grupos LGBTQI+
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CHILE: “Grupos antiderechos atacaron la Marcha del Orgullo para intentar socavar su carácter pacífico”
CIVICUS conversa sobre la lucha por los derechos LGBTQI+ en Chile con Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Fundado en 1991 MOVILH es una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de las personas LGBTQI+.En junio de 2024, un grupo de hombres encapuchados atacó la marcha del Orgullo en Santiago de Chile, la ciudad capital. Los agresores intentaron romper el cerco de seguridad que protegía a los asistentes, agrediendo a voluntarios que intentaban detenerlos. Golpearon a activistas y participantes, lanzaron piedras y pintura a las carrozas y dañaron un camión. El ataque ocurrió en medio de un clima de creciente homofobia, que incluyó llamados a boicotear el evento.
¿Qué avances y retrocesos han experimentado los derechos de las personas LGBTQI+ en Chile?
Desde 1991 hasta 2022, año en que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Chile vivió un acelerado cambio a favor de los derechos de las personas LGBTQI+. Esto se reflejó en la derogación de normativas discriminatorias, la aprobación de 18 leyes protectoras y la introducción de políticas públicas antidiscriminatorias en educación, salud y trabajo, además de una transformación cultural favorable.
Sin embargo, desde 2022, tanto las personas como las instituciones que apoyaban públicamente los derechos LGBTQI+ han comenzado a silenciarse, mientras que los opositores se han reorganizado. Los discursos de odio han superado a los discursos amigables, especialmente en redes sociales. Esto se debe, por un lado, a la percepción errónea de que con la aprobación del matrimonio igualitario todo está resuelto y, por el otro, a un retroceso en las convicciones democráticas que ha llevado a sectores antiderechos a ocupar cargos públicos.
El impacto ha sido alarmante. Nuestro informe anual mostró que 2023 fue el peor año para la promoción de los derechos LGBTQI+. Los casos de discriminación aumentaron casi 53%, llegando a 1.597, la cifra más alta registrada, mientras que los discursos de odio se incrementaron 123%.
Esta situación se ha agravado a causa de una ofensiva sin precedentes de grupos de ultraderecha que han ganado poder, especialmente en el Congreso Nacional. De ahí que una de las grandes prioridades para el movimiento LGBTQI+ sea el armado de campañas para contrarrestar los discursos de odio y proteger los derechos conquistados.
¿Cuán graves fueron los incidentes durante la reciente Marcha del Orgullo?
En la última Marcha del Orgullo, un grupo reducido, de no más de 10 personas encapuchadas, perpetró un ataque con mensajes de odio dirigidos a los asistentes y activistas. Con este ataque, típico de los grupos antiderechos, intentaron, sin éxito, erosionar el carácter pacífico que ha caracterizado históricamente a estas marchas, con el objetivo de presentarlas como conflictivas o peligrosas para los intereses de las mayorías.
Aunque el Ejecutivo no reaccionó específicamente en este caso, la Delegación Presidencial Metropolitana jugó un papel clave para asegurar que la marcha se desarrollara sin inconvenientes, ayudando a mantener su carácter pacífico y protegiendo a los participantes durante el recorrido. Esta intervención fue crucial para evitar que el incidente escalara y para preservar el espíritu inclusivo y festivo de la marcha.
¿Cuáles son las prioridades en la agenda LGBTQI+, y cómo trabajan las organizaciones para concretarlas?
Además de la realización de campañas contra los discursos de odio, Chile necesita una reforma a la Ley Antidiscriminatoria para que provea protecciones efectivas y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de derechos humanos para reforzar el cambio cultural en las escuelas, educar en la diversidad y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTQI+.
En Chile hay unas 50 agrupaciones LGBTQI+ distribuidas a lo largo del país. Una nueva forma de trabajo es la especialización: los colectivos surgidos en la última década se dedican exclusivamente a temas como salud, educación o infancia y adolescencia, y tienen un ámbito geográfico de actuación limitado, a diferencia de los movimientos más antiguos, que trabajaban a nivel nacional y buscaban abarcar todas las áreas. Independientemente de los temas que aborden, los colectivos hacen campañas comunicacionales e incidencia legislativa y en políticas públicas, y forman coaliciones para potenciar sus respectivas experticias, presentar demandas comunes, tales como la reforma de la Ley Antidiscriminatoria, y hacer frente a la ofensiva antiderechos.
