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BOLIVIA: “Los incendios forestales se traducen en pérdida de biodiversidad y en baja calidad de vida”
CIVICUS conversa con Jordi Surkin, director de conservación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Bolivia, sobre los recientes incendios en cuatro de los nueve departamentos del país.
WWF trabaja en Bolivia desde 1993, con la visión de un país donde los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.
¿Cómo han evolucionado los incendios que se desataron en el mes de octubre?
Es importante aclarar que el uso del fuego como parte del manejo agrícola para la preparación del terreno es una práctica milenaria. Sin embargo, los incendios se han salido de control a causa de las sequías, que podrían estar vinculadas al cambio climático. Sin ir muy lejos, en 2019 se quemaron 6.4 millones de hectáreas en Bolivia. Hay años en que la situación no es tan grave, pero sigue siendo significativa.
El impacto y la envergadura de los incendios varía de año a año dependiendo de factores climáticos. Las condiciones climáticas extremas de sequía, temperaturas y vientos – como parte del impacto del cambio climático – junto con los altos niveles de deforestación incrementan las probabilidades de incendios de gran magnitud.
Los incendios también se han salido de control por el uso creciente e inadecuado del fuego. Hay productores agrícolas que lo usan para preparar las tierras sin tomar las medidas necesarias para prevenir que se expanda más allá de su predio. Y por supuesto, está también el uso del fuego con fines ilegales como la especulación de tierras y las plantaciones ilegales.
¿Está el aumento de la incidencia y severidad de los incendios vinculado con el cambio climático?
El cambio más tangible que ha vivido Bolivia han sido temperaturas inusualmente altas. Las temperaturas que hemos experimentado en los últimos meses de manera sostenida han sido altísimas. Además, casi 300 municipios se han declarado en emergencia por las sequias y el principal problema en muchos casos es la falta de agua. No ha estado lloviendo.
Ahora, es importante aclarar de que en Latinoamérica vivimos los fenómenos climáticos de la Niña y el Niño, que son cíclicos y se manifiestan bajo la forma ya sea de sequías o de inundaciones. Entonces, no todo es atribuible al cambio climático. Lo que sí podemos atribuir al cambio climático son las manifestaciones extremas, nunca antes vistas, de estos fenómenos.
¿Qué impactos están teniendo estos incendios?
Estamos viendo que muchas hectáreas que son quemadas año a año ya no se están regenerando. Se está perdiendo la capacidad de recuperación de estos bosques.
Pero el impacto negativo de los incendios forestales no solo se traduce en pérdida de biodiversidad, sino que también afecta la calidad de vida de todos. El impacto humano es enorme: cientos de miles de personas han visto su salud afectada por el humo este año y muchas comunidades han sido desplazadas.
Como consecuencia de los incendios en los bosques, en muchas comunidades los pozos de agua se secan. En 2019, por ejemplo, muchas familias tuvieron que dejar sus comunidades y emigrar a centros urbanos por el humo y la falta de agua. Este año hay cientos de familias en esta situación.
La situación también ha sido desesperada en las ciudades a causa del humo y el aumento del calor. Durante todo el mes de noviembre, Santa Cruz ha estado entre las ciudades más contaminadas del mundo por el humo de los incendios. Casi no hemos visto el sol en todo el mes. Las clases debieron suspenderse porque muchos niños estaban teniendo problemas respiratorios. Hace unas semanas la ciudad tuvo un récord histórico de consumo de electricidad porque la gente está recurriendo desesperadamente al aire acondicionado para ventilar y mantenerse fresca.
¿Cómo está contribuyendo la sociedad civil a enfrentar el problema de los incendios forestales?
Ante todo, hay que decir que no hay gobierno que pueda parar los incendios si al mismo tiempo hay gente que continúa incendiando los bosques. Y mucho menos en contextos de sequía, altas temperaturas y vientos de 80 kilómetros por hora, como los que hemos tenido recientemente.
La capacidad del gobierno de Bolivia para luchar contra los incendios es limitada. No dispone del equipamiento adecuado, ni siquiera de la cantidad de bomberos necesarios.
Desde WWF Bolivia estamos contribuyendo a dotar de equipamiento a los bomberos voluntarios autoconvocados que se organizan para mitigar estos incendios. Es importante aclarar que somos una organización de conservación más que de emergencia; sin embargo, intentado colaborar dentro de nuestras posibilidades.
Hemos estado trabajando más activamente con las comunidades indígenas para que tengan un plan de gestión de riesgos. Esto les ayuda a emprender acciones para reducir la probabilidad de incendios. También estamos trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales para monitorear y generar alertas tempranas.
¿Qué debería hacer el gobierno para prevenir y controlar eficazmente los incendios?
Dentro del propio gobierno nacional se ha iniciado un debate sobre la reversión de un paquete de leyes que se percibe contribuye a agudizar la situación. Revisar y consolidar un marco legal y regulatorio que proteja a los bosques y la biodiversidad es un importante primer paso.
También habría que implementar las leyes que ya existen. Es fundamental aumentar las penas por la provocación de incendios porque actualmente las multas son irrisorias, por lo que no constituyen un disuasivo. Necesitamos reducir la cantidad de acciones de uso de fuego indebido, que son los que se salen de control.
El espacio cívico en Bolivia es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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ECUADOR: “El nuevo gobierno debe dialogar y generar acuerdos políticos públicos, no por debajo de la mesa”
CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ecuatorianas del 15 de octubre con Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana.Participación Ciudadana es una organización de la sociedad civil (OSC) apartidaria y pluralista que trabaja por el fortalecimiento de la democracia en el Ecuador.
¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?
El proceso electoral que acaba de terminar ha estado atravesado por la violencia política: fueron asesinados un candidato a la presidencia, un alcalde y un prefecto. Asimismo, se ha vivido un clima de violencia en las calles a causa del accionar de bandas de narcotraficantes, que someten a la ciudadanía mediante extorsiones a cambio de protección, conocidas como “vacunas”, con las cuales se financian los grupos del crimen organizado.
Esto convirtió al tema de la seguridad en uno de los tópicos centrales en el debate entre los candidatos para la segunda vuelta, y en uno de los que ha generado las mayores expectativas.
Las propuestas de los dos candidatos, sin embargo, fueron a grandes rasgos similares, aunque con algunas diferencias y características propias. Ambos apuntaron a fortalecer la presencia de las fuerzas armadas como co-ejecutoras de políticas anticrimen conjuntamente con la policía.
¿Qué significado le asignas al triunfo de una opción de centroderecha?
No se trata necesariamente de un voto ideológico. La debilidad de los partidos políticos en el Ecuador hace que la ideología vaya perdiendo fuerza. Hace rato que el país se debate no entre derecha e izquierda sino entre correísmo y anticorreísmo: es la controvertida herencia del expresidente Rafael Correa, en el poder durante toda una década entre 2007 y 2017, lo que continúa polarizando a la ciudadanía ecuatoriana.
El candidato ganador, el empresario Daniel Noboa, representa al menos por su origen una opción de centroderecha. Pero si ha ganado es porque ha logrado captar los votos de un electorado joven que no se sitúa en ningún lado de la polarización y más bien ha optado por una visión nueva, un candidato joven y sin trayectoria política que ofrece una forma de la política que, a diferencia de sus predecesores, no es confrontativa.
¿Qué factores operaron en contra de la candidatura de Luisa González?
La candidatura del correísmo, Luisa González, fue perjudicada por la constante presencia de Correa durante la mayor parte de la campaña, que terminó opacando su propia candidatura. Si bien al final trató de desmarcarse de esa influencia, no logró posicionarse como una opción renovada del correísmo, que es lo que debió transmitir para tener chances de ganar. Quedó pegada a la imagen política desgastada y cuestionada del expresidente.
Creo que el elemento del legado de Correa que produce mayor rechazo es la forma confrontativa y amenazadora de tratar con quienes considera sus enemigos políticos. Parecería que ese recurso está generando cada vez más descontento y desaprobación. Si bien el porcentaje de apoyos que consiguió la candidata no fue menor, esto le generó un techo que no logró perforar. Fue precisamente la razón por la cual pudo imponerse su adversario.
¿Cómo ha evolucionado el espacio para la sociedad civil en los últimos años, y qué cabe esperar bajo el nuevo gobierno?
La sociedad civil, a mi criterio, ha recuperado presencia y libertad de acción luego del período del correísmo, durante el cual fue restringida y en algunos casos perseguida. No olvidemos que una OSC ambientalista importante, que confrontó con el gobierno a causa de sus políticas extractivistas, fue arbitrariamente cerrada y luego se generó una normativa para regular discrecionalmente el registro, el funcionamiento y la clausura de OSC, con el objeto de quitar del paso a las que molestaran al gobierno. Muchos activistas de la sociedad civil y periodistas fueron criminalizados por su trabajo.
La expectativa de sociedad civil bajo el nuevo gobierno es la misma de siempre: contar con un ambiente habilitante que le permita desarrollar libremente sus actividades. Esperamos una gestión de gobierno que proteja y promueva la libertad de asociación.
¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo presidente?
