Continúa la persecución de los líderes de los movimientos de protesta rurales a medida que se profundiza la crisis en Nicaragua

  • Tres activistas ecologistas campesinos se encuentran detenidos y sufriendo malos tratos a la espera de juicio 
  • Un informe de las Naciones Unidas confirma que el gobierno sigue atacando a los líderes campesinos
  • Personal de Naciones Unidas ha sido expulsado de Nicaragua tras el informe realizado sobre las violaciones de los derechos de los manifestantes 
  • Más de 320 personas han muerto desde el inicio de la represión violenta de las protestas en abril
  • Grupos de derechos humanos instan a las autoridades a retirar todos los cargos y liberar a los líderes campesinos

Continúan detenidos tres líderes del movimiento de protesta de campesinos en Nicaragua que fueron arrestados en los últimos meses por organizar manifestaciones pacíficas en defensa de sus derechos.

El Consejo Nacional en defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía asegura que sus líderes también han sido maltratados mientras se encontraban detenidos a la espera de juicio.

Estas persecuciones forman parte de una campaña gubernamental que pretende acabar con las protestas de los nicaragüenses contra la construcción de un canal interoceánico por parte de una empresa china, un proyecto que amenaza la vida de los campesinos, sus medios de subsistencia, la tierra, el agua y el medio ambiente. La última detención es un caso más en el continuo acoso judicial que sufren los líderes, dicha detención se produjo después de que estos líderes sumaran sus voces a las protestas generalizadas contra el gobierno que comenzaron en abril.

En este último arresto, del 12 de agosto, uno de los líderes del movimiento, Víctor Manuel Díaz, fue detenido en la provincia de Río San Juan. Un mes antes, el coordinador de la organización, Medardo Mairena, fue detenido en el aeropuerto de la capital, Managua, cuando se dirigía a participar en eventos de solidaridad en Estados Unidos. Por otra parte, el líder activista Pedro Joaquín Mena, que viajaba con Mairena, también fue arrestado y detenido. Ambos están acusados de terrorismo, delincuencia organizada, asesinato, secuestro, robo agravado, obstrucción de los servicios públicos, lesiones y daños materiales. 

La detención de Medardo como miembro reconocible del movimiento campesino, es uno de los casos más emblemáticos de criminalización de defensores de derechos humanos en Nicaragua.  El país ha estado en crisis desde que comenzaron las protestas contra el gobierno en abril. Las organizaciones nacionales de derechos humanos han calificado el arresto y la detención de Medardo de arbitraria y producto de la persecución política del gobierno.

Los tres líderes han estado organizando protestas pacíficas desde 2014 para exigir que el Estado derogue la Ley 840 - legislación que otorga a una empresa china una concesión para construir, administrar y operar un canal interoceánico que tendrá un impacto catastrófico sobre el medio ambiente y las comunidades circundantes. El movimiento rural ha organizado más de 40 marchas locales y más de 100 nacionales contra la ley.

La alianza mundial de la sociedad civil, CIVICUS, dijo que el ambiente cada vez más represivo en Nicaragua y el ataque sistemático a los líderes del movimiento campesino viola las obligaciones internacionales de derechos humanos de Nicaragua.

"La detención y el procesamiento de estos tres líderes campesinos es extremadamente preocupante. Hablar pacíficamente y movilizar a los ciudadanos para que protejan su medio ambiente no es un delito", dijo Natalia Gómez, de CIVICUS.

"El derecho a la libertad de reunión pacífica está consagrado en la Constitución de Nicaragua, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", dijo Gómez.

Henry Ruiz, miembro del movimiento campesino, actualmente en la clandestinidad, denunció que se ha impedido a las familias ver a los líderes detenidos. "Desde su detención en julio, la familia de Mairena sólo ha podido verlo una vez, a través de una ventana polarizada", dijo Ruiz.

También denuncia que los tres hombres están recluidos en centros de detención con plagas y sin saneamiento ni retretes adecuados, y que han sido sometidos a malos tratos durante su detención. Las familias de los líderes detenidos siguen recibiendo amenazas, según Ruiz.

El gobierno nicaragüense afirmó a principios de esta semana que la situación había vuelto a la "normalidad", mientras que una discusión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas destacó hoy mismo la "situación crítica" que se está desarrollando en Nicaragua.  Estudiantes, defensores de los derechos humanos y periodistas también han sido blanco de ataques durante la crisis.

Del mismo modo, en un movimiento preocupante, el personal de las Naciones Unidas está siendo expulsado de Nicaragua tras la publicación la semana pasada de un mordaz informe de la oficina de derechos humanos en el que se detallan las violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos entre el 18 de abril y el 18 de agosto, en relación con las protestas.

El informe dice que unas 2.000 personas han resultado heridas y que al menos 300 están siendo procesadas por participar o apoyar en las protestas, acusadas de terrorismo y delincuencia organizada. También confirmó que miembros de los movimientos campesinos y estudiantiles han sido especialmente atacados por las autoridades.

"Con la expulsión de la ONU, estamos particularmente preocupados por la falta de monitoreo internacional de la situación desde el interior del país y la falta de garantías para la seguridad de las víctimas de la violencia", dijo Gómez.

CIVICUS hace un llamamiento a las autoridades de Nicaragua para que retiren todos los cargos contra Medardo Mairena, Pedro Joaquín Mena y Víctor Manuel Díaz y los liberen a salvo. CIVICUS también pide la liberación de todos los líderes rurales, estudiantes y activistas actualmente detenidos por ejercer su derecho a la protesta.

Nicaragua ha sido añadida a una lista de países que están experimentando una alarmante escalada de amenazas a las libertades fundamentales. Este listado es recopilado por el CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que rastrea las amenazas a la sociedad civil en países de todo el mundo.  

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Natalia Gómez
Responsable de Incidencia y de Participación en la Red, CIVICUS

Grant Clark
Responsable principal de medios de comunicación, CIVICUS