Además, las agrupaciones desarrollan estudios sobre la realidad de las personas LGBTQI+ en Chile, recopilan estadísticas sobre casos de discriminación y violencia, brindan asesoría legal y psicológica a las víctimas e imparten charlas y talleres de capacitación sobre diversidad sexual y de género a organismos tanto públicos como del sector privado.
Mediante esta combinación de especialización y colaboración, los grupos LGBTQI+ logran enfrentar la violencia y la discriminación de manera más efectiva y continúan avanzando en la conquista de derechos.
¿Cómo se vinculan con el movimiento global y qué tipo de apoyo internacional necesitan?
Las organizaciones LGBTQI+ en Chile integran diversas redes internacionales. MOVILH, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones internacionales como ILGA e integra varias redes latinoamericanas e iberoamericanas, que permiten intercambiar experiencias y aunar esfuerzos. Además, los colectivos LGBTQI+ colaboran bilateralmente con grupos de otros países, intercambiando experiencias y proporcionando ayuda mutua.
A nivel global, los colectivos LGBTQI+ necesitan financiamiento, ya que son uno de los sectores vulnerables que globalmente reciben menos recursos. En el caso de Chile, esta necesidad es constante, ya que el hecho de que seamos un país considerado de ingresos medios-altos generalmente les impide recibir aportes externos. Esto tiene un impacto negativo en la lucha por la igualdad, ya que el país carece de financiamiento estatal focalizado para atender las necesidades de las personas LGBTQI+.
El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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ESPAÑA: “La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social”
CIVICUS conversa acerca de la situación de las personas LGBTQI+ en el contexto preelectoral conEmilio de Benito, vocal de Salud y Mayores del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM).Fundada en 1986, COGAM es una organización de la sociedad civil (OSC) que trabaja por la igualdad de las personas LGBTQI+. Es una de las entidades fundadoras de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España y una de las impulsoras del matrimonio igualitario, legalizado en 2005.
¿Qué cambios se han producido en la situación de las personas LGBTQI+ en España en los últimos años?
Con la aprobación, en marzo de este año, de la Ley Trans, la situación en España es, al menos sobre el papel, una de las mejores del mundo. La Ley Trans establece la libre determinación del sexo registral con la sola voluntad de la persona, prohíbe las terapias de conversión e impone medidas para la diversidad en la educación y el empleo.
Sin embargo, tenemos un problema: el aumento de los discursos de odio propagados por la ultraderecha, representada por Vox, e incluso por el más tradicional partido conservador, el Partido Popular (PP). La campaña para estas elecciones se ha visto plagada de expresiones de homofobia y transfobia. Hemos visto a políticos negarse a dirigirse a personas trans de manera consistente con su identidad de género y amenazar con abolir leyes que han consagrado derechos, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley Trans. Esto se ha visto reflejado en un aumento del acoso contra las personas LGBTQI+ tanto en las aulas como en la calle. Según datos oficiales, el año pasado, los delitos de odio en España aumentaron 45%, aunque es posible que la cifra real sea bastante mayor, porque la gente no siempre denuncia. La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social.
¿Por qué los derechos de las personas LGBTQI+ se han transformado en un tema de campaña?
El último año se ha debatido mucho sobre la Ley Trans, que se aprobó en febrero. Es por eso que varios partidos políticos han incluido el tema en su agenda. Esta ley es posiblemente la más chocante para la extrema derecha y afecta a muy poca gente, por lo que aún si no la intentan derogar, seguro la intentarán modificar. Es decir, en el mejor de los casos se volverá a necesitar un diagnóstico médico que patologice la transexualidad, y a los menores no se los atenderá o se les pondrán trabas.
En cuanto a la Ley de Matrimonio Igualitario, dudo que el PP sea capaz de derogarla, aunque Vox sí lo reclama. En cambio, es más probable que busquen poner obstáculos a la adopción o a la filiación del hijo de tu pareja.
