organizaciones de la sociedad civil
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CHILE: “Grupos antiderechos atacaron la Marcha del Orgullo para intentar socavar su carácter pacífico”
CIVICUS conversa sobre la lucha por los derechos LGBTQI+ en Chile con Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Fundado en 1991 MOVILH es una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de las personas LGBTQI+.En junio de 2024, un grupo de hombres encapuchados atacó la marcha del Orgullo en Santiago de Chile, la ciudad capital. Los agresores intentaron romper el cerco de seguridad que protegía a los asistentes, agrediendo a voluntarios que intentaban detenerlos. Golpearon a activistas y participantes, lanzaron piedras y pintura a las carrozas y dañaron un camión. El ataque ocurrió en medio de un clima de creciente homofobia, que incluyó llamados a boicotear el evento.
¿Qué avances y retrocesos han experimentado los derechos de las personas LGBTQI+ en Chile?
Desde 1991 hasta 2022, año en que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Chile vivió un acelerado cambio a favor de los derechos de las personas LGBTQI+. Esto se reflejó en la derogación de normativas discriminatorias, la aprobación de 18 leyes protectoras y la introducción de políticas públicas antidiscriminatorias en educación, salud y trabajo, además de una transformación cultural favorable.
Sin embargo, desde 2022, tanto las personas como las instituciones que apoyaban públicamente los derechos LGBTQI+ han comenzado a silenciarse, mientras que los opositores se han reorganizado. Los discursos de odio han superado a los discursos amigables, especialmente en redes sociales. Esto se debe, por un lado, a la percepción errónea de que con la aprobación del matrimonio igualitario todo está resuelto y, por el otro, a un retroceso en las convicciones democráticas que ha llevado a sectores antiderechos a ocupar cargos públicos.
El impacto ha sido alarmante. Nuestro informe anual mostró que 2023 fue el peor año para la promoción de los derechos LGBTQI+. Los casos de discriminación aumentaron casi 53%, llegando a 1.597, la cifra más alta registrada, mientras que los discursos de odio se incrementaron 123%.
Esta situación se ha agravado a causa de una ofensiva sin precedentes de grupos de ultraderecha que han ganado poder, especialmente en el Congreso Nacional. De ahí que una de las grandes prioridades para el movimiento LGBTQI+ sea el armado de campañas para contrarrestar los discursos de odio y proteger los derechos conquistados.
¿Cuán graves fueron los incidentes durante la reciente Marcha del Orgullo?
En la última Marcha del Orgullo, un grupo reducido, de no más de 10 personas encapuchadas, perpetró un ataque con mensajes de odio dirigidos a los asistentes y activistas. Con este ataque, típico de los grupos antiderechos, intentaron, sin éxito, erosionar el carácter pacífico que ha caracterizado históricamente a estas marchas, con el objetivo de presentarlas como conflictivas o peligrosas para los intereses de las mayorías.
Aunque el Ejecutivo no reaccionó específicamente en este caso, la Delegación Presidencial Metropolitana jugó un papel clave para asegurar que la marcha se desarrollara sin inconvenientes, ayudando a mantener su carácter pacífico y protegiendo a los participantes durante el recorrido. Esta intervención fue crucial para evitar que el incidente escalara y para preservar el espíritu inclusivo y festivo de la marcha.
¿Cuáles son las prioridades en la agenda LGBTQI+, y cómo trabajan las organizaciones para concretarlas?
Además de la realización de campañas contra los discursos de odio, Chile necesita una reforma a la Ley Antidiscriminatoria para que provea protecciones efectivas y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de derechos humanos para reforzar el cambio cultural en las escuelas, educar en la diversidad y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTQI+.
En Chile hay unas 50 agrupaciones LGBTQI+ distribuidas a lo largo del país. Una nueva forma de trabajo es la especialización: los colectivos surgidos en la última década se dedican exclusivamente a temas como salud, educación o infancia y adolescencia, y tienen un ámbito geográfico de actuación limitado, a diferencia de los movimientos más antiguos, que trabajaban a nivel nacional y buscaban abarcar todas las áreas. Independientemente de los temas que aborden, los colectivos hacen campañas comunicacionales e incidencia legislativa y en políticas públicas, y forman coaliciones para potenciar sus respectivas experticias, presentar demandas comunes, tales como la reforma de la Ley Antidiscriminatoria, y hacer frente a la ofensiva antiderechos.
