CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador con Humberto Salazar, director ejecutivo de la Fundación Esquel.
Esquel es una organización de la sociedad civil que busca contribuir al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria en el Ecuador.
¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?
El proceso electoral definitivamente se vio afectado por la violencia. No se trató solamente de la muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. En el contexto de estas elecciones y de las elecciones seccionales previas también fueron asesinados representantes electos de gobiernos locales. El caso más sonado fue el de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta. También fue asesinado un candidato a la Asamblea Nacional, y muchos más candidatos a diferentes cargos recibieron amenazas. La lista de víctimas fatales de la violencia se amplía si se incluye a los siete sospechosos capturados por el magnicidio de Villavicencio que fueron asesinados en las prisiones donde estaban detenidos.
En ese contexto las preferencias de voto definitivamente se vieron afectadas. Desde las sombras, los grupos que representan a mafias locales y transnacionales enviaron a través de actos violentos mensajes intimidatorios que incidieron en el voto de la ciudadanía. Esto fue muy evidente en la primera vuelta, donde luego del asesinato de Villavicencio la mayoría de sus votantes optó por candidaturas que hasta entonces no habían tenido chances de llegar a segunda vuelta. Tales fueron los casos de Jan Topic y Daniel Noboa, el presidente electo. Ambos repuntaron sus cifras luego del magnicidio.
¿Fue la violencia un tema de campaña en la segunda vuelta?
La influencia de la violencia sobre las elecciones va más allá de ser un tema de campaña escogido estratégicamente por los candidatos. Para la población el tema de la seguridad se convirtió en un tema central de la agenda que incluso superó en prioridad a otros temas centrales como el desempleo y la pobreza.
No es que el desempleo y la pobreza perdieran importancia, sino más bien que los tres temas pasaron a componer una triada integrada de aspiraciones que está en la base de las demandas actuales. El electorado busca respuestas rápidas y efectivas, pero no desintegradas. Seguridad, desempleo y pobreza son elementos de la misma ecuación que la ciudadanía exige al sistema político.
Aunque las propuestas de los candidatos sobre el tema fueron muy generales, hay consenso en la esfera política de que el tema de seguridad es central a la actual situación del país. En consecuencia, en los próximos días el presidente electo deberá desarrollar con más detalle sus propuestas sobre seguridad. La ciudadanía no evaluó en las urnas si las propuestas de uno u otro candidato en este tema eran las mejores, ni tuvo los elementos para hacerlo, pero ahora espera que, independientemente de cuáles sean los instrumentos utilizados, el resultado sea la pacificación del país.
¿Observas una “derechización” del electorado, o acaso el voto no obedeció a motivaciones ideológicas?
La evaluación de las preferencias electorales no se resume a un juego de suma y resta donde un lado, en este caso la derecha, gana, mientras el otro lado pierde. Tampoco estamos ante una ciudadanía ingenua o desinformada que se dejó convencer bajo engaño por una derecha renovada, inclinándose por los valores, principios y narrativas de la derecha.
En las actuales circunstancias el voto dista de ser ideológico; en la evaluación de las opciones pesan otras consideraciones. En este caso predominó la búsqueda de lo nuevo, lo cual le dio el triunfo a un “outsider”. En Ecuador, los outsiders tienen una larga historia de éxitos.
Si bien el candidato ganador representa a la derecha en términos de sus valores y modelos, discursivamente se presenta como un renovador, mucho más pragmático que ideológico. Esta difuminación del contenido ideológico no es un rasgo privativo de este candidato, sino que expresa un proceso más profundo de transformación de la representación en un contexto en que la retórica se vacía de contenido frente a prácticas altamente contradictorias con el discurso.
En suma, la gente votó mayoritariamente por un candidato que logró inspirarle confianza, cuyos rasgos lo sacaban de la competencia polarizada propuesta por candidaturas más ideológicas. Buscó a alguien que le ofreciera alternativas no solamente para abordar los temas de seguridad sino también para resolver el tema de la recuperación económica y el bienestar.