Cabe recordar que las elecciones fueron convocadas en forma anticipada para elegir al sucesor del presidente Guillermo Lasso luego de que éste utilizara el mecanismo de “muerte cruzada”, disolviendo el congreso para evitar que éste lo destituyera, pero al mismo tiempo acortando su propio mandato. Eso significa que Noboa solo ejercerá como presidente durante el tiempo que resta del mandato de Lasso: apenas unos 18 meses. Demasiado poco tiempo para tantos desafíos.
El nuevo presidente recibe un país atravesado por la inseguridad y la violencia, con un alto déficit fiscal, un crecimiento casi nulo, tasas de desempleo muy altas, y encima atravesando nuevamente el fenómeno climático del Niño, que genera calentamiento de las aguas y produce eventos climáticos extremos y temperaturas récord. Todos estos son temas que va a tener que a priorizar, con políticas públicas orientadas a mitigar los problemas más importantes en la economía, el cambio climático y la seguridad pública. Para ello necesitará armar un equipo de trabajo sólido y generar espacios de diálogo y reconciliación. Deberá demostrar apertura a la sociedad civil y generar acuerdos políticos sobre la mesa, y no por debajo de la mesa.
Toda elección presenta una oportunidad. Como siempre en un país con tantas necesidades, las expectativas son grandes. La principal tarea que el gobierno tiene por delante es la de fortalecer la democracia ecuatoriana, y eso implica un trabajo enorme.
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ECUADOR: “La elección generó una válvula de escape provisional, pero la inestabilidad no ha terminado”
CIVICUS conversa acerca de los resultados de la segunda vuelta presidencial del 15 de octubre en Ecuador con Humberto Salazar, director ejecutivo de la Fundación Esquel.Esquel es una organización de la sociedad civil que busca contribuir al desarrollo humano sustentable, al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y a la construcción de una sociedad democrática, responsable y solidaria en el Ecuador.
¿Cómo afectó la violencia del crimen organizado al proceso electoral?
El proceso electoral definitivamente se vio afectado por la violencia. No se trató solamente de la muerte del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. En el contexto de estas elecciones y de las elecciones seccionales previas también fueron asesinados representantes electos de gobiernos locales. El caso más sonado fue el de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta. También fue asesinado un candidato a la Asamblea Nacional, y muchos más candidatos a diferentes cargos recibieron amenazas. La lista de víctimas fatales de la violencia se amplía si se incluye a los siete sospechosos capturados por el magnicidio de Villavicencio que fueron asesinados en las prisiones donde estaban detenidos.
En ese contexto las preferencias de voto definitivamente se vieron afectadas. Desde las sombras, los grupos que representan a mafias locales y transnacionales enviaron a través de actos violentos mensajes intimidatorios que incidieron en el voto de la ciudadanía. Esto fue muy evidente en la primera vuelta, donde luego del asesinato de Villavicencio la mayoría de sus votantes optó por candidaturas que hasta entonces no habían tenido chances de llegar a segunda vuelta. Tales fueron los casos de Jan Topic y Daniel Noboa, el presidente electo. Ambos repuntaron sus cifras luego del magnicidio.
¿Fue la violencia un tema de campaña en la segunda vuelta?
La influencia de la violencia sobre las elecciones va más allá de ser un tema de campaña escogido estratégicamente por los candidatos. Para la población el tema de la seguridad se convirtió en un tema central de la agenda que incluso superó en prioridad a otros temas centrales como el desempleo y la pobreza.
No es que el desempleo y la pobreza perdieran importancia, sino más bien que los tres temas pasaron a componer una triada integrada de aspiraciones que está en la base de las demandas actuales. El electorado busca respuestas rápidas y efectivas, pero no desintegradas. Seguridad, desempleo y pobreza son elementos de la misma ecuación que la ciudadanía exige al sistema político.
Aunque las propuestas de los candidatos sobre el tema fueron muy generales, hay consenso en la esfera política de que el tema de seguridad es central a la actual situación del país. En consecuencia, en los próximos días el presidente electo deberá desarrollar con más detalle sus propuestas sobre seguridad. La ciudadanía no evaluó en las urnas si las propuestas de uno u otro candidato en este tema eran las mejores, ni tuvo los elementos para hacerlo, pero ahora espera que, independientemente de cuáles sean los instrumentos utilizados, el resultado sea la pacificación del país.
¿Observas una “derechización” del electorado, o acaso el voto no obedeció a motivaciones ideológicas?
La evaluación de las preferencias electorales no se resume a un juego de suma y resta donde un lado, en este caso la derecha, gana, mientras el otro lado pierde. Tampoco estamos ante una ciudadanía ingenua o desinformada que se dejó convencer bajo engaño por una derecha renovada, inclinándose por los valores, principios y narrativas de la derecha.
En las actuales circunstancias el voto dista de ser ideológico; en la evaluación de las opciones pesan otras consideraciones. En este caso predominó la búsqueda de lo nuevo, lo cual le dio el triunfo a un “outsider”. En Ecuador, los outsiders tienen una larga historia de éxitos.
Si bien el candidato ganador representa a la derecha en términos de sus valores y modelos, discursivamente se presenta como un renovador, mucho más pragmático que ideológico. Esta difuminación del contenido ideológico no es un rasgo privativo de este candidato, sino que expresa un proceso más profundo de transformación de la representación en un contexto en que la retórica se vacía de contenido frente a prácticas altamente contradictorias con el discurso.
En suma, la gente votó mayoritariamente por un candidato que logró inspirarle confianza, cuyos rasgos lo sacaban de la competencia polarizada propuesta por candidaturas más ideológicas. Buscó a alguien que le ofreciera alternativas no solamente para abordar los temas de seguridad sino también para resolver el tema de la recuperación económica y el bienestar.
El resultado también obedeció a expectativas de audiencias especificas como la juventud, que tiene un peso muy importante en el padrón electoral. Este segmento del electorado buscó opciones de futuro que estuvieran desligadas de los conflictos entre quienes son en última instancia responsables de la crisis en la que ahora estamos sumergidos. En ese sentido, fueron castigadas por igual las derechas y las izquierdas con narrativas ideológicas, como lo evidenció el hecho de que todos los partidos tradicionales quedaran rezagados en los resultados electorales.
¿Por qué perdió Luisa González, pese a contar con mayor estructura partidaria?
Un factor fundamental de la derrota de Luisa González en la segunda vuelta fue el peso de la figura del expresidente Rafael Correa como símbolo y líder del movimiento Revolución Ciudadana. Ese liderazgo que le ofrece al movimiento un electorado cautivo de alrededor del 25% también le genera un techo que, en una competencia polarizada entre correísmo y anti-correísmo, no le permite superar el 50% que se requiere para ganar en segunda vuelta. La misma estrategia de polarización que le dio fuerza al gobierno de Correa para impulsar sus agendas le restó posibilidades a la hora de convocar a un electorado que no forma parte de su voto duro.
También le restaron apoyo a González las narrativas revanchistas del correísmo, expresadas en el lema “ni perdón, ni olvido”. La apelación a una vuelta al pasado le reafirmó los votos propios, pero le impidió conquistar los votos de un amplio electorado que desconfía de las tendencias autoritarias del correísmo y temió que el triunfo de sus candidatos se tradujera en restricciones del espacio cívico, y en particular de la libertad de asociación.
¿Qué expectativas tiene la sociedad civil en relación con la nueva administración?
Si bien el presidente electo no tiene un pasado de resistencia a la participación de sociedad civil, en su campaña no se mostró especialmente abierto a recibir propuestas y reunirse con colectivos de sociedad civil. Esto genera incertidumbre sobre la amplitud y efectividad que tendrán los espacios de participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de políticas públicas. En principio, no hay amenazas claras al espacio cívico, pero sí incertidumbre respecto de la posición del nuevo gobierno frente a la promoción y el fortalecimiento de la sociedad civil.
Cabe destacar que los dos candidatos que compitieron en segunda vuelta tuvieron un sesgo conservador más allá de su inclinación ideológica hacia la derecha o la izquierda. De ahí la incertidumbre sobre cómo responderá el nuevo presidente a cuestiones sociales que surgen de las agendas de igualdad de género de los grupos feministas y de la comunidad LGBTQI+, de las demandas del movimiento indígena relativas a la plurinacionalidad y la interculturalidad, y de las preocupaciones del movimiento de derechos humanos en relación con la búsqueda de políticas para enfrentar la delincuencia que no sacrifiquen derechos.
Lo cierto es que hay una enorme cantidad de problemas que el nuevo gobierno deberá atender. Para sostener sus iniciativas más allá del año y medio previsto para el ejercicio de su mandato, el nuevo presidente deberá hacer una convocatoria amplia y generar una agenda de mínimos refrendada en acuerdos nacionales multiactor. Serán indispensables las políticas de seguridad, trabajo – con énfasis en el empleo joven bajo un modelo de inclusión intergeneracional – y combate a la desnutrición crónica infantil. También debe reformarse el llamado Código de la Democracia, la ley orgánica de 2009 que establece el sistema electoral, el manejo de las elecciones y los requisitos de funcionamiento y financiamiento de partidos y movimientos políticos.
¿Consideras que esta elección ha puesto fin a la inestabilidad política?
