos llamaban por primera vez. Es un número un poco más alto que el de las mujeres que nos habían llamado durante el mismo período del año anterior. Pero queremos dejar claro que esto no significa que la violencia doméstica comenzara durante la pandemia. Queremos alejarnos del discurso que sugiere que la violencia doméstica se intensificó durante la pandemia. Más bien queremos enfatizar que son los mecanismos de apoyo los que han fallado a las mujeres. En ausencia de mecanismos de apoyo, las mujeres que de otro modo hubieran podido resolver sus problemas por sí mismas no pudieron hacerlo.

En tanto que organización de defensa de los derechos de las mujeres, ¿han enfrentado restricciones adicionales a su derecho a organizarse, expresarse y protestar?

Cada vez nos es más difícil hacer nuestro trabajo. Las cosas han cambiado: el gobierno solía pedirnos información y consejos y colaboraba con nosotros. Pero en los últimos años, nuestras interacciones con el gobierno han cambiado: ya no somos invitadas a las reuniones ni nos piden nuestros puntos de vista. En ese sentido, la situación es cada vez más difícil para nosotras.

En términos generales, el derecho a protestar en Turquía está restringido. Justo antes de la pandemia hicimos nuestra marcha feminista por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Si bien pudimos reunirnos, no se nos permitió marchar, por lo que tuvimos que cambiar nuestro recorrido. En este momento el gobierno está considerando retirar su ratificación del Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos del Consejo de Europa contra la VCM. Esto ha provocado protestas para presionar al gobierno para que mantenga e implemente el convenio. Nuestra ley nacional está en sintonía con este convenio, por lo que retirarse de él dificultaría todo intento de prevención de la VCM. El convenio busca prevenir la violencia de género sobre la base de la igualdad de género y el trato a las mujeres como ciudadanas iguales. Los grupos y partidos que sugieren retirarse del Convenio dicen que nosotros podemos crear nuestras propias leyes nacionales. Pero el Convenio mismo fue creado gracias a los esfuerzos de las feministas de Turquía. Retirarnos de este convenio significaría que no creemos en la igualdad de género. Recientemente intentamos hacer un foro sobre el Convenio de Estambul, que fue prohibido, por lo que la situación no es fácil.

Necesitamos políticas contra la VCM coordinadas y correctamente implementadas. No se trata solo de la fuerza policial o de los refugios. Cuando una mujer quiere abandonar un ambiente violento, necesita apoyo legal, social y financiero. Necesita permanecer en un refugio si no tiene donde ir. Es necesario reunir todas estas cosas, que se mencionan en el Convenio de Estambul, para crear un ambiente seguro para las mujeres. Cuando todo el mecanismo de apoyo se desmorona, como sucedió durante la pandemia, es imposible que las mujeres salgan de la casa y comiencen sus propias vidas. Lo que necesitamos ahora es discutir no la retirada del Convenio, sino cómo implementarlo.

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CIVICUS conversa con Michael Kaiyatsa, Director Ejecutivo interino del Centro de Derechos Humanos y Rehabilitación (Centre for Human Rights and Rehabilitation, CHRR), sobre las recientes elecciones presidenciales de Malaui, celebradas en el contexto de la pandemia del COVID-19 y resultaron en un cambio de gobierno. El CHRR es una organización de la sociedad civil (OSC) que apoya y promueve la democracia y los derechos humanos en Malaui. Su misión es contribuir a la protección, promoción y consolidación de la buena gobernanza mediante el empoderamiento de las comunidades rurales y urbanas para que ejerzan sus derechos. Fundada en 1995 por antiguos estudiantes exiliados que regresaron al país atraídos por la promesa de una nueva democracia, opera a través de dos programas principales: Movilización y Empoderamiento Comunitario y Monitoreo y Capacitación en Derechos Humanos.

CIVICUS conversa sobre las elecciones recientemente celebradas en la República Dominicana, en el contexto de la pandemia del COVID-19, con Hamilk Chahin, coordinador del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral, y Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG. El Manifiesto Ciudadano, una iniciativa multiactor liderada por la sociedad civil, fue lanzado en diciembre de 2019 para monitorear las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2020 e impulsar la consolidación de las instituciones democráticas. Alianza ONG es una red que abarca a 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de República Dominicana. Fundada en 1995, se dedica a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, la capacitación y la socialización de información, la incidencia política, y el fomento de la solidaridad y el voluntariado.

Ya antes del estallido de la pandemia del COVID-19, el panorama electoral se presentaba complicado. ¿Cuál era la situación hacia marzo de 2020?

En los últimos años el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha acumulado mucho poder en todas las instituciones del Estado, afectando la calidad de la democracia. El mismo partido se reeligió varios períodos y las élites políticas se acomodaron en sus sitios y se acostumbraron a ejercer el poder para su propio beneficio y en desmedro de los intereses de la colectividad. De a poco e inadvertidamente, la sociedad también fue aceptando esta situación. Ayudó en ese sentido el manejo excepcionalmente eficiente de los mecanismos de comunicación por parte de los sucesivos gobiernos. Sumado a buenas alianzas internacionales y buena fortuna en el manejo económico, el andamiaje publicitario y propagandístico facilitó la perpetuación del gobierno.

Afortunadamente hay en toda sociedad un germen que es prácticamente imposible desarraigar: la sociedad civil. Puede que por momentos permanezca latente o en hibernación, pero en algún momento algo ocurre que la lleva a ponerse en movimiento. En nuestro caso, fue la extrema confianza de nuestros gobernantes de tener el poder asegurado, que los llevó a prácticas cada vez más descaradas, hasta el punto de que la ciudadanía, que en su mayoría llevaba mucho tiempo tolerándolas, en un determinado momento dijo basta y entró en estado de efervescencia. La primera manifestación importante de este hartazgo fue el Movimiento Marcha Verde, iniciado en enero de 2017.

Surgida al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluyó a un amplio espectro de OSC y se centró en la movilización callejera. Todo comenzó con una modesta caminata de protesta que organizamos a través de una OSC llamada Foro Ciudadano, que dio inicio a un gran fenómeno de movilización cuyo principal logro fue romper la indiferencia ciudadana, sacar a la clase media de esa zona de confort desde donde criticaba sin pasar a la acción. Los partidos de oposición comenzaron a montarse en esa dinámica, pero desde su certeza de que tenía todos los resortes del poder asegurados, el gobierno al principio le dio poca importancia. Sin embargo, el fenómeno fue mucho más allá de marchar: se recolectaron firmas, se hicieron encuentros comunitarios, se promovieron muchas formas de movilización. Fue un despertar cuyo motor fue la dignidad. La ciudadanía perdió el miedo de expresarse y esto desconcertó al gobierno.

¿Cómo comenzó el proceso electoral de 2020, y cómo se formó el Manifiesto Ciudadano?

El comienzo del proceso electoral fue también el inicio del fin del actual gobierno. En octubre de 2019 se hicieron las elecciones primarias de los partidos políticos; fueron las primeras que se realizaban bajo una nueva legislación electoral y de partidos políticos, y fueron administradas por la Junta Central Electoral (JCE). Mientras que el PLD optó por primarias abiertas, permitiendo la participación de todos los votantes habilitados, el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo primarias cerradas, permitiendo la participación de sus afiliados. De las internas del PRM surgió claramente la candidatura de Luis Abinader, que acabaría siendo electo presidente. En contraste, en las internas del PLD el candidato Gonzalo Castillo se impuso por una pequeña diferencia sobre el tres veces presidente Leonel Fernández.

Las elecciones primarias del partido de gobierno fueron mucho más que un proceso de selección de candidaturas: en ellas se jugaba el poder del presidente, Danilo Medina. En el poder desde 2012, Medina había sido reelecto en 2016, y había hecho algunos infructuosos intentos de reformar la constitución para volver a reelegirse. En tanto que presidente de su partido, Leonel Fernández se había opuesto a estas maniobras, de modo que no obtuvo el apoyo de Medina cuando presentó su candidatura. Fue evidente el uso de los recursos del Estado en apoyo del delfín de Medina; como consecuencia de esto el PLD se fracturó y Fernández pasó a integrar el bloque de oposición. Fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación. Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería de la elección nacional.

En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto Ciudadano, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso, laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y sobre todo, hicimos incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos convirtió en interlocutor directo de la JCE.

¿Para cuándo estaban programadas las elecciones?

El ciclo electoral incluía una serie de elecciones: las municipales, programadas para febrero, y las nacionales, tanto presidenciales como legislativas, inicialmente programadas para mayo. En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual, completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso, el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.

Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones municipales en todo el país.

Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de febrero, día de la independencia, hubo una manifestación multitudinaria para exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. La diáspora dominicana en distintos países del mundo organizó manifestaciones solidarias en apoyo a la democracia en su país.

Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque de queda.

En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas sanitarias necesarias. Afortunadamente los medios de comunicación facilitaron los espacios necesarios a las OSC; tuvimos una buena plataforma comunicacional.

Dado que las elecciones tuvieron lugar durante la pandemia, ¿se tomaron medidas para limitar el riesgo de contagio?

Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica, porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de protección, y medidas de distanciamiento físico.

La verdad, el gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante, pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música, todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse utilizados para controlar efectivamente la pandemia.

¿Qué posibilidades tuvo la oposición de hacer campaña en el marco de la emergencia sanitaria?

Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como “quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.

La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.

Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con grandes operaciones de propaganda.

Con todo a su favor, ¿cómo se explica que el gobierno perdiera las elecciones?

Efectivamente, el candidato del PRM, Luis Abinader, se impuso en primera vuelta, con más del 52% de los votos, mientras que el candidato del gobierno quedó segundo con el 37% y el expresidente Fernández llegó al 9%. La división del partido gobernante como resultado de las denuncias de fraude en las primarias tuvo efecto, porque de haber estado el partido unido y no afectado por ese escándalo los resultados podrían haber sido otros.

Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25 años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas. La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los cacerolazos.

El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización de la democracia.

El espacio cívico en República Dominicana es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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CIVICUS conversa con el defensor de derechos humanos Jolovan Wham sobre las recientes elecciones de Singapur, celebradas en el marco de la pandemia del COVID-19. El CIVICUS Monitor ha documentado el uso de leyes restrictivas contra activistas de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, abogados, medios de comunicación independientes en línea y miembros de la oposición política de Singapur, que son criminalizados, por ejemplo mediante demandas por difamación y acusaciones de desacato a la autoridad judicial.

¿Ha habido algún desacuerdo sobre si las elecciones debían celebrarse, o sobre cuándo o cómo debían tener lugar?

Sí. Los partidos de oposición se opusieron en gran medida porque la pandemia del COVID-19 no había amainado y la realización de las elecciones podría representar una amenaza para la salud pública. También les preocupaba que no se permitieran manifestaciones físicas y recorridos de puerta en puerta, lo cual obstaculizaría sus esfuerzos de campaña.

Y, de hecho, resultó más difícil conectarse cara a cara con los votantes cuando era necesario mantener una distancia de un metro durante las caminatas y las visitas de puerta en puerta. Todos tuvieron que dar sus discursos y conectarse con los votantes en línea.

Se introdujeron algunos cambios para que las elecciones se llevaran a cabo en el contexto de la pandemia. El período de votación se extendió dos horas más en previsión de colas más largas a causa del distanciamiento social. Pero no se discutió la posibilidad de votar por internet. Y es posible que las personas mayores o con problemas de salud no participaran por temor a infectarse con COVID-19.

¿Cuál era la situación de las libertades cívicas antes de las elecciones?

El control del partido gobernante, el Partido de Acción Popular (PAP), sobre todas las instituciones públicas es un importante problema en materia de libertad cívica. Significa que puede dar forma al discurso político de acuerdo con su agenda y establecer las reglas de juego que más le convengan. Por ejemplo, el departamento electoral, que traza los distritos electorales, depende del primer ministro. La mayoría de los grupos de sociedad civil temen involucrarse en las elecciones de manera significativa por las consecuencias de ser percibidos como “partidistas”. Si una asociación de la sociedad civil es vinculada con un partido de oposición, puede perder fondos, apoyo y recursos para su trabajo.

Un reciente informe del grupo Parlamentarios de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) por los Derechos Humanos documentó fallas estructurales que impidieron que la elección fuera justa. Entre ellas se contaban los amplios poderes del primer ministro sobre todo el proceso electoral y la ausencia de controles efectivos. El contexto en que la ciudadanía de Singapur podía ejercer su derecho a participar en la vida pública estaba muy restringido. Los principales candidatos de la oposición habían sido objeto de demandas por parte de miembros del PAP, y los votantes de distritos liderados por la oposición temían sufrir represalias si no votaban por el PAP. Las libertades fundamentales, que están intrínsecamente vinculadas a la existencia de elecciones libres, son limitadas ya que el gobierno controla los medios de comunicación y usa leyes restrictivas contra voces críticas y disidentes.

¿Cómo afectó esto a las posibilidades de la oposición?

Los candidatos y partidos opositores tuvieron que depender únicamente de las redes sociales para difundir su mensaje, debido a la cobertura desfavorable que recibieron de los medios estatales. También tuvieron dificultades para llegar a los votantes debido al monopolio, la manipulación y el control ejercidos por el PAP sobre sindicatos y organizaciones y grupos de base de todo el país, a lo que se sumaron las dificultades involucradas en la organización de manifestaciones físicas en el contexto de la pandemia.

Las elecciones se celebraron el 10 de julio. El PAP obtuvo 83 escaños parlamentarios, pero también experimentó un revés, ya que la oposición logró avances menores pero históricos. El Partido de los Trabajadores, el único partido de oposición con presencia en el parlamento, aumentó sus escaños de seis a 10, el mejor resultado obtenido por la oposición desde la independencia. El voto popular obtenido por el PAP cayó al 61%.

¿Cuáles fueron los principales temas en torno de los cuales giró la campaña?

Para el PAP, la campaña se centró en la difamación de los candidatos de la oposición, acusándolos de vender falsedades y de tener agendas nefastas, y se enfocó en desacreditarlos. También se usó la táctica del miedo: se transmitió al electorado la idea de que solo el PAP podría sacar a los singapurenses de la pandemia del COVID-19 y que la presencia de más representantes de la oposición en el parlamento frustraría estos esfuerzos.

Los partidos de oposición, por otro lado, se centraron en transmitir al electorado el mensaje de que estaban al borde de ser eliminados del parlamento, ya que contaban con menos de 10 escaños sobre un total de casi 90. Otras cuestiones clave planteadas por la oposición fueron el alto costo de vida y la inmigración.

El espacio cívico en Singapur es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.

CIVICUS conversa sobre la crisis del COVID-19 y las respuestas de la sociedad civil con Sebastián Pilo, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos y al fortalecimiento de la democracia en Argentina. Fundada en 2002, ACIJ tiene por objetivos defender la efectiva vigencia de la Constitución Nacional y los principios del estado de derecho, promover el cumplimiento de las leyes que protegen a los grupos desaventajados y la erradicación de toda práctica discriminatoria, y contribuir al desarrollo de prácticas de democracia participativa y deliberativa.

¿Qué impactos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre los derechos de los y las argentinas?

Sin perjuicio de los buenos resultados en términos sanitarios de las medidas de aislamiento, la pandemia ha golpeado muy especialmente a las poblaciones más vulnerables. Por citar solo algunos ejemplos, sobre las y los habitantes de asentamientos informales ha recaído en una proporción significativamente superior el impacto de los contagios. Los adultos mayores institucionalizados también han sufrido la pandemia de un modo particularmente cruel, y a ello se suma el presumible aumento de casos de violencia doméstica asociado al encierro.

El hecho de que se les pida “quedate en casa” a quienes no encuentran satisfecho su derecho a una vivienda adecuada resulta una muestra clara de la brecha entre las promesas constitucionales y la realidad, así como de la interrelación entre el derecho a la salud y otros derechos fundamentales. Sobre este punto justamente, a mediados de marzo, cuando recién comenzaba la cuarentena obligatoria, junto con otras OSC presentamos una nota al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires advirtiendo la falta de políticas públicas adecuadas para las personas que viven en situación de calle, un grupo especialmente vulnerable ante la pandemia. Si bien el Gobierno de la Ciudad anunció medidas para mitigar la propagación del COVID-19, las acciones están principalmente orientadas al control de la circulación de esta población, pero ninguna garantiza su acceso a condiciones adecuadas de higiene y salud. Las causas que llevan a la situación de calle son estructurales y están relacionadas con la falta de políticas públicas que garanticen a todas las personas acceder a una vivienda digna. Las acciones que se adopten en esta emergencia deberían ser un punto de partida para construir una política a largo plazo que revierta la precariedad en que viven miles de personas en la ciudad.

Más en general, la iniciativa multisectorial Habitar Argentina ha reclamado en el contexto de la pandemia la implementación de una política nacional de emergencia en materia de hábitat, que apunte no solamente a mejorar las condiciones de las personas que ya se encuentran en situación de calle, sino que incluya también la suspensión -por seis meses o hasta que se haya superado la pandemia- de todos los desalojos y ejecuciones judiciales que puedan producir mayor número de personas en situación de calle o empeorar sus condiciones sanitarias; así como políticas específicas para familias que alquilan, tienen hipotecas o habitan en viviendas precarias. También reclama la implementación de mecanismos de protección para mujeres, niños, niñas, adolescentes y minorías sexuales o disidencias de género que se encuentren en situación de violencia en cualquier tipo de hogar y territorio.

¿Qué obstáculos ha enfrentado ACIJ para continuar funcionando en este contexto, y cómo los ha superado?

El mayor obstáculo se relaciona con las medidas de aislamiento y la consecuente imposibilidad de mantener, en las mismas condiciones, nuestra presencia territorial en las comunidades con las que trabajamos. Ello nos ha llevado a tener que redoblar nuestros esfuerzos para seguir en contacto -virtual o con presencias esporádicas autorizadas- con líderes y lideresas comunitarias, e impulsar acciones tendientes a brindar la protección especial requerida por el contexto.

Así, por ejemplo, junto con la Fundación Huésped y TECHO organizamos una serie de capacitaciones destinadas a referentes populares, que históricamente han sido claves en las redes de contención en sus barrios. A partir del 5 de junio tuvimos cinco encuentros destinados a brindarles información sobre medidas de prevención frente al COVID-19 y a otras enfermedades presentes en los barrios, información legal en el marco del aislamiento social obligatorio, orientación en caso de violencia institucional y/o de género y medidas de prevención para comedores comunitarios y ollas populares, y a darles a conocer los programas de asistencia estatal que surgieron en el marco de la pandemia. De los encuentros participaron más de 90 referentes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba y Tucumán.

También se desarrollaron un asistente virtual con información específica para responder a las consultas de los habitantes de los barrios populares y una serie de piezas de comunicación que fueron distribuidas a través de los grupos WhatsApp y Facebook de las comunidades.

¿Qué otras acciones han emprendido para defender los derechos afectados bajo la pandemia, y qué logros han conseguido?

Entre las acciones más relevantes que llevamos adelante durante estos meses, cabe destacar las siguientes.

En primer lugar, respecto de los habitantes de villas y asentamientos, impulsamos un protocolo especial de actuación frente al COVID-19, la creación de una plataforma web que georreferencia recursos y permite detectar las urgencias de dicha población, y una medida judicial para brindar acceso a internet gratuito por parte del Estado mientras duren las medidas de aislamiento.

Este avance en materia de acceso a internet fue una respuesta a una demanda que iniciamos junto con otras OSC, con el objeto de posibilitar la continuidad pedagógica del conjunto de estudiantes en el marco de las medidas de educación a distancia dispuestas durante la emergencia. La medida cautelar dictada a principios de junio obligó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar a todos los estudiantes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública o de gestión privada con cuota cero y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social (beneficiarios de planes, becas, subsidios o programas sociales de la ciudad o del Estado nacional, o residentes en villas), un dispositivo informático adecuado (computadora portátil, notebook o tablet) para acceder a internet y realizar las tareas escolares de modo de garantizar su continuidad pedagógica. Asimismo, el gobierno está obligado a instalar en todas las villas de la ciudad equipos tecnológicos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente mantiene en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre. En caso de que existan impedimentos técnicos para ello, el gobierno local deberá entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.

Esta medida es fundamental porque no solamente busca revertir la desigualdad existente en materia de acceso a equipamiento educativo, sino que también reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental que resulta instrumental -y en este contexto imprescindible- para el ejercicio de otros derechos como la educación, la salud, la información o el acceso a la justicia.

Segundo, respecto de las personas con discapacidad, entre otras cosas denunciamos la reducción de la cobertura de los apoyos, realizamos una campaña para mostrar los efectos del encierro sobre las personas internadas en manicomios, y lanzamos una plataforma web para canalizar el acceso a derechos.

La plataforma discapacidadyderechos.org.ar fue lanzada a principios de julio y busca ayudar a las personas con discapacidad a exigir el cumplimiento de sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vida independiente y a la protección social. La plataforma centraliza información relativa a los derechos, las prestaciones y servicios que reconoce la normativa vigente; las vías existentes para reclamar en casos de incumplimiento de obras sociales, empresas de medicina prepaga y del Estado; y los lugares a los que se puede acudir para recibir asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. La página cuenta con un total de 120 modelos de documentos tales como notas administrativas y cartas documento que cada persona puede adaptar a su situación. Además, dispone de una sección específica que brinda información sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia del COVID-19.

Cabe subrayar que el proceso de desarrollo del sitio incluyó instancias de participación de personas con discapacidad y sus familiares, quienes probaron la plataforma e hicieron sugerencias para su mejora, y contó asimismo con el asesoramiento de especialistas en materia de accesibilidad y usabilidad digital.

Tercero, para colectivos vulnerables en general, creamos junto a un grupo de instituciones académicas y de la sociedad civil una iniciativa de difusión de información legal para clarificar los alcances e impactos de la normativa de emergencia y contribuir al empoderamiento jurídico de diversos grupos desaventajados, e impulsamos un posicionamiento regional para alertar sobre el rol de la justicia frente a la crisis. También elaboramos un documento con información clave para revertir injusticias en materia tributaria y contribuir a una política fiscal respetuosa de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de pandemia.

¿Cuál dirías que ha sido la clave de la obtención de estos logros?

Creo que los logros obtenidos durante este contexto se explican fundamentalmente por la articulación de tres variables: en primer lugar, la totalidad del equipo de ACIJ se mostró especialmente movilizado por la necesidad de realizar una contribución significativa desde nuestro rol institucional, y adoptó la flexibilidad necesaria para reaccionar a la crisis de un modo adecuado. En segundo lugar, nuestra cercanía histórica con las comunidades y grupos afectados en relación con las temáticas en que trabajamos fue clave para conocer en primera persona los obstáculos que están enfrentando las personas en situación de vulnerabilidad para acceder a sus derechos. Finalmente, la combinación de estrategias de incidencia en las políticas públicas, judicialización de conflictos colectivos y empoderamiento comunitario redundó en impactos de mayor envergadura que los que se hubieran obtenido en ausencia de esta articulación de estrategias.

¿Qué rol debería tener la sociedad civil en la salida de la pandemia y en la construcción de una mejor “nueva normalidad” post-pandémica?

Lo primero que debe hacer la sociedad civil en este contexto es exhibir con mucha claridad las injusticias de aquel mundo que teníamos antes de la pandemia: la desigualdad política como estructurante de democracias de baja calidad; la desigualdad económica como estructurante de las vulneraciones de derechos económicos, sociales y culturales; y un modelo de producción de los bienes y de organización de los territorios que resultaba insostenible desde el punto de vista ambiental.

Teniendo en cuenta que la pandemia ha profundizado las desigualdades preexistentes y generado mayores impactos en las personas de más bajos ingresos, la prioridad actual debe ser el fortalecimiento de los sistemas públicos de protección y promoción de los derechos humanos de los grupos más afectados por la pandemia. En este contexto, es fundamental garantizar los recursos para financiar políticas sanitarias y de protección social adecuadas. De ahí que, junto con otras OSC de la región, hayamos producido una declaración para instar a los estados a implementar mecanismos para lograr un sistema tributario globalmente progresivo; evaluar las exenciones tributarias existentes para determinar cuáles deberían eliminarse por ser injustificadas e inequitativas; acordar la no aprobación de nuevos privilegios fiscales, salvo en casos urgentes y de efectividad comprobada y preferiblemente en beneficio de las poblaciones vulnerables y pequeñas empresas; y reformar y racionalizar el proceso de aprobación y revisión de los gastos tributarios, aumentando la transparencia, identificando beneficiarios/as, incluyendo evaluaciones de impacto, y sujetándolos a un escrutinio independiente.

Es fundamental que la sociedad civil ayude a imaginar nuevos rumbos: el momento de crisis es también un contexto de oportunidad para estimular nuestra capacidad de idear modos distintos de relacionarnos como comunidad política, y nuevos valores para la reconstrucción de sociedades más justas.

Finalmente, deberemos acompañar a quienes más dificultades tendrán para encontrar estrategias de supervivencia y satisfacer sus necesidades básicas, al mismo tiempo que buscamos espacios de participación para hacer escuchar nuestras voces en los ámbitos de toma de decisiones públicas y hacemos frente a los previsibles intentos de retomar, en la etapa post-pandémica, las injusticias y privilegios propios de la era anterior.

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Una nueva ley, aprobada en Hungría en medio de la pandemia del COVID-19, impide a las personas trans cambiar el género que figura en sus documentos. CIVICUS conversa con Krisztina Kolos Orbán, vicepresidenta de la Asociación Transgénero Transvanilla, una organización húngara que aboga por los derechos de las personas trans. Fundada como una iniciativa de base en 2011, Transvanilla es la única organización registrada en Hungría con foco exclusivo en los derechos de las personas transgénero y en temas relativos a la no conformidad de género. Impulsa la promoción del reconocimiento el género y la asistencia sanitaria específica para personas trans a nivel nacional. También monitorea la discriminación y la violencia con base en la expresión y la identidad de género y facilita espacios comunitarias y eventos para aumentar la visibilidad de los temas y las personas transgénero en Hungría.

¿Cuál ha sido la situación de los derechos LGBTQI+ en Hungría en los últimos años?

En 2012, ILGA Europa clasificó a Hungría en el noveno lugar entre los 49 países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGBTQI+, pero en 2019 retrocedimos al 19º lugar y en 2020 hemos bajado nuevamente hasta el puesto 27º. El año pasado, la calificación de Hungría fue la que más disminuyó, y esto se debió a varias razones. En 2012, las cosas se veían bastante bien en el papel, pero desde entonces se introdujeron nuevas medidas al compás de los cambios producidos en materia de derechos humanos. Hungría no ha hecho avances ni ha seguido las recomendaciones internacionales. El otro factor ha sido la gran reacción que hemos experimentado en los últimos años. Anteriormente, este gobierno no había quitado derechos a las personas, aunque ciertamente lo había intentado, y sabíamos que no apoyaba los derechos de las personas LGBTQI+. Pero ahora nos están arrebatando nuestros derechos.

Respecto de los derechos de las personas transgénero, nuestra legislación contra la discriminación y sobre los crímenes de odio, que parece ser bastante buena, menciona específicamente la identidad de género. Pero esto solo existe en el papel, ya que hasta el momento no se han llevado a la justicia crímenes de odio motivados por la identidad de género. Del mismo modo, ha habido muy pocos casos centrados en la discriminación, porque la ley no se está aplicando. No hay un plan de acción nacional para combatir la discriminación basada en la identidad de género.

Por lo tanto, los derechos de las personas trans nunca estuvieron legalmente garantizados. En lo que se refiere al reconocimiento legal del género y la atención médica específica para las personas trans, no hay leyes ni pautas nacionales. Sin embargo, las prácticas habían mejorado. Desde 2003, las personas trans han podido cambiar sus certificados de nacimiento, marcadores de género y nombres a partir de un diagnóstico de salud mental, sin necesidad de ninguna otra intervención médica. En su momento esto fue increíble. El gobierno prometió legislar en ese sentido, pero no lo hizo. Hasta ahora, ningún gobierno ni siquiera ha abordado el tema. En consecuencia, no hay ninguna legislación que respalde estos procedimientos administrativos, que ni siquiera fueron publicitados en el sitio web del gobierno. Durante cierto tiempo las cosas estuvieron bien porque la práctica era confiable y los procedimientos eran bastante amigables para las personas trans. Quienes proporcionaron la documentación requerida pudieron cambiar sus certificados de nacimiento y el proceso fue relativamente fácil y rápido. Pero el hecho de que la práctica no estuviera protegida por la ley no era un detalle menor. Ahora la práctica se ha tornado ilegal. Ha sido un gran paso atrás.

En 2020 el parlamento aprobó, por un margen de 133 votos contra 57, nuevas regulaciones que solo reconocen el sexo asignado al nacer y que impiden que las personas transgénero cambien legalmente su género y obtengan nueva documentación. Las disposiciones están contenidas en el artículo 33 de un proyecto de ley ómnibus que se presentó el 31 de marzo y se aprobó el 19 de mayo. El artículo 33 contradice no solo las normas internacionales y europeas de derechos humanos, sino también sentencias previas del Tribunal Constitucional de Hungría, que dejaban claro que cambiar el nombre y el marcador de género es un derecho fundamental de las personas trans. En 2016, y nuevamente en 2018, el Comisionado para los Derechos Fundamentales emitió informes que establecían que las autoridades debían promulgar legislación adecuada para consagrar este derecho fundamental.

El cambio legal encaja en la lucha anti-género liderada por el Partido Demócrata Cristiano, que integra la coalición gubernamental. Este partido ya ha prohibido los estudios de género y ha argumentado que el género no existe, ya que en el idioma húngaro ni siquiera hay palabras separadas para designar los conceptos de sexo y género. Sin embargo, en el último año ha recurrido al uso de la palabra “género” en inglés para atacar el género como concepto. Así que esto es parte de una ofensiva más amplia contra la llamada “ideología de género”. La protección de lo que la nueva ley llama “sexo al nacer” es parte de esta ofensiva. Durante los últimos seis años hemos trabajado para producir legislación sobre estos temas, e inicialmente pensamos que las autoridades también querían abordarlos, pero después de un tiempo nos resultó evidente que nuestras iniciativas estaban siendo bloqueadas.

Es difícil trabajar con las autoridades. No nos dan mucha información. No tenemos llegada a funcionarios con autoridad para tomar decisiones, por lo que solo podemos hablar con funcionarios de bajo rango, que obviamente tienen miedo de darnos información. No hay debate público y la sociedad civil no es involucrada. No se nos consultó sobre los cambios en la Ley de Registro. La propuesta vino del gobierno, y específicamente de los miembros cristianos de la coalición gubernamental, y fue apoyada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven los llamados “valores familiares”. El momento escogido también planteó muchos interrogantes. ¿Por qué era tan importante abordar este problema en medio de una pandemia? ¿Por qué justo ahora, y por qué de esta manera?

¿Cuáles son las principales restricciones de las libertades para organizarse, expresarse y protestar que experimenta la comunidad LGBTQI+ húngara?

En Hungría hay una Ley de ONG que requiere que las OSC cuyos ingresos superan cierto monto se registren si reciben fondos extranjeros. El umbral es relativamente bajo, por lo que muchas OSC, incluidos nosotros, deben registrarse. Hay una lista de OSC financiadas con fondos extranjeros que está publicada y cualquiera puede consultar. No es ningún secreto que buscamos fondos extranjeros porque no podemos acceder a fondos en Hungría. El gobierno se refiere a las OSC, y particularmente a las que critican al gobierno, como “enemigas” del pueblo húngaro. Obviamente, esto también ha afectado a las organizaciones LGBTQI+.

Esto no es solamente retórica. En la práctica, el gobierno no consulta a las OSC que son independientes o que no le gustan, nosotros incluidos. Las instrucciones para marginar a estas organizaciones provienen de la cúspide del gobierno, y aunque puede que algunos funcionarios de nivel inferior traten de vincularse con nosotros, no les está permitido hacerlo. ¿Cómo pueden las OSC llevar a cabo actividades de incidencia o tratar con las autoridades si se prohíbe a los funcionarios públicos mantener cualquier contacto con ellas?

Además, la mayoría de los medios están controlados por el gobierno, y el resto tiende a tener una perspectiva neoliberal, lo que generalmente dificulta el acceso de las organizaciones que tienen otra agenda, como Transvanilla.

Nuestra libertad para llevar a cabo nuestras actividades legítimas también está siendo cuestionada. El año pasado, por ejemplo, hubo varios ataques contra eventos organizados en el Mes del Orgullo. Un evento de citas rápidas para personas pansexuales que había sido organizado por Transvanilla fue interrumpido por activistas de extrema derecha. No pudimos continuar el evento y la policía no nos protegió. Los activistas de extrema derecha grabaron en video a los participantes durante más de una hora y no se nos permitió cerrar las puertas. Obviamente estaban actuando ilegalmente, pero la policía no tomó ninguna medida contra ellos. En otros casos, activistas de extrema derecha destruyeron o causaron daños en los lugares de reunión. Fueron situaciones nuevas: en el pasado, cuando pasaban estas cosas nuestros eventos solían recibir protección policial.

Año tras año también ha habido intentos de prohibir los eventos del Orgullo, pero los tribunales han establecido que no se los puede prohibir. Es una pelea constante. Las autoridades han cercado los recorridos del Desfile del Orgullo con el pretexto de proteger a los manifestantes, pero se trató en realidad de un intento evidente de restringir su movimiento.

¿Cómo reaccionó la comunidad LGBTQI+ cuando se aprobó la nueva ley?

Fue un evento traumático porque fue claramente un ataque contra nosotros. Esta enmienda solo afectó a las personas trans e intersex que quisieran cambiar sus marcadores de género y a las personas trans que, aunque no desean cambiar sus marcadores de género, quisieran de todos modos cambiar su nombre, lo cual ya no es posible en Hungría. Pero todas las personas LGBTQI+ nos sentimos ahora como ciudadanos de segunda, marginados a quienes el gobierno no respeta.

Personalmente, en tanto que persona no binaria, la ley tuvo un gran efecto sobre mí, porque mi identidad estaba lejos de ser reconocida en mis documentos, y ahora estoy mucho más lejos aún. Muchos de mis amigos que estaban en el proceso de cambiar su marcador legal de género están en un limbo. Al menos un centenar de casos iniciados ya se habían suspendido en los últimos dos años y medio, ya que las solicitudes no estaban siendo evaluadas. Esas personas han perdido todas las esperanzas. Están frustradas y devastadas.

También hay miedo porque no sabemos qué sigue, qué más nos espera. Aunque la ley puede ser impugnada, esto podría llevar muchos años. E incluso si nos deshacemos de esta ley, puede que la situación no mejore. Algunas personas están teniendo sentimientos suicidas, muchas personas quieren irse del país. Una gran parte de la comunidad está sufriendo en silencio y no tiene voz. Si bien de esta situación han emergido algunos activistas que están ganando visibilidad, la gran mayoría está sufriendo en soledad en sus casas. Ya antes la gente estaba aislada, y esto no mejorará. De ahora en adelante, más personas ocultarán su identidad.

Desde 2016 ha habido problemas con los procedimientos administrativos, por lo que un número cada vez mayor de personas que comenzaron a hacer la transición pueden tener un aspecto diferente del sexo registrado en sus documentos. Y si alguien es abierta y visiblemente transgénero, se le vuelve difícil encontrar un trabajo; la discriminación es parte de la vida cotidiana. Y ahora se está volviendo más grave. Hemos visto un aumento en los niveles de discriminación, no solo en el empleo sino también en la vida cotidiana. En Hungría la gente debe presentar sus documentos de identidad con mucha frecuencia, por lo cual uno se ve obligado a exhibirse todo el tiempo. La gente no te cree y te interroga. Por ejemplo, recientemente una persona trans estaba tratando de comprar una casa y el abogado que estaba redactando el contrato planteó dudas sobre su documento de identidad porque no coincidía con su descripción de género.

Dadas las restricciones a la libertad de reunión pacífica impuestas bajo la pandemia del COVID-19, ¿qué acciones de lobby y campaña han podido desarrollar para detener la aprobación del artículo 33?

En Transvanilla somos muy estratégicos: solo emprendemos actividades que podrían tener un impacto. Por lo tanto, no nos concentramos en el contexto húngaro. En el parlamento, la oposición es impotente porque Fidesz, el partido del primer ministro Viktor Orbán, tiene dos tercios de los escaños y, por lo tanto, puede imponerse en cualquier votación. También sabíamos que no podíamos movilizar a suficientes personas: no se podía salir masivamente a las calles debido a la pandemia, por lo que esto ni siquiera era una opción. Si esto no hubiera sucedido durante la pandemia, algunas organizaciones podrían haber tratado de organizar protestas. Hasta que se propuso la enmienda, Transvanilla no levantaba públicamente el tema del reconocimiento legal del género porque estábamos haciendo incidencia silenciosa. El 1º de abril, cuando nos enteramos de la iniciativa, pedimos a la comunidad internacional que alzara sus voces públicamente y entablara un diálogo multilateral con nuestro gobierno sobre este tema.

Llamamos la atención internacional, y muchas voces internacionales se manifestaron en contra de la propuesta. En abril de 2020 también recurrimos al Comisionado de Derechos Fundamentales de Hungría y le pedimos que hiciera todo lo posible para detener la enmienda. Por supuesto, interactuamos con los medios internacionales y nacionales. Lanzamos un petitorio y logramos juntar más de 30.000 firmas. Ahora estamos haciendo otro petitorio dirigido a la Unión Europea (UE) y esperamos que tenga efecto.

En suma, recurrimos al defensor del pueblo, que podría haber intervenido, pero no lo hizo, y presionamos internacionalmente al gobierno, cosa que a veces funciona, pero esta vez no funcionó. La ley fue aprobada, y el día que entró en vigencia presentamos dos demandas ante el Tribunal Constitucional. El tribunal podría rechazarlas por cualquier razón, pero esperamos que no lo haga. Al mismo tiempo, estamos presionando al Comisionado de Derechos Fundamentales porque tiene el poder de solicitar al Tribunal Constitucional que investigue la ley, y si lo hace, entonces el tribunal debe hacerlo. La presión es muy importante y muchos actores internacionales están ayudando, incluida Amnistía Internacional Hungría, que ha lanzado una campaña. Tenemos 23 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), todos ellos referidos al reconocimiento del género, cuyos solicitantes están representados por nuestro abogado. El gobierno y las otras partes interesadas recibieron plazo hasta junio de 2020 para resolver estos casos, y si no lo hacían el Tribunal debía tomar una decisión. Debido a la pandemia del COVID-19, la fecha límite para el gobierno se aplazó hasta septiembre de 2020, lo cual no es una buena noticia para nosotros. Pero dados los antecedentes del TEDH, estamos seguros de que respetará los derechos de las personas transgénero. Seguiremos llevando casos a este tribunal y representaremos a las personas que han sido específicamente afectadas por esta ley. Queremos presionar al tribunal para que tome una decisión lo antes posible.

También seguimos colaborando con los mecanismos de derechos humanos de la UE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidas. Conseguimos que numerosas OSC firmen una declaración para presionar a la Comisión Europea (CE), que hasta ahora ha guardado silencio sobre el tema. Queremos asegurarnos de que lo que sucedió en Hungría no suceda en otros países, por lo que hemos creado una alianza de sociedad civil para transmitir el mensaje de que, si otros gobiernos intentan hacer lo mismo, enfrentarán una gran resistencia. Y, por supuesto, seguimos tratando de comunicarnos con los ministerios, aunque les hemos enviado cartas y no hemos recibido respuesta.

¿Cómo podría lograrse que un gobierno cada vez más autoritario, como el de Hungría, rinda cuentas de sus actos?

Hemos tratado de relacionarnos directamente con el gobierno para obligarlo a rendir cuentas, pero esto hasta ahora no ha funcionado. Representamos a un grupo minoritario y no podemos luchar solos contra este gobierno. Pero las instituciones internacionales a veces influyen sobre las acciones del gobierno. Esperamos que una decisión judicial del TEDH o del Tribunal Constitucional tenga efecto.

