CIVICUS conversa con la politóloga y consultora política española Eva Silván acerca de la reciente reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español al frente de una coalición con partidos de izquierda e independentistas, en un país profundamente dividido por la cuestión de Cataluña.
¿Cómo logró el socialista Pedro Sánchez obtener un nuevo mandato y evitar la formación de un gobierno integrado por la ultraderecha?
El 28 de mayo de 2023 se celebraron elecciones municipales y autonómicas en España. Los resultados dibujaron un mapa político claramente favorable al Partido Popular (PP), de centroderecha, que obtuvo unos 750.000 votos más que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que le arrebató casi todo el poder autonómico (local). El PP recuperó seis de los diez gobiernos regionales que estaban en manos del PSOE, pero en cinco de ellos – los de Aragón, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana y Extremadura – necesitó al partido de extrema derecha Vox para alcanzar una mayoría que le permitiera formar gobierno. El PSOE, por su parte, solamente pudo retener tres de los 17 gobiernos regionales: los de Castilla la Mancha, Navarra y el Principado de Asturias.
Ante este resultado, al día siguiente el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, sorprendió adelantando las elecciones generales, previstas para fines de año, al 23 de julio. Ello le sirvió para frenar la contestación interna ante la pérdida de poder territorial. Fue la primera vez que se celebraban elecciones generales en julio, en pleno verano. Además, estas elecciones se realizaron con una población y una clase política exhaustas y con España iniciando su mandato al frente de la Unión Europea.
El contexto parecía favorable para el PP, ya que los resultados de las elecciones de mayo parecían anticipar un cambio de ciclo. En las primeras semanas, además, las encuestas le eran favorables. Pero su firma de acuerdos de gobierno con Vox generaron rechazo de una parte muy importante de la opinión pública que se movilizó ante el temor de que la entrada de la ultraderecha en el gobierno supusiera un retroceso en derechos conquistados.
El PP además erró al enfocar su campaña electoral en la figura de Sánchez y en sus supuestas mentiras y cambios de posición. Esto no le sirvió para movilizar al electorado y le terminó jugando en contra cuando la falsedad de algunos de los argumentos de su líder, Alberto Núñez Feijóo, quedó expuesta en el único debate electoral en el que participó.
Sánchez, por su parte, hizo una campaña en la que asumió el liderazgo, multiplicó su presencia en medios de comunicación, incluyendo aquellos que se habían mostrado hostiles a su gobierno, y encabezó una campaña en redes sociales que le permitió conectar con nuevas audiencias. Esto, junto con el miedo a la ultraderecha, acabó aislando al PP que, si bien fue el partido más votado, tuvo un desempeño muy inferior al esperado.
Por haber salido primero, Feijóo recibió el encargo de formar gobierno, pero no logró conseguir los apoyos necesarios. Con Vox no le alcanzaba, y ningún otro partido quiso formar parte de un gobierno que incluyera a la ultraderecha.
¿Qué costos tendrán las alianzas formadas por Sánchez para retener el gobierno?
El panorama político resultante de las elecciones del 23 de julio reclamaba acuerdos. Ningún partido recibió apoyo suficiente para que su candidato fuese elegido presidente del Gobierno sin el apoyo de otras fuerzas políticas.
Una vez fracasado el intento de Feijóo de formar una coalición de gobierno, fue el turno de Sánchez, quien debió buscar acuerdos con los partidos nacionalistas tanto de Euskadi como de Cataluña y Galicia.
A lo largo de su carrera, Sánchez ha mostrado una gran flexibilidad y capacidad de adaptación: sabe leer lo que le conviene en cada momento para desarrollar una agenda progresista que le permita gobernar. En este caso, esto incluyó admitir la posibilidad de una ley de amnistía para los políticos procesados o juzgados por promover la independencia de Cataluña, que durante la campaña había negado que tuviera pensado promover.
Los apoyos del nuevo gobierno son la manifestación más clara de que, tras la ruptura del bipartidismo y la irrupción del multipartidismo, hemos entrado en una etapa de política de bloques caracterizada por la polarización, con dos bloques liderados por el PP y el PSOE cuyas identidades no se definen tanto en función del clivaje izquierda-derecha como en términos territoriales.
Según los datos disponibles, la alianza del PSOE con dos partidos independentistas de Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana, y lo mismo sucede en el País Vasco. De hecho, el PSOE fue la fuerza política más votada en estos dos territorios en las elecciones generales.
En el caso de Euskadi, los acuerdos cerrados entre el PSOE y las fuerzas nacionalistas se basan en la cesión, en el plazo de dos años, de competencias previstas en acuerdos previos, además de algunas demandas de larga data como la transferencia del régimen económico de la seguridad social y un marco propio de relaciones laborales.