La inestabilidad no ha terminado, pero la elección generó una válvula de escape provisional y de corto aliento para las tensiones de la crisis de múltiples dimensiones que afecta al Ecuador. El tiempo de gracia para el gobierno, sin embargo, será muy limitado: deberá producir en el corto plazo medidas que demuestren que está encaminado hacia la resolución de los grandes problemas.
Dos cosas le pueden a jugar en contra: la lentitud del aparato burocrático para desarrollar proyectos de transformación y la pugna de poderes que podría bloquear sus iniciativas en la Asamblea Nacional. La relación entre los poderes ejecutivo y legislativo será clave. Si el ejecutivo vuelve a encontrarse bloqueado por una multitud de intereses particulares que exigen prebendas para habilitar la aprobación de sus iniciativas, la crisis volverá a profundizarse.
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EL SALVADOR: “El objetivo del presidente es concentrar poder”
CIVICUS conversa con Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en El Salvador, acerca de la situación política luego de que el partido del presidente Nayib Bukele ganara las elecciones legislativas de febrero de 2021.
¿Consideras que la democracia y el Estado de Derecho están siendo erosionados en El Salvador?
Primero deberíamos preguntarnos si alguna vez hubo democracia y Estado de Derecho en El Salvador. Si reducimos la democracia a su dimensión lectoral, puede decirse que se respetaba voluntad de la gente y las elecciones se habían convertido en la única forma de acceso al poder. Pese a algunas irregularidades, en ese sentido sí había democracia. Desde 2009 algo se había avanzado también en el terreno de la separación de poderes, teníamos una Sala Constitucional de la Corte Suprema que era independiente, un Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) independiente, y una fiscalía que intentaba funcionar.
Así, cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia en 2019, había una democracia electoral en funcionamiento, con algunos avances importantes en la dimensión republicana y del Estado de Derecho. El presidente Bukele interrumpió este proceso, atacando constantemente la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de asociación. En el marco de la pandemia, el gobierno vulneró la libertad de movimiento de forma ilegítima e inconstitucional. Lo poco que se había avanzado se perdió por completo.
A partir de las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, que Bukele ganó por amplia mayoría, la seguridad jurídica dejó de existir. En cuanto se conformó, a principios de mayo, la nueva Asamblea legislativa destituyó a los jueces de la Sala Constitucional y al titular de la fiscalía general. Habíamos llegado a confiar en que la Sala Constitucional nos protegería de las arbitrariedades, pero esa certeza se desvaneció en un instante. Poco después, la nueva Sala Constitucional habilitó la reelección presidencial inmediata para un segundo mandato, hasta entonces prohibida por la Constitución de El Salvador.
¿Han podido la oposición o la sociedad civil hacer algo al respecto?
La oposición no fue inteligente. Hasta mayo de 2021 contaba con la mayoría absoluta en la Asamblea, pero no la supo aprovechar. Los partidos de oposición no creían que hubiera apuro, nunca pensaron que iban a perder. Ahora se han vuelto irrelevantes. Su presencia es meramente testimonial porque el partido del presidente, Nuevas Ideas, y sus aliados tienen una supermayoría. La oposición se limita a hacer declaraciones y a impulsar propuestas que todos saben que no van a prosperar.
A la mayor parte de la sociedad civil se le ha cerrado la posibilidad de participar en el proceso legislativo. No es que antes se aprobara cada propuesta de la sociedad civil – de hecho, muchas veces ni siquiera se las discutía – pero había ciertas áreas temáticas donde la participación de la sociedad civil era vital para aprobar una ley. Eso se terminó: ahora solamente las organizaciones afines al gobierno son convocadas y admitidas en las sesiones de las comisiones. La sociedad civil independiente tiene poca influencia sobre las políticas públicas porque el gobierno no entiende su rol y no está dispuesto a integrar sus aportes a la toma de decisiones. Así, ha quedado limitada a ser una voz de denuncia sin poder para revertir decisiones ilegales o inconstitucionales, ya que no quedan instituciones independientes que puedan reaccionar a sus demandas.
El presidente Bukele hizo campaña con un programa anticorrupción. ¿Ha habido algún avance en ese sentido?
La instrumentalización del tema de la corrupción fue una de las bases de la victoria de Bukele, cuyo slogan de campaña fue “devuelvan lo robado”. El tema de la corrupción es amplio y complejo, pero ese slogan era claro y preciso, y atrajo a mucha gente. Pero era solo una estrategia de campaña.
Una vez en el poder, desactivó todos los mecanismos anticorrupción existentes, desacatando las resoluciones del IAIP, impidiendo auditorías de la Corte de Cuentas en los ministerios, negando la entrada de la fiscalía a organismos públicos involucrados en casos de corrupción, y finalmente removiendo al fiscal e imponiendo a un incondicional suyo, que incluso tiene denuncias en su contra. No tenemos cómo conocer los gastos del gobierno, en particular los relacionados con la pandemia. El manejo ha sido tan opaco que ni siquiera tenemos datos confiables de cuántas personas se contagiaron de COVID-19, cuántas están hospitalizadas, cuántas fallecieron. El gobierno no entrega información, la oculta. Y cuando hay revelaciones o denuncias de corrupción, ataca y difama al denunciante.
¿Cómo ha impactado esta situación sobre el trabajo de Acción Ciudadana?
Acción Ciudadana promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el combate a la corrupción y la impunidad. De ahí que buena parte del trabajo que hacemos consista hacer monitoreos - del financiamiento de la política, las elecciones internas de los partidos políticos y la propaganda electoral; de la labor de la fiscalía general, la transparencia de la gestión pública y los obstáculos para el acceso a la información; y del funcionamiento de los mecanismos institucionales de prevención, detección y castigo de la corrupción.
Para hacer nuestras investigaciones necesitamos acceder a información pública, pero las vías de acceso se están cerrando. Por ejemplo, la ley establece que la información sobre los viajes de los funcionarios públicos debe ser pública; sin embargo, el gobierno decidió que esas informaciones se mantendrían reservadas por siete años. En este caso puntual hubo algo de presión en los medios y en las redes sociales y el gobierno modificó el criterio, y ahora retiene esa información hasta 30 días después del viaje, supuestamente para proteger la seguridad del funcionario – lo cual sigue siendo ilegal.
Cuando se nos deniega la información que debería ser pública, ya no podemos acudir a las instancias que salvaguardan el acceso a la información porque o están cooptadas o tienen miedo. Por ejemplo, algunos partidos políticos – empezando por el oficialista - no nos entregan su información financiera. Llevamos casi tres años denunciándolo al Tribunal Supremo Electoral, pero éste no admite nuestras denuncias. Entonces cuando un partido no nos da información ya no recurrimos al Tribunal, y frente a una ley inconstitucional ya no recurrimos a la Sala Constitucional.
También hemos perdido capacidad de incidencia. Normalmente nuestros monitoreos darían lugar a denuncias e investigaciones penales. Pero actualmente lo máximo que podemos hacer es publicar los resultados de nuestras investigaciones en algunos medios y ofrecerlos a la opinión pública, pero ya no alimentar con ellos procesos institucionales. Por ejemplo, encontramos que en la campaña presidencial de 2019 una empresa le donó un millón de dólares a la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la coalición electoral de Bukele, y en 2020 el gobierno le adjudicó a esa empresa un contrato de asociación público-privada para administrar y ampliar el aeropuerto. Nosotros evaluamos que hubo un conflicto de interés, pero no podemos llevar el tema ni a la fiscalía ni a la Corte de Cuentas para pedirles que investiguen.
El presidente Bukele parece difícil de clasificar ideológicamente. ¿Cuál es su programa?
Si tuviera que clasificar al partido del presidente, diría que es un partido “atrapa-todo”, sin un proyecto político definido en términos ideológicos. Hasta que fue expulsado en 2017, Bukele era del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y se mostraba como una persona de izquierda revolucionaria que abrazaba a Hugo Chávez y hablaba de justicia social. Luego, como presidente electo, dio un discurso en la Fundación Heritage, uno de los centros de pensamiento más conservadores de los Estados Unidos, y más neoliberal no podía ser. Él siempre decía que las cosas que hay que resolver no son cuestión de ideología, y Nuevas Ideas se armó con la lógica de que ahí cabían todos sin importar si eran de izquierda o de derecha. Y así fue, allí adentro hay de todo.
Bukele no tiene un programa ideológico; el objetivo que persigue es concentrar poder. Puede tomar medidas de derecha o de izquierda, pero no porque tenga una u otra ideología, sino porque es lo que más lo beneficia. Por ejemplo, la mayor parte del sistema de pensiones en El Salvador es privado y probablemente él lo nacionalice, pero no porque por una cuestión de principios considere que este servicio público esencial tiene que ser de gestión estatal, sino porque el Fondo de Pensiones mueve cantidades millonarias, y el gobierno quiere echarle mano porque no tiene recursos y está endeudado y sin fuentes de financiamiento, ya que se le acaba de caer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, la privatización es presentada como un acto de justicia hacia los pensionados, que reciben pensiones de hambre. En función de esta medida un observador externo podría pensar que su gobierno es de izquierda, pero no es una medida ideológica sino de conveniencia. El gobierno se mueve en función de la búsqueda de provecho político y económico, y por eso muchas veces aparece como errático o improvisado. No hay una visión que oriente la planificación de las
¿A qué se deben las protestas que enfrenta actualmente el gobierno?
