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• CHILE: “Grupos antiderechos atacaron la Marcha del Orgullo para intentar socavar su carácter pacífico”

  CIVICUS conversa sobre la lucha por los derechos LGBTQI+ en Chile con Ramón Gómez, encargado de derechos humanos del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH). Fundado en 1991 MOVILH es una organización de la sociedad civil que defiende los derechos de las personas LGBTQI+.

  En junio de 2024, un grupo de hombres encapuchados atacó la marcha del Orgullo en Santiago de Chile, la ciudad capital. Los agresores intentaron romper el cerco de seguridad que protegía a los asistentes, agrediendo a voluntarios que intentaban detenerlos. Golpearon a activistas y participantes, lanzaron piedras y pintura a las carrozas y dañaron un camión. El ataque ocurrió en medio de un clima de creciente homofobia, que incluyó llamados a boicotear el evento.

  ¿Qué avances y retrocesos han experimentado los derechos de las personas LGBTQI+ en Chile?

  Desde 1991 hasta 2022, año en que se aprobó la ley de matrimonio igualitario, Chile vivió un acelerado cambio a favor de los derechos de las personas LGBTQI+. Esto se reflejó en la derogación de normativas discriminatorias, la aprobación de 18 leyes protectoras y la introducción de políticas públicas antidiscriminatorias en educación, salud y trabajo, además de una transformación cultural favorable.

  Sin embargo, desde 2022, tanto las personas como las instituciones que apoyaban públicamente los derechos LGBTQI+ han comenzado a silenciarse, mientras que los opositores se han reorganizado. Los discursos de odio han superado a los discursos amigables, especialmente en redes sociales. Esto se debe, por un lado, a la percepción errónea de que con la aprobación del matrimonio igualitario todo está resuelto y, por el otro, a un retroceso en las convicciones democráticas que ha llevado a sectores antiderechos a ocupar cargos públicos.

  El impacto ha sido alarmante. Nuestro informe anual mostró que 2023 fue el peor año para la promoción de los derechos LGBTQI+. Los casos de discriminación aumentaron casi 53%, llegando a 1.597, la cifra más alta registrada, mientras que los discursos de odio se incrementaron 123%.

  Esta situación se ha agravado a causa de una ofensiva sin precedentes de grupos de ultraderecha que han ganado poder, especialmente en el Congreso Nacional. De ahí que una de las grandes prioridades para el movimiento LGBTQI+ sea el armado de campañas para contrarrestar los discursos de odio y proteger los derechos conquistados.

  ¿Cuán graves fueron los incidentes durante la reciente Marcha del Orgullo?

  En la última Marcha del Orgullo, un grupo reducido, de no más de 10 personas encapuchadas, perpetró un ataque con mensajes de odio dirigidos a los asistentes y activistas. Con este ataque, típico de los grupos antiderechos, intentaron, sin éxito, erosionar el carácter pacífico que ha caracterizado históricamente a estas marchas, con el objetivo de presentarlas como conflictivas o peligrosas para los intereses de las mayorías.

  Aunque el Ejecutivo no reaccionó específicamente en este caso, la Delegación Presidencial Metropolitana jugó un papel clave para asegurar que la marcha se desarrollara sin inconvenientes, ayudando a mantener su carácter pacífico y protegiendo a los participantes durante el recorrido. Esta intervención fue crucial para evitar que el incidente escalara y para preservar el espíritu inclusivo y festivo de la marcha.

  ¿Cuáles son las prioridades en la agenda LGBTQI+, y cómo trabajan las organizaciones para concretarlas?

  Además de la realización de campañas contra los discursos de odio, Chile necesita una reforma a la Ley Antidiscriminatoria para que provea protecciones efectivas y la aprobación de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de derechos humanos para reforzar el cambio cultural en las escuelas, educar en la diversidad y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes LGBTQI+.

  En Chile hay unas 50 agrupaciones LGBTQI+ distribuidas a lo largo del país. Una nueva forma de trabajo es la especialización: los colectivos surgidos en la última década se dedican exclusivamente a temas como salud, educación o infancia y adolescencia, y tienen un ámbito geográfico de actuación limitado, a diferencia de los movimientos más antiguos, que trabajaban a nivel nacional y buscaban abarcar todas las áreas. Independientemente de los temas que aborden, los colectivos hacen campañas comunicacionales e incidencia legislativa y en políticas públicas, y forman coaliciones para potenciar sus respectivas experticias, presentar demandas comunes, tales como la reforma de la Ley Antidiscriminatoria, y hacer frente a la ofensiva antiderechos.

