Democracia

 

  • #BEIJING25: “Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida”

    En ocasión del 25º aniversario de laPlataforma de Acción de Beijing, CIVICUS está entrevistando a activistas, líderes y expertas de la sociedad civil para evaluar los progresos conseguidos y los desafíos que aún debemos sortear. Adoptada en 1995 en laCuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas (ONU), la Plataforma de Acción de Beijing persigue los objetivos de eliminar la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la planificación familiar y la salud reproductiva, eliminar las barreras para la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y proporcionar empleo decente e igual remuneración por igual trabajo. Veinticinco años más tarde, se han producido progresos significativos pero desparejos, en gran medida como resultado de los esfuerzos incesantes de la sociedad civil, pero ningún país ha logrado todavía la igualdad de género.

    CIVICUS conversa con Pakou Hang, Directora de Programas de Vote Run Lead (Vota Compite Lidera), una organización dedicada a capacitar a mujeres para que se postulen para cargos políticos y ganen la elección, aumentando la representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Fundada en 2014, ya ha alcanzado a más de 36.000 mujeres en los Estados Unidos, casi el 60% de las cuales son mujeres de color y el 20% procede de las zonas rurales. Numerosas graduadas de Vote Run Lead ahora ocupan puestos en ayuntamientos, juntas de condado, cámaras estatales, cortes supremas y en el Congreso de los Estados Unidos.

    Pakou Hang

    Un cuarto de siglo más tarde, ¿cuánto de la promesa contenida en la Plataforma de Acción de Beijing se ha traducido en cambios reales?

    Se ha avanzado mucho desde 1995, pero todavía queda mucho por hacer y todavía estamos lejos de la equidad. En términos de representación política ha habido algunos avances, pero estos también han sido lentos: a nivel global, a principios de 2019 el 24,3% de los integrantes de los parlamentos nacionales eran mujeres, en comparación con apenas 11,3% en 1995. Solo tres países en todo el mundo alcanzaron o superaron la paridad en sus cámaras bajas o legislativos unicamerales, pero han sido muchos más los que alcanzaron o superaron el umbral del 30%. Hasta el año pasado había también 11 mujeres jefas Estado y 12 jefas de gobierno; y las mujeres ocupaban casi el 21% de los puestos ministeriales, a menudo en las áreas más asociadas a las temáticas de la mujer, tales como acción social y carteras relacionadas con la familia, la niñez, la juventud, la tercera edad y la discapacidad. Así que el resultado final es mixto: se ha avanzado mucho, pero el progreso ha sido lento y está lejos de ser suficiente.

    También ha habido una gran variación entre regiones y países, desde alrededor de 16% de mujeres parlamentarias en la región del Pacífico hasta más del 40% en los países nórdicos. El promedio para las Américas es 30%, pero Estados Unidos se encuentra por debajo del promedio. El Congreso sigue siendo desproporcionadamente dominado por hombres. A pesar de que las mujeres representan más de la mitad de la población, ocupan solamente el 24% de las bancas. El Congreso también es menos racialmente diverso que el conjunto de la población, ya que el 78% de sus miembros se identifican como blancos, una proporción sustancialmente superior al 60% de la población estadounidense compuesta de personas blancas.

    Según el Centro para las Mujeres y la Política Estadounidense (Center for American Women and Politics), la situación no es muy diferente a nivel estadual: el 29,2% de los escaños legislativos estaduales y el 18% de las gobernaciones son ocupados por mujeres. Hay menos datos sobre los ejecutivos locales y el grueso de la información disponible refiere a las ciudades más grandes, el 60% de cuyos alcaldes son hombres blancos, a pesar de que estos dan cuenta de apenas el 20% de la población de esas ciudades. Aunque en 2018 más mujeres accedieron a cargos públicos locales, siguió siendo frecuente que los ayuntamientos y las comisiones de los condados incluyesen a una sola o a ninguna mujer.

    Por otro lado, a pesar del relativamente pequeño número de mujeres legisladoras, y especialmente de mujeres de color, el Congreso actual es el más diverso en la historia. Y el grupo de candidatos que se postularon para cargos legislativos en 2020 también fue el más diverso jamás visto. Por supuesto, estos candidatos recibieron fuertes ataques de los medios y de la oposición política. Pero creo que necesitamos cambiar nuestra perspectiva para entender la magnitud del cambio ocurrido. Sin duda que me decepcionó que termináramos con dos hombres blancos y mayores a la cabeza de las dos principales fórmulas presidenciales, pero lo cierto es que ahora también tenemos a una mujer negra y de ascendencia india como vicepresidenta electa, y eso es un avance.

    Recuerdo que cuando se anunció el triunfo de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2020 llamé con la noticia a mi sobrina de nueve años. Ella estaba extasiada. Lo cual me recordó que ella pertenece a una nueva generación de estadounidenses nacidos durante la presidencia de Barack Hussein Obama. Cuando crezca sabrá que Donald Trump fue presidente, pero también sabrá que Trump fue vencido por una mujer negra de ascendencia india. Mientras hablábamos, mi sobrina me dijo: “Ya casi lo logramos, tía”. Y caí en la cuenta de que tenía razón: sí, ya casi estamos.

    ¿Por qué es importante alcanzar la paridad de género en la representación política? ¿Es solo una cuestión de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades, o también tendrá efectos positivos en las instituciones democráticas y en las políticas públicas?

    Una de las principales razones por las cuales necesitamos más mujeres en puestos gubernamentales es que ellas gobiernan en forma diferente de los hombres. Las mujeres en el gobierno son más colaborativas, más civiles, más comunicativas. Son más proclives a trabajar con miembros de otros partidos para solucionar los problemas. Consiguen más dinero para sus localidades, aprueban más leyes, y sus proyectos están más enfocados en las poblaciones más vulnerables como la niñez, la ancianidad y las personas enfermas. Las mujeres amplían la agenda política, más allá de los asuntos tradicionalmente concernientes a las mujeres. Y el resultado son mejores políticas para todas las personas, es decir no solo para las mujeres y las niñas, sino también para los hombres y los niños. Por último, dado que ellas traen a los procesos de formulación de políticas un nuevo conjunto de perspectivas y experiencias de vida, su presencia asegura que las perspectivas de las mujeres no sean dejadas de lado, y que asuntos tales como la violencia de género o el cuidado infantil no sean ignorados. En resumen, las mujeres en puestos gubernamentales tienden a ser más efectivas que los hombres. Y dada la actual situación de estancamiento político e hiperpartidismo, necesitamos hacer las cosas de un modo diferente. Más mujeres en cargos públicos se traduce en un mejor gobierno y una democracia más sólida.

    Además, la necesidad de mujeres en el poder y en la política se ha vuelto aún más crítica en el contexto de la pandemia de COVID-19. En el último ciclo electoral los donantes quisieron contribuir a las campañas de las candidatas mujeres más que nunca antes, porque la pandemia los hizo tomar conciencia no solo las numerosas inequidades que atraviesan a nuestra sociedad y al sistema de salud, sino también de la labor sobresaliente que las mujeres, y en particular las mujeres de color, están llevando a cabo en sus comunidades para responder a las necesidades urgentes, cubrir las lagunas de políticas gubernamentales inadecuadas, y abordar los problemas de las comunidades excluidas que han sido desproporcionalmente afectadas por el COVID-19 y la crisis económica. Durante esta crisis, las mujeres han desempeñado roles fundamentales a la hora de mantener conectadas a las comunidades, recolectar y distribuir alimentos y otros bienes básicos para las familias necesitadas, encontrar maneras para apoyar a la actividad económica local y proveer servicios comunitarios ad hoc, entre otras cosas.

    Las investigaciones que analizan las formas en que diversos países han respondido a la pandemia parece mostrar que los países con líderes mujeres tienden a tener menos casos y menos muertes por COVID-19. Parece que las mujeres en el poder han adoptado un estilo de liderazgo transformador que puede resultar más apropiado para el manejo de crisis. Este tipo de liderazgo se centra en las relaciones humanas profundas, la inversión en el equipo de trabajo y el intercambio de conocimientos, la acción ejemplificadora y la motivación de los demás. Estas cualidades son muy útiles en nuestro contexto actual.

    ¿Por qué crees que la representación política de las mujeres en los Estados Unidos sigue siendo tan baja?

    Hay muchas razones por las cuales no tenemos paridad de género en la representación política. En primer lugar, todavía hay demasiadas razones estructurales por las cuales las mujeres no se postulan y no son elegidas. Las mujeres siguen realizando una cantidad desproporcionada de las tareas domésticas y de crianza y la cobertura mediática sigue siendo sexista, ya que se enfoca en las apariencias y en la personalidad de las mujeres más que en sus políticas. Además, las personas que ocupan las estructuras partidarias y cuentan con conocimiento político, redes de contactos y dinero siguen siendo hombres, y a menudo son ellos quienes determinan quién es políticamente viable. Por ejemplo, un hombre joven que estudió desarrollo comunitario en Harvard es considerado más viable que una mujer de mediana edad que ha desarrollado labores de organización comunitaria durante 20 años.

    Paradójicamente, las candidatas mujeres ganan elecciones en aproximadamente las mismas proporciones que sus homólogos masculinos y, según las encuestas, a los votantes les entusiasma la posibilidad de elegir mujeres. Pero la segunda razón por la cuales las mujeres no son electas es simplemente que no se postulan en las mismas cantidades que los hombres, y desde ya que si no compites no puedes ganar.

    ¿Por qué las mujeres no se postulan para cargos públicos? Quizás la razón más generalizada es que las mujeres dudan de sí mismas. No se consideran calificadas. No ven a otras mujeres que se parecen a ellas o que piensan como ellas en esas posiciones de poder y, por lo tanto, es un círculo vicioso. Y no solamente las mujeres dudan de sí mismas, sino que también lo hacen los observadores externos. De hecho, si una determinada posición de poder nunca ha sido ocupada por una mujer, entonces la pregunta que se plantea una y otra vez en los medios, en tono de duda, es: ¿podría una mujer ser elegida? Es una pregunta que escuchamos mucho durante las primarias presidenciales demócratas de 2020.

    También está el hecho de que ciertas cualidades que se consideran positivas en los hombres, como la asertividad o la ambición, adquieren una connotación negativa cuando se aplican a las mujeres. Mientras que sin duda ha habido hombres furiosos y vengativos que fueron elegidos presidente, las mujeres que son percibidas como “enojadas” o “vengativas” son consideradas desagradables y, por lo tanto, descalificadas. Las mujeres candidatas son sometidas a estándares de calificación mucho más altos, a veces por sí mismas, pero más a menudo por otras personas, y como resultado de ello carecemos de paridad de género en nuestra representación política.

    ¿Cuándo se dio cuenta de que, a diferencia de los hombres, las mujeres necesitaban entrenamiento para postularse a un cargo público?