Las protestas que se iniciaron a principios de septiembre estallaron en reacción a la adopción del bitcoin como divisa oficial junto al dólar estadounidense. Mucha gente que apoya y valora a Bukele se opuso a esta medida pensando que les podría afectar. Ha sido la primera medida del gobierno que ha tenido un gran rechazo popular, y pienso que no ha sido solo por oposición hacia la criptomoneda, sino también por la forma en que se están tomando las decisiones, sin suficiente información, debate y participación. Bukele hizo el anuncio en un evento en Miami un día sábado, y el lunes siguiente se presentó el proyecto de ley, que fue aprobado el martes. Todo se resolvió en tres o cuatro días con total secretismo.
Lamentablemente, la reacción en este tema ha sido la excepción, y posiblemente se deba a que es un tema del que mucha gente no entiende demasiado y eso provoca temor. En términos generales, la mayoría aplaude al presidente, a su manejo de la pandemia y a su Plan de Control Territorial, que es una estrategia de militarización de la seguridad ciudadana. Esto se debe a que la narrativa que construyó el gobierno ha sido exitosa. Por ejemplo, cuando destituyeron a los jueces de la Sala Constitucional – una maniobra que desde la sociedad civil se denunció como un golpe de Estado - el gobierno dijo que habían echado a los corruptos y mucha gente se lo creyó. Hubo gente que salió a protestar, no solo de la sociedad civil organizada, sino también ciudadanos comunes, pero fueron una minoría. Contrarrestar la narrativa oficial es difícil.
¿Qué apoyo necesita la sociedad civil salvadoreña para poder ejercer plenamente su rol?
Es bien complicado. Los periodistas logran que les filtren información y sacan sus notas, pero nosotros no somos periodistas. Nuestras vías para conseguir el material que necesitamos para desempeñar nuestro rol de contralor es buscarlo en los portales institucionales y hacer solicitudes de información. Nos ayudaría cualquier esfuerzo para lograr que las instituciones públicas abran un poco más la información.
También necesitamos apoyo en términos de seguridad personal y digital, así como en el área de comunicaciones, porque evidentemente desde la sociedad civil no hemos logrado comunicar adecuadamente nuestros mensajes y no hemos logrado construir una narrativa alternativa a la oficial.
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GUATEMALA: ‘El derecho penal es utilizado como arma de persecución política’
CIVICUS conversa sobre la corrupción en Guatemala y la criminalización del activismo anticorrupción con Claudia González, ex integrante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y abogada defensora de Virginia Laparra.Virginia Laparra es exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y acaba de ser injustamente condenada a cuatro años de prisión, frente a lo cual se ha movilizado la campaña #LibertadParaVirginia.
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GUATEMALA: “El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia”
CIVICUS conversa con Jorge Santos, Coordinador General de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), acerca de la inminente inauguración del nuevo presidente, a la que se llega tras 100 días de movilización en reclamo del respeto de la voluntad popular.Fundada en el año 2000, UDEFEGUA es una organización de la sociedad civil dedicada a documentar, verificar y registrar agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.
¿Cuál fue la relevancia de la elección de Bernardo Arévalo como presidente, y a qué se deben las enormes resistencias que ha enfrentado?
El 29 de diciembre de 2023 se cumplieron 27 años de la firma de los acuerdos de paz que siguieron a los 36 años de conflicto armado interno en Guatemala. Ese conflicto se cobró más de 200.000 víctimas directas y dejó secuelas enormes en la sociedad guatemalteca. Los acuerdos de paz establecían una agenda de transformación estructural para eliminar las causas del conflicto. En cambio, los últimos tres gobiernos – y en particular el del actual presidente, Alejandro Giammattei – no hicieron otra cosa que gestar una grave regresión autoritaria.
Las elecciones presidenciales de junio y agosto de 2023 pretendían consolidar este retroceso autoritario y terminar de sepultar la agenda de la paz y la construcción democrática.
En la primera vuelta de la elección presidencial compitieron más de 20 partidos, mayoritariamente de derecha y extrema derecha e identificados con los sectores que han capturado al Estado, es decir, muy vinculados a la élite económica, política y militar y al crimen organizado.
El solo hecho de que se llevara a cabo la elección fue un hito en sí mismo. Que, además, el candidato ganador tuviera una clara perspectiva democrática y progresista lo hizo aún más remarcable. La victoria de Bernardo Arévalo representa el repudio de la sociedad a la élite política corrupta. Nos encontrábamos ante una encrucijada histórica, entre un pasado autoritario y un futuro posible de construcción de un Estado democrático.
Ello explica las enormes resistencias que ha debido enfrentar el presidente electo. Bernardo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, el primer presidente popularmente electo luego de la revolución de octubre de 1944 y artífice de la llamada primavera democrática de esos años. Su legado sigue muy presente: fue entonces cuando el derecho del sufragio se amplió a las mujeres, se dictó el código de trabajo y se instituyó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, se transformó el Estado.
Hoy cumplimos 79 años de estar dominados por grupos particulares interesados en mantener los privilegios de un pequeño segmento de la población, que se resisten a que un gobierno de este talante llegue al poder. Sin embargo, aunque muy poderosos, estos grupos son minoritarios y por fin da la impresión de que estarían comenzando a perder los privilegios de que han disfrutado siempre.
¿Ha estado en riesgo la democracia en Guatemala?
Los últimos gobiernos han roto por completo la legalidad. El gobierno saliente prácticamente produjo un quiebre del estado de derecho. Un indicador de ello, que hemos identificado como parte del contexto de agresión a personas defensoras de derechos humanos, es la violación del principio republicano de independencia de poderes. Los tres órganos del Estado guatemalteco, ejecutivo, legislativo y judicial, fue capturados por elites mafiosas.
Los repetidos intentos de violentar la voluntad popular expresada en las urnas no hicieron más que agravar la situación. El Ministerio Público y la Fiscalía han presionado al Tribunal Supremo Electoral para que revierta los resultados electorales, llevando a cabo cuatro allanamientos ilegales y arbitrarios contra el Tribunal.
Es importante remarcar que misiones nacionales e internacionales de observación electoral, incluidas las de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, corroboraron la transparencia del proceso y afirmaron que las denuncias de fraude carecen de fundamentos.
El desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas es el mayor agravio posible a la democracia, y frente a ello la ciudadanía se ha movilizado. A partir del 2 de octubre se convocó a un paro nacional por tiempo indefinido para exigir el respecto de la voluntad popular. El 9 de enero se cumplieron 100 días de resistencia pacífica, encabezada por los pueblos originarios e indígenas, en defensa de la democracia.
¿Cuáles fueron las particularidades de estas protestas?
A las protestas convocadas por autoridades ancestrales indígenas de los pueblos originarios se han sumado numerosas expresiones ciudadanas espontáneas. En el pasado, las capas medias urbanas y mestizas se oponían a los procesos de movilización de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, en cambio, las protestas lideradas por los pueblos indígenas han sido acompañadas y legitimadas por amplios sectores de la sociedad. Este hecho rompió con una larga tradición de prejuicio y discriminación racial de la sociedad urbana y mestiza hacia los pueblos indígenas, y resultó en manifestaciones masivas y muy extendidas en el territorio nacional.
Las protestas lograron aglutinar a los 23 pueblos que conforman Guatemala. Amplios sectores de la sociedad llevaron a cabo bloqueos de carreteras en los principales puntos de tránsito del país. El tránsito de alimentos y de servicios médicos o de asistencia no se vieron obstruidos, ya que los manifestantes les liberaron el paso.
Los bloqueos fueron una manifestación de alegría ciudadana sin precedentes. La ciudadanía retomó y recuperó el espacio público, hubo bailes en las calles tomadas, juegos de fútbol, clases de yoga y de ajedrez.
Una característica central de las protestas fue su carácter pacífico. Frente a las provocaciones de actores externos y de la policía nacional, la ciudadanía respondió con acciones no violentas. Durante 100 días mantuvo una concentración frente a la sede central del Ministerio Público. Los manifestantes no dejaron su lugar y continuaron reclamando la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por sus reiterados intentos de anular la victoria presidencial de Bernardo Arévalo.
¿Cuáles deberían ser las prioridades del nuevo gobierno?
El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, tiene ante sí importantes retos. Aunque controlará el Poder Ejecutivo, el Legislativo sigue altamente capturado por las mafias. De 160 parlamentarios, alrededor de 130 pertenecen a grupos que integran lo que en Guatemala es popularmente conocido como el “pacto de corruptos”. Lo mismo sucede con el sistema de justicia.
Bernardo Arévalo tiene el enorme reto de reconstruir la institucionalidad pública. La corrupción y la impunidad han llegado a niveles tales que servicios tan esenciales como sacar un documento de identidad se han convertido en un suplicio. Se debe reconstruir la infraestructura para que los ciudadanos podamos acceder de manera gratuita a servicios esenciales como la salud y la educación y se ponga freno a la larga lista de violaciones de derechos humanos que sufre la población guatemalteca.