Además, las agrupaciones desarrollan estudios sobre la realidad de las personas LGBTQI+ en Chile, recopilan estadísticas sobre casos de discriminación y violencia, brindan asesoría legal y psicológica a las víctimas e imparten charlas y talleres de capacitación sobre diversidad sexual y de género a organismos tanto públicos como del sector privado.
Mediante esta combinación de especialización y colaboración, los grupos LGBTQI+ logran enfrentar la violencia y la discriminación de manera más efectiva y continúan avanzando en la conquista de derechos.
¿Cómo se vinculan con el movimiento global y qué tipo de apoyo internacional necesitan?
Las organizaciones LGBTQI+ en Chile integran diversas redes internacionales. MOVILH, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones internacionales como ILGA e integra varias redes latinoamericanas e iberoamericanas, que permiten intercambiar experiencias y aunar esfuerzos. Además, los colectivos LGBTQI+ colaboran bilateralmente con grupos de otros países, intercambiando experiencias y proporcionando ayuda mutua.
A nivel global, los colectivos LGBTQI+ necesitan financiamiento, ya que son uno de los sectores vulnerables que globalmente reciben menos recursos. En el caso de Chile, esta necesidad es constante, ya que el hecho de que seamos un país considerado de ingresos medios-altos generalmente les impide recibir aportes externos. Esto tiene un impacto negativo en la lucha por la igualdad, ya que el país carece de financiamiento estatal focalizado para atender las necesidades de las personas LGBTQI+.
El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con MOVILH a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@Movilh en Twitter.
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Llamamiento a revocar la decisión de suspender la financiación a 11 OSC palestinas e israelíes
Sr. Ignazio Cassis
Departamento de Asuntos Exteriores
Suiza
Palacio Federal Oeste
3003 Berna
Estimado Sr. Cassis,
En nuestra calidad de representantes de organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones del mundo, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra profunda preocupación por la decisión adoptada recientemente por el gobierno de Suiza de suspender los fondos esenciales destinados a las organizaciones de derechos humanos en Palestina. Consideramos que el momento en que se ha tomado esta decisión es alarmante, ya que se produce en un momento en que estas organizaciones son sumamente necesarias para proporcionar una ayuda esencial. Nos alarman las posibles consecuencias de esta decisión y el impacto que puede tener en la población palestina, que depende de la inestimable labor de estas organizaciones.
Estos grupos brindan un apoyo imprescindible a las personas que defienden los derechos humanos, especialmente a las mujeres, además de defender los principios del Estado de derecho y la justicia social. Desempeñan un papel fundamental a la hora de reunir recursos para la sociedad civil y garantizar que las preocupaciones de la comunidad se integren en el proceso de elaboración de políticas públicas.
Precisamente en un momento en que casi 10.000 palestinos, entre ellos más de 4.000 niños, han sido trágicamente asesinados en la Franja de Gaza, donde se ha restringido el acceso a artículos de primera necesidad como agua, alimentos, medicinas y combustible, la suspensión de la financiación de los grupos de derechos humanos agrava la crisis humanitaria que tenemos ante nosotros. Teniendo en cuenta que en Gaza hay casi 25.000 personas heridas y 1,5 millones de desplazados forzosos, es crucial subrayar que esta cuestión trasciende la toma de partido en el conflicto, se trata de un problema de derechos humanos de primera magnitud con implicaciones de largo alcance cuya solución puede llevar años.
Los Principios Generales sobre la Protección del Espacio Cívico y los Derechos de Acceso a los Recursos afirman:
"El ejercicio del derecho a la libertad de asociación se ve gravemente limitado y anulado si se restringe el acceso a los recursos, como demuestra la disminución del número de asociaciones, la reducción de las actividades o la supresión de otras asociaciones".
La Unión Europea y diversos Estados, como Alemania, Dinamarca y Suecia, están volviendo a considerar su apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil palestina e israelí. Esta reconsideración se produce en un periodo en el que los servicios esenciales están desbordados y, lo que es más angustioso, más del 73% de las víctimas en Gaza son mujeres y niños.