    A pesar de haber estudiado Ciencia Política en la universidad, sentía que la política estadounidense era sucia y corrupta y nunca estuve me involucré en la política electoral. Pero en 2001 mi prima mayor, Mee Moua, decidió postularse para un escaño en el Senado estadual por el distrito Este de Saint Paul en una elección especial. El distrito Este de Saint Paul se estaba convirtiendo rápidamente en un distrito donde las minorías eran mayoría, pero aun así todos sus funcionarios electos, desde el nivel estadual al condado y la ciudad, eran hombres blancos y conservadores. Mi prima se había graduado en una universidad prestigiosa, había ejercido como abogada y había sido presidenta de la Cámara de Comercio Hmong, y decidió postularse después de ser voluntaria por años en numerosas campañas políticas. Sin embargo, como sucede a menudo con las candidatas mujeres, le dijeron que tenía que esperar su turno. Bueno, decidió no hacerlo, y como ningún actor político relevante la ayudó, reunió a nuestros 71 primos hermanos para convertirlos en su ejército de voluntarios y me reclutó a mí como jefa de campaña, porque yo era la única que había estudiado Ciencia Política. Contra todo pronóstico, sin ninguna experiencia política y en medio del invierno de Minnesota, golpeamos puertas, hicimos llamadas telefónicas, movilizamos a los votantes usando estaciones a través de las radios de la colectividad, llevamos a la gente a las urnas y ganamos. Hicimos historia al elegir al primer legislador estadual hmong en la historia de los Estados Unidos y en la historia hmong.

    En un examen retrospectivo, me doy cuenta de que dirigí la campaña basándome puramente en el instinto, alimentado a partir de mi experiencia infantil de ayudar a mis padres, que no hablaban inglés, a moverse en el mundo exterior. Y aunque ganamos, bien podría haber sucedido que enfrentáramos a un adversario mejor organizado y perdiéramos. Recién años más tarde, tras hacer una capacitación política en Camp Wellstone, me di cuenta de que las candidatas mujeres necesitábamos algo diseñado especialmente para nosotras, algo que nos interpelara directamente y nos preparara para los problemas reales que enfrentaríamos en tanto que candidatas mujeres.

    ¿Qué tipo de capacitación ofrece Vote Run Lead, y cómo ayuda a derribar las barreras que mantienen a las mujeres alejadas del poder?

    Vote Run Lead es el programa de liderazgo de mujeres más grande y diverso de los Estados Unidos. Hemos capacitado a más de 38.000 mujeres para postularse a cargos públicos, incluidas mujeres rurales, mujeres trans, mujeres jóvenes y mujeres negras, indígenas y de color. Más del 55% de nuestras graduadas que compitieron en la elección general de 2020 ganaron, y el 71% de nuestras graduadas que son mujeres de color también fueron electas.

    Las mujeres que entrenamos usualmente deciden postularse a cargos públicos porque identifican algo negativo en sus comunidades y quieren arreglarlo. Pero no ven a mucha gente parecida a ellas en posiciones de poder. Vote Run Lead ofrece varios módulos de capacitación que enseñan a las mujeres todo lo que necesitan saber sobre las campañas, desde dar un discurso, armar un equipo de campaña o elaborar un mensaje, hasta recaudar fondos y motivar a la gente a votar. Pero lo que diferencia a nuestro programa de capacitación es que entrenamos a las mujeres para que se postulen tal como son. Las mujeres a menudo necesitan apoyo para verse a sí mismas como candidatas calificadas, capaces y merecedoras. Les mostramos que no necesitan buscar otra promoción u obtener otro título ya que, de hecho, su historia personal es su mayor activo. Nuestro currículo de capacitación, Run As You Are (Compite Tal Como Eres), les recuerda a las mujeres que ellas son suficiente y que son el tipo de líderes que necesitamos elegir para construir la democracia justa que merecemos.

    ¿Cuál es el perfil “típico” de la mujer que ustedes ayudan a postular? ¿Apoyan a cualquier mujer que quiera competir independientemente de su orientación política?

    No hay una graduada típica de Vote Run Lead. Somos una organización no partidaria, por lo que capacitamos a mujeres de las procedencias más diversas, de todas las profesiones, de todos los partidos políticos, y cualquiera sea nivel su desarrollo político. Nuestros valores están profundamente vinculados con la promoción de mujeres interseccionales y antirracistas comprometidas con la construcción de una democracia más justa y equitativa.

    Dado el fenómeno generalizado de la supresión de votantes en los Estados Unidos, ¿el programa también se orienta a motivar la participación electoral?

    Tradicionalmente, Vote Run Lead no utiliza un programa propio para motivar la participación electoral (GOTV, por sus siglas en inglés) ya que la mayoría de nuestras graduadas están ya sea compitiendo en una elección o trabajando en una campaña. Pero en 2020, cuando los ya elevados niveles de supresión de votantes fueron alimentados por campañas de desinformación y preocupaciones por la seguridad de la salud, Vote Run Lead lanzó un sólido programa GOTV que involucró a nuestras graduadas. Este programa GOTV incluyó ocho módulos de capacitación específicos para motivar la participación electoral, que abarcaron desde cómo responder a la apatía y el cinismo en torno a la elección, hasta cuáles plataformas digitales y herramientas de comunicación usar para promover la participación. También contactamos a más de 200 voluntarias, tuvimos 3.000 conversaciones, hicimos 30.000 llamadas telefónicas y enviamos más de 33.000 mensajes de texto para que nuestras graduadas y sus redes fueran a votar.

    Antes del verano también lanzamos una serie llamada “Tu gabinete de cocina”, con la cual capacitamos a las mujeres sobre cómo recaudar dinero, hacer contacto directo con los votantes e incluso lanzar un plan digital manteniendo la distancia social. Esas guías y seminarios virtuales se pueden encontrar en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube y ofrecen consejos en tiempo real e información basada en evidencia.

    El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con Vote Run Lead a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@VoteRunLead en Twitter.

     

     

  • ANGOLA: “El partido en el poder ve a las elecciones locales como una amenaza”

    Acceda a la entrevista original en portugués aquí

    Pascoal Baptistiny 1CIVICUS conversa acerca de la situación en Angola con Pascoal Baptistiny, Director Ejecutivo de MBAKITA - Misión Benéfica Agrícola de Kubango, Inclusión de Tecnologías y Medio Ambiente, una organización de la sociedad civil con sede en la provincia de Cuando Cubango, en el sur de Angola. Fundada en 2002, MBAKITA defiende los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, denuncia la discriminación que padecen y la expropiación de sus tierras, y promueve una sociedad más justa, democrática, participativa, tolerante, solidaria, sana y humana.

     

    ¿Cuál es el estado del espacio cívico en Angola, y cuáles son las principales limitaciones que enfrentan los activistas angoleños?

    La represión del espacio cívico en Angola es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad civil angoleña en la actualidad. Los activistas sufren detenciones arbitrarias e ilegales, torturas y malos tratos, secuestros, asesinatos, acoso y desapariciones por parte de las fuerzas gubernamentales, la policía y los servicios de inteligencia del Estado. Esta represión ha hecho que muchos angoleños tengan cuidado con lo que dicen en público. Las pocas organizaciones que defienden los derechos humanos en Angola a menudo lo hacen asumiendo grandes riesgos personales y familiares.

    ¿Podría contarnos sobre las restricciones que usted y sus colegas enfrentaron en 2020?

    En 2020, mis colegas de MBAKITA y yo enfrentamos obstáculos destinados a impedir, minimizar, interrumpir y revertir el impacto de las actividades legítimas de la organización, centradas en la crítica, la denuncia y la oposición a las violaciones de derechos y a las posiciones, políticas y acciones gubernamentales ineficaces.

    Entre las diversas formas de restricción que experimentamos se cuentan las restricciones y cancelaciones arbitrarias de manifestaciones y reuniones; la vigilancia; las amenazas, la intimidación, las represalias y los castigos; las agresiones físicas; las campañas de difamación que presentan a los miembros de MBAKITA como “enemigos del Estado” y mercenarios al servicio de intereses extranjeros; el acoso judicial; las multas exorbitantes para la adquisición de medios de transporte; robos en nuestras oficinas y la sustracción de equipos informáticos; el registro y la confiscación de bienes; la destrucción de vehículos; la privación de empleo e ingresos; y la prohibición de viajar.

    Además, 15 activistas fueron detenidos arbitrariamente y sometidos a malos tratos durante la campaña de prevención del COVID-19. El 1º de mayo mi residencia fue invadida y los guardias fueron atacados con gases lacrimógenos. El 16 de noviembre, dos activistas fueron violadas. Entre las víctimas fatales del año se cuentan tres de nuestros activistas y un manifestante.

    ¿Qué tipo de trabajo realiza MBAKITA? ¿Por qué cree que la organización ha sido atacada?

    MBAKITA es una organización que defiende y promueve los derechos humanos. Trabajamos para promover, proteger y difundir los libertades y derechos humanos universalmente reconocidos, y especialmente los derechos a las libertades de reunión, asociación, manifestación pacífica, expresión y prensa, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, los derechos a la tierra, a una alimentación adecuada, al agua potable y al medio ambiente, y la lucha contra la tortura y los malos tratos.

    Cuestionamos las violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales de las personas indígenas, étnicas, lingüísticas, LGBTQI+, con discapacidades y migrantes.

    Mi organización utiliza medios pacíficos y no violentos en sus actividades. Sin embargo, hemos enfrentado riesgos incalculables como consecuencia de nuestro trabajo de derechos humanos en las provincias del sur de Angola. 

    MBAKITA es atacada sistemáticamente por varias razones. Primero, porque en 2018 denunció la muerte de cuatro niños durante la Operación Transparencia, una acción contra el tráfico de diamantes y inmigrantes indocumentados llevada a cabo por la policía y las fuerzas armadas angoleñas en el municipio de Mavinga, provincia de Cuando Cubango. En segundo lugar, porque en 2019 denunció el desvío de fondos destinados a apoyar a las víctimas de la sequía en las provincias del sur de Angola por parte de los gobiernos provinciales. Tercero, porque en abril de 2019, dos activistas de la organización denunciaron la apropiación ilegal de tierras por parte de empresarios políticos -generales, diputados y gobernadores- en territorios pertenecientes a las minorías indígenas San y Kuepe y utilizados para la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, que constituyen la dieta de estas poblaciones. Cuarto, porque en febrero de 2020 MBAKITA denunció el desvío de fondos destinados a la compra de material de bioseguridad para la prevención del COVID-19 y el desvío de alimentos destinados al Programa de Asistencia a la Canasta Básica para Grupos Vulnerables. En quinto lugar, porque participamos y llevamos a cabo una campaña de sensibilización sobre el COVID-19, que incluyó la distribución de material de bioseguridad adquirido con fondos de MISEREOR-Alemania. Y, finalmente, porque participamos en todas las manifestaciones realizadas por la sociedad civil angoleña, incluida la más reciente, que tuvo lugar el 9 de enero de 2021, centradas en la lucha contra la corrupción y la exigencia de elecciones locales bajo el lema “Elecciones locales ya, ¡45 años en el poder es mucho!” y del cumplimiento de las promesas electorales de 500.000 puestos de trabajo, la reducción del costo de vida para las familias y la inclusión socioeconómica de las minorías indígenas, entre otras.

    ¿Por qué se cancelaron las elecciones previstas para 2020?

    Por un lado, por la pandemia de COVID-19. Pero al margen de esta pandemia mortal, el gobierno nunca ha estado interesado en celebrar elecciones locales en 2020. El partido en el poder, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), ve a las elecciones locales como una amenaza para el poder central y teme perder el control del poder. Tiene miedo de introducir un elemento de control de los votantes sobre los gobiernos locales, es decir, de participación y control de la ciudadanía sobre la gestión de los fondos públicos. El gobierno piensa que el pueblo despertará a la idea del Estado democrático y el Estado de derecho, es decir, que mucha gente ganará conciencia de sus derechos y deberes. Esto atentaría contra la intención del MPLA, que es perpetuarse en el poder.

