violencia de género
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BANGLADESH: “Para hacer frente a las violaciones necesitamos una profunda reforma del sistema legal”
CIVICUS conversa con Aparajita Sangita, activista bangladesí de derechos humanos y cineasta independiente premiada internacionalmente. Aparajita ha trabajado en varias películas sobre la discriminación de género y los derechos de las mujeres, y ha participado en diversas acciones sociales, tales como proyectos de educación de los niños en situación de calle y bancos de alimentos. En respuesta a su activismo, ha sido acosada por la policía. Por su activismo en las redes sociales también fue demandada por acoso bajo la draconiana Ley de Seguridad Digital. Las acusaciones en su contra fueron retiradas en reacción a las protestas que se produjeron tanto en las calles como en internet.
¿Qué desencadenó las recientes protestas contra las violaciones en Bangladesh?
En la noche del 5 de enero de 2020, una estudiante de la Universidad de Dhaka (UD) fue violada tras bajar de un autobús universitario en la zona de Kurmitola de la capital, Dhaka. Los y las estudiantes de la UD se sintieron perturbados por este incidente, que dio lugar a protestas y a la organización de varios actos.
A pesar de las protestas generalizadas contra la violación, la violencia sexual contra las mujeres persistió e incluso aumentó durante la pandemia de COVID-19.
El 25 de septiembre, una mujer que visitaba el MC College de Sylhet con su marido fue violada en un albergue del campus por activistas políticos vinculados al partido gobernante. Mientras estallaban protestas en reacción a este hecho, el 4 de octubre se hizo viral en las redes sociales un video en el que se veía cómo abusaban de una mujer en Begumganj, Noakhali. El video mostraba a un grupo de hombres entrar en la casa de la mujer, desnudarla y agredirla físicamente, al tiempo que dejaban todo grabado en video.
Estos incidentes son apenas algunos de los numerosos casos de violación y violencia sexual contra las mujeres que han circulado por las redes sociales en Bangladesh. Entre los autores de esta violencia se encuentran padres, familiares cercanos, agentes de la ley, funcionarios públicos, líderes políticos y actores religiosos.
Todo ello gatilló las protestas masivas contra la violación que tuvieron lugar en octubre de 2020, en las que personas de todo el país se unieron para protestar contra la violencia contra las mujeres. El movimiento de protesta contra la violación comenzó en Shahbag, conocida como “la Plaza del Movimiento de Bangladesh”, pero pronto se extendió a todas las ciudades, e incluso a los pueblos, de todo Bangladesh. Entre ellas se contaron Bogra, Brahminbaria, Champainabganj, Chandpur, Dhamirhat (Nowgaon), Faridpur, Gafargaon (Mymensingh), Gopalganj, Jaipurhat, Kurigram, Manikganj, Noakhali, Panchgarh, Rajshahi, Satkhira y Syedpur (Nilphamari).
En el movimiento de protesta contra la violación confluyeron personas de diferentes ámbitos, como miembros de partidos políticos, escritores, activistas culturales, activistas de las redes sociales, jugadores del equipo nacional de críquet, activistas por los derechos de la mujer y periodistas. Por primera vez en Bangladesh, las mujeres se manifestaron contra las violaciones en plena noche. En Dhaka, marcharon desde Shahbag hasta el Parlamento, portando antorchas y gritando consignas.
¿Cuáles eran las principales reivindicaciones de las manifestantes?
El movimiento de protesta contra la violación planteó nueve demandas para acabar con las violaciones y la violencia sexual. Entre ellas, la introducción de castigos ejemplares para los implicados en violaciones y violencia contra las mujeres en todo Bangladesh y la destitución inmediata del ministro del Interior, que no ha desempeñado su rol de impartir justicia.
Las manifestantes también exigieron el fin de todos los abusos sexuales y sociales contra las mujeres tribales; la creación de un comité para prevenir el acoso sexual contra las mujeres en todas las organizaciones gubernamentales y en el sector privado, así como en las instituciones educativas, en línea con los fallos del Tribunal Superior; y la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). También instaron a la abolición de las leyes y prácticas que perpetúan las desigualdades de género.
También se hicieron llamamientos a poner fin al acoso mental de las víctimas durante las investigaciones y a garantizar su seguridad jurídica y social, a incluir a personas expertas en criminalidad y género en los Tribunales de Prevención de la Represión de la Mujer y el Niño, y a crear más tribunales para garantizar la rápida tramitación de los casos.
Por último, las manifestantes instaron a la modificación del artículo 155(4) y otros artículos pertinentes de la Ley de Evidencia para poner fin a la admisibilidad de las pruebas del carácter de las denunciantes en juicios por violación y a la eliminación de los libros de texto de todo material considerado difamatorio hacia las mujeres o que las describiera como inferiores.
¿Cómo respondieron las autoridades a las protestas?
El 6 de octubre, las manifestantes marcharon desde Shahbag hasta la Oficina del Primer Ministro con banderas negras, pero fueron detenidas por la policía en las cercanías del Hotel Intercontinental. Varios dirigentes y activistas de un organismo estudiantil de izquierdas resultaron heridos por la policía.
Además, el comunicado emitido por la jefatura de policía el 10 de octubre contenía elementos de vilipendio de los y las manifestantes. En él se afirmaba que determinados sectores intentaban utilizar la protesta “para servir a sus intereses”, socavando la ley y el orden y “creando caos social”. La policía advirtió a los y las manifestantes que evitaran cualquier “actividad antiestatal” y anunció que la policía se comprometía a garantizar la paz y el orden internos a toda costa. Esta declaración provocó pánico entre las personas movilizadas, que temieron ser reprimidas.
Además de enfrentar represión policial, varias mujeres activistas, entre ellas la líder de la Asociación de Estudiantes de Izquierda, que participaron en el movimiento contra la violación, fueron amenazadas por teléfono y por Facebook Messenger. Algunas de las activistas también fueron amenazadas con la apertura de causas penales contra ellas.
¿Qué ha pasado con el movimiento desde entonces? ¿Se ha detenido la campaña?
Después de que las protestas contra las violaciones y agresiones sexuales se extendieran por todo el país, se modificó la Ley de Prevención de la Represión de Mujeres y Niños. Se impuso la pena de muerte como castigo más severo para la violación. Anteriormente, la pena máxima por violación en Bangladesh era la cadena perpetua. La pena de muerte sólo se aplicaba en casos de violación en grupo, o de violación que provocara la muerte de la víctima.
A raíz de esto, las protestas se detuvieron, ya que mucha gente pensó que la pena de muerte reduciría los delitos de violación. Sin embargo, muchas defensoras de los derechos de las mujeres insisten en que la pena de muerte no es la respuesta y exigen una reforma profunda del sistema legal y más educación para hacer frente a lo que, según ellas, es una epidemia de violencia contra las mujeres en Bangladesh.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar al movimiento?
A raíz de los diversos casos de violencia sexual y violación cometidos contra las mujeres, hemos visto surgir un importante movimiento de protesta en el país. Sin embargo, algunas manifestantes y activistas han recibido amenazas por alzar sus voces. La solidaridad de la comunidad internacional es esencial para quienes protestan contra violaciones de derechos humanos y hacen reclamos justos.
La sociedad de Bangladesh es extremadamente patriarcal, y durante años se han sucedido numerosos intentos de restringir las vidas y las voces de las mujeres. La violación es una expresión de este contexto. Vivir seguras es un derecho fundamental de toda mujer, y es responsabilidad de todas y todos los ciudadanos, así como de la comunidad internacional, garantizar este derecho.