Desafortunadamente, lo que hemos visto desde 2010 es que, por la forma en que está diseñada, la UE no puede tomar medidas definitivas contra un país, especialmente si dicho país no está solo. Y esto es lo que ocurre en este caso, ya que Polonia y Hungría siempre se respaldan mutuamente. La gente percibe que la UE carece de voluntad política para tomar medidas. No nos cansamos de repetir que la UE debería cortar el financiamiento, porque Hungría está viviendo del dinero de la UE y si ésta corta el flujo de fondos el gobierno comenzará a comportarse de manera diferente. Pero la UE se niega a hacerlo.

La UE debería actuar no solo en relación con esta legislación específica, sino también respecto de otras cuestiones más amplias relacionadas con el estado de derecho y los derechos fundamentales en Hungría. Debería hacer algo en relación con sus propios estados miembros, o de lo contrario no debería hacer comentarios sobre ningún país no perteneciente a la UE. El hecho de que la CE no mencione explícitamente a Hungría es indignante. Cuando a fines de marzo se aprobó la Ley de Autorización, que otorgó al Primer Ministro Orbán poderes adicionales para combatir la pandemia, la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, hizo una declaración que claramente se refería a Hungría, pero no mencionaba al país por su nombre, al punto que Hungría también firmó la declaración. Recientemente se pidió a la Comisionada para la Igualdad de la CE que condenara a Hungría por la enmienda anti-trans y ella se negó a hacerlo; en cambio, prefirió hablar de los derechos de las personas transgénero en general. Esto es inaceptable.

La UE no solamente debe hablar; también debe actuar en relación con Hungría y Polonia. Si la CE sigue negándose a abordar la situación en el terreno, entonces realmente no sabemos adónde más recurrir. Hasta ahora, el gobierno ha seguido las decisiones del TEDH, pero este año ha dejado de obedecer las decisiones judiciales de Hungría, lo cual es muy preocupante. En 2018, hubo una decisión del Tribunal Constitucional en el caso de un refugiado transgénero que exigía que el parlamento promulgara legislación sobre el reconocimiento legal del género para los ciudadanos no húngaros, cosa que aún no ha hecho.

¿Qué apoyo necesitan las OSC húngaras de la sociedad civil internacional?

Es importante intentar unificar los diferentes movimientos y actuar como puente entre ellos, y creo que las OSC internacionales pueden desempeñar un rol en ese sentido. En tanto que organización trans nos ocupamos de las personas trans, pero las personas trans vienen en todas las formas y tamaños: hay personas trans migrantes, personas trans romaníes, personas trans discapacitadas, y todas tenemos que unirnos. Además, aunque actualmente son las personas trans las que están siendo atacadas en Hungría, no sabemos qué grupo vulnerable es el que sigue en la lista, y creo que las OSC internacionales deberían preocuparse por todos. También deben ayudar a crear conciencia en las instituciones internacionales; en Hungría, por ejemplo, la presión internacional es importante porque a Orbán a veces todavía le importa el modo en que el país es percibido en el exterior. Por lo tanto, el involucramiento de la comunidad internacional es útil. La sociedad civil internacional también puede ayudar a aportar buenos ejemplos, porque cuanto mejor sea la situación de las personas trans en otros países, la diferencia traerá más vergüenza al gobierno húngaro. Pero si otros países de la UE comienzan a seguir a Hungría, entonces el gobierno se saldrá con la suya. Organizaciones como CIVICUS pueden ayudar a unir a la sociedad civil.

El espacio cívico en Hungría es clasificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor. Actualmente, Hungría también figura en nuestra Civic Space Watchlist.
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En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS y la Red Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Ramy Khouili, director de la Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (Association Tunisienne des Femmes Démocrates, ATFD). Fundada en 1989 por el movimiento feminista autónomo en respuesta al feminismo estatal, ATFD promueve la igualdad de género en todas las áreas, desde la esfera política hasta los derechos socioeconómicos, incluidos los derechos sexuales, corporales y reproductivos de las mujeres, y lucha contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres.

¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Túnez? ¿Cuánto han logrado hasta ahora?

Alrededor de un mes después de la independencia, en 1956, se promulgó el Código de Estatus Personal. Hasta el día de hoy este código sigue siendo considerado el más progresista y revolucionario de la región, porque abolió la poligamia, instituyó el matrimonio civil y abolió el repudio y muchas otras formas de degradación de las mujeres. Desde entonces hemos tenido una situación muy peculiar, ya que en la esfera pública ha prevalecido el feminismo estatal. Aunque vivimos bajo una dictadura durante casi 50 años, Túnez fue siempre elogiado como un buen ejemplo para la región en lo que concierne a los derechos de las mujeres. Este elogio tomó de rehenes a las mujeres, negándoles el derecho a una igualdad real. En respuesta a ello se fundó un movimiento feminista autónomo que se impuso la misión denunciar que la situación no era tan buena como el régimen la presentaba, lo cual le provocó muchísimos problemas.

Después de la revolución de 2011 hubo un resurgimiento de los grupos islamistas y conservadores, por lo que los derechos de las mujeres fueron amenazados. Entre 2011 y 2014, durante el proceso para redactar una nueva constitución, la mayoría islamista trató de imponer el concepto de “complementariedad” entre el hombre y la mujer, en reemplazo del de igualdad. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) debieron realizar muchos esfuerzos y se debieron organizar muchas movilizaciones callejeras para evitarlo. En consecuencia, el Artículo 21 de la Constitución de Túnez ahora establece de manera clara que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación.

Fue gracias a este movimiento social que se logró redactar una constitución que es considerada la más progresista de la región. El Artículo 46, un agregado de último momento, reconoce el rol del Estado en la lucha contra la violencia contra las mujeres, establece que el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos de las mujeres y prohíbe todo retroceso en el reconocimiento de sus derechos.

Desde entonces hemos logrado otros cambios legales. En 2016 se aprobó una ley contra el tráfico de personas y en 2017 se aprobó una ley anti-violencia, que fue la primera en su tipo en la región y fue redactada principalmente por activistas de la sociedad civil y organizaciones feministas. En materia de representación política, la ley de partidos políticos aprobada en 2011 estableció que todas las listas electorales deben tener paridad de género.

¿Qué desafíos persisten?

La situación de hecho difiere de lo que dice la ley, ya que las desigualdades siguen estando muy presentes. Muchas prácticas discriminatorias persisten en la práctica. Las estadísticas son alarmantes. La mitad de las mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia. Las crisis socioeconómicas tienen peores impactos sobre las mujeres que sobre los hombres. Entre las mujeres, la tasa de desempleo es casi el doble que la de los hombres. El acceso de las mujeres a la tierra es limitado: solamente el 4% de las mujeres son propietarias de algún terreno, a pesar de que constituyen casi el 90% de la fuerza de trabajo agrícola.

Por mucho tiempo, Túnez fue presentado como un buen ejemplo en materia de planificación familiar y salud reproductiva, dado que estableció programas de planificación familiar y salud reproductiva ya en los años ‘50 y ‘60, y concedió a las mujeres el derecho al aborto a comienzos de los ‘70, incluso antes que muchos países europeos. Sin embargo, desde la revolución hemos notado que las autoridades estatales han dado un paso atrás en el área de los servicios sociales, especialmente de educación, salud y salud sexual y reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos y al aborto se está volviendo más limitado y cada vez hay más necesidades insatisfechas en materia de derechos sexuales y reproductivos, lo cual es alarmante.

En 2019, junto con otras OSC de Túnez, presentamos un informe sombra con un seguimiento de los avances realizados en dirección de los objetivos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y señalando los desafíos futuros. Nuestro informe ofreció una perspectiva diferente de la del gobierno de Túnez. Una de nuestras más grandes preocupaciones es que Túnez es un país con mayoría musulmana y cuando se adoptaron la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, el Estado de Túnez presentó, en común con otros países de mayoría musulmana, una declaración donde advertía que no se comprometería con ninguna medida que pudiese contradecir los valores del islam. El Artículo 1 de la nueva Constitución establece que Túnez es un país musulmán. La mencionada declaración sigue en pie. Aunque ha levantado la mayoría de sus reservas respecto de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Estado de Túnez no levantó todas sus reservas respecto de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. De modo que sigue habiendo desafíos tanto en la ley como en la práctica. 

¿De qué manera la pandemia del COVID-19 ha exacerbado estos desafíos, y qué está haciendo la sociedad civil para enfrentarlos?

Al principio de la pandemia del COVID-19, la ATFD emitió una advertencia a las autoridades tunecinas donde expresó sus preocupaciones relativas al período de cuarentena, en el cual muchas mujeres han tenido que permanecer enceradas en sus hogares junto con sus agresores. Teníamos razón, ya que el número de casos de violencia de género siguió creciendo durante la cuarentena. El Ministerio de Asuntos de las Mujeres dijo que la cantidad de llamadas recibidas a través del número de teléfono de emergencia creado por el gobierno se multiplicó por cinco. En nuestros centros de atención también hemos observado un pico, ya que el número de mujeres víctimas de violencia que buscaron nuestro apoyo aumentó. La situación se tornó más difícil cuando la gente empezó a actuar en forma más agresiva. Sin embargo, al mismo tiempo se volvió cada vez más difícil ir a una estación de policía o buscar servicios de salud, de modo que el acceso a los servicios disminuyó. Las mujeres se han sentido aisladas y se vieron obligadas a seguir conviviendo con sus agresores durante la cuarentena.

La mayoría de los tribunales cerraron durante la cuarentena y nosotros tuvimos que hacer cabildeo con el alto consejo del sistema judicial y el Ministerio de Justicia para incluir casos de violencia contra las mujeres entre los casos de emergencia que estaban siendo tratados durante la cuarentena. Afortunadamente, nuestro pedido fue aceptado.

El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva también fue afectado porque, por temor al virus, las mujeres no podían salir a buscar estos servicios. Tuvimos que colaborar con el Ministerio de Salud y el de Asuntos de las Mujeres para encontrar soluciones para esta situación, y ahora estamos tratando de encontrar una forma de asegurar la continuidad de los servicios de salud reproductiva.

Asimismo, los derechos socioeconómicos de las mujeres han sido severamente afectados. Debido a la crisis económica que conllevó la pandemia, muchas mujeres perdieron sus empleos o no están percibiendo sus salarios. Muchas mujeres en Túnez trabajan en el sector informal, por lo que no pudieron seguir trabajando y se quedaron sin ningún ingreso. Esto está afectando su capacidad para ocuparse de sí mismas y de sus familias. Junto con un grupo de trabajadoras domésticas, hemos estado trabajando en un estudio sobre la situación de las trabajadoras domésticas en Túnez. La situación es realmente alarmante porque las trabajadoras domésticas no pueden trabajar durante la cuarentena y no tienen ninguna otra fuente de ingresos. A pesar de que el sector informal representa una gran parte de la economía, las medidas adoptadas por el gobierno para dar ayuda de emergencia solo se aplican al sector formal. A su vez, los apoyos gubernamentales se han dirigido a las familias, y como según la ley tunecina los hombres son los jefes de familia, el dinero ha sido recibido principalmente por hombres. En casos de conflicto, violencia o separación, las mujeres no tienen acceso a ayuda gubernamental.

Hemos hecho mucho trabajo de incidencia con las autoridades porque la respuesta oficial no ha tomado en cuenta los aspectos de género de la pandemia. Hemos trabajado con la mayoría de los ministros. Nos hemos reunido con la mayoría de los departamentos ministeriales para crear conciencia. Hemos enviado documentos políticos y cartas abiertas. Continuamos brindando servicios en nuestros centros de atención, los cuales siguen operando. También hemos adaptado estos servicios para que puedan ser brindados por teléfono. Hemos lanzado una campaña contra la violencia hacia las mujeres durante la pandemia, la cual ha sido seguida por miles de personas y ha tenido mucho éxito. Como resultado de ello, el departamento de Facebook para Medio Oriente y África del Norte se puso en contacto con nosotros y ahora estamos trabajando con ellos para amplificar el impacto de futuras campañas. También vamos a establecer canales de comunicación con Facebook para reportar violencia y expresiones de odio en las redes sociales.

¿Qué restricciones de las libertades de asociación, expresión y protesta han enfrentado durante la pandemia, y qué están haciendo para superarlas?

No hemos enfrentado restricciones procedentes del gobierno, pero nuestra presencia en el espacio público se ha visto afectada por la imposibilidad de hacer manifestaciones. Las manifestaciones son algo a lo que estamos acostumbrados, porque ocupar el espacio público para decir “estamos aquí y reclamamos esto o aquello” se una táctica que funciona. Y ahora no lo podemos hacer. Pero estamos moviéndonos hacia una nueva fase de la cuarentena y tal vez pronto pueda ser un poco más fácil, de modo que ya estamos pensando en nuevas formas de protestar respetando las medidas de distanciamiento social. Estamos reflexionando sobre cómo adaptar nuestras tácticas de movilización. Estamos enfocándonos en las redes sociales, así como en los medios tradicionales, para comunicar nuestros mensajes y hablar de los problemas que enfrentamos, y llegar al mayor número posible de personas. También tratamos de diversificar nuestros medios de comunicación para llegar a diferentes públicos.

Asimismo, estamos estableciendo una coalición con el sindicato de periodistas, la Liga de Derechos Humanos de Túnez y otras organizaciones para trabajar sobre el impacto que ha tenido la respuesta a la pandemia sobre los derechos humanos.

Muchos donantes y aliados han sido muy flexibles porque era obvio que no podíamos seguir operando como si nada hubiese cambiado. Tuvimos que adaptar muchas de nuestras actividades, posponer otras y resignar el presupuesto para asistencia social. La mayoría de nuestras contrapartes han sido comprensivas y hemos tenido buenas discusiones con ellos para reajustar nuestros planes a la situación causada por la pandemia. Sin embargo, también hemos tenido problemas con donantes que han disminuido salarios durante este período.

Además de afrontar los problemas más urgentes, también estamos en un proceso de reflexión interna y con nuestros socios y aliados. Queremos ver cambios positivos como resultado de la pandemia. Queremos una sociedad más justa e igualitaria en donde todas las personas se sientan incluidas. La pandemia ha revelado algunos problemas subyacentes que el gobierno durante mucho tiempo había preferido ignorar, pero que ahora necesitarán ser abordados, como por ejemplo las fallas y limitaciones del sistema de salud.

¿Qué apoyo necesita la sociedad civil de Túnez de parte de la comunidad internacional?

La principal forma de apoyo es el trabajo en conjunto. Tenemos que trabajar juntos porque nosotros tenemos experiencia en el terreno, mientras que las organizaciones internacionales tienen redes más amplias, son capaces de trabajar en una variedad de contextos y tienen acceso a mecanismos internacionales y capacidad para influir sobre la agenda internacional. Para que una alianza sea efectiva, debe trabajar simultáneamente para influir a nivel tanto nacional como internacional. La pandemia ha mostrado que algunos de los problemas más grandes no pueden ser atacados desde el nivel nacional, sino que debemos trabajar a nivel internacional y en colaboración con redes regionales. Si juntamos esas dos cosas, creo que podemos lograr un mayor impacto.

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El 26 de mayo de 2020 Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. CIVICUS conversa con Herman Duarte, abogado habilitado para ejercer en Costa Rica y El Salvador y director de Simple Legal Consulting, así como enlace para América Latina del Comité de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados y fundador y presidente de la Fundación Igualitxs. Fundación Igualitxs es un centro de pensamiento líder en América Central, enfocado en la promoción del matrimonio civil igualitario en la región. Persigue este objetivo mediante la conducción de litigios estratégicos a nivel tanto nacional como interamericano, la presentación de sus ideas en sitios de alto prestigio académico y el trabajo con aliados internacionales de alto nivel.

¿Qué roles desempeñaron la sociedad civil y el gobierno en el proceso que condujo a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica?

Costa Rica es una democracia constitucional estructurada como un estado unitario con tres poderes - legislativo, ejecutivo y judicial – en principio independientes, donde, al menos en teoría, se respetan los principios del Estado de derecho y la igualdad legal de trato de todos sus habitantes. Pero también es un Estado confesional: su constitución reconoce expresamente al catolicismo como la religión oficial. En las últimas décadas, las congregaciones evangélicas se han expandido en número hasta llegar a ser cerca de 3.800. Hacia 2017, más del 80% de la población se identificaba como católica o evangélica; claramente, Costa Rica es culturalmente un país conservador.

En el marco de una lucha de décadas del movimiento de la diversidad, el puntapié inicial lo dio el Gobierno de Costa Rica, cuando en mayo de 2016 solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una opinión consultiva respecto de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Esta consulta abrió una ventana para todas las partes interesadas en presentar argumentos, cosa que hicieron más de 90 actores de naturaleza variada, como Estados, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), universidades y particulares. Las audiencias tuvieron lugar los días 16 y 17 de mayo de 2017 y nosotros participamos en ellas.

El impulso generado por este evento se reflejó en la organización del Primer Congreso de Matrimonio Igualitario, celebrado en San José en noviembre de 2017, que reunió a más de 54 oradores de la región. En enero de 2018 la Corte IDH publicó su decisión, donde explicaba que los Estados parte deberían regular el estatus de las familias no heterosexuales, abriendo las puertas del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo. Un grupo de 60 organizaciones LGBTQI+ de la región celebró la decisión como la más importante en la historia de los derechos de las personas LGBTQI+ hasta la fecha.

En ese momento se generó una gran discusión sobre si la opinión de la Corte IDH era o no vinculante para Costa Rica, pero la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica saldó este debate en agosto de 2018, cuando argumentó que las secciones del Código de Familia que limitaban el matrimonio civil (no religioso) a las parejas heterosexuales eran inconstitucionales. El fallo dio a la Asamblea Legislativa 18 meses para enmendar la normativa; caso contrario, la restricción se levantaría automáticamente y a partir del 26 de mayo de 2020 cualquier pareja podría casarse sin obstáculo alguno en Costa Rica. Y así fue, ya que no hubo consenso legislativo para legislar en ese sentido.

En el trayecto hacia la entrada en vigencia del fallo de la Corte se desarrollaron importantes campañas de la sociedad civil para generar aceptación social que acompañara al cambio normativo.

¿Debieron enfrentar reacciones de grupos anti-derechos?

La reacción de los sectores conservadores ha sido brutal. Hay que entender que la comunidad LGBTQI+ ha enmarcado sus luchas en la demanda del reconocimiento de su dignidad humana y su igual valor en tanto que seres humanos y que de igual modo los grupos religiosos se han movilizado como grupos de identidad – solo que su identidad es definida en forma estrecha, no universalista, en oposición a un enemigo. Estos grupos canalizaron los resentimientos provocados por los cambios legales igualadores y dieron esperanzas a quienes se habían sentido desplazados por ellos, dando lugar al surgimiento de partidos políticos religiosos.

En ese contexto, las elecciones presidenciales de 2018 se convirtieron en una especie de referéndum sobre los derechos de las personas LGBTQI+, y específicamente sobre el matrimonio igualitario. Un pastor evangélico, Fabricio Alvarado, por entonces el único congresista de un partido evangélico, se postuló para la presidencia, explotando los sentimientos de indignación y temor de la ciudadanía conservadora ante el fallo de la Corte Suprema. El candidato se destacó por sus declaraciones incendiarias; declaró, por ejemplo, que la homosexualidad era “causada por el diablo”. Así escaló hasta el primer lugar en las encuestas preelectorales: en solo un mes pasó del 3% al 17% de la intención de voto, y se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, conquistando además 14 de los 54 escaños legislativos, lo cual representó un aumento del 1300% en la presencia legislativa de su partido político.

La segunda vuelta para la elección presidencial giró en torno de los derechos de la población LGBTQI+. El otro contendiente, Carlos Alvarado, era el candidato del partido gobernante y tenía una postura favorable a los derechos LGBTQI+. Esta postura finalmente se impuso, pero la elección nos obligó a confrontar el enorme poder que han alcanzado las iglesias evangélicas. La victoria de Carlos Alvarado se explica por varios factores; uno de ellos fue la gran movilización de la sociedad civil. Entre las campañas de la sociedad civil que tuvieron impacto cabe mencionar la del grupo Coalición por Costa Rica, que buscó generar un debate informado e inclusivo, divulgando las propuestas de los candidatos para que la ciudadanía pudiera deliberar antes votar; y la de Igualitxs, “Por todas las familias”, lanzada una semana antes de las elecciones para difundir un mensaje inclusivo y pedir un trato igualitario hacia la población LGBTQI+.

La profunda división generada en torno de las elecciones ha tenido secuelas. Siguen abundando los políticos que usan la religión para polarizar a la sociedad y reclaman porque, según ellos, el gobierno solo atiende los problemas de la población LGBTQI+. Esto se ha intensificado con la entrada en vigor del matrimonio igualitario y la propuesta de leyes para censurar el odio y el discurso discriminatorio.

¿Piensas que el cambio legal ha ido acompañado de un cambio en las actitudes? ¿Qué está haciendo la sociedad civil para promover la aceptación de las personas LGBTQI+?

Una cosa es el cambio legal y otra el cambio cultural. El cambio legal ha representado un progreso de los derechos humanos y una forma de concretar la aplicación universal de la ley. Ha sido el resultado de una lucha de varias décadas de la comunidad LGBTQI+. Pero sigue habiendo homofobia, discriminación y violencia contra las personas LGBTQI+. Una vez logrado el cambio legal, la política pública debe continuar enfocándose en la exclusión estructural. Porque el cambio legal por sí mismo no necesariamente produce sensación de pertenencia a una comunidad. Como lo explica el teórico político Bikku Parekh, mientras que la ciudadanía es un tema de estatus y derechos, la pertenencia se alcanza cuando uno es aceptado y se siente bienvenido. Y para esto último todavía falta. Las actitudes de la gente no cambian en forma automática por efecto de la implementación de una ley. La ley es un parámetro objetivo de lo permitido, pero es necesario trabajar mucho más para modificar los parámetros de lo que es considerado normal o moralmente aceptable.

Por eso, para preparar el terreno para el cambio legal, en los 18 meses entre la publicación de la sentencia de la Corte Suprema y la entrada en vigencia de la decisión, más de 35 OSC locales desarrollaron la campaña “Sí, Acepto”, llamando al reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. Esta campaña también fue acompañada por medios de comunicación, empresas que son parte del gremio de la publicidad, gremiales como el Asocio Empresarial para el Desarrollo, las Naciones Unidas y embajadas como las de Canadá y los Países Bajos.

La campaña presentó testimonios de personas, parejas y familias LGBTQI+, así como de sus familiares, vecinos y amigos con el objetivo de promover la aceptación y modificar las percepciones de lo que significa ser LBGTQI+ en la sociedad costarricense. Fue una activación a nivel nacional, con videos que fueron transmitidos no solo por las redes sociales sino también por la televisión nacional durante meses. Es la mejor campaña que se ha ideado sobre el tema, y se la debemos a la señora Nisa Sanz, presidenta de la OSC Familias Homoparentales, y a Gia Miranda, vocera oficial de la campaña.

Los videos mueven emociones y generan empatía. Llevaron a miles de personas que no estaban involucradas políticamente a renunciar a su sagrado derecho a la privacidad y dar la cara, para dejar ser una abstracción y volverse una realidad. Le puso un rostro humano a la idea abstracta de “los gays”, como la presentan los periódicos. Al decirles que no van a ser rechazadas, generó las condiciones para que las personas vayan perdiendo el miedo, pues la mayoría de las personas LGBTQI+ sufren algún tipo de rechazo en su vida cotidiana, independientemente de su estatus social. El resultado fue la participación de una ciudadanía activa, que con o sin pandemia no dio un paso atrás sobre el terreno conquistado. Esto fue determinante para dejarles claro a los diputados que intentaban sabotear el matrimonio civil igualitario que no les sería posible conseguirlo.

Fue una de las campañas de derechos civiles más importantes de la historia, y quedará en el recuerdo como una luz que brilló en las tinieblas de la pandemia. Un día antes de que el matrimonio civil comenzara a regir para todas las personas adultas en Costa Rica, el obispo de la Iglesia Católica de Alajuela pronunció un mensaje que decía: “nos alegramos de que haya distintos tipos de relación humana, distintos caminos de familia y creo que ahí, donde hay una manifestación de cariño y de familia de alguna forma, ahí se manifiesta Dios, y tenemos que favorecerlo”. Si bien no necesariamente reflejaba la posición de toda la institución, las palabras de este representante religioso fueron el producto del excelente trabajo de los y las activistas para lograr el cambio cultural necesario para lograr la aceptación de las personas LGBTQI+.

Es notable el modo en que Costa Rica pasó de criminalizar la homosexualidad en los años ’70 y cerrar sus bares, considerados “perversos”, y perseguirla con redadas bajo la excusa de la salud pública en los ’80, a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana en 2016 y, tras una elección presidencial enfocada en el tema, nombrar en 2018 un comisionado presidencial para asuntos LGBTQI+ y reconocer dos años más tarde el matrimonio igualitario.

Hemos dejado atrás una ley injusta más. Y mucha gente ha comprendido que el hecho de que la unión de pareja y los planes de vida de dos adultos del mismo sexo reciban protección legal no les afecta en nada – a lo sumo, valida la institución matrimonial de la cual ellos también forman parte – y que ser gay no tiene nada de malo, y que en todo caso nadie se “hace gay” como resultado de esta normalización.

¿Qué significación regional tienen los progresos logrados en Costa Rica?

Centroamérica es una de las regiones más hostiles de América Latina para las personas LGBTQI+. Los asesinatos de personas homosexuales y trans son frecuentes en El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica, el primer país centroamericano que aprueba el matrimonio igualitario, debería ser un modelo para toda la región. La opinión consultiva de la Corte IDH tiene validez para la veintena de países de las Américas que reconocen su competencia. Panamá pronto podría seguir el camino de Costa Rica: se ha presentado una advertencia de inconstitucionalidad fundada en el fallo de la Corte IDH, y la Fundación Iguales Panamá está coordinando la participación de la sociedad civil nacional internacional en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La Fundación Igualitxs también lleva mucho tiempo trabajando en el mismo sentido en El Salvador, mi país de origen. La sociedad civil salvadoreña ha logrado avances inmensos. En función de las tendencias regresivas de la Asamblea Legislativa sobre el tema de matrimonio civil igualitario, durante una década y media nuestros esfuerzos se centraron en la presentación de demandas de inconstitucionalidad del Código de Familia. Yo presenté una de estas demandas, titulada Demanda por la Igualdad, el 11 de noviembre de 2016. Poco después, varias OSC, como la Asociación Entre Amigos, Comcavis y Hombres Trans El Salvador, así como numerosos activistas independientes, presentaron una demanda similar.

Igual que en Costa Rica, los sectores conservadores reaccionaron con fuerza. En la Asamblea Legislativa, se apuraron a dar inicio al proceso de ratificación de una reforma constitucional excluyente que llevaba años estancada, y que daría rango constitucional a la definición restrictiva del matrimonio que nosotros cuestionábamos en el Código de Familia, prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Frente a esto promovimos una solicitud de medida cautelar contra el proceso de reforma constitucional, y logramos que la Corte Suprema lo frenara. Fue a raíz de esta demanda que se creó el movimiento Igualitos, que luego se convertiría en la Fundación Igualitxs.

Las dos demandas de inconstitucionalidad de 2016 fueron finalmente admitidas en agosto de 2019, y en enero de 2020 un magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema anunció que el tribunal fallaría próximamente y admitió que esta es una de sus grandes deudas pendientes. De modo que puede que estemos cerca de lograrlo.

¿Qué apoyo necesita la sociedad civil defensora de los derechos de las personas LGBTQI+ de la sociedad civil internacional?

En el contexto de la pandemia del COVID-19, la situación se está poniendo cada vez más difícil. Los Estados tienen sus recursos comprometidos en la lucha contra la pandemia; las OSC enfrentan dificultades presupuestarias y la crisis está afectando a todo el mundo. Además, mucha gente se vuelca a la fe para sobrellevar la crisis y algunos grupos religiosos están aprovechando para impulsar campañas contra las personas LGBTQI+. Sin embargo, sigue siendo posible tomar medidas y acciones concretas, como por ejemplo, en El Salvador, la aprobación de un proyecto de ley que decenas de organizaciones impulsan para que se reconozca a las personas defensoras de derechos humanos.

En lo que se refiere específicamente a nuestra organización, que no tiene fondos y funciona enteramente sobre la base del voluntariado, estamos tratando de ir de a un día a la vez, para retomar el control que hemos perdido por la pandemia. Pienso que es el momento para preguntarnos no solo qué queremos y podemos obtener de la vida, sino también qué podemos darle de regreso. De esta manera entramos a una zona de poder, donde conservamos agencia pese a las limitaciones. Salimos así de nuestra zona de confort para ingresar a una zona de crecimiento. A partir de la aceptación de la realidad que nos toca, tenemos que hacer una profunda introspección para reinventarnos. Este es el momento para volver a creer que todas las personas tenemos el potencial de hacer grandes cosas y dejar huella si actuamos no para obtener halagos y ganar popularidad, sino en busca de la satisfacción de hacer lo correcto y lo justo, generando un impacto positivo en el mundo.

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Contáctese con la Fundación Igualitxs a través de su sitio web y su perfil de Facebook. 

CIVICUS conversa con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.

¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?

En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.

¿Cómo ha respondido la Red Nacional?

Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos. 

En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.

En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.

En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.

Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.

Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos. 

Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.

Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.

¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?

En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.

El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.

¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?

Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.

También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.

¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?

La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad. 

Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día. 

Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.

¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?

Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas. 

Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.

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CIVICUS conversa con Ephraim Chimwaza, Director Ejecutivo del Centro para el Avance Social y el Desarrollo (Centre for Social Concern and Development, CESOCODE), una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja en temas de salud reproductiva y promueve los derechos de las mujeres de Malawi. CESOCODE trabaja para eliminar todas las formas de violencia de género (VG) que padecen niñas, adolescentes y mujeres jóvenes y promueve sus derechos humanos y su bienestar a través de la incidencia, la investigación, la educación, la capacitación y la prestación de servicios básicos de salud reproductiva.

¿Cuál es la situación de las niñas y las mujeres jóvenes en Malawi?

En Malawi, la mitad de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Las niñas enfrentan más obstáculos que los niños para acceder a la educación y a oportunidades laborales, y muchas niñas no conocen sus derechos legales. La falta de acceso a oportunidades también impulsa el matrimonio infantil, que es otro factor que obstaculiza fuertemente el disfrute de los derechos de las niñas.

Malawi se ha comprometido a eliminar el matrimonio infantil, temprano y forzado para 2030, de acuerdo con el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también ha ratificado varios instrumentos internacionales con ese fin. Aun así, el 42% de las niñas en Malawi se ven obligadas a casarse antes de los 18 años, y casi el 10% lo hace antes de cumplir los 15. En algunos grupos étnicos, los matrimonios arreglados son comúnmente utilizados para establecer alianzas entre familias. En todo el país, las familias más pobres a menudo dan a sus hijas en matrimonio para reducir la carga económica de mantenerlas o con la intención de ofrecerles la oportunidad de una vida mejor. En otros casos, las obligan a casarse si quedan embarazadas, para que no deshonren a sus familias. Algunos padres en situaciones desesperadas también obligan a sus hijas a tener relaciones sexuales a cambio de dinero o comida.

La violencia contra las adolescentes y las mujeres jóvenes es moneda corriente. Una de cada cuatro jóvenes ha experimentado recientemente episodios de violencia por parte de una pareja, pero son pocas las que buscan ayuda. La violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas son socialmente aceptadas en forma generalizada, incluso entre los jóvenes. No resulta sorprendente que las adolescentes sigan siendo las más afectadas por la epidemia del VIH. El número de niñas de entre 10 y 19 años que viven con el VIH está aumentando, dado que las adolescentes representan casi tres de cada cuatro nuevas infecciones.

¿De qué modo aborda CESOCODE estos desafíos?

Desde 2009 trabajamos con el foco puesto en la promoción de los derechos de las niñas, y específicamente con el objetivo de acabar con el matrimonio infantil. Con ese fin, trabajamos con las comunidades y sus líderes para alentar a las niñas a que permanezcan en la escuela. Ofrecemos a las adolescentes un espacio seguro donde pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, y damos asesoramiento a las que padecen violencia de género.

También integramos una iniciativa global llamada “Niñas, no novias” (Girls Not Brides), que incluye a más de 1300 OSC de más de 100 países que trabajan para terminar con el matrimonio infantil y contribuir a que las niñas alcancen todo su potencial aumentando su acceso a la salud, a la educación y a mayores oportunidades. A través de esta alianza llamamos la atención del mundo sobre el matrimonio infantil y las violaciones concomitantes de los derechos de las niñas, contribuimos a generar una comprensión del problema y reclamamos cambios en las leyes, así como la implementación de políticas y programas que harán una gran diferencia en las vidas de millones de niñas.

¿Qué impactos específicos ha tenido la pandemia del COVID-19 sobre las niñas en Malawi, y cómo han logrado ustedes continuar trabajando en este contexto?

La pandemia del COVID-19 está teniendo un impacto negativo sobre las niñas en Malawi. Ya lo estamos viendo en las comunidades donde trabajamos. Las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno han llevado al cierre de escuelas. Como los centros de salud y las clínicas móviles también suspendieron la atención, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya era limitado, disminuyó aún más. Durante el encierro obligado por la cuarentena, los casos de violencia de género y abuso sexual han aumentado, pero las denuncias han disminuido. La mayoría de las niñas no pueden salir y denunciar la violencia de género que padecen y tienen que seguir viviendo con sus abusadores y temiendo por sus vidas.

Nuestros programas y actividades se han visto afectados por las medidas de distanciamiento social impuestas por el gobierno para disminuir el riesgo de infección por COVID-19. No hemos podido reunirnos físicamente con las niñas y brindarles servicios vitales, tales como condones y anticonceptivos. Las niñas no pueden salir de sus hogares para asistir a reuniones, talleres o conferencias, ya que todas las reuniones públicas han sido prohibidas para mantener el distanciamiento social.

Sin embargo, hemos seguido llegando a las niñas a través de diversos medios.

En primer lugar, nos comunicamos a través de las redes sociales y aplicaciones móviles. Estamos utilizando plataformas en línea como Facebook y aplicaciones móviles como WhatsApp para difundir mensajes sobre salud pública y prevención de la violencia doméstica. Hemos desarrollado un servicio de mensajería vía Bluetooth, de móvil a móvil, que nos permite mantener el contacto con las niñas y que ellas pueden usar para avisarnos si están en riesgo. También hemos producido un breve podcast centrado en la violencia doméstica contra las niñas, que incluye una versión en lenguaje de señas, de modo de no excluir a las niñas sordas o con dificultades auditivas.

En segundo lugar, estamos usando la radio y la televisión comunitarias para difundir mensajes a medida y empaquetando contenido en programas populares para llegar a las niñas en sus hogares con mensajes de prevención de la violencia de género. Estos también incluyen interpretación en lenguaje de señas.

En tercer lugar, seguimos trabajando en las comunidades, difundiendo mensajes de boca en boca o mediante el uso de altavoces. Usamos nuestro vehículo con altavoz para recorrer las comunidades y difundir información sobre prevención de la violencia de género y el matrimonio infantil y para promover los derechos de las niñas en general.

Cuarto, estamos distribuyendo material impreso de divulgación para explicar las consecuencias de las violaciones de los derechos de las niñas e informar dónde denunciar casos de violencia contra las niñas. Lo hacemos a través del reparto de volantes y folletos, y también pegamos carteles en lugares por donde niñas y adolescentes pasan con frecuencia, tales como tiendas, fuentes de agua y minimercados. Estos materiales están siempre escritos en el idioma local e incluyen imágenes para que el contenido sea más fácil de entender.

Así hemos podido continuar con nuestro trabajo y no hemos abandonado a las chicas que confían en nosotros en el momento en que más nos necesitan.

¿A qué crees que se deben los buenos resultados obtenidos?

Pienso que hay tres factores principales que explican los buenos resultados que hemos obtenido.

Primero, hemos mantenido el vínculo con los líderes comunitarios y otros actores clave y hemos apuntalado su compromiso con una política de tolerancia cero hacia la violencia de género contra las niñas. Llevamos a cabo reuniones virtuales y compartimos programas en formato podcast con diversos actores relevantes que trabajan con niñas. Estos materiales sirven para incentivar relaciones positivas y saludables de modo de prevenir la violencia contra las niñas al tiempo que promueven la salud reproductiva de las jóvenes durante la pandemia del COVID-19.

En segundo lugar, hemos identificado herramientas de bajo costo que nos han permitido mantener el contacto con las niñas y hemos continuado empoderándolas durante la pandemia. Lo hemos hecho mediante el uso de nuevas tecnologías en los casos en que están disponibles y son accesibles, y hemos buscado conectarnos de otras maneras con las niñas que viven en comunidades que carecen de acceso a las redes sociales.

En tercer lugar, hemos impulsado la integración de mensajes de prevención de la VG en los materiales de prevención del COVID-19, de modo que los servicios de atención médica se comuniquen con las niñas y les brinden apoyo y protección integrales, no solo contra el COVID-19 sino también contra la violación endémica de sus derechos.

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En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS y laRed Árabe de ONG para el Desarrollo (Arab NGO Network for Development, ANND) conversan con Hayat Mirshad, periodista y activista feminista y jefa de comunicaciones y campañas del Encuentro Democrático de Mujeres Libanesas (RDFL), una organización de la sociedad civil (OSC) feminista y secular que defiende los derechos de las mujeres. Fundada en 1976 y basada en el voluntariado, RDFL es una de las organizaciones feministas más antiguas del Líbano. Lucha por la eliminación de la violencia de género y de todas las formas de discriminación y busca lograr el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres. Ha lanzado varias campañas exitosas, entre ellas la campaña #NoAntesdelos18 (#NotBefore18) de 2017, que resultó en la presentación de un proyecto de ley, actualmente bajo consideración parlamentaria, para establecer en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

CIVICUS conversa con CIVICUS Tsubasa Yuki, del Centro de Apoyo Moyai para la Vida Independiente (Moyai Support Centre for Independent Living) sobre la situación de las personas en situación de calle durante la pandemia del COVID19 en Japón. Fundado en 2001, el Centro de Apoyo Moyai apoya a personas en situación de calle creando un espacio comunitario y proporcionando asesoramiento y garantías de alquiler para quienes buscan vivienda.

En Japón es ilegal pedir dinero en la calle y hay poca simpatía hacia las personas sin hogar, que a menudo son vistas en forma estereotipada, como personas que huyen de deudas de juego. En Tokio, los preparativos para los juegos Olímpicos, originalmente planeados para 2020 pero ahora postergados para 2021, resultaron en el desmantelamiento de las carpas de personas en situación de calle ubicadas cerca de estaciones de trenes y parques. En el contexto de la pandemia del COVID-19, el Centro de Apoyo Moyai lanzó un petitorio en línea para pedir autorización a los organizadores de las Olimpíadas de Tokio y al gobierno de la ciudad para usar la Villa Olímpica como refugio para personas en situación de calle.

CIVICUS conversa con Gam Shimray, Secretario General del Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (Asian Indigenous Peoples Pact, AIPP) sobre la situación de los grupos Indígenas en Asia durante la pandemia del COVID-19. AIPP es una federación regional de movimientos de pueblos Indígenas de Asia que trabaja para promover y defender los derechos humanos de los pueblos Indígenas, incluyendo derechos territoriales y culturales. Debido a su posición de subordinación y a su distancia respecto de la cultura y la política convencionales, los pueblos Indígenas padecen graves violaciones de derechos humanos, racismo sistémico, discriminación y exclusión. Como resultado de la constante negación de sus derechos a la tierra, el territorio y los recursos naturales, muchas comunidades Indígenas se cuentan entre los grupos más vulnerables y desfavorecidos.

¿Qué nos puedes contar acerca del trabajo de AIPP?

El trabajo de AIPP se guía por nuestra creencia en los derechos humanos universales y el derecho inherente a la autodeterminación de todos los pueblos, incluidos los pueblos Indígenas. Los derechos a la autodeterminación y el autogobierno son una necesidad social para lograr una continuidad de los procesos sociales el autodesarrollo Indígena.