    La promesa de la democracia local en Angola ha sido un fracaso. A tres años de gobierno, el presidente João Lourenço no ha cumplido ni el 10% de sus promesas electorales, dejando al 90% de los angoleños en estado de total escepticismo.

    En Angola, el partido que está en el poder desde hace más de 45 años no tolera a las personas libres. Hoy en día, los y las defensoras de derechos humanos pierden puestos de trabajo, pierden el pan para sus hijos, pierden sus carreras e incluso pierden sus vidas si se atreven a ser libres, a desear la democracia y a ejercer la libertad.

    ¿Qué perspectivas hay de que la situación cambie en un futuro próximo?

    Para que la situación cambie, la sociedad civil tiene mucho trabajo por hacer. Las acciones más importantes y urgentes son la adquisición de formación en seguridad individual, institucional y digital, el aprendizaje del idioma inglés, la obtención de estatus de observador ante la Comisión Africana de derechos humanos y de los pueblos, la observación y participación en manifestaciones y otros actos públicos, la incidencia y el cabildeo para la legalización de las organizaciones de derechos humanos, la realización de visitas a las cárceles, incluyendo entrevistas con los presos y la recopilación de pruebas de las torturas, malos tratos y condiciones penitenciarias, la observación de los juicios contra activistas en los tribunales inferiores, la recaudación de fondos para la sostenibilidad de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, y el monitoreo de las elecciones locales de 2021 y de las elecciones generales de 2022.

    ¿Qué tipo de apoyo necesitan los y las activistas angoleñas de parte de la sociedad civil internacional para poder continuar haciendo su trabajo?

    Las necesidades son enormes y muy variadas. Los y las activistas necesitan urgentemente protección y seguridad, lo que incluye formación en análisis de riesgos, elaboración de planes de seguridad y formación en mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, así como técnicas para investigar, litigar, documentar, presentar peticiones y denunciar violaciones de los derechos humanos. En concreto, en MBAKITA nos gustaría recibir asistencia técnica para evaluar qué dispositivos de seguridad se podrían implementar para aumentar la protección física de la oficina de la organización y de mi residencia, así como apoyo financiero para la compra de dichos dispositivos, por ejemplo para la adquisición de un sistema de seguridad o una cámara de videovigilancia.

    Los activistas agredidos, y especialmente los 15 activistas de MBAKITA que han sido víctimas directas de represión y tortura a manos de las fuerzas gubernamentales, también necesitan asistencia psicológica postraumática. La ayuda financiera nos ayudaría a pagar los honorarios de los abogados que trabajaron por la liberación de seis activistas que fueron encarcelados entre agosto y noviembre de 2020. También nos ayudaría a reponer el equipo de trabajo robado, sin el cual nuestra capacidad de trabajo se ha visto reducida: dos vehículos, ordenadores, tarjetas de memoria, cámara digital y videocámara.

    Para los activistas amenazados de detención arbitraria, secuestro o asesinato, que no tienen otra opción que abandonar rápidamente el país o su región de origen, necesitamos apoyo para el transporte y la estadía. Nuestros activistas también se beneficiarían de intercambios de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, para reforzar sus conocimientos sobre seguridad digital, y para formarse en técnicas periodísticas y audiovisuales y en el aprendizaje del inglés.

    Por último, el funcionamiento de las organizaciones y su sostenibilidad se beneficiarían de la obtención de apoyos para la instalación de servicios de internet y la creación de páginas web seguras, la adquisición de programas informáticos de gestión financiera y recursos para la contratación de personal estable, en condiciones de mantener a sus familias y dedicarse plenamente a la defensa de los derechos humanos.

    El espacio cívico en Angola es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
    Contáctese con MBAKITA a través de su página deFacebook.

     

     

  • BURUNDI: ‘Elegir nuevos líderes no es sinónimo de democracia’

    CIVICUS conversa sobre las recientes elecciones en Burundi con un activista de la sociedad civil que por razones de seguridad ha preferido conservar el anonimato.

    El 20 de mayo de 2020, en el contexto de la pandemia del COVID-19, se celebraron en Burundi elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales. En marzo, dos meses antes de las elecciones, la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas (ONU) sobre Burundi lanzó un llamamiento a la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las instituciones regionales, para que unieran fuerzas para alentar al gobierno de Burundi a reabrir los espacios democráticos, civiles y políticos. El día de las elecciones, el presidente de la Comisión de Investigación afirmó que no estaban dadas las condiciones para realizar elecciones libres y creíbles. Segúninformó el CIVICUS Monitor, miembros de la oposición recibieron amenazas de muerte y sufrieron agresiones físicas, además de enfrentar obstáculos administrativos, ya que varias candidaturas fueron rechazadas. El líder de un partido opositor fue asesinado y otros candidatos fueron arrestados bajo acusaciones falsas. El periodismo independiente enfrentó obstáculos sistemáticos, tales como el arresto de periodistas y el bloqueo de las plataformas de redes sociales.

    Burundi Elections

    Photo by Spencer Platt/Getty Images

    ¿Se han introducido mayores restricciones al espacio de la sociedad civil como resultado de la respuesta del gobierno de Burundi a la pandemia del COVID-19?

    El espacio cívico en Burundi se ha mantenido cerrado desde abril de 2015, tras los disturbios políticos provocados por la decisión del recientemente fallecido expresidente Pierre Nkurunziza de postularse para un controvertido tercer mandato. Esto provocó una violencia generalizada que dejó al menos 1.200 muertos y obligó a 400.000 personas a huir del país. Sorprendentemente, en marzo de 2020, mientras la pandemia del COVID-19 se propagaba en casi todos los países africanos, las autoridades de Burundi abrieron un espacio para que se llevaran a cabo campañas para las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de mayo. Pero cabe concluir que el espacio cívico continúa estando cerrado en términos de las posibilidades de expresión de toda crítica abierta al modo en que se maneja políticamente el país, lo cual incluye las críticas a la forma en que el gobierno ha manejado la pandemia durante el período electoral.

    ¿Qué posición mantuvo la sociedad civil respecto de la decisión de celebrar elecciones durante la pandemia?

    La decisión de las autoridades de Burundi de habilitar la continuidad de las campañas electorales en un período en que muchos otros países africanos estaban tomando medidas de confinamiento para detener la propagación del COVID-19 fue interpretada como una negación de la realidad de la pandemia orientada a salvar los intereses políticos del partido gobernante, el CNDD-FDD (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia), en detrimento de la salud de la población.

    A pesar de los temores de un contagio masivo de COVID-19, una de las razones por las cuales el gobierno se apuró a realizar las elecciones fue la oportunidad de realizar un proceso electoral en ausencia de un número considerable de observadores independientes e internacionales que pudieran denunciar cualquier irregularidad. Dado que la Comisión Electoral Nacional Independiente estaba compuesta principalmente por miembros del partido gobernante, esta decisión puso al gobierno en posición de manipular los resultados de las elecciones tanto como lo quisiera.

    ¿Fue el resultado de las elecciones aceptado por la mayoría de la ciudadanía?

    El 20 de mayo de 2020 el candidato del CNDD-FDD, Évariste Ndayishimiye, fue elegido presidente con el 71% de los votos. El partido gobernante también ganó 72 de los 100 escaños en juego en la Asamblea Nacional.

    Tan pronto como la Comisión Electoral anunció estos resultados, partidos de oposición como el Consejo Nacional para la Liberación, que quedó en un distante segundo lugar, declararon a medios extranjeros que las cifras oficiales no eran creíbles y eran el resultado de un fraude masivo. Lo cierto es que las elecciones se realizaron en un contexto de permanente represión de la oposición política, los medios independientes y la sociedad civil. No hubo observadores internacionales porque el gobierno les había advertido que, a causa de la pandemia, quienes vinieran tendrían que permanecer en cuarentena durante 14 días a partir de su llegada.

    Algunos, como la Iglesia Católica, hicieron algunas críticas discretas en relación con los incidentes que marcaron el proceso electoral. Otros susurraron -ya que en Burundi no es fácil hacer críticas abiertas- que los resultados de las elecciones habían sido manipulados. Pero eso fue todo. Miembros poderosos de la comunidad internacional, como los gobiernos de Bélgica y los Estados Unidos, se apresuraron a saludar al presidente electo, y la Comunidad de África Oriental felicitó a Burundi por haber celebrado unas elecciones “pacíficas y exitosas”.

    En mi opinión, los resultados de las elecciones fueron finalmente aceptados porque se temió que habría derramamiento de sangre si el rechazo abierto de los resultados de las elecciones por parte de la oposición fuera seguido de protestas callejeras.

    ¿Qué posibilidades hay de que el resultado de las elecciones conduzca a un mejoramiento de la democracia y el espacio cívico?

    Hay quienes dicen creer que elegir nuevos líderes es sinónimo de democracia. El resultado de las elecciones de mayo de 2020 ayudó a Burundi a cambiar los rostros de los principales líderes y a mostrar que el dictador que nos había gobernado durante 15 años ya no dirige al país. Sin embargo, las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la campaña electoral, el nombramiento de funcionarios bajo sanciones económicas europeas o estadounidenses por haber cometido abusos de derechos humanos y la retórica política utilizada para retratar a algunos países y a sus líderes como colonialistas muestran que la democracia en Burundi todavía tiene un largo camino por recorrer.

    Sin embargo, algunas medidas de lucha contra la corrupción y otros abusos que ha tomado el presidente Ndayishimiye desde que asumió el cargo nos llevan a creer que la impunidad de que gozaron algunas autoridades locales bajo el gobierno de Nkurunziza podría llegar a su fin.

    Muchos creían que el plan era que el expresidente Nkurunziza siguiera detentando el poder entre bastidores. ¿Han cambiado las perspectivas como resultado de su muerte?

    El expresidente Nkurunziza murió inesperadamente en junio, antes de que asumiera su sucesor. Como ya había un presidente electo, el Tribunal Constitucional decidió que éste debía prestar juramento con dos meses de anticipación.

    Muchos creyeron que la muerte de Nkurunziza permitiría al presidente Ndayishimiye gobernar con total independencia, y así pareció confirmarlo en su discurso inaugural, donde prometió entablar un diálogo amplio sobre todos los temas. Es demasiado pronto para asegurar que el hecho de que Nkurunziza haya quedado fuera de la ecuación permitirá que el nuevo gobierno abra el espacio cívico y para saber si el nuevo presidente aprovechará esta oportunidad. Sin embargo, resulta alentador ver que el nuevo presidente ya se ha reunido con los líderes de otros partidos políticos, con expresidentes de Burundi y con obispos de las iglesias católica y anglicana, y ha prometido promover el diálogo. Estamos ansiosos por corroborar si sus palabras se convertirán en acciones.

    Al mismo tiempo, sin embargo, recientemente el ministro del Interior ha emitido una resolución para suspender hasta nueva orden el registro de nuevas organizaciones de la sociedad civil e iglesias y el reconocimiento de las nuevas autoridades de las organizaciones. Esta decisión es inconsistente con el cambio que se busca. Si se mantiene, impedirá que la sociedad civil crezca y se convierta en un interlocutor legítimo y públicamente reconocido.

    ¿Qué debería hacer la comunidad internacional para contribuir a mejorar el espacio cívico en Burundi?