Lamentablemente, también hay un rechazo muy fuerte de la Ley Trans por parte de algunos feminismos de izquierda, que le han dado una ventaja adicional a la derecha. Yo creo, sin embargo, que se trata de un debate filosófico más que legal. Podemos debatir cuanto queramos qué es lo que hace que nos identifiquemos como hombres o como mujeres, pero aun así debemos reconocer el derecho de cada persona a expresar su identidad.
¿Está el movimiento LGBTQI+ alineado con alguna opción política en estas elecciones?
Nosotros no nos alineamos con ningún partido político, pero sí que advertimos que hay partidos, como Vox, con mensajes y propuestas que atentan contra nuestros derechos. Esto no ha estado exento de controversias. Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de España se ha montado una campaña para llamar a no votar a la derecha, pero hay quienes se han manifestado en desacuerdo porque en principio se puede ser de derecha en lo económico sin ser homofóbico. Pero en ese caso, ambas cosas coinciden.
Pedro Zerolo, un activista gay muy importante que impulsó en su momento el matrimonio igualitario, solía decir que os derechos no solo hay que conquistarlos y disfrutarlos, sino también defenderlos. Claramente ahora estamos en el punto en que debemos defender nuestras conquistas.
De modo que todos los colectivos LGBTQI+ hemos intervenido en la campaña electoral. Lo hemos hecho durante el Orgullo de Madrid, que es uno de los más importantes del mundo no solamente por su extensión –dura cuatro días– y por la cantidad de gente que convoca, incluida mucha gente que no es del colectivo, sino también porque incluye numerosas actividades culturales y sociales. También hemos participado en debates con partidos políticos: en COGAM, por ejemplo, tuvimos un debate con representantes de cuatro partidos. No todos eran partidos de izquierda, aunque son éstos los que siempre quieren reunirse con nosotros, escucharnos y saber nuestra opinión. Pero a la extrema derecha no la invitamos, ya que no tiene sentido que le demos voz.
¿Cuáles son los posibles escenarios post-electorales?
El PP se ha opuesto a todas las leyes que reconocieron derechos de las personas LGBTQI+ y las mujeres, e incluso las han llevado al Tribunal Constitucional. Pero cuando éste ha concluido que esas leyes no infringen ninguna norma constitucional, los gobiernos del PP no las han derogado. Sin embargo, es posible que ataque la Ley Trans. Uno de los grandes logros de esta ley es que escucha a los menores de edad. Cuando los menores saben perfectamente quiénes son y quieren ser, no tiene sentido reprimirlos hasta que sean mayores de edad. Pasa lo mismo con el aborto: antes las menores de 16 años tenían que contar con permiso de sus padres, pero luego este requisito se eliminó porque hay casos, por ejemplo de incesto, en que era problemático. Creo que con los menores van a intentar volver atrás en estos derechos.
También podrían volver a exigirles a las mujeres trans dos años de tratamiento psicológico de diagnóstico. A los hombres trans directamente los han borrado el debate, como si no existieran. Hay demasiada preocupación por lo que podría llegar a pasar si una mujer trans entra a un vestuario femenino, pero a nadie le preocupa lo que le puede pasar a un hombre trans en el gimnasio.
En el terreno de educación es posible que ocurran retrocesos muy graves, por ejemplo que se nos quite la posibilidad de explicar la realidad de las personas LGBTQI+ en las escuelas. Para un adolescente o preadolescente LGBTQI+ es fundamental que alguien le diga que lo que le pasa no es frecuente, pero tampoco es anormal, y que puede ser feliz. Pero este mensaje lo están tratando de borrar.
Incluso estructuras como las consejerías de igualdad, los organismos de igualdad de los gobiernos locales y regionales, en muchos sitios están desapareciendo o diluyéndose, rebautizados como “organismos de familia” cuando pasan a manos de la extrema derecha. Lógicamente, cuando las OSC del colectivo LGBTQI+ precisemos apoyo del Estado para nuestras campañas, la respuesta va a ser muy floja, si es que la hay.