Mientras que nuestro trabajo de incidencia se centra principalmente en los niveles regional y global, a través de nuestros miembros y redes establecemos conexiones con procesos a nivel país. AIPP consolida una posición común de las organizaciones Indígenas para la incidencia global y regional. Para ello, nos enfocamos en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades, consolidando los movimientos Indígenas y programando una agenda común para campañas y actividades de incidencia colectivas a nivel nacional.

AIPP también trabaja en la construcción de liderazgos y promueve un liderazgo distribuido a lo largo de Asia, incluyendo a mujeres, jóvenes y personas con discapacidades.

¿Cuál era la situación de los pueblos Indígenas en Asia antes de la pandemia del COVID-19?

Antes de la pandemia causada por el COVID-19 la situación política en Asia se había ido deteriorando, particularmente en los últimos años. En muchos países asiáticos hemos experimentado ataques crecientes contra la sociedad civil y la restricción del espacio democrático necesario para el debate y la formación de la opinión pública. Algunos intelectuales atribuyeron esta tendencia a la existencia de liderazgos políticos cada vez más apartados de la democracia y los derechos humanos.

Las transiciones de regímenes autoritarios hacia la democracia que algunos países han experimentado en las últimas décadas, como Filipinas en los años ‘80, Indonesia a finales de los ‘90 y Nepal a comienzos de los 2000, no han culminado. Otros países, como China, Laos y Vietnam, tienen sistemas de partido único de jure, mientras que Camboya tiene uno de facto. En Myanmar, los militares todavía controlan el gobierno, mientras que la tradición tailandesa de gran tolerancia todavía no ha producido un Estado democrático moderno y estable. A su vez, el ascenso del populismo constituye una seria amenaza para estas democracias. En India, la democracia más grande del mundo y probablemente una de las más fuertes en la región, bajo el gobierno populista del Primer Ministro Narendra Modi estamos viendo continuos ataques contra toda institución autónoma, desde la justicia hasta el banco central y la prensa independiente.

El resultado es que, en los últimos años, la mayoría de los defensores de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas han sido Indígenas. Ellas han perdido sus vidas defendiendo sus derechos, hogares, tierras, territorios y recursos.

Estos problemas también evidencian la existencia de problemas subyacentes más profundos, referidos a la insuficiente capacidad política e institucional para abordar eficientemente los desafíos que presentan la democracia y los derechos humanos en los países asiáticos. Enfrentamos cuestiones morales y políticas que requieren una evaluación seria de la erosión de los estándares y prácticas de derechos humanos y el debilitamiento de la capacidad política e institucional para responder a los desafíos sociales y políticos del presente. La experiencia de sufrimiento de las personas más pobres durante la pandemia del COVID-19 es evidencia de ello.

¿Qué desafíos han enfrentado los grupos y activistas Indígenas durante la pandemia?

Los problemas y desafíos varían según las diferentes situaciones de los países. Aún así, uno de los principales desafíos se relaciona con el hecho de que la mayoría de los gobiernos de Asia impusieron cuarentenas en sus países sin mucha preparación, lo cual desencadenó el caos. La situación fue abrumadora y no pudimos responder a las necesidades de activistas, comunidades y trabajadores migrantes.

Las personas refugiadas, trabajadoras migrantes y apátridas fueron las que más sufrieron. Las que carecían de documentos identidad tuvieron problemas para demostrar su ciudadanía, lo cual debían hacer para recibir ayuda gubernamental. La mayoría de las personas migrantes y refugiadas carecen de la documentación necesaria y también abundan los errores de registro, y quienes no figuran en el registro nacional no pueden recibir un documento de identidad.

Durante la pandemia, el racismo hacia los pueblos Indígenas se ha intensificado. Esta situación ha sido peor en India, donde gente del noreste del país fue expulsada de sus hoteles o de las casas que alquilaban, no podían comprar comida, ir a los mercados o usar transporte público. Hubo gente que les escupió y se les detenía sin ningún tipo de explicación. Muchas de estas personas, entre ellas mujeres, fueron golpeadas sin ninguna razón, por lo que mucha gente en ciudades de toda India vive en un estado de temor permanente.

En algunos países, los gobiernos están aprovechando la situación actual como excusa para emprender campañas militares, acaparar tierras, autorizar grandes proyectos de infraestructura, denegar derechos y debilitar regulaciones y protecciones medioambientales. Muchos activistas y miembros de las comunidades en países como Bangladesh, India, Filipinas y Myanmar fueron asesinados o encarcelados a raíz de acusaciones inventadas. La policía y las fuerzas de seguridad también han impedido que los líderes de las comunidades realizaran tareas de emergencia y ayudaran a comunidades en emergencia alimentaria.

Estos incidentes son graves y hay muy poco que podamos hacer al respecto, ya que la gente no puede salir a protestar o hacer campaña, y apenas pueden tener acceso a la justicia. En India están permitidas las peticiones electrónicas y los tribunales siguen atendiendo los temas más urgentes mediante videoconferencia, pero muchas comunidades no están familiarizadas con procesos tan complicados y tampoco tienen acceso adecuado a internet.

¿Como han respondido ante esta situación AIPP y otras organizaciones de derechos Indígenas?

Lo primero que hicimos fue comunicarnos con nuestros miembros y redes para juntar información de las bases. También les respondimos a quienes se comunicaron con nosotros en busca de ayuda y apoyo. Nuestra primera acción fue proveer o movilizar asistencia, y en particular alimentos para las personas en situación crítica en diferentes áreas, por intermedio de nuestros miembros. Nuestra ayuda también se concentró en compartir información relativa a las comunidades Indígenas. Esto ha sido necesario porque los niveles de desinformación han sido abrumadores, y han desencadenado reacciones impulsadas por el pánico. Hemos compartido con las comunidades solicitudes y llamamientos solidarios para impulsar respuestas humanitarias y difundir buenas prácticas que las comunidades pueden implementar.

La situación es complicada porque no se trata solamente de responder a la pandemia. Las comunidades indígenas padecen de muchos problemas subyacentes. Lo mínimo que podíamos hacer era dejar constancia de nuestra protesta y llevar a cabo campañas a través de medios digitales.

La pandemia del COVID-19 ha desenmascarado muchos problemas y nos plantea nuevos desafíos. Por lo tanto, estamos evaluando y haciendo esfuerzos para dar pasos adicionales para afrontar el impacto de la pandemia en el largo plazo. Con respecto a esto, también hemos formado una alianza regional en respuesta al COVID-19, que se encuentra en proceso de expansión. Pronto tendremos listo nuestro informe preliminar de evaluación regional, que nos va a ayudar a planificar mejor. Ya sabemos que el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades va a ser crucial en el proceso de adaptación a lo que se ha dado en llamar “la nueva normalidad”.

¿Qué otros apoyos necesitarían los grupos Indígenas en este momento?

El apoyo que las comunidades Indígenas necesitan es enorme, porque los impactos se seguirán sintiendo en el largo plazo. Pero algunas de las necesidades principales son las siguientes.

En primer lugar, necesitamos establecer grupos locales de respuesta rápida a la pandemia con fondos asignados y con un equipo de funcionarios designados para coordinar con autoridades provinciales o estaduales y organizaciones de la sociedad civil para monitorear la situación en las comunidades Indígenas y proveerles el apoyo que necesiten. El equipo de respuesta también debe coordinar con las autoridades correspondientes para atender las necesidades especiales de las mujeres, los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidades en las comunidades Indígenas.

En segundo lugar, necesitamos asegurar que las autoridades locales y provinciales reciban pautas e instrucciones apropiadas en relación con las medidas que deben tomarse para que los pueblos Indígenas puedan afrontar el COVID-19 y cumplir la cuarentena.

El tercer lugar, es crucial crear conciencia y asegurar el acceso a los servicios de salud. Por eso es importante preparar materiales informativos en formatos amigables para las comunidades, que expliquen con claridad la naturaleza de la enfermedad, las medidas de cuarentena y contención y las pruebas virales, de modo de derribar los mitos acerca del virus. Se necesita coordinación entre los trabajadores del departamento de salud y los sanadores tradicionales para garantizar que los sistemas de conocimiento Indígenas estén integrados en los mecanismos de respuesta. Se deberían fomentar estrategias de cuarentena localizadas y separadas que promuevan un ambiente natural y de participación de la comunidad. También se pueden preparar centros de atención para casos de COVID-19 manejadas por sanadores y enfermeros de las comunidades.

En áreas remotas se deberían desplegar unidades móviles de salud que incluyan a sanadores tradicionales y trabajadores de la salud. Se debería prestar particular atención a aquellas áreas donde hay más trabajadores migrantes que han retornado a sus hogares. También se debería facilitar el acceso al testeo y proveer instalaciones para que estas personas puedan hacer la cuarentena. También se debería proveer acceso a servicios de salud en caso de emergencia, incluido el transporte. El acceso al agua para limpiar y beber es otra necesidad crítica que se debería asegurar.

Asegurar la seguridad alimentaria, el nivel de ingresos y el sustento económico también es crucial dados los niveles de desnutrición que existen en muchas regiones Indígenas. Por lo menos en los próximos seis meses va a ser sumamente necesario distribuir en forma gratuita raciones alimenticias para todas las personas, independientemente de si tienen cédula de identidad o son clasificadas como migrantes.

Por último, es urgente fortalecer los medios de subsistencia basados en la producción forestal no maderable (PFNM) mediante la creación de mecanismos institucionales efectivos de recolección, almacenamiento, adquisición y venta. En Asia hay una alta dependencia de la PFNM. Se debería proveer apoyo financiero y logístico a las comunidades para que puedan generar una fuente de ingreso sustentable. Las comunidades que viven en áreas protegidas deben tener acceso a los bosques por motivos de subsistencia.

¿Que lecciones han aprendido sobre la situación de los pueblos Indígenas durante la pandemia?

Durante la pandemia la situación ha sido abrumadora, y las medias impuestas por los gobiernos han desencadenado actos de violencia de la policía y las fuerzas de seguridad. Centenares de personas pobres han muerto de hambre, y las que se aventuraron a salir por efecto de la desesperación han sido atacadas brutalmente por la policía.

El impacto potencial parecía bastante sombrío y si no hubiésemos puesto nuestra confianza en la gente y en las comunidades, nuestros esfuerzos no hubiesen sido muy exitosos. Los servicios de asistencia en emergencia debían ser eficientes y la clave de nuestro éxito en países como Malasia o Tailandia ha sido depositar nuestra confianza en el trabajo de los voluntarios de las comunidades. Todos los recursos que fue posible generar les fueron transferidos a ellos y ellos reportaron las acciones y actividades que llevaban a cabo por teléfono o por otros medios que tuvieran a disposición.

Además, por lo que pudimos ver, muchas comunidades respondieron muy bien a la situación iniciando cuarentenas en los pueblos, regulando las visitas, poniendo a los retornados en cuarentena o implementando medidas de distanciamiento social aun con poca información o sin los recursos apropiados. También hubo miedo, pero las comunidades lo fueron superando y fueron mejorando sus respuestas. Las comunidades no solo recibieron asistencia de nuestra parte o de otras fuentes: algunas de ellas también aportaron alimentos para otras comunidades más necesitadas. La mayoría de estas comunidades han trabajado con nosotros en el pasado y han podido gestionar exitosamente sus sistemas de producción alimentaria y sus recursos naturales. No estaban preocupadas por escasez de alimentos; por el contrario, sus líderes aprovecharon esta oportunidad para crear conciencia de la importancia de mejorar la producción local y el manejo sustentable de los recursos. Personalmente, esto ha sido inspirador.

También nos hemos sentido inspirados por comunidades que se organizaron y usaron prácticas curativas y medicinas locales para mejorar la inmunidad y la resistencia a la enfermedad o establecieron sistemas de intercambio de alimentos con poca o casi nada de ayuda de parte del Estado, cuando los programas estatales no funcionaban o no llegaban a tiempo. Lo que es más importante, esto demostró que la devolución de atribuciones y el empoderamiento de las comunidades pueden ser más efectivos a la hora de afrontar una crisis si se entrega a las instituciones locales autónomas los recursos y el apoyo necesarios.

Las respuestas espontáneas de las comunidades se fueron dando de forma casi natural porque se trata de comunidades que históricamente se han autogobernado. De aquí en adelante, si confía en la gente y empodera a las comunidades el Estado podrá lidiar de forma más eficiente con cualquier crisis de salud pública y con sus impactos en el largo plazo.

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CIVICUS conversa con Adrian Pereira, Director Ejecutivo de Iniciativa Norte Sur (North South Initiative, NSI) sobre la situación de las personas trabajadoras migrantes en Malasia en el contexto de la pandemia causada del COVID-19.

NSI ayuda a construir capacidades de incidencia y liderazgo entre las personas migrantes, refugiados y apátridas, más allá de su estatus legal, para que puedan reclamar sus derechos. También monitorea los abusos laborales y migratorios cometidos por autoridades, empleadores y trabajadores locales, asegurando que las organizaciones de migrantes estén conectadas con una fuerte red de solidaridad y que sean capaces de cooperar con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y con sindicatos.

Se estima que en Malasia hay entre tres y seis millones de personas trabajadoras migrantes. Estas personas generalmente son explotadas por una combinación de factores: agentes de reclutamiento y empleadores inescrupulosos, duras políticas migratorias, cadenas de suministro sin controles, el uso de multas como forma de castigo, altas tarifas de reclutamiento y deudas contraídas con las agencias de reclutamiento y los empleadores, trabajo forzado, tráfico de personas y deducciones salariales. Un informe sobre la capacidad de las personas migrantes y refugiadas para ejercer sus libertades cívicas, elaborado por CIVICUS y el Centro de Solidaridad en colaboración con NSI, mostró que en Malasia el derecho a las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión de esas minorías vulnerables se encuentra fuertemente restringido.

¿Cuál era la situación de las personas trabajadoras migrantes en relación con el acceso a servicios de salud antes de la pandemia?

En 2016 Malasia eliminó los subsidios que permitían a las personas trabajadoras migrantes acceder a los servicios de salud pública. Dado que las personas migrantes se apoyan mucho en los servicios médicos públicos, esta medida trajo aparejada una disminución de la calidad y el acceso a los servicios de salud de las personas migrantes, tanto documentadas como indocumentadas, dado que el alto costo de las opciones privadas usualmente las disuade de buscar una alternativa. A pesar de que cada año las personas migrantes, sus empleadores y agentes pagan billones de dólares malayos en gravámenes, impuestos y otros tipos de pagos, las personas migrantes no están recibiendo la atención médica que les corresponde en contrapartida.

Las que están indocumentadas solo pueden acceder a la salud privada, porque si intentan acceder a la salud pública las autoridades migratorias serán informadas y las arrestarían. Con el paso de los años, la brutal represión hacia las personas migrantes indocumentadas por parte de la policía, las autoridades migratorias y aduaneras y el Cuerpo de Voluntarios del Pueblo ha provocado cada vez más temor en esa categoría de migrantes, disuadiéndolos de buscar tratamiento médico.

También hay brechas de competencias culturales entre los profesionales de la salud y las personas migrantes, que dificultan aún más la obtención de servicios médicos adecuados. Las personas empleadas en el trabajo doméstico que no tienen días libres y están encerradas entre cuatro paredes experimentan incluso mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

En 2019 se dio un paso positivo: se incluyó a las personas migrantes con papeles legales en el sistema nacional de seguridad social, lo cual les asegura una compensación más alta y un mejor servicio de salud en caso de accidentes o enfermedades vinculadas con sus labores. Pero en lo que se refiere a accidentes y lesiones no laborales, las aseguradoras privadas ofrecen una cobertura mínima.

¿Qué desafíos adicionales han enfrentado las personas trabajadoras migrantes desde durante la pandemia del COVID-19?

Muchas personas trabajadoras migrantes, especialmente las indocumentadas o informales, han perdido su fuente de ingreso. En consecuencia, no pueden costear alimentos, alquiler o medicamentos, a menos que hayan dado positivo en la prueba del COVID-19, en cuyo caso los gastos de su cuarentena y de los cuidados requeridos son cubiertos por el gobierno. Solo las personas migrantes que proveen “servicios esenciales” estipulados por el gobierno pueden trabajar. Sin embargo, su seguridad depende de si las compañías que tienen permiso para operar obedecen las reglas establecidas por el gobierno. Las reglas están hechas para darle al trabajador seguridad frente al riesgo de contraer el virus, de modo que pueda continuar trabajando. Sin embargo, generalmente nadie monitorea la situación.

El gobierno ha anunciado el lanzamiento de un paquete de estímulo económico que lamentablemente ha excluido a las personas trabajadoras migrantes. Hay un subsidio para el salario del trabajador que busca asegurar que las empresas no tengan que despedir empleados, pero esto no se aplica a las personas trabajadoras migrantes. Anteriormente, las personas trabajadoras migrantes también estaban excluidas del Plan de Seguro de los Trabajadores bajo el organismo nacional de seguridad social, que proporciona una red de seguridad a los trabajadores que han sido despedidos. Las Órdenes de Control del Movimiento (OCM), impuestas por el gobierno para restringir los traslados, que entraron en vigencia el 18 de marzo, han hecho mucho más difícil que las personas migrantes puedan desplazarse para acceder a servicios básicos, alimentos, servicios bancarios y otros bienes o servicios esenciales. En las áreas de OCM ampliadas los proveedores de servicios no pueden siquiera ingresar. Los sectores informales de la economía están despidiendo y abandonando a quienes solían trabajar en ellos, y en particular a personas migrantes indocumentadas y a personas refugiadas.

Los empleadores están obligando a sus empleados migrantes a renunciar o a tomar licencia sin goce de sueldo. Los empleadores se están aprovechando de las OCM para no pagarles a sus empleados. NSI recibió informaciones referidas a por lo menos dos casos de sueldos no pagados antes de la imposición de las OCM. Una de estas personas no recibía su sueldo desde diciembre de 2019, mientras que la otra no lo recibía desde febrero de 2020.

También se está infundiendo temor a través de mensajes falsos y desinformación en internet, que ponen a las personas migrantes en peligro porque pueden generar reacciones violentas de la población malaya. El gobierno prometió no arrestar o detener a las personas migrantes que vayan a realizarse la prueba de COVID-19. Sin embargo, las personas migrantes siguen teniendo mucho miedo, por lo que muchas no se presentan. Algunos sectores que son económicamente más agresivos están presionando al gobierno para que les permita retomar las actividades y los trabajadores puedan volver a trabajar. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en el sector productor de aceite de palma del estado de Sabah.

La Unión Europea (UE) también está colocando tanto a los trabajadores migrantes como a los trabajadores malayos en riesgo de ser sometidos a trabajos forzados al pedir a los fabricantes de equipos de protección personal (EPP) de Malasia que garanticen la continuidad de la producción durante la pandemia. La UE ha ofrecido incentivos fiscales a las compañías malayas que proveen EPP. Asimismo, pequeñas y medianas empresas que durante muchos años han contratado trabajadores indocumentados ahora han abandonado a sus empleados alegando que les falta dinero.

¿Como han respondido a esta situación NSI y otras OSC?

Estamos entrenando a líderes migrantes para asegurar que sus comunidades tengan acceso a las redes que proveen servicios y puedan compartir información precisa sobre las necesidades existentes a quienes proveen esos servicios. Algunas redes públicas, como el grupo Care Mongering Malaysia, están proporcionando a la población malaya una plataforma para que pueda ayudar a las persnas migrantes y refugiadas necesitadas. Esta es una plataforma en línea que une a quienes necesitan ayuda con quienes pueden pagar por el servicio. Asimismo, los templos Sikh están ofreciendo alimentos y almuerzos para llevar.

Otras OSC que están trabajando duramente en el terreno para repartir alimentos son BRESH 1.0, Beyond Borders, Dapur Jalanan, Engage, Geutanyoe Foundation, HOPE, Liga Rakyat Demokratik, Malaysian Trades Union Congress, Our Journey, The Patani, Refuge for the Refugees, Tenaganita, y otras organizaciones comunitarias de personas refugiadas y migrantes. Los trabajadores migrantes pueden llamarlas cuando necesita ayuda para conseguir alimentos.

Estamos formando una red para asegurar la provisión de servicios en el largo plazo, ya que consideramos que la situación se va a prolongar muchos meses. Muchas personas trabajadoras migrantes se van a quedar y van a necesitar ayda, así que estamos desarrollando una cadena de suministro para apoyarlos.

Nos estamos asegurando de que los migrantes reciban información correcta de agencias globales como la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia de la ONU para los Refugiados, así como de diferentes agencias gubernamentales relacionadas con la salud, el trabajo, la seguridad y el bienestar. Entre otras cosas, proporcionamos información en diferentes idiomas con infografías sobre servicios de asesoramiento y temas de salud.

También estamos luchando contra la desinformación relacionada con las personas trabajadoras migrantes y refugiadas. Ha habido mucho temor porque se las ha culpado de esparcir en virus.

Por otro lado, también estamos alentando a las personas migrantes a buscar tratamiento médico si están enfermas y estamos monitoreando a los empleadores que toman ventaja de la situación actual y cometen violaciones de los derechos laborales, especialmente porque en parte las OCM impidieron que los abogados les provean de representación y asesoramiento legal.

Otras OSC están proporcionando asesoramiento, distribuyendo alimentos, recaudando fondos, monitoreando el tráfico de personas, ofreciendo servicios con perspectiva de género y en el área de maternidad y atendiendo las necesidades de las mujeres.

¿Qué clase de apoyo necesita en este momento la sociedad civil malaya?

Necesitamos dinero para apoyar las necesidades de los migrantes, por ejemplo para comprar alimentos, pagar las cuentas y el alquiler y repatriarse en forma segura a sus hogares cuando se revoquen las OCM. También estamos buscando oportunidades de financiamiento, porque mientras sigan vigentes las OCM, no podemos realizar reuniones físicas y la mayoría de las campañas de recaudación de fondos se basan en esos encuentros. Asimismo, necesitamos servicios de asistencia legal para las personas que están siendo injustamente despedidas y detenidas.

¿Qué lecciones han aprendido hasta ahora de la pandemia?

Hemos visto que el gobierno apenas ha consultado a las OSC antes de implementar políticas, lo cual no está en línea con los principios de buena gobernanza. Además, se castiga en exceso a quienes violan las OCM, inclusive a quienes se ven obligados a incumplirlas para resolver problemas de subsistencia. Además, la perspectiva cada vez más centrada en la seguridad adoptada frente a la migración a lo largo de los años ha provocado represalias contra los migrantes, quienes han sido marginalizados.

Los migrantes están entre los primeros victimizados y discriminados durante la pandemia, ya que son excluidos y no tienen fuertes redes de apoyo. Un sistema capitalista que opera sobre la base de cadenas de suministro globales y enormes corporaciones no tiene un plan de manejo de riesgos adecuado para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Malasia también tiene problemas con las estadísticas, ya que ha estado dibujando los números de personas en situación de pobreza, y no ha afrontado los problemas resultantes de la enorme cantidad de trabajadores indocumentados debido a la injerencia del llamado “Estado profundo”.

Bajo las OCM and las OCM ampliadas los derechos civiles de las personas migrantes han sido suspendidos, y esto ha debilitado su poder de negociación para obtener derechos. Tampoco ha habido suficiente cooperación entre los países de origen de los migrantes y Malasia para asegurar la repatriación segura de quienes desean volver a sus países, lo cual genera altos riesgos de infección para todos. Nos han llegado informaciones que muestran que bajo las OCM las personas migrantes y refugiadas son forzadas a utilizar vías irregulares para regresar a sus hogares. Las embajadas han recurrido a los malayos para que briden asistencia a sus ciudadanos.

Las OSC no están tan unidas como yo había supuesto para construir un consenso que permita afrontar los problemas, ya que también han tenido sus propias dificultades para enfrentarlos. Al mismo tiempo, algunos malayos que solían tener actitudes negativas contra los migrantes han actuado con compasión y respondieron con solidaridad ante los problemas de los migrantes en este tiempo de necesidad. Como ha quedado claro, en el largo plazo las contribuciones económicas de los migrantes han acabado beneficiándonos a todos, menos a los propios migrantes.

El espacio cívico en Malasia es clasificado como obstruido por el CIVICUS Monitor

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En vísperas del 25º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing, que se cumple en septiembre de 2020, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

CIVICUS conversa con Serap Altinisik, directora de la oficina de Plan International para la Unión Europea (UE) y representante en la UE. Anteriormente, como Directora de Programas de la organización Lobby Europeo de Mujeres (European Women’s Lobby), Serap dirigió la Campaña 50/50, "No hay democracia moderna sin igualdad de género", en toda Europa. Recientemente también ha pasado a integrar la Junta Directiva de CIVICUS.

Un cuarto de siglo después, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales? ¿Qué se debe hacer ahora para que para 2030 se alcance el Objetivo 5 sobre igualdad de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

2020 marca el 25º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, la agenda más visionaria para los derechos de las niñas y las mujeres. 2020 también inicia la cuenta regresiva de una década para alcanzar los ODS.

En las últimas décadas se ha producido un progreso claro y medible hacia la igualdad de género. Por ejemplo, 131 países han promulgado 274 reformas legales y regulatorias en apoyo de la igualdad de género, la mortalidad materna ha disminuido en por lo menos 45%, la matriculación de niñas y niños en la escuela primaria casi se ha igualado, y aproximadamente el 25% de los escaños en los cuerpos legislativos nacionales están ocupados por mujeres, un número que se ha duplicado en las últimas décadas.

Sin embargo, 25 años después de que los estados miembros de la ONU se comprometieran a lograr la igualdad de género y cinco años después de la formulación de los ODS, ningún país ha cumplido plenamente la promesa de la igualdad de género. Si los gobiernos continúan a este ritmo, nos tomará casi un siglo alcanzar esa meta.

Para lograr el ODS 5, estoy de acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, que ha reclamado una década de acción para cumplir con los ODS y quiere que este sea el siglo de la igualdad de género. Retrospectivamente, la desigualdad de género es una de las cosas que más nos avergonzarán del siglo XXI.

Los gobiernos tienen que invertir consistentemente en la igualdad de género, lo cual significa no solo promulgar leyes y reglamentos, sino también implementar presupuestos sensibles en materia de género de manera consistente. Las investigaciones disponibles muestran que allí donde las inversiones son consistentes, los derechos de las niñas y las mujeres aumentan. Sin embargo, no existe un enfoque único que funcione para todos. Al adoptar reglamentos y leyes, los gobiernos deben utilizar un enfoque del ciclo de vida para abordar las necesidades específicas de las mujeres en cada etapa de sus vidas. Si deseamos medir e incrementar los avances y aprender de los datos, entonces debemos desglosar los datos por edad, género, discapacidad y origen étnico, entre otras variables.

Sin embargo, los factores más persistentes que impiden que niñas y mujeres tengan roles de liderazgo, decidan y prosperen a la par de los niños y los hombres son las normas sociales, los estereotipos y el sexismo. Los estudios disponibles y las experiencias de niñas y mujeres muestran que en muchos países las prácticas a nivel del hogar subordinan a las mujeres incluso cuando están educadas, aun cuando están dentro del mercado laboral e incluso cuando desempeñan roles en el gobierno. Dado que lo personal es político, como dice el eslogan del movimiento feminista de la década del ‘60, la igualdad de género y los derechos de niñas y mujeres deben ser una prioridad para la política, la economía, las prácticas y las normas sociales, y esto comienza en casa. Si el objetivo es cumplir por completo la promesa de la igualdad de género para 2030, no puede ser un mero adorno.

En un análisis retrospectivo de 2019, ¿cuáles dirías que han sido los principales éxitos y desafíos en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres?

El ascenso de líderes autoritarios y el establecimiento de gobiernos de derecha están preparando un terreno fértil para la violencia y la discriminación contra niñas y mujeres. En los últimos años hemos observado retrocesos y ataques contra las victorias obtenidas con tanto esfuerzo para garantizar los derechos de las niñas y las mujeres tanto en el norte global como en el sur global. Últimamente los conflictos y las crisis humanitarias se han vuelto más complejos y prolongados, y en esos contextos las mujeres y niñas enfrentan los mayores riesgos. Desafortunadamente, la discriminación, la pobreza y la violencia todavía están presentes en las vidas de niñas y mujeres de todo el mundo. Da la impresión de que la misoginia, acompañada de racismo, está en aumento, mientras que el espacio para la sociedad civil se está contrayendo cada vez más.

Sin embargo, en todo el mundo, las niñas y las mujeres están alzando la voz, colaborando y mostrando solidaridad, y no están dispuestas a esperar más por el cambio y la justicia de género. En esto, las organizaciones de derechos de las mujeres y las líderes feministas, ¡juegan un papel vital! Desafían el statu quo y están en la primera línea insistiendo en que otro mundo es posible.

Soy consciente de que cuando menciono solamente algunos éxitos, es posible que no esté haciendo justicia a tantas otras victorias obtenidas. Sin embargo, considero que los principales éxitos han sido diversos e inspiradores: incluyen, por ejemplo, el nombramiento de la primera mujer para dirigir la Comisión Europea en toda su historia; el rol de las manifestantes de sudanesas en el liderazgo del movimiento prodemocracia; la cantidad de mujeres jóvenes que lideran el movimiento ambientalista; la resistencia encarnada por niñas y mujeres en todos los continentes. Están desafiando el statu quo y se ponen a la vanguardia para insistir en que otro mundo es posible.

Sus acciones no solo están cambiando las leyes y las regulaciones y trayendo a la mesa nuevos acuerdos, como el Acuerdo Verde Europeo de la UE y la ambición de tener representación paritaria en todas las instituciones de la UE, sino que también están cambiando las normas sociales y están contribuyendo a una “nueva normalidad” en cuyo marco las niñas y las mujeres también pueden dar forma a nuestro mundo.

Has estado personalmente involucrada en la iniciativa Fair Share. ¿Cuál sería una “porción justa” de representación y liderazgo femeninos, y por qué es importante alcanzarla?

Fair Share of Women Leaders es una OSC que busca probar y mostrar nuevas formas de gobernanza que reflejen los valores y principios feministas y superar algunas de las consecuencias del desequilibrio de poder, la jerarquía y la burocracia que caracterizan a los mecanismos tradicionales de gobernanza. Presionamos por una representación proporcional de las mujeres en roles de liderazgo en el sector social, un objetivo que queremos alcanzar como mucho hacia 2030.

Aunque representan casi el 70% de la fuerza laboral mundial de impacto social, las mujeres ocupan menos del 30% de los principales puestos de liderazgo en sus organizaciones. Esta falta de voces diversas en los puestos clave de toma de decisiones socava el impacto de las organizaciones para lograr el ODS 5. A raíz de #MeToo y una serie de escándalos de abuso sexual en la sociedad civil, muchas organizaciones han tenido que repensar sus estrategias. Nuestra esfera necesita comenzar a promover sistemáticamente el liderazgo de las mujeres como motor del cambio.

Por supuesto, hay que reconocer que muchas cosas están cambiando para mejor dentro de la sociedad civil. Algunas OSC se han comprometido a desarrollar una cultura organizacional y de liderazgo que valore la representación igualitaria de género, la diversidad y la toma de decisiones participativa, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer para lograr la igualdad de género. Tenemos que estar a la altura de nuestros valores si queremos reclamar legítimamente un cambio positivo en el mundo. Tenemos que ser el cambio si deseamos verlo.

Para impulsar este cambio, Fair Share monitorea el número de mujeres en posiciones de liderazgo para forzar a la sociedad civil a rendir cuentas; promueve el liderazgo feminista y moviliza a mujeres y hombres para crear organizaciones feministas; y busca crear oportunidades para mujeres de diversos orígenes económicos y sociales, nacionalidades y etnias que actualmente tienen menos probabilidades de llegar a posiciones de liderazgo.

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Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con un joven estudiante colombiano, activo en el movimiento climático, que por razones de seguridad prefirió mantener el anonimato. Además de movilizarse en el marco de movimiento #FridaysForFuture, el entrevistado forma parte de Hijos del Postconflicto, un colectivo creado recientemente para visibilizar las experiencias de la gente en los territorios y defender el proceso de paz en Colombia. En la convergencia entre diversas luchas, el entrevistado enfatiza la defensa del proceso de paz como clave para preservar el medio ambiente y la biodiversidad en Colombia.

¿Cuál es, desde tu perspectiva, el problema ambiental más urgente en Colombia?

El problema ambiental más urgente es la deforestación. Las tasas de deforestación en Colombia son altísimas, y la situación no ha mejorado desde la firma de los acuerdos de paz. Eso se debe a que, en tiempos de conflicto armado, las guerrillas colombianas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tenían dominio de gran parte del territorio selvático de Colombia. Por supuesto que nadie se metía en ese territorio: no llegaban las multinacionales ni las petroleras; tampoco llegaba la ganadería. Con la firma de los acuerdos de paz y la retirada de las guerrillas se acentuó el problema que ha tenido Colombia desde la década del ’50: la distribución de las tierras.

Colombia tiene una distribución de la tierra extremadamente regresiva; la propiedad está concentrada en muy pocas manos. Con la retirada de la guerrilla y la llegada de las multinacionales el acaparamiento de tierras se ha acentuado. Muchas tierras son apropiadas, deforestadas y utilizadas para la cría de ganado, y la población local continúa siendo desplazada.

Al mismo tiempo sigue habiendo grupos armados al margen de la ley que continúan activos, sobre todo grupos paramilitares de extrema derecha, aunque también queda la guerrilla, más pequeña, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las FARC que decidieron no acoplarse al proceso de paz. Estos grupos armados están disputando el territorio para hacerse del dominio de los cultivos de coca y expandirlos, provocando mayor deforestación.

En consecuencia, tanto la continuidad del conflicto en algunos territorios como su finalización en otros influyen directamente sobre la deforestación. El proceso de paz contiene una serie de mecanismos para contrarrestar la deforestación, pero sus efectos dependerán de que efectivamente se lo implemente. En ese sentido, la protección del medio ambiente es inseparable del éxito del proceso de paz.

¿Qué mecanismos contemplados en los acuerdos de paz permitirían detener la deforestación?

Los acuerdos de paz incluyen dos puntos específicos para frenar la deforestación. El primero es la reforma rural integral, que pretende distribuir el campo colombiano y respetar los usos asignados al suelo – por ejemplo, que si es para uso agrícola, no sea utilizado para ganadería. El segundo punto es el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que apunta a resolver el problema de las drogas. Es importante entender que muchas familias campesinas pobres se han visto obligadas a cultivar coca para sobrevivir; a través de este programa el Estado les ofrece incentivos económicos para que hagan una transición hacia otros cultivos sustentables. 

¿De qué modo colabora el activismo juvenil con la efectiva implementación de los acuerdos de paz?

La lucha por la paz se da en todos los frentes. Nosotros hacemos tres cosas: nos movilizamos en las calles en defensa del proceso de paz; hacemos pedagogía para que la gente entienda porqué el proceso de paz es tan importante; y trabajamos en distintos espacios haciendo incidencia política.

El contexto para este trabajo es bastante difícil. Ni bien asumió el poder, el presidente Iván Duque objetó el proceso de paz e intentó modificar todos los aspectos con los que no estaba de acuerdo o que según él no eran justos, lo cual en definitiva supondría desactivar el proceso que resultó de los acuerdos y volver a comenzar desde cero. Esto no fue una sorpresa: toda su campaña giró en torno del proceso de paz y se basó en la difusión de mentiras acerca del proceso de paz. Ganó las elecciones manipulando el temor de la gente, a la que le aseguró que los acuerdos consagraban la impunidad. Trató de asustarnos diciéndonos que si ganaba la izquierda nos íbamos a convertir en una segunda Venezuela. También mintió en relación con sus planes para las industrias extractivas: llegó a asegurar que no se autorizaría la exploración y explotación petroleras por medio de fracking, pero a fines de diciembre de 2019 hizo púbico un proyecto de decreto para habilitar el fracking.

En tanto que activista por la paz y el medio ambiente en Colombia ¿has tenido alguna participación en el movimiento global por la justicia climática?

Sí, con un pequeño grupo nos sumamos a la iniciativa Fridays for Future. Nuestra participación se limitó a una serie de acciones y plantones para dar inicio al movimiento climático en el país.

Nos ha sido bastante difícil generar movilización en torno de la crisis climática global. Ante todo, hay mucha ignorancia. En Colombia la mayoría de las personas no tiene idea de lo que les están haciendo; de hecho, el actual presidente se aprovechó de ello para difundir mentiras, hacer una campaña de desinformación y ganar las elecciones. En un país donde la educación pública es muy mala y solamente la gente rica puede estudiar es muy fácil mentir y que te crean. Entonces, el primer problema es la ignorancia. A eso se suma el miedo: en Colombia a la gente le da miedo hablar, organizarse y manifestarse. Los colombianos vivimos una increíble zozobra debido a los asesinatos sistemáticos de líderes sociales y ambientales. Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos en general, y para los líderes ambientalistas en particular.

Todo esto ha limitado la movilización por el clima. Hubo algunas acciones sueltas, pero no una gran marcha nacional de alto impacto. Por eso nos sorprendió que se produjera una movilización escolar masiva en el sur del país, en el departamento del Huila, donde menos esperábamos una movilización debido a las dinámicas complejas de seguridad que se viven en esos territorios. Logramos ponernos en contacto con los jóvenes que se movilizaron en Huila y juntos participamos de un encuentro nacional que realizamos en el departamento del Caquetá, también conocido como la puerta de oro de la Amazonía colombiana. Allí logramos articular el trabajo con las comunidades que viven en territorio amazónico y hasta el momento seguimos en el proceso para elevar las consignas amazónicas e iniciar una resistencia en defensa de nuestra selva.

Actualmente estamos empezando a sumarnos todos los colectivos ambientales en un mismo frente climático. Esperamos que esto inspire a los que tienen miedo para que también se sumen.

¿Han tenido alguna participación en foros internacionales sobre el clima?

Hemos estado en un encuentro latinoamericano de Fridays for Future que se hizo en Chile con el apoyo de 350.org. Fue un encuentro de defensores del clima para generar lazos latinoamericanos e impulsar el movimiento a nivel regional. Nos ayudó bastante encontrar jóvenes de otras partes de la región que también estaban movilizándose, ver que podíamos unirnos y sentir que teníamos apoyos internacionales para hacer nuestro trabajo. Esto nos dio algo de esperanza.

Fue después de esa reunión que empezamos a tratar de formar una red ambientalista nacional, viajando a la mayor cantidad de territorios y sumando a jóvenes de otras regiones del país. Todavía nos falta mucho por construir, pero estamos creciendo exponencialmente, porque cuando sumamos a un colectivo, ese mismo colectivo tiene llegada a otros tres o otros cuatro colectivos más. Todo el año 2019 nos hemos centrado en este proceso, recorriendo territorios, comunicando nuestro mensaje a la gente y haciendo lazos. Creemos que la próxima vez tal vez sí podamos movilizarnos a nivel nacional. Lo haremos el 24 de abril de 2020, cuando se realice la próxima huelga global.

¿Qué clase de apoyos necesitarían para poder hacer en 2020 la movilización que no pudieron hacer en 2019?

Nuestra oportunidad en este momento es el paro nacional, la serie de manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades colombianas a partir de noviembre de 2019. En un país donde a la gente le da miedo hablar, el 21 de noviembre del año pasado salieron a la calle millones de personas, en una de las movilizaciones más grandes que ha tenido Colombia en los últimos 40 años. Esta es una oportunidad única. En el marco de estas protestas, el movimiento ambientalista también ha puesto sus propuestas y demandas. Tal vez no podamos movilizar a la gente específicamente por el clima, pero podemos aprovechar estas movilizaciones masivas y sumar nuestros temas. Si hay gente dispuesta a movilizarse, podemos acercarnos para contarles lo que está pasando en relación con el medio ambiente y comunicarles nuestras demandas para que vean que también les conciernen y se movilicen por ellas. Así es como logramos que el comité de paro incluyera entre sus demandas la declaración de la emergencia climática en Colombia. Este ha sido un avance muy grande.