    Es difícil establecer unas pocas prioridades, ya que son muchas las cosas que es necesario poner en marcha para que Burundi se convierta en una tierra de libertades. Sin embargo, sería vital involucrar al gobierno de Burundi en un diálogo multidimensional. Es necesario relanzar la cooperación internacional de manera que ésta ayude al gobierno de Burundi a poner fin a la pobreza endémica. La comunidad internacional debe abogar por la repatriación de todas las personas refugiadas, incluidas las que tienen órdenes de arresto del gobierno de Burundi, y garantizar su protección. Y también debe ofrecer su mediación para resolver el conflicto entre Burundi y sus países vecinos, especialmente Ruanda, a fin de facilitar la circulación de personas y bienes y el restablecimiento de relaciones diplomáticas.

    Si se persiguen las prioridades sugeridas, las autoridades de Burundi podrían llegar a darse cuenta de que Burundi no está aislado y que la comunidad internacional no está actuando para sabotear sus intereses, sino en cambio para fortalecer los aspectos positivos de la globalización en todos los ámbitos.

    El espacio cívico en Burundi es calificado de “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

     

  • EL SALVADOR: “El objetivo del presidente es concentrar poder”

    CIVICUS conversa con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en El Salvador, acerca de la situación política luego de que el partido del presidente Nayib Bukele ganara las elecciones legislativas de febrero de 2021.

    Eduardo Escobar

    ¿Consideras que la democracia y el Estado de Derecho están siendo erosionados en El Salvador?

    Primero deberíamos preguntarnos si alguna vez hubo democracia y Estado de Derecho en El Salvador. Si reducimos la democracia a su dimensión lectoral, puede decirse que se respetaba voluntad de la gente y las elecciones se habían convertido en la única forma de acceso al poder. Pese a algunas irregularidades, en ese sentido sí había democracia. Desde 2009 algo se había avanzado también en el terreno de la separación de poderes, teníamos una Sala Constitucional de la Corte Suprema que era independiente, un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) independiente, y una fiscalía que intentaba funcionar.

    Así, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, había una democracia electoral en funcionamiento, con algunos avances importantes en la dimensión republicana y del Estado de Derecho. El presidente Bukele interrumpió este proceso, atacando constantemente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. En el marco de la pandemia, el gobierno vulneró la libertad de movimiento de forma ilegítima e inconstitucional. Lo poco que se había avanzado se perdió por completo.

    A partir de las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, que Bukele ganó por amplia mayoría, la seguridad jurídica dejó de existir. En cuanto se conformó, a principios de mayo, la nueva Asamblea legislativa destituyó a los jueces de la Sala Constitucional y al titular de la fiscalía general. Habíamos llegado a confiar en que la Sala Constitucional nos protegería de las arbitrariedades, pero esa certeza se desvaneció en un instante. Poco después, la nueva Sala Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata para un segundo mandato, hasta entonces prohibida por la Constitución de El Salvador.

    ¿Han podido la oposición o la sociedad civil hacer algo al respecto?

    La oposición no fue inteligente. Hasta mayo de 2021 contaba con la mayoría absoluta en la Asamblea, pero no la supo aprovechar. Los partidos de oposición no creían que hubiera apuro, nunca pensaron que iban a perder. Ahora se han vuelto irrelevantes. Su presencia es meramente testimonial porque el partido del presidente, Nuevas Ideas, y sus aliados tienen una supermayoría. La oposición se limita a hacer declaraciones y a impulsar propuestas que todos saben que no van a prosperar.

    A la mayor parte de la sociedad civil se le ha cerrado la posibilidad de participar en el proceso legislativo. No es que antes se aprobara cada propuesta de la sociedad civil – de hecho, muchas veces ni siquiera se las discutía – pero había ciertas áreas temáticas donde la participación de la sociedad civil era vital para aprobar una ley. Eso se terminó: ahora solamente las organizaciones afines al gobierno son convocadas y admitidas en las sesiones de las comisiones. La sociedad civil independiente tiene poca influencia sobre las políticas públicas porque el gobierno no entiende su rol y no está dispuesto a integrar sus aportes a la toma de decisiones. Así, ha quedado limitada a ser una voz de denuncia sin poder para revertir decisiones ilegales o inconstitucionales, ya que no quedan instituciones independientes que puedan reaccionar a sus demandas.

    El presidente Bukele hizo campaña con un programa anticorrupción. ¿Ha habido algún avance en ese sentido?

    La instrumentalización del tema de la corrupción fue una de las bases de la victoria de Bukele, cuyo slogan de campaña fue “devuelvan lo robado”. El tema de la corrupción es amplio y complejo, pero ese slogan era claro y preciso, y atrajo a mucha gente. Pero era solo una estrategia de campaña.

    Una vez en el poder, desactivó todos los mecanismos anticorrupción existentes, desacatando las resoluciones del IAIP, impidiendo auditorías de la Corte de Cuentas en los ministerios, negando la entrada de la fiscalía a organismos públicos involucrados en casos de corrupción, y finalmente removiendo al fiscal e imponiendo a un incondicional suyo, que incluso tiene denuncias en su contra. No tenemos cómo conocer los gastos del gobierno, en particular los relacionados con la pandemia. El manejo ha sido tan opaco que ni siquiera tenemos datos confiables de cuántas personas se contagiaron de COVID-19, cuántas están hospitalizadas, cuántas fallecieron. El gobierno no entrega información, la oculta. Y cuando hay revelaciones o denuncias de corrupción, ataca y difama al denunciante.

    ¿Cómo ha impactado esta situación sobre el trabajo de Acción Ciudadana?

    Acción Ciudadana promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el combate a la corrupción y la impunidad. De ahí que buena parte del trabajo que hacemos consista hacer monitoreos - del financiamiento de la política, las elecciones internas de los partidos políticos y la propaganda electoral; de la labor de la fiscalía general, la transparencia de la gestión pública y los obstáculos para el acceso a la información; y del funcionamiento de los mecanismos institucionales de prevención, detección y castigo de la corrupción.

    Para hacer nuestras investigaciones necesitamos acceder a información pública, pero las vías de acceso se están cerrando. Por ejemplo, la ley establece que la información sobre los viajes de los funcionarios públicos debe ser pública; sin embargo, el gobierno decidió que esas informaciones se mantendrían reservadas por siete años. En este caso puntual hubo algo de presión en los medios y en las redes sociales y el gobierno modificó el criterio, y ahora retiene esa información hasta 30 días después del viaje, supuestamente para proteger la seguridad del funcionario – lo cual sigue siendo ilegal.

    Cuando se nos deniega la información que debería ser pública, ya no podemos acudir a las instancias que salvaguardan el acceso a la información porque o están cooptadas o tienen miedo. Por ejemplo, algunos partidos políticos – empezando por el oficialista - no nos entregan su información financiera. Llevamos casi tres años denunciándolo al Tribunal Supremo Electoral, pero éste no admite nuestras denuncias. Entonces cuando un partido no nos da información ya no recurrimos al Tribunal, y frente a una ley inconstitucional ya no recurrimos a la Sala Constitucional.

    También hemos perdido capacidad de incidencia. Normalmente nuestros monitoreos darían lugar a denuncias e investigaciones penales. Pero actualmente lo máximo que podemos hacer es publicar los resultados de nuestras investigaciones en algunos medios y ofrecerlos a la opinión pública, pero ya no alimentar con ellos procesos institucionales. Por ejemplo, encontramos que en la campaña presidencial de 2019 una empresa le donó un millón de dólares a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la coalición electoral de Bukele, y en 2020 el gobierno le adjudicó a esa empresa un contrato de asociación público-privada para administrar y ampliar el aeropuerto. Nosotros evaluamos que hubo un conflicto de interés, pero no podemos llevar el tema ni a la fiscalía ni a la Corte de Cuentas para pedirles que investiguen.

    El presidente Bukele parece difícil de clasificar ideológicamente. ¿Cuál es su programa?

    Si tuviera que clasificar al partido del presidente, diría que es un partido “atrapa-todo”, sin un proyecto político definido en términos ideológicos. Hasta que fue expulsado en 2017, Bukele era del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y se mostraba como una persona de izquierda revolucionaria que abrazaba a Hugo Chávez y hablaba de justicia social. Luego, como presidente electo, dio un discurso en la Fundación Heritage, uno de los centros de pensamiento más conservadores de los Estados Unidos, y más neoliberal no podía ser. Él siempre decía que las cosas que hay que resolver no son cuestión de ideología, y Nuevas Ideas se armó con la lógica de que ahí cabían todos sin importar si eran de izquierda o de derecha. Y así fue, allí adentro hay de todo.

    Bukele no tiene un programa ideológico; el objetivo que persigue es concentrar poder. Puede tomar medidas de derecha o de izquierda, pero no porque tenga una u otra ideología, sino porque es lo que más lo beneficia. Por ejemplo, la mayor parte del sistema de pensiones en El Salvador es privado y probablemente él lo nacionalice, pero no porque por una cuestión de principios considere que este servicio público esencial tiene que ser de gestión estatal, sino porque el Fondo de Pensiones mueve cantidades millonarias, y el gobierno quiere echarle mano porque no tiene recursos y está endeudado y sin fuentes de financiamiento, ya que se le acaba de caer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la privatización es presentada como un acto de justicia hacia los pensionados, que reciben pensiones de hambre. En función de esta medida un observador externo podría pensar que su gobierno es de izquierda, pero no es una medida ideológica sino de conveniencia. El gobierno se mueve en función de la búsqueda de provecho político y económico, y por eso muchas veces aparece como errático o improvisado. No hay una visión que oriente la planificación de las 

    ¿A qué se deben las protestas que enfrenta actualmente el gobierno?

    Las protestas que se iniciaron a principios de septiembre estallaron en reacción a la adopción del bitcoin como divisa oficial junto al dólar estadounidense. Mucha gente que apoya y valora a Bukele se opuso a esta medida pensando que les podría afectar. Ha sido la primera medida del gobierno que ha tenido un gran rechazo popular, y pienso que no ha sido solo por oposición hacia la criptomoneda, sino también por la forma en que se están tomando las decisiones, sin suficiente información, debate y participación. Bukele hizo el anuncio en un evento en Miami un día sábado, y el lunes siguiente se presentó el proyecto de ley, que fue aprobado el martes. Todo se resolvió en tres o cuatro días con total secretismo.

    Lamentablemente, la reacción en este tema ha sido la excepción, y posiblemente se deba a que es un tema del que mucha gente no entiende demasiado y eso provoca temor. En términos generales, la mayoría aplaude al presidente, a su manejo de la pandemia y a su Plan de Control Territorial, que es una estrategia de militarización de la seguridad ciudadana. Esto se debe a que la narrativa que construyó el gobierno ha sido exitosa. Por ejemplo, cuando destituyeron a los jueces de la Sala Constitucional – una maniobra que desde la sociedad civil se denunció como un golpe de Estado - el gobierno dijo que habían echado a los corruptos y mucha gente se lo creyó. Hubo gente que salió a protestar, no solo de la sociedad civil organizada, sino también ciudadanos comunes, pero fueron una minoría. Contrarrestar la narrativa oficial es difícil. 

    ¿Qué apoyo necesita la sociedad civil salvadoreña para poder ejercer plenamente su rol?

    Es bien complicado. Los periodistas logran que les filtren información y sacan sus notas, pero nosotros no somos periodistas. Nuestras vías para conseguir el material que necesitamos para desempeñar nuestro rol de contralor es buscarlo en los portales institucionales y hacer solicitudes de información. Nos ayudaría cualquier esfuerzo para lograr que las instituciones públicas abran un poco más la información. 