Otro gran reto es generar un proceso sistemático y permanente de diálogo con la sociedad civil. En particular, se debe dar reconocimiento a los pueblos indígenas, históricamente relegados y vulnerados por el Estado guatemalteco, como sujetos políticos centrales.
El gobierno del Movimiento Semilla tendrá tan solo cuatro años para dar respuestas a estos desafíos. Esperamos que su mandato funcione como un período de transición que dé inicio a un largo período de gobiernos que respondan a los intereses de la mayoría de la población.
¿Qué cambios en la situación de las personas defensoras de derechos humanos cabe esperar a partir del cambio de gobierno?
En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Defensor de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala, iniciado a raíz del asesinato de un defensor en el año 2004. Nuestra petición a la Corte fue que se incluyera como medida de reparación la construcción de una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos. La Corte aceptó esta solicitud y la incluyó en su resolución, imponiendo cinco parámetros para el diseño de dicha política pública.
Pero los esfuerzos de construcción de esta política quedaron truncos y al día de hoy solamente contamos con un documento borrador. Por lo tanto, será una responsabilidad central del nuevo gobierno culminar este proceso y comprometerse no solo a aprobar la política sino también a volcar los recursos necesarios para su implementación.
Otra de sus responsabilidades en esta materia consistirá en impulsar una agenda legislativa para desmantelar toda la legislación criminalizadora que fue aprobada en los últimos años. Este proceso debe ir de la mano con un ejercicio activo de las instituciones encargadas de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar el proceso de construcción democrática en Guatemala?
El riesgo de ruptura constitucional sigue presente. El nuevo gobierno deberá enfrentar a una de las oligarquías más conservadoras y atrasadas del continente, responsable del delito de genocidio. Quitarles sus privilegios a estos sectores no será tarea fácil.
Por lo tanto, el continuo acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional serán sumamente necesarios. El intercambio de información y buenas prácticas, la denuncia de violaciones de derechos humanos y la asistencia técnica serían formas cruciales de respaldo.
El 14 de enero, fecha de la asunción presidencial, comienza un período de transición democrática que promete dejar atrás la corrupción y la ilegalidad. Tanto el nuevo gobierno como la sociedad civil guatemalteca necesitarán de todo el apoyo posible para conseguirlo.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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GUATEMALA: “Estas elecciones son clave porque nos dan la posibilidad de optar por un rumbo distinto”
CIVICUS conversa con Jordán Rodas Andrade acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.Jordán Rodas es abogado especialista en garantías constitucionales y derechos fundamentales, transparencia y lucha contra la corrupción. Además de ser docente universitario, en 2015 fue electo vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y entre 2017 y 2022 fue Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. En el ejercicio de esta función fue repetidamente criminalizado y amenazado, como consecuencia de lo cual ha debido exiliarse.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos tiempos la situación del espacio cívico en Guatemala?
En los últimos años ha habido un deterioro muy preocupante del espacio cívico en Guatemala, que se agudizó bajo el gobierno del actual presidente, Alejandro Giammattei. Su antecesor, Jimmy Morales, un comediante devenido presidente, dejó instaladas muy malas prácticas, pero éstas llegaron a niveles extremos con Giammattei.
En los últimos años, muchas personas defensoras de derechos humanos y de derechos de la tierra, periodistas y defensores de justicia tuvimos que salir de nuestro país, obligados por un clima hostil de persecución y criminalización. Este cierre de espacios y la ausencia de una prensa independiente han sido caldo fértil para el avance de un régimen autoritario. Estas elecciones son clave porque nos dan a las y los guatemaltecos la posibilidad de optar por un rumbo distinto por el bien del país.
¿Qué fue lo que le ha llevado a exiliarse?
En mis cinco años como procurador fui criminalizado con 18 procesos de antejuicio, todos los cuales fueron rechazados. Es desgastante tener que defenderte constantemente de tal sucesión de causas espurias. Luego tuve ocho solicitudes de remoción por parte de congresistas, además de una agobiante asfixia financiera.
Sobre todo, he sido testigo del debilitamiento de la justicia. Muchos debieron tomar la difícil decisión de irse del país para salvar su vida, su libertad o su integridad. Entre ellos se cuentan Juan Francisco Sandoval, ex responsable de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Erika Aifán, una jueza independiente, el juez Miguel Ángel Gálvez y muchos otros que de una u otra manera tocábamos fibras del poder político y económico.
No es casual que detrás de la persecución contra operadores de justicia y periodistas se encuentre con frecuencia la Fundación contra el Terrorismo, dirigida por el empresario Ricardo Méndez Ruiz, que ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos por actos de corrupción y contra las instituciones democráticas. Esta organización fue querellante en el proceso penal contra Virginia Laparra, ex fiscal de la FECI en Quetzaltenango, que guarda prisión desde hace más de un año y que no debería haber sido detenida por denunciar casos de corrupción de un juez. Denunciar no es un delito en ninguna parte del mundo.
La misma organización persiguió penalmente a José Rubén Zamora, el fundador de elPeriódico, uno de los principales críticos del gobierno que durante años ha denunciado la corrupción. Zamora fue recientemente condenado a seis años de cárcel por varios supuestos delitos, incluido el de lavado de dinero. Ha sido un mensaje muy grave contra la libertad de prensa: la prensa independiente ha tenido que autocensurarse y pese a eso seguir dando la batalla.
Yo todavía estaba en Guatemala cuando Zamora fue capturado, y entonces decidí tomar distancia. Me fui en agosto pero regresé en diciembre, por tierra, para participar en la asamblea del Movimiento de la Liberación de los Pueblos (MLP), que nos proclamó a Thelma Cabrera, una mujer indígena Maya Mam, y a mí como su binomio presidencial. Hace cuatro años el MLP quedó en cuarto lugar, pero ante el hartazgo social frente a la corrupción y gracias a su apertura al pueblo mestizo pienso que ahora contaba con altas posibilidades de entrar a la segunda vuelta.
Pero mi sucesor en la procuraduría presentó una denuncia espuria en mi contra a raíz de la cual bloquearon nuestra fórmula presidencial. Se negaron sistemáticamente a darme información sobre el contenido de la denuncia. O sea que solamente la utilizaron para dejarme fuera de competencia. Desde entonces he continuado la lucha desde el exilio. No será lo que uno quiere, pero es lo que toca.
¿Cuáles tendrían que ser las condiciones para que usted decidiera regresar a Guatemala?
Justamente lo platicaba la semana pasada a raíz de una reunión de trabajo con el Estado Guatemalteco mediada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Yo he sido beneficiario de una medida cautelar de la CIDH desde 2017. Estas medidas establecen que el Estado tiene la obligación de velar y garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la libertad, cosa que en mi caso el Estado de Guatemala no ha cumplido. Para regresar quisiera tener ciertas condiciones mínimas: que el Estado no me persiga ni me criminalice.
Actualmente hay dos denuncias en mi contra, una presentada por la Procuraduría de Derechos Humanos y otra presentada por la Contraloría General de Cuentas. No tengo conocimiento oficial de cuáles son las acusaciones porque no tengo los documentos; los tengo pedidos por acceso de información. Pero parece ser que es porque en mi declaración patrimonial puse que había entregado el cargo el 20 de agosto, que es cuando terminaba el periodo constitucional, pero me fui del país el día 18 dejando designada a la procuradora adjunta como lo indica la ley. Es decir, no habría ninguna falsedad ni delito. Este caso está bajo reserva y he pedido al Estado, como muestra de buena voluntad, que no prorrogue esta reserva, sino que me entregue copia de la denuncia para poder defenderme, y que garantice mi vida y mi seguridad, así como la de mi familia que está en Guatemala.
¿Ha fracasado la lucha contra la corrupción en Guatemala?
La lucha contra la corrupción no ha fracasado, pero sí se ha detenido como resultado de una estrategia muy bien pensada de la alianza corrupta entre funcionarios políticos y actores del sector privado.
Sin embargo, hoy más que nunca tengo la esperanza de que aprendamos las lecciones dolorosas y positivas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que creo que tiene más luces que sombras. Espero que a partir de ese aprendizaje podamos, más pronto que tarde, retomar la lucha contra la corrupción.
El acompañamiento internacional seguirá siendo indispensable porque nuestro sistema de justicia es muy poroso, está permeado por el crimen organizado y carece de institucionalidad. Tres de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia y varios otros jueces y funcionarios judiciales están en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, que incluye a personas que han cometido actos de corrupción o han participado en acciones para socavar la democracia de sus países. Tenemos miembros del Tribunal Supremo Electoral que están acusados de falsificar sus títulos de doctorado para ser electos y un Procurador de Derechos Humanos que fue el responsable de derechos humanos de Giammattei en el sistema penitenciario en la época en que puso en marcha la “Operación Pavo Real”, un operativo policial que resultó en masacre y le costó a Giammattei diez meses de cárcel (pero también lo proyectó hacia la presidencia). De ahí la confianza entre estos dos funcionarios.