El espacio cívico en Colombia es clasificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.
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CIVICUS conversa con María Emilia Berazategui, Coordinadora Global de Incidencia Política de Transparencia International, acerca del rol de la sociedad civil en los foros internacionales e intergubernamentales y el grado en que puede influir en los procesos de toma de decisiones, así como sobre los éxitos conseguidos y los desafíos encontrados en 2019 por el C20, el foro de sociedad civil dentro del G20. Antes de incorporarse a Transparencia Internacional, María Emilia lideró el área de Instituciones Políticas y Gobierno en la organización de la sociedad civil (OSC) argentina Poder Ciudadano. En 2018 fue nombrada Sherpa del C20 bajo la presidencia de Argentina. En 2017 y 2019 fue miembro del Comité Directivo del C20, y en 2018 y 2019 fue copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Anticorrupción del C20.

¿Qué es el C20, y por qué es importante?

El C20 (Civil-20) es uno de los grupos de afinidad oficiales del G20, y es el espacio natural para que las OSC hagan incidencia a nivel del G20.

Hay otras dos formas en que las OSC pueden participar en los procesos del G20: asistiendo a las reuniones del Grupo de Trabajo del G20, como invitadas, para presentar recomendaciones temáticas, y a través de su presencia en el Centro Internacional de Medios de Comunicación del G20 durante las cumbres, lo que les permite relacionarse directamente con los medios de comunicación que cubren la cumbre del G20 y difundir sus mensajes en torno a temas clave.

El C20 es un espacio global de la sociedad civil, sin estructura permanente y con una presidencia que rota anualmente, en consonancia con la del G20, para que las OSC de todo el mundo -desde grupos locales y de base hasta grandes OSC internacionales- influyan colectivamente en el G20. Según los recientemente adoptados Principios del C20, su objetivo es garantizar que los líderes mundiales escuchen no solo las voces que representan a los sectores gubernamental y empresarial, sino también las propuestas y demandas de la sociedad civil, y que se guíen por los valores fundamentales de los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo sostenible.

El trabajo de la sociedad civil en el G20 es importante porque estamos a apenas 10 años de la fecha límite de 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la brecha entre las acciones emprendidas por los gobiernos y las medidas que deben tomarse para alcanzarlos es inmensa. La mayoría de los desafíos que enfrentamos -la polarización política y el extremismo, los abusos de derechos humanos y las restricciones del espacio cívico, la desigualdad extrema, la corrupción sistémica, las disparidades de género y la violencia de género, la discriminación interseccional, la falta de empleo digno, la crisis sanitaria y el impacto negativo de la digitalización y la tecnología sobre nuestras vidas- no solamente siguen sin respuesta, sino que continúan profundizándose.

Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen un rol fundamental que desempeñar en la búsqueda de soluciones compartidas para los desafíos comunes. Los líderes mundiales deben reunirse urgentemente para encontrar esas soluciones y, a pesar de todos sus déficits, el G20 es uno de los pocos espacios que les brinda la oportunidad de hacerlo.

Lamentablemente, en los últimos años hemos visto pocas pruebas de un progreso real por parte de los líderes del G20. Los compromisos se hacen frente a los medios de comunicación del mundo, pero se olvidan rápidamente y rara vez se ponen en práctica una vez que cada uno regresa a su casa. Un reciente informe de Transparencia Internacional que expone los problemas del lavado de dinero y la propiedad anónima de las empresas encontró debilidades profundamente preocupantes en casi todos los países del G20.

¿Qué puede aportar la sociedad civil?

El trabajo de la sociedad civil en el G20 puede ayudar porque la sociedad civil aporta un conjunto de capacidades únicas.

En primer lugar, al buscar que los resultados de las políticas sirvan al bien común, hacemos que los gobiernos rindan cuentas. Así que cuando los gobiernos se comprometen a algo, les hacemos cumplir sus promesas. A veces se resisten, pero otras veces conseguimos fortalecer a actores dentro de los gobiernos que realmente quieren hacer cosas.

En segundo lugar, aportamos nuestra experiencia. Los grupos de sociedad civil no son solamente perros guardianes. Somos innovadores, tecnólogos, investigadores y expertos en políticas públicas y podemos contribuir a la implementación de las políticas para conseguir los mejores resultados posibles. La sociedad civil también puede contribuir a una mayor transparencia y a una evaluación creíble de sus resultados.

En tercer lugar, la sociedad civil funciona como un puente, ayudando a traducir la jerga técnica en el lenguaje que habla la gente común, explicando en qué consiste el cambio deseado y acercando las perspectivas de la ciudadanía a los responsables de la toma de decisiones. Los gobiernos deben compartir sus planes con la sociedad civil, para que podamos dar nuestra opinión sobre el impacto que esos planes tendrán sobre la gente.

Por último, pero no por ello menos importante, la sociedad civil aporta un equilibrio muy necesario. Una de las mayores debilidades del G20 es la falta de apertura a la representación de la sociedad civil en la misma mesa donde se sientan los intereses empresariales. Esto plantea la cuestión de si el G20 valora más los intereses de las empresas que los de los y las ciudadanas. Sin duda, esto no favorece la confianza, y explica por qué en todo el mundo la gente cree que los gobiernos están demasiado cerca de las empresas o que solamente actúan en beneficio de unos pocos intereses privados.

¿Qué espacio ofrecen foros internacionales como el G20 para que la sociedad civil ejerza influencia real sobre la elaboración de las políticas?

El G20 es a menudo descripto como elitista, como un grupo de potencias económicas -aunque no todas las mayores economías participan en él- que intenta reescribir las reglas de la gobernanza económica mundial, operando en gran medida a puertas cerradas y de forma opaca. No es de extrañar que muchos miembros de la sociedad civil sientan instintivamente que debemos oponernos al G20 en lugar de involucrarnos en él.

El G20 invita a participar en sus reuniones a una gran variedad de invitados, entre los que se cuentan representantes de diferentes grupos regionales, Estados invitados y organizaciones internacionales. Sin embargo, su historial de conversaciones con grupos de ciudadanos y con la sociedad civil es, en el mejor de los casos, desparejo. A pesar de todo lo que podemos ofrecer, no nos sentamos a la misma mesa; se nos trata como socios de segunda clase y nuestras recomendaciones e ideas sobre cuestiones importantes a menudo no son escuchadas.

Las experiencias varían mucho entre los distintos grupos de trabajo que componen el G20. Por ejemplo, a pesar de todos los conocimientos que tiene la sociedad civil sobre cuestiones financieras, el Grupo de Trabajo sobre Arquitectura Financiera Internacional del G20 ha cerrado sistemáticamente sus puertas a la participación de la sociedad civil. Por otro lado, tenemos la suerte de contar con un ítem permanente en el orden del día del Grupo de Trabajo Anticorrupción, donde los gobiernos hablan con las empresas y la sociedad civil en igualdad de condiciones. Sin embargo, aunque apreciamos esto, creemos que tanto este grupo de trabajo como el G20 en general necesitan mejorar significativamente su relación con la sociedad civil.

A pesar de todas estas limitaciones y desafíos, durante 2019, cuando la presidencia del G20 estuvo en manos de Japón, la sociedad civil consiguió influir en el G20 en algunas áreas, tales como la protección de denunciantes, la transparencia del gasto en infraestructura y la relación entre género y corrupción.

En 2019, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 adoptó dos documentos importantes: los Principios de Alto Nivel para la Protección Eficaz de Denunciantes, que estuvieron muy en línea con las recomendaciones de la sociedad civil e incluyeron un reconocimiento sin precedentes por parte del G20 de los aspectos específicos de género de la denuncia de irregularidades, y un Compendio de Buenas Prácticas para Promover la Integridad y la Transparencia en el Desarrollo de Infraestructura, también alineado con las recomendaciones de la sociedad civil.

A través del Compendio, el G20 también reconoció que la transparencia respecto de quiénes son los propietarios últimos de las empresas es fundamental para la lucha contra la corrupción. En consonancia con las sugerencias de la sociedad civil, recomendaron la creación de registros de propiedad efectiva de las empresas para reducir la posibilidad de que los fondos públicos sean utilizados para favorecer a determinadas personas o empresas, y para identificar los conflictos de intereses.

En general, ¿cuáles diría que fueron los principales éxitos obtenidos por la sociedad civil en el G20 durante 2019?

En una palabra, el principal éxito del trabajo de la sociedad civil durante 2019 fue garantizar su continuidad. La sociedad civil pudo mantener un grado de involucramiento con el G20 similar al que tuvo en 2018, cuando el G20 fue presidido por Argentina. En 2018, y por un corto período de tiempo, la sociedad civil ganó acceso a algunas reuniones del Grupo de Trabajo del G20, aunque lamentablemente no a los grupos de trabajo que forman parte del llamado G20 Finance Track, así como al Centro de Comunicaciones del G20. Esto permitió a la sociedad civil acceder, por primera vez, a algunas sesiones que solían celebrarse a puertas cerradas. Además, conseguimos que los representantes locales del G20, incluido el sherpa, asistieran a las reuniones presenciales del C20.

El llamamiento que en 2018 la sociedad civil hizo a los delegados del G20 para que pasen de las palabras a la acción se desplazó de Argentina a Japón. Tuvo eco en las redes sociales, a través del hashtag #G20takeaction. Para seguir fortaleciendo la participación de la sociedad civil y garantizar un impacto cada vez mayor dentro del G20, en 2019 el C20 acordó un conjunto de principios que consagran la transparencia, la colaboración, la independencia, el internacionalismo, la inclusión y el respeto de los derechos humanos y la igualdad de género como pilares centrales de la práctica del grupo de afinidad. Este fue un hito muy importante en la historia del C20.

¿Cuáles han sido los desafíos, y qué es lo que hay que mejorar?

A pesar de estos éxitos, es urgente que el G20 cambie su forma de relacionarse con la sociedad civil. En el G20, los gobiernos discuten políticas que tienen un gran impacto sobre nuestras vidas. En tanto que sociedad civil, se nos debe permitir poner sobre la mesa las voces reales y diversas de los y las ciudadanas. Ellas son las personas que se verán afectadas por las políticas públicas promovidas en este foro.

Las pocas veces que hemos conseguido acceder a las reuniones del G20, la experiencia no ha sido positiva. Hacemos grandes esfuerzos para estar allí. Tras buscar los recursos y viajar muchas horas, esperamos -a veces durante mucho tiempo- fuera de la sala de reuniones hasta que finalmente nos dejan entrar. Una vez dentro, compartimos nuestras ideas y recomendaciones lo más rápidamente posible para que haya tiempo para el diálogo con las delegaciones, aunque en realidad no suele tratarse de una conversación abierta y honesta. Al cabo de un rato, nos sacan diplomáticamente de la sala para que, ya marcada la casilla de participación de la sociedad civil, las negociaciones puedan continuar.

El G20 todavía tiene un largo camino que recorrer para garantizar la participación efectiva de la sociedad civil. Los líderes del G20 deben dejar de pensar que invitar a representantes de la sociedad civil a un par de reuniones equivale a cumplir con su obligación de consultar ampliamente y abrirse al escrutinio. Deben reconocer las capacidades únicas que aporta la sociedad civil y avanzar hacia una vinculación más significativa y sostenida con la sociedad civil.

Pueden hacerlo de muchas maneras. En primer lugar, pueden, y deben, invitar a la sociedad civil y a los representantes de las empresas a secciones adicionales de las distintas reuniones del Grupo de Trabajo, para que aporten sus puntos de vista y perspectivas en relación con cada tema, y no solamente durante una única y breve sesión dedicada a escuchar todas nuestras preocupaciones. Además, deberían compartir con nosotros el orden del día de esas reuniones. Puede parecer una locura, pero la mayoría de las veces nos invitan y acudimos a las reuniones sin saber lo que se va a debatir, por lo que no necesariamente estamos enviando a la persona más adecuada o preparando la contribución más relevante o detallada.

En segundo lugar, los delegados del G20 deberían reunirse sistemáticamente con la sociedad civil nacional a lo largo del año, tanto antes como después de las reuniones del Grupo de Trabajo del G20. Esto ya está ocurriendo en algunos países del G20, pero no en todos.

En tercer lugar, los representantes del G20 deben ser más abiertos y honestos en sus intercambios con la sociedad civil. Cuando los delegados del G20 hablan con la sociedad civil, la mayoría de las veces solamente comparten información limitada sobre lo que están haciendo para abordar los principales desafíos globales, lo cual a veces no es más que propaganda. ¿Qué tal si nos preguntan de qué queremos hablar y qué información nos gustaría recibir? ¿Y qué tal si nos dan una respuesta honesta y directa en relación con las propuestas y recomendaciones que compartimos con ellos?

Los líderes del G20 parecen no ser conscientes de que una buena comunicación y el acceso a la información son fundamentales. No existe un sitio web permanente del G20. En su lugar, cada presidencia establece un sitio nuevo, que después queda desactualizado. El espacio virtual está plagado de sitios web obsoletos del G20. Esto hace que a la sociedad civil, a los medios de comunicación ya los investigadores que buscan informarse sobre las actividades del G20 les resulte difícil encontrar lo que buscan. En 2017, cuando Alemania presidió el G20, el gobierno alemán tomó una excelente iniciativa: recopiló en un solo lugar todos los compromisos anticorrupción existentes. Esto debería ser una práctica habitual. En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, todos los grupos de trabajo del G20 deberían publicar las actas y agendas de sus reuniones. Y deberían consultar sistemáticamente a la sociedad civil para que podamos hacer aportes a los borradores de los documentos que planean adoptar y sugerir temas clave en los que debería centrarse el G20.

¿Qué cambió en cuanto a la participación de la sociedad civil cuando la presidencia del G20 pasó a Arabia Saudita?

A pesar de sus limitaciones y de su escasa vinculación con la sociedad civil, el G20 ha sido un espacio relevante para hacer llegar nuestras preocupaciones directamente a los gobiernos y abogar ante ellos para que aborden los problemas más críticos que enfrentamos. Lamentablemente, en 2020 el espacio para la participación de la sociedad civil se redujo significativamente cuando la presidencia del G20 y de todos sus grupos de afinidad, incluido el C20, pasó a Arabia Saudita, por efecto de una decisión tomada por los gobiernos del G20 en 2017 en Hamburgo, Alemania.

Arabia Saudita es un Estado que no ofrece prácticamente ningún espacio a la sociedad civil y donde no se toleran las voces de la sociedad civil independiente. Las críticas de los medios de comunicación son sistemáticamente reprimidas, las personas defensoras de derechos humanos son regularmente detenidas y perseguidas, la libertad de expresión es censurada, la libertad de movimiento limitada, y los periodistas y activistas detenidos son torturados y maltratados. Esto vuelve a la participación de la sociedad civil éticamente cuestionable.

Además, los principios del C20 hacen hincapié en una serie de elementos que la presidencia saudita es incapaz de proporcionar, como la inclusión de una variedad de actores de la sociedad civil verdaderamente independientes, desde el nivel local hasta el global, la transparencia de los procedimientos de toma de decisiones y los valores rectores de los derechos humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Al participar en el limitadísimo espacio que el gobierno saudita podría ofrecer, solo contribuiríamos a lavar la reputación internacional de Arabia Saudita. El gobierno saudita ya ha contratado a costosos asesores de relaciones públicas occidentales y ha gastado millones de dólares para pulir su empañada imagen.

En respuesta a ello, numerosas OSC de todo el mundo han unido sus voces y han decidido boicotear el C20 organizado por Arabia Saudita este año. En Transparencia Internacional estamos deseando volver a participar plenamente en el proceso del C20 el año que viene, cuando la presidencia haya pasado a manos de Italia.

El espacio cívico de Arabia Saudita es calificado como “cerrado” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Transparencia Internacional a través de su sitio web o su página de Facebook, y siga a @anticorruption y a @meberazategui en Twitter. 

CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

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Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia chilena de Petorca, región de Valparaíso, para defender los derechos de los campesinos, trabajadores y habitantes de la zona. Desde la década del noventa la región ha sido afectada por el acaparamiento de las aguas por parte del negocio agroindustrial en colusión con el establishment político.

¿Cuál es el principal problema ambiental en tu contexto?

El principal problema es el agua. Vivimos en un territorio caracterizado fundamentalmente por el monocultivo de palta o aguacate, un frutal de origen tropical cuya producción demanda enormes cantidades de agua, que está en manos de grandes productores que secaron nuestro territorio y comprometieron la vida de nuestras comunidades. El nuestro es un caso extremo: Chile ha privatizado por completo el agua, lo cual significa que el robo está institucionalizado. Claramente Chile ha priorizado a la industria extractiva por sobre el derecho al agua de las comunidades.

La privatización de las fuentes de agua en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Constitución de 1980 consagró la propiedad privada del agua. Esto se mantuvo, e incluso se profundizó, después de la transición democrática, ya que también se privatizó el saneamiento. El proceso de privatización de las sanitarias se inició el año 1998, durante el gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. En rigor, el grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable.

Ahora mismo el gobierno de Sebastián Piñera está rematando ríos. Piñera llegó al gobierno con el proyecto de apuntalar la certeza jurídica de la propiedad de los derechos de agua, y en su gabinete hay varios ministros con derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, liderados por el ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto. Este ministro y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, lo cual equivale al suministro continuo de agua de aproximadamente 17 millones de personas.

¿Cómo es eso de que alguien es dueño de los ríos y puede impedir que otros hagan uso de las aguas?

La Constitución chilena de 1980 establece literalmente que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ella. En 1981, el Código de Aguas estableció que el agua es un bien nacional de uso público pero también un bien económico. La propiedad del agua se separó del dominio de la tierra, de modo que hay propietarios de agua que no tienen tierra y propietarios de tierra que no tienen agua. Es prerrogativa del Estado conceder derechos de aprovechamiento del agua. Estos derechos se dividen en dos categorías: derechos sobre agua para uso de consumo y derechos sobre agua para uso no consuntivo, por ejemplo para la generación de electricidad. En la primera categoría, el 77% de los derechos está en manos del sector agrícola y forestal, el 13% en el sector minero, el 7% en el sector industrial y aproximadamente 3% en el sector sanitario. En cuanto a los derechos de aprovechamiento del agua para uso no consuntivo, el 81% está en manos de una empresa público-privada italiana. Los portadores de derechos de aprovechamiento pueden vender o arrendar agua en el mercado.

En 2018, el gobierno de Piñera presentó un proyecto de ley para dar certeza jurídica a la propiedad privada del agua a perpetuidad e introducir remates de agua. Actualmente en Chile se están rematando 38 ríos; básicamente, el Estado remata los litros por segundo que corren por ese río. Mientras esto ocurre en algunos territorios donde todavía hay agua, los territorios donde se concentra el 67% de la población chilena, unos 12 millones de personas, son zonas de emergencia hídrica. Nuestra región, Valparaíso, es zona de catástrofe hídrica por sequía. Es inaudito que por un lado haya semejante cantidad de población con serias dificultades para acceder al agua potable y que por otro lado el Estado esté rematando ríos.

¿Qué trabajo hacen ustedes para lograr el reconocimiento del derecho al agua?

Desde hace más de quince años visibilizamos el conflicto de las aguas en nuestro territorio. Si bien surgimos en la región de Valparaíso, desde 2016 nuestra organización tiene alcance nacional. Luchamos en todo el país por la regulación del agua como un bien común. El derecho al agua es un derecho humano fundamental.

Nuestra estrategia primigenia fue instalar la lucha por el agua, visibilizar el conflicto y llevar al Parlamento la discusión de la derogación de la propiedad privada del agua, a pesar de nuestra falta de confianza en la casta política que tiene en sus manos la tarea de legislar y fiscalizar.

En el año 2016 dimos un paso importante con una estrategia internacional que dio a conocer en todo el mundo que en nuestra provincia se viola el derecho humano al agua para producir aguacate. Salimos en un reportaje de la televisión alemana titulado “Palta súperalimento asesino ambiental”, varios reportajes en The Guardian que hablan de cómo los chilenos se están quedando sin agua, el reportaje de RT en español, “Las lágrimas secas de Chile”, y varios más. El año pasado Netflix destinó un episodio de su programa Rotten al negocio del aguacate y a la violación del derecho humano al agua en Chile. Hemos tenido buenas repercusiones; solo en 2019 obtuvimos dos reconocimientos internacionales: el Premio Internacional de Derechos Humanos entregado por la ciudad de Nuremberg, Alemania, en septiembre; y el Premio Danielle Mitterrand, entregado por la Fundación France Libertés, en noviembre.

Otra cosa que hacemos es formar cuadros. Tenemos programas de formación de largo aliento y hacemos un trabajo permanente de interpelación teórica y política. También nos movilizamos. En el marco del estallido social que se dio en Chile a partir del 18 de octubre de 2019 hemos hecho escuchar nuestra demanda. Es evidente que, si bien a nivel nacional las principales demandas pasan por recuperar los fondos de pensión de los trabajadores y mejorar la educación y la salud, en algunas regiones más al norte y más al sur de la capital la demanda más importante es la recuperación del agua como un bien común, como un derecho humano.

Además de movilizarnos, hacemos un trabajo territorial que supone acciones de mayor radicalidad como cortes de ruta y ocupaciones. Entre las acciones directas que se hacen en los territorios están las acciones de recuperación de pozos y de destrucción de drenes. Algunas organizaciones territoriales de base toman pozos de propiedad de empresas mineras, resisten en la toma tanto como pueden – a veces durante 60, 70 días – y desvían el agua hacia su comunidad. En sitios donde ya no hay agua en los ríos, el agua subterránea es capturada a través de drenes, obras de ingeniería que capturan, canalizan y transportan toda el agua subterránea. Algunas comunidades destruyen los drenes que conducen el agua para uso del agronegocio, por ejemplo de las empresas forestales. Las acciones de resistencia han aumentado desde el comienzo del estallido social en octubre de 2019.

La lucha por el agua es radical porque erosiona las bases de la desigualdad. Es que el origen de las principales fortunas chilenas es la apropiación de los bienes comunes, y básicamente del agua y la tierra. La fortuna de presidente Piñera no es una excepción.

¿Han enfrentado represalias a causa de este activismo?

Sí, a causa de nuestra estrategia de visibilización del conflicto de las aguas varios compañeros han sido amenazados de muerte. Por eso en 2017 Amnistía Internacional hizo una campaña mundial que recolectó más de 50.000 firmas para que se garantizaran nuestras vidas.

A mí entre 2012 y 2014 me llevaron 24 veces a cuatro tribunales distintos porque denuncié a quien fue ministro del Interior en el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), que además de ser un funcionario destacado de la Democracia Cristiana era un empresario que desviaba agua para su campo para producir aguacate y cítricos. Lo denuncié en 2012 en una entrevista con CNN y eso me significó 24 comparecencias en tribunales a lo largo de dos años. Finalmente fui condenado, primero a cinco años de cárcel, que luego fueron reducidos a 540 días y después a 61, y finalmente nuestros abogados lograron que me dieran en libertad condicional; tenía que ir a firmar los primeros cinco días de cada mes. También tuvimos que pagar una multa.

Hemos sido agredidos y amenazados de muerte muchas veces. En noviembre de 2019 una investigación publicada en un medio electrónico reveló que éramos blanco de vigilancia de la inteligencia policial. Sin embargo, en respuesta a un recurso de amparo contra Carabineros, en febrero de 2020 la Corte Suprema emitió un fallo donde dice que el seguimiento de que somos objeto no viola derechos constitucionales. Así es Chile en toda su inmunda injusticia.

La conducta de los gobiernos ha sido invariable, más allá del signo político del gobierno de turno. Todos los gobiernos han hecho acuerdos para mantener el modelo privado de aguas porque es un negocio, un negocio que le tributa a la casta política. Cuando salen de su cargo público, los funcionarios pasan a ocupar cargos en los directorios de las empresas que se apropian del agua.

¿Ustedes se sumaron en 2019 a las movilizaciones globales por el cambio climático?

En Chile nos venimos movilizando desde mucho antes. En 2013 tuvimos nuestra primera marcha nacional por la recuperación del agua y la tierra, y desde entonces nos movilizamos cada año el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. También lo hacemos para conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo. Llevamos marchando mucho tiempo. En Chile hay una crisis social, ambiental y de humanidad. Estamos ante la necesidad de salvaguardar derechos humanos que son esenciales para el cumplimiento de los demás derechos. El derecho humano al agua es una condición básica para poder acceder a todos los demás derechos.

También llevamos mucho tiempo movilizándonos para denunciar que el modelo de desarrollo de Chile es profundamente contaminante, profundamente depredador. Tenemos privatizados los recursos del mar: siete familias son dueñas de todos los recursos marinos de Chile. Tenemos cinco zonas de sacrificio, es decir, áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes. Se trata de Coronel, Huasco, Mejillones, Quintero y Tocopilla. Las zonas de sacrificio son no solamente un problema ambiental sino también un problema social, de discriminación contra las comunidades más pobres y vulnerables. Están saturadas de plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, de fundiciones de cobre. Las termoeléctricas son 28: 15 de propiedad estadounidense, ocho francesas, tres italianas, y dos de capitales nacionales. Los habitantes de estas zonas han soportado la emisión de gases tóxicos y metales pesados durante décadas. Nosotros llevamos años movilizándonos en estas zonas en defensa de los bienes naturales comunes.

¿Se han involucrado ustedes en foros internacionales sobre medio ambiente y cambio climático?

Sí, yo mismo me involucré personalmente varias veces. Por ejemplo, en 2014, antes de que me condenaran, estuve en París, Francia, invitado por varias organizaciones de la sociedad civil europeas a un foro sobre defensores y defensoras de derechos humanos, donde me tocó hablar del modelo privado de agua y de tierra. En 2018 fui invitado a Dublín, Irlanda, a un encuentro mundial de defensores de derechos humanos en riesgo. Ese mismo año también fui invitado a un encuentro regional de defensores de derechos humanos en Lima, Perú.

También nos hemos involucrado en foros intergubernamentales como la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2019, Chile iba a ser el país anfitrión de la COP 25, y la movilización mundial por el clima que hubo durante ese año tuvo un eco tremendo en Chile. Obviamente ni el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, proyectado para el mes de noviembre, ni la COP 25, proyectada para los primeros días de diciembre, pudieron realizarse en Chile, porque el gobierno fue completamente desbordado por la movilización popular que se inició a fines de octubre, y porque respondió a ella con violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Varias compañeras nuestras estuvieron en la COP 25 en Madrid, España, y tuvieron la posibilidad de hablar con el juez español Baltasar Garzón y con algunos funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, poco después de este encuentro tuvimos en Chile una reunión con Baltasar Garzón, que fue el juez que enjuició al ex dictador Pinochet y lo hizo detener en Gran Bretaña. Garzón se impresionó muchísimo con el modelo de agua y los relatos de nuestras compañeras. También recientemente estuvimos con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Chile. Nos reunimos con Soledad García Muñoz, la Relatora Especial de la CIDH sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y le presentamos el panorama de Chile y lo que significa vivir privados de agua.

¿Te parece que en foros como la COP hay espacio como para que la sociedad civil tenga voz e influencia?

Yo tengo una opinión crítica sobre la COP. Creo que en general es una feria de vanidades a la que van muchos mandatarios, muchos ministros de Medio Ambiente y Agricultura, a prometerle al mundo lo que no pueden cumplir en sus propios países. Los principales países emisores de gases de efecto invernadero tienen líderes que ya sea niegan el cambio climático o se la pasan hablando sobre el cambio climático pero no parecen tener la menor intención de modificar el comportamiento económico depredador de su país. Los principales países responsables del cambio climático, del calentamiento global, son actualmente los principales detractores de la COP.

Con todo, las cumbres ofrecen un espacio a la sociedad civil, desde donde es posible interpelar a los poderosos, insistir sobre la injusticia climática que afecta a todo el planeta y promover la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que sea viable y económicamente competitivo a la vez que socialmente más justo y ecológicamente más sano. Pero para eso necesitamos nuevos paradigmas: no podemos seguir pensando que hay perspectivas de desarrollo ilimitado en un planeta que cuenta con recursos naturales finitos.

El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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Al cabo de un año signado por la movilización masiva en torno de la emergencia climática, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de los principales desafíos ambientales que enfrentan en sus respectivos contextos y las acciones que han emprendido para hacerles frente. CIVICUS conversa con Rodrigo Meruvia, coordinador general e investigador de la Fundación Gaia Pacha, una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada al cuidado y conservación del medio ambiente. Basada en Cochabamba, Bolivia, Gaia Pacha impulsa iniciativas de investigación, extensión y desarrollo, a partir de la cooperación con otras OSC, universidades, centros de investigación, agencias gubernamentales y empresas.

¿Cuál es el principal problema ambiental en el contexto en que ustedes trabajan?

El tema central es el cambio climático, un fenómeno planetario que está teniendo impactos en todos los niveles, sobre las poblaciones y sus sistemas productivos y alimentarios, y sobrepasa las capacidades locales e institucionales. Entre otras cosas, este fenómeno se refleja en un aumento en la frecuencia y la magnitud de los eventos climáticos y en la profundidad de sus impactos.

Nosotros trabajamos con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades rurales al cambio climático, así como la conciencia de las ciudades en relación con el modo en que los patrones de consumo afectan las visiones de desarrollo de muchas comunidades en el área rural. En ese sentido trabajamos, primero, viendo cómo el cambio climático impacta en zonas de pequeña producción familiar de subsistencia y generando mecanismos para ayudar a aumentar su resiliencia frente al cambio climático. Por otro lado, trabajamos tanto en las comunidades rurales como en las ciudades empoderando a los jóvenes, capacitándolos en temas técnicos pero también de estrategia y liderazgo, para que puedan ser propositivos y generar alternativas en temas tales como la deforestación o la emisión de gases de efecto invernadero. Los alentamos a generar proyectos para sus entornos inmediatos y propiciamos redes y puentes con otras organizaciones de la sociedad civil y la academia, para dar soporte en la implementación de las iniciativas.

Por ejemplo, en este momento estamos trabajando con universidades de Cochabamba en el tema del transporte alternativo, con el objetivo de generar ciclorutas entre los diferentes campus universitarios que hay en la ciudad, para que los jóvenes puedan utilizar la bicicleta como medio de transporte libre de emisiones en condiciones seguras. Para eso se están generando aplicaciones para teléfonos móviles que indican las rutas más seguras y se están estableciendo parqueos para las bicicletas, entre otras cosas. También se está trabajando en la educación de los conductores de automóviles, no solo con la universidad sino también con el municipio y algunas empresas privadas están interesadas en este tema. 

¿Hubo en Bolivia movilizaciones por el cambio climático durante 2019?

Si, en el mes de setiembre, cuando fueron las movilizaciones por el clima a nivel global, se sumaron también las principales ciudades de Bolivia. En Cochabamba, nosotros apoyamos al movimiento de jóvenes, apoyándoles para que pudieran ser ellos quienes lideraran el movimiento por el clima. Los apoyamos a nivel logístico y con respaldo institucional, porque todavía en nuestras ciudades todavía hay una falta de confianza en los jóvenes. Nosotros los impulsamos sin por ello convertirnos en voceros del movimiento. Generamos un proceso de capacitación en diferentes temas para darles los fundamentos y las bases conceptuales, para que pudieran dar cuenta de las razones de la movilización y que no fuera solo ir a una marcha con apenas una consigna. La idea es que fueran multiplicadores de información acertada tanto sobre las causas como sobre los efectos a nivel local del cambio climático global.

Para eso hicimos varios talleres para jóvenes. Capacitamos en forma directa a unos 100 jóvenes, y en forma indirecta hemos llegado después a aproximadamente 1400.

¿La movilización por el clima en Bolivia replicó las demandas globales, o tuvo componentes locales específicos?

En Bolivia, las manifestaciones tuvieron demandas relacionadas principalmente con los incendios forestales que vienen de la mano de la expansión de la frontera agrícola. La principal demanda fue la derogación de las leyes que benefician a la agroindustria, descuidando la protección de los bosques.

La ley boliviana no protege a los bosques, sino más bien al contrario. A mediados de 2019, apenas unos meses antes de los grandes incendios forestales de ese año, el gobierno promulgó el Decreto Supremo 3973, que autorizó el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias de los departamentos de Beni y Santa Cruz, y habilitó las quemas controladas. En otras palabras, la ley da rienda suelta cualquier propietario interesado en expandir su espacio de producción, ya sea ganadera o agrícola. Lamentablemente esta ha sido hasta ahora la posición del Estado, y en nuestra experiencia el hecho de que el gobierno fuera de izquierda o de derecha no ha hecho ninguna diferencia. Más allá de la ideología de partido del gobierno de turno, están los intereses sectoriales de la agroindustria que son mucho más permanentes y amplios, ya que involucran no solo a actores locales sino también a empresas transnacionales.

Creemos que la causa de los incendios es ante todo antrópica, ya que se los inicia para expandir la frontera agrícola. Así se han quemado alrededor de cinco millones y medio de hectáreas. Para dar una idea de las dimensiones del desastre: lo que se ha quemado en las tierras bajas de Bolivia equivale casi a la extensión del territorio de Guatemala. Y no solo se pierde masa boscosa, sino que se degrada todo el hábitat, desaparecen las fuentes de agua de ciertas comunidades y los efectos se extienden más allá de Bolivia, ya que se generan bioclimas y cambian las precipitaciones.

Entendemos que el fenómeno que nos afecta es parte de un problema mayor, que este año se expresó en incendios en la Amazonia brasileña, en países africanos y en Australia. Hay lluvias insuficientes a raíz del cambio climático y los bosques se vuelven mucho más propensos a quemarse. Esto, sumado a las políticas de expansión agrícola, sobre todo para sembrar soja (que además es transgénica), vuelve a estos lugares mucho más vulnerables. Las consecuencias las padece no solamente la población que vive en el territorio donde suceden estos incidentes, que es afectada en forma directa, sino también la población en general.

En paralelo con esto, enfatizamos también el tema de la deforestación urbana. En Cochabamba tenemos aproximadamente 200 muertes por año a causa de problemas respiratorios. Es una de las ciudades con el aire más contaminado en Latinoamérica, así que este también fue uno de los pedidos específicos de nuestras movilizaciones, más allá de que nos sumamos al llamado global a la acción definitiva y efectiva por parte de los gobiernos.

¿Han tenido la experiencia de participar en procesos internacionales relacionados con el cambio climático?

Hemos participado desde el nivel local preparando a jóvenes para que pudieran tomar parte de los procesos internacionales de negociación, principalmente en las reuniones de a COP, la Conferencia de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Comenzamos haciendo una convocatoria en diversas instituciones que trabajan con jóvenes, y haciendo un diagnóstico para identificar quiénes estaban preparados y comprometidos para abordar el tema del cambio climático, y luego fuimos haciendo selecciones en función de los temas que íbamos trabajando. Dimos talleres en temas que iban desde el abordaje conceptual y técnico del tema del cambio climático hasta la gestión de proyectos medioambientales, pasando por las características del proceso de negociación, las estrategias para participar, y entrenamiento para expresarse de manera adecuada dentro de estos eventos. Fue un proceso largo pero dio muy buenos resultados, porque ya tenemos líderes en los nueve departamentos que están capacitados para ir a debatir y mostrar al mundo las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en Bolivia.

Lamentablemente, el cambio de último momento de la sede de la COP 25 a España – ya que no pudo realizarse en Santiago de Chile dado el contexto de protestas y represión - nos desinfló, porque teníamos una buena preparación y un posicionamiento muy fuerte que no pudimos llevar al evento. Esto nos afectó no solamente en Bolivia, sino más en general a nivel de Latinoamérica, donde se estaba preparando algo muy grande para compartir en Chile. El cambio de sede y la poca anticipación con que fue decidido nos complicó mucho en términos económicos y logísticos. En el caso de Bolivia se sumaron también los problemas resultantes de los recientes conflictos sociopolíticos, y todo esto impidió que nuestra estrategia ante la COP se hiciera efectiva.

Sin embargo, no queremos desaprovechar la motivación existente y el trabajo de construcción que se ha hecho a lo largo de aproximadamente un año y medio, y seguimos trabajando en la preparación de líderes jóvenes. Nuestro objetivo es apuntalar la capacidad de los jóvenes para generar propuestas e iniciativas, tanto a nivel técnico como a nivel político, no solo en sus regiones sino también en espacios internacionales.

¿Crees que lo decepcionante de los resultados de la COP 25 estuvieron vinculados con la ausencia de muchos actores que estaban preparados para influir sobre la agenda pero no pudieron participar?

Pienso que sí. Sin desmerecer el trabajo que hicieron los países y las organizaciones que sí participaron, creo que acabó siendo un evento muy improvisado, y que si se hubiese hecho en Chile como estaba planeado, los resultados podrían haber sido un poco más significativos y positivos gracias a la presencia e interlocución de los jóvenes. Bolivia iba a contar por primera vez con la participación de un grupo de jóvenes reconocidos por el Estado que iban a llevar el mandato de un proceso colectivo desarrollado en los nueve departamentos del país a lo largo de cuatro o cinco foros previos.

Sin embargo, intentamos tomar este revés con una actitud constructiva, y aprovecharemos el tiempo extra que tendremos para prepararnos. Entretanto ya contamos con estos jóvenes que están en condiciones de ir a expresar sus demandas y propuestas adonde sea necesario, ya sea en Inglaterra, donde tendrá lugar la COP 26, como en cualquier otro evento internacional que se presente.

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CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

En todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

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CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones españolas con Núria Valls, presidenta de La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, una plataforma que integra a 29 organizaciones de la sociedad civil de 17 países de Iberoamérica, especializadas en desarrollo humano, social y comunitario. Legalmente constituida en España, la Liga Iberoamericana lleva 20 años trabajando en temas de niñez, juventud, educación y trabajo con una perspectiva de derechos humanos, a través del asesoramiento a gobiernos, el monitoreo y la evaluación de programas y la integración de redes y la incidencia en política pública a nivel local, nacional e internacional. 

¿A qué se debe la inestabilidad política que llevó a España a celebrar dos elecciones en 2019?

La desafección generalizada respeto del sistema político que se constituyó después de la transición de la dictadura a la democracia en los años ‘70 conllevó un deterioro importante de los dos partidos tradicionales, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). Estos partidos políticos estaban muy acostumbrados al bipartidismo y a gobernar con amplias mayorías. Cuando aparecieron otros partidos en el escenario se volvieron necesarios los pactos y coaliciones, que hasta entonces solo se habían dado en el ámbito local. Se hizo necesario incluir a partidos más minoritarios y a los partidos nacionalistas de las periferias del país, lo cual no siempre comporta buenos réditos electorales.

Además, el conflicto político en Cataluña había radicalizado las posiciones de los partidos de alcance estatal, que entraron en una especie de “carrera” para demostrar quién es más español. Incluso los partidos de izquierdas no se atreven a tener un discurso de reconocimiento de las pluralidades nacionales en España porque los medios de comunicación, especialmente los de la capital, Madrid, los critican de forma agresiva.

En las primeras elecciones de 2019, celebradas en mayo, el PSOE se sintió incómodo pactando con los partidos de izquierdas e independistas, que habían apoyado la moción de censura para cambiar el gobierno conservador del PP. A esto se sumaron los egos personales de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos, la coalición de izquierda conformada en 2016 por el movimiento político Podemos y varias fuerzas políticas más, que hicieron imposible un pacto en ese momento.

El PSOE hizo una mala lectura de las encuestas y creyó que unas segundas elecciones le darían la mayoría, y por lo tanto la posibilidad de gobernar en solitario. Ante las elecciones de noviembre la gente se enfadó porque interpretó que a causa de los egos personales de sus líderes los partidos no habían hecho su trabajo, y en cambio nos habían hecho perder tiempo y dinero. Todo ello profundizó aún más el desprestigio de la política.

¿Piensas que el partido de extrema derecha Vox se benefició de esta situación?

Vox es uno de los partidos que más se ha beneficiado de estas segundas elecciones. Dobló su cantidad de votos y pasó a ser el tercer partido más representado, con 52 escaños, detrás de los dos partidos mayoritarios.

Tradicionalmente en España se consideraba que no había extrema derecha porque el PP aglutinaba a toda la derecha. Pero Vox emergió con mucha fuerza, con un discurso franquista, agresivo, anti-derechos humanos y, por supuesto, presentándose como garante de la unidad de España frente a los separatismos. De hecho, la gestión de la situación de Cataluña ha sido un caldo de cultivo para la aceptación de discursos cada vez más de derechas, justificados en la necesidad de preservar la unidad de España.