El espacio cívico en Bangladesh es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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CHILE: “El trabajo doméstico y de cuidados recae abrumadoramente sobre las mujeres”
CIVICUS conversa acerca del Día Internacional de la Mujer y el rol de la sociedad civil para combatir la desigualdad de género en Chile con Cecilia Ananías Soto, fundadora de Amaranta, una organización de la sociedad civil (OSC) independiente basada en la ciudad chilena de Concepción, en la región del Biobío.Amaranta es un espacio feminista conformado por mujeres procedentes de las ciencias sociales, las humanidades y el activismo social con el objetivo de promover la equidad de género y los derechos humanos en los ámbitos de la educación, la salud, la cultura, las tecnologías y los medios de comunicación. Fue fundado a comienzos de 2018 para dar visibilidad y respuesta a los problemas cotidianos de las mujeres, y específicamente de las mujeres lesbianas, bisexuales, trans, trabajadoras, migrantes, desplazadas, pobladoras y originarias. Desde una mirada crítica, local y decolonial, realiza labores de formación, diálogo, investigación e incidencia.
¿Qué impactos ha tenido la pandemia de COVID-19 sobre las mujeres y niñas de Chile, y cómo ha respondido a ello la sociedad civil?
La pandemia afectó diferencial y desproporcionadamente a mujeres y niñas. En el caso de Chile, en el primer año de pandemia hubo un aumento explosivo de las solicitudes de ayuda por violencia de género (VG). Esto ocurrió porque, en medio de las cuarentenas obligatorias, mujeres y niñas quedaban encerradas en sus hogares con sus agresores.
Además, como durante mucho tiempo no hubo clases presenciales, e incluso permanecieron cerrados los jardines infantiles, el trabajo de cuidar a niños y niñas –como también a familiares enfermos- recayó sobre las mujeres, En muchos casos, éstas debieron abandonar su trabajo y sus estudios para sostener sus hogares. Justo antes la pandemia la participación femenina en el mercado de trabajo había alcanzado su máximo nivel histórico, 53,3%, mientras tras la pandemia cayó al 41%. Llevará bastante tiempo recuperar la participación de las mujeres en la fuerza laboral.
Ante este escenario, mujeres y colectivas tendieron redes de apoyo. A nivel vecinal, los grupos de mujeres organizaron ollas comunitarias y ferias de compraventa, entre otras iniciativas. Muchas agrupaciones feministas establecieron líneas de ayuda porque las líneas oficiales no daban abasto o no siempre daban respuesta. Amaranta recibió cientos de solicitudes de ayuda por VG en espacios digitales y, a pesar de ser un equipo pequeño, contribuyó proporcionando contención inicial y comunicando estrategias básicas de autocuidado.
La pandemia nos obligó a trasladar buena parte de nuestro trabajo al espacio digital. Por un lado, esto nos permitió no dejar de trabajar, hacerlo de manera segura y llegar a muchos más territorios. Pero, por otro lado, no toda la población tiene acceso a internet ni alfabetización digital, por lo que hubo que encontrar otras estrategias. Hoy trabajamos mezclando la educación en género de forma presencial y a distancia con material educativo y activista que entregamos en las calles, como fanzines o publicaciones independientes y stickers.
¿Cuáles son los principales asuntos pendientes en materia de derechos de las mujeres en Chile?
Un gran problema es que el trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo abrumadoramente sobre las mujeres. Esto tiene profundos efectos sobre la calidad de vida, porque implica que las mujeres ya sea abandonen sus estudios o empleo para realizar esta labor no paga en sus hogares, ya sea intenten convertirse en “multi-mujeres” que deben poder hacerlo todo, aunque ya no puedan más de cansancio.
Esto quedó en evidencia en un reportaje que sacó Revista Ya a finales de 2020, “Radiografía al hombre cero”, así titulado porque, según el estudio en que se basaba la nota, el 38% de los hombres dedica cero horas semanales a realizar tareas domésticas. Asimismo, el 71% dedica cero horas al acompañamiento de sus hijos e hijas en tareas escolares, y el 57% dedica cero horas al cuidado de niñas y niños. En contraste, las mujeres encuestadas cada semana dedican 14 horas más que los hombres a tareas de cuidado de menores de 14 años.
Otra gran deuda son los derechos sexuales y reproductivos. Aun no se nos reconoce el derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos. El aborto está permitido solamente bajo tres causales: peligro para la vida de la persona embarazada, malformaciones fetales incompatibles con la vida, y embarazos resultantes de violación. Al mismo tiempo, no hay programas de educación sexual integral para prevenir embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y violencia sexual. Durante la pandemia se documentaron muchas fallas de anticonceptivos hormonales orales, muchos de los cuales eran entregados en forma gratuita en establecimientos de salud; en consecuencia, muchas mujeres de sectores vulnerables acabaron embarazadas, sin poder optar por un aborto y sin recibir ninguna clase de indemnización monetaria.
¿Qué habría que hacer para reducir la desigualdad de género en Chile?
En Amaranta creemos que hay que empezar por una educación no sexista, que incluya educación sexual integral. Solo así dejaremos de repetir estereotipos que perpetúan la desigualdad desde temprana edad. Esto es un factor importante para prevenir la VG.
También son importantes leyes y políticas públicas que vayan preparando el terreno para una sociedad más equitativa e inclusiva. Desde 2019 Chile atravesó por múltiples protestas sociales, las cuales incluyeron en un sitio muy prominente al movimiento feminista. A raíz de esas protestas, hoy nos encontramos redactando una nueva Constitución que, de ser aprobada, ya sabemos que incluirá sistemas de justicia con perspectiva de género. Se trata de un tremendo avance para nuestro país, e incluso de una novedad en el continente.
El tema de la campaña del Día Internacional de la Mujer para 2022 es #EliminarLosPrejuicios. ¿Cómo se organizó Amaranta en torno a este tema?
Nuestra campaña permanente como organización consiste en quebrar sesgos y superar prejuicios y estereotipos. Lo hacemos a través de la educación, la cual puede tomar muchas formas: desde una charla o taller relativamente formal, hasta la recomendación de un libro, la entrega de un fanzine feminista, o la difusión de contenido a través de un video de TikTok.
En términos de movilización, estamos atentas a todos los llamados de las organizaciones feministas de la zona y participaremos en las convocatorias de mujeres, marchas, bicicleteadas y pañuelazos –es decir, grandes manifestaciones de mujeres con pañuelos verdes– que se organicen.
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Póngase en contacto con Amaranta a través de susitio web y siga a@AmarantaOng en Twitter. -
ESPAÑA: ‘El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder’
CIVICUS conversa con Carmen Miquel Acosta, abogada especializada en género de Amnistía Internacional España, acerca de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como “Ley Solo sí es sí”, y el rol de la sociedad civil a la hora de impulsar los derechos de las mujeres.¿Cuál ha sido el rol de la sociedad civil en la aprobación de la “Ley Solo sí es sí”?
La “Ley Solo sí es sí” es un ejemplo claro de trabajo conjunto del movimiento de mujeres, y especialmente del movimiento feminista, inserto en todos los ámbitos, tanto de la sociedad civil como del gobierno, para dar respuesta a una situación.
Uno de sus detonantes fue el caso “La manada”, un caso de violación grupal ocurrido en Pamplona en 2016. La respuesta judicial a ese caso fue un ejemplo perfecto de lo que es la justicia, o más bien la injusticia patriarcal, la forma en que operan los estereotipos y el principio de no creer en la víctima.