    También necesitamos apoyo en términos de seguridad personal y digital, así como en el área de comunicaciones, porque evidentemente desde la sociedad civil no hemos logrado comunicar adecuadamente nuestros mensajes y no hemos logrado construir una narrativa alternativa a la oficial.

    El espacio cívico en El Salvador es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
    Póngase en contacto con Acción Ciudadana a través de su página deFacebook, y siga a@CiudadanaAccio1 y a@esec76 en Twitter.

     

     

  • ETIOPÍA: “Las elecciones de junio de 2021 son una cuestión de vida o muerte para la democracia”

    CIVICUS conversa con Mesud Gebeyehu acerca del conflicto político en la región de Tigray, en Etiopía, y sobre las próximas y muy disputadas elecciones nacionales etíopes, que tendrán lugar en junio de 2021 en medio de la pandemia y de un prolongado estado de emergencia. Mesud es Director Ejecutivo del Consorcio de Organizaciones Etíopes de Derechos Humanos (CEHRO) y vicepresidente del Comité Ejecutivo del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales de CIVICUS. Mesud también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de OSC de Etiopía, un órgano estatutario creado para coordinar la autorregulación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Etiopía.

     

  • HONG KONG: ‘La Ley de Seguridad Nacional viola la libertad de expresión y está intensificando la autocensura’

    CIVICUS conversa con Patrick Poon, investigador independiente en derechos humanos, sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong tras la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional (LSN) en junio de 2020. Patrick es investigador de doctorado en la Universidad de Lyon, en Francia, y anteriormente trabajó como investigador sobre China en Amnistía Internacional y ocupó varias posiciones en el China Human Rights Lawyers Concern Group, el Independent Chinese PEN Center y el China Labor Bulletin.

    El espacio cívico en Hong Kong ha sufrido crecientes embates desde que en junio de 2019 comenzara una ola deprotestas masivas por las libertades democráticas, disparadas por la presentación de un proyecto de Ley de Extradición. ElCIVICUS Monitor ha documentado el uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad y el arresto y el procesamiento de activistas prodemocracia, así como ataques contra los medios independientes.

    Patrick Poon

    ¿Por qué se impuso en Hong Kong la LSN y cuáles han sido sus impactos hasta ahora?

    La LSN, impuesta por el gobierno chino el 20 de junio de 2020, sin ninguna consulta o supervisión legislativa, faculta a China para extender del continente a Hong Kong algunas de sus herramientas más potentes de control social. La ley incluye la creación de agencias de seguridad secretas especializadas, permite denegar el derecho a un juicio justo, otorga amplios poderes a la policía, aumenta las restricciones sobre la sociedad civil y los medios de comunicación y debilita el control judicial.

    La nueva ley socava el estado de derecho y las garantías de derechos humanos consagradas en la constitución de facto de Hong Kong, la Ley Fundamental. Contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forma parte del marco jurídico de Hong Kong a través de la Ley Fundamental y se traduce en la Ordenanza para la Declaración de Derechos Humanos.

    La intención del gobierno chino es utilizar la LSN para frenar el trabajo de incidencia y reducir el apoyo a la independencia porque más gente, y particularmente jóvenes, están apoyando la autonomía de Hong Kong y adoptando la identidad hongkonesa. Aunque la Ley Fundamental de Hong Kong consagra un alto grado de autonomía, el gobierno chino parece considerar los llamamientos a la autonomía y el autogobierno como un “peligro para la seguridad nacional”.

    La LSN ha violado gravemente la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong y está intensificando la autocensura en la ciudad. Bajo la LSN, quienes abogan por la independencia, así como los políticos y otras figuras prominentes que apoyan las sanciones de gobiernos extranjeros contra Hong Kong y contra los funcionarios chinos responsables de la promulgación de la LSN, han sido blanco de detenciones arbitrarias. El gobierno obviamente está intentando disuadir a otros de seguir el ejemplo de estas personas.

    Los medios independientes también se han visto afectados por la represión. El arresto de Jimmy Lai, magnate de los medios de comunicación y fundador del popular periódico local Apple Daily, así como de otros altos ejecutivos de la empresa, representó un intento del gobierno de castigar a los medios de comunicación que lo critican. La publicación de notas que critican la LSN o reportan pedidos de sanciones presentados por funcionarios de gobiernos extranjeros se convierten en excusa para la represión de los medios independientes. Esto tendrá un impacto a largo plazo sobre los medios de Hong Kong, ya que intensificará aún más la autocensura de algunos medios.

    ¿Cuál ha sido la respuesta de la sociedad civil y el movimiento prodemocracia?

    La sociedad civil ha reaccionado enérgicamente contra la ley porque el proceso para promulgarla violó el principio del estado de derecho y la justicia procesal de Hong Kong, y las definiciones vagas y amplias de varias disposiciones de la ley exceden la comprensión normal del derecho en la ciudad. Los políticos y funcionarios gubernamentales pro-China se han esforzado por justificar la ley, pero sus argumentos son absurdos.

    ¿Cómo han reaccionado la oposición y la sociedad civil ante la decisión del gobierno de posponer las elecciones legislativas a causa de la pandemia de COVID-19?

    Las elecciones de 2020 para el Consejo Legislativo de Hong Kong originalmente estaban programadas para el 6 de septiembre, pero en julio la Jefa Ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, con el argumento de que estaban aumentando las infecciones por COVID-19, usó sus poderes de emergencia para posponerlas por un año entero, de modo que ahora se supone que tendrán lugar el 5 de septiembre de 2021. Lam negó que el cambio se debiera a especulaciones políticas, pero lo cierto es que fue un golpe para los activistas prodemocracia, que aspiraban a obtener la mayoría en el Consejo Legislativo.

    En un contexto de protestas masivas, los candidatos prodemocracia ya se habían impuesto por abrumadora mayoría en las elecciones para el Consejo de Distrito de 2019. Junto con la recién aprobada LSN, el aplazamiento de las elecciones fue visto como parte de la estrategia del gobierno para neutralizar el movimiento por la democracia. Justo antes del anuncio de la postergación de las elecciones, 12 candidatos de la oposición habían sido descalificados para postularse y cuatro jóvenes ex miembros de un grupo de estudiantes independentistas fueron arrestados bajo la LSN por sus publicaciones en favor de la independencia en las redes sociales.

    El aplazamiento de la elección creó cierto conflicto dentro del campo prodemocrático, ya que hubo quienes se pronunciaron por mantener la lucha en el Consejo Legislativo mientras que otros reclamaron un boicot a la decisión del gobierno de posponer las elecciones. A partir de la decisión del gobierno de descalificar a algunos candidatos prodemocracia por sus opiniones políticas, queda claro que el gobierno no quiere escuchar voces disidentes en la legislatura.

    ¿Cómo podrían la comunidad internacional y las organizaciones internacionales de la sociedad civil apoyar a la sociedad civil de Hong Kong?

    La sociedad civil de Hong Kong debe trabajar en conjunto para garantizar que el gobierno chino y el gobierno de Hong Kong no abusen de la LSN para ahogar todas las opiniones disidentes y monitorear de cerca si el gobierno cumple con los principios del estado de derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

    La comunidad internacional debe seguir expresándose en contra de la represión emprendida por los gobiernos de China y Hong Kong contra la sociedad civil y debe seguir planteando su preocupación por la LSN, que el gobierno chino está imponiendo por la fuerza en Hong Kong en nombre de la seguridad nacional, pero que en realidad no es más que un intento de silenciar las opiniones disidentes en la ciudad. La comunidad internacional debe enviar un mensaje claro de que la seguridad nacional no debe utilizarse como excusa para reprimir la libertad de expresión.

    El espacio cívico en China es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

     

  • KIRGUISTÁN: “La decisión de la ciudadanía en el referéndum será clave para nuestro futuro”

    Ulugbek AzimovCIVICUS y la Asociación Internacional para los Derechos Humanos (International Partnership for Human Rights) conversan con Ulugbek Azimov, experto legal de la Fundación para la Prosperidad Jurídica (Legal Prosperity Foundation), acerca de las protestas que tuvieron lugar en Kirguistán en octubre de 2020 y los acontecimientos políticos que se produjeron a continuación. La Fundación para la Prosperidad Jurídica (ex Grupo Juvenil de Derechos Humanos) es una organización de la sociedad civil (OSC) independiente que desde 1995 promueve los derechos humanos y los principios democráticos en Kirguistán. La organización lleva a cabo programas educativos, realiza un monitoreo de derechos humanos, interactúa con los mecanismos internacionales de derechos humanos y promueve el respeto de los derechos humanos en el contexto de las reformas legales.

    A menudo se habla de Kirguistán como la única democracia de Asia Central. ¿Qué tan cerca de la verdad está esta caracterización?

    Es cierto que a principios de la década de 1990, es decir, en los primeros años de independencia, la democracia brotó y comenzó a desarrollarse en Kirguistán. En comparación con otros países de la región, Kirguistán se caracterizó por tener un mayor nivel de participación ciudadana, una sociedad civil más desarrollada y condiciones más favorables para el funcionamiento y la participación de los partidos políticos en el proceso político. Por este motivo, Kirguistán fue calificado como una “isla de democracia” en Asia Central.

    Sin embargo, en los 30 años transcurridos desde la independencia, Kirguistán ha enfrentado graves problemas. Los intentos de los expresidentes de preservar y reforzar su poder presionando a la oposición, persiguiendo a los medios de comunicación y al periodismo independiente, restringiendo la libertad de expresión, utilizando los recursos públicos en su beneficio, sobornando a los votantes y falsificando los resultados de las elecciones, han provocado grandes convulsiones políticas en varias oportunidades. En los últimos 15 años, el gobierno ha sido derrocado tres veces, en las llamadas revoluciones de los Tulipanes, de abril y de octubre, producidas en 2005, 2010 y 2020, respectivamente. Dos expresidentes se vieron obligados a huir del país, y el tercero debió dimitir antes de tiempo.

    Desgraciadamente, a cada revuelta le siguió un proceso que socavó los logros democráticos anteriores. Por lo tanto, no es de extrañar que Freedom House haya calificado sistemáticamente a Kirguistán como “parcialmente libre” en su índice anual de Libertad en el Mundo. Además, en la última medición publicada este año, Kirguistán fue degradado a la categoría de “no libre” debido a las consecuencias de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020, que se vieron empañadas por graves violaciones. Así, Kirguistán se encuentra ahora en la misma categoría en la que se hallaban otros países de Asia Central desde hacía muchos años.

    ¿Se impusieron restricciones relacionadas con la pandemia en el período que precedió a las elecciones de 2020?

    En respuesta al rápido aumento de los casos de COVID-19 en la primavera de 2020, las autoridades kirguisas adoptaron medidas de emergencia e impusieron el confinamiento en la capital, Bishkek, y en varias otras regiones del país, lo cual redundó en restricciones del derecho a la libertad de circulación y otros derechos relacionados. Se prohibieron todos los actos públicos, incluidos los de naturaleza política.

    Las medidas adoptadas en el contexto de la pandemia también suscitaron preocupación porque impusieron restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información. Las autoridades apretaron fuertemente las tuercas a las voces críticas en respuesta a las críticas generalizadas a los gobernantes, incluido el entonces presidente Sooronbai Jeenbekov, por su incapacidad para luchar eficazmente contra la pandemia. Las autoridades policiales persiguieron a blogueros y comentaristas de las redes sociales con posiciones críticas, los visitaron en sus domicilios y mantuvieron con ellos conversaciones “profilácticas”. En algunos casos, se detuvo a usuarios de redes sociales por publicar información supuestamente falsa sobre la pandemia y se les obligó a disculparse públicamente bajo la amenaza de ser procesados.