  Además, las agrupaciones desarrollan estudios sobre la realidad de las personas LGBTQI+ en Chile, recopilan estadísticas sobre casos de discriminación y violencia, brindan asesoría legal y psicológica a las víctimas e imparten charlas y talleres de capacitación sobre diversidad sexual y de género a organismos tanto públicos como del sector privado.

  Mediante esta combinación de especialización y colaboración, los grupos LGBTQI+ logran enfrentar la violencia y la discriminación de manera más efectiva y continúan avanzando en la conquista de derechos.

  ¿Cómo se vinculan con el movimiento global y qué tipo de apoyo internacional necesitan?

  Las organizaciones LGBTQI+ en Chile integran diversas redes internacionales. MOVILH, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones internacionales como ILGA e integra varias redes latinoamericanas e iberoamericanas, que permiten intercambiar experiencias y aunar esfuerzos. Además, los colectivos LGBTQI+ colaboran bilateralmente con grupos de otros países, intercambiando experiencias y proporcionando ayuda mutua.

  A nivel global, los colectivos LGBTQI+ necesitan financiamiento, ya que son uno de los sectores vulnerables que globalmente reciben menos recursos. En el caso de Chile, esta necesidad es constante, ya que el hecho de que seamos un país considerado de ingresos medios-altos generalmente les impide recibir aportes externos. Esto tiene un impacto negativo en la lucha por la igualdad, ya que el país carece de financiamiento estatal focalizado para atender las necesidades de las personas LGBTQI+.

  El espacio cívico en Chile es calificado como “estrecho” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con MOVILH a través de susitio web o sus páginas deFacebook eInstagram, y siga a@Movilh en Twitter.

  
  

   

• HONDURAS: “Exigimos justicia ambiental frente a intereses corruptos e insensibles a las necesidades locales”

  CIVICUS conversa acerca de la resistencia comunitaria contra megaproyectos mineros en Honduras con Juana Esquivel, representante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El Comité integra organizaciones y comunidades locales que resisten contra proyectos extractivos que amenazan el medio ambiente y los bienes públicos y comunitarios.

  El 13 de junio un cabildo abierto convocado por la alcaldía de Tocoa aprobó una planta termoeléctrica de coque de petróleo, pese a que la comunidad local había presentado un recurso de amparo en su contra. Se teme que el proyecto provoque deforestación, sedimentación y contaminación del río Guapinol. Un conflicto similar tuvo lugar en 2014, cuando sin consultar a las comunidades las autoridades otorgaron permisos para una mina en un parque nacional protegido que afectaba a los ríos Guapinol y San Pedro. En respuesta a sus protestas pacíficas contra el proyecto, numerosos activistas fueron criminalizados y ocho de ellos permanecieron largo tiempo detenidos.

  ¿Por qué se oponen al proyecto de planta termoeléctrica en Tocoa?

  Rechazamos la planta termoeléctrica porque sus impactos sobre la salud humana y al medio ambiente serían devastadores. El hecho de que se encuentra a menos de 150 metros de algunas comunidades incrementa significativamente los riesgos. Pero éstos no se reflejan en los estudios deimpacto ambiental presentados por la empresa, que contienen errores intencionales que minimizan los daños reales del proyecto.

  La planta utilizaría PETCoke, una sustancia derivada del carbón y petróleo que no está regulada en Honduras para la producción de energía. Para funcionar, demandaría enormes cantidades de agua, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua potable para las comunidades locales. Los residuos serían vertidos al río Guapinol, afectando gravemente la vida acuática y el ecosistema. Los estudios de la empresa afirman absurdamente que los peces del río se adaptarán a las aguas calientes provenientes de la planta.

  Nuestras demandas son claras: el proyecto no debe instalarse debido a sus graves impactos ambientales y de salud. Exigimos que se respeten nuestros derechos y se proteja nuestro entorno.

  ¿Por qué objetaron la convocatoria al cabildo abierto del 13 de junio?

  La sociedad civilobjetó el llamado debido a la historia de manipulación y falta de transparencia en la implementación de megaproyectos en el municipio. La planta termoeléctrica es parte de un megaproyecto, conocido como Los Pinares/Ecotek del grupo Emco Holdings, que tiene otros seis componentes: dos concesiones mineras en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera, una planta procesadora de óxido de hierro y tres concesiones de agua sobre los ríos Guapinol, Quebrada de Ceibita y San Pedro.