Aunque reconocemos la importancia de garantizar que las organizaciones de la sociedad civil actúen en consonancia con las estrategias nacionales y las exigencias de los donantes, consideramos profundamente problemática la decisión de su gobierno de examinar y evaluar el cumplimiento de los criterios de conducta y antidiscriminación del Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) por parte de colaboradores externos. El motivo de nuestra preocupación es que para incontables personas, por no decir una multitud, que dependen de la ayuda de primera necesidad que ofrecen los grupos de derechos humanos que se ven afectados, las consecuencias podrían ser una cuestión de supervivencia.
El gobierno de Suiza ha adquirido reputación por sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos y la sociedad civil, de acuerdo con sus compromisos recogidos en las Directrices para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y las Directrices de la Unión Europea sobre los Defensores de los Derechos Humanos. No obstante, la decisión de detener el apoyo esencial a estas organizaciones, precisamente cuando sus voces son más críticas, podría transmitir un mensaje alarmante para los regímenes autoritarios de todo el mundo. Estos regímenes a menudo imponen limitaciones al espacio cívico y a la financiación de la sociedad civil, y atacan a quienes defienden los derechos humanos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Está Suiza recurriendo inadvertidamente a una forma de "castigo colectivo"?" ¿Está Suiza contribuyendo voluntariamente a reducir el espacio de la sociedad civil?
Teniendo todo esto en cuenta, hacemos un llamamiento urgente a su gobierno para que:
- Reconsidere su decisión sin demora, ajustándola a las obligaciones internacionales en materia humanitaria y de derechos humanos.
- Retire todas las restricciones impuestas a las 11 organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes afectadas por esta decisión.
- Reanude las operaciones de financiación para estas organizaciones afectadas.
- Aumente el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que operan en zonas afectadas por conflictos, optimizando así la respuesta humanitaria.
Cc
Embajadas de Suiza
Organizaciones firmantes:
- Aalem for Orphans and Vulnerable Children, Inc
- Arab NGO Network for Development (ANND)
- Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
- CIVICUS
- Consortium of Ethiopian Human Rights Organizations (CEHRO)
- CSYM HUDUMA CHRISTIAN SPIRITUAL YOUTH MINISTRY YLO TANZANIA 🇹🇿
- Human Rights & Democracy Media Center “SHAMS”
- Instituto de Comunicación y Desarrollo (ICD), Uruguay
- JOINT Liga de ONGs em Moçambique
- Local Communities Organization - Palestine
- Network of Estonian Non-profit Organizations
- NGO Information and Support Centre, Lithuania
- Pakistan Development Alliance
- Pakistan NGOs Forum
- Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad)
- Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil, SINERGIA.
- Tanzania Association of Non-Governmental Organisations (TANGO)
- UNión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
* Photo: UN Photo / Jean-Marc Ferré
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VENEZUELA: “El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada”
CIVICUS conversa sobre la “ley anti-ONG” recientemente aprobada en Venezuela con Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una organización de la sociedad civil (OSC) que se dedica a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país.El 15 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuelaaprobó una ley conocida como “ley anti-ONG”, que restringe severamente la libertad de asociación. La ley obliga a las OSC a declarar el origen de sus fondos, impone estrictas obligaciones de reporte, incluido el requisito de proveer informaciones sensibles, y prohíbe OSC que se considere que promueven “fascismo, intolerancia y odio”. La medida, propuesta tiempo atrás, acabó siendo adoptada tras laselecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se impuso por amplia diferencia. El gobierno ha desconocido los resultados, reprimido violentamente las protestas en reclamo de democracia e intentado sofocar toda fuente de disenso.
¿Qué establece la ley anti-ONG, y qué lugar ocupa en la arquitectura represiva del régimen gobernante?
Esta nueva ley fue presentada como un instrumento para reglamentar el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, cuando en realidad busca obstaculizarlo. La tercera parte de sus 39 artículos contiene severas sanciones tales como multas, anulación de registros, la expulsión de extranjeros e incluso la disolución de organizaciones. Aunque dice buscar mayor transparencia y rendición de cuentas, tiene solamente dos artículos sobre este tema, que además ya estaba regulado por el Código Civil.
Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que obliga a las OSC a reinscribirse dentro de un plazo de 180 días, y podría dejarlas en un limbo legal en el caso de que no reciban una respuesta de las autoridades. Además, impone revisiones anuales, añadiendo cargas administrativas innecesarias incluso sobre aquellas que no cuentan con recursos financieros.
La ley anti-ONG ley se enmarca en una estrategia represiva de larga data que incluye violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Es un engranaje más en una maquinaria represiva que incluye medidas tales como la anulación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos y activistas, la vigilancia ilegal de teléfonos y redes sociales y la censura de plataformas como WhatsApp y Twitter/X. Altos funcionarios del gobierno ya nos han clasificado como “terroristas”, alentando y justificando la intensificación de la represión.
La ley anti-ONG también puede ser vista como una respuesta a la presión internacional que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones del 28 de julio. Con ella, el gobierno redobla la apuesta y muestra que está dispuesto a castigar a cualquiera que cuestione su legitimidad.
¿Qué efectos podría tener esta ley?
Nos preocupa mucho el hecho de que la nueva ley se parece mucho a la de Nicaragua, que en solo un año resultó en la ilegalización de más de 3.000 OSC.
A mediano plazo, la nueva ley puede afectar gravemente la situación humanitaria. Las nuevas restricciones podrían resultar en una disminución del número de OSC, mientras que las que sigan operando podrían verse forzadas a reducir su capacidad de ejecutar proyectos. Es posible que muchas OSC acaben optando por la informalidad. Aunque esto reduciría costos, también limitaría su capacidad para recibir financiamiento, ya que los donantes suelen preferir trabajar con entidades jurídicas formales.
Es decir, los daños que podría causar no se limitan a las OSC, sino que también afectan a las personas que dependen de sus servicios. Por razones políticas, el gobierno de Venezuela adopta posiciones contradictorias: obliga a empresas en quiebra a seguir operando para “proteger el trabajo”, y al mismo tiempo disuelve OSC por no pagar una multa. Dice proteger el empleo, pero disuelve organizaciones que generan trabajo en el sector humanitario.
La ley anti-ONG busca limitar la independencia de la sociedad civil, permitiendo operar solamente a las OSC afines. El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada.
¿Cómo trabaja la sociedad civil por una transición democrática en Venezuela?
En un contexto marcado por la censura a la expresión política y la libertad de prensa, la sociedad civil venezolana juega un papel crucial en la lucha por una transición democrática. Frente a las restricciones impuestas a los partidos políticos y al control gubernamental sobre los medios, las OSC nos hemos convertido en fuentes confiables de información, aportando un análisis alternativo a la versión oficial. Brindamos datos que el gobierno preferiría ocultar, tales como los referidos al aumento de la desnutrición infantil. Mostramos la realidad y es justamente por eso que nos quieren reprimir.
Las OSC están actuando como observadoras y denunciantes, ofreciendo un análisis crítico y proponiendo alternativas para el futuro del país. Abogamos por una transición dialogada y negociada, pero también establecemos límites éticos y legales claros, de modo de garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados.
¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil venezolana?
La comunidad internacional puede ayudarnos a mantener lo que está pasando en Venezuela dentro del debate global, haciéndose eco de nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto es sumamente importante para que los sectores ideológicos más reticentes reconozcan que las violaciones de derechos humanos no tienen ideología y que la tortura, sin importar quién la comete, es inaceptable y debe ser condenada y castigada.
Es importante que los países con capacidad de influir sobre el gobierno venezolano, como Brasil y Colombia, utilicen su posición para fomentar el diálogo. La presión diplomática y la mediación por parte de países amigos podrían facilitar un proceso de negociación y solución pacífica. Hace más de dos décadas que enfrentamos una emergencia humanitaria compleja; todo apoyo para mitigar la crisis es sumamente valorado, y nos seguirá dando esperanzas y fuerza para enfrentar la situación tan grave que nos toca vivir.
El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con Acceso a la Justicia a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@AccesoaJusticia y@alijdaniels en Twitter.