En 2018 la justicia decidió que lo ocurrido no había sido violación sino solamente “abuso sexual”, y condenó a los cinco miembros de la “manada” a nueve años de prisión por ese delito. La indignación frente al veredicto provocó grandes protestas y el movimiento de mujeres se hizo más masivo. Muchas mujeres jóvenes que por primera vez se estaban acercando al feminismo se movilizaron.
También fue entonces cuando desde Amnistía publicamos un informe que ponía de manifiesto la falta de políticas públicas específicas frente a la violencia sexual, la falta de datos y la ausencia de un marco legal para hacer frente a esta violación de los derechos humanos fundamentales. Desde entonces hemos reclamado una ley para abordar el tema.
La participación en el proceso legislativo fue masiva y la sociedad civil aportó muchísimos insumos, como resultado de los cuales el anteproyecto fue mejorado.
El proceso se prolongó bastante, por un lado porque se habilitó la participación, pero también porque en España cuando se hacen leyes orgánicas que tratan sobre derechos fundamentales se necesitan informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todos esos informes informaron el proyecto de ley y permitieron un tratamiento más riguroso del tema.
¿Cuáles fueron los principales temas de preocupación para las organizaciones feministas en el desarrollo de la ley?
En primer lugar, la falta de un diagnóstico. Este era un tema que preocupaba a Amnistía porque vemos una tendencia a lidiar con los problemas sin diagnosticarlos antes y a no evaluar la efectividad de las políticas públicas adoptadas.
Por medio de esta ley el gobierno buscaba, entre otras cosas, implementar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, o Convenio de Estambul, que exige a España adoptar políticas públicas de prevención. Ello requiere un diagnóstico y datos sistematizados.
Otra cuestión importante fue la de la judicatura. España recibió un dictamen del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer por un caso de aplicación de estereotipos por parte de una jueza. En este proceso, una discusión central fue cómo lidiar con la aplicación de estereotipos por parte de la judicatura, qué formación deben recibir los y las funcionarias y hasta qué punto ésta debe ser obligatoria, sin que pueda considerarse interferencia con la independencia del Poder Judicial.
Otro tema que también nos preocupaba, pero que finalmente no fue incluido en la ley, fue el de la violencia sexual como tortura. En España, este uso de la violencia sexual se ha dado en los lugares de detención, especialmente contra personas extranjeras. La ley no se llega a establecer un delito de tortura, que es un delito imprescriptible y que conlleva otro tipo de investigación por tratarse de un crimen de derecho internacional.
Otra cuestión que a nuestro parecer no fue recogida de manera adecuada es la de las mujeres extranjeras en situación irregular. Aunque el Convenio de Estambul establece que no es necesario hacer la denuncia para acceder a servicios de violencia de género, en los casos en que las mujeres denuncian, si por el motivo que sea no hay una condena, sus expedientes de expulsión pueden reabrirse.
Finalmente, hubo algunos temas, como el del trabajo sexual, que generaron debates dentro del feminismo que aún permanecen irresueltos. La postura de Amnistía es que las trabajadoras sexuales tienen derechos humanos y la criminalización del trabajo sexual no solamente no las ayuda, sino que las pone en una situación de estigmatización. Lamentablemente los colectivos de trabajadoras sexuales no fueron consultados en el proceso.
¿Qué dificultades enfrentará la implementación de la ley?
Esta es una ley muy ambiciosa, cuya implementación requiere muchos recursos. Deberá implementarse en todo el territorio de España, que incluye 17 comunidades autónomas, cada una con sus competencias en materia de servicios sociales y justicia, entre otras áreas implicadas en la implementación de la ley. Todo esto plantea el interrogante de cómo se traducirá el texto de la ley en realidad efectiva.
¿Cuáles son los próximos desafíos en materia de derechos de las mujeres?
El principal desafío es consolidar los derechos adquiridos y no retroceder. En este momento está sobre la mesa una reforma de la legislación sobre el aborto para eliminar barreras de acceso a este derecho, y va a ser un tema controvertido en el debate parlamentario.
La opinión está muy polarizada y hay un discurso de demonización del otro, algo que es muy evidente en el uso de la etiqueta de la “ideología de género”. La libertad de expresión hace a la riqueza de la democracia y debe ser protegida, especialmente cuando se dicen cosas que no nos gustan. Pero algo muy diferente son los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y la apología del odio, dos cosas que van en aumento.
En relación con los derechos de las mujeres estamos viendo retrocesos en países cercanos como Hungría. Las conquistas de derechos que habíamos acabado dando por sentados no se están consolidando o están experimentando retrocesos. De ahí la importancia de aumentar la concienciación en materia de derechos humanos y la participación de la ciudadanía. En medio de esta batalla ideológica, la democratización del lenguaje de los derechos es hoy más urgente que nunca.
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ESPAÑA: “Las manifestaciones explícitas de la violencia machista son apenas la punta del iceberg”
CIVICUS conversa con Isabel Abella Ruiz de Mendoza sobre las violencias machistas de carácter sistémico que enfrentan las mujeres en el ámbito del deporte, evidenciadas en un reciente caso de abuso de poder que involucró a la mayor autoridad de la federación del fútbol español.Isabel es deportista y responsable de igualdad y de infancia y adolescencia de dos clubes de balonmano. Es socia fundadora y directora de Abella Legal, un despacho de abogadas y consultora de igualdad, especializada en el ámbito del trabajo y del deporte. De 2018 a 2023 lideró el Servicio Vasco ante el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el deporte en Euskadi.
¿Cuáles fueron las reacciones de la opinión pública frente al beso público no consentido del presidente de la federación de fútbol a la jugadora Jenni Hermoso?
El beso no consentido que el presidente de Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le dio a Jenni Hermoso durante la celebración de la victoria del equipo español en la Copa Mundial Femenina fue apenas una de las caras visibles, y aún normalizadas, de la violencia machista.
En la tipología de las manifestaciones de la violencia machista que las mujeres enfrentan a diario en su ámbito laboral, en este caso el deportivo, se trata de una violencia de tipo sexual. Sin embargo, es importante tener presente que detrás de esta expresión de violencia es posible que se estén produciendo otras, de tipo psicológico, económico y social, tanto contra ella como contra su entorno cercano, así como contra muchas personas que la han apoyado, incluso en el entorno virtual.
Frente a este hecho, la opinión pública se ha dividido. Hay quienes consideramos que tenemos la responsabilidad de trabajar por la igualdad en el deporte y por erradicar todas las expresiones de violencia machista. Sin embargo, otras personas han banalizado, minimizado, negado, ignorado o ridiculizado este episodio. Esta diversidad de reacciones refleja los distintos niveles de conciencia feminista de la población.
¿Por qué las autoridades del deporte tardaron tanto en condenar el hecho?
¿Qué formación en igualdad tienen las personas que lideran esas organizaciones? Siendo un sector muy masculinizado, ¿cuántos han tomado conciencia y desarrollado un pensamiento crítico frente a la masculinidad hegemónica y sus prácticas? ¿Cuántos han escuchado a las jugadoras y mujeres profesionales del sector? ¿Cuántos han renunciado a sus privilegios? ¿Cuántos se han comprometido con un proyecto personal de transformación? ¿Qué instrumentos para abordar y erradicar las discriminaciones contra las mujeres en el fútbol han diseñado y puesto en marcha? ¿Qué medidas efectivas han adoptado?
Todas estas preguntas nos podrían acercar a las causas de los tiempos, reacciones y medidas adoptadas.