Otro resultado electoral para analizar es que el partido “liberal” Ciudadanos, que no hace mucho pensaba que tenía opción a gobernar, prácticamente desapareció dado lo magro de sus resultados. Ciudadanos había centrado su discurso en el conflicto territorial y en la unidad de España. Los votantes que priorizaban este tema prefirieron a Vox, que tiene una postura más radical.

A pesar de los buenos resultados obtenidos por Vox, las izquierdas ganaron las elecciones y esta vez sí rápidamente, en apenas 24 horas, se forjó el pacto entre el PSOE y Unidas Podemos, que anteriormente había sido imposible. La ciudadanía no entendió por qué lo que hacía unos meses había sido imposible ahora era posible. Pero lo importante es que se priorizó formación de un gobierno frente a la sensación de inestabilidad y parálisis de los últimos años. Ante este pacto amplio de los partidos de izquierdas, la derecha reaccionó con discursos muy agresivos, fuertemente enraizados en el franquismo.

Finalmente se logró, gracias a la abstención de los independentistas catalanes, formar un gobierno. No le va a ser fácil gobernar, pero promete ser una experiencia muy interesante y con posibilidades de generar cambios. Será un gobierno muy amplio, con 22 carteras ministeriales, en el que resalta la paridad de género.

¿Cómo caracterizarías a Vox como fuerza política y como tendencia ideológica?

Vox es un partido de extrema derecha que no esconde su discurso xenófobo, anti-derechos humanos y con dos objetivos fundamentales: la unidad y centralización de España y la eliminación de las políticas de género.

Es un fenómeno preocupante que no solamente se está dando en España. Los partidos de ultraderecha surgen en momentos de frustración de la población ante las desigualdades económicas y sociales en un mundo globalizado. Hay un movimiento internacional – que se extiende por Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y muchos otros países - que pone el foco en estigmatizar y criminalizar la migración y la llamada “ideología de género”. Y habría que analizar el apoyo a estos discursos por parte de algunas congregaciones religiosas.

Estos partidos utilizan las reglas de juego de la democracia para promover una ideología anti-derechos humanos. Es paradójico que la democracia, que nace bajo los valores de la participación y del respeto de los derechos, sirva en estos momentos para fortalecer y fomentar una ideología totalmente opuesta a esos valores.

¿Cómo ocurrió este giro a la derecha tan solo unos años después de que tanta gente se movilizara con reclamos de justicia económica y social?

Un elemento de este giro tiene que ver con el enfado de una parte de la población con la política. La corrupción de los partidos ha tenido un gran impacto en la sociedad, que piensa que los políticos solo están en política para enriquecerse. No hay una concepción de la política en sentido amplio bajo el concepto del bien común.

En particular, hay un sector de jóvenes que ven su futuro muy difícil, con muy pocas expectativas y que piensan que votar a Vox es una opción antisistema. Es el voto de los que piensan que la migración les va a quitar el trabajo y los recursos del estado y que las políticas de género son exageradas. Vox utiliza muy bien las redes sociales con mensajes directos y muchas veces basados en falsedades, pero que van calando en la población.

El conflicto territorial de España con Cataluña también ha sido un catalizador de este enfado. El mensaje de “A por ellos” con los que se despedía a los policías del resto de España que iban a Cataluña para evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017, y que después fue reforzado por el mensaje del Rey, despertó un sentimiento anti-catalán. El bloque de derechas, y especialmente Vox, se ha apropiado la defensa de la monarquía frente a los partidos de izquierdas republicanos.

Desde la sociedad civil, ¿cómo se está viviendo este proceso? ¿Piensas que el espacio para la sociedad civil se está degradando en España?

A la sociedad civil organizada nos ha cogido un poco desprevenidos. Por una parte, no creíamos que el apoyo electoral a Vox fuera tan fuerte, y por otra parte hemos tenido un debate sobre si debíamos responderles, y por tanto darles más repercusión mediática, o si lo mejor era ignorarlos. Predominó la segunda opción, también entre los partidos políticos. Y la estrategia de ignorarlos contribuyó al aumento de los votos de Vox. No hubo nadie que respondiera a sus expresiones de forma contundente y con argumentos claros.

Ahora el debate de la sociedad civil gira en torno de la necesidad de defender de forma clara y contundente los derechos humanos y contestar cualquier expresión que vulnere o estigmatice a cualquier colectivo.

En los territorios donde está gobernando junto con el PP y Ciudadanos, tales como Andalucía, Madrid y Murcia, una de las primeras acciones de Vox ha sido presionar para que se acaben las ayudas a las organizaciones que trabajan con mujeres o con colectivos vulnerables.

Estamos en un momento de riesgo de retroceso en las libertades y por tanto es necesario trabajar más unidos que nunca como sociedad civil. Hay que desarrollar una estrategia de comunicación clara para llegar a toda la ciudadanía. Muchas veces desde la sociedad civil estamos muy encerrados en nosotros mismos y nos cuesta llevar nuestro mensaje más allá de nuestro círculo.

Otra estrategia de la derecha, especialmente de Vox y el PP, es utilizar la justicia para dirimir desacuerdos políticos. Gran parte de la justicia en España todavía está muy ideologizada, ya que sigue habiendo muchos jueces conservadores, herederos del régimen franquista. Como consecuencia ha habido muchas sentencias en contra de la libertad de expresión en las redes, incluida la censura de temas musicales. Y también ha habido muchas personas condenadas por manifestarse públicamente, especialmente en Cataluña.

¿Cómo ha evolucionado la situación de Cataluña desde el referéndum de 2017?

El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue un acto de empoderamiento de una parte de la población catalana que participó de forma muy activa, con un importante sentimiento colectivo de desobediencia civil, para conseguir un futuro mejor frente un estado que hizo todo lo posible para que no se celebrara. La violenta represión estatal durante el referéndum y las fechas posteriores incrementaron el sentimiento colectivo de una parte importante de la población a favor de la independencia, y especialmente a favor del derecho a decidir mediante elecciones.

A partir del referéndum, la represión contra los independentistas catalanes se incrementó, y el estado hizo uso de toda su maquinaria policial y judicial. Además, puso en marcha el artículo 155 de la Constitución, que dota al estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan obligaciones constitucionales o legales o atenten gravemente contra el “interés general” de España. Mediante el artículo 155 se suspendió la autonomía de Cataluña desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 2 de junio de 2018, cuando se celebraron nuevas elecciones regionales. Esto supuso prácticamente un año de paralización política, financiera y administrativa en Cataluña.

Anteriormente, el 16 de octubre del 2017, los líderes de las dos entidades civiles independentistas catalanas más representativas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, habían sido encarcelados por mediar en una manifestación espontánea y pacifica delante de un edificio de la Generalitat, el gobierno catalán, donde la policía estaba haciendo un registro. Se les encarceló preventivamente, sin posibilidad de salir en libertad antes del juicio.

A partir de estas detenciones aumentó la represión judicial hacia el gobierno de Cataluña, que culminó con la detención del vicepresidente y cinco ministros del gobierno más la presidenta del Parlamento de Cataluña, todos los cuales fueron puestos en prisión preventiva antes del juicio. Por su parte, el presidente de la Generalitat se exilió en Bélgica junto con cuatro ministros más, y dos políticas se exiliaron en Suiza. El gobierno de España hizo declaraciones afirmando que había descabezado al movimiento independentista.

Todo este proceso judicial y represivo complicó aún más la situación política en Cataluña. La sentencia del 14 de octubre del 2019, que condenó a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión, por un total de 100 años, hizo estallar nuevas protestas callejeras.

A diferencia de todas las manifestaciones independentistas desde 2012, estas últimas protestas provocaron muchos disturbios y fueron enfrentadas con represión policial. Además, los jóvenes fueron protagonistas y adoptaron una actitud más radical frente a la represión. En ese contexto surgió el movimiento anónimo Tsunami Democrático. Inspirado en las protestas de Hong Kong, este movimiento convoca a través de las redes sociales a grandes movilizaciones pacíficas en diversos sitios, como la frontera o el aeropuerto. La policía ha intentado descubrir quien está detrás, pero es un momento de empoderamiento colectivo de la sociedad civil independentista.

En la actualidad, tras las últimas elecciones en España donde el PSOE y Unidas Podemos necesitaron la abstención del partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña para poder hacer gobierno, el panorama es otro. El gobierno se ha comprometido a hacer una mesa de diálogo con el gobierno de Cataluña y a llevar los acuerdos de esta mesa a la votación de la ciudadanía. No va a ser fácil porque los partidos de derecha, utilizando los recursos judiciales a su alcance, están intentando boicotear este proceso. Hay que hacer un esfuerzo para buscar una solución para los presos independentistas que facilite una solución política y pacífica y permita iniciar un proceso de diálogo real.

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CIVICUS conversa con Juan Antonio Blanco, director del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto autónomo de la sociedad civil apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El Observatorio es una plataforma proactiva de la sociedad civil para promover cambios no violentos, y combina el análisis riguroso de la conflictividad con la capacitación y el empoderamiento de la ciudadanía para que reclame por sus derechos.

Protesta exitosa en el barrio de El Cerro, La Habana, en reclamo de la restauración de los servicios de luz y agua, 13 de septiembre de 2017.

El CIVICUS Monitor califica al espacio para la sociedad civil – el espacio cívico - en Cuba como ‘cerrado’, indicativo de un régimen de control total donde es difícil imaginar siquiera la existencia de protestas. ¿Coincides con este diagnóstico?

Absolutamente. Cuba es una sociedad cerrada, anclada en el estalinismo no solo en lo político sino también en lo económico, ya que el estado asfixia o bloquea las iniciativas y el talento emprendedor de la ciudadanía, lo cual se conoce como “bloqueo interno”. El estado niega la autonomía individual y aplasta toda asociación independiente para mantener a la sociedad balcanizada. Así cree poder asegurar el control estatal sobre la conducta ciudadana.

En la década del noventa del pasado siglo, tras caer la Unión Soviética, era evidente que Cuba tendría que hacer una transición para sostenerse. El ecosistema geopolítico que la sustentaba con infinitos y masivos subsidios se derrumbó junto con el comunismo del Este de Europa. Todos pensamos, y no porque creyésemos que era el llamado “fin de la Historia”, que la única transición posible era hacia alguna modalidad de sociedad abierta, democracia política y economía de mercado. Podía ser más o menos socialdemócrata o liberal, pero siempre apoyada en esos pilares. Algunos intentamos empujar esa transición desde posiciones reformistas. Nos equivocamos.

Al final, la transición que ocurrió no fue la que preconizaba el marxismo hacia el comunismo, ni la de Francis Fukuyama al estado liberal y la sociedad de mercado. Fue hacia el estado mafioso transnacional. No se trata de endilgarle otra etiqueta peyorativa; es la realidad que arroja el análisis de los cambios ocurridos en la estructuración del poder y las clases sociales, los instrumentos de dominación y los mecanismos de creación y distribución de riquezas. Ha ocurrido un verdadero cambio en el ADN del régimen de gobernanza.

El poder real está hoy más alejado que nunca del Partido Comunista de Cuba y ubicado en una cúpula inasible que representa menos del 0,5 % de la población, en un país que ha roto incluso con la ideología del pacto social comunista que vendía la idea de sumisión basada en el compromiso con derechos sociales básicos a cambio de la supresión de todos los demás.

A comienzos de 2019 se dio un proceso de reforma constitucional, pero este no generó ningún cambio significativo en materia de apertura del espacio cívico. Se proyectó externamente una imagen de cambios que contrasta con la realidad interna de estancamiento. Algunas frases colocadas en un discurso o en la propia nueva Constitución han servido para alimentar eternas esperas de que los líderes – que la ciudadanía no controla – se iluminen por sí solos y generen el cambio necesario. Así distraen también la atención de la opinión pública internacional de la monstruosidad nacida de la colusión con Venezuela.

¿Cómo calificarías las actuales condiciones para el ejercicio de la protesta en Cuba? ¿Existe más espacio para la presentación de demandas que no son vistas como políticas?

No hay mayor espacio político, legal, ni institucional para el ejercicio de la protesta, pero la ciudadanía está creándolo con su praxis. Todos los derechos que proclama la Constitución están subordinados a la normatividad que establecen leyes y regulaciones complementarias. Al final, la Constitución no es la “Ley de Leyes”, sino un texto sometido a las restantes leyes y normas. Un ejemplo de ello es el Código Penal, que contiene el concepto fascista de “peligrosidad predelictiva” por el cual una persona puede pasar hasta cuatro años en la cárcel sin haber cometido un delito. Sin embargo, la conflictividad y las protestas se han incrementado.

El gobierno ha cambiado sus tácticas represivas respecto de los opositores políticos para proyectar una imagen más benévola hacia el exterior. En lugar de largas condenas de cárcel hay miles de detenciones arbitrarias de corta duración. En vez de hacer actos de repudio frente a un local de reuniones ahora paralizan la reunión antes de que suceda, deteniendo a los activistas en sus casas. En lugar de negarle el pasaporte o condenar a cárcel a un activista por haber asistido a una reunión en el exterior, ahora le impiden montarse en el avión. Si llevan a un opositor a juicio no lo hacen ya sobre la base de acusaciones de subversión política sino por supuestamente haber cometido un delito común o ser socialmente “peligroso”.

Por otra parte, los ciudadanos cubanos – más de la mitad de los cuales viven actualmente en condiciones de pobreza según respetados economistas radicados en la isla – tienen urgencias existenciales que se agravan y no pueden esperar por un cambio de gobierno o de régimen para resolverlas. En otro contexto serían “problemas personales”, pero en un régimen de gobernanza estatista, que hace depender todas las soluciones de las instituciones estatales y bloquea toda solución autónoma, sea de la ciudadanía o del sector privado, se convierten en conflictos sociales y económicos de los ciudadanos contra el estado.

En este punto es necesario establecer una diferencia entre oposición y disidencia. Opositores son aquellos que asumen de forma abierta, ya sea individual o colectivamente, una postura contestaria y política al gobierno. El disidente, por su parte, es quien siente un profundo malestar e inconformidad con el régimen de gobernanza porque bloquea sus necesidades básicas y sueños de prosperidad. El disidente social tiende a no manifestarse de forma pública si no cree que con eso va a lograr que le concedan alguna demanda concreta. Pero si su situación es angustiosa pasa – a menudo de forma espontánea – de la queja y el lamento privados a la protesta pública.

En los últimos dos años se han incrementado de manera notable las protestas por motivos sociales y económicos que no pueden ampararse legalmente en un inexistente derecho de manifestación pública, pero que el estado ha preferido en muchos casos apaciguar antes que enfrentar con la fuerza. Dado el nivel de deterioro de las condiciones de vida – y de la aún más deteriorada legitimidad de las autoridades y de la ideología oficial comunista –, la sociedad cubana asemeja una pradera seca que cualquier chispa puede incendiar.

La dominación de la elite de poder ha estado basada más en el control de la psicología social que en los propios recursos del aparato represivo. Después del Gran Terror de los sesenta, setenta y ochenta, con un paredón de fusilamiento que no cesaba y condenas de 30 años por cuestiones insignificantes, tres generaciones han sido educadas en la falsa premisa de que “esto no hay quien lo pueda tumbar ni arreglar”. Esa ha sido la idea fuerza de una pedagogía de la sumisión que ahora ha entrado en crisis.

¿A qué se debe ese cambio?

Los factores que más han incidido en el actual cambio de perspectiva y actitud ciudadana han sido, por una parte, el quiebre del monopolio de la información por las nuevas tecnologías digitales, la muerte del caudillo y el traspaso gradual de poder a personas sin legitimidad histórica para justificar sus incompetencias. Por otra parte, el agravamiento acelerado de las condiciones de vida y de toda la infraestructura del país convierte la cotidianidad en un cerco de penurias. Colapsan los sistemas de salud y educación, el abastecimiento de alimentos, medicinas, gas de cocinar y gasolina, el servicio de transporte. Pero también colapsan cientos de edificios multifamiliares y la gente pierde su tiempo reclamando, esperando por años una nueva vivienda o la reparación de la que tenían. Muchos también pierden la vida entre los escombros del derrumbe.

En ese contexto el disidente social, hasta entonces latente y silencioso, sale a la luz pública a manifestar su descontento y exigir sus derechos básicos sociales. Reclama ni más ni menos que el derecho a la dignidad, a condiciones dignas de existencia. Y no son miles como los opositores, son millones. No hay suficientes calabozos para tanta gente.

¿Cómo surgió el Observatorio Cubano de Conflictos?

El Observatorio Cubano de Conflictos es una idea surgida en Cuba de un grupo de mujeres que antes habían creado el Movimiento Dignidad. Al nacer, este movimiento tenía como misión denunciar las leyes de peligrosidad predelictiva (es decir, leyes que permiten a las autoridades acusar y detener gente considerada proclive a cometer delitos, e imponerles sentencias de hasta cuatro años de prisión) y los abusos en el sistema penitenciario contra los presos de cualquier categoría, fuesen políticos o no.

Desde un inicio fue un proyecto innovador. No se concibió a sí mismo como organización ni partido político, sino como un movimiento, fluido y sin jerarquías, descentralizado totalmente en sus acciones, sin una ideología que resultara excluyente de otras.

Esas mujeres recogieron por dos años información sobre las cárceles y acerca de la aplicación de las leyes de peligrosidad predelictiva. Su trabajo dentro de Cuba permitió elaborar informes al Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Ellas ponen la letra “D” (de dignidad), que identifica identifica su movimiento, en lugares públicos como recordatorio para la policía política de que no ha podido aplastarlas.

Sin embargo, la misión original del Movimiento Dignidad era demasiado puntual para un movimiento que llevaba por nombre un concepto tan amplio. La lucha del ciudadano cubano hoy es primordialmente por condiciones dignas de vida, por el respeto integral a su dignidad humana. Así fue como el Movimiento Dignidad amplió su misión para, sin abandonar su objetivo inicial, apoyar también a grupos de ciudadanos en sus demandas sociales y económicas. Para combatir la psicología de la sumisión y sustituirla por otra basada en la idea de que se puede luchar y vencer, el Movimiento Dignidad tiene hoy un instrumento específico: el Observatorio Cubano de Conflictos.

¿Podrías contarnos cómo trabaja el Observatorio?

La filosofía en que se basa el Observatorio es que la vida no se debe malgastar esperando un milagro o dádiva de los poderosos; hay que ganar cada día batallas al statu quo. En tan solo un año hemos acompañado exitosamente a una treintena de conflictos sociales de diverso tipo que llevaban décadas sin resolverse y en los que se lograron las concesiones solicitadas al estado.

Lo más significativo ha sido que cuando las autoridades se dieron cuenta de que esos ciudadanos estaban listos mentalmente para pasar a manifestaciones públicas de protesta decidieron concederles lo que reclamaban, para prevenir la explosión y adjudicarse el resultado, aunque éste nunca se habría alcanzado sin la presión ciudadana. Prefirieron una solución win-win puntual al peligro de contagio viral de las protestas en una población harta de promesas incumplidas. Cada victoria popular demuestra a la población que el camino es protestar y exigir, no rogar y esperar.

El método es sencillo: generar un reclamo colectivo con un número crítico de peticionarios que se identifiquen y lo suscriban; y enviar negociadores a solicitar una solución, aclarando que no se aceptarán respuestas negativas, dilatorias o que no identifiquen a la persona responsable de su implementación. De forma paralela se filtra la información a las redes sociales y medios digitales especializados en el tema de Cuba. Ese es el camino a recorrer por las vías establecidas de forma constructiva. Lo nuevo aquí es que se hace saber que si no se llega a un acuerdo y se verifica su implementación, hay disposición a asumir acciones públicas no violentas de diverso tipo.

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En octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Nicole Romo, directora del área de Políticas Públicas de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, una red de más de 200 organizaciones de la sociedad civil de Chile que trabajan para combatir la pobreza y la exclusión. En conjunto, las organizaciones miembros trabajan con más de 900.000 usuarios y cuentan con unos 11.000 trabajadores y más de 17.000 voluntarios.

¿Por qué estalló la movilización en Chile, y qué hizo que las protestas escalaran como lo hicieron?

El estallido social en Chile se produjo luego de décadas en que se fue profundizando un modelo de desarrollo que se concentró en generar riquezas, las cuales fueron distribuidas por años sin equidad y justicia. Se profundizaron políticas sociales individuales, cortoplacistas y asistencialistas que dañaron profundamente la cohesión social y el sentido comunitario y colectivo del bienestar, políticas de vivienda que segregaron a los chilenos en territorios “de ricos” y territorios “para pobres” donde el acceso a bienes y servicios también quedó distribuido de la misma manera, un sistema de pensiones que tiene como consecuencia un grave empobrecimiento en la vejez, falta de acceso a la salud de manera oportuna y con adecuados estándares de calidad, y un sistema de educación que también segrega y otorga oportunidades diametralmente distintas a ricos y pobres.

En este contexto, la frase “no son treinta pesos, son treinta años”, que se escuchó mucho en las protestas, explica muy bien el sentir de la ciudadanía, puesto que si bien este movimiento social comenzó con la evasión masiva del pago del transporte público por parte de los estudiantes (tras un alza de 30 pesos chilenos) el verdadero malestar se ha acumulado por más de 30 años, y a pesar de reiteradas manifestaciones por diversas demandas sociales, nunca había sido escuchado y ni siquiera visibilizado. El estallido social del 18 de octubre de 2019 es la acumulación de un rechazo estructural hacia el gobierno y la forma de gobernar de todas las décadas anteriores.

¿Qué actitud han tomado la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil en relación con la protesta?

La movilización nacional que estamos viviendo ha dejado en evidencia de manera nítida que tenemos dos Chiles habitando en un mismo territorio, dos Chiles que no se conocen y no se encuentran. Esta división expresa brutalmente la diferencia en la calidad de vida entre quienes tienen privilegios y quienes no los tienen. Nuestro país se pasó las últimas décadas convenciéndose de que los logros están basados en el mérito individual, que solo el esfuerzo de cada cual es garantía de movilidad social, cuando en realidad y en base a diversos estudios eso no es cierto en absoluto.

Frente a esto, los datos de distintas encuestas muestran una alta aprobación de la ciudadanía hacia las demandas sociales. Sin embargo, lo que genera una mayor división son los actos de violencia, y especialmente aquellos que han afectado infraestructura pública y privada, como saqueos, la destrucción de comercios y la quema de locales comerciales y otros tipos de servicios, así como la violencia de los agentes del Estado que han cometido reiteradas violaciones de derechos humanos.

¿Cómo ha reaccionado el gobierno ante las protestas?

El gobierno ha tenido un cuestionable manejo de este conflicto, con el foco puesto principalmente en la agenda de seguridad, criminalizando la protesta, con una agenda legislativa centrada en la sanción de la protesta, lo cual revela que no se ha comprendido la naturaleza de la movilización nacional, como tampoco sus demandas y urgencias.

La agenda social propuesta por el gobierno es débil. No apunta a generar cambios radicales en la estructura existente, que profundiza la inequidad y no garantiza los derechos de todas las personas. Los avances y contenidos de la agenda social liderada por el gobierno no están a la altura de las demandas y de la urgencia de ‘estas. Sus numerosas iniciativas y medidas suponen mejoras acotadas, necesarias pero que no tocan la estructura que genera las inequidades en nuestro país; por lo tanto, no hacen sino duplicar la misma política pública cortoplacista que no está basada en un enfoque de derechos y se centra en el individuo más que en las necesidades de miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad.

Los últimos informes hablan de decenas de muertos y centenares de heridos. ¿Podrías describir el alcance de la represión y de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas?

Desde que comenzó el estallido social en Chile se han registrado numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. Estas violaciones han sido denunciadas por organismos nacionales e internacionales, pero el Estado ha tendido a relativizarlas.

Para nosotros es fundamental reiterar que en todo momento debe haber un respeto irrestricto de los derechos humanos, y que cada caso de violación debe ser investigado y debe haber sanciones y reparación para cada una de las víctimas. La sociedad civil es clave en el seguimiento y la vigilancia de estos procesos, para garantizar que sean transparentes y resulten en la asunción de responsabilidad por parte del Estado.

Los datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos indican que en el 48% de los casos observados de detenciones, las personas detenidas se estaban manifestando pacíficamente (más allá de que estuvieran o no ocupando la calzada). Asimismo, se utilizaron gases en forma indiscriminada en el 56% de los casos observados, y en el 60% de los casos observados se apreció falta de gradualidad en el uso de fuerza, que sobrevino sin previo aviso y en ausencia de diálogo. Se registraron en los hospitales 2.727 casos de personas adultas heridas, así como 211 casos de niños, niñas y adolescentes, y 241 personas resultaron con lesiones oculares. También se constató una serie de violaciones de derechos humanos contra las personas detenidas y retenidas en comisarías. La más frecuente de estas fue el uso excesivo de la fuerza durante la detención, con 751 casos. En total, se registraron 190 casos de acoso o violencia sexual, 171 de ellos correspondientes a desnudamientos.

¿Cómo han respondido la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil ante la represión estatal y las violaciones de derechos ocurridas durante las protestas?

Hemos respondido sin miedo. Ciudades completas han gritado sin miedo en protesta por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos meses. Muchísimas personas han levantado material testimonial para visibilizar el nivel de exposición y violencia en que se encontraron durante las protestas.

Desde la sociedad civil la respuesta ha sido variada, pero en general todas las organizaciones han llamado a la no violencia, a la generación de nuevos espacios de diálogo y de encuentro conducentes al fortalecimiento de una sociedad con mayor justicia social y equidad. Sin lugar a dudas, la sociedad civil tomó un lugar preponderante, incitando a estos espacios de encuentro y ayudando a relevar las demandas ciudadanas. Lo hizo a través de la creación de una gran red de redes llamada Nuevo Pacto Social, que reúne a más de 600 organizaciones de la sociedad civil que han trabajado incansablemente por la búsqueda de soluciones reales a las demandas de fondo.

Desde la Comunidad de Organizaciones solidarias sostenemos el principio de no violencia y desde el primer día del estallido social manifestamos la necesidad de respeto irrestricto hacia los derechos humanos. Si bien nuestro ámbito de acción es otro, creemos que este estallido visibilizó la urgencia de reestructurar las fuerzas policiales. Creemos fielmente en los datos entregados desde el Institución Nacional de Derechos Humanos, y sabemos que su trabajo es consciente y riguroso, al igual que el informe entregado por Amnistía Internacional, por lo que, como organizaciones de la sociedad civil, apoyaremos desde nuestro ámbito de acción todas las acciones tendientes a la reparación de los derechos vulnerados durante el estallido social.

¿Qué medidas inmediatas debería tomar el gobierno de Chile para superar esta crisis? ¿Qué chances hay de que ello ocurra y se alcance una solución duradera?

Una salida duradera requeriría de un proceso largo de construcción y cambios, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

Las medidas de corto plazo y mediano plazo tienen relación con la agenda social, que tiene tres dimensiones. La primera es la mejora de la calidad de vida a través de medidas en temas tales como salud, educación y pensiones. La segunda dimensión abarca medidas para terminar con los abusos de las élites económicas y políticas y cerrar las brechas de aplicación de justicia ante delitos cometidos por integrantes de la élite económica y ciudadanos comunes, quienes enfrentan sanciones completamente distintas: “clases de ética” para los primeros y cárcel efectiva para los segundos. La tercera dimensión refiere a la recaudación de los recursos que el Estado necesita para llevar adelante una agenda social profunda y contundente. Chile requiere una reforma tributaria que permita aumentar la recaudación y de un sistema con mayor eficiencia en la gestión.

El eje de largo plazo pasa por el proceso constituyente, cuyos principales hitos ya están establecidos: plebiscito de entrada, elección de representantes, plebiscito de cierre. Sin embargo, aún no se han logrado condiciones que garanticen una participación transversal y representativa, paridad de género, cuotas para minorías y candidaturas independientes. Sin estas condiciones, la legitimidad del proceso constituyente se verá severamente debilitada.

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En octubre de 2019 estallaron en Chile protestas protagonizadas por estudiantes, inicialmente en rechazo de un aumento en el precio del transporte, que rápidamente escalaron hasta convertirse en multitudinarias manifestaciones en reclamo de cambios estructurales, y fueron ferozmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. CIVICUS conversa sobre las protestas con Soledad Fátima Muñoz, activista chilena y fundadora del programa de mentoría y festival feminista Current Symposium.  (Foto de Kati Jenson)

¿Cómo fue que lo que empezó con un pequeño aumento en el precio del boleto del metro se convirtió en una movilización de dimensiones sin precedentes?

Lo primero que hay que aclarar es que esto no se debe tan solo a un aumento del precio del boleto del metro, ni tampoco es una protesta aislada. Las movilizaciones en contra de los abusos derivados del sistema neoliberal han sido constantes en Chile durante años. Entre ellas se destacaron las protestas masivas contra el sistema de pensiones privatizadas, contra el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica y contra la Ley de Pesca, las protestas feministas y del movimiento impulsado bajo la consigna “Ni Una Menos”, las movilizaciones por la deuda histórica con los profesores, las protestas estudiantiles en 2006 y 2011, y las recientes movilizaciones de alumnos en contra de la llamada Ley de Aula Segura. A esto se le suma la indignación por la represión estatal sistemática de los pueblos originarios en Wallmapu, las muertes de Camilo Catrillanca y Macarena Valdés, y el encarcelamiento de la Machi Francisca Linconao y el Lonko Alberto Curamil, entre otros presos políticos. En combinación con el descontento generacional ante la impunidad de los culpables de las torturas, desapariciones y homicidios de miles de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet, esto produjo un ambiente propicio para un despertar ciudadano de dimensiones históricas. Tras años de abusos, el pueblo chileno despertó y quiere una nueva constitución, ya que la actual fue creada durante la dictadura y está diseñada para promover la desigualdad social.

La gran diferencia entre la protesta actual y todas las anteriores pasa por las acciones del gobierno de Sebastián Piñera, que declaró el estado de emergencia y el toque de queda, y con ello desató una represión de Carabineros y militares contra el pueblo chileno que solo es comparable con los crímenes perpetrados durante la dictadura.

Las protestas no tienen un único ente organizador ni una consigna política específica, sino que hay muchas iniciativas independientes que hacen llamados a reunirse y manifestar, a través de las redes sociales o por distintos canales de información independiente. Algunas de las demandas generalizadas reclaman el llamado a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. También se reclama una estatización de los servicios básicos y la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos el cobre, el litio y el agua. Hay también demandas de democracia directa y plebiscitos vinculantes, penalización de la corrupción político-empresarial, reivindicación de los pueblos originarios y respeto de la soberanía plurinacional del territorio, y salud, educación y pensiones dignas. A ello se suman algunas demandas más específicas, tales como el aumento del salario mínimo a $500.000 (unos 650 dólares estadounidenses), la reducción de los sueldos de los legisladores y el alza de los impuestos a los más ricos.

Estos fueron los reclamos por los cuales empezó el movimiento, pero ante la represión desmedida del Estado, la ciudadanía hoy pide también la renuncia y el enjuiciamiento de Sebastián Piñera y de las personas involucradas en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos ocurridas en el pasado mes.

Se ha reportado una veintena de muertos durante la represión de las movilizaciones, además de gran cantidad de personas heridas y bajo arresto. ¿Podrías describir las violaciones de derechos cometidas contra los manifestantes?

Es difícil dimensionar en este minuto las violaciones de derechos humanos que está cometiendo el gobierno de Sebastián Piñera, ya que – al igual que ocurría en la dictadura - hay miles de detenidos incomunicados. Es por eso que cuando se las llevan detenidas en las calles, las personas gritan su nombre, apellido y cédula de identidad. Las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile son de 335 acciones judiciales, 489 víctimas representadas, 6.199 personas detenidas (726 de ellas menores de edad) y 2.365 personas heridas registradas en hospitales. Pero es difícil asegurar la veracidad de estas cifras ya que las instituciones que las difunden pueden haberse visto presionadas por el gobierno.

El INDH, específicamente, perdió parte de su credibilidad cuando su director negó en un programa de televisión abierta la existencia de violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Eso es simplemente una mentira, ya que la propia institución se ha querellado en contra del actuar de Carabineros y militares. Se constataron más de 200 casos de mutilación ocular por el uso desmedido de perdigones por parte de Carabineros y maltratos, violencia sexual y torturas en los centros de detención. A esto se sumó el caso del Liceo 7 de Santiago, donde un carabinero disparó en contra de las estudiantes que se encontraban dentro del recinto. Se han efectuado allanamientos en domicilios privados y detenciones desde automóviles sin acreditamientos policial.

A esta represión uniformada se agrega la acción de un grupo de ciudadanos que se autoproclaman “chalecos amarillos” y dicen que su misión es mantener el orden cívico y proteger la labor de Carabineros, pero en realidad son un grupo violento de ultraderecha. Entre ellos se encuentra un tal John Cobin, quien disparó un arma de fuego contra un manifestante a plena luz del día en las calles ocupadas del balneario de Reñaca y pertenece a la Liga del Sur, una organización de supremacistas blancos de California.

¿Qué acciones inmediatas debería adoptar el gobierno de Chile para salvaguardar los derechos civiles y las libertades democráticas?

A un mes del inicio de las manifestaciones, el gobierno se ha caracterizado por no escuchar a la ciudadanía, y en cambio ha respondido con mayor violencia. En la madrugada del 15 de noviembre los parlamentarios llegaron a un acuerdo político entre cuatro paredes, autodenominado “Acuerdo de Paz” que daría paso a una nueva Constitución. El acuerdo garantiza una “hoja en blanco” para que haya una discusión libre y establece el llamado a una convención constituyente a través de un plebiscito público. Pero parte de la ciudadanía movilizada no está conforme con los plazos ni con el quórum (de dos tercios) establecido para la toma de decisiones del órgano constituyente, ya que piensa que reencauzará el actual proceso democrático a un sistema diseñado para proteger a la clase política y evitar que las voces minoritarias adquieran poder.

Pienso que lo más importante en este minuto es la seguridad de la ciudadanía y, sobre todo, de las comunidades en mayor riesgo social, que no solo son las más afectadas por el sistema neoliberal, sino que también son el epicentro de la violencia descriteriada de los Carabineros y las Fuerzas Armadas. Un ejemplo de ello fue la comunidad de Lo Hermida, en Peñalolén, que tras el anuncio de las autoridades de no construir las viviendas dignas que les habían prometido se tomaron la viña de Cousiño-Macul. La represión de Carabineros no tardó en llegar, y en una noche hubo más de 200 personas heridas, dos de ellas con trauma ocular severo. Además, Carabineros ingresó y lanzó gas pimienta dentro de hogares donde había personas de la tercera edad y menores.

Es hora de que el gobierno de Sebastián Piñera detenga la represión, deje en libertad a los más de 6.000 manifestantes que hoy se encuentran en centros de detención, asuma las consecuencias de sus acciones, y - por primera vez en la historia de Chile desde Pinochet - acabe con la impunidad ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos. El gobierno de Piñera deberá responder ante la ley por los más de 20 personas muertas y 200 con mutilaciones oculares, las torturas a menores y los abusos sexuales contra mujeres, hombres y personas de género no binario, ya que todo esto fue consecuencia de la pésima administración de su gobierno, y se hubiese evitado, por lo menos en parte, si desde un principio hubiera mantenido un diálogo directo con la población. En ese sentido, la consigna en las calles es “Sin justicia no hay paz”.

¿Piensas que las movilizaciones en Chile forman parte de tendencias más amplias a nivel regional?

Lo que está pasando en Chile es estructuralmente internacional, ya que se deriva de las medidas de austeridad perpetradas por el neoliberalismo. El sistema socioeconómico actual del país tiene sus raíces en el colonialismo europeo y fue consagrado con el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Específicamente, con un grupo de estudiantes de las élites chilenas que a mediados de la década del ’50 se formaron en Estados Unidos en la ideología del monetarismo extremo y el neoliberalismo, bajo la tutela de Milton Friedman y Arnold Harberger. Estos alumnos - apodados “Chicago Boys” - sirvieron como ministros de Hacienda y Economía durante la dictadura, instalando medidas de privatización extrema. Estas medidas fueron incorporadas y naturalizadas por una población en estado de shock y represión.

Las consecuencias de esa privatización se traducen en abusos de las corporaciones multinacionales que son habilitados por gobiernos en todo el mundo. En Chile, un buen ejemplo de ello es el caso expuesto por la periodista Meera Karunananthan en un artículo publicado en The Guardian en 2017. La autora explica que Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP) es el mayor inversionista en Aguas del Valle, Essbio y Esval, que controla el 41% del sistema de agua y saneamiento en Chile. Esto es posible porque la Constitución chilena habilita la propiedad privada de las aguas, lo cual ha dejado a comunidades enteras en situación de sequía y sin el amparo de la ley. Sin embargo, en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución que reconoció el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano; eso significa que en Chile los derechos humanos se violentan no solo a través de la represión policial sino también a través del sostenimiento de un sistema económico injusto y abusivo.

El ejemplo citado es uno solo dentro de la gran cadena de abusos internacionales perpetrados por corporaciones que, como la empresa canadiense Barrick Gold y la empresa estatal de Noruega Statkraft, continúan abusando de las políticas del Estado subsidiario chileno y atentando en contra de nuestro planeta. Es por eso que debemos crear conciencia a nivel internacional para que se respeten las decisiones del pueblo de Chile y se brinde protección a sus pueblos originarios, sin los bloqueos ni las intervenciones políticas que resguardan al capital extranjero y perpetúan la destrucción de nuestro medio ambiente.

¿Qué apoyos necesita la sociedad civil chilena de la sociedad civil internacional en este proceso?

En estos momentos es importante reconocer y crear conciencia internacional en torno de los abusos en contra de la clase obrera, los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y las minorías sexuales. Personalmente he aprendido mucho en el curso de estas movilizaciones. Una de las cosas más subversivas que está impulsando la ciudadanía es el rechazo del binarismo derecha/izquierda que ha afectado severamente a las sociedades latinoamericanas y que ha sido utilizado por los gobiernos neoliberales como excusa para reprimir a la gente trabajadora.  El predominio de una política ciudadana no identificada con ninguna posición dogmática en el espectro derecha/izquierda hizo que el gobierno no pudiera identificar un enemigo ideológico y que acabara declarándole la guerra a su propio pueblo.

La prensa establecida, nacional e internacional, está tergiversado los hechos y construyendo una narrativa en contra de la población movilizada. Pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, hoy estamos equipados de cámaras en nuestros celulares y podemos informar directamente. Invito a la gente del mundo a informarse a través de canales independientes y de la sociedad civil para saber realmente lo que está ocurriendo.

El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

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Este artículo es parte de la serie #HistoriasDeResiliencia, coordinada por CIVICUS para destacar los esfuerzos de grupos y activistas que promueven mejores prácticas de financiación y movilización de recursos valiosos para la sociedad civil.

En América Latina hay una tradición fuerte de generosidad y solidaridad entre vecinos, comunidades y pueblos quienes no dudan en unir esfuerzos y recursos para ayudar a un individuo o solucionar problemas colectivos. En varios lugares siempre ha existido lo que ahora llamamos filantropía comunitaria, aunque de manera informal. Pero en las últimas décadas, esa filantropía comunitaria se ha formalizado con el establecimiento de fundaciones comunitarias que se han convertido en un pilar para la sociedad civil y el desarrollo.

México es el país de la región que tiene más fundaciones comunitarias. La mayoría está consolidada y lidera esfuerzos de filantropía comunitaria, inversión social estratégica, desarrollo e incluso de acción humanitaria. Por ejemplo, tras los devastadores terremotos ocurridos en el 2017, muchas fundaciones fueron centrales para atender las emergencias y reconstruir las zonas afectadas. Su labor es ampliamente reconocida, gozan de sólida legitimidad entre sus poblaciones y de la confianza de donantes nacionales e internacionales.

Comunalia es una alianza conformada por 14 fundaciones comunitarias de 13 estados de México, la cual lleva nueve años apoyando su trabajo y fortalecimiento. Conversamos con Mariana Sandoval, directora ejecutiva, e Ixanar Uriza, exvicepresidenta*, sobre la importancia de estas fundaciones y de la filantropía comunitaria para la sociedad civil mexicana.