Pero es evidente que la gente está cansada de todo esto y lo demostró en las urnas el 25 de junio, cuando se dijo no al regreso al pasado y sí a una propuesta que lanza un mensaje de esperanza para la lucha contra la corrupción. Así lo ha dicho el candidato que representa esa esperanza, Bernardo Arévalo, que contra todo pronóstico pasó a la segunda vuelta.
¿Considera que estas elecciones han sido libres y competitivas?
La elección presidencial no ha sido libre y competitiva, porque unas elecciones limpias no solamente requieren que no haya fraude el día de la votación, sino también que de una serie de elementos durante todo el proceso desde el momento de la convocatoria a elecciones. Ello ocurrió el 20 de enero, y el día 27 el Estado nos cerró la puerta e impidió nuestra participación. No solamente violó nuestro derecho a presentarnos a la elección sino que también restringió el derecho de la ciudadanía a tener todo el abanico de opciones.
En reacción a esta exclusión Thelma Cabrera llamó al voto nulo, y la matemática no miente. Ganó el voto nulo, con 17%, más que la candidata más votada, Sandra Torres, que sacó alrededor del 15%. El hartazgo de la población está bien claro.
La inequidad de la competencia también se manifestó en el manejo de los recursos públicos por parte del partido oficial y en la relación extremadamente cercana del gobierno con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Pero el hecho de que Bernardo Arévalo lograra entrar a la segunda vuelta es, junto al voto nulo, el voto en blanco y la abstención, una muestra de enorme rechazo al sistema. Tengo muchas expectativas en la segunda vuelta, en la que espero que la población guatemalteca tenga una participación masiva y aproveche esta oportunidad de escoger un futuro mejor.
¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno de Guatemala para devolver al país al camino de la democracia?
Ante todo, el mensaje anticorrupción debe ir acompañado de acciones concretas. La venganza contra los operadores de justicia debe cesar, debe reponerse el estado de derecho y se debe garantizar la libertad de la prensa independiente.
El nuevo presidente debería formar un gabinete incluyente de sectores progresistas. Debería convocar a partidos políticos, fuerzas sociales y movimientos de los pueblos originarios para hacer en conjunto una propuesta que garantice políticas públicas que beneficien a los más necesitados.
El nuevo gobierno debería desmarcarse totalmente de las malas prácticas del pasado y tener mucho cuidado con la tentación del poder. Debe prevalecer su responsabilidad para con quienes han depositado en él su confianza. Habrá tentaciones en el camino, por lo que es fundamental que apueste por gente ética, capaz, y coherente con los valores que proyectó en la competencia electoral, en la que la gente los votó por reconocerlos ante todo como un partido honesto. Seguramente Bernardo es el más interesado en honrar el legado de su padre, el expresidente Juan José Arévalo. Su gobierno podría llegar a ser un tercer gobierno de la revolución, retomando y mejorando las grandes conquistas obtenidas en esa primavera democrática de entre 1944 y 1955.
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GUATEMALA: “las manifestaciones reflejan tanto la organización social como la autonomía ciudadana”
CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Guatemala con Sandra Morán Reyes, activista por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+. Con una larga trayectoria en los movimientos sociales, Sandra fue una de las cofundadoras del primer grupo lésbico guatemalteco y organizadora de la primera Marcha del Orgullo de Guatemala, celebrada en 1998 en la Ciudad de Guatemala. En 2015 fue elegida diputada nacional, convirtiéndose en la primera congresista y política homosexual en un cargo de elección popular en la historia de su país, desde el cual promovió diversas iniciativas en favor de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales.¿En qué contexto se produjeron las protestas de noviembre de 2020, y cómo comenzaron?
En enero de 2020 se inició un nuevo gobierno, y poco después la pandemia nos dejó a todos encerrados. Pero alrededor de mayo o junio algunos compañeros y compañeras comenzaron a salir a la calle de nuevo, en parte para criticar la actitud del gobierno frente a las necesidades de la población a medida que empezaron a verse claramente los efectos de la crisis generada por la pandemia. De pronto aparecieron banderas blancas, en las calles, en las puertas de las casas, en manos de personas y familias que recorrían las calles o se sentaban en los portales. Con la bandera blanca la gente indicaba que no tenía para comer y empezaron a darse acciones de solidaridad como las ollas solidarias, que aquí en Guatemala antes no existían. Hubo un gran movimiento de solidaridad entre personas. Mientras que las organizaciones se volcaron a atender a sus integrantes, la ciudadanía realizó esfuerzos importantes para brindar apoyo de persona a persona. Se volvió corriente que la gente saliera a recorrer las calles para repartir un poco de lo que tenía entre quienes más lo necesitaran. Esto se repitió luego en relación con las personas que fueron afectadas por los huracanes y perdieron todo.
A nivel estatal, se aprobaron muchísimos recursos para paliar los efectos de la pandemia, pero estos recursos no llegaban a la gente y las necesidades de la población seguían desatendidas, de modo que la pregunta que empezó a plantearse fue “¿dónde está el dinero?”.
Desde 2017 nosotros denunciábamos lo que llamábamos el “pacto de corruptos”, que vinculaba a funcionarios, empresarios e incluso representantes de la iglesia, aliados en defensa de sus propios intereses. En 2015, tras seis meses de manifestaciones masivas sostenidas, terminaron en la cárcel el presidente y la vicepresidenta, pero los gobiernos que les sucedieron acabaron reafirmando el mismo sistema. El gobierno del presidente Jimmy Morales finalizó unilateralmente el acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y el actual gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en continuidad del anterior, ha ido avanzando en el control de la justicia, el Congreso y todas las instituciones del Estado para sostener la corrupción como forma de gobierno.
A los efectos de la no atención de los impactos de la pandemia y de los huracanes Eta e Iota, que golpearon en octubre y noviembre de 2020, se sumaron los ataques contra los funcionarios del Ministerio Público que continúan luchando contra la corrupción. Los descontentos se fueron sumando hasta que en noviembre de 2020 el Congreso aprobó de madrugada el presupuesto nacional para 2021. Era un presupuesto altísimo – el más alto en la historia del país - con bolsones evidentes para la corrupción, especialmente en el rubro de obra gris, que es donde se concentra el grueso de la corrupción, pero sin ninguna atención a la salud y a la educación en el marco de la pandemia. El presupuesto incluso recortaba el programa de nutrición, en un país que tiene un enorme problema de desnutrición infantil. Esa fue la gota que derramó el vaso. Personas que normalmente no son las que protestan – una chef profesional, un artista, muchas personas conocidas en distintos ámbitos - comenzaron a escribir en las redes sociales y a manifestarse en contra de esta decisión. Así se convocó la primera manifestación, y de repente éramos como 25.000 personas – en medio de una pandemia.
Para esa época ya se habían levantado todas las restricciones a la circulación y a las reuniones, pero la pandemia continuaba y el riesgo de contagio también. Nadie preveía una protesta tan masiva, y sin embargo ocurrió. Las manifestaciones fueron inicialmente pacíficas, pero ya en la segunda hubo violencia y represión. Un pequeño grupo provocó un incendio en el edificio del Congreso, un hecho que continúa bajo investigación. Sobre esto se justificó la represión: gases lacrimógenos, golpes, arrestos y detenciones, algo que hace mucho que no ocurría. En otra manifestación se quemó un bus. Desde nuestra perspectiva, los actos de violencia fueron instigados para justificar la necesidad de un mayor control policial de las manifestaciones y la eventual represión.
¿La convocatoria a la movilización se hizo exclusivamente a través de las redes sociales? ¿Quiénes se movilizaron?
Hubo a través de las redes sociales una serie de llamados que apelaron sobre todo a las clases medias, pero también convocaron los movimientos sociales y las Autoridades Indígenas. Estas últimas han desempeñado un rol cada vez más importante en los últimos años, y en el marco de esta crisis publicaron una declaración en la que propusieron un consejo de gobierno de los cuatro pueblos que integran Guatemala - Maya, Xinka, Garífuna y Mestizo – para hacer una transición hacia una Asamblea Constituyente. Ellos han ido visitando territorios y haciendo un trabajo de formación de alianzas, y es la primera vez que avanzan hacia el gobierno nacional, ya que tienen autoridad solamente en sus territorios. El rol que han desempeñado es importante porque la oligarquía toda la vida le ha temido al levantamiento indígena; ese temor les mueve. Así como les movió el hecho de que en 2019 la candidata a presidenta del Movimiento de Liberación de los Pueblos, un partido fundado por el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), quedara en cuarto lugar. Una mujer maya, campesina, con poca escolaridad, quedó en cuarto lugar, y eso les hizo ruido.
Ha habido cuatro actores movilizados: pueblos indígenas, mujeres, juventud y comunidades en resistencia – comunidades locales, generalmente lideradas por mujeres, que resisten frente a megaproyectos extractivos en sus territorios. En las últimas manifestaciones se observó el resultado del proceso de unidad del movimiento estudiantil universitario: a partir de 2015 los estudiantes de la universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad pública, marcharon junto con los de las dos universidades privadas, la Rafael Landívar, de clase media, y la Universidad del Valle, de clase alta. El lema con que marchaba la universidad pública, “USAC es pueblo” se transformó en “Somos Pueblo” a partir de esta convergencia. Fue un hecho histórico que representó el regreso de la juventud universitaria organizada a las luchas populares.