¿Piensas que este tipo de incidentes es indicio de problemas más profundos?
Efectivamente, un beso no consentido es una manifestación visible y explícita de la violencia machista, es decir, parte de lo que se conoce como la punta del iceberg, y esconde la discriminación estructural que enfrentamos las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluidos el deporte y el trabajo.
Este acontecimiento no es un hecho puntual. Las discriminaciones y las violencias machistas contra las mujeres en el deporte están presentes en todas las disciplinas y espacios deportivos y de trabajo.
Debemos un profundo agradecimiento a las jugadoras de la selección porque están consiguiendo abrir importantes grietas en el machismo del deporte. Su lucha es una muestra más de todo lo que nos queda aún por recorrer para alcanzar un deporte justo y libre de discriminaciones.
El espacio cívico en España es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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MÉXICO: ‘Las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica’
CIVICUS conversa conWendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, una organización de la sociedad civil (OSC) mexicana con más de 20 años de labor ininterrumpida. La Red incluye 69 espacios de prevención, atención y protección de víctimas de violencia familiar y de género en todo el país. Trabaja con un enfoque multidisciplinario e intersectorial, con perspectiva de género, derechos humanos y multiculturalidad. Se enfoca en la incidencia en política pública, la visibilización de la problemática mediante campañas y presencia en los medios de comunicación y la provisión de atención integral especializada y gratuita para las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar y de género.
¿Cómo ha evolucionado la violencia de género durante la pandemia del COVID-19?
En México las violencias contra las mujeres son una pandemia histórica. No nacieron con el COVID-19; lo que hizo la pandemia fue evidenciar y profundizar la situación de violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Las medidas del “quédate en casa”, adoptadas para mitigar el COVID-19, han dejado a cientos de mujeres en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad. La violencia de género también se ha magnificado durante la pandemia justamente porque en el marco del confinamiento las mujeres experimentaron una sobrecarga en materia de cuidados, labores domésticas y asunción de responsabilidades adicionales para optimizar los recursos disponibles, todo ello bajo la presión del agresor que se encuentra encerrado con ellas.
¿Cómo ha respondido la Red Nacional?
Hemos reforzado las acciones e intervenciones que desarrollamos desde hace muchos años. Lo que caracteriza al trabajo de la Red Nacional de Refugios es que, si bien nuestra labor ha sido constante, nuestros abordajes para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres, niños y niñas se han ido adaptando y enriqueciendo con el tiempo. Estos enfoques se actualizan según las necesidades de mujeres, niños y niñas. De modo que nuestras respuestas durante el período de confinamiento se enriquecieron y fortalecieron en varios sentidos.
En primer lugar, la Red tiene una línea de atención telefónica que opera las 24 horas del día todo el año, y también da intervención a través de las redes sociales. Estas han seguido fortaleciendo, aumentando el número de profesionales que brindan atención en estos dos espacios de comunicación con las mujeres. También implementamos un número de WhatsApp ya que hemos visto que, a mayor tiempo de confinamiento, disminuyen las posibilidades de las mujeres que experimentan violencias de contactarse con el exterior. Los mensajes de texto y las redes sociales han sido un vehículo sumamente importante para que las mujeres puedan mandarnos un mensaje en el momento en que encuentren la oportunidad.
En muchos casos, estos mensajes han derivado en rescates. En el marco del confinamiento, las mujeres han aprovechado para salir la primera oportunidad en que el agresor no estuviera en casa, de modo que los rescates se han incrementado notablemente. En tan sólo dos meses hicimos 19 rescates, en comparación con los mismos meses de 2019, cuando hicimos alrededor de un rescate por mes. Para lograrlo hemos tenido que actuar creativamente y establecimos alianzas con algunas empresas privadas, tales como Avon y Uber, para la logística y los traslados.
En segundo lugar, nuestras campañas de información, sensibilización y prevención han apuntado a tres momentos que atraviesan las mujeres en situación de violencia, de modo de proporcionar algunas estrategias de qué hacer antes, durante y después del evento de violencia. También compartimos estrategias para disminuir las situaciones de riesgo con los niños y las niñas dentro del hogar y establecer planes de seguridad. Hemos hecho una campaña incluyente y multicultural, con mensajes en lengua de señas para mujeres sordas y mensajes en las lenguas náhuatl, zapoteca y maya para mujeres indígenas.
Dado que el COVID-19 profundiza y visibiliza discriminaciones y desigualdades preexistentes y que las mujeres están en una situación de mayor vulnerabilidad, también hemos preparado material para la sociedad en general. Fomentamos en la ciudadanía la formación de redes de apoyo solidarias que permitan visibilizar las violencias contra mujeres, niños y niñas, de modo que la gente pueda denunciar situaciones de violencia y participar de la construcción de una cultura de tolerancia cero.
Tercero, hemos desarrollado la campaña “Confinamiento sin violencia”, también dirigida al gobierno, subrayando la necesidad y la urgencia de políticas públicas transversales y acompañadas de recursos presupuestarios, para atender las secuelas e impactos de la pandemia en las mujeres, con un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Cuando se levante la cuarentena, estas políticas deben garantizar el acceso a la justicia, a los servicios de salud y a la compensación económica, entre otros derechos.
Cuarto, hemos realizado acciones puntuales dentro de los espacios de refugio, casas de emergencia, casas de transición y centros externos que integran la Red mediante la implementación de protocolos para mitigar el riesgo del contagio del COVID-19. Hemos aplicado la creatividad al uso de diversas plataformas digitales para continuar con el proceso integral de las mujeres que son atendidas en nuestros servicios. Hemos escalonado los horarios dentro de los refugios e implementado cuartos de cuarentena para continuar permitiendo el acceso de las mujeres, niños y niñas que lo requieren sin obstáculo o discriminación a causa del coronavirus, ya que para nosotras es sumamente importante poner a los derechos humanos en el centro de nuestras acciones.
Estamos buscando financiamiento internacional y de empresas privadas para poder fortalecer la red de casas de emergencia y casas de transición. Las casas de emergencia son un paso previo al refugio y actualmente los estamos usando para mitigar el contagio del COVID-19 en los refugios: así, en vez de durar tres días, las estadías en casas de emergencia ahora duran 14 días, que es el tiempo de la cuarentena. Las casas de transición, por su parte, son sumamente importantes son el espacio disponible para las mujeres que salen del refugio y no cuentan con una vivienda o redes de apoyo sólidas. En esto espacios de transición ponen en marcha el proyecto que desarrollaron en el refugio y de a poco van transitando hacia la independencia. A causa de los impactos económicos del COVID-19, sin embargo, los acuerdos de empleo que teníamos para estas mujeres han sido cancelados. Pero las casas de transición permiten a las mujeres continuar con su proceso y evitan la frustración y la revictimización.
¿Han enfrentado restricciones adicionales de la libertad para organizarse, expresarse y movilizarse durante la pandemia?
En términos generales, por supuesto que ha habido una limitación de movilidad a raíz de la campaña del “Quédate en casa”. En respuesta a ello, hemos tramitado buena parte de la atención por vía telefónica y a través de las redes sociales. Pero no hemos dejado de lado la atención presencial: hay algunas ciudades donde no hay ninguna alternativa disponible al centro de atención externa de la OSC local que integra la Red Nacional, y en esos casos hemos seguido operando presencialmente, tomando todos los recaudos para disminuir el riesgo de contagio. También seguimos operando y dando atención presencial, en los casos en que resulta necesario, en todos los espacios de protección: casas de emergencia, refugios y casas de transición. Y seguimos movilizándonos cuando el caso lo requiere.