En el caso de Cataluña, los acuerdos se centran en la transferencia de la gestión de los trenes de cercanías y el aumento de los recursos públicos destinados a Cataluña o una quita de su deuda, un punto que ha generado gran rechazo del PP y Vox. Y específicamente en relación con Junts, el acuerdo fue posible gracias a la promesa del PSOE, ya concretada, de enviar al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de amnistía. En caso de que la ley sea aprobada y luego ratificada por el Tribunal Constitucional, acabará con la situación penal de todos los políticos implicados en la convocatoria al referéndum por la independencia de Cataluña en 2017 y permitirá el regreso a España del líder separatista Carles Puigdemont, a más de cinco años de haberse establecido en Bélgica, escapando de la justicia.
¿Cómo se ha posicionado la ciudadanía ante este acuerdo?
La ley de amnistía genera apoyos y rechazos en función del territorio. Las manifestaciones más numerosas se han producido en ciudades gobernadas por el PP, mientras que en otras partes han sido residuales.
Desde el momento en el que se supo que iba a haber acuerdo entre PSOE y Junts se iniciaron manifestaciones, protestas y actos violentos frente a la sede del PSOE. Las manifestaciones de grupos de ultraderecha incluyeron banderas y símbolos anticonstitucionales y gritos fascistas y xenófobos. En una competencia por el liderazgo de las manifestaciones contra la amnistía, el PP convocó manifestaciones dominicales de tono más pacífico, pero igualmente firmes en su oposición.
Según datos de encuestas, la mayor parte de la sociedad española rechaza la ley de amnistía. Ninguno de los argumentos del gobierno en apoyo de la ley obtiene la aprobación de la ciudadanía. La amnistía divide a los votantes del PSOE y cohesiona a los del PP y Vox.
Una encuesta publicada en octubre coloca el rechazo en el 57%. Otra más reciente encuentra que el apoyo se concentra entre los votantes de la coalición de izquierda Sumar y de los partidos nacionalistas. Territorialmente, el apoyo es mayoritario solamente en Cataluña y el País Vasco.
Los argumentos contra la ley de amnistía van desde las posturas más simplistas, como la afirmación de que “se rompe España”, hasta argumentos jurídicos centrados en el privilegio que supondría para los encausados y la ruptura del principio de igualdad ante la ley. En contraposición, los argumentos de Sánchez subrayan la oportunidad de avanzar en la convivencia entre españoles y resolver un problema que ha dividido a la sociedad española durante la última década. Es sin duda una de las operaciones más arriesgadas de Sánchez desde que es presidente del Gobierno, tanto de cara a la opinión pública como dentro de su partido.
¿Cuáles son los principales problemas que debería resolver el nuevo gobierno?
Este será el período de la plurinacionalidad. El eje territorial va a vertebrar la política española.
Pero hay otros temas importantes. Uno de ellos, que también tensa el debate y que incluso ha sido demandado por la Comisión Europea, es la renovación del poder judicial. El Consejo del Poder Judicial, que debe velar por su independencia, lleva cinco años con mandato vencido, lo cual ha provocado su mayor crisis institucional y reputacional desde la transición.
Los principales temas que preocupan a la sociedad española son la inflación, el acceso a la vivienda, la sanidad y la situación de las personas jóvenes. España es de los países europeos donde la emancipación y la incorporación de los jóvenes al mercado laboral son más tardías. Además, el nuevo gobierno deberá afrontar cómo incrementar la productividad de la economía española, qué medidas impulsar para afrontar el cambio climático y cómo abordar una realidad sociodemográfica afectada por el descenso de la natalidad y el envejecimiento.
Los dos partidos que forman el gobierno de coalición, PSOE y Sumar, son los que dominan la corriente progresista. Su acuerdo de gobierno busca avanzar en las políticas impulsadas en la anterior legislatura, con medidas sociales tales como la reducción gradual de la jornada laboral a 37.5 horas semanales, la extensión del permiso de paternidad y maternidad hasta 20 semanas, el aumento del parque público de vivienda para alquiler asequible y el compromiso de continuar aumentando el salario mínimo. También impulsan medidas para dar respuesta al cambio climático, como la reducción de los vuelos domésticos en rutas con alternativas ferroviarias de menos de dos horas y media y la producción de energía renovable, limpia y barata. Queda por verse si estas medidas cuentan con el apoyo del resto de partidos del bloque de investidura, sobre todo de aquello ubicados en el eje centroderecha como el Partido Nacionalista Vasco y Junts.
El espacio cívico en España es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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