¿Cuáles son las características de una fundación comunitaria que la diferencian de otras fundaciones filantrópicas?

Uriza: Son fundaciones de las comunidades que recaudan recursos de varias fuentes, propios y externos, para invertirlos en beneficio local, gestionados por organizaciones de la sociedad civil (OSC) locales y las comunidades. Se caracterizan por cubrir una zona geográfica específica; por ser expertas en conocer las características y necesidades de su comunidad; por tener liderazgo y defender los intereses y prioridades de la comunidad, y por tener capacidad de aliarse con otros actores por el bien común.

Hay mucho interés alrededor del mundo en expandir la filantropía comunitaria. ¿Cómo han logrado estas fundaciones en México posicionarse como un canal sólido y legítimo para movilizar recursos para la sociedad civil local?

Sandoval: La reputación y legitimidad se ha construido tras muchos años de trabajo. Algunos miembros de Comunalia tienen más de 20 años operando. Además, es clave que las fundaciones son más que un intermediario de fondos; son una fuente experta de conocimiento del contexto social, necesidades y prioridades de las comunidades. Esto le da confianza a las comunidades que saben que se está velando por su agenda y que en cierta forma orientamos a los donantes externos sobre estas prioridades. Por su parte, los donantes encuentran en las fundaciones el mejor asesor para reconocer las áreas más aptas para hacer inversión social y establecer alianzas con OSC locales.

Hay muchos ataques contra las OSC en América Latina. ¿Cómo pueden ayudarles las fundaciones comunitarias a enfrentar estos retos además de los financieros?

Sandoval: Aparte de ser asesoras, filtros y puntos de enlace entre los donantes y las organizaciones locales, las fundaciones comunitarias cumplen un rol clave de fortalecimiento. Muchas fundaciones trabajan con grupos y colectivos que no están establecidos formalmente y, además de ayudar a conseguirles fondos, les dan asistencia técnica mientras se consolidan. Las organizaciones ya establecidas también consideran a las fundaciones como su primer punto de apoyo cuando tienen retos en general, convirtiéndose en aliados estratégicos. Además, el hecho de que las fundaciones se dedican a movilizar los recursos les permite a las OSC enfocarse en hacer su trabajo de campo, mejorarlo y multiplicar su impacto. Nos queda por delante el reto de ofrecer más y mejor apoyo en incidencia en políticas públicas para mejorar las condiciones en que se desarrollan las OSC en México.

¿Se podría decir entonces que están empoderado a la sociedad civil?

Uriza: Las fundaciones no solo fortalecen a la sociedad civil, de alguna forma también le han posibilitado crecer. Un ejemplo concreto es el de la Fundación Comunitaria Malinalco, la cual empezó a apoyar proyectos hace diez años cuando no había OSC en ese municipio, mientras que ahora hay 23. La presencia de la fundación ayudó a despertar a la sociedad civil en este lugar.

¿Están las fundaciones comunitarias adelante de la tendencia de los últimos años de “transferir el poder a las comunidades” (conocido en inglés como Shift the Power)?

Uriza: La filantropía comunitaria ha existido desde siempre en América Latina, es una práctica prehispánica. Mientras que la idea de transferir el poder a las comunidades se ha convertido en una tendencia reciente, para las fundaciones comunitarias ha sido siempre nuestra metodología de trabajo; no concebimos la idea de movilizar y dar un fondo sin escuchar primero a la comunidad y priorizar sus necesidades e intereses.

¿Qué metas nuevas tienen las fundaciones comunitarias parte de Comunalia?

Sandoval: Como dijimos antes, tenemos robustecer el apoyo en incidencia política y social que brindan las fundaciones las OSC, que ha cobrado relevancia frente a las crecientes amenazas sobre el espacio cívico. La mayoría de las fundaciones ya está haciendo muy bien su trabajo de movilización y manejo de recursos, pero sabemos que en este contexto no es suficiente, en especial para las organizaciones que trabajan en justicia social. Algunas fundaciones están avanzadas en este trabajo de incidencia en sus territorios, pero a muchas les falta desarrollar esta función.

* Ixanar Uriza era la vicepresidenta de Comunalia cuando se realizó la entrevista.

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En el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Diana Cariboni, periodista y escritora argentina radicada en Uruguay, ganadora del Premio Nacional de Prensa Escrita 2018 y autora de varias notas de periodismo de investigación sobre los grupos anti-derechos en América Latina.

 ¿Podrías contarnos acerca de tu experiencia en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia?

En el año 2018 cubrí la conferencia de este grupo regional – en realidad iberoamericano, ya que tiene miembros en toda América Latina y también en España. Es un grupo grande que quiere ser un movimiento. Es uno de los tantos, porque hay muchos otros, que además se entrecruzan, ya que miembros del Congreso Iberoamericano también forman parte de otros movimientos e interactúan dentro de ellos, al tiempo que están en los consejos de distintas organizaciones.

Yo empecé investigando a este grupo porque se reunió aquí en Punta del Este, Uruguay, a fines de 2018, y venía precedido de algunos incidentes que me llamaron la atención. Los sectores más importantes que yo logré identificar dentro de este movimiento son, en primer lugar, una enorme cantidad de representantes de iglesias evangélicas y, dentro del evangelismo, del neopentecostalismo, aunque también incluye a iglesias bautistas e iglesias evangélicas no pentecostales.

Además de estas iglesias está representada la plataforma Con Mis Hijos No Te Metas, que surgió en Perú en el año 2016, integrada por una serie de personajes que son cristianos evangélicos. Algunos de ellos son pastores de iglesias y algunos son también actores políticos; por ejemplo, hay una gran cantidad de diputados del Congreso de Perú. Justamente, los legisladores son otro sector importante del Congreso Iberoamericano. En muchos países hay legisladores que son pastores o miembros de iglesias: ocurre en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos actores están tratando de articular un movimiento legislativo regional. El Congreso Iberoamericano lleva cierto tiempo trabajando en el área legislativa y coordinándose y haciendo declaraciones sobre determinados temas.

México también es un foco importante porque el fundador del Congreso Iberoamericano es un mexicano, Aaron Lara Sánchez. El movimiento ha articulado espacios de comunicación como Evangélico Digital, que integra un grupo de medios digitales originado en España. También ha creado o quiere crear una especie de grupo de estudios, porque a todo esto le quieren dar un barniz científico, y en sus conferencias participan médicos, abogados, expertos en biología y en genética; todos ellos argumentan la concepción religiosa de que la familia solo puede estar integrada por un hombre y una mujer, que los únicos sexos posibles son el masculino y el femenino y que la persona humana se genera en el momento de la concepción; de ahí su oposición frontal al aborto. Están articulando un discurso pseudo científico para fundamentar estos argumentos a pesar de que la investigación científica indica otras cosas. Su objetivo es construir un discurso que no sea visto tan como de la Edad Media; por eso buscan converger con el sentido común del siglo XXI y hablan de ciencia y de Estado laico, aunque no sea más que un barniz superficial. Por su parte, el discurso de Con Mis Hijos No Te Metas cuaja bien con el sentido común, porque es una apelación muy fuerte a la familia y les dice a las madres y a los padres que tienen derecho a decidir qué educación reciben sus hijos en las escuelas.

¿Caracterizarías a estos grupos como anti-derechos?

Efectivamente, porque su verdadero objetivo es eliminar todas las políticas de género del Estado. De hecho, yo entrevisté al fundador de Con Mis Hijos No Te Metas, Cristian Rosas, quien me decía: ‘Nosotros empezamos por la educación sexual porque era lo que más movilizaba a la gente, porque se refiere a sus hijos, pero lo que en realidad nosotros queremos es eliminar el género, la palabra género, en Perú y en el mundo entero’. El tema es que detrás de esa palabra, género, está el asunto crucial del reconocimiento de las identidades y la búsqueda de equidad: las luchas de las mujeres por terminar con su discriminación y subordinación y las luchas de las comunidades LGBTQI por gozar de los mismos derechos y garantías que tiene el resto de la población. Ellos dicen que estas luchas son innecesarias porque nuestras constituciones ya dicen que todos somos iguales ante la ley, entonces para qué establecer leyes o estatutos especiales para las personas LGBTQI. Lo que pasan por alto es que las personas LGBTQI, y en particular algunas de ellas como las personas trans, no acceden efectivamente a esos derechos ni a las condiciones de una existencia digna. Ellos se empeñan en ignorar esto, y en cambio sostienen que lo que las personas LGBTQI están buscando es que el Estado les financie sus estilos de vida.

En Uruguay vimos recientemente un ejemplo de política anti-derechos promovida por estos sectores. Un diputado católico suplente del Partido Nacional, un diputado evangélico neopentecostal, también del Partido Nacional, y el líder de la iglesia evangélica más numerosa del Uruguay, que también es neopentecostal – todos ellos miembros del Congreso Iberoamericano por la vida y la Familia - llevaron adelante una campaña para derogar la Ley Integral para Personas Trans. De hecho, la campaña de recolección de firmas se anunció durante aquel congreso de Punta del Este.

¿Quiénes eran las personas que participaban en ese congreso? Por tu descripción, parecería un encuentro más de cúpulas que de masas.

No es la feligresía la que se reúne en este caso, sino que son pastores, dirigentes, políticos, líderes de opinión, influencers que buscan aprovechar el lenguaje y los códigos con que se comunica una buena parte de la población, y sobre todo los jóvenes. Pero aún así, era un encuentro de unas 400 personas.

Este evento era cerrado, no podía entrar la prensa; yo me inscribí como una participante más, pagué la inscripción de 150 dólares y entré sin que los organizadores supieran que yo estaba cubriendo el evento como periodista. Además de pagar tuve que mudarme a Punta del Este por tres días, quedarme en un hotel y convivir con esta gente de la mañana a la noche. Por momentos se volvía un poco asfixiante porque la forma en que ellos desarrollan sus actividades no es la misma que en un congreso o una conferencia comunes, donde vos escuchás las presentaciones en los paneles, tomás nota y estás sentada en un auditorio junto con otras personas que hacen más o menos lo mismo. En este caso todas las instancias, incluso los paneles, se mezclaban con oraciones religiosas y plegarias en estilo evangélico. Este no es como la misa católica, que está muy coreografiada, con el sacerdote en el rol protagónico, donde ya se sabe más o menos lo que va a decir y la feligresía responde con determinadas frases en momentos pautados, se sienta, se para y nada más. La experiencia evangélica es muy diferente: la gente habla, grita, levanta los brazos, se mueve, se toca. El pastor les da instrucciones, pero aún así todo es mucho más participativo. Se me hizo difícil pasar desapercibida, pero lo conseguí.

Además logré obtener un buen registro de lo que ocurría, lo cual no estaba permitido. Había muchísima vigilancia, me hubieran echado si se hubieran dado cuenta. Lo supieron cerca del final: a último momento decidieron organizar una conferencia de prensa y prácticamente no había ningún medio que no fuera de ellos. Yo no sabía si ir o no, pero al final decidí hacerlo, porque al fin y al cabo ya había asistido a todas las sesiones. Estuvo también un periodista del semanario Búsqueda. Allí me permitieron hacer entrevistas y me dijeron que solo podía publicar lo de la rueda de prensa, pero no lo que había escuchado dentro del congreso. Por supuesto, no había nada que pudieran hacer para impedirlo y mi artículo ‘El género es el nuevo demonio’ salió publicado en Noticias poco después.

Estar allí adentro me permitió entender algunas cosas. Ciertamente, hay intereses muy poderosos, religiosos y políticos, detrás de las campañas anti-derechos. Pero también hay expresiones religiosas genuinas, distintas formas de abordar la vida, sectores ultraconservadores que experimentan un auténtico rechazo hacia la vida del siglo XXI. Lo que observé en este congreso es el tremendo extrañamiento que alguna gente siente respecto del mundo actual, una realidad que difícilmente pueda volver atrás, pero que ellos sienten completamente ajena: la realidad del matrimonia igualitario, de las relaciones interpersonales y sexuales diversas, la de la educación sexual, el placer y las drogas, la libertad de elegir y el aborto. Esto hay que reconocerlo: hay sectores de nuestras sociedades que no se sienten parte de este mundo del siglo XXI y así reaccionan ante estos avances, que ellos interpretan como degradación y corrupción.

Estos grupos tienen un discurso nacionalista que percibe a los Estados nacionales y a los pueblos como sometidos a dictados foráneos que se consideran malignos, incluso como mensajes del diablo o del demonio. El mal se encarna en una serie de instituciones descriptas como imperialistas: las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el sistema interamericano de derechos humanos, los organismos internacionales de crédito, la Organización Mundial de la Salud.

¿No es por lo menos curioso que apelen al nacionalismo cuando ellos mismos se organizan en redes transnacionales y están activos en el terreno internacional?

En el marco de esta batalla cultural que se está librando a nivel internacional, lo que estos grupos no ven es que ellos también son actores en el terreno internacional, aunque más no sea con el objeto de debilitar el alcance del derecho internacional. Apuntan contra los órganos que supervisan los tratados y convenciones, por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos o la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer; dicen que se trata de comités de expertos cuyas sus recomendaciones no necesitan ser tenidas en cuenta por los Estados cuando contravienen su derecho interno.

Una discusión reciente en este terreno se generó en torno de la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante una consulta de Costa Rica acerca de la identidad de género y el matrimonio igualitario. Costa Rica le preguntó a la Corte si en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos estaba obligado a reconocer la identidad de género de las personas y los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. En respuesta, la Corte IDH le dijo a Costa Rica, y por lo tanto a todo el continente, que se trata de derechos protegidos por la Convención. A partir de allí se dio una discusión muy fuerte, porque para los sectores anti-derechos se trató de un caso de un órgano internacional que actúa por encima de los Estados, las constituciones y las leyes nacionales.

Mencionabas que en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia había muchos políticos de diferentes países. ¿Te parece que estos grupos quieren gobernar y se están preparando para llegar al poder? De ser así, ¿Cuál es su estrategia para lograrlo?

Ante todo, sí creo que hay una voluntad de gobernar, que tiene que ver con la evolución del movimiento neopentecostal surgido en los Estados Unidos y luego expandido por todo el continente. El argumento es simple: Si nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, estamos llamados a tener un impacto, tenemos que gobernar porque somos los elegidos para ello.

Ahora bien, las estrategias son diversas. Predomina el pragmatismo, de modo que la estrategia depende mucho del contexto. En algunos casos crean partidos propios - religiosos, evangélicos o ultraconservadores - en los que se sientan representados; en otros casos optan por presentar candidaturas a través de distintos partidos. Actualmente en Argentina, por ejemplo, hay candidaturas de este tipo prácticamente en todos los partidos, excepto la izquierda más radical; están tanto en el oficialismo como en la principal coalición opositora. Además hay un pequeño partido formado recientemente, el Frente NOS, fundado sobre la base del rechazo de la ideología de género en el contexto del debate legislativo sobre la legalización del aborto, pero que en las primarias no sacó casi votos. No creo que logre demasiado en las elecciones; en cambio tendrán éxito muchas candidaturas que están en distintas listas, tanto a nivel federal como las provincias.

Otra estrategia complementaria es la de insertarse en los gobiernos desde los niveles más bajos, sobre todo en los países con estructura federal, donde pueden acceder a cargos de dirección en las áreas de salud, educación o justicia; de ahí la estrategia de formar expertos - abogados, juristas, expertos en bioética – que puedan integrarse en distintos espacios de la administración pública. Eso lo veo mucho en Argentina.

En el caso de Uruguay estos sectores están bastante concentrados en un sector del Partido Nacional, que ya tiene algunos diputados evangélicos y neopentecostales y es muy probable que en las próximas elecciones sean algunos más. Creo que es muy probable que de las elecciones de octubre de 2019 en Uruguay emerja una bancada evangélica. También hay algunas figuras similares en los otros partidos, aunque son mucho menos visibles.

También en Uruguay ha surgido un fenómeno nuevo, bajo la forma del partido Cabildo Abierto, encabezado por un ex jefe del Ejército, el primero en declararse como partido anti-ideología de género. Es un fenómeno nuevo porque los líderes y principales figuras del Partido Nacional, que es el que hasta ahora cobijaba a la mayoría de estos personajes, no apoyan estas posturas. Aunque es un partido nuevo y pequeño, las encuestas le dan a Cabildo Abierto entre 7 y 10% de intención de voto, o sea que posiblemente elegirá a algunos diputados, y tendremos un partido que tiene una posición de bloque.

¿Te parecen especialmente preocupantes estos avances en un país como Uruguay, descripto a menudo como el más laico de América Latina?

Sucede que el voto confesional no es automático. En argentina la feligresía evangélica es un porcentaje importante de la población y está creciendo, pero en este momento hay apenas diputado evangélico en el Congreso Nacional. Más o menos lo mismo podría decirse sobre la mayoría de los países: la población que se declara de determinada religión no necesariamente vota a candidatos de esa religión. En otras palabras, el voto confesional, que es lo que estos sectores pretenden instalar, no está teniendo éxito de manera automática en todos los países. En Brasil el voto confesional ha avanzado sustancialmente, pero este avance llevó décadas, además de que se relaciona con características propias del sistema electoral brasileño de listas abiertas que permitió que este tipo de candidaturas se fuera desparramando por muchos partidos, incluido el Partido de los Trabajadores cuando era gobierno. Este crecimiento cuajó en el importante apoyo que prestaron los sectores evangélicos a la candidatura del presidente Jair Bolsonaro, cuyo triunfo también alimentó a la bancada evangélica.

En suma, una cantidad de factores inciden en cómo se vota en determinado momento y las personas no necesariamente se guían por el credo religioso del candidato a la hora de votar. Pero esto es algo que se podría poner en cuestión en estas elecciones. En Argentina y en Uruguay hay elecciones en octubre, el mismo día; en Bolivia una semana antes; y también en octubre hay elecciones regionales en Colombia, con muchos candidatos de este tipo en distintas formaciones. Pronto tendremos un panorama de cómo evoluciona el voto confesional en cada país. Es un tema que hay que observar de cerca para saber si se trata de un fenómeno lineal en acenso, de un proceso con avances y retrocesos, o de un fenómeno que está tocando un techo.

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Este artículo es parte de la serie #HistoriasDeResiliencia, coordinada por CIVICUS para destacar los esfuerzos de grupos y activistas que promueven mejores prácticas de financiación y movilización de recursos valiosos para la sociedad civil.

En junio del 2017, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Centro Regional de Innovación para el Cambio en América Latina y el Caribe –Innovación para el Cambio (I4C) es una red global apoyada por CIVICUS y Counterpart International– lanzaron una plataforma de economía colaborativa para encontrar recursos alternativos en momentos que la cooperación internacional se debilita en la región. La plataforma, llamada ComuniDAS, facilita el trueque de servicios entre OSC latinoamericanas, pero su enorme potencial está seduciendo también al sector privado y a OSC fuera de la región.  En mayo, la iniciativa ganó el premio de voto popular en la SID-Washington Innovation Competition 2019 y pronto será replicada por el Centro Regional de I4C en Medio Oriente y el norte de África. 

Hablamos con Gerardo Torres, vocero de ComuniDAS, sobre la experiencia de crear esta plataforma, sus retos y fortalezas.

¿Cómo nació la idea ComuniDAS?

Nació en el 2016, cuando nos reunimos 45 OSC para formar el Centro Regional de Innovación para el Cambio en América Latina y el Caribe. Estábamos discutiendo los principales retos de financiación para OSC en la región y qué podíamos hacer al respecto; entonces salió el tema de economía colaborativa, el cual resonaba internacionalmente y según la revista Times era una de las 10 ideas que cambiaría el mundo. En América Latina había algunos casos de éxito como una plataforma que surgió en Chile después del terremoto, mediante la cual las comunidades afectadas se organizaban para recolectar recursos y comprar artículos de necesidades comunes, y varias iniciativas relacionadas con el medio ambiente.  Así vimos la oportunidad de mapear nuestras necesidades y en qué éramos buenos cada uno, con la idea de intercambiar recursos bajo el modelo de economía colaborativa, fortalecer la solidaridad entre OSC y luego atraer solidaridad de otros sectores.

¿Qué retos de acceso a recursos para las OSC desean atender con ComuniDAS? 

Identificamos tres retos principales. Primero, se necesitan alternativas de financiación porque la cooperación internacional –una fuente principal de recursos para la sociedad civil– se está retirando de la región para enfocarse en otras áreas del mundo. También notamos que las OSC más tradicionales, como las que nacieron en la década de 1970 entre guerras civiles y enfocadas en derechos humanos, tienen dificultades para crear alianzas con el sector privado sin sentir que pierden su autonomía. Por último, el World Giving Index señala que América Latina y el Caribe tiene una de las culturas filantrópicas más débiles del mundo, lo que se refleja en la escasa solidaridad dentro del sector de sociedad civil. Las OSC casi no comparten conocimientos ni recursos a pesar de que muchas tienen grandes fortalezas y capacidad para hacerlo.

¿Cuáles facilidades y dificultades han enfrentado al implementar un proyecto con conceptos innovadores para el sector?  

Encontramos mucho interés tanto en la economía colaborativa como en que la sociedad civil lidere proyectos de innovación. Esto facilitó obtener apoyo, asesoría y herramientas de expertos en el tema, como el renombrado Albert Cañigueral, de entes que están impulsando la economía colaborativa, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e, incluso, del sector privado.  

Hallamos varias dificultades. Al inicio pensamos que la plataforma podría basarse en la solidaridad para que una OSC grande con más recursos y capacidades ayude a una OSC pequeña a cambio de otro servicio. Sin embargo, en la práctica, el éxito de estos intercambios reside en asegurar la confianza y la reciprocidad entre los miembros para que provean los servicios prometidos y a tiempo, y no teníamos cómo hacerlo. Otro desafío es evitar agudizar la brecha entre las OSC más fuertes que tienen algo que intercambiar y capacidad participar en este tipo de iniciativas de innovación y las otras más pequeñas y de base que tienen necesidades, pero quizá no pueden ofrecer algo a cambio. Contar con la tecnología para la plataforma también ha sido difícil porque no existía en la región algo listo para usar, entonces tuvimos que desarrollarlo.

¿Cómo han resuelto la necesidad de asegurar la reciprocidad y la confianza? 

Hay mecanismos como permitir a los usuarios publicar evaluaciones o críticas de miembros con los que han hecho intercambios, pero no son suficientes. Revisamos cómo lo abordan otras plataformas del sector privado y encontramos una plataforma de economía simbiótica en Estados Unidos, llamada Simbi, en la cual se acumulan créditos virtuales por un servicio prestado, que pueden canjearse por varios servicios de otros miembros de la comunidad. Esto nos llamó la atención porque permitiría a los miembros de ComuniDAS ofrecer un servicio y guardar sus créditos si no necesitan recibir un servicio de inmediato, también resultaría más útil para atraer a empresas privadas que operan con parámetros precisos. Con esta idea en mente, estamos desarrollando una moneda social que marcará otra etapa para ComuniDAS. En este momento conectamos los usuarios, pero los intercambios ocurren afuera de la plataforma, con la moneda social todo ocurrirá dentro de la comunidad.   

Con respecto al segundo desafío, ¿cómo se podría ayudar a las OSC más pequeñas con necesidades urgentes de recursos a beneficiarse de plataformas como ComuniDAS?

Una plataforma como esta no resuelve urgencias como pagar gastos operativos, pero puede facilitar que estas OSC exploren alianzas que les ayuden a seguir cumpliendo su misión. Estamos intentando atraer apoyo del sector privado que sea apto para OSC de base que trabajan en temas más abstractos como derechos humanos, y estamos promoviendo el valor del retorno social. También seguimos pensando en cómo hacer el puente entre las OSC grandes, las más tecnológicas, las que apuestan al emprendimiento social –que están capitalizando más los fondos de grandes donantes– y esas OSC pequeñas y de base que tienen la ventaja de llegar a poblaciones y sectores que las OSC más “cool” no alcanzan. No tenemos todo resuelto, pero buscamos opciones. Lograr que la innovación sea inclusiva es un reto para todo el sector.

ComuniDAS ganó un premio de innovación y pronto será replicada en Medio Oriente y el norte de África, ¿cuáles fortalezas le han facilitado este éxito?

Primero, el hecho de ser un esfuerzo regional e innovador creado y liderado por la sociedad civil para buscar recursos alternativos a la cooperación internacional. Estamos pasando de la idea de que los donantes tienen que financiarnos a promover un modelo en que las OSC capitalizan sus propios recursos y además saben vender su propuesta y demostrar valor afuera del sector, lo que requiere no satanizar la rentabilidad, promover la transparencia y la rendición de cuentas y contar con un plan estratégico. Esto nos has permitido lograr alianzas exitosas con el sector privado, municipalidades y otros actores. Otra fortaleza es que la tecnología de ComuniDAS se adapta a las necesidades del sector porque fue desarrollada por OSC.  Y al ser de código abierto puede ser replicada, como lo está haciendo el centro de I4C en Medio Oriente y el norte de África, que lanzará la plataforma en unos cuatro meses. Nuestro sueño es que en el futuro existan intercambios globales, por ejemplo, entre OSC de Honduras, Egipto y de otros países. Esto multiplicaría los recursos y la solidaridad para la sociedad civil en el mundo.

Contacte o únase a ComuniDAS a través de su página web. En este video puede ver un demo de la plataforma.

En un contexto de gran movilización en reclamo de acción climática en todo el mundo, y ante la inminente Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 25), que tendrá lugar en Chile en noviembre de 2019, CIVICUS conversa con Gabriela Burdiles de Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), una organización de la sociedad civil que trabaja desde 1998 en la promoción del acceso a la justicia ambiental e impulsa legislación sobre la materia en Chile. 

En vistas de las restricciones de acceso enfrentadas durante la COP 24 en Polonia, ¿qué expectativas tiene la sociedad civil ante la COP 25 en Chile?

Hasta el momento no hemos tenido conocimiento de ninguna acción contraria a a participación de la sociedad civil por parte del gobierno. Al contrario, el gobierno ha intentado acercarse a la sociedad civil haciendo encuentros informativos y facilitando el acceso al ‘espacio verde’ de la COP 25, el área que tradicionalmente ha ocupado la sociedad civil durante estos eventos, y que en Chile estará abierta del 2 al 13 de diciembre en el Parque Metropolitano de Cerrillos. Además, hay iniciativas desde la sociedad civil, tales como la Cumbre Social por la Acción Climática, una cumbre organizada por la sociedad civil de manera paralela a la COP; y la Cumbre de los Pueblos, una reunión anual que congrega a organizaciones y redes de diversas partes del mundo para compartir experiencias, impulsar soluciones alternativas y fortalecer la organización global y la acción local para frenar la catástrofe socioambiental. Si bien no han tenido ningún apoyo oficial del gobierno, estas reuniones tampoco han experimentado hasta ahora restricciones.

Tenemos que ver qué sucede con las protestas que se den en los espacios públicos, las cuales comenzarán pronto, en septiembre. Como sociedad civil durante los días de la COP 25 estamos llamando a una gran movilización el 8 de diciembre, que esperamos convoque a toda la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) chilenas y del mundo que estén participando en la conferencia.

¿Cómo está organizando la sociedad civil chilena su participación en la COP?

Chile asumió el reto de recibir a la COP 25 después de que el gobierno de Jair Bolsonaro decidiera no hacerlo en Brasil. Esto ha reducido significativamente los tiempos de planificación. La sociedad civil chilena se está organizando en torno de por lo menos tres colectivos o plataformas. Las tres de que tengo conocimiento son Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), que está a cargo de la Cumbre Social por la Acción Climática, en la cual FIMA participa y coordina varios colectivos; la Cumbre de los Pueblos, que tiene lugar en torno del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la COP 25; y el Foro Paralelo de la Sociedad Civil COP 25.

Es decir, hay varias instancias organizadas. En el caso particular de SCAC, surgió debido a que no existía una articulación previa en torno del tema y porque no había instancias posibles para participar en la COP oficial, ya que FIMA es la única OSC chilena acreditada ante el secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Estos grupos están trabajando en diferentes temas. Se enfocan por un lado en la política climática nacional, en temas tales como la consulta sobre la ley de cambio climático, el plan de descarbonización y las contribuciones nacionalmente determinadas a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero bajo la CMNUCC. También se enfocan en el ámbito internacional, junto con OSC extranjeras tales como Climate Action Network América Latina, y fundamentalmente con organizaciones de Centroamérica, Sudamérica y Europa. Además, estamos incidiendo y participando en los espacios previos a la COP 25, como la Cumbre de Acción por el Clima en septiembre y la Pre-COP.

Las reuniones de la COP necesitan de la participación de la sociedad civil, y una COP participativa tendría que contar con eventos paralelos de la sociedad civil, la academia, los gobiernos y otros actores, en el marco de la conferencia oficial, en el espacio verde, y tendría que facilitar las movilizaciones en los espacios públicos y las actividades en otros foros ciudadanos.

Desde la perspectiva de la sociedad civil chilena, ¿cuáles son los temas más importantes a tratar en la COP 25?

Durante la COP 25 [va a ser muy importante que haya transparencia y que la participación de las OSC en instancias como esta sea garantizada como un derecho y un requisito mínimo que debe garantizar el gobierno de Chile. También se debe resaltar la importancia de sensibilizar respecto de las acciones urgentes que deben desplegarse en la lucha contra el cambio climático y levantar los temas que componen la agenda ciudadana que son indispensables para frenar el calentamiento global. Por último, como sociedad civil vamos a estar trabajando por la descarbonización real de nuestra matriz energética; el fin y la reparación de las zonas de sacrificio ambiental, es decir, de áreas que concentran una gran cantidad de industrias contaminantes; el fomento de energías limpias y con bajos impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos y políticas para una transición justa y adaptación al cambio climático, y el diseño de mecanismos de mercado que contemplen resguardos ambientales y sociales adecuados.

Por años el gobierno de Chile líderó la negociación del Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental, pero ahora se niega a firmarlo. ¿A qué se debe esta negativa, y por qué es importante que lo firme?

Por varios años Chile lideró, junto con Costa Rica, las negociaciones que llevaron a la adopción del Acuerdo de Escazú. El 7 de junio de 2018, cuando el acuerdo se abrió a la firma, a través de un comunicado emitido en tanto que co-presidentes del proceso de negociación, Chile y Costa Rica reafirmaron su compromiso con su firma y pronta entrada en vigor. Sin embargo, desde que el tratado fue abierto a la firma el 27 de septiembre de 2018, Chile se ha abstenido de firmar.

Según la información difundida en medios de comunicación (ya que hasta hoy la sociedad civil no ha recibido una respuesta formal), la negativa del gobierno a firmar el Acuerdo de Escazú se debe a razones de seguridad y soberanía, y está centrada en la cláusula sobre cooperación con estados sin litoral y resolución de controversias, que afectaría a Chile en virtud de su conflicto fronterizo con Bolivia. Sin embargo, el gobierno no dice que no va a firmar el tratado, sino que aún lo tiene ‘en estudio’. También afirma que todo el contenido del acuerdo ya está garantizado en nuestra legislación nacional, por lo cual no habría necesidad de firmarlo. Sin embargo, creemos que es importante que el gobierno se comprometa con este acuerdo. Chile tiene un gran desarrollo legislativo en temas de derechos de acceso a la justicia ambiental, pero todavía le falta avanzar en su implementación. No hay una protección para los activistas climáticos y hay muchas brechas en materia de información, participación y justicia. Recientemente publicamos nuestro informe sobre los avances y desafíos en acceso a la justicia ambiental y queda mucho por avanzar en esta materia. Por ejemplo, en nuestro país no existen mecanismos de asistencia judicial gratuita en materia ambiental.

En este contexto, esperamos que Chile pronto firme y ratifique el Acuerdo de Escazú, y que este sea el inicio de un camino hacia una manera diferente de tomar las decisiones, en donde la agendas que buscan fomentar la inversión no menoscaben los derechos fundamentales de las personas y las comunidades.

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En el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa sobre los derechos de los trabajadores migrantes con Dariele Santos, joven fundadora del Instituto Alinha, una empresa social enfocada en el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores migrantes empleados en la industria de la moda.

¿Cuándo y por qué decidiste crear el Instituto Alinha?

Cuando estaba en la universidad tuve varios trabajos con los que suplementaba mi beca, y uno de esos trabajos fue una investigación sobre el tema migratorio, y más específicamente sobre los inmigrantes latinoamericanos empleados en la industria del vestido en San Pablo. Entonces empecé a conversar con algunos migrantes y me fui interiorizando en sus precarias condiciones de vida y de trabajo, es decir, en la realidad de la cadena de producción de la industria de la moda en Brasil.

Brasil abarca todos los eslabones de la cadena de esta industria, desde la producción del algodón hasta la confección de la prenda. La industria de la moda está distribuida en todo el país, pero su eslabón final, la confección de vestimenta, está muy concentrado en San Pablo, y ocupa mayormente a trabajadores migrantes. Es una producción muy tercerizada; las marcas de ropa subcontratan con talleres de costura que intervienen en las diversas fases del proceso de confección, y cuantos más talleres intervienen en el proceso, más difícil es ejercer algún control y más garantías laborales se pierden. Muchos de estos talleres son pequeños, familiares, y funcionan en la vivienda de la familia, todos cuyos miembros trabajan, y lo hacen a destajo. Trabajan hasta 90 horas semanales porque les pagan poquísimo por cada pieza producida.

Al conocer las historias de estos trabajadores migrantes empecé a caer en la cuenta de las dimensiones del problema, y me di cuenta de lo poco que sabía hasta entonces, y de lo poco que sabemos en general sobre la cadena de la moda: no nos importa la historia de la ropa que usamos. El problema de la enorme desigualdad e injusticia en la cadena de la moda es completamente invisible. Es una cadena de super lujo, que genera mucho dinero, en la misma medida en que es una cadena de enorme explotación.

Junto con una amiga comenzamos a pensar en un emprendimiento social que aplicara la tecnología para atacar este problema, y lanzamos Alinha en 2014.

¿Qué hace Alinha para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes?

La idea es simple: Alinha asesora a empresarios de talleres de costura para que regularicen sus negocios, garantizando las condiciones de seguridad, plazos y remuneraciones adecuadas, y los conecta con fabricantes y diseñadores de ropa interesados en contratar un taller, asegurando así condiciones justas para todas las partes involucradas.

Más concretamente, empezamos por visitar los talleres de costura que se inscriben para recibir asesoramiento, y evaluamos sus déficits para recomendarles lo que deberían hacer para salir de la informalidad. Miramos las formas de contratación, condiciones sanitarias y de seguridad, equipamiento, etc. Después hacemos una segunda visita con una técnica en seguridad de trabajo. El riesgo de incendio en los talleres es alto, porque los talleres almacenan mucho tejido y tienen instalaciones eléctricas precarias, y para peor suele haber muchos niños en las casas donde funcionan los talleres. Una vez hecha la evaluación de seguridad hacemos un plan de acción que apunta a regularizarlos o ‘alinearlos’ con las normas laborales y de seguridad (de ahí justamente el nombre de Alinha). Lo hacemos en un lenguaje llano, traducimos las leyes para los trabajadores, damos nociones de contabilidad, ayudamos a calcular la inversión requerida y su traslado a los precios de los productos. Cuando las mejoras han sido realizadas y consideramos que el taller ha alcanzado un umbral mínimo de seguridad y formalización, lo subimos a la plataforma Alinha para conectarlo con marcas y diseñadores. En nuestra plataforma tenemos marcas y diseñadores que buscan cambiar la forma de producir y están dispuestos a garantizar condiciones justas de pago y plazos, y nosotros los conectamos.

Los precios de estos productos seguramente son más elevados que los de los productos elaborados en condiciones de explotación extrema. ¿Han logrado convencer a los consumidores de que vale la pena pagar más por ellos?

Estamos en eso. Sabemos que es importante conectar a los consumidores, porque ellos tienen en sus manos un poder enorme: al elegir la marca que van a comprar, pueden optar por apoyar a una que garantice condiciones justas de trabajo. Pero los consumidores no pueden elegir realmente si no saben cuáles son las marcas que tienen contratos con talleres alineados. Por eso tenemos una plataforma donde las marcas alineadas colocan datos que el usuario puede comprobar – por ejemplo, que está haciendo determinada cantidad de piezas con tal o cual taller, para que después de lanzadas las informaciones en la plataforma Alinha, desde el taller puedan confirmar telefónicamente que están confeccionando esas piezas, ganando determinada cantidad por hora, y con tales o cuales plazos. Cuando todos los eslabones de la cadena de producción confirman la información, se genera un código de identificación de la pieza que se pone en la etiqueta de la prenda, para que el usuario pueda rastrear la historia de la prenda. Todas las informaciones y confirmaciones son guardadas en Blockchain, para que haya más seguridad y confianza en las informaciones.

En este momento también estamos haciendo un cortometraje que relata la historia detrás de la ropa, basada en la historia de una costurera inmigrante boliviana. La presentación de una historia individual busca generar conexión y empatía: queremos que el consumidor vea a una mujer con sueños y esperanzas iguales a los suyos. Nuestro objetivo es plantearle al consumidor una pregunta: ¿cuál historia quiere elegir: una historia de explotación o una de trabajo justo?

¿Piensas que la situación de los migrantes en Brasil ha empeorado en los últimos tiempos?

El problema de los migrantes no es reciente, viene desde mucho tiempo atrás. Hay muchos migrantes que viven aquí, y que trabajan en condiciones terribles, desde hace décadas. Los migrantes que trabajan en talleres de costura en San Pablo son mayormente bolivianos, aunque también hay de otros países como Paraguay y Perú. Muchos de ellos primero emigraron de sus países primero hacia Argentina, pero con la crisis financiera de 2008 se fueron desplazando hacia Brasil. Las condiciones políticas y económicas – el gobierno de Lula y un período de fuerte crecimiento económico – hicieron de Brasil un mejor destino.

Pero es difícil ser inmigrante en Brasil. Es el único país de la región donde no se habla español, de modo que hay dificultades de comunicación y de acceso a la información. Los migrantes sin documentación legal o sin empleo formal tienen miedo todo el tiempo. La presión psicológica es muy fuerte: no salen del taller de costura, piensan que los van a atrapar y los van a hacer regresar. Los inmigrantes temen las consecuencias de reclamar por sus derechos.

Si bien la explotación de los trabajadores migrantes no es un problema nuevo, y el temor de las personas migrantes ha sido siempre una constante, recientemente la situación ha empeorado. El actual presidente, Jair Bolsonaro, representa a la extrema derecha, y su discurso es extremadamente xenófobo. Se coloca por encima de las leyes y por encima de todas las garantías democráticas. Su mensaje para los trabajadores migrantes es: ‘agradece todo lo bueno que tienes aquí, y si algo no te gusta mejor que te vayas’. El hecho de que el discurso de odio provenga de tan alto está envalentonando a gente que siempre pensó así, pero antes no lo decía y ahora se siente legitimada para decirlas. En ese sentido, la discriminación y el discurso de odio se están normalizando.

Esta situación se repite en distintos ámbitos. Es un momento peligroso para los activistas de derechos humanos, ambientales, de las mujeres, las personas LGBTQI, las personas negras o indígenas y los migrantes. Hay mucho temor porque ponerse en contra del gobierno supone riesgos altos. Así lo demuestran los casos de Marielle Franco, la activista LGBTQI y concejala de Río de Janeiro asesinada en marzo de 2018, y el parlamentario y líder LGBTQI Jean Wyllys, que se fue de Brasil a causa de las amenazas contra su vida.

Afortunadamente, no todos los brasileños se hacen eco del discurso de Bolsonaro. Vivimos una situación de mucha polarización. Mientras que muchos se han desplazado hacia la extrema derecha y han adoptado posiciones nacionalistas, mucha gente está cada vez más convencida de que lo que hay que hacer es garantizar más derechos para más personas.

En este contexto, ¿qué puede hacer la sociedad civil que promueve los derechos humanos?