El derecho de reunión está limitado, pero no está prohibido que ante feminicidios y otras violaciones de derechos realicemos acciones conforme a nuestro modelo y en función de nuestros principios rectores, que son los derechos humanos y la vida de las mujeres. Hemos implementado estrategias creativas y nos hemos organizado para seguir con las indicaciones de limitar la movilidad y no estar afuera de casa cuando esto sea posible, pero manteniendo en el centro de nuestras acciones las necesidades de las familias que atendemos.
¿Cómo se ha adaptado el movimiento feminista al pasar de las protestas masivas al aislamiento social?
Hemos transformado nuestras formas de protestar, nuestras formas de alzar las voces, de unirnos desde la sororidad en busca de justicia, igualdad sustantiva y respeto de todos los derechos para todas las mujeres, niñas y niños. Hemos utilizado las plataformas digitales y la tecnología para seguir comunicándonos, enredándonos, proponiendo acciones. Los movimientos feministas no se quedaron en silencio cuando llegó el COVID-19: a través de los medios y plataformas digitales hemos realizado conversatorios, webinarios, reuniones de acompañamiento y de sororidad, e incluso trueques feministas para contribuir a la economía de las compañeras y ofrecer nuestros servicios profesionales como psicólogas, médicas o abogadas en las redes sociales.
También estamos haciendo pronunciamientos. Recientemente desde la Red Nacional de Refugios, junto con otros 42 grupos feministas, hicimos un video que acompaña a una carta con más de 6.000 firmas para exigir al Estado mexicano y a las 32 entidades federativas que implementen acciones urgentes y prioritarias para garantizar la vida y la seguridad de todas las mujeres, niñas y niños en nuestro país. Frente a la minimización del fenómeno de la violencia contra las mujeres, lanzamos la campaña “Nosotras tenemos otros datos”, que ha tenido mucha repercusión. También nos hemos hecho eco de las voces de las mujeres víctimas de violencia que se acercan a nosotras. De modo que estamos bien presentes y lo seguiremos estando.
¿Qué cosas deben cambiar después de la pandemia, y cómo podemos trabajar juntos para producir ese cambio?
La pandemia del COVID-19 vino a evidenciar los problemas de fondo de nuestro país: el acceso sumamente inequitativo a la salud, la educación, la información, la justicia y la restitución de derechos. Desde mi percepción, la post-pandemia también puede ser una gran oportunidad para una reingeniería de nuestro sistema de atención, protección y de seguridad integral para garantizar que todas las personas tengan garantías legales y de hecho para gozar de un bienestar integral y de una vida libre de violencia, y en particular los sectores con mayor vulnerabilidad, entre los que se cuentan las mujeres, niñas y niños, las personas mayores, las personas migrantes y las personas con discapacidad.
Necesitamos políticas de Estado que garanticen el acceso igualitario de todas las personas a todos los derechos. Estas políticas de Estado deben tener asignado un presupuesto específico. Debe tratarse de políticas de Estado porque el problema es histórico, excede al gobierno de turno, y las políticas de los gobiernos son desmanteladas cada vez que cambia el gobierno, aún en el caso de acciones afirmativas que estaban dando resultado. Por eso es fundamental transitar a una política de Estado, con presupuesto garantizado y una actuación intersectorial desde un enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad para que ninguna persona se quede fuera. Esta política debe competer tanto al gobierno federal como a las 32 entidades federativas y a la sociedad misma, y por supuesto a las OSC, para transitar hacia una sociedad donde las violencias machistas no se justifiquen y naturalicen, como lamentablemente sigue sucediendo hoy en día.
Todas las personas en todos los sectores tenemos que trabajar para lograr un cambio cultural, empezando por nosotras mismas para identificar nuestros propios actos discriminatorios y acciones violentas, así como el modo en que reproducimos mandatos sociales y naturalizamos violencias. Por eso es que creo que el cambio tiene que ser en todos los niveles para que podamos hablar de una verdadera transformación.
¿Qué apoyo necesita la Red Nacional de Refugios de la comunidad internacional?
Necesitamos que la comunidad internacional conozca los retrocesos que están sucediendo en nuestro país en el tema derechos humanos. Es importante que la información llegue a los organismos internacionales porque México ha firmado y ratificado la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, y estamos en incumpliendo estas convenciones. El Estado mexicano ya ha recibido muchas recomendaciones internacionales en eses sentido, y no las está abordando con acciones concretas.
Por el contrario, el gobierno muchas veces se hace cómplice de las violencias. Cuando ignoran e incluso niegan que las mujeres experimenten violencia en sus casas y que ésta se haya incrementado durante el confinamiento, las autoridades no hacen otra cosa que revictimizar a las víctimas. Asimismo, la política de austeridad está afectando a programas y comunidades. Desde 2019 los refugios han estado en una constante y lamentable lucha para defender su presupuesto, mostrando los beneficios y el impacto que generan en las familias mexicanas. De modo que también necesitamos apoyo bajo la forma de donativos para fortalecer nuestra red nacional y establecer más casas de emergencia y casas de transición, las cuales desempeñan un rol sumamente importante a la hora de cerrar el ciclo de la violencia y restituir los derechos humanos y el estatus de ciudadanía a las mujeres violentadas.
El espacio cívico en México es clasificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.
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NAMIBIA: “Las protestas contra la violencia de género se alimentaron de la esperanza colectiva”
CIVICUS conversa con Bertha Tobias acerca de las recientes protestas contra el femicidio y la violencia de género (VG) en Namibia. Bertha es una líder juvenil que ha recibido premios internacionales por su participación en competencias de debate. Se graduó en el United World College de Changshu, China, y actualmente cursa estudios superiores en el Claremont Mckenna College de California. Ha recibido el premio Go Make A Difference, que apoya la ejecución de proyectos de desarrollo comunitario, y ha participado activamente en las protestas por los derechos de las mujeres en Namibia.
¿Podrías contarnos cómo empezaron las protestas de #ShutItAllDown (#CerremosTodo) contra la VG y cómo te involucraste en ellas?
Me involucré en la lucha contra la VG luego de que se conociera la noticia de que se habían descubierto restos humanos en una ciudad costera de Namibia. Se sospechaba que los restos eran de Shannon Wasserfall, una joven de 20 años que había desaparecido en abril de 2020. Este incidente específico provocó reacciones masivas. La publicación del titular de la noticia en la cuenta de Twitter de uno de los principales medios de comunicación nacionales impulsó a muchas personas jóvenes a la acción, las llevó a organizarse y a salir a manifestarse a las calles. Inyectó urgencia en la conversación sobre la VG y el femicidio en Namibia.
El de Shannon no fue un caso aislado, ya que en Namibia desaparecen mujeres jóvenes todo el tiempo. Pero cuando este caso salió a la luz, reavivó la conversación nacional sobre el tema. Alguien en Twitter afirmó, con razón, que algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar, y yo respondí a su comentario y me involucré desde el principio, porque es un tema que me preocupa profundamente, ya que creo firmemente que las vidas de las mujeres tienen un valor intrínseco y valen tanto como las de los hombres.
Junto con otros jóvenes, enviamos correos electrónicos, conseguimos el apoyo necesario y nos organizamos en menos de 24 horas, sobre todo y principalmente a través de las redes sociales. Hicimos un folleto que circuló ampliamente y mucha gente acudió a la protesta. Los jóvenes nos apropiamos de la iniciativa y así fue como todo empezó: se trató de un ejemplo tanto del poder de internet como del poder de la juventud.
