Medardo Mairena Sequeira, que compareció ayer ante el tribunal para hacer frente a los cargos infundados que se le imputaban, fue declarado culpable de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".
Según la alianza de la sociedad civil CIVICUS, la persecución judicial del defensor de los derechos humanos nicaragüense Medardo Mairena Sequeira es un reflejo de cómo el gobierno del presidente Daniel Ortega utiliza las instituciones del Estado para silenciar a quienes defienden los derechos humanos y denuncian las acciones del gobierno.
Medardo fue detenido en julio de 2021 junto a otros defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política como parte de una campaña del gobierno para silenciar a la oposición política y a la sociedad civil antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Medardo Mairena Sequeira, que compareció ayer ante el tribunal para hacer frente a los cargos infundados que se le imputaban, fue declarado culpable de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".
El juicio de Medardo se produce en el marco de una ofensiva de procesamientos de presos políticos llevados a cabo en procesos judiciales salpicados de irregularidades. En un país en el que el presidente ha desactivado todas las instituciones independientes que podrían hacer que el gobierno rindiera cuentas por sus violaciones de derechos humanos, la comunidad internacional debe esforzarse más para garantizar la liberación de Medardo y de otros presos. Ha declarado Débora Leao, responsable de investigación del espacio cívico de CIVICUS.
Medardo ha sido víctima de campañas de desprestigio y detenciones arbitrarias durante los últimos años. El 13 de julio de 2018, fue detenido y encarcelado en el aeropuerto Augusto Sandino de Managua y acusado de varios delitos, entre ellos "terrorismo", "secuestro" y "asesinato." Fue declarado culpable de estos cargos y se enfrentó a una pena de 73 años de prisión. El 11 de junio de 2019 quedó en libertad junto con 56 defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política tras una "amnistía" general concedida por las autoridades nicaragüenses. Medardo es coordinador nacional del movimiento de la sociedad civil Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que lucha por los derechos de los campesinos.
Antecedentes
Los ataques al espacio cívico iniciados en Nicaragua en 2018 durante las protestas masivas contra el gobierno, se vieron intensificados por una campaña del gobierno destinada a silenciar toda disidencia antes de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, los medios de comunicación, la oposición política y siete candidatos presidenciales fueron objeto de detenciones arbitrarias y de encarcelamientos durante largos períodos en condiciones de detención abusivas. El presidente Ortega logró asegurarse un cuarto mandato, utilizando tácticas represivas para consolidarse en el poder. Todavía hay más de 150 presos políticos detenidos, al tiempo que las autoridades anulan la personalidad jurídica de más de ochenta organizaciones de la sociedad civil y siguen sometiendo a las personas defensoras de los derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil a campañas de desprestigio.
El espacio cívico de Nicaragua está calificado como "cerrado" por el CIVICUS Monitor, nuestra plataforma digital que evalúa el estado de las libertades cívicas en todos los países.