  El municipio emitió un documento falsificado afirmando que hizo una consulta ciudadana para validar el proyecto. Éste es presentado a la comunidad como una solución a sus problemas energéticos, cuando en realidad está diseñado para abastecer de energía a la planta procesadora de óxido de hierro y no a la comunidad.

  En diciembre de 2023 asistimos a uncabildo abierto en el que entre 2.500 y 3.000 personas manifestamos nuestro rechazo al proyecto. Al ver la oposición masiva, el alcalde suspendió el evento alegando razones de seguridad, y en enero convocó unilateralmente otro cabildo, sin el respaldo de las instituciones municipales, que fue suspendido por un recurso de amparo que interpusimos. Finalmente, en el cabildo del 13 de junio, el alcalde manipuló la situación, realizó el cabildo abierto con la oposición de la comunidad y solo escuchó a quienes apoyan el proyecto, que son representante de patronatos controlados por la empresa minera.

  ¿Cómo se ha organizado la comunidad contra este megaproyecto, y qué represalias ha enfrentado?

  Estamos luchando contra el megaproyecto Los Pinares/Ecotek desde 2014. Hemos realizado numerosas manifestaciones de rechazo, incluyendo asambleas populares permanentes frente a al municipio y protestas multitudinarias gracias a las cuales logramos que se declarara a Tocoa como un municipio libre de minería y se restituyera la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.

  En 2018 instalamos el campamentoPor el Agua y la Vida, que duró 88 días. Esta acción directa desencadenó una oleada de criminalización y persecución. Larepresión contra el activismo ambiental ha sido feroz, con 32 requerimientos fiscales y ocho compañeros que estuvieron encarcelados por casi tres años.

  Ha habido asesinatos de personas defensoras y se ha creado un clima de constante amenaza y hostigamiento. Cientos de familias han sido desplazadas por las amenazas y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y de grupos armados contratados por la empresa. 

  A pesar de estos desafíos, persistimos en nuestra lucha contra la corrupción y la violencia estatal y empresarial que afecta a nuestras comunidades desde hace más de una década.

  ¿Ha cumplido elgobierno dela presidentaXiomara Castro sus promesas en relación con Guapinol?

  La actuación del gobierno en relación con este tema ha sido negligente y ha exacerbado la polarización y la conflictividad. Aunque el gobierno ha hecho de Guapinol un tema central en su agenda política, la liberación de los defensores ambientales encarcelados ha sido el resultado de años de movilización y resistencia comunitaria más que de la intervención directa de las autoridades centrales.

  Persiste una deuda significativa del gobierno con Tocoa y Guapinol: la cancelación completa del megaproyecto Los Pinares/Ecotek. En febrero de 2024 se emitió un decreto para proteger áreas del Parque Nacional Carlos Escalera, pero es crucial asegurar su implementación efectiva y la reparación de los daños ambientales ya causados.

  La comunidad sigue vigilante y activa, exigiendo justicia ambiental y la preservación de sus recursos naturales frente a intereses económicos y políticos corruptos e insensibles a las necesidades locales.

  El espacio cívico en Honduras es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

  Póngase en contacto con el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@guapinolre en Twitter.

• VENEZUELA: “El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada”

  CIVICUS conversa sobre la “ley anti-ONG” recientemente aprobada en Venezuela con Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una organización de la sociedad civil (OSC) que se dedica a monitorear la administración de justicia y el estado de derecho en el país.

  El 15 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuelaaprobó una ley conocida como “ley anti-ONG”, que restringe severamente la libertad de asociación. La ley obliga a las OSC a declarar el origen de sus fondos, impone estrictas obligaciones de reporte, incluido el requisito de proveer informaciones sensibles, y prohíbe OSC que se considere que promueven “fascismo, intolerancia y odio”. La medida, propuesta tiempo atrás, acabó siendo adoptada tras laselecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición se impuso por amplia diferencia. El gobierno ha desconocido los resultados, reprimido violentamente las protestas en reclamo de democracia e intentado sofocar toda fuente de disenso.

  ¿Qué establece la ley anti-ONG, y qué lugar ocupa en la arquitectura represiva del régimen gobernante?

  Esta nueva ley fue presentada como un instrumento para reglamentar el ejercicio de las libertades de asociación y expresión, cuando en realidad busca obstaculizarlo. La tercera parte de sus 39 artículos contiene severas sanciones tales como multas, anulación de registros, la expulsión de extranjeros e incluso la disolución de organizaciones. Aunque dice buscar mayor transparencia y rendición de cuentas, tiene solamente dos artículos sobre este tema, que además ya estaba regulado por el Código Civil.