El movimiento LGBTQI+ ha impulsado importantes cambios legales. ¿De qué manera ha trabajado para conseguir el apoyo de la opinión pública?
La mayoría de las organizaciones LGBTQI+ en España somos actores políticos y no solamente asistenciales. Hacemos incidencia con partidos, diputados y funcionarios. Pero en mi opinión, nuestra principal labor pasa por la creación de visibilidad.
Los eventos del Orgullo que se celebran en España, pero especialmente los de Madrid, Barcelona y Valencia, nos dan una visibilidad que hace que el resto de la población se nos acerque. Ahora tenemos una senadora trans. Hacemos campañas en medios. Usamos en forma especialmente intensiva las redes sociales porque nos permiten dos cosas: una, llegar a las y los adolescentes y preadolescentes LGBTQI+; y dos, proyectar una imagen proactiva y positiva a toda la sociedad.
Pero somos conscientes de que la visibilidad también nos expone. Todos los años tras los eventos del Orgullos hay una pareja de chicos que, al regresar de Chueca, el barrio donde se concentra el Orgullo de Madrid, a sus barrios a las afueras les pegan en cuanto salen del metro. Siempre pasa, porque vuelven del centro sintiéndose los reyes del mundo. Han estado felices, integrados, libres. En esa euforia no se dan cuenta de que han entrado en una zona peligrosa, donde el mensaje de odio ha calado hondo. Y en estos días hay menos reparo en insultarte. Hace unos años la gente no lo hacía o lo hacía por lo bajo, pero ahora están envalentonados, lo hacen como presumiendo.
¿Qué clase de vínculos mantienen con organizaciones LGBTQI+ a nivel internacional?
A nivel nacional en España nos organizamos en la Federación Estatal, la cual mantiene relaciones con ILGA, la Asociación Internacional LGBTI. Varias organizaciones españolas también están muy enfocadas en América Latina y otros países de habla hispana como Guinea Ecuatorial. En esta excolonia española en África, por ejemplo, acaban de lanzar una campaña.
Otra forma de colaboración pasa por el trabajo con personas migrantes LGBTQI+ procedentes de Latinoamérica. Los principales grupos de población extranjera en España son de Rumania, Marruecos y luego de Venezuela, Colombia y Ecuador. Somos un sitio de refugio. Es fácil culturalmente, y además muchos tienen antecedentes españoles, lo que les facilita la estancia y les puede incluso dar acceso a la nacionalidad. En esto desempeñamos un papel claro. De hecho, como nuestras webs están en español son muy fácilmente consultables por las organizaciones de Latinoamérica y nuestros mensajes les llegan sin ninguna barrera.
Sin embargo, tal y como está la situación, es más usual que nosotros hagamos campaña para apoyar a otros, y no que otros nos apoyen a nosotros. En Europa, por ejemplo, somos uno de los países que está relativamente bien, por lo que parece lógico que el foco esté puesto en países como Hungría y Polonia. Pero en todo caso, trabajar a nivel europeo es lo más operativo para resistir frente a la reacción conservadora, para que los países que incumplan leyes o retiren derechos reciban la presión de la Unión Europea.
¿Cómo ves el futuro?
Ahora mismo, en esta encrucijada, lo veo con temor. Fui adolescente en la época de la dictadura de Franco y lo viví con miedo. Ahora le temo a la idea de que podamos volver a eso.
En las últimas décadas muchas personas nos han aceptado, pero no todas lo han hecho por las mismas razones. Mucha gente lo ha hecho porque no se atrevía a manifestar su rechazo, porque estaba mal visto. Pero ahora los sectores en que el rechazo está bien visto están creciendo.
El otro día en un debate público a una chica trans miembro de un partido la llamaron “enferma crónica”. Los parlamentarios autonómicos se empeñan en dirigirse a las diputadas trans en masculino. Hasta hace poco quien pensaba estas cosas se las callaba porque no estaban bien vistas y se temía el rechazo social. Pero ahora hay un público envalentonado para expresar su odio. Y esto continuará al margen de lo que pase en las elecciones, porque los sectores que defienden el odio tienen una presencia pública que trasciende al parlamento. Por eso temo por el destino de las leyes igualitarias, pero más le temo a la calle.