La sociedad civil se mueve con márgenes estrechos. Nuestra estrategia es generar un discurso que cree empatía en la opinión pública más que un discurso de confrontación y crítica del presidente, porque esto nos generaría problemas con un amplio sector de la sociedad que lo vería como una cosa de izquierda. Estamos viviendo un momento difícil: no conviene anunciar que se lucha por los derechos humanos porque los derechos humanos están asociados con la izquierda más que como algo que es patrimonio de todos. Por eso nos resulta más productivo centrarnos en la persona y en su historia, mostrar la foto de una persona de carne y hueso e interpelar al público: ‘¿crees que esta mujer es una persona trabajadora, que se esfuerza como tú, que merece mejores condiciones de trabajo, que merece salir adelante?’

Realmente es bastante trágico tener que disimular la lucha por los derechos humanos porque no es vista como una causa legítima. Desde la elección de Bolsonaro, un montón de activistas tuvieron que dejar Brasil. Los que se quedan deben elegir: si quieren hacer un activismo frontal y directo, tienen que estar dispuestos a correr riesgos. Hoy por hoy, el mío es un activismo diplomático – me siento a conversar con empresarios, y tengo que estar abierta a charlar con gente que no necesariamente piensa como yo ni hace las cosas de la forma que yo pienso que se deben hacer, pero con las que puedo conseguir algunos progresos.

¿Qué apoyos internacionales necesita la sociedad civil brasileña para seguir trabajando?

Aunque a veces no parezca evidente, porque Brasil es considerado un país de ingresos medio-altos, la sociedad civil brasileña necesita de toda clase de apoyos para seguir trabajando en este contexto hostil. Afortunadamente, yo he recibido apoyo del programa Goalkeepers Youth Action Accelerator, que busca acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este programa dio apoyo a un grupo de jóvenes activistas con proyectos innovadores de utilización de datos para abordar los ODS 1 al 6, es decir, para buscar soluciones a desafíos de desarrollo local relacionados con la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar, la educación, la igualdad de género y el agua y el saneamiento.

Este ha sido un apoyo súper estratégico, ya que incluyó financiamiento, apoyo técnico y conexiones, y me permitió adquirir nuevas herramientas. Se necesitan muchas más iniciativas como esta, porque la sociedad civil brasileña se está reduciendo, no solamente a causa del clima político sino también por la crisis económica que ya lleva varios años. Según un estudio reciente, entre 2013 y 2016 se cerraron en Brasil más de 38.000 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales brindaban servicios básicos a poblaciones vulnerables. El segmento de la sociedad civil que más se resintió fue el de desarrollo y defensa de los derechos humanos: más de 10.000 organizaciones que cerraron sus puertas actuaban en favor de minorías tales como la población negra, mujeres, indígenas y personas LGBTQI, así como por los derechos de las comunidades.

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En el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Héctor Pujols, vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes de Chile. La Coordinadora es una red que reúne a activistas y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos de la población migrante en Chile, y busca incidir para lograr la aprobación de legislación y la implementación de políticas públicas inclusivas de las comunidades migrantes.

 ¿Podrías contarnos qué trabajo hace la Coordinadora Nacional de Inmigrantes?

La Coordinadora es una articulación de organizaciones, un colectivo o movimiento de personas migrantes; nuestra perspectiva es que las personas migrantes necesitan de una organización que les sea propia. La Coordinadora existe desde 2014, pero muchas organizaciones que la integran, sobre todo las vinculadas a la migración peruana, llevan trabajando entre 20 y 25 años. Nuestra membresía es diversa e incluye a organizaciones de tipo cultural; temáticas, dedicadas por ejemplo a temas laborales o de vivienda; sectoriales, como por ejemplo la Secretaria de Mujeres Inmigrantes; de carácter territorial, vinculadas a determinadas comunas; y organizadas por nacionalidad, para proporcionar espacios y oportunidades a las colectividades argentina, ecuatoriana o peruana.

En tanto que Coordinadora, una de nuestras tareas principales, aunque no la única, es la incidencia política a nivel nacional para mejorar la inclusión de la población migrante. Es un trabajo que hacemos que hacemos autoorganizándonos, en tanto que migrantes, y articulándonos con otras organizaciones, como sindicatos y otras clases de organizaciones de la sociedad civil.

El Senado chileno discute actualmente un proyecto de Ley de Extranjería, ¿qué opina la Coordinadora al respecto?

Históricamente, al menos en la época contemporánea, Chile no ha tenido una migración de dimensiones comparables a las de otros países de América Latina. El fenómeno aumentó en los años ’90, con flujos de migración boliviana y peruana, pero en los últimos diez años se empezó a hacer más significativo, con el aumento de la cantidad de inmigrantes de otros países de la región, principalmente Colombia, Haití, República Dominicana y más recientemente Venezuela.

En este contexto, hace por lo menos cinco o seis años se empezó a plantear la necesidad de actualizar la Ley de Extranjería de 1975, surgida de un contexto dictatorial y con una visión centrada en la seguridad nacional, que ve al migrante como un agente extranjero, un agitador ideológico, alguien que viene a hacer la revolución. En el contexto de la dictadura, la ley fue hecha pensando en el migrante de la época de la Unidad Popular, el gobierno de izquierda que la precedió - argentinos, cubanos y uruguayos que llegaban en apoyo de ese gobierno de izquierda o que venían a refugiarse de otros gobiernos que los perseguían.

El nuevo contexto migratorio es bien diferente, por lo que ha habido un gran consenso respecto de que la ley de 1975 no se ajusta a la realidad actual. La Coordinadora y otras organizaciones llevamos años reclamando un nuevo marco legal que permita la inclusión de la población migrante.

Sin embargo, el debate ha sido complejo y en el último año, tras la asunción de Sebastián Piñera en la presidencia, el gobierno presentó un proyecto de ley muy similar al que ya había presentado en 2013: un proyecto que se desplaza de la visión del extranjero como un agitador externo hacia la visión del extranjero como un aporte económico, cuyo valor depende de cuánto dinero trae en el bolsillo. Ha sido un debate complejo en el que Chile trató de situarse en el mundo adoptando un sistema de visas similar al de países como Australia o Canadá, sin entender que el contexto migratorio y las características de la migración en Chile no son las mismas que las de esos países. Este proyecto ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y ahora está en el Senado.

Nosotros planteamos que, si se aprueba, esta ley generaría una gran irregularidad migratoria, que ya es un problema en Chile. La ley incentivaría a las personas a llegar como turistas para quedarse luego de su expiración, sin perspectivas de regularizar su situación aún en caso de conseguir trabajo. La irregularidad migratoria afecta el acceso a todos los derechos, a la salud, la educación e incluso a un trabajo decente. Una persona que no puede firmar un contrato de trabajo va a trabajar de todos modos porque de algo tiene que vivir, pero va a hacerlo en condiciones mucho más precarias. En suma, el proyecto de ley adopta en la superficie el discurso de la sociedad civil sobre la necesidad de renovar el marco legal, pero fundamentalmente es una iniciativa anti-derechos.

En los últimos tiempos se observa un ejercicio más intenso de las libertades cívicas por parte de las personas migrantes. ¿Cómo se ven los inmigrantes en relación con la ciudadanía?

Pienso que el ejercicio de los derechos de organizarnos, movilizarnos y reclamar por nuestros derechos no se plantea en términos de ciudadanía porque la propia Constitución de Chile equipara la ciudadanía con la nacionalidad, de modo que los extranjeros no pueden ser ciudadanos. Sin embargo, la Constitución también establece que tras cinco años de permanencia los extranjeros podemos votar. E independientemente del tiempo de residencia o de los derechos que nos asignen la Constitución y las leyes, ejercemos en la práctica otros derechos relacionados con la ciudadanía, al organizarnos, movilizarnos y hacer incidencia política, pese a que está prohibido por la Ley de Extranjería.

La Ley de Extranjería establece como motivo de expulsión el atentar contra los intereses del Estado o inmiscuirse en situaciones políticas del Estado. Su interpretación y aplicación son muy arbitrarias; siempre redunda en la expulsión de personas progresistas o que tienen una visión crítica, y no en la de personas que hacen política de extrema derecha. Hace no mucho, en 2017, a unos jóvenes peruanos los expulsaron por tener libros sobre marxismo. La Coordinadora planteó un recurso de amparo y lo ganamos, pero la ejecución ya se había hecho y ellos ya estaban expulsados del país.

Este no fue un caso aislado, ha habido muchos otros. Un periodista italiano fue expulsado porque ser el comunicador de visual de un proceso de movilización de un sindicato muy importante. Expulsaron también a un compañero vasco porque estaba en las comunidades indígenas Mapuche; alegaron que tenía vínculos con la organización terrorista vasca ETA y aunque se demostró que era falso lo expulsaron igual. Todo esto ocurrió durante el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, o sea que es independiente de la orientación del gobierno de turno.

Estaban ustedes en medio de la discusión del proyecto de ley cuando comenzaron los llamados a la movilización anti-migrante. ¿Quiénes son estos grupos que llamaron a la movilización?

Estos grupos no son nuevos. Ya habían hecho otro llamado antes pero no habían tenido el eco que tuvieron esta vez. Son grupos que están vinculados a una extrema derecha histórica, esa derecha que no muere en ningún país; aunque quizás por momentos decaiga su presencia siempre queda latente esperando una oportunidad para salir de nuevo. Son grupos que defienden a la dictadura, pero saben que si salen a la calle a decir ‘viva Pinochet’ mucha gente los va a rechazar. Pero encuentran diferentes temas que les permiten instalar su discurso. Por ejemplo, se montan en el rechazo a la supuesta ideología de género y se suman a las marchas contra el aborto, y ahora también con el tema de la inmigración.

Los grupos de extrema derecha se caracterizan por su discurso extremadamente simple y excluyente: el otro, el diferente, el que llega de afuera, el extraño que no es chileno es el enemigo, porque es la causa de todos los males del país. Estos grupos vienen de diversos sitios, pero encuentran amparo en un discurso institucional del gobierno actual, que culpa de todo a la inmigración. El presidente Piñera dijo hace unas semanas que el aumento del desempleo en Chile es producto de la llegada de población migrante, aunque el Ministro de Trabajo lo desmintió. El ex Ministro de Salud dijo que el aumento del VIH/SIDA en Chile era culpa de la población migrante. Estos discursos institucionales, basados en falsedades, se van instalando y son aprovechados por los grupos de extrema derecha.

¿Qué es lo que explica que esta vez hayan tenido mayor eco que en el pasado?

Estos grupos se fortalecen cuando su discurso es expresado desde el gobierno. Los planteos de la extrema derecha son los mismos que ha hecho el gobierno: por ejemplo, negar la atención sanitaria a personas con menos de dos años de residencia, eliminar el acceso a la educación. El gobierno dice ‘vamos a quitarles derechos a los inmigrantes’ y sobre esa base estos grupos dan un paso más y dicen ‘vamos a echar a los inmigrantes’. El diagnóstico es en ambos casos el mismo: estamos invadidos, vienen a quitarnos el trabajo, vienen a quitarnos las ayudas, primero Chile.

En este caso, además, las redes sociales jugaron un rol de amplificación. Estos grupos han aprendido a utilizar las redes sociales, aprendieron mucho de la experiencia de Brasil, algunos de hecho habían viajado para apoyar al entonces candidato Bolsonaro. El uso hábil de Facebook, Instagram y Twitter les permite llegar a una audiencia interesante - el chileno que pasa por una situación difícil – al que le ofrecen una explicación y una solución sencillas: usted no encuentra trabajo, la culpa es de los inmigrantes, la solución es echarlos.

Te refieres a un fenómeno curioso: grupos de extrema derecha ultra-nacionalistas que sin embargo se internacionalizan, se organizan en red, colaboran y aprenden de sus pares de otros países…

Sí, hay un proceso internacional donde la extrema derecha chilena aprende de lo que hace la extrema derecha argentina y ésta aprende de la de Brasil y así sucesivamente. Los discursos que hemos escuchado en Chile son un calco de los de la extrema derecha España, con el fenómeno de Vox, el partido de extrema derecha que apareció hace prácticamente un año. Son una copia exacta pese a que la realidad chilena es muy diferente. En España fue muy intenso el discurso de que los migrantes se llevan todas las ayudas sociales, y en Chile se ensayó el mismo discurso, ya que es una táctica internacional, pero lógicamente tuvo menos repercusión porque las ayudas sociales en Chile son muy precarias. O sea que no siempre les funciona, es prueba y error. Pero se trata de una red que se está fortaleciendo internacionalmente y eso es muy preocupante.

Estos grupos convocaron a una marcha contra los inmigrantes para el 12 de agosto de 2019, pero la marcha finalmente no ocurrió. ¿Podrías explicar lo que pasó?

La convocatoria a la marcha se difundió por las redes sociales, y una persona influencer de la extrema derecha, miembro de los grupos convocantes, llamó los manifestantes a portar armas para defenderse de los colectivos anti-fascistas que habían convocado a una contramarcha.

En Chile es necesario pedir autorización para movilizarse en las calles, y en la capital, Santiago, la encargada de dar la autorización es la Intendencia. Después de varias idas y vueltas, ante la presión de las organizaciones sociales y del Colegio de Abogados, que también solicitó que se denegara el permiso, la Intendencia no autorizó la marcha. Hubo algunos incidentes aislados provocados por una veintena de personas que igual asistieron, pero no pasó de allí.

La Coordinación convocó a otro evento para ese mismo día, entendiendo que era complejo para nosotros adherir a la contramarcha que hacían los colectivos antifascistas, dada la limitación de los derechos de participación política de los migrantes. Convocamos a un acto ese mismo domingo a la mañana en el Museo de la Memoria, que es un espacio dedicado a las víctimas de la dictadura. El eje de nuestra convocatoria fue el rechazo del discurso de odio, que hoy es contra los inmigrantes pero en otros momentos fue contra las mujeres o contra los que pensaban diferente, y que lleva a las prácticas que vivimos en dictadura. Cuando deshumanizas a una persona puedes torturarla, tirarla al mar o hacerla desaparecer. Ese fue la respuesta que dimos nosotros. Vinieron unas 150 personas, que no es tanto pero debería dar señal de que también somos parte de este país y que tenemos memoria.

¿Qué estrategia tendría que adoptar la sociedad civil defensora de los derechos humanos de las personas migrantes frente a los grupos anti-derechos?

Estos grupos están para quedarse, ya tienen convocada una nueva movilización para el 7 de septiembre de 2019. El discurso instalado es el de la invasión migrante, de modo que la nuestra es una disputa por el sentido común, una lucha de largo plazo. Trabajamos en una alianza estratégica con los movimientos progresistas y democráticos, pero estos tienen que dejar de lado su mirada paternalista hacia la población migrante. Nosotros no queremos ser tratados como desvalidos necesitados de ayuda; por eso somos una organización de personas migrantes, no una organización que defiende los derechos de las personas migrantes. No queremos ayudas paternalistas, queremos los mismos derechos.

 El espacio cívico en Chile es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con la Coordinadora Nacional de Inmigrantes a través de su página web, acceda al blog de Héctor Pujols o siga a @HectorPumo y a @MigrantesChile en Twitter.

En el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de sus experiencias y acciones ante el avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con María Angélica Peñas Defago, especialista en temas de género, profesora e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones (CONICET) de Argentina, basada en la Universidad Nacional de Córdoba, y coautora del reciente informe del Global Philanthropy Project, ‘Conservadurismos religiosos en el escenario global: Amenazas y desafíos para los derechos LGBTI’.

¿Piensas que los grupos anti-derechos han aumentado su actividad en los últimos tiempos?

En primer lugar, habría que definir qué son los últimos tiempos, cuánto para atrás nos remontamos, y en qué contexto nos situamos, porque en América Latina la situación varía de país en país. En el caso de Argentina hemos visto a lo largo del tiempo - y no solamente en el último año, durante el cual se discutió en el Congreso un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo –reacciones contra los progresos de la agenda de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI. Si bien es cierto que en los últimos años los grupos anti-derechos se han visibilizado y unido más entre ellos, en gran parte en respuesta a los avances en temas de derechos sexuales y reproductivos conseguidos, hace décadas que están presentes, coaccionando nuestras agendas. En Argentina hace más de 20 años promueven activamente acciones de litigio contra todo intento de política pública de salud sexual y reproductiva o vinculada con esos derechos. En la provincia de Córdoba, donde vivo, estos esfuerzos han sido muy exitosos en las primeras instancias judiciales, pero los fallos favorables a estos grupos acabaron siendo revertidos en instancias superiores de la administración de justicia.

En lo que se refiere a acciones callejeras, ya ha habido en el pasado reacciones fuertes de estos grupos, incluyendo marchas en todo el país, por ejemplo contra el matrimonio igualitario, que se aprobó en 2010 en Argentina. Los mismos grupos volvieron a manifestarse en contra de la legalización del aborto en 2018. Al mismo tiempo ha habido una nueva embestida contra la educación sexual en las escuelas, una batalla de larga data. La educación sexual fue implementada mediante una ley de 2006 que aún sigue siendo resistida. Durante el debate sobre el aborto los grupos anti-derechos fingieron promover la educación sexual como alternativa al aborto, pero luego de que el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo fue rechazado en el Senado volvieron a la carga contra la educación sexual.

Lo que hay en curso es una rearticulación conservadora y desde esa rearticulación creo que se han vuelto más visibles en el último tiempo. Si bien también han emergido nuevos actores dentro de la sociedad civil, el fenómeno central en el actual contexto sociopolítico es la rearticulación que se está produciendo en los campos político y económico. Esto se observa, por ejemplo, en las alianzas articuladas en Colombia en torno del referéndum de 2016 por el proceso de paz, así como en Brasil, con la elección de Jair Bolsonaro como presidente en 2018.

En Colombia, durante la campaña conducente al plebiscito, las fuerzas contrarias a los acuerdos aseguraban que si ganaba el ‘sí’ se impondría la llamada ‘ideología de género’; en Brasil se multiplicaron durante la campaña electoral las noticias falsas que decían que el PT promovía la pedofilia e intentaba ‘convertir’ a los niños en homosexuales o transexuales.

De diferentes maneras, el fenómeno se observa también en Argentina, donde se ha producido una convergencia entre los principales actores de oposición a la agenda progresista, y en particular a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos.

¿Crees que se trata de grupos puramente reactivos, cuya razón de ser es frenar los avances de la agenda progresista?

En mi experiencia, efectivamente así es. En mi trabajo he monitoreado algunos congresos de grupos autodenominados ‘pro-vida’ y analizado sus acciones en los espacios regionales y globales, y sobre todo en la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, y es evidente que están perdiendo la hegemonía en lo que se refiere a formatos familiares y roles sexuales, y ellos lo saben. Estos grupos están reaccionando frente a lo que perciben como un retroceso. Su reacción está siendo coordinada no solo a través de la agenda temática de los derechos sexuales y reproductivos, sino también a través de una agenda política y económica nacionalista, neoliberal y en algunos casos fascista.

El fenómeno Bolsonaro es un buen ejemplo de reacción ante una agenda pluralista en materia de moral sexual y derechos sexuales y reproductivos. El avance de esta agenda pluralista funcionó de agente aglutinante para una agenda política conservadora más amplia. En el marco de la reacción contra los progresos en materia de derechos sexuales y reproductivos, otros actores están aprovechando para imponer sus propias agendas conservadoras, por ejemplo en torno del tema migratorio. Hay algunos actores nuevos, sobre todo los que se suman desde otros campos - político, económico, religioso -, pero muchos de los que están adquiriendo mayor visibilidad son los mismos de siempre, que ahora están unificando agendas que solían discurrir en paralelo y de maneras menos coordinadas.

¿Cuáles son las tácticas que estos grupos han utilizado para hacer avanzar su agenda?

El litigio contra los derechos sexuales y reproductivos ha sido una herramienta importante a lo largo de más de tres décadas. En Argentina, estos grupos han litigado, entre otras cosas, contra la administración de contracepción de emergencia y para frenar la aplicación de los protocolos para abortos no punibles. En Argentina el aborto es legal desde 1921 en los casos de violación, inviabilidad del feto, o peligro para la vida o la salud de la mujer; sin embargo, estos sectores han intentado impedir el acceso oportuno y seguro a este derecho.

Para la parte de la sociedad civil que trabaja en el área de los derechos de las mujeres, estos grupos siempre han estado allí. Pero el litigio, en ocasiones, es bastante silencioso, y posiblemente escapara al conocimiento de la sociedad civil más amplia. Muchas veces todo quedaba en el terreno de la justicia y los servicios de salud. Lo cual no obstaba para que tuviera efectos muy fuertes, porque las decisiones judiciales en materia de salud sexual y reproductiva producen miedos, dudas y parálisis en los prestadores de salud, que son sujetos clave para el acceso a esos derechos.

La presencia actual de grupos anti-derechos no es novedosa para los grupos feministas y LGBTQI, pero puede que sí lo sea para otros sectores de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, que en el último tiempo los ven actuando más intensamente a través de la ocupación del espacio callejero y la creación de alianzas políticas partidarias, arenas claves de disputa en las democracias contemporáneas. Estos grupos están tratando de resignificar lo público, intentando mostrarse como mayoría, y de este modo están ganando visibilidad pública. En este terreno, una de sus estrategias más exitosas pasa por el uso de mensajes y simbologías coordinados. La campaña ‘Con mis hijos no te metas’, por ejemplo, usa las mismas frases y eslóganes, e incluso los mismos símbolos y colores, no solamente en toda América Latina, sino incluso más allá. Lo hemos visto en Europa del Este, en Italia, en España. Hacen un intenso uso de redes sociales para que estas estrategias y simbologías viajen, sean compartidas y nos lleguen repetidamente desde distintas latitudes.

Si las posiciones anti-derechos tienen mayor visibilidad es porque los actores que las impulsan, en su mayoría actores religiosos, han un adquirido un protagonismo en el espacio público que hace 20 años no tenían. Las iglesias evangélicas, al igual que las católicas, son plurales y heterogéneas en su conformación. Pero en gran parte de América Latina, diversas iglesias evangélicas de las ramas más conservadoras están liderando los procesos políticos de resistencia a los derechos sexuales y reproductivos, en algunos casos en alianza con las jerarquías católicas y en otros con discrepancias e incluso con rupturas.

A diferencia del litigio, la estrategia de ocupar la calle requiere de apoyo en grandes números. ¿Piensas que estos grupos están ganando popularidad?

El fenómeno sociopolítico que han generado estos grupos no es menor. No se trata simplemente de campañas y eslóganes, sino que tienen una inserción profunda en el territorio. Para entender lo que está pasando en el terreno religioso y de la resistencia contra los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos es necesario tomar en cuenta el contexto socioeconómico y el modo en que operan estas iglesias a nivel territorial, en conexión con las poblaciones a las que movilizan.

En Argentina, una sociedad muy movilizada políticamente, la movilización callejera ha sido largamente utilizada por estos grupos, no es una novedad. Lo novedoso es la masividad de la convocatoria. Hace 30 años, o más, estos grupos ya se movilizaban, pero no existían las redes sociales. Los modos de comunicación y convocatoria han cambiado al mismo tiempo que lo ha hecho el campo religioso frente a los avances de los derechos sexuales y reproductivos. Las iglesias evangélicas han crecido en toda la región, y dentro de ellas los que más han crecido han sido los sectores conservadores.

Por otro lado, creo que entender cómo opera el contexto neoliberal de precarización general de la vida es clave para entender este fenómeno. En el contexto sociopolítico del Estado neoliberal, con la retirada del Estado de sus funciones básicas, muchos actores religiosos han pasado a realizar tareas y a proveer servicios que corresponden al Estado. En algunos sitios, como en los Estados Unidos, la Iglesia Católica lleva décadas prestando servicios a ciertos grupos, por ejemplo a los migrantes, que el Estado no ofrece. En América Latina, es impresionante el rol de las iglesias evangélicas en el terreno de la asistencia y la contención relacionada, por ejemplo, con las adicciones. Los sectores evangélicos están creciendo exponencialmente porque están asistiendo a comunidades que están siendo relegadas por el Estado. Los pastores evangélicos desempeñan roles centrales en las comunidades, están activos en las políticas de asistencia, de adicciones, de salud, de educación, y son centrales a la hora de convocar a la movilización - en parte, además, porque muchos de ellos son miembros de esas comunidades. Viven en los mismos barrios y mantienen vínculos estrechos con las personas que integran sus iglesias.

De modo que no estamos ante una mera batalla de narrativas. Los discursos que debemos enfrentar están enraizados en las prácticas de las comunidades de base, y muchas de las convocatorias se realizan desde las iglesias. El llamado desde el púlpito es importante, porque para muchas personas que están excluidas la iglesia es indispensable. En países con altísimas tasas de pobreza, para mucha gente la iglesia es el único lugar de pertenencia y amparo que queda cuando tanto el Estado como el mercado la han excluido, y no tienen acceso a trabajo, educación o salud. Más allá del hecho de que la religiosidad sigue siendo un aspecto central de la identidad de muchas personas, la pertenencia y la idea de comunidad no son una cuestión menor en el contexto de la precarización y la individualización extremas que suponen los modelos económicos, políticos, sociales y culturales del neoliberalismo.

¿Qué puede ofrecer frente a esto la sociedad civil progresista?

La sociedad civil progresista tiene mucho para ofrecer, porque se centra en la disputa y la generación de modos de vida vivibles, ricos, plurales, basados en la solidaridad y el apoyo mutuo. No creo que haya una receta única, porque se trata de movimientos muy diversos. Hay movimientos feministas y LGBTQI que trabajan desde el pluralismo religioso, disputando la idea del monopolio de la fe, y son espacios muy ricos de lucha y de pertenencia. Las religiones, todas ellas, tienen espacios plurales, democráticos y horizontales, que muchas organizaciones aprovechan para dar una batalla por los sentidos. Otras organizaciones tienen experticia en la creación de mensajes, y desde allí contribuyen. Pero esta batalla no tiene lugar solamente, ni principalmente, en las redes sociales, ya que no todo el mundo tiene siquiera acceso a internet. La disputa por el sentido es fundamental tanto en las redes sociales como fuera de ellas, como se observa en torno del rótulo ‘pro-vida’ que se auto-imputan muchos grupos anti-derechos. Los grupos de mujeres y LGBTQI que trabajan a nivel de base lo referencian continuamente, con el interrogante: ¿cuánto vale mi vida si no tengo acceso a un trabajo, al reconocimiento de mi identidad, a la protección de mi salud, si la vida que se me ofrece no es una vida digna? La sociedad civil progresista debe reclamar para sí la defensa de la vida, entendida como vida digna, plenamente humana.

Para ofrecer esta respuesta, la sociedad civil progresista necesita aliarse con otros actores que comparten los valores del pluralismo, la libertad y la igualdad. La agenda feminista plural, inclusiva, no esencialista y decolonial es una buena base sobre la cual articular alianzas con múltiples actores que antes no eran convocados por el feminismo, para poder disputar sentidos no solo en el terreno retórico, sino también en la realidad concreta. El feminismo popular representa un regreso a lo real, a lo que los principios implican para el día a día de la gente. Si hablamos del aborto, por ejemplo, debemos centrarnos en las consecuencias de la legalidad o la ilegalidad de esta práctica sobre la realidad cotidiana de las personas gestantes, de las familias y las comunidades. La religiosidad y la fe son una parte importante de la vida de las personas, y el movimiento feminista, o al menos una buena parte de él, está trabajando desde esa realidad.

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En el marco de nuestro informe temático 2019, que será publicado en octubre, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de su experiencia frente al avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Eliana Cano, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir – Perú (CDD-Perú), un movimiento de personas católicas y feministas, comprometidas con la búsqueda de justicia social y el cambio de los patrones culturales que limitan la autonomía de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Recientemente, CDD-Perú fue demandada civilmente por el Centro Jurídico Tomás Moro, que busca quitarle la personería jurídica con el argumento de que, en el marco del concordato entre el Vaticano y Perú, no debería utilizar la designación de “católicas”.

CDD-Perú ha sido demandada civilmente para que se le retire la personalidad jurídica y se le impida definirse como ‘católica’. ¿Quiénes las están demandando, por qué se han ensañado con ustedes, y qué pretenden lograr?

Hace aproximadamente un mes y medio fuimos notificadas de que el Centro Jurídico Santo Tomás Moro, que se autodesigna representante de la Iglesia Católica, nos había iniciado una demanda. Según los abogados que nos están asesorando, este grupo empezó a explorar todo el quehacer de nuestra organización hace aproximadamente un año. Eligieron la vía civil para demandarnos porque quieren hacer de esto un proceso largo, tedioso, cansado, de apelación permanente. Es un proceso que podría llevar en promedio entre tres o cuatro años. La estrategia de fondo es agotarnos en el proceso.

Quieren que nosotros, como organización, dejemos de existir en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es decir, que perdamos nuestra personería jurídica y no podamos seguir operando en el Perú. Para ello aducen que, por llamarnos como nos llamamos, estamos faltando el respeto a la Iglesia Católica y a la feligresía; dicen que, en el marco del concordato entre el Vaticano y el Estado peruano, que reconoce el rol de la Iglesia Católica, estaríamos usando de mala fe el término ‘católicas’, que representa a una institución y a una identidad histórica. No aceptan la interpretación que hacemos de los textos bíblicos desde la teología feminista para cuestionar el dogma, la conciencia impuesta, el control que buscan hacer de la gente en nombre de Dios. Es importante señalar que nuestra organización no está registrada en la Iglesia Católica como grupo de fieles, y por lo tanto no está sujeta al mandato interno de la Iglesia.

Ustedes existen desde hace unos cuantos años. ¿Es la primera vez que enfrentan una reacción semejante?

Efectivamente, el proyecto Católicas por el Derecho a Decidir es bastante antiguo en América Latina. Comenzó en Uruguay y luego se extendió a Estados Unidos, y de allí pasó a México y a otros países de América Latina. En Perú la organización tiene existencia jurídica desde el año 2009. Nos organizamos porque nos identificamos como feministas con identidad católica, nos sentimos mujeres católicas de fe, pero tenemos una mirada crítica frente al dogma, al pensamiento estático y cerrado, sobre todo cuando se debaten temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, donde el cuerpo y la sexualidad son el terreno donde se libran luchas políticas. En Perú siempre ha habido una voz pública muy homogénea alrededor de los Evangelios y el derecho a mandar sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, y nosotras, al ponerla en duda desde nuestra identidad católica, recibimos una respuesta bastante agresiva de la jerarquía de la Iglesia Católica local y grupos vinculados a esta.

El primer ataque público fue por el debate en torno al protocolo por el aborto terapéutico, es decir, justificado por razones médicas, cuando hay riesgos graves para la salud o la vida de la mujer. Fue un ataque teñido por los mismos recursos que ellos siempre utilizan, fundados en la difamación, el descrédito y la mentira. Pero se trató básicamente de ataques verbales y escritos a través de las redes sociales.

Estos grupos conservadores se manejan bien en las redes sociales, permanentemente nos atacan públicamente por cada cosa que se sale del sitio del dogma, del discurso homogéneo. Sin embargo, es la primera vez que enfrentamos una demanda legal; no esperábamos un ataque tan directo y de semejante magnitud. Tal vez deberíamos haberlo previsto, ya que en América Latina, y en el Perú específicamente, la corriente ultraconservadora ha penetrado profundamente en la estructura política del país y está afectando la vida democrática.

Daría la impresión de que estos grupos ultraconservadores son ahora más grandes y están más envalentonados que en el pasado. ¿A qué se debe?

Considero que una mirada en el tiempo permite ver cómo desde hace varias décadas se decidió desarrollar una respuesta global y regional para desalentar y debilitar el discurso de la Teología de la Liberación, cuyo énfasis estuvo principalmente en la preocupación por la pobreza. Con su discurso cuestionador dentro de la Iglesia que se extendía a otros ámbitos de la vida, la Teología de la Liberación afectó o incomodó mucho a la parte más dura y conservadora de la Iglesia. La reacción contraria ha sido de largo aliento. Ha logrado avances, al punto que hoy se hace visible una red altamente orgánica, con sedes de encuentro en los diferentes países de América Latina, publicaciones, conferencias y recursos económicos considerables. Su presencia comenzó a hacerse sentir con fuerza en el año 2005, con el II Congreso Internacional Pro-Vida organizado por el Centro de Promoción Familiar y de Regulación de la Natalidad (Ceprofarena) en la capital del Perú. Este congreso produjo un documento conocido como la Declaración de Lima, expresión de la concertación entre los grupos conservadores.

Ceprofarena existe desde comienzos de los años ochenta; está estrechamente vinculado con Human Life international, una poderosa organización internacional conservadora, y cuenta entre sus miembros a reconocidos médicos y altos funcionarios del Estado, incluidos ex ministros de Salud. La organización se mueve dentro de numerosas organizaciones médicas y de salud, públicas y privadas. Estos actores ponen el discurso “científico” conservador al servicio de atropellos tales como la denegación de la anticoncepción oral de emergencia, tema en el cual le ganaron la pulseada al Ministerio de Salud: le hicieron una demanda, llevaron ante los tribunales el derecho a informarse y decidir de miles de mujeres, y lograron la prohibición de su distribución en todos servicios de salud a nivel nacional. Ahora están en campaña para deshabilitar el protocolo de aborto terapéutico que se logró establecer en el quinquenio 2011-2016.

El entramado de organizaciones conservadoras en Perú se completa con la Oficina para Latinoamérica del Population Research Institute , con sede en Lima; la sede peruana de la Alianza Latinoamericana para la Familia, que promueve formatos familiares clásicos y produce y difunde libros escolares; y por supuesto organizaciones más antiguas como el Opus Dei, que hace labores de desarrollo y apoyo local y está muy inserto en espacios educativos, además de dentro de la burocracia de la Iglesia; y el Sodalicio de la Vida Cristiana, una organización de laicos.

Estos grupos tienen mucho dinero del empresariado conservador y se han apropiado tanto de estrategias como de discursos efectivos. Esta demanda jurídica es una estrategia práctica que denota cambios en su forma de organizarse. Ya no hablan el lenguaje divino y clerical porque saben que cada vez atrae menos; en cambio se han apropiado del discurso de la democracia y los derechos humanos.

¿Están ustedes pensando nuevas estrategias para enfrentar este desafío?

En este escenario nos vemos en la necesidad de fortalecer nuestras estrategias de comunicación. También tenemos que reforzar la parte económica ya que no contamos con financiación para enfrentar una demanda legal de esta magnitud. Los donantes internacionales no necesariamente contemplan en sus apoyos un rubro para planes de defensa institucional. Pero en los tiempos actuales se trata de un aspecto muy necesario para las organizaciones defensoras de los derechos humanos. En esta situación específica, felizmente, el Instituto de Defensa Legal, que ya había asumido casos parecidos en relación con periodistas, se interesó y decidió patrocinar el caso como parte de su apuesta institucional. Ellos consideran que esto es una “pelea ideológica” y que el cuestionamiento del nombre es un “pretexto” para desaparecernos como actores con influencia. El suyo es un gesto que agradecemos infinitamente.

En lo que se refiere al discurso, sin embargo, no deberíamos movernos de nuestras posiciones, sino más bien poner en evidencia que la apropiación del discurso de los derechos humanos y la democracia por parte de los grupos ultraconservadores es tan superficial como poco respetuosa de los principios democráticos. Tal como acaba de suceder con la campaña “Con mis hijos no te metas”, centrada en la oposición a la educación sobre la igualdad de género y el respeto por las identidades sexuales, su discurso tiende a volverse muy agresivo cada vez que se sienten acorralados. Se les percibe como desesperados, porque en el fondo no hacen sino reaccionar frente a conquistas en materia de derechos.

La situación de hecho ha progresado, porque no somos solamente nosotras, sino que se encuentran en movimiento nuevas generaciones y mucha gente respetuosa de la libertad, de la diversidad, de la garantía de derechos, que también está ganando espacios. No solamente son las tres o cuatro organizaciones feministas fundadoras que se mueven en la ciudad de Lima; se evidencian voces, rostros y jóvenes organizados desde las universidades, desde las comunidades, desde otras regiones del Perú que con un pensamiento crítico no aceptan los dogmas, incluso reaccionan con tono sarcástico ante ese tipo de discursos y posiciones.

Desde ya que hay una juventud católica que es convocada por el Papa y ha decidido quedarse en ese perímetro ultraconservador, pero también hay una movilización social juvenil en torno de muchos temas, y con ellos muchas cuestiones de la agenda de derechos sexuales y reproductivos van permeando el debate público. Creo que esto está desesperando a los grupos ultraconservadores, y entonces reaccionan de manera feroz, con cólera, frustración, y hasta me atrevería a decir que odio. Es decir, reaccionan con actitudes que no se parecen nada a la misericordia, la bondad, la humildad, la comprensión y el no juzgamiento.

¿Por qué el hecho de que se definan como ‘católicas y feministas’ genera este tipo de rechazos?

Nosotras somos mujeres de fe y la religión es parte de nuestra identidad. Hemos sido criadas como católicas, y en ese marco el mensaje que se nos inculcó fue de obediencia, prohibición y opresión. Conforme hemos crecido, nos rebelamos ante este y otros aspectos del control de la vida y la dimensión sexual-afectiva. Nos identificamos como católicas desde una interpretación renovada y no renunciamos a nuestra fe. Somos conscientes de que el catolicismo no es solamente una cuestión de fe, sino que también opera o se materializa en una institución, y como tal tiene prácticas tanto positivas como negativas que tienen impacto en la vida de la gente, y específicamente sobre su feligresía.

Al mismo tiempo, todas nosotras venimos de trayectorias en organizaciones con identidad feminista. Somos feministas, cuestionamos el patriarcado como sistema de relaciones de poder asimétricas, pero no renunciamos a nuestra fe. Siempre nos hacemos estas preguntas: ¿por qué nuestra religión tendría que tener una sola voz, uniforme e incuestionable? ¿Por qué obedecer en silencio y validar el sacrificio y el sufrimiento en nuestras vidas y cuerpos? Encontramos un asidero en la teología feminista, que pasa por una deconstrucción y una reconstrucción del Evangelio. Estas herramientas conceptuales y políticas fortalecen nuestra convicción y nuestra lucha pública por los derechos sexuales y reproductivos.

Desde la oficialidad se nos dice “ustedes no son católicas, quiénes son ustedes para hablar en nombre del catolicismo”, a lo que nosotras respondemos: “qué te hace a ti católico, qué te permite atropellar derechos en nombre de Dios”. Nosotras hemos hecho una reapropiación del lenguaje del evangelio que se centra en el derecho de las personas a deliberar en conciencia, a discernir y a decidir, y esto les incomoda. Yo soy católica, bautizada y apuesto por una teología feminista. No puedes cuestionar mi fe, así como yo tampoco puedo cuestionar la tuya. Es una lucha muy fuerte, porque puede ser fácil derrumbarse frente a una masa mayoritaria que te dice que tú no eres uno de ellos. Desde el principio supimos que enfrentaríamos la descalificación, la mentira y la difamación; sin embargo, no pensamos que los ataques llegarían a ser tan violentos como los que experimentamos actualmente en las redes sociales y a través de esta demanda.

Como la experiencia de fe no nos la pueden arrancar, lo que intentan es arrancarnos la personería jurídica, hacernos desaparecer. Representamos un peligro porque no somos pocas, cada vez somos más quienes nos conocen y se sienten identificadas/os. Representamos la posición de muchas personas que no necesariamente tienen la oportunidad de articular públicamente este pensamiento, pero que lo sienten y lo viven. Hay una feligresía amplia y diversa que no piensa como la jerarquía y considera que la respuesta ultraconservadora en materia de políticas públicas es digna de la época de la Inquisición. Según las encuestas, la mayoría de los católicos disiente de la jerarquía en muchas cuestiones importantes, tales como la homosexualidad, que no consideran que sea una enfermedad o un castigo divino, o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Decidir un aborto en circunstancias específicas de vida es una decisión altamente ética y responsable, no te hace una mala mujer, ni menos católica ni mala madre. Utilizar anticonceptivos para regular la maternidad y la paternidad o disfrutar una relación sexual sin procrear no está prohibido en los evangelios. El mal llamado estado de “virginidad” va perdiendo credibilidad divina y libera a las mujeres de sentimientos de culpa incluso en sociedades como las de América Latina, donde los gobiernos de turno y la Iglesia Católica estuvieron siempre de la mano para regular la vida de la gente. Es más, actualmente siguen utilizándose mutuamente cuando uno de ellos pierde credibilidad.