    La ley sobre “manipulación de la información”, que el Parlamento aprobó en junio de 2020, es especialmente preocupante. Aunque los promotores de la ley afirmaron que su único objetivo era abordar el problema de las cuentas falsas en redes sociales, desde el principio quedó claro que se trataba de un intento de las autoridades de introducir la censura en internet y clausurar sitios molestos en vísperas de las elecciones. Tras una avalancha de críticas por parte de la comunidad de medios de comunicación y de personas defensoras de derechos humanos, el entonces presidente Jeenbekov se negó a firmar la ley y en agosto de 2020 la devolvió al parlamento para que la revisara. Desde entonces, la ley ha permanecido en el parlamento.

    ¿Qué fue lo que desencadenó las manifestaciones postelectorales de octubre de 2020? ¿Quiénes protestaron y por qué?

    El principal motivo de las protestas de octubre de 2020, que volvieron a provocar un cambio en el poder, fue el descontento de la población con los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias celebradas el 4 de octubre.

    De los 16 partidos que competían por escaños en el parlamento, sólo cinco superaron el umbral electoral del 7%, requerido para entrar en el parlamento. Aunque el entonces presidente Jeenbekov declaró públicamente que no apoyaba a ningún partido, el más votado, Birimdik (Unidad), estaba vinculado con él, ya que entre los candidatos se contaban su hermano y otros integrantes de la élite gobernante. El partido que quedó en segundo lugar, Mekenim Kirguistán (Patria Kirguisa), también era considerado progubernamental y estaba asociado a la familia del ex alto funcionario del servicio de aduanas Raiymbek Matraimov, implicado en una investigación mediática de alto nivel sobre corrupción, publicada en noviembre de 2019. El gobierno de Jeenbekov ignoró las conclusiones de esta investigación y no inició una causa penal contra Matraimov, a pesar de los llamamientos públicos en este sentido.

    Era previsible que Birimdik y Mekenim Kirguistán obtuvieran buenos resultados en las elecciones, dado el uso de recursos públicos y la aparente compra de votos a favor de sus candidatos. Estos dos partidos, que competían en las elecciones parlamentarias por primera vez, obtuvieron casi la mitad de los votos y, por lo tanto, la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios. Los métodos utilizados por los dos partidos ganadores para asegurarse el control del parlamento provocaron la indignación de otros partidos políticos que compitieron en las elecciones, de sus votantes e incluso de personas sin identidad partidaria.

    Las elecciones se celebraron en un contexto de creciente descontento con las dificultades sociales y económicas causadas por la pandemia, así como de un creciente sentimiento antigubernamental entre la ciudadanía.

    Las elecciones “sucias”, caracterizadas por un nivel de violaciones sin precedentes, se convirtieron en un catalizador de los acontecimientos posteriores. Las protestas comenzaron inmediatamente después del anuncio de los resultados provisorios al final de la jornada electoral, el 4 de octubre, y continuaron durante todo el día siguiente. La juventud desempeñó en ellas un rol decisivo: la mayoría de quienes salieron a la calle a protestar y se reunieron en la plaza central de la capital eran jóvenes. Por desgracia, la mayoría de las personas heridas, así como el manifestante que murió durante las manifestaciones de octubre, también eran jóvenes.

    ¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a las protestas?

    Las autoridades tuvieron la oportunidad de tomar el control de la situación y resolverla pacíficamente, pero no la aprovecharon. Recién en la noche del 5 de octubre el entonces presidente Jeenbekov anunció que se reuniría con los líderes de los diferentes partidos que habían participado de las elecciones. Fijó una reunión para la mañana del 6 de octubre, pero resultó ser demasiado tarde, ya que en la noche del 5 de octubre las protestas pacíficas en Bishkek se convirtieron en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, que terminaron con la toma de la Casa Blanca, sede de la presidencia y el parlamento, y otros edificios públicos por parte de los manifestantes. Durante los enfrentamientos, las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Como consecuencia de los enfrentamientos, murió un joven de 19 años y más de 1.000 personas, entre manifestantes y miembros de las fuerzas del orden, requirieron atención médica; más de 600 policías resultaron heridos. Durante los disturbios también sufrieron daños coches de policía, ambulancias, cámaras de vigilancia y otros bienes materiales, por un valor estimado de más de 17 millones de soms (unos 200.000 dólares estadounidenses).

    ¿Lograron las elecciones presidenciales anticipadas celebradas en enero de 2021 resolver los problemas planteados por las protestas?

    La principal demanda de las protestas era la anulación de los resultados de las elecciones parlamentarias de octubre de 2020 y la celebración de nuevas elecciones justas. Esta demanda se satisfizo en parte el 6 de octubre de 2020, cuando la Comisión Electoral Central (CEC) declaró inválidos los resultados de las elecciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha fijado nueva fecha para las elecciones parlamentarias. La CEC las programó inicialmente para el 20 de diciembre de 2020, pero el parlamento respondió adoptando rápidamente una ley que suspendía las elecciones a la espera de una revisión de la Constitución y ampliaba el mandato de los miembros del parlamento saliente hasta el 1º de junio de 2021.

    En su evaluación de esta ley, la Comisión de Venecia -un órgano consultivo del Consejo de Europa, compuesto por personas independientes expertas en derecho constitucional- concluyó que durante el actual periodo de transición el parlamento debería ejercer funciones limitadas y abstenerse de aprobar medidas extraordinarias, tales como reformas constitucionales. Sin embargo, el parlamento saliente ha continuado su labor con normalidad y ha convocado a un referéndum constitucional a celebrarse en abril de 2021. El presidente recientemente electo, Sadyr Japarov, ha sugerido la celebración de nuevas elecciones parlamentarias en otoño de 2021, lo cual significaría que los integrantes del parlamento saliente continuarían en sus puestos incluso después del 1º de junio de 2021.

    En respuesta a otras demandas de los manifestantes, en octubre de 2020 se modificó la legislación electoral del país para reducir el umbral electoral para obtener representación parlamentaria de siete a tres puntos porcentuales y se redujo la tarifa de inscripción de candidatura de cinco millones a un millón de soms (unos 12.000 dólares). Estas modificaciones apuntaron a facilitar la participación de un mayor número de partidos, incluidos los más nuevos, y para promover el pluralismo y la competencia.

    Los manifestantes también expresaron resentimiento por las inadecuadas medidas adoptadas para luchar contra la corrupción. Reclamaron que las autoridades llevaran ante la justicia a los funcionarios corruptos, y en particular a Matraimov, y exigieran la devolución al Estado de los bienes robados. En su discurso para los manifestantes antes de ser presidente, Japarov prometió que Matraimov sería detenido y castigado.

    A decir verdad, Japarov cumplió su palabra. Después de que Japarov llegara al poder, en octubre de 2020, Matraimov fue detenido en relación con una investigación sobre tramas de corrupción en el servicio de aduanas, se declaró culpable y aceptó compensar el daño devolviendo más de 2.000 millones de soms (unos 24 millones de dólares). Posteriormente, un tribunal local lo condenó, pero le impuso una pena atenuada bajo la forma de una multa de 260.000 soms (unos 3.000 dólares) y levantó las órdenes de congelamiento de sus bienes, por haber cooperado con la investigación. Esta sentencia extremadamente indulgente provocó la indignación de la opinión pública. El 18 de febrero de 2021, Matraimov fue otra vez detenido bajo nuevas acusaciones de lavado de dinero, pero al cabo de unos días fue trasladado desde el centro de detención preventiva donde se encontraba a una clínica privada para recibir tratamiento por problemas de salud. Tras ello, muchos calificaron a las medidas anticorrupción del actual gobierno como “populistas”.

    En enero de 2021 la ciudadanía kirguisa también votó en un referéndum constitucional. ¿Cuáles fueron sus resultados y qué consecuencias tendrán para la calidad de la democracia?

    Según los resultados del referéndum, que tuvo lugar el mismo día que las elecciones presidenciales de enero de 2021, el 84% de los votantes apoyó la transición de un sistema de gobierno parlamentario a uno presidencialista.

    Sobre la base de la experiencia comparada, muchos abogados y activistas de la sociedad civil no ven este cambio como algo negativo per se, siempre que vaya acompañado de un sistema de frenos y contrapesos que funcione bien. Sin embargo, les preocupa seriamente que las autoridades intenten llevar a cabo la transición a un ritmo injustificadamente rápido utilizando enfoques y métodos cuestionables que no se corresponden con principios generalmente aceptados ni con las normas y procedimientos legales establecidos.

    El primer proyecto de constitución que preveía un sistema de gobierno presidencial, presentado en noviembre de 2020, fue apodado “khanstitución”, en referencia a los históricos gobernantes autocráticos de Asia Central. Sus críticos acusaron a Japarov, que ha defendido este cambio desde que asumió el cargo en octubre de 2020, de intentar usurpar el poder.

    El proyecto de constitución otorgaba al presidente poderes prácticamente ilimitados, al tiempo que reducía al mínimo el estatus y los poderes del parlamento, poniendo en peligro los frenos y contrapesos y aumentando el riesgo de abusos del poder presidencial. También preveía un complicado procedimiento de destitución mediante juicio político que sería imposible de aplicar en la práctica. Además, aunque no mencionaba el principio del Estado de Derecho ni una sola vez, el texto se refería repetidamente a valores y principios morales. Se excluyeron muchas disposiciones de la actual Constitución que garantizan los derechos humanos y las libertades públicas.

    Debido a las duras críticas que recibió el proyecto constitucional, las autoridades se vieron obligadas a abandonar sus planes iniciales de someterlo a referéndum el mismo día de las elecciones presidenciales de enero de 2021 y acordaron organizar un debate más amplio. Para ello, convocaron a una llamada conferencia constitucional, cuyos miembros trabajaron durante dos meses y medio, a pesar de las acusaciones de que sus actividades eran ilegítimas. A principios de febrero de 2021, la conferencia constitucional presentó sus recomendaciones al parlamento.

    Hay que reconocer que, como resultado del debate y las propuestas presentadas por la conferencia constitucional, se mejoraron algunas partes del proyecto original. Por ejemplo, se restableció la referencia al principio del Estado de Derecho y se introdujeron importantes modificaciones en las secciones sobre derechos humanos y libertades, incluso en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión, el papel de los medios de comunicación independientes y el derecho de acceso a la información. Pero el borrador se mantuvo prácticamente sin cambios en lo que respecta al otorgamiento de poderes ilimitados al presidente.

    En marzo de 2021, el parlamento aprobó una ley sobre la celebración de un referéndum sobre el proyecto constitucional revisado, fijando la fecha para el 11 de abril de 2021. Esto desató una nueva ola de indignación entre políticos, abogados y activistas de la sociedad civil, que señalaron que esto iba en contra del procedimiento establecido para la reforma constitucional y advirtieron nuevamente que la concentración de poder en manos del presidente podría dar lugar a un gobierno autoritario. Estas preocupaciones también fueron expresadas en un dictamen conjunto de la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, emitido en marzo de 2021 a petición de la Defensoría del Pueblo de Kirguistán.

