CIVICUS conversa sobre la lucha por los derechos LGBTQI+ en Chile con Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Fundado en 1991 MOVILH es una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de las personas LGBTQI+.
En junio de 2024, un grupo de hombres encapuchados atacó la marcha del Orgullo en Santiago de Chile, la ciudad capital. Los agresores intentaron romper el cerco de seguridad que protegía a los asistentes, agrediendo a voluntarios que intentaban detenerlos. Golpearon a activistas y participantes, lanzaron piedras y pintura a las carrozas y dañaron un camión. El ataque ocurrió en medio de un clima de creciente homofobia, que incluyó llamados a boicotear el evento.
¿Qué avances y retrocesos han experimentado los derechos de las personas LGBTQI+ en Chile?
Desde 1991 hasta 2022, año en que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Chile vivió un acelerado cambio a favor de los derechos de las personas LGBTQI+. Esto se reflejó en la derogación de normativas discriminatorias, la aprobación de 18 leyes protectoras y la introducción de políticas públicas antidiscriminatorias en educación, salud y trabajo, además de una transformación cultural favorable.
Sin embargo, desde 2022, tanto las personas como las instituciones que apoyaban públicamente los derechos LGBTQI+ han comenzado a silenciarse, mientras que los opositores se han reorganizado. Los discursos de odio han superado a los discursos amigables, especialmente en redes sociales. Esto se debe, por un lado, a la percepción errónea de que con la aprobación del matrimonio igualitario todo está resuelto y, por el otro, a un retroceso en las convicciones democráticas que ha llevado a sectores antiderechos a ocupar cargos públicos.
El impacto ha sido alarmante. Nuestro informe anual mostró que 2023 fue el peor año para la promoción de los derechos LGBTQI+. Los casos de discriminación aumentaron casi 53%, llegando a 1.597, la cifra más alta registrada, mientras que los discursos de odio se incrementaron 123%.
Esta situación se ha agravado a causa de una ofensiva sin precedentes de grupos de ultraderecha que han ganado poder, especialmente en el Congreso Nacional. De ahí que una de las grandes prioridades para el movimiento LGBTQI+ sea el armado de campañas para contrarrestar los discursos de odio y proteger los derechos conquistados.
¿Cuán graves fueron los incidentes durante la reciente Marcha del Orgullo?
En la última Marcha del Orgullo, un grupo reducido, de no más de 10 personas encapuchadas, perpetró un ataque con mensajes de odio dirigidos a los asistentes y activistas. Con este ataque, típico de los grupos antiderechos, intentaron, sin éxito, erosionar el carácter pacífico que ha caracterizado históricamente a estas marchas, con el objetivo de presentarlas como conflictivas o peligrosas para los intereses de las mayorías.
Aunque el Ejecutivo no reaccionó específicamente en este caso, la Delegación Presidencial Metropolitana jugó un papel clave para asegurar que la marcha se desarrollara sin inconvenientes, ayudando a mantener su carácter pacífico y protegiendo a los participantes durante el recorrido. Esta intervención fue crucial para evitar que el incidente escalara y para preservar el espíritu inclusivo y festivo de la marcha.
¿Cuáles son las prioridades en la agenda LGBTQI+, y cómo trabajan las organizaciones para concretarlas?
Además de la realización de campañas contra los discursos de odio, Chile necesita una reforma a la Ley Antidiscriminatoria para que provea protecciones efectivas y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de derechos humanos para reforzar el cambio cultural en las escuelas, educar en la diversidad y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTQI+.
En Chile hay unas 50 agrupaciones LGBTQI+ distribuidas a lo largo del país. Una nueva forma de trabajo es la especialización: los colectivos surgidos en la última década se dedican exclusivamente a temas como salud, educación o infancia y adolescencia, y tienen un ámbito geográfico de actuación limitado, a diferencia de los movimientos más antiguos, que trabajaban a nivel nacional y buscaban abarcar todas las áreas. Independientemente de los temas que aborden, los colectivos hacen campañas comunicacionales e incidencia legislativa y en políticas públicas, y forman coaliciones para potenciar sus respectivas experticias, presentar demandas comunes, tales como la reforma de la Ley Antidiscriminatoria, y hacer frente a la ofensiva antiderechos.
Además, las agrupaciones desarrollan estudios sobre la realidad de las personas LGBTQI+ en Chile, recopilan estadísticas sobre casos de discriminación y violencia, brindan asesoría legal y psicológica a las víctimas e imparten charlas y talleres de capacitación sobre diversidad sexual y de género a organismos tanto públicos como del sector privado.
Mediante esta combinación de especialización y colaboración, los grupos LGBTQI+ logran enfrentar la violencia y la discriminación de manera más efectiva y continúan avanzando en la conquista de derechos.
¿Cómo se vinculan con el movimiento global y qué tipo de apoyo internacional necesitan?
Las organizaciones LGBTQI+ en Chile integran diversas redes internacionales. MOVILH, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones internacionales como ILGA e integra varias redes latinoamericanas e iberoamericanas, que permiten intercambiar experiencias y aunar esfuerzos. Además, los colectivos LGBTQI+ colaboran bilateralmente con grupos de otros países, intercambiando experiencias y proporcionando ayuda mutua.
A nivel global, los colectivos LGBTQI+ necesitan financiamiento, ya que son uno de los sectores vulnerables que globalmente reciben menos recursos. En el caso de Chile, esta necesidad es constante, ya que el hecho de que seamos un país considerado de ingresos medios-altos generalmente les impide recibir aportes externos. Esto tiene un impacto negativo en la lucha por la igualdad, ya que el país carece de financiamiento estatal focalizado para atender las necesidades de las personas LGBTQI+.
El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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