Si no recuerdo mal, el primer día de protesta un periódico informó que se habían reunido algo más de 800 personas, y en todas las protestas subsiguientes hubo cientos de personas. Participaron tanto mujeres como hombres jóvenes: las protestas fueron lideradas predominantemente por mujeres, pero los jóvenes estuvieron presentes en cantidades considerables. Lo que es importante señalar respecto de la demografía de las protestas es que los participantes eran mayoritariamente gente joven. Fueron las y los jóvenes quienes asistieron a reuniones con funcionarios, redactaron peticiones y hablaron con los medios de comunicación. Y fueron las mujeres jóvenes las que estuvieron al frente, mientras que los jóvenes les brindaron su apoyo.
Creemos que si en Namibia las mujeres jóvenes no pueden salir a comprar un cartón de leche sin temer por sus vidas, entonces hay algo que está terriblemente mal en nosotros como país. La filosofía de #ShutItAllDown es bastante radical: significa que hay que paralizar todo hasta que logremos entender qué es lo que no está funcionando para las mujeres namibias en materia de seguridad. Hasta que no obtengamos respuestas a esta pregunta, no creemos que sea correcto, saludable o en el mejor interés de nadie seguir haciendo las cosas como siempre. No queremos que la actividad económica continúe como si nada ocurriera mientras las mujeres jóvenes no se sienten seguras.
¿Qué piensas que hizo a #ShutItAllDown diferente de las anteriores protestas por los derechos de las mujeres en Namibia?
Ha habido otras protestas por los derechos de las mujeres en el pasado. De hecho, a principios de 2020 tuvimos una protesta a favor del aborto que se centró específicamente en los derechos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y abogó por la legalización del aborto y el reconocimiento de la agencia y la autonomía corporal de las mujeres. Según la Ley de Aborto y Esterilización de 1975, en Namibia el aborto es ilegal excepto en casos de incesto, violación o cuando la vida de la madre o del niño está en peligro.
En Namibia hay movimientos feministas que están activos y trabajan con constancia; sin embargo, un dato de la realidad que tuvimos que reconocer es que muchos movimientos feministas son liderados por jóvenes que también tienen otras obligaciones, tales como empleos de tiempo completo. Las organizaciones de la sociedad civil también enfrentan desafíos, sobre todo en materia de recursos y apoyo institucional.
La protesta previa, que tuvo lugar a principios de 2020, fue significativa en el sentido de que allanó el camino y estableció bases importantes para que #ShutItAllDown pudiera adquirir la confianza colectiva necesaria para seguir adelante. Las organizadoras feministas estuvieron presentes y se activaron para amplificar la voz de #ShutItAllDown. Estuvieron muy activas en la difusión de información y fueron cruciales a la hora de movilizar a su gente para que acudiera a las protestas y las mantuviera vivas. Las organizadoras feministas de Namibia hacen un gran trabajo entre bastidores, pero su labor enfrenta limitaciones porque cuentan con recursos insuficientes. De ahí que muchas de nuestras peticiones se dirijan al gobierno y a otras instituciones que sí disponen de los recursos que necesitamos para instituir los cambios que buscamos.
La diferencia entre #ShutItAllDown y otras protestas anteriores radica en el hecho de que ahora las y los jóvenes de Namibia participan cada vez más en los asuntos públicos y se hacen oír para exigir que el gobierno y otras instituciones rindan cuentas de sus acciones y cumplan con sus mandatos y sus obligaciones hacia la ciudadanía.
Además, el movimiento ha podido crecer de forma más o menos orgánica porque las redes sociales son cada vez más utilizadas como herramienta para mantener conversaciones y presionar por la rendición de cuentas. Namibia tiene una población bastante joven con enormes capacidades digitales. La flexibilidad y la capacidad de autoorganización de la juventud acabaron por empujarnos a todos a hacer algo.
¿Cuáles eran las demandas de #ShutItAllDown, y qué respuesta obtuvieron?
La principal demanda que teníamos para el gobierno de Namibia era la declaración del estado de emergencia en relación con el femicidio y la violencia sexual y de género (VSG), simplemente porque creíamos que el problema que enfrentábamos justificaba este tipo de acción. Queríamos que se transmitiera el mensaje de que el femicidio constituye una crisis de dimensiones nacionales y que, más allá de la pandemia de COVID-19, las mujeres siempre, todos los días, tememos por nuestras vidas. También exigíamos una consulta inmediata con personas expertas en violencia sexual y que el Ministerio de Justicia pusiera en marcha un registro de delincuentes sexuales y tribunales para delitos sexuales.
Varias demandas se centraron en potenciar los métodos existentes para frenar la violencia sexual y de género. También se dirigieron nuevas demandas a varios ministerios y a otras partes interesadas, tales como la implementación de patrullas en los barrios las 24 horas del día y los siete días de la semana, servicios virtuales y a distancia contra la VG y programas escolares y universitarios para sensibilizar a los jóvenes sobre la VSG.
Nuestro petitorio reconocía que existe violencia tanto dentro como fuera del hogar. Pero entendemos que frenar la violencia dentro del hogar es más difícil debido a los años o décadas de trabajo de base que se necesitan para revertir la normalización de la VG. Es posible que no estemos vivos para presenciar los frutos de este esfuerzo, debido al tiempo que se requiere para transformar una sociedad y su cultura, para interrogar y derribar colectivamente los principios tradicionales en que se arraigan las normas abusivas.
Desgraciadamente, no obtuvimos la declaración del estado de emergencia que reclamábamos. Pero otras demandas, tales como el refuerzo de la seguridad mediante patrullas, la modificación del currículo educativo y la creación de grupos de trabajo o comités para intensificar los esfuerzos para frenar la VSG, recibieron una respuesta positiva. Otra demanda importante que recibió una respuesta positiva fue la formación de agentes de policía para que sean más comprensivos y empáticos a la hora de tramitar casos y recibir denuncias de VG. Sabemos que la acogida que reciben las sobrevivientes de abusos en las comisarías y la falta de atención y urgencia con que son tratados sus casos se cuentan entre las principales razones por las cuales muchas mujeres no denuncian la violencia sexual.
¿Hubo otras cuestiones relevantes que el movimiento #ShutItAllDown dejó en evidencia?
Sí, el activismo LGBTQI+ y los integrantes de este colectivo tuvieron un rol prominente a la hora de movilizar gente para la protesta y amplificar las voces del movimiento #ShutItAllDown. Para mí, fue importante ver a mujeres queer y a otras personas LGBTQI+ que navegan con dificultad una sociedad violentamente homofóbica y transfóbica, protestando y subrayando la importancia de la interseccionalidad y la labor de incidencia colectiva. Out-Right Namibia, una de las principales organizaciones de derechos humanos de las personas LGBTQI+ de Namibia, aprovechó su posición para impulsar a #ShutItAllDown y crear una red fuerte y bien conectada en defensa de nuestros derechos colectivos en tanto que mujeres negras y/o queer.
Las protestas de #ShutItAllDown también sacaron a la luz la ilegalidad del aborto en Namibia y más generalmente la precariedad de nuestro derecho a la salud reproductiva. En este marco intensificamos nuestras conversaciones sobre la cuestión de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva. Estas fueron algunas de las cuestiones vitales que #ShutItAllDown puso de manifiesto, dejando en evidencia lo mucho que queda por hacer para que los derechos de todas las mujeres sean reconocidos y respetados.