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PANAMÁ: “Al dar luz verde al gobierno para discriminar, la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+”
CIVICUS habla con Iván Chanis Barahona, presidente de la Fundación Iguales, sobre la situación de las personas LGBTQI+ y la lucha por el matrimonio igualitario en Panamá.La Fundación Iguales es una organización de la sociedad civil (OSC) panameña que lucha por el fin de la discriminación por diversidad sexual a través de actividades de diagnóstico, sensibilización, promoción y defensa de derechos humanos. Sobre la base de un enfoque interseccional, también promueve los derechos de las mujeres, las personas afrodescendientes, las personas mayores y toda otra persona en situación de vulnerabilidad.
¿Qué avances ha experimentado la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá desde la despenalización de la homosexualidad en 2008?
La opinión pública ha evolucionado sostenidamente hacia una actitud de el respeto hacia las personas LGBTQI+. Si bien queda un largo camino que recorrer, que se evidencia especialmente en la ausencia de políticas públicas de reconocimiento de derechos de la población sexualmente diversa, el fortalecimiento de una sociedad civil promotora de los derechos humanos es un avance palpable.
Es importante recalcar que, si bien la homosexualidad fue despenalizada en 2008, la discriminación institucional ha persistido, y no solamente en las actitudes sino también en cantidad de normas y regulaciones. Por ejemplo, el reglamento disciplinario de la policía incluye como falta gravísima “la práctica de la homosexualidad y el lesbianismo”. Es una falta de la misma gravedad que la de “hacer disparos innecesarios haciendo daño a terceros” o “atacar físicamente a un compañero o subalterno”. También el reglamento general de los bomberos incluye como faltas gravísimas “practicar el homosexualismo (o lesbianismo) públicamente”.
Asimismo, sigue sin permitirse a personas homosexuales donar sangre y no tenemos una ley de reconocimiento de la identidad de género ni leyes antidiscriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. Además, Panamá es uno de los pocos países de la región que no cuenta con una ley de protección a defensoras y defensores de derechos humanos.
¿Qué significación tuvo el llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la aprobación del matrimonio igualitario en Panamá?
El llamamiento de la CIDH se produjo en 2020 en el marco de una audiencia temática solicitada por Fundación Iguales ante la larga demora por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de dar curso a las diversas demandas de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio civil entre parejas de personas del mismo sexo. La audiencia generó muchas expectativas, especialmente en las parejas del mismo sexo que tras largos años de espera veían denegado su derecho de acceso a la justicia, y por ende a su dignidad.
Fundación Iguales y otras organizaciones de derechos humanos LGBTQI+ logramos llamar la atención sobre nuestras demandas, y la CIDH fue categórica en su recomendación para que Panamá cumpliera sus compromisos interamericanos. Pero las expectativas generadas fueron claramente defraudades porque el gobierno no cumplió con los acuerdos resultantes de la audiencia, que incluían el establecimiento de una mesa de trabajo entre la CIDH y el Estado para dar seguimiento a las demandas que expresamos en la audiencia y que la CIDH confirmó debían cumplirse en un breve plazo.
¿Cómo han trabajado las organizaciones LGBTQI+ de Panamá, y Fundación Iguales en particular, para lograr cambios legales y vencer resistencias culturales?
En los últimos años, las organizaciones LGBTQI+ de Panamá hemos crecido y aumentado nuestra labor de incidencia en diferentes temas y espacios, con buenos resultados. La colaboración entre organizaciones ha sido clave a la hora de enfrentar las resistencias culturales a nuestro trabajo.
Desde Fundación Iguales nos hemos enfocado tanto en el trabajo social como en el apoyo a casos de litigio por el matrimonio igualitario ante la Corte Suprema de Justicia. Hacemos un uso intensivo del sistema interamericano de derechos humanos, principalmente a través de audiencias temáticas de la CIDH y participando de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. También trabajamos en el marco del sistema universal de derechos humanos liderando procesos nacionales y enviando insumos a instancias tales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Paralelamente Fundación Iguales ha liderado una campaña nacional por el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo, Sí Acepto, que ha contado con el acompañamiento de otras OSC como Convive, Hombres Trans, Diversa y Pride Connection. También se han sumado empresas como Diageo, LLYC y BBDO, las embajadas de Canadá y el Reino Unido y la Oficina Regional para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre otras instituciones.