El resultado también obedeció a expectativas de audiencias especificas como la juventud, que tiene un peso muy importante en el padrón electoral. Este segmento del electorado buscó opciones de futuro que estuvieran desligadas de los conflictos entre quienes son en última instancia responsables de la crisis en la que ahora estamos sumergidos. En ese sentido, fueron castigadas por igual las derechas y las izquierdas con narrativas ideológicas, como lo evidenció el hecho de que todos los partidos tradicionales quedaran rezagados en los resultados electorales.
¿Por qué perdió Luisa González, pese a contar con mayor estructura partidaria?
Un factor fundamental de la derrota de Luisa González en la segunda vuelta fue el peso de la figura del expresidente Rafael Correa como símbolo y líder del movimiento Revolución Ciudadana. Ese liderazgo que le ofrece al movimiento un electorado cautivo de alrededor del 25% también le genera un techo que, en una competencia polarizada entre correísmo y anti-correísmo, no le permite superar el 50% que se requiere para ganar en segunda vuelta. La misma estrategia de polarización que le dio fuerza al gobierno de Correa para impulsar sus agendas le restó posibilidades a la hora de convocar a un electorado que no forma parte de su voto duro.
También le restaron apoyo a González las narrativas revanchistas del correísmo, expresadas en el lema “ni perdón, ni olvido”. La apelación a una vuelta al pasado le reafirmó los votos propios, pero le impidió conquistar los votos de un amplio electorado que desconfía de las tendencias autoritarias del correísmo y temió que el triunfo de sus candidatos se tradujera en restricciones del espacio cívico, y en particular de la libertad de asociación.
¿Qué expectativas tiene la sociedad civil en relación con la nueva administración?
Si bien el presidente electo no tiene un pasado de resistencia a la participación de sociedad civil, en su campaña no se mostró especialmente abierto a recibir propuestas y reunirse con colectivos de sociedad civil. Esto genera incertidumbre sobre la amplitud y efectividad que tendrán los espacios de participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas públicas. En principio, no hay amenazas claras al espacio cívico, pero sí incertidumbre respecto de la posición del nuevo gobierno frente a la promoción y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cabe destacar que los dos candidatos que compitieron en segunda vuelta tuvieron un sesgo conservador más allá de su inclinación ideológica hacia la derecha o la izquierda. De ahí la incertidumbre sobre cómo responderá el nuevo presidente a cuestiones sociales que surgen de las agendas de igualdad de género de los grupos feministas y de la comunidad LGBTQI+, de las demandas del movimiento indígena relativas a la plurinacionalidad y la interculturalidad, y de las preocupaciones del movimiento de derechos humanos en relación con la búsqueda de políticas para enfrentar la delincuencia que no sacrifiquen derechos.
Lo cierto es que hay una enorme cantidad de problemas que el nuevo gobierno deberá atender. Para sostener sus iniciativas más allá del año y medio previsto para el ejercicio de su mandato, el nuevo presidente deberá hacer una convocatoria amplia y generar una agenda de mínimos refrendada en acuerdos nacionales multiactor. Serán indispensables las políticas de seguridad, trabajo – con énfasis en el empleo joven bajo un modelo de inclusión intergeneracional – y combate a la desnutrición crónica infantil. También debe reformarse el llamado Código de la Democracia, la ley orgánica de 2009 que establece el sistema electoral, el manejo de las elecciones y los requisitos de funcionamiento y financiamiento de partidos y movimientos políticos.
¿Consideras que esta elección ha puesto fin a la inestabilidad política?
La inestabilidad no ha terminado, pero la elección generó una válvula de escape provisional y de corto aliento para las tensiones de la crisis de múltiples dimensiones que afecta al Ecuador. El tiempo de gracia para el gobierno, sin embargo, será muy limitado: deberá producir en el corto plazo medidas que demuestren que está encaminado hacia la resolución de los grandes problemas.
Dos cosas le pueden a jugar en contra: la lentitud del aparato burocrático para desarrollar proyectos de transformación y la pugna de poderes que podría bloquear sus iniciativas en la Asamblea Nacional. La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo será clave. Si el ejecutivo vuelve a encontrarse bloqueado por una multitud de intereses particulares que exigen prebendas para habilitar la aprobación de sus iniciativas, la crisis volverá a profundizarse.
El espacio cívico en Ecuador es calificado como “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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