  Uno de los aspectos más preocupantes de la nueva ley es que obliga a las OSC a reinscribirse dentro de un plazo de 180 días, y podría dejarlas en un limbo legal en el caso de que no reciban una respuesta de las autoridades. Además, impone revisiones anuales, añadiendo cargas administrativas innecesarias incluso sobre aquellas que no cuentan con recursos financieros.

  La ley anti-ONG ley se enmarca en una estrategia represiva de larga data que incluye violaciones de derechos humanos tales como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Es un engranaje más en una maquinaria represiva que incluye medidas tales como la anulación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos y activistas, la vigilancia ilegal de teléfonos y redes sociales y la censura de plataformas como WhatsApp y Twitter/X. Altos funcionarios del gobierno ya nos han clasificado como “terroristas”, alentando y justificando la intensificación de la represión.

  La ley anti-ONG también puede ser vista como una respuesta a la presión internacional que ha cuestionado la legitimidad de las elecciones del 28 de julio. Con ella, el gobierno redobla la apuesta y muestra que está dispuesto a castigar a cualquiera que cuestione su legitimidad.

  ¿Qué efectos podría tener esta ley?

  Nos preocupa mucho el hecho de que la nueva ley se parece mucho a la de Nicaragua, que en solo un año resultó en la ilegalización de más de 3.000 OSC.

  A mediano plazo, la nueva ley puede afectar gravemente la situación humanitaria. Las nuevas restricciones podrían resultar en una disminución del número de OSC, mientras que las que sigan operando podrían verse forzadas a reducir su capacidad de ejecutar proyectos. Es posible que muchas OSC acaben optando por la informalidad. Aunque esto reduciría costos, también limitaría su capacidad para recibir financiamiento, ya que los donantes suelen preferir trabajar con entidades jurídicas formales.

  Es decir, los daños que podría causar no se limitan a las OSC, sino que también afectan a las personas que dependen de sus servicios. Por razones políticas, el gobierno de Venezuela adopta posiciones contradictorias: obliga a empresas en quiebra a seguir operando para “proteger el trabajo”, y al mismo tiempo disuelve OSC por no pagar una multa. Dice proteger el empleo, pero disuelve organizaciones que generan trabajo en el sector humanitario.

  La ley anti-ONG busca limitar la independencia de la sociedad civil, permitiendo operar solamente a las OSC afines. El gobierno quiere una sociedad civil alineada con sus intereses, domesticada y silenciada.

  ¿Cómo trabaja la sociedad civil por una transición democrática en Venezuela?

  En un contexto marcado por la censura a la expresión política y la libertad de prensa, la sociedad civil venezolana juega un papel crucial en la lucha por una transición democrática. Frente a las restricciones impuestas a los partidos políticos y al control gubernamental sobre los medios, las OSC nos hemos convertido en fuentes confiables de información, aportando un análisis alternativo a la versión oficial. Brindamos datos que el gobierno preferiría ocultar, tales como los referidos al aumento de la desnutrición infantil. Mostramos la realidad y es justamente por eso que nos quieren reprimir.

  Las OSC están actuando como observadoras y denunciantes, ofreciendo un análisis crítico y proponiendo alternativas para el futuro del país. Abogamos por una transición dialogada y negociada, pero también establecemos límites éticos y legales claros, de modo de garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados.

  ¿Cómo puede la comunidad internacional apoyar a la sociedad civil venezolana?

  La comunidad internacional puede ayudarnos a mantener lo que está pasando en Venezuela dentro del debate global, haciéndose eco de nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esto es sumamente importante para que los sectores ideológicos más reticentes reconozcan que las violaciones de derechos humanos no tienen ideología y que la tortura, sin importar quién la comete, es inaceptable y debe ser condenada y castigada.

  Es importante que los países con capacidad de influir sobre el gobierno venezolano, como Brasil y Colombia, utilicen su posición para fomentar el diálogo. La presión diplomática y la mediación por parte de países amigos podrían facilitar un proceso de negociación y solución pacífica. Hace más de dos décadas que enfrentamos una emergencia humanitaria compleja; todo apoyo para mitigar la crisis es sumamente valorado, y nos seguirá dando esperanzas y fuerza para enfrentar la situación tan grave que nos toca vivir.

  El espacio cívico en Venezuela es calificado como “cerrado” por elCIVICUS Monitor.

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