¿De qué maneras están promoviendo la distinción entre la privada y política pública?

La nuestra es también una lucha por un Estado laico, un Estado que se encuentre separado de las iglesias. Esto es muy difícil de conseguir en la práctica, ya que la Iglesia Católica y el Estado peruano mantienen fuertes vínculos institucionales. Sin embargo, más allá de conseguir legal y constitucionalmente la separación entre la Iglesia y el Estado, hay otra lucha que estamos dando en el terreno de los imaginarios colectivos y de las actitudes. Mucha gente (políticos, funcionarios, servidores públicos) llegan a la esfera pública sin una reflexión sobre la importancia de separar la creencia religiosa de la función pública. En consecuencia, muchos legisladores y funcionarios públicos toman decisiones sobre la base de sus creencias religiosas. Es usual encontrar en los edificios de los Ministerios crucifijos, capillas e imágenes de carácter religioso. En el día a día la religión nos rodea y nos limita, no existen fronteras claras entre la práctica religiosa y la función pública.

Los grupos ultraconservadores se afirman sobre este terreno y buscan expandir aún más los dictados de una religión que se presenta como homogénea, con la intención de obligar a toda la ciudadanía a vivir según sus propias creencias y mandatos. El problema no es la religión; la dificultad radica en el uso político que se hace de ésta en la esfera político–pública, donde el deber es garantizar los derechos humanos.

El espacio cívico en Perú es clasificado como ‘obstruido’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con Católicas por el Derecho a Decidir-Perú a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga a @CDDperu en Twitter

En el marco de nuestro informe temático 2019, estamos entrevistando a activistas, líderes y expertos de la sociedad civil acerca de su experiencia frente al avance de los grupos anti-derechos y sus estrategias para fortalecer las narrativas progresistas y la capacidad de respuesta de la sociedad civil. En esta oportunidad, CIVICUS conversa con Teresa Fernández Paredes, abogada especializada en Derecho Público Internacional e integrante de la Dirección Legal de Women’s Link. Con oficinas en Colombia, España y Kenia, Women’s Link defiende y promueve los derechos de las mujeres y aspira a generar cambios estructurales a través del litigio estratégico.

¿A qué se dedica Women’s Link y cuáles son sus áreas de trabajo?

Women’s Link es una organización internacional que utiliza el derecho – en su mayoría somos abogadas – para promover cambios sociales estructurales que avancen los derechos de las mujeres y niñas, y sobre todo de las que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, tales como mujeres migrantes o mujeres que ven limitado el ejercicio de sus derechos en razón de su etnia, edad o condición socioeconómica, entre otros factores.

Trabajamos desde Madrid, en España; Bogotá, en Colombia y Nairobi, en Kenia. Aplicamos al derecho un análisis de género y un análisis interseccional para ampliar y mejorar los derechos de las mujeres y las niñas. Trabajamos en algunas áreas específicas, como los derechos sexuales y reproductivos, donde combatimos a los grupos anti-derechos. También nos enfocamos en la trata de seres humanos, y sobre todo en la trata de mujeres con funciones de explotación sexual o servidumbre doméstica y en las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres en contextos de migración o de justicia transicional. Y finalmente nos concentramos en la discriminación, como un tema transversal a todos los demás. Usamos varias estrategias: además de litigios estratégicos, hacemos capacitaciones judiciales y publicaciones, entre otras cosas.

¿Cuáles son actualmente sus principales ejes de trabajo en América Latina?

Una de nuestras principales líneas de trabajo en América Latina es el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en sentido amplio. En este momento, en el contexto de la ola migratoria venezolana, estamos trabajando en el vínculo entre migración y falta de acceso a estos derechos. Concretamente, examinamos cuestiones tales como los efectos que tiene sobre el goce de estos derechos el estatus migratorio irregular, o la situación de las fronteras como espacios de no-derecho.

El trabajo en Venezuela ha sido un gran desafío, dada la situación que atraviesa el país. Lo que hacemos, en este y en todos los casos, es aplicar los estándares del derecho internacional al contexto local. Pero es importante tener en cuenta que generalmente el derecho – y no solamente el derecho interno de los países, sino también el derecho internacional de los derechos humanos - es muy androcéntrico. La normativa se ha ido desarrollando a lo largo de los años alrededor de la imagen del hombre blanco como sujeto universal.

Nuestra aproximación al derecho es estirarlo para que dé cabida a las experiencias de las mujeres, porque en el marco de los derechos humanos los temas de las mujeres suelen quedar de lado. En el contexto de Venezuela, trabajamos mucho con el sistema interamericano de derechos humanos. Por ejemplo, recientemente pedimos una medida cautelar para una maternidad en la que morían muchas madres y niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la cautelar, pero en el contexto actual parece es difícil que se cumpla. Sin embargo, sirve para llamar la atención sobre la situación específica que viven mujeres y niñas. Y todo este trabajo sirve también para entender porqué las mujeres se van de Venezuela - qué las impulsa a ellas, en tanto que mujeres, a iniciar los tránsitos migratorios; y qué necesidades tienen cuando llegan a países de tránsito y de destino.

Además de trabajar en Venezuela, varios de nuestros proyectos se centran en garantizar que las experiencias concretas de las mujeres y sus voces se escuchen en el proceso de paz en Colombia. Lo hacemos sobre todo desde nuestra oficina en Bogotá, y siempre en conjunto con organizaciones comunitarias, para intentar que las voces de las personas que están en las fronteras lleguen a los tomadores de decisiones.

En los últimos años se ha observado avances de los grupos anti-derechos, en América Latina y más allá. ¿Han enfrentado reacciones o ataques de estos grupos en el curso de su trabajo?

El contexto en que trabajamos está fuertemente marcado por el auge de grupos anti-derechos que se dicen movilizados contra lo que ellos llaman “ideología de género”. Pero no es un fenómeno nuevo: los grupos anti-derechos se han venido articulando con gran efectividad desde los años ’90. Tienen mucho dinero y una cosa que hacen mejor que los grupos de izquierda es articularse de manera muy efectiva entre ellos; aunque aborden distintos temas encuentran el punto en común. Por ejemplo, se han articulado muy bien para poner sobre la mesa el tema de la ideología de género, presentándolo en todos los espacios y consiguiendo que, algo que ni siquiera era un concepto, se convirtiera en un tema global. Han conseguido posicionarlo en la agenda, cosas que es más difícil de hacer desde la izquierda, donde hay más discusión en torno de los temas y cuesta más articularse y hablar con una sola voz. De ahí que todavía no tengamos una respuesta única y contundente para los embates en nombre de la “ideología de género”.

Los grupos anti-derechos buscan arrebatarnos derechos adquiridos. Y lo hacen utilizando el mismo discurso que han empleado con éxito los grupos de derechos humanos. Hablan de derechos humanos y se presentan como víctimas. Incluso presentan a las feministas como agentes diabólicos, dándole al feminismo más poder del que se podría creer que tiene en determinados espacios. Por nuestra ubicación en tres regiones, desde Women’s Link vemos claramente que las mismas estrategias se repiten en distintos lugares. Están utilizando estrategias coordinadas, alimentadas con muchísimo dinero y con apoyo global. Como utilizan el lenguaje de los derechos humanos, cada vez tienen más representación legal, y han comenzado a ocupar sitios en lugares estratégicos, donde están los tomadores de decisión, como en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos.

¿Cómo puede actuar la sociedad civil progresista para poner freno a estos avances?

Frente a estos ataques es importante actuar rápido a través del derecho. Hay que seguir trabajando para fortalecer el marco de derechos, blindándolo frente a estos ataques. Debemos pensar no solo estrategias de defensa, sino también estrategias proactivas para ampliar el marco de derechos, o cuanto menos para quitarles a los grupos anti-derechos espacio para moverse.

Hay discusiones aún no saldadas sobre las que hay mucho que trabajar, como el tema de la libertad de expresión versus los discursos de odio. Paradójicamente, para difundir su mensaje los grupos anti-derechos se están apoyando en uno de los temas-estandarte de la izquierda, la libertad de expresión.

Con todo, para que se generen cambios sociales duraderos, no podemos quedarnos en el derecho y los tribunales. Lo que necesitamos son casos que movilicen, generen debate público e instalen un verdadero cambio en la sociedad. En ese sentido hay movimientos esperanzadores, como el #MeToo y la Marea Verde en Argentina. Es decir, estamos viendo dos procesos contrapuestos: por un lado, crecen los grupos anti-derechos; por el otro, se genera una fuerte movilización desde las bases y desde la juventud en torno de estos temas. Tal fue el caso de la Marea Verde, que generó una movilización sin precedentes mientras se tramitaba en el congreso argentino un proyecto de legalización del aborto. Sin duda, es muy posible que los procesos estén interconectados y uno sea consecuencia del otro.

Estos movimientos sociales generan un panorama esperanzador. Ante el intento de retroceder en derechos adquiridos, hay una masa muy activa que dice “mira, esto ya es un derecho adquirido, ya no lo puedes quitar”. Ya no se puede ir para atrás: en adelante puedes ampliar el marco, pero no lo puedes reducir.

Además de los ataques de los grupos anti-derechos, ¿qué otros desafíos enfrenta la sociedad civil que promueve derechos de las mujeres?

Para las organizaciones de base, la falta de recursos puede ser una gran limitación. Y a nosotras se nos presenta el desafío de cómo articularnos con estas organizaciones, sobre todo en contextos de gran urgencia como puede ser el de los movimientos masivos de movilidad humana.

Women’s Link se dedica a identificar situaciones estructurales donde se vulneran derechos de las mujeres y a diseñar estrategias jurídicas para generar un cambio estructural transformador. Mientras tanto, las organizaciones de base – por ejemplo, en la frontera entre Colombia y Venezuela – están asumiendo cada vez más, y en condiciones de urgencia, funciones que deberían ser desempeñadas por el Estado. En estos contextos, la mayor parte de la respuesta a los problemas está proviniendo de organizaciones de la sociedad civil.

Estas organizaciones de base están respondiendo a una situación muy urgente y las necesidades que tienen las mujeres con que ellas trabajan son muy inmediatas, y sin embargo lo que podemos hacer desde Women’s Link es apoyarlas desde el litigio estratégico, que suele llevar mucho tiempo.

Pero más allá de las dificultades de trabajar con recursos escasos, es vital articular esas relaciones, porque el aporte que Women’s Link tiene para hacer no serviría de nada sin el trabajo que hacen las organizaciones de base y sin, por supuesto, la voz y el apoyo de las mujeres.

Contáctese con Women’s Link a través de su página web y su perfil de Facebook, o siga a @womenslink en Twitter.

Este artículo es parte de la serie #HistoriasDeResiliencia, coordinada por CIVICUS para destacar los esfuerzos de grupos y activistas que promueven mejores prácticas de financiación y movilización de recursos valiosos para la sociedad civil.

En los últimos cinco años, el West Africa Civil Society Institute (WACSI) ha promovido incesantemente la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en África Occidental, especialmente en Ghana, luego de ver varias OSC cerrando sus puertas por limitaciones financieras.

CIVICUS conversó con Omolara Balogun, quien lidera la unidad de Influencia en Políticas y Abogacía de WACSI, sobre sus esfuerzos para apoyar la resiliencia de las OSC en esta región, que incluyen realizar estudios y establecer alianzas con actores regionales e internacionales –como el Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA, por sus siglas en inglés) apoyado por CIVICUS– para concientizar, diseminar aprendizaje, crear capacidades y promover mejores condiciones para que la sociedad civil pueda mantenerse a flote y prosperar.  

¿Cómo se involucró WACSI en promover la sostenibilidad de las OSC en África Occidental?

Nuestro interés empezó en el 2014, al ver cambios contundentes en el contexto de financiación para el desarrollo, específicamente, una baja en los fondos aportados por los donantes extranjeros “tradicionales” para la sociedad civil. Antes, WACSI tenía suficientes recursos para proveer de forma gratuita sus servicios de capacitación, abogacía, investigación y documentación del trabajo de la sociedad civil; sin embargo, ese esquema de trabajo gratis dejó de ser sostenible cuando empezamos a recibir menos fondos. Entonces decidimos solicitar una pequeña contribución a quienes atendían nuestras capacitaciones, pero para nuestra sorpresa, muchas personas y organizaciones no podían pagarlo. Escuchamos quejas constantes sobre donantes que redujeron sus aportes o imponían requisitos más estrictos para aplicar por financiamiento, una mayor “proyectización” de los fondos y menor disponibilidad de fondos básicos para cubrir gastos administrativos y la formación del personal de las organizaciones. Nuestro interés en el tema creció mientras esta tendencia continuaba, así que decidimos facilitar un debate sectorial sobre la sostenibilidad de las OSC en África Occidental.

Uno de los primeros pasos que tomaron fue investigar la situación financiera de las OSC en Ghana. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales?

Ese mismo año recibimos fondos iniciales de STAR-Ghana y comisionamos el estudio piloto llamado “El estado de la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil en Ghana”, publicado en el 2015. El estudio involucró a OSC de distintas categorías para identificar y entender quiénes estaban ‘luchando’, ‘sobreviviendo’ o ‘prosperando’ en cuanto a su sostenibilidad financiera, operativa, de intervención y de identidad. Los resultados indicaron que la minoría de las OSC estaban prosperando en todas las áreas y eran aquellas con acceso estable a fondos de donantes internacionales tradicionales. La mayoría estaba apenas sobreviviendo con fondos para cubrir sus gastos administrativos y realizar actividades en el presente, pero no sabían si lograrían obtener recursos para mantenerse trabajando y relevantes el día de mañana. Por último, una cantidad significativa estaban luchando hasta para terminar de implementar proyectos, pagar alquileres y salarios. De hecho, vimos aliados con una misión valiosa y con intervenciones reconocidas en el tema de paz y conflicto, quienes tuvieron que cerrar sus puertas.

También se encontró que las OSC sufren retos de sostenibilidad en diversas áreas. Algunas pasan por crisis de identidad al tener que abandonar su misión, visión, estrategia y alianzas originales para buscar dinero otras áreas donde hay más financiamiento. A nivel del sector, aumentó la competencia entre OSC por fondos pequeños, reduciendo las oportunidades de colaboración y de lograr impacto colectivo. Si estas dinámicas no se corrigen, representan una amenaza de extinción para más organizaciones.

La conversación sobre la sostenibilidad de la sociedad civil ha ganado terreno. ¿Cómo logró WACSI comprometer a distintos actores en una agenda positiva y proactiva?

Desarrollamos un programa integral de sostenibilidad para integrar a diversas OSC en diálogos sistemáticos entre nuestro sector, donantes locales e internacionales, y el gobierno sobre las amenazas, retos y oportunidades para la sostenibilidad de la sociedad civil. Asimismo, promovimos el diseño de un programa de fortalecimiento para todas las OSC, en especial para las que están sobreviviendo y luchando. Esta fase piloto en Ghana ha sido positiva. Las principales reacciones que recibimos indican que la gente quiere que las OSC sigan trabajando y prosperen, no que cierren. Los donantes, las comunidades representadas, el sector privado y hasta el gobierno reconocen el trabajo y el valor que traemos al sector de desarrollo. Todos están interesados en la sostenibilidad de las OSC.

WACSI recibió apoyo de la red AGNA para establecer diálogos nacionales sobre movilización de recursos locales. ¿Cómo les ayudó a avanzar sus esfuerzos?

La ayuda de AGNA fue instrumental para involucrar a las OSC, donantes, el sector privado y, pronto, a representantes del gobierno en explorar qué condiciones se deben crear o mejorar para que las OSC movilicen recursos domésticos como una alternativa de ingresos que apoye su sostenibilidad financiera.

Los diálogos con las OCS nos permitieron mapear sus principales fuentes de ingresos en la actualidad, ver qué opciones podrían explorar para diversificar sus recursos y qué habilidades, conocimientos y herramientas necesitan. Así identificamos dos alternativas fuertes: promover más filantropía local y los emprendimientos sociales (algunas OSC ya están haciéndolo). Sin embargo, encontramos varios retos: la mayoría de OSC están frustradas con estos cambios luego de trabajar siempre bajo modelos caritativos, otras resaltan que hacen falta capacidades en el sector para explorar dichas alternativas y algunas organizaciones dedicadas a la abogacía, los derechos humanos y temas políticos dicen que generar ingresos va contra su misión, enfoque e identidad.

Hablamos con actores del sector privado para entender cómo las OSC podrían acceder a recursos de sus programas de Responsabilidad Social Corporativa y de sus fundaciones privadas. Aprendimos que este sector está enfocado en hacer inversiones, por lo que las CSO debemos adaptarnos y desarrollar habilidades de negocios, una mentalidad de lucro y formas de proveer visibilidad a las alianzas con entidades privadas. Pero también vemos la necesidad de educar al sector privado sobre el rol de la sociedad civil en asegurar un ambiente de estabilidad social, justicia y paz y otras condiciones que les permiten hacer negocios sin barreras, lo cual es una buena razón para invertir en las OSC.

Adicionalmente, tuvimos conversaciones honestas con donantes tradicionales (bilaterales, multilaterales, embajadas) sobre sus recortes en el financiamiento, prioridades cambiantes y requisitos más estrictos de las subvenciones, y expresamos preocupación sobre el creciente uso de intermediarios (como firmas consultoras del Norte) que representan una pérdida de dinero para el sector y relega a las OSC al rol secundario de sub-beneficiarios. Los donantes representados señalaron que esto obedece a decisiones de sus gobiernos, alineadas con las agendas de política exterior, y llamaron la atención sobre la falta de capacidades en las OSC para absorber el financiamiento existente y presentar ideas innovadoras en las propuestas. Es claro que, para mejorar las probabilidades de acceder fondos tradicionales y alternativos, la sociedad civil debe invertir en fortalecer sus capacidades y en mejores sistemas de rendición de cuentas.

¿Cuál será el enfoque de los diálogos con el Gobierno?

Principalmente la necesidad de marcos legislativos que les permitan a las OSC diversificar sus ingresos sin trabas o contradicciones legales, que habiliten las condiciones aptas para la movilización de recursos domésticos y que remuevan leyes represivas o en contra de su sostenibilidad operativa y financiera. En este sentido, se debe crear una legislación para emprendimientos sociales adaptada a las OSC porque, con las leyes actuales, las organizaciones pueden perder su estatus de entidad sin fines de lucro al generar ingresos o movilizar cierto tipo de recursos, o pueden pedirles registrar sus emprendimientos sociales como empresas lucrativas que deben pagar impuestos sobre el dinero generado para causas caritativas, lo que no tiene sentido. También abogaremos por incentivos fiscales para promover la filantropía local dirigida a OSC. Finalmente, debemos discutir cómo el Gobierno puede proveer directamente más recursos para las OSC y dejar de competir con nuestro sector por fondos tradicionales, ya que los donantes tienden a privilegiar a los gobiernos debido a que esas alianzas les brindan más visibilidad que trabajar con OSC.

Los emprendimientos sociales son una tendencia muy fuerte, ¿pero son en realidad una alternativa de ingresos que sirve a la mayoría de OSC?

Es una posibilidad más apta para organizaciones ya dedicadas a proveer servicios. A las OSC que trabajan influenciando políticas, en abogacía o derechos humanos se les dificulta más vender algún servicio y, además, son las más preocupadas sobre comprometer su misión y valores al generar ingresos. Este es un reto que debemos atender de forma colectiva porque estas organizaciones son las que promueven cambios sociales críticos y deben tener apoyo para sostenerse.

¿Cuáles son las siguientes acciones clave para avanzar esta agenda de sostenibilidad del sector?

Es primordial arreglar la legislación conflictiva sobre empresas sociales, crear incentivos fiscales y recursos como capital inicial para que las OSC inicien emprendimientos sociales. Para las OSC, la prioridad es adquirir conocimiento y capacidades en emprendimiento social, innovación, inversiones de impacto y alianzas corporativas, así como cambiar la mentalidad caritativa y crear planes viables de diversificación de ingresos. Adicionalmente, para movilizar recursos y apoyo local, muchas OSC deben construir o fortalecer relaciones con las poblaciones que representan, que se han descuidado al priorizar la agenda de los donantes por años. Será más difícil para la gente apoyar a la sociedad civil si no están conectados con nuestra misión, visión, trabajo y el valor que aportamos para mejorar sus condiciones de vida.

WACSI también está practicando lo que predica. Cuéntenos sobre sus esfuerzos para generar ingresos alternativos para la organización.

WACSI adoptó un enfoque basado en los activos para recortar costos y generar ingresos. Por ejemplo, estamos rentando nuestras salas de conferencias y el equipo de interpretación a otras organizaciones, a precio subsidiado. Además, hemos ahorrado miles de dólares en traducciones en los últimos tres años mediante una alianza con el Ghana Institute of Languages (Instituto de Lenguas de Ghana), permitiendo a sus estudiantes hacer una pasantía de un mes en WACSI para adquirir experiencia laboral mientras nos ayudan con traducciones e interpretaciones. Aunque estas iniciativas no son suficientes para dejar de requerir financiamiento externo, son un paso firme en la dirección correcta.

Contacte a WACSI mediante su sitio web, página de Facebook o siguiendo a @WACSI en Twitter.

CIVICUS conversa con Pedro Strozenberg, Ombudsman de la Defensoría de Río de Janeiro, sobre la situación de derechos humanos y la regresión del espacio para la sociedad civil en Brasil. La Defensoría es un órgano público que funciona como enlace entre Estado y sociedad civil. Pedro Strozenberg es abogado especializado en mediación de conflictos que se autodefine como un activista en materia de seguridad pública, ámbito en que su oficina trabaja para defender los derechos de la ciudadanía frente al abuso y la brutalidad policiales.

En diciembre de 2018 miles de personas marcharon contra las políticas neoliberales en Buenos Aires, Argentina, mientras se celebraba la Cumbre de Jefes de Estado del G20. Tanto durante la cumbre como en el proceso que la antecedió, la sociedad civil argentina, latinoamericana y global hizo uso tanto de los espacios institucionales de participación como de acciones autónomas y protestas callejeras para hacer oír su descontento. CIVICUS conversa sobre las acciones en torno del G20 con Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora argentina e integrante del Comité Ejecutivo de Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), una red de feministas del sur global que trabaja por la justicia económica, ecológica y de género, así como por el desarrollo democrático y sostenible.

¿Quiénes salieron a protestar contra la cumbre del G20 en Argentina, y qué tácticas utilizaron?

Las acciones de protesta callejera durante el G20 no fueron un evento aislado, sino que estuvieron en continuidad con las reacciones que generó la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que también se realizó en Argentina el año anterior. No se organizaron específicamente ante el G20 sino que son parte de un proceso de resistencia más amplio protagonizado por una articulación de organizaciones sociales que lleva la voz contra el proceso de globalización financiera. Yo formo parte de una organización feminista del sur global, DAWN, y por lo tanto estuve involucrada sobre todo en el trabajo desde lo que llamamos el Foro Feminista, un subgrupo dentro de esta articulación de organizaciones. Lo que se organizó en ocasión del G20 fue muy similar a lo que se había hecho ante la OMC, una semana de acciones que inicialmente se pensaron como acciones ante al G20 pero terminaron siendo acciones contra el G20. Hubo distintas clases de acciones e intervenciones. Desde el Foro Feminista aprovechamos el contexto para tener una jornada específica de formación en economía feminista, así que entre otras cosas DAWN lideró la Escuela de Economía Feminista. Hubo un par de días en que se organizaron jornadas de debate más académico, las cuales funcionaron en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hubo mesas sobre los diversos temas que se discuten en estos espacios multilaterales, desde extractivismo hasta economía digital. Y luego hubo un par de jornadas de acciones más callejeras: la primera fue un día completo de debates y paneles en carpas montadas en la calle, una de las cuales fue la del Foro Feminista. Allí hicimos un conversatorio, un tribunal donde se presentaron casos de violaciones de derechos humanos por parte de empresas trasnacionales, y una asamblea del Foro Feminista para discutir estrategias y perspectivas. El tribunal es una forma de manifestación pública similar a la que realiza la Alianza Global por el tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos: un espacio donde se expone la denuncia y se deja claramente en evidencia lo que la justicia debería hacer al respecto.

El último día de la semana, cuando ya estaba en curso la cumbre del G20, se hizo la marcha de protesta, en un contexto bastante restrictivo, ya que el gobierno argentino, que presidía la reunión, había militarizado la ciudad de Buenos Aires y establecido una zona de exclusión, con lo cual la marcha transcurrió bastante lejos de donde se estaba haciendo la cumbre.

En términos muy generales, las consignas de la semana de acción se centraron en la denuncia de las implicancias para los derechos humanos del tipo de políticas que promueven los gobiernos de los países que integran el G20, y fundamentalmente los efectos de las decisiones del capital concentrado y las acciones de las empresas multinacionales en los territorios. Denunciamos que la actual dinámica global conduce a un aumento escandaloso de las desigualdades y a la permanente violación de los derechos humanos, con evidencias de casos concretos, muchos de ellos vinculados a las acciones de empresas extractivas. El otro gran mensaje es el de la resistencia: tenemos que resistir colectivamente las políticas que están impulsando los países que forman el G20 y construir colectivamente otra economía y otra sociedad.

¿Fueron protestas de organizaciones y movimientos sociales locales, o se trató de una protesta auténticamente global?

La resistencia es global. Si bien en el caso de Argentina la participación de organizaciones y activistas del exterior fue mayor durante la reunión de la OMC que cuando se hizo la del G20, yo lo atribuyo más bien al hecho de que el G20 involucra a menos cantidad de países. Además, el G20 no está en el radar, y por lo tanto en la agenda, de tantas organizaciones, no solo en Argentina sino también en la región y en el mundo. Pero la coalición global que se movilizó en esta oportunidad fue la misma que también sale a la calle cuando se hacen las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros organismos rectores de las finanzas globales.

Tanto en la reunión de la OMC como en la del G20, en las que yo pude participar porque tuvieron lugar en Argentina, hubo una presencia sobre todo argentina y latinoamericana. Entiendo que esto se explica tanto por la distancia física que nos separa del resto del mundo como por la potencia que tiene el activismo sobre estos temas en América Latina.

Más allá de los participantes que por diversas razones hayan querido o podido estar, lo que hace global a la protesta contra el G20 es precisamente la naturaleza del blanco al que apunta. El G20 es la unión de las economías más grandes y concentradas del mundo. Contando a los países de la Unión Europea, que conjuntamente integran el G20, éste da cuenta del 85% del producto bruto mundial. Las decisiones que toman y los acuerdos a los que llegan los gobiernos de los países que lo integran afectan a todo el mundo. Es natural entonces que las resistencias al G20 tengan carácter global, aunque mantengan color local y modifiquen su composición en función del lugar donde se realicen las cumbres anuales.

En ese sentido, evidentemente no todos estamos siempre en todas partes, pero pasamos a integrar la resistencia cuando el G20 se reúne en nuestros países, y esperamos que las organizaciones y movimientos sociales de otros países lo hagan a su vez. DAWN es una organización del sur global y tiene integrantes en Argentina, de modo que era natural que nos involucráramos ante la reunión del G20 en Argentina. Pero no estamos contemplando en lo más mínimo movilizarnos el año que viene cuando el G20 se reúna en Japón. Para nosotros esta vez era fácil participar y no hacerlo hubiera sido desperdiciar la oportunidad de ser parte activa de esta coalición de resistencia de la que ya participábamos de otras maneras y en otras instancias. Nos pareció que teníamos que aprovechar que esto ocurría en Buenos Aires para que nuestra resistencia pública sirviera para informar a la ciudadanía sobre qué es el G20 y que implicancias e impactos tiene, además de contrarrestar la narrativa exitista que diseminó el gobierno argentino. Pero la acción frente al G20 no está entre nuestras prioridades estratégicas: no andamos siguiendo al G20 por el mundo. De hecho, lo de este año fue una relativa anomalía, porque hay pocos países del sur en el G20. Esperamos que el año que viene la sociedad civil japonesa tome la posta; sería natural que la resistencia contra el G20 pase a ser protagonizada por organizaciones y activistas de Asia. Si bien algunas organizaciones más grandes que están basadas en el norte tienen la posibilidad de ir a todos lados, la lógica indica que en cada caso la movilización sea sobre todo local y regional.

Además de recurrir a la acción callejera, ¿cómo utilizaron los espacios institucionales para la participación de la sociedad civil dentro del G20?

No todo el movimiento de resistencia contra el G20 tiene la misma posición frente a estos espacios. La postura de DAWN es aprovecharlos, y como representante de DAWN yo participé en el Observatorio de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres, coordinado por Mabel Bianco, presidenta de la organización feminista argentina FEIM (Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer). El objetivo del Observatorio era hacer, durante el año de la presidencia argentina del G20, el seguimiento del cumplimiento de los puntos del plan de implementación de acuerdos básicos aprobado por el grupo W20 (Mujeres20) en Berlín, Alemania, el año anterior. Hicimos algunas actividades locales y nacionales, produjimos policy briefs y otros materiales escritos para incidir sobre quienes iban a participar de las reuniones y negociar las declaraciones en el marco del G20. Trabajamos sobre todo con los grupos de afinidad de G20, y en particular desplegamos mucha actividad alrededor de las reuniones de los grupos de trabajo y las cumbres del C20 (el foro de sociedad civil) y el W20. También hubo participación feminista en otro grupo de afinidad, el T20 (el foro de think tanks), que tenía una task force de género.

La participación en el W20, en particular, fue muy controvertida y trabajosa dentro del movimiento feminista, y nosotras de hecho no fuimos delegadas, aunque sí participamos desde adentro para sentar posiciones en el W20. Esto supuso muchas discusiones con compañeras que consideran que estar adentro es legitimar y convalidar. Son argumentos atendibles, pero mi conclusión después de haber estado tanto adentro como afuera es que fue un acierto que nosotras nos mantuviéramos adentro y algunas compañeras de otras organizaciones aceptaran ser delegadas, porque caso contrario la declaración del W20 hubiera sido mucho peor de lo que fue. Fue muy importante que hubiera voces feministas adentro, y esas voces fueron las nuestras, porque la persona nombrada por el gobierno argentino para liderar el W20 era una mujer de negocios con una mirada no solamente nada feminista, sino también bastante paternalista y completamente divorciada de la realidad en que vive la mayoría de las personas.

En suma, el resultado del trabajo de estos grupos de afinidad depende en gran medida de quién los lidera, y no sorprende que haya sido mucho más productivo el trabajo en el C20, que acabó emitiendo una declaración mucho más positiva que el propio W20 en relación con los derechos de las mujeres.

En una época de creciente nacionalismo económico y populismo de derecha, ¿cómo puede la sociedad civil ofrecer una crítica progresista del neoliberalismo globalizado que tenga eco en la ciudadanía enojada que actualmente abraza el populismo?

Ojalá tuviera una respuesta. Creo que el activismo global, y en particular el que se despliega en estos espacios multilaterales, está fuertemente desconectado de la experiencia en los territorios. El progresismo en general tiene grandes dificultades para entender las experiencias y las opciones de las personas – por ejemplo, porqué en Brasil la gente votó por Jair Bolsonaro, o porqué en Filipinas siguen apoyando a Rodrigo Duterte. Las personas que vivimos en una posición de relativo privilegio somos generalmente incapaces de imaginar cómo vive la gente en las barriadas pobres de nuestras grandes ciudades. Deberíamos hacer un esfuerzo para entender la racionalidad de una mujer con un hijo quemado por la droga que quiere que vengan los militares a sacar a los narcotraficantes a los tiros de la villa. En suma, el activismo global debe reconectarse con las experiencias reales de la gente en los territorios.

En términos generales, el contexto actual es hostil y la prioridad es la resistencia. No creo que estemos en una etapa proactiva de construcción de alternativas, sino que el imperativo número uno es resistir y proteger los pequeños avances que se fueron consiguiendo con tanto esfuerzo a lo largo de décadas en materia de fortalecimiento de derechos e institucionalización de políticas de igualdad. Si bien en última instancia la preservación de esos avances dependerá de la construcción de una narrativa alternativa que permita poner freno a las fuerzas regresivas, lamentablemente aún no hemos llegado a ese punto. Así como estamos, el esfuerzo de construcción de una narrativa alternativa sería extremadamente superficial. El progresismo, al menos en América Latina y posiblemente también en otras latitudes donde la extrema derecha está en ascenso, necesita con urgencia hacer una autocrítica, sin la cual difícilmente pueda avanzar en ninguna dirección. Si experiencias como la del PT en Brasil, que en sus orígenes fueron tan esperanzadoras, acabaron dejando un terreno fértil para que la gente optara por alguien como Bolsonaro, el progresismo tendría mínimamente que preguntarse qué es lo que se hizo mal, como prerrequisito para poder construir una nueva narrativa progresista.

Como feminista y latinoamericana tengo mis esperanzas cifradas en el hecho de que en la región el feminismo lleva años trabajando en el territorio y está más que nunca antes nutrido por las diversas experiencias de vida de las mujeres reales y de las personas en general. Es por eso mucho más plural y menos clasista que nunca antes. Si acaso queda un movimiento social que, en este contexto desolador, tiene un nivel de vitalidad prácticamente incomprensible, es el feminismo. Eso lo está convirtiendo en uno de los actores sociales más relevantes tanto para sostener la resistencia como para construir la alternativa.

Contáctese con DAWN a través de su página web o su perfil de Facebook, o siga a @DAWNfeminist en Twitter. 

CIVICUS conversa sobre la evolución aparentemente positiva del espacio para la sociedad civil en Ecuador con Daniel Barragán, Director Ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de Los Hemisferios. Conformado en 2015 como órgano de vinculación de la universidad con la comunidad, el CIIAT persigue el objetivo de promover la investigación científica y la formación continua en temas de gestión y derecho ambiental, cambio climático, conservación y gestión del territorio.

¿En qué medida están garantizadas las libertades de asociación, de protesta pacífica y de expresión en Ecuador?

En los últimos dos años se percibe en Ecuador un ambiente de mayor libertad y respeto a estos derechos. El cambio se ha expresado en una política gubernamental de apertura al diálogo y en reformas tanto de las regulaciones que se aplican a las organizaciones de sociedad civil (OSC) como de la Ley Orgánica de Comunicación.

Los decretos 16 y 739, que regulaban a las OSC, fueron derogados a fines de 2017. El decreto 193, con el cual fueron reemplazados, no ha sido utilizado como una herramienta política para coartar derechos o limitar la capacidad de acción de las OSC. El riesgo, sin embargo, sigue latente en la medida que las causales de disolución de OSC se siguen prestando a interpretación discrecional y podrían en el futuro ser aplicadas arbitrariamente por el gobierno de turno.

La Ley Orgánica de Comunicación, por su parte, fue reformada en diciembre de 2018. Tras el veto presidencial parcial de la reforma, permanecen algunos cambios que se orientan a garantizar derechos y que cambian la lógica anterior: ya no se considera a la comunicación como un servicio público sino como un derecho, se amplía la conceptualización del derecho a la libertad de expresión, se elimina el control a los medios y se promueve su autorregulación, se deroga la figura del linchamiento mediático, que penalizaba la difusión reiterada de información para desprestigiar o destruir la credibilidad de alguien, y se eliminan las sanciones administrativas, entre otras cosas. Estos puntos son analizados en un informe técnico mediante el cual la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasmitió sus observaciones al proyecto de reforma.

Otro hecho relevante fue la reciente firma de la Declaración de Chapultepec. Esta declaración fue adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión en 1994, y firmada por el gobierno de Ecuador en febrero de 2019, en coincidencia con la promulgación en el Registro Oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.

Sobre estos temas en particular, es importante rescatar la voluntad política para generar cambios en el ambiente habilitante para las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Si bien no necesariamente se ha logrado llegar a las regulaciones ideales y el margen de discrecionalidad en la regulación es aún un tema pendiente, los cambios apuntan en la dirección correcta.

¿Cuál es la situación de los activistas y organizaciones indígenas y ambientalistas en Ecuador?

Si bien se registran casos de criminalización por la defensa del territorio, la situación en Ecuador es diferente de la de otros países de la región en cuanto al nivel de riesgo al que están expuestos los defensores de la tierra y la naturaleza. En el período 2007-2017 la criminalización de la protesta social fue el principal medio para neutralizar y censurar a activistas y ambientalistas, y aún quedan secuelas que no permiten su accionar en un marco de libertad y de garantía del ejercicio de sus derechos. A fines de 2018 la Defensoría del Pueblo se pronunció ante los ataques sufridos por varias defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Pastaza, consistentes en el uso indebido del derecho penal, hostigamientos, amenazas, y un incendio provocado en la vivienda de una de ellas. Ante estos hechos, la Defensoría urgió al Estado a adoptar una “política integral de promoción y protección de los derechos humanos y de la naturaleza de manera independiente al actual sistema de protección a víctimas y testigos”.

Por otro lado, a nivel regional ahora tenemos el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales y el primer tratado vinculante a nivel internacional que regula la protección de los defensores ambientales. El acuerdo reconoce explícitamente esta problemática que crece en América Latina, donde ocurre alrededor del 60% de los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, según datos de Global Witness para 2017. Y también reconoce el rol de los Estados para garantizar un entorno seguro y la obligación de proteger, prevenir y sancionar ataques y amenazas a los derechos de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El reto es ahora avanzar en la firma y ratificación de este instrumento. A la fecha el acuerdo tiene las firmas de 16 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

¿Qué significación tuvo el referendo constitucional de febrero de 2018?

El referéndum de febrero de 2018 abordó temas tan diversos como la lucha contra la corrupción, la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la eliminación de la reelección indefinida, la protección a la niñez y la no prescripción de los delitos sexuales, y la prohibición de la minería en centros urbanos y zonas intangibles. También incluyó dos preguntas de consulta popular sobre la derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, también conocida como Ley de Plusvalía, y la re-delimitación del Parque Nacional Yasuní para incrementar la zona intangible y reducir el área donde está autorizada la explotación petrolera.

El referéndum produjo un cambio institucional importante, en particular a raíz de la reforma del CPCCS, por las implicaciones que han tenido hasta la fecha en términos de la evaluación y cesación de alrededor de 27 autoridades de control, y los nuevos nombramientos – algunos temporales y otros definitivos - para esos cargos, como ha sido el caso de la Corte Constitucional. El CPCCS fue establecido por la Asamblea Constituyente de 2008 y concebido como un "quinto poder" encargado de auditar a los mecanismos de control, alentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. También desempeña un papel en el nombramiento de funcionarios, lo que lo convirtió en blanco de fuertes críticas.

Sobre la legalidad de lo actuado en este punto hay diversas visiones; lo que sí es cierto es que la gestión del CPCCS transitorio cuenta, desde mi percepción, con respaldo social y ciudadano.

¿Qué progresos se han realizado en materia de vigencia de las libertades democráticas?

Desde mi punto de vista hoy existen mejores condiciones para el ejercicio de las libertades democráticas. Prueba de ello es la existencia de un ambiente de diálogo, de tolerancia a la opinión contraria y de respeto al Estado de Derecho.

Un ejemplo claro del progreso realizado es la decisión de sumar al Ecuador a la Alianza por el Gobierno Abierto, como una de las medidas no sólo de inclusión ciudadana sino también de lucha contra la corrupción. Para Ecuador es fundamental avanzar en la generación de un clima de confianza sobre la base de la transparencia del accionar de las autoridades y funcionarios, a la vez que de una lógica de corresponsabilidad del ciudadano para con lo público. En este momento estamos avanzando en la construcción del primer Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto. Por otra parte, la semana pasada el Consejo Consultivo de Gobierno Abierto de Quito entregó al alcalde el Plan de Acción de la ciudad para su implementación en 2019. Estoy participando en ambos procesos y puedo dar fe de que cuando hay voluntad política el trabajo articulado entre distintos sectores y actores es posible.

El espacio cívico en Ecuador es clasificado como ‘estrecho’ por el CIVICUS Monitor.

Contáctese con el CIIAT a través de su página web y con la Universidad de Los Hemisferios a través de su perfil de Facebook, o siga a @uhemisferios en Twitter.