El rol de la juventud también se observa en el movimiento feminista, ya que hay muchos movimientos feministas jóvenes. En particular se destaca el colectivo Mujeres en Movimienta, una expresión muy importante de feministas universitarias. La diversidad sexual también ha estado presente, y ha estado muy activa en la denuncia de los femicidios y homicidios de personas LGBTQI+.
A ellos se sumó la clase media empobrecida tras el fuerte golpe de la pandemia. En las manifestaciones hubo mucha gente de clase media, muchos profesionales. Muchos ciudadanos y ciudadanas que no pertenecían a ninguna organización ni colectivo indígena, estudiantil o de mujeres salieron por su cuenta, movidos por el hartazgo. Así, las manifestaciones de noviembre de 2020 reflejaron tanto la organización social como la autonomía ciudadana.
¿Qué demandaba la ciudadanía movilizada?
A pesar de que hubo varios sectores movilizados y muchísimas demandas acumuladas, hubo un orden en el petitorio de las protestas. Si bien los distintos sectores tenían sus propias demandas, todos acogieron los grandes reclamos. El eje central era que el presidente vetara el presupuesto, ya que lo que gatilló la movilización fue el descaro de un Congreso que hizo un presupuesto que no era para la ciudadanía de Guatemala sino para ellos mismos, para alimentar la corrupción. En ello las manifestaciones tuvieron un éxito inmediato, ya que pocos días después de la quema del edificio del Congreso, este dio marcha atrás y anuló el presupuesto que había aprobado. Junto con la retirada del presupuesto estaba la demanda de que se aprobara un presupuesto que respondiera a las necesidades de la población, pero esta demanda sigue pendiente.
Tras la represión de las protestas, otra demanda central fue la renuncia del ministro de Gobernación, que no se produjo; el funcionario sigue en su cargo. También se reclamó la renuncia del presidente, que tampoco se produjo.
Finalmente, se volvió a reflotar la demanda de una nueva Constitución, que está en la agenda de los movimientos sociales desde hace varios años. En el 2015, cuando tuvieron lugar las grandes manifestaciones que llevaron a la renuncia de todo el gobierno, los movimientos sociales evaluamos que la corrupción no estaba solamente en las personas, sino que teníamos un sistema corrupto y que por lo tanto hacía falta un cambio de sistema. Las organizaciones indígenas y campesinas tienen su propuesta de cambio constitucional, basada en su reclamo de reconocimiento de los pueblos indígenas e instauración de un Estado plurinacional que les dé autonomía y poder de decisión.
Otros grupos tienen propuestas más embrionarias. Yo fui diputada hasta enero de 2020, y cuando todavía estaba en el Congreso trabajé con las organizaciones de mujeres pensando en que podía darse esta coyuntura y teníamos que prepararnos. Iniciamos el Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente para ir configurando una propuesta de una nueva constitución desde la perspectiva de las mujeres en su diversidad.
¿Cuáles son los principales cambios que proponen?
Nosotros tenemos una constitución que fue redactada en 1985 y tiene un contenido importante de derechos humanos; incluye la figura del Ombudsman, que en ese momento era una innovación. Pero los derechos humanos son encarados desde una perspectiva individual; están ausentes los derechos colectivos, los derechos de los pueblos, y también los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, y por supuesto lo más avanzado en materia constitucional que son los derechos de la naturaleza. La nuestra es una propuesta política emancipadora de los pueblos, de las mujeres y de las diversidades. Se basa en la idea de una economía para la vida, que pone a la comunidad en el centro, y en una economía feminista que reorganice el trabajo y los cuidados.
¿Piensas que las protestas continuarán?
Sí, las protestas van a continuar. Con las fiestas de fin de año se produjo una desmovilización, pero en estos días se supo que CODECA va a volver a salir a la calle. CODECA es una organización que normalmente sale sola, no coordina con otros movimientos sociales, pero tiene una gran capacidad de movilización. Si ellos vuelven a las calles, abrirán una nueva etapa de manifestaciones.
Ahora mismo el ministro de Finanzas está elaborando un nuevo presupuesto, que en un mes se tendrá que volver a discutir en el Congreso. Queda por verse no solamente cuánto se invertirá en salud, educación y reactivación económica, sino también qué es lo que considera “reactivación económica”. Hasta ahora el énfasis ha estado puesto siempre en la inversión privada internacional, que solo genera espacios de mayor explotación y megaproyectos. Hay una ley de promoción de la agricultura familiar que no hay manera de que se apruebe. De modo que la demanda de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas, va a continuar expresándose en las calles.
Por el momento, se trata de una convocatoria sectorial, no de una convocatoria amplia a la ciudadanía. Pero no hace falta demasiado para que se reactive la protesta ciudadana, ya que tras las manifestaciones de noviembre el presidente hizo una serie de promesas que no cumplió. El 14 de enero de 2021 se cumplió un año de gobierno y los niveles de apoyo que recibe el gobierno son bajísimos. El Congreso también tiene escasa legitimidad, dada la cantidad de diputados que integran el “pacto de corruptos”, suficiente para conformar una mayoría ordinaria para aprobar las leyes.
Sin embargo, puede que haya miedo a movilizarse porque estamos en un pico de infecciones por COVID-19. Y otro obstáculo para la continuidad de las movilizaciones es la ausencia de un liderazgo unificado y la limitada coordinación.
El espacio cívico en Guatemala es calificado como “obstruido” por elCIVICUS Monitor.
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GUATEMALA: “Nuestra democracia corre riesgo en manos de redes político-criminales”
CIVICUS conversa con Evelyn Recinos Contreras acerca de las elecciones generales de Guatemala – en las cuales un candidato que trae promesas de reforma inesperadamente pasó a la segunda vuelta – y de las perspectivas de apertura del espacio cívico y cambio democrático.Evelyn es ex investigadora de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y ex asesora de la fiscal general de Guatemala. Actualmente vive en el exilio a causa de su activismo por los derechos humanos.
¿Cuál es la situación del espacio cívico en Guatemala?
El espacio cívico en Guatemala se encuentra gravemente amenazado. Para entenderlo mejor hay que saber que, como consecuencia del conflicto armado, el tejido social está roto. Es difícil hablar de un involucramiento ciudadano de base. Los sectores que durante décadas sirvieron de motor de cambio social, como el magisterio, el sindicalismo y los estudiantes de institutos y de la universidad pública, fueron golpeados irreparablemente por la violencia.
De todos ellos probablemente el único sector de base que actualmente está organizado son los pueblos mayas indígenas, en lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales. Y en la ciudad, las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos y por la democracia, que organizaron su trabajo alrededor del fortalecimiento de las instituciones democráticas, con fuerte énfasis en el tema de la justicia.
Son precisamente esos sectores los que están siendo golpeados nuevamente mediante el autoritarismo y la violencia estatal. En el interior del país miles de lideresas y líderes comunitarios están siendo criminalizados y comunidades enteras tienen órdenes de captura y son amenazadas con procesos penales. Similar situación se vive a nivel urbano donde el sistema de justicia ha sido capturado por redes político-criminales que utilizan las plataformas del Estado para financiar sus empresas criminales y amedrentar a operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y activistas que luchan por los derechos humanos y el fortalecimiento del espacio cívico y la democracia.
Las redes de corrupción e impunidad afectan al propio espacio democrático, como lo evidencia el hecho de que se impidiera la inscripción de candidaturas y la participación en las elecciones de personas como Thelma Cabrera, del Movimiento de Liberación de los Pueblos.
¿Cuáles son las causas de la erosión democrática que vive Guatemala?
La erosión democrática en Guatemala se debe a que redes político-criminales han tomado las instituciones y las usan para perseguir sus intereses, no para el bienestar de la ciudadanía y el fortalecimiento de la democracia. Pero ha sido un proceso gradual y casi imperceptible. Se han debilitado varias instituciones clave, como la Policía Nacional Civil, que se encarga de dos tareas principales: prevenir el delito y mantener la seguridad ciudadana, y colaborar en investigaciones criminales. Durante años la sociedad civil trabajó con los mandos policiales para construir una institución al servicio de la seguridad democrática, de modo que su labor sirviera para procurar un espacio cívico en el que las y los ciudadanos pudieran gozar de sus derechos fundamentales y vivir una vida digna sin violencia. Pero partir de 2017 hemos visto un debilitamiento de la institución, el despido de mandos y el mal uso de sus recursos.
En el poder judicial encontramos problemas similares. Las altas cortes no han llevado a cabo el proceso normal de alternancia, es decir que no han realizado las elecciones de nuevos magistrados, pero además las dos últimas elecciones que se realizaron fueron denunciadas e investigadas por actos de corrupción. El Ministerio Público también ha sido debilitado por efecto de una política de persecución penal y criminalización de operadores de justicia, que además ha hecho que se dejara de lado la investigación de delitos contra la vida, la violencia contra la mujer y contra el patrimonio que golpean duramente a la ciudadanía. Los índices de violencia e inseguridad en Guatemala son prácticamente tan elevados como los que se viven en países con conflictos armados internos.