Tenemos muchos años acompañando los procesos de cambio de nombre de personas trans junto a la Asociación Panameña de Personas Trans y Hombres Trans Panamá. Hemos sido partícipes y colaborado con la organización de las Marchas del Orgullo, específicamente en la oferta académica y cultural de la mano de la organización lésbico feminista Coalición Internacional de Mujeres y Familias.
¿Cuáles son los grupos a favor y en contra de los derechos de las personas LGBTQI+ en Panamá?
Quienes estamos a favor somos un grupo diverso y complementario, decididamente acompañado por nuestras familias y la juventud en general. Hay numerosas empresas, embajadas, instituciones internacionales, medios, periodistas e instituciones académicas que se expresan con firmeza para que Panamá sea un país inclusivo donde las personas LGBTQI+ seamos respetadas y valoradas. El acompañamiento de otros grupos minoritarios de Panamá, como el de los afrodescendientes, consolida nuestro mensaje interseccional.
El grupo que se opone a nuestros derechos constituye una facción extrema de grupos conservadores y religiosos. Sin embargo, es importante aclarar que en Panamá muchas personas conservadoras y religiosas están a favor del respeto y la no violencia contra las personas LGBTQI+.
Lastimosamente, muchas instituciones que se supone que deben protegernos, como la policía y la Corte Suprema de Justicia, se han opuesto tajantemente a los derechos de la diversidad sexual. Sus argumentos son profundamente pobres y suelen centrarse en una visión muy esquemática de lo “natural” versus lo “antinatural”. En esa línea se expresó vergonzosamente la Corte Suprema al postular que el matrimonio tiene como función principal la procreación para la continuidad de la especie. Las conclusiones que se desprenden de estos argumentos son sumamente violentas e inaceptables en una sociedad moderna.
¿Por qué los progresos realizados en el terreno de la opinión pública siguen sin verse reflejados en el marco legal?
Ha habido clarísimos progresos en la opinión pública. Según indicaron las encuestas, la campaña Sí Acepto, por ejemplo, tuvo un gran impacto en la sociedad panameña: en tan solo tres años cambió la opinión de más de 300 mil personas, lo cual es muchísimo para un país de apenas 4.2 millones de habitantes. Que tantas personas no LGBTQI+ apoyen la aspiración de una sociedad libre de discriminación es un claro indicio de cambio.
Pero estos cambios positivos no se ven reflejados en el marco legal por falta de voluntad política. Tenemos un liderazgo político vetusto, populista, inoperante y falto de ética. Nuestros líderes no han comprendido que están disociados de los cambios de nuestra época relativos a la evolución de los derechos humanos, el derecho internacional y los principios de la democracia liberal. Pero el cambio es imparable: las nuevas generaciones claramente están adoptando posiciones favorables a los derechos, la diversidad y la inclusión, y que lleguen a ocupar lugares clave en la toma de decisiones es solo cuestión de tiempo.
¿Cómo sigue la lucha tras la sentencia de la Corte Suprema que admitió la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo?
La lucha se consolida, se reinventa y continúa. Al dar luz verde al gobierno para discriminar, en este caso contra parejas del mismo sexo y su derecho a conformar una familia reconocida y protegida por el Estado, la Corte ha puesto en evidencia su animadversión hacia las personas LGBTQI+. Ya nadie puede decir que la discriminación es sutil o imaginaria: se ha vuelto evidente y obscena para todas las personas, y no solamente para las personas LGBTQI+ que la padecen directamente. La situación ha quedado más clara que nunca, lo que ha llevado a que más gente se comprometa con la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+.
En suma, la deplorable decisión de la Corte ha ampliado el alcance de la causa LGBTQI+, y en ese sentido constituye un momento trascendental en dirección de la conformación del país que queremos, con foco en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, el combate de las desigualdades sociales y económicas y la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
El espacio cívico en Panamá es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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