    El proyecto de constitución contiene otras dos disposiciones problemáticas. Una de ellas permite imponer restricciones a toda manifestación que contradiga los “valores morales y éticos” o “la conciencia pública del pueblo de la República Kirguisa”. Estos conceptos no están definidos ni regulados, por lo que podrían interpretarse de forma diferente en cada caso, lo que crea el riesgo de una interpretación excesivamente amplia y subjetiva y de una aplicación arbitraria. Esto, a su vez, podría dar lugar a restricciones excesivas de los derechos humanos y las libertades públicas, incluidos los derechos a las libertades de reunión pacífica y de expresión.

    La otra disposición obliga a partidos políticos, sindicatos y otras asociaciones públicas a garantizar la transparencia de sus actividades financieras y económicas. En el contexto de recientes intentos de intensificar el control sobre las OSC, es preocupante que esta disposición se utilice para presionarlas. El mismo día en que el parlamento votó a favor de la celebración de un referéndum sobre el proyecto de constitución, algunos legisladores acusaron a las OSC de socavar los “valores tradicionales” y de suponer una amenaza para el Estado. 

    Los y las activistas de la sociedad civil siguen reclamando que se disuelva el actual parlamento, que a su juicio ha perdido su legitimidad, y que el presidente convoque rápidamente nuevas elecciones. Con este fin están movilizándose en este momento y, si no se satisfacen sus demandas, planean recurrir a los tribunales con una demanda por usurpación de poderes.

    El presidente, sin embargo, ha desestimado todas las preocupaciones expresadas sobre la reforma constitucional. Ha asegurado que Kirguistán seguirá siendo un país democrático, que se respetará la libertad de expresión y la seguridad personal de los periodistas, y que no habrá más persecuciones políticas.

    La ciudadanía de Kirguistán debe tomar una decisión. El próximo referéndum sobre el actual proyecto de constitución puede convertirse en un nuevo punto de inflexión en la historia de Kirguistán, y la decisión que tome la ciudadanía será clave para las perspectivas futuras de estabilidad y prosperidad.

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  • MYANMAR: “Los militares convirtieron a los trabajadores de la salud de héroes en criminales de la noche a la mañana”

    Nay Lin Tun May

    CIVICUS conversa con Nay Lin Tun, un médico que colabora habitualmente como voluntario con los equipos de rescate en las zonas de emergencia de la ciudad de Yangon, en Myanmar. Desde que los militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado el 1º de febrero de 2021, el ejército ha iniciado unabrutal represión contra el Movimiento de Desobediencia Civil (MDC), un movimiento de protesta que se extendió por todo el país y en el cual losprofesionales de la salud han desempeñado un rol fundamental.

    Desde el golpe de Estado, Nay Lin Tun ha estado en la primera línea tratando a manifestantes heridos por las fuerzas de seguridad. Anteriormente trabajó en el estado de Rakhine prestando atención médica comunitaria móvil a la población rohingya y a otros desplazados internos en zonas afectadas por el conflicto. También participó en la campañaGoalkeepers Youth Action Accelerator, dedicada a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

     

  • MYANMAR: “Los partidos de oposición se quejan de que el organismo electoral censura su discurso”

    Cape DiamondCIVICUS conversa con el galardonado periodista Cape Diamond (Pyae Sone Win) acerca de las próximas elecciones en Myanmar. Cape es un periodista multimedia basado en Myanmar que cubre temas de derechos humanos, crisis y conflicto. Actualmente trabaja en forma independiente para Associated Press (AP). Ha cubierto críticamente la crisis de los refugiados rohingya y ha colaborado con numerosos medios internacionales, incluidos Al Jazeera, ABC News y CBS. También contribuyó al documental ganador del premio BAFTA,Myanmar’s Killing Fields, y al ganador de la medalla de oro en el Festival de Cine de Nueva York,The Rohingya Exodus.

     

    Programadas para el 8 de noviembre de 2020, estas elecciones serán las primeras desde 2015, cuando resultaron en una victoria aplastante para la Liga Nacional para la Democracia (LND), y serán apenas las segundas elecciones competitivas desde 1990, cuando la abrumadora victoria de la LND fue anulada por el ejército.

    ¿Cuál es la situación de las libertades cívicas y la sociedad civil en vísperas de las elecciones?

    La situación de la libertad de expresión es muy preocupante. A lo largo de los años, periodistas y activistas de derechos humanos de Myanmar han sufrido acusaciones penales a causa de su trabajo. Se siguen utilizando leyes restrictivas, como la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Asociaciones Ilícitas, la Ley de Secretos Oficiales y las disposiciones sobre difamación del Código Penal, para enjuiciar a activistas y periodistas. También se ha utilizado la Ley de Procesión y Reunión Pacífica contra los manifestantes.

    Muchos partidos políticos se han quejado de que la Comisión Electoral de la Unión (UEC), el órgano electoral, ha censurado los mensajes que emitirán en la televisión nacional antes de las elecciones. Por ejemplo, Ko Ko Gyi, presidente del Partido Popular, dijo que las modificaciones que hizo la UEC en su discurso de campaña le impiden expresar plenamente la postura política de su partido frente a las elecciones. Dos partidos, el Partido Democrático para una Nueva Sociedad y Fuerza Nacional Democrática, cancelaron sus transmisiones electorales en protesta por la censura.

    Al mismo tiempo, los críticos dicen que el órgano electoral está predispuesto a favor del partido gobernante, el NLD, que lidera Aung San Suu Kyi. Es un tema al que debemos estar atentos y sobre el cual tenemos que hablar para garantizar elecciones creíbles.

    ¿Ha habido acercamientos del órgano electoral a la sociedad civil?

    He escuchado que la actual UEC no ha buscado activamente un vínculo con la sociedad civil. La UEC inicialmente prohibió que la Alianza Popular para unas Elecciones Creíbles (PACE), uno de los grupos de monitoreo electoral más grandes del país, monitoreara las elecciones. La UEC acusó a la PACE de no estar registrada bajo la ley que rige a las organizaciones de la sociedad civil y de recibir financiamiento de fuentes internacionales. A pesar de que la UEC acabo permitiéndole operar, la organización está experimentando dificultades para hacerlo, debido a las restricciones recientemente impuestas a causa del COVID-19.

    ¿Cuáles son los principales temas en torno de los cuales girará la campaña?

    La pandemia de COVID-19 y la guerra civil en curso en el país son nuestros principales problemas en este momento. Está muy claro que el partido gobernante y el gobierno no están prestando suficiente atención a la situación de las minorías en las regiones que sufren la guerra civil.

    Es preocupante que el país esté atravesando una pandemia, que creo que no tiene suficiente capacidad para manejar. Al 29 de septiembre de 2020, hemos tenido un total de 11,000 casos reportados y 284 muertes a causa del COVID-19. El aumento de las infecciones en las últimas semanas ha sido preocupante, ya que en agosto solo tuvimos alrededor de 400 casos confirmados. Me preocupa que la situación sea segura para que la gente salga a votar en las elecciones.

    Más de 20 partidos políticos han enviado al órgano electoral solicitudes para que postergue las elecciones debido a la pandemia, pero fueron rechazadas. El partido gobernante no está dispuesto a posponer las elecciones.

    ¿Será posible desarrollar una campaña “normal” en este contexto?

    No creo que sea posible tener mítines de campaña normales como los de las elecciones pasadas, las de 2015, ya que estamos en plena pandemia. El gobierno ha tomado varias medidas para combatir la propagación de la enfermedad, entre ellas la prohibición de las reuniones de personas. Los partidos políticos no pueden hacer campaña en las áreas que están en situación de semi-confinamiento.

    Las principales ciudades, como Yangon y su región metropolitana, así como algunos municipios de Mandalay, están en semi-confinamiento, bajo un programa que el gobierno ha llamado “Quédate en casa”. Al mismo tiempo, todo el estado de Rakhine, que está experimentando la guerra civil, también se encuentra en semi-confinamiento. Me temo que la gente en la zona de guerra civil no pueda salir a votar.

    Para dirigirse a sus públicos, los candidatos utilizan tanto las redes sociales como los medios convencionales. Sin embargo, como señalé anteriormente, algunos partidos opositores han sido censurados por la UEC. Algunos integrantes de la oposición han denunciado un trato injusto por parte de la UEC y el gobierno, mientras que el partido gobernante está usando su poder para expandir su popularidad. Esto claramente perjudicará las chances electorales de la oposición.

    ¿Qué desafíos específicos enfrentan los candidatos en el estado de Rakhine?

    Como todo el estado de Rakhine está sujeto a restricciones por el COVID-19, los candidatos no pueden hacer campaña en forma presencial. Por lo tanto, en general realizan campañas en las redes sociales. Al mismo tiempo, en muchos municipios del estado de Rakhine ha habido un prolongado corte del servicio de Internet, impuesto a causa de los combates en curso entre el Ejército de Arakan y las fuerzas militares. Me preocupa que la gente allí no pueda obtener suficiente información en torno de las elecciones.

    El gobierno de Myanmar también está utilizando la discriminatoria Ley de Ciudadanía de 1982 y la Ley Electoral para privar de sus derechos a las personas rohingya y evitar que se postulen para competir por cargos políticos. Los funcionarios electorales impidieron la presentación de la candidatura de Kyaw Min, líder del Partido de la Democracia y los Derechos Humanos (DHRP), liderado por personas rohingya. Kyaw Min fue descalificado junto con otros dos candidatos del DHRP porque supuestamente sus padres no eran ciudadanos, como lo exige la ley electoral. Esta es una de las diversas herramientas que se utilizan para oprimir a la población rohingya.

    En octubre, la UEC lanzó una aplicación para teléfonos inteligentes que fue criticada por utilizar un rótulo despectivo en referencia a las personas musulmanas rohingya. La aplicación mVoter2020, destinada a generar conciencia entre los votantes, se refiere a por lo menos dos candidatos del grupo étnico rohingya como “bengalíes”, lo cual sugiere que se trata de inmigrantes procedentes de Bangladesh, pese a que la mayoría de las personas rohingya ha vivido en Myanmar durante generaciones. Esta etiqueta es rechazada por muchos rohingya. Además, no podrá votar ninguno de los más de un millón de rohingya refugiados en Bangladesh, ni tampoco los cientos de miles dispersos en otros países.

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  • PERÚ: “El debate constitucional ha adquirido una nueva relevancia a partir de las protestas”

     

    Rafael Barrio

    CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Perú con Rafael Barrio de Mendoza, investigador sobre procesos de transformación territorial del Grupo Propuesta Ciudadana, un consorcio de diez organizaciones de la sociedad civil con presencia en 16 regiones del Perú. Propuesta Ciudadana busca contribuir a la formulación de propuestas de política para un Estado inclusivo y la adecuada gestión de los recursos públicos. Promueve una visión de la gobernanza territorial que parte de la identificación y el respeto de las diversidades y se centra en el desarrollo democrático.

    ¿Cuál fue la causa desencadenante de las protestas que estallaron en Perú en noviembre de 2020?

    La causa inmediata fue la decisión de una mayoría parlamentaria de vacar al presidente Martín Vizcarra, empleando un mecanismo escasamente utilizado en el pasado y cuyo contenido y proceso tiene un amplio margen de discrecionalidad. La publicación de las acusaciones contra Vizcarra fue dándose en una secuencia que se revela planificada, y predominó la sensación de su instrumentalización por parte de la llamada “coalición vacadora”. Si bien hay un espacio de controversia sobre la calidad de los indicios de los delitos que se le imputan a Vizcarra, presuntamente cometidos durante su mandato de gobernador de la región de Moquegua, hace cinco años, existía un consenso en la opinión pública de que dichas acusaciones podrían haberse perseguido creíblemente al terminar su mandato presidencial, en particular dado que las elecciones generales ya estaban convocadas para abril de 2021.