¿Considera que la lucha contra la corrupción en Guatemala ha fracasado?
Es muy difícil responder en términos absolutos sobre el éxito o fracaso de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Creo que los casos que se llevaron a juicio tuvieron el sustento de pruebas y se respetó el debido proceso. En ese sentido fueron exitosos. Pero esto era solamente una parte de la lucha contra la corrupción, ya que el derecho es una plataforma limitada. El daño a la sociedad ya estaba hecho, los recursos ya se habían perdido.
La lucha contra la corrupción solo tiene verdadero éxito cuando hay un involucramiento social que conlleva un escrutinio de la función pública y reclama rendición de cuentas. A eso, tristemente, aún no hemos llegado.
Para quienes se han involucrado en la lucha contra la corrupción, las consecuencias negativas han sido evidentes. Fiscales, jueces y juezas, personas defensoras, activistas, lideresas y líderes comunitarios son perseguidos con acusaciones infundadas y empujados al exilio. Eso transmite un mensaje contundente de temor a la sociedad guatemalteca. Pero estoy convencida que la lucha no acaba aquí. Nos merecemos un país en el que todas y todos podamos vivir con libertad y dignidad. Los pueblos mayas llevan resistiendo por más de 500 años, creo que son nuestro mejor ejemplo.
¿Piensa que de esta elección podría surgir un cambio positivo?
Creo que hay esperanza. La ciudadanía demostró que está cansada de los mismos actores oscuros que durante años han encarnado a intereses económicos voraces que explotan pueblos y territorios y usan la discriminación, la doble moral y la violencia estructural.
La llegada a la segunda vuelta electoral del binomio del partido Semilla, nacido después de las protestas ciudadanas anticorrupción de 2015 y que reúne muchas personas que nunca participaron en partidos políticos, es una evidencia del deseo de cambio. La ciudadanía rechazó a los típicos actores políticos que representan intereses económicos arcaicos y encarnan formas de hacer política autoritarias y corruptas.
Para que el cambio realmente se materialice, necesitamos que la comunidad internacional vuelva los ojos a Guatemala. El riesgo que corre nuestra democracia en manos de redes político-criminales no debe pasar desapercibido. Necesitamos que la comunidad internacional llame la atención y se pronuncie sobre la situación de nuestro país, porque la violación de los derechos humanos de los y las guatemaltecas nos afecta a todos como humanidad.
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MÉXICO: “La sociedad civil es un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos”
CIVICUS conversa con Carlos G. Guerrero Orozco, abogado mexicano y cofundador y presidente de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM México), acerca de una reciente victoria de la sociedad civil mexicana en defensa del espacio cívico.DLM México es una organización de la sociedad civil (OSC) que promueve los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en México mediante la provisión de asesoramiento en casos de litigio estratégico y la promoción de la rendición de cuentas.
¿Qué restricciones experimenta la sociedad civil en México, y cómo trabaja para preservar el espacio cívico?
Históricamente la sociedad civil mexicana ha sido un muro de contención de las malas prácticas de los gobiernos. Por desempeñar este rol, que puede resultar incómodo para las autoridades, se ha hecho acreedora de restricciones, particularmente relativas a la denegación de reconocimiento legal de las organizaciones y de sus funciones.
El Estado ha reaccionado frente a la labor de la sociedad civil limitando su capacidad para actuar en su rol de monitor, contralor y contrapeso. En el terreno legal, ha buscado acotar su capacidad para emprender procesos legales y generar rendición de cuentas. Una forma de hacerlo ha sido mediante el desconocimiento del “interés legítimo” que permite a las OSC iniciar juicios de amparo y otros procedimientos, para proteger derechos.
En la legislación mexicana, las OSC que establecen en su razón social la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos como los niños y niñas, las comunidades indígenas, las víctimas de violencia de género, las víctimas de la corrupción o de una mala administración pública, o las personas privadas de su libertad pueden acreditar interés legítimo por afectación en virtud de su especial situación frente a un ordenamiento jurídico.
DLM México justamente provee asesoramiento a organizaciones civiles, colectivos, grupos de ciudadanos, comités de participación ciudadana y personas defensoras de derechos humanos involucradas en casos de litigio estratégico para dotarles de herramientas que les permitan fortalecer sus capacidades en juicio y superar todo obstáculo que se les presente en relación con la demostración de su interés legítimo en el caso.
Otra forma de restringir a la sociedad civil es poner a las autoridades de las OSC bajo la mira y considerarlas penalmente responsables por acciones realizadas en el marco de su trabajo. Esto fue lo que ocurrió con una reciente reforma del Código Penal de la Ciudad de México, cuyo artículo 256 equiparó a los directores de OSC con funcionarios públicos e incluso especificó que los servidores públicos – y por lo tanto también los directores de OSC – podrían ser responsables de delitos de corrupción. Al incluir a directores y administradores de OSC en la definición de “servidores públicos”, les extendió la responsabilidad penal propia de los servidores públicos.
En particular resultaba preocupante la redacción amplia e imprecisa de la definición del delito de corrupción como la conducta de quien “realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe, para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero”. Eso sin duda abría las puertas a la arbitrariedad.
La publicación de la reforma al Código Penal generó molestia en diversos sectores, y en particular en la sociedad civil, que emitió un comunicado conjunto expresando su preocupación.
DLM México presentó una solicitud ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que ejerciera su facultad de impugnar leyes que se consideren inconstitucionales. Días después la Comisión de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cómo se resolvió el caso, y cuáles piensas que serán sus impactos?
Este mes la Suprema Corte invalidó el artículo 256 por considerarlo inconstitucional.
La Corte estableció que, de acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, no es permisible ampliar la definición de servidor público a personas que no desempeñen un cargo dentro de la estructura del Estado. Asimismo, consideró que la clasificación de los directores y administradores de OSC como funcionarios públicos era potencialmente perjudicial para sus derechos y libertades por generar consecuencias penales indebidas para personas particulares. Aclaró que el hecho de que reciban fondos públicos no justifica la extensión de las penas aplicables a los servidores públicos a particulares que administran OSC.
Esta decisión salvaguarda los derechos de los directivos de OSC y garantiza que puedan continuar su labor sin temor a repercusiones penales injustas.
Aunque el caso se enfocó en la legislación de la ciudad de México, el fallo pone freno a las intenciones que pudieran tener otras entidades federativas de incluir en su legislación sanciones en contra de directores y funcionarios de OSC por las actividades que llevan a cabo, utilizadas para acallar las voces de la sociedad civil. Esto es particularmente relevante en un país en el que la procuración de justicia no es sólida ni independiente.
La decisión de la Corte es testimonio del poder de la incidencia de la sociedad civil y de la importancia de proteger el espacio cívico. Es un recordatorio de nuestra capacidad colectiva para desafiar y anular las leyes que amenazan nuestras libertades democráticas.
¿Qué otros temas relativos al Estado de derecho y las libertades democráticas ocupan la agenda de la sociedad civil?
Desafortunadamente en esta administración ha habido varios frentes que tanto la sociedad civil como el sector privado han tenido que atender. El presidente y los militantes de su partido han tenido un discurso agresivo hacia la sociedad civil, abiertamente restrictivo del espacio cívico, hostil a la independencia judicial y los órganos autónomos. El gobierno ha restringido el acceso a la información pública, le ha restado importancia a la protección de datos personales, ha socavado el Sistema Nacional Anticorrupción y ha minimizado la crisis que atraviesa México en relación con el tema de las desapariciones forzadas a manos del crimen organizado.
La agenda de DLM México se ha enfocado en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción atendiendo la problemática de la falta de denuncia de actos de corrupción, reclamando registro y transparencia en materia de beneficiarios finales de las empresas, y capacitando a funcionarios y funcionarias para ponerlos en mejores condiciones de investigar actos de corrupción en temas civiles y administrativos.
La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. A pocas semanas del comienzo de la campaña para las elecciones presidenciales de junio, la ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.
Si bien no faltaron actores políticos de oposición que intentaron sacar réditos políticos de la movilización, se trató básicamente de una reacción defensiva de la sociedad civil frente a los abusos gubernamentales. Antes de marchar, los manifestantes presentaron un decálogo de peticiones concretas. Sin embargo, lejos de dar alguna respuesta, el gobierno no ha hecho otra cosa que radicalizar todavía más sus posiciones.
Afortunadamente todavía quedan instituciones sólidas en el país, así como actores privados y sociales fuertes e interesados en temas públicos. Ello atempera los riesgos que corre nuestra democracia más allá de cuál sea el partido político cuyo candidato o candidata gane las elecciones presidenciales.
El espacio cívico en México es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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PANAMÁ: “Las protestas reflejan las desigualdades estructurales y la frustración ante la evidente corrupción”
CIVICUS conversa sobre las recientes protestas en Panamá conEileen Ng Fábrega, Directora Ejecutiva de la Cámara Panameña de Desarrollo Social (CAPADESO). CAPADESO es una red de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que promueven el desarrollo social en Panamá. Su objetivo es evidenciar los aportes de la sociedad civil, fortalecer a la sociedad civil y fomentar las alianzas para incidir en las políticas públicas.