¿Hay espacio para el activismo intergeneracional dentro del movimiento #ShutItAllDown?
El activismo intergeneracional ha demostrado ser un terreno interesante, sobre todo a causa de la naturaleza ardiente y apasionada de la juventud. Gran parte del impacto del activismo que se encarnó en las protestas de #ShutItAllDown se basó en la generación de disrupción e incomodidad general para incitar a la acción incluso a la gente más indiferente. Creo que la disrupción abre conversaciones importantes. Tenemos la esperanza de que nuestras acciones lleven a quienes no están familiarizados con lo que estamos haciendo a preguntarse por qué nos preocupamos por la seguridad de las mujeres al punto de ir a sentarnos en medio de la calle o a bloquear y clausurar un centro comercial, y a intentar comprender qué está pasando y qué es lo que pretendemos. Estas preguntas iniciarían una conversación y alimentarían importantes debates acerca de un mal nacional urgente que les cuesta la vida a muchas mujeres.
Pero muchas personas adultas tienden a cuestionar las tácticas disruptivas utilizadas por las más jóvenes. Y otra limitación que hemos experimentado es que las tácticas disruptivas suponen la asunción de un riesgo personal. Los y las jóvenes nos jugamos mucho menos en términos de empleabilidad y pérdida de respetabilidad. Muchas personas mayores están de acuerdo con las causas que nos movilizan, pero generalmente no se arriesgan a ponerse de nuestro lado, o al menos no lo hacen explícitamente. Hay factores políticos y prácticos que limitan incluso el grado en que pueden expresar públicamente su apoyo.
¿Cómo ves el futuro de #ShutItAllDown?
Lo bueno de los movimientos orgánicos y espontáneos, así como de los movimientos que no tienen un líder, es que cualquiera puede despertar un día y decidir iniciar #ShutItAllDown en su respectiva localidad, porque el movimiento no tiene un líder único ni un rostro visible. Desde octubre de 2020 no hemos tenido ninguna nueva protesta, pero eso no significa que no vaya a haber más protestas en el futuro. La VG es un problema constante y, por desgracia, en cualquier momento y en cualquier lugar puede surgir un caso que reavive la protesta.
El espacio cívico en Namibia es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
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POLONIA: ‘Inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción’
CIVICUS conversa con Klementyna Suchanow, activista, autora e investigadora basada en Varsovia, Polonia, acerca del recienteanuncio del gobierno polaco de que comenzará el proceso de retirada del Convenio de Estambul sobre la violencia contra la mujer. Klementyna es una de las fundadoras del Paro de Mujeres de Polonia (Polish Women’s Strike) y del Paro Internacional de mujeres. El Paro de Mujeres de Polonia es un movimiento feminista de base fundado en 2016 para defender los derechos de las mujeres contra la iniciativa del gobierno para prohibir y criminalizar el aborto. Durante la pandemia del COVID-19, el movimiento se ha mantenido unido y activo a través de un grupo de Facebook y continúa movilizándose por los derechos de las mujeres polacas.
¿Cuál ha sido en los últimos años la situación de Polonia en materia de género?
Vivimos bajo un gobierno conservador, y aunque nunca diría que hace cinco años esto era el paraíso, la situación de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+ recientemente ha empeorado. Cada día presenciamos más ataques verbales y físicos contra grupos marginados. Se han establecido divisiones a lo largo de líneas políticas y los principales blancos de agresiones han sido los inmigrantes y las personas LGBTQI+. Las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y las elecciones presidenciales de este año han estado enfocadas sobre todo en el odio contra las personas LGBTQI+. La ola de odio es muy intensa y lidiar con ella es un gran desafío.
La situación de las mujeres y los movimientos por los derechos de las mujeres es ligeramente diferente. Nuestra nueva corriente de feminismo popular es muy inclusiva y pragmática. Es por eso que tantas jóvenes se han unido a nosotras en los últimos meses. Vemos que las generaciones más jóvenes están más politizadas y conscientes. De modo que el movimiento de mujeres está en una posición muy fuerte. Es el único movimiento que ha podido obligar al gobierno a dar un paso atrás en su intento de prohibir el aborto en 2016, y posteriormente en otros temas. Parece que nuestra ira los asusta, pero siguen haciendo cosas para empeorar nuestra situación.
En resumen, las mujeres estamos experimentando reveses en nuestra situación legal pero nuestro poder sigue creciendo. No estoy segura de si este es el caso de la comunidad LGBTQI+, porque se trata de un grupo minoritario y está más expuesta. La situación de las personas LGBTQI+ definitivamente está empeorando en todo sentido.
¿Se han producido más retrocesos en materia de género durante la pandemia del COVID-19?
Aprovechando la pandemia, el gobierno y otros actores han hecho varios intentos para hacer retroceder los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En mayo de 2020, el parlamento polaco propuso un proyecto de ley que eliminaría la obligación legal de los centros médicos de derivar pacientes a otras instituciones en caso de negarse a proporcionar servicios de aborto en función de las creencias personales de su personal. Según la ley polaca actual, el aborto solo es legal cuando la vida de la madre está en peligro, el embarazo es el resultado de una violación o el feto tiene alguna deformidad grave. Aproximadamente el 98% de los abortos que se realizan caen en esta última categoría, pero en mayo se propuso un proyecto de ley para eliminar esta cláusula. En junio, nuevas disposiciones del Código Penal impusieron duras penas de prisión para quienes apoyen a las mujeres mediante servicios relacionados con el aborto.
Las modificaciones de las leyes sobre el aborto introducidas durante la pandemia surgieron de un proyecto cívico presentado por una organización fundamentalista. Nosotras organizamos protestas, lo cual fue una locura, porque ¿cómo se hace para protestar durante una pandemia, cuando la gente no tiene permitido reunirse? Por eso nos volvimos creativas: inventamos nuevas formas de protesta porque no nos quedó otra opción. Organizamos “colas de protestas”, paradas en fila con dos metros de distancia fuera de una tienda cercana al edificio del Parlamento, de modo de cumplir con las regulaciones de la cuarentena, mientras sosteníamos carteles y paraguas. Esto sucedió en varias ciudades, no solamente en la capital, Varsovia. Como no se nos permitía caminar libremente, también organizamos “protestas en automóvil”. Así interrumpimos el tráfico y bloqueamos la plaza principal de Varsovia durante aproximadamente una hora.
Estas protestas fueron bastante efectivas. Las enmiendas no avanzaron y ahora están “congeladas”. Fueron enviadas a una comisión parlamentaria, pero la comisión no las está estudiando. No han sido rechazadas ni aprobadas. Pero esto también significa que en el futuro podrían ser resucitadas repentinamente y tendremos que volver a lidiar con ellas.
Este gobierno ha dejado claro desde el principio que no apoya los derechos de las mujeres y no le importa la violencia contra las mujeres. Desde que llegó al poder, recortó el financiamiento de los centros de apoyo a las mujeres, los cuales han tenido que recurrir al crowdfunding o están sobreviviendo con donaciones privadas, porque ya no tienen acceso a la financiación estatal. Sin embargo, también se han logrado algunos avances, como ocurrió con una ley que se aprobó recientemente, a propuesta de un partido de izquierda, y que faculta a los agentes de policía a emitir órdenes de restricción que prohíben a los perpetradores de violencia ingresar al hogar de la víctima durante 14 días. Esto ha contribuido a separar inmediatamente a las víctimas de los perpetradores.
Por otra parte, en los últimos meses las autoridades han anunciado repetidamente que están pensando en sacar a Polonia del Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul. Al principio no nos lo tomamos demasiado en serio. Pero siempre es así: primero prueban las aguas para ver qué tan lejos pueden llegar, y si no encuentran demasiada resistencia comienzan a avanzar. El tema no se planteó ni durante la campaña ni durante la elección presidencial, pero apenas una semana más tarde quedó puesto en la agenda. Muchos hechos graves, tales como arrestos de activistas, tuvieron lugar inmediatamente después de las elecciones.
Ahora la situación se está poniendo grave. Varios ministros han hecho anuncios y el presidente ha aprobado la idea de retirarnos del Convenio de Estambul. También están haciendo mucha propaganda en los medios estatales para convencer a la gente de que el Convenio trata sobre la llamada “ideología de género”. Sin embargo, las encuestas muestran que más del 60% de la población está en contra de abandonar el Convenio, en comparación con apenas 15% que apoya la idea. La mitad de quienes se oponen votaron por el partido gobernante. Es extraño que el gobierno esté llevando esta iniciativa tan lejos, dado que va en contra de las opiniones de sus propios votantes.
Habiendo estado al frente de la huelga de mujeres polacas de 2016, ¿qué opina de la situación actual?
Estamos tan acostumbradas a escuchar malas noticias que este último anuncio no nos sorprendió. La situación en Polonia es tal, y cada día suceden tantas cosas malas, que una se vuelve inmune a las malas noticias.
Durante la pandemia, todo se ha vuelto muy político. En lugar de poner el foco en cuidar la salud de las personas, todo se politizó. Se suponía las elecciones presidenciales iban a ser en mayo y hubo mucha discusión sobre si debían realizarse; finalmente se las postergó para finales de junio. El partido gobernante sabía que estaba perdiendo popularidad porque el sistema de salud no es lo suficientemente eficiente y su propio Ministro de Salud estaba ganando mucho dinero mediante la provisión de máscaras y equipos médicos. Por eso el partido gobernante presionó para que las elecciones fueran lo antes posible, antes de que perdiera demasiados votos. Y en lugar de cuidar nuestra seguridad y nuestras vidas, se enfocó en hacer avanzar su propia agenda política. Los intentos de prohibir el aborto fueron indignantes y decepcionantes porque en un momento tan crítico uno espera más responsabilidad de su gobierno.
Yo sabía que la gente estaba cansada de movilizarse, así que me sorprendió ver que tanta gente salió a defender el Convenio de Estambul, que se convirtió en un tema de discusión nacional en los medios de comunicación y en todas partes. Se ha creado mucha energía positiva en torno de este tema, y esto nos está dando la fuerza que necesitamos para detener la iniciativa.
Llevamos cinco años protestando. La protesta tiene su propia dinámica: hay que percibir cuál el momento para decidir cómo reaccionar; a veces intentas una cosa y no funciona. Todo es un experimento. Pero en este momento, sentimos que hay una energía real y un impulso que debemos aprovechar. Hay mucho interés por parte de los medios extranjeros y mucha receptividad en relación con este tema. Esto es un poco extraño, porque en el pasado cada vez que intentamos hacer algo en relación con la violencia contra las mujeres fue muy difícil hacer que la gente se movilizara en las calles. Hay algo en el tema de la violencia que hace difícil traducir los sentimientos en acciones callejeras. Si bien muchas personas lo experimentan o conocen a alguien que ha sido víctima de violencia, prefieren no reaccionar. Muchas veces en el pasado fracasamos cuando intentamos organizar algo sobre el tema de la violencia, pero esta vez la gente se enganchó. Puede que ahora tengamos la oportunidad de defender el derecho a una vida libre de violencia, convirtiéndolo en un problema para el gobierno.
¿Enfrentan los y las activistas polacas que trabajan temas de género alguna restricción de su derecho a organizarse, expresarse y movilizarse?
Soy escritora y artista, y como resultado de mi activismo me han cortado las subvenciones estatales. Ninguna institución estatal quiere trabajar conmigo en este momento, porque si mi nombre aparece en alguna lista, se convierte en un problema para ellos. También podría ser arrestada o llevada a los tribunales por una fundación legal de derecha como Ordo Iuris. Por supuesto, también está el discurso de odio: el gobierno usa tu nombre y tu imagen para hacer propaganda en los medios estatales, y también puedes ser atacada por troles en las redes sociales. La policía te puede hacer daño, como me pasó a mí durante una protesta en 2018. Esta situación se fue dando de forma paulatina, pero en este momento hay una amplia gama de formas de represión disponibles. Por el momento, sin embargo, no he oído hablar de activistas feministas que hayan experimentado ataques físicos procedentes de civiles.
Soy una de las activistas que comenzaron a emprender acciones directas contra el gobierno, de modo que me acusan de muchas cosas. A Ordo Iuris no le agrado porque escribí un libro revelando detalles acerca de la red fundamentalista internacional de la cual forma parte. Estoy en su lista de enemigos, pero hasta ahora no me han demandado. Dicen que están trabajando en su lista de acusaciones en mi contra, porque son muchas. Durante nuestra última protesta, miembros de Ordo Iuris se acercaron a un oficial de policía y trataron de convencerlo de que me pidiera identificación. Pero la policía de Varsovia nos conoce, conoce nuestras caras, sabía que yo no había hecho nada ilegal durante la protesta y rechazó su exigencia.
¿De qué manera puede la sociedad civil llamar a rendir cuentas a un gobierno cada vez más autoritario como el de Polonia, y qué apoyo de la sociedad civil internacional necesita para hacerlo?
Con respecto al Convenio de Estambul, estamos tratando de convencer a la comunidad internacional de que los fondos europeos deben asignarse teniendo en cuenta la situación real del respeto de los derechos humanos por parte de cada miembro de la Unión Europea (UE). La UE cuenta con un nuevo instrumento que establece que la financiación debe estar vinculada a la adhesión a los principios y prácticas democráticos. Estamos tratando de convencer al Consejo de Europa, la fuente del Convenio de Estambul, de que introduzca medidas similares contra los gobiernos que atacan los derechos de sus ciudadanos. Se trata de vincular el financiamiento con el respeto y la promoción de los derechos humanos. El dinero es el único idioma que los gobiernos entienden. Actualmente hay seis ciudades polacas que no reciben fondos europeos por haberse declarado “zonas libres de LGBTI”, lo cual es considerado un acto contrario a los derechos humanos. Quisiéramos plantear este tema junto con las mujeres turcas, que enfrentan una batalla similar contra la iniciativa de su gobierno de retirar al país del Convenio de Estambul. No puedes atacar los derechos humanos como lo están haciendo Hungría y Rusia, y aun así seguir siendo tratado por el Consejo de Europa igual que todos los demás, como interlocutor válido en la conversación. Este es un nuevo enfoque que estamos tratando de que la gente entienda.
Queremos que las organizaciones internacionales de la sociedad civil presionen a los políticos locales para que tomen conciencia de que los temas de derechos humanos y fondos deben considerarse en forma inseparable. El Consejo de Europa también debe entender esto para que podamos sentar un precedente y, en el futuro, tanto aquí como en otros países las mujeres estén protegidas. Si tenemos un gobierno autoritario que hace lo que quiere, aun cuando la ciudadanía no está de acuerdo, necesitamos contar con algunas protecciones externas. Todo lo que tenemos en Polonia es represión, de modo que necesitamos que alguien de fuera esté de nuestro lado y no nos deje solos.
El espacio cívico en Polonia es calificado de “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
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