    Pero desde un punto de vista más estructural, la crisis política fue la expresión de la maduración de una crisis de representación política, con vínculos poco orgánicos entre la oferta política y las sensibilidades ciudadanas y un sistema precarizado y cartelizado de representación política, en el cual una miríada de intereses ilegales, informales y oligopólicos han resistido sucesivas generaciones de reformas - educativa, judicial, fiscal y política, entre otras – que pretenden regularlos. Las revelaciones de casos de corrupción que involucraban a gran parte del elenco político, como el caso Lava Jato/Odebrecht y el de los Cuellos Blancos, que destapó una extendida red de corrupción en el sistema judicial, sirvieron para instalar el consenso de un deterioro general del manejo de lo público. A la vez, la relativa eficacia de las medidas fiscales en contra de los líderes políticos involucrados alimentó la perspectiva de una limpieza de la clase política y la posibilidad de cultivar una transición hacia un mejor sistema de representación. En cierta medida, el vínculo populista que estableció Vizcarra con esa sensibilidad - sellado con la disolución constitucional del anterior Congreso, en el cual el partido del expresidente Alberto Fujimori contaba con la mayoría - fue el factor que sostuvo su gobierno, carente de apoyos parlamentarios, empresariales, mediáticos o sindicales. La vacancia de Vizcarra se experimentó como la restitución de la constelación de intereses que hasta entonces había retrocedido con la labor fiscal y las reformas educativa, política y judicial.

    ¿Cómo describirías el conflicto institucional que resultó en la destitución y el reemplazo del presidente?

    El conflicto institucional se gestó en la precariedad de un sistema político caracterizado por un nuevo Congreso con múltiples bancadas pero ninguna de ellas oficialista y un presidente popular pero sin apoyos institucionales, cuya legitimidad se sostenía en el manejo versátil del debate público a través de una combinación de gestos políticos, el reclutamiento de técnicos competentes en puestos clave, y un ejercicio calculado de antagonización con el Congreso en temas clave, tales como las reformas educativa, política y judicial.

    La coalición mayoritaria en el Congreso retomó, a grandes rasgos, la agenda de intereses de la anterior mayoría “fujiaprista” - así designada por la alianza tácita entre el Partido Aprista y la corriente política fundada por el expresidente Fujimori - a la que añadió nuevas demandas populistas que ponían en riesgo el manejo presupuestal y macroeconómico en torno del cual existía un consenso tecnocrático. En este marco, actores que sobrevivieron a la disolución del anterior Congreso lograron recolocarse en el nuevo y operar, junto a algunos medios de comunicación, una campaña que buscaba deteriorar la popularidad de Vizcarra mediante el levantamiento de acusaciones de corrupción en casos poco claros. Estas fueron las dinámicas que nutrieron el conflicto institucional.

    Por su lado, la sociedad civil tuvo una respuesta unificada ante la vacancia y el nuevo régimen que se instaló. Su respuesta se movió desde la expresión de preocupación y el reclamo de toma de responsabilidad hasta la abierta condena ante el establecimiento de la nueva gestión. Las protestas masivas y la represión con que fueron enfrentadas alimentaron esa transición en la mayoría de la sociedad civil. Muchas organizaciones de la sociedad civil tuvieron un papel activo en el enmarcamiento del conflicto, la producción de una narrativa para audiencias internacionales y la colocación de presión sobre los actores públicos con que interactúan.

    ¿Quiénes se movilizaron, y qué reclamaban?

    En un comienzo, los manifestantes protestaban contra la vacancia del presidente Vizcarra y contra la asunción del presidente del Congreso, Manuel Merino, como nuevo presidente. Una encuesta realizada posteriormente por Ipsos mostró que poco más de tres cuartos de la población estaba de acuerdo con la protesta contra la remoción del presidente Vizcarra, y que al menos dos millones de personas se movilizaron de una u otra forma o tomaron parte activa en las protestas.

    Las manifestaciones fueron mayormente protagonizadas por jóvenes de entre 16 y 30 años, quienes vertebraron la organización y generaron los repertorios y tácticas de protesta. El estado de ánimo de hartazgo generalizado fue movilizado por la llamada “generación del bicentenario”, nacida después del fin del fujimorismo, nativa digital y, en su mayoría, desafecta de la política convencional. Se trata también de una generación mesocrática -tanto en los segmentos tradicionales de la clase media y en los sectores populares- y partícipe de comunidades virtuales mediadas por las plataformas digitales. Eso explica en parte la velocidad de la emergencia de arquitecturas de organización bastante eficientes para producir repertorios, coordinar acciones, documentar las protestas y generar movimientos de opinión pública. La mediación de las redes sociales y el uso de aplicaciones de microtransferencias monetarias propiciaron una organización descentralizada de la protesta, con múltiples manifestaciones en distintas locaciones, distintas convocatorias convergentes, diversidad de repertorios y canales de transferencia rápida de recursos.

    La movilización liderada por los jóvenes se nutrió de una clase media dispuesta a asumir el costo de manifestarse. Alrededor de este núcleo se articularon sociológica y territorialmente otros sectores de la población, más o menos acostumbrados a estrategias convencionales de protesta, o simplemente alejados de toda expresión pública.

    Las protestas comenzaron el 9 de noviembre, se sucedieron día a día y alcanzaron su punto álgido el 14 de noviembre, fecha de la Segunda Marcha Nacional. La movilización masiva del llamado 14N se alimentó de la súbita expresión de un hartazgo que atravesaba de lado a lado a la sociedad y que era particularmente intenso entre los jóvenes. De ahí su carácter excepcional por su alcance, magnitud y organización, así como por la rápida instalación de una identidad ciudadana no partidarizada, que solo en parte puede explicarse por el apoyo a Vizcarra, ya que lo excedía.

    El 14N culminó con la muerte de dos jóvenes manifestantes por perdigones de plomo. Merino había asumido el 10 de noviembre y había formado un gobierno radicalmente conservador. El signo del gabinete se reveló rápidamente en la autorización de la represión severa de la protesta, sobre todo en Lima, la capital. Tras las primeras jornadas de violencia policial, el presidente del Consejo de Ministro felicitó y garantizó protección a los escuadrones policiales involucrados. Las muertes del 14N activaron una cascada de desafecciones en los pocos apoyos políticos que sostenían al régimen en respuesta a una presión ciudadana desbordada, y hacia el mediodía del 15 de noviembre Merino había renunciado.

    El espacio generado por la movilización se pobló de una cantidad de demandas heterogéneas, desde el restablecimiento de Vizcarra hasta el reclamo de un cambio constitucional que cimentara la salida al neoliberalismo, pasando por propuestas más claramente ciudadanas, centradas en la defensa de la democracia, la continuidad de las reformas, la injusticia de la represión y la insensibilidad de la clase política frente a la emergencia sanitaria de la pandemia. El fermento para estos reclamos sigue existiendo y queda por verse cómo terminan tomando forma en el escenario electoral de 2021.

    ¿En qué se diferenciaron estas protestas de otras que ocurrieron en el pasado? ¿Hubo algún cambio relacionado con el contexto de la pandemia?

    En anteriores movilizaciones urbanas ya se habían ensayado los mecanismos de coordinación que proporcionan las redes sociales, pero esas manifestaciones habían sido protagonizadas por actores convencionales, tales como movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos. En esta oportunidad se formaron nuevos grupos de activistas, tales como brigadas para desactivación de bombas lacrimógenas y de auxilio médico, similares a las técnicas de movilización ensayadas en otros escenarios, como las protestas de Hong Kong y las de Black Lives Matter en los Estados Unidos. Ello habla de la emergencia de espacios de aprendizaje global de protesta. 

    En parte, fue la emergencia sanitaria la que condicionó la composición de las protestas, en su mayora integradas por jóvenes, al tiempo que propició, entre aquellos que tenían mayores reparos en salir a las calles, la difusión de nuevos repertorios, como los cacerolazos, los bocinazos y el activismo digital. Al mismo tiempo, el carácter masivo de las protestas se explica por el hecho de que los indicadores sanitarios del momento sugerían el cese de la primera ola de COVID-19, y por la constatación de que las marchas de Black Lives Matter no habían estado vinculadas a brotes relevantes, lo cual alentó una sensación de seguridad para las marchas.

    ¿Por qué acabaron los manifestantes reclamando una reforma constitucional? ¿Qué clase de reforma constitucional reclaman?

    Las propuestas de cambios constitucionales formaron parte de las demandas de la movilización, pero no terminaron de protagonizarla. En todo caso, ganaron un nuevo ímpetu en el debate público. La genealogía de estas demandas puede pensarse en dos vertientes. El cambio constitucional a través de una asamblea constituyente es una de las demandas centrales de las izquierdas desde el fin del fujimorismo. Inmediatamente después de la caída del régimen de Fujimori (1990-2001) se convocó un Congreso con un mandato constituyente que no pudo producir un nuevo texto constitucional, y desde entonces esta aspiración pasó a habitar el campo del progresismo, perdiendo vigencia entre otros actores moderados y de derecha. Las izquierdas a menudo reivindican la mitificada Constitución de 1979 como alternativa, proponen un nuevo texto inspirado los procesos boliviano y ecuatoriano, y apuntan el carácter ilegitimo de la Constitución actual, nacida tras un golpe de Estado. El crecimiento económico sostenido de las décadas post-Fujimori y las reformas puntuales de algunos mecanismos constitucionales otorgaron legitimidad a la Constitución, pero muchas de las instituciones y principios que consagra han ido agotándose con los cambios sociológicos y económicos que ayudaron a propiciar.

    La segunda vertiente viene de un reclamo más orgánico tras la constatación de los límites del modelo de mercado, evidentes sobre todo en la persistencia de la desprotección social, el trabajo precario e informal y los abusos de los oligopolios en la provisión de servicios, así como en la crisis del sistema de representación política. Vizcarra inauguró una etapa reformista en materia judicial y política, y en los marcos legales que gobiernan a los sectores extractivos y el sistema de pensiones. Asimismo, dio continuidad a la reforma educativa. El ánimo reformista -pensado por los sectores moderados como el camino de una transición “responsable”- fue agredido por la pugna política alimentada por los sectores afectados, creando un espacio para que las aspiraciones de reforma puedan empezar a predicarse en el lenguaje del cambio constitucional.

    Con todo, este debate ha adquirido una nueva relevancia a partir de las protestas del 14N, y aún no están claros los términos de la conversación, el contenido de los cambios más significativos y, sobre todo, la oferta de actores políticos maduros capaces de interpretarlos y llevarlos a cabo. El peligro radica en que, en un contexto de alta indeterminación, el proceso termine siendo definido por actores cuyas motivaciones no participan del ánimo de cambio.

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  • TAILANDIA: “La juventud cuestiona que el gobierno abuse de sus derechos y comprometa su futuro”

    CIVICUS conversa con la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Tailandia, Piyanut Kotsan, acerca del movimiento por la democracia y la represión de las protestas en Tailandia. Fundada en Bangkok en 1993, Amnistía Internacional Tailandia cuenta con más de 1.000 miembros en todo el país. Su trabajo se centra en la promoción de la libertad de expresión en internet y fuera de ella, la libertad de reunión pacífica, la educación en derechos humanos, el derecho al aborto y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en la denuncia de la tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte.