CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Colombia con un grupo de integrantes de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, quienes respondieron a nuestras preguntas en forma colectiva. La FCSPP es una organización que promueve el respeto y la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en Colombia, con el foco en los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, trato digno, juicio justo e imparcial y otros derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en protestas. La Campaña Defender la Libertad es una red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.
¿Cuáles son las principales causas de las recientes protestas en Colombia?
Desde nuestra lectura, las razones que impulsan las protestas en Colombia son diversas. A la injusticia tributaria, reflejada en propuesta presentada por el gobierno nacional para recaudar más impuestos, se sumó su pésimo manejo de la crisis sanitaria y de las crisis económica, ecológica y socioambiental exacerbadas por la pandemia. En el contexto de la pandemia, una demanda clave pasó por el ineficiente manejo del sistema de salud colombiano y la necesidad de una reforma con foco en la protección de quienes trabajan en el sector sanitario y de atención integral y preventiva a la población en general. También pasaron a primer plano el ineficiente manejo del sistema público de pensiones y los reclamos por la ausencia de políticas públicas que promuevan el acceso equitativo de la juventud colombiana a una educación gratuita y de calidad, así como a empleos de calidad.
Además, a las injusticias socioecológicas provocadas por la política minero-energética promotora de megaproyectos extractivos depredadores se sumó la falta de compromiso del gobierno nacional para firmar el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales, acompañada de una ola que no cede de homicidios y otros ataques contra liderazgos sociales, comunitarios, ambientales, territoriales, comunales y de derechos humanos. Esta violencia se ve perpetuada por la impunidad garantizada por el sistema judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos dentro de la fuerza pública y el Estado en general.
Las protestas también han resaltado la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, la cual en vez de ser protegida, es estigmatizada y atacada por el Estado.
¿Qué conexión mantienen estas protestas con las que ocurrieron en años anteriores?
Las protestas actuales se colocan en directa continuidad con las protestas del año 2020, dado que la pandemia generó un paréntesis extendido durante el cual se impidió que la protesta social se desarrollara físicamente. Durante ese período, sin embargo, las problemáticas estructurales que motivan las protestas sociales no se olvidaron ni mucho menos desaparecieron, sino que por el contrario a menudo se profundizaron y se agravaron.
¿Cómo han respondido las autoridades a las protestas?
La Policía Nacional ha respondido con una avanzada violenta, desproporcionada y en varios casos ilícita, contra las personas manifestantes. Según datos de la Campaña Defender la Libertad, desde el 28 de abril hasta el 21 de julio de 2021 esta violencia dejó 87 personas civiles asesinadas en el marco de protestas, 28 de ellas atribuibles a la fuerza pública, siete a civiles no identificados y 46 a agresores no identificados. En ese lapso, 1905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) y civiles no identificados. Asimismo, 326 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, 106 fueron víctimas de violencias basadas en género, y 3.365 personas fueron detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, lo que dio lugar a 1.603 denuncias por abuso de poder y violencia policial. Estas cifras evidencian la poca disposición al diálogo de las autoridades y la forma en que es violado el derecho a la protesta social en el país. Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida.
Estas vulneraciones de derechos no se producen solamente en el momento de la protesta social sino que también se extienden a las instituciones que deben atender, sistematizar datos y dar seguimiento a las violaciones. Hemos documentado casos de personas heridas que no han sido atendidas en hospitales y centros médicos. Asimismo, los registros de personas desaparecidas de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía divergen ampliamente; al 5 de junio la Defensoría registraba 89 personas desaparecidas en el marco de las protestas, mientras que la Fiscalía registraba 129. Esto demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones estatales que deben desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y oportuno a las vulneraciones de derechos humanos.
¿Qué efectos tuvo la represión sobre los manifestantes?
Luego de que los medios de comunicación difundieran algunos casos, en especial de homicidios y violencia sexual cometida presuntamente por la fuerza pública, la ciudadanía siguió manifestándose en actos de solidaridad y memoria colectiva. También, con el objeto de coordinar acciones, informar a la ciudadanía, debatir y establecer reivindicaciones comunes claras, se realizaron tres Asambleas Nacionales Populares, dos de carácter presencial – una en Bogotá, del 6 al 8 de junio, y otra en Cali, del 17 al 20 de julio- y una tercera de manera virtual, el 15 de agosto. Todas ellas tuvieron amplia participación popular, de organizaciones y movimientos sociales. En localidades, municipios y ciudades también se hicieron discusiones para plantear intereses, necesidades y propuestas. Esto demuestra la disposición de la ciudadanía que ha estado protestando al diálogo permanente con instancias gubernamentales para plantear sus exigencias.
¿Cómo se ha podido sostener la movilización durante varios meses? ¿Se espera que las protestas continúen?
En algunos territorios los manifestantes encontraron una serie de condiciones que les permitieron reunirse pacíficamente y originar nuevos procesos organizativos mediante el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación. Estos procesos se basaron en relaciones de solidaridad previamente constituidas, no solamente en las organizaciones sino también en la sociedad civil no organizada, que se movilizó no únicamente en las marchas pacíficas, sino también a través del envío de donaciones no perecederas, insumos médicos básicos, elementos de protección y otras formas de apoyo a las juventudes movilizadas en lo que actualmente se conoce como “las primeras líneas”.
La movilización se ha sostenido gracias a formas de organización nuevas y creativas que lograron distribuir roles en medio de las álgidas jornadas de represión policial, con personas encargadas de sostener barreras defensivas con escudos improvisados o relativamente elaborados, otras a cargo de devolver los gases lacrimógenos y elementos de disuasión usados por la policía, otras encargadas de dar primeros auxilios médicos, psicosociales, emocionales y jurídicos a quienes los necesitaran, y otras desempeñando roles de cuidado, proporcionando alimentación e hidratación a los manifestantes. El resultado fue el surgimiento de espacios tales como “Puerto Resistencia” en Cali y el “Espacio Humanitario Al Calor de la Olla” en Bogotá, que se replicaron en otros puntos de resistencia en el país. En estos espacios confluyen tejidos interorganizativos e intergeneracionales que a través del diálogo y encuentros asamblearios construyen consensos y priorizan acciones itinerantes adaptables al contexto de cada territorio.
Es de esperar que las protestas continúen, toda vez que éstas no se han surgido únicamente de los históricos epicentros de convocatorias, como las centrales obreras y sindicatos profesorales, sino que hay múltiples epicentros de convocatorias en las ciudades y carreteras del país que logran movilizar ciudadanías diversas organizadas, en proceso de organizarse y no organizadas con diversas motivaciones o coyunturas particulares que las impulsan a salir a las calles. Se vienen fechas históricas que seguramente generarán movilización, tal vez no con una constancia diaria como ocurrió entre abril y julio, pero sí con acciones que mantendrán vivas las exigencias visibilizadas tanto en las Mesas Nacionales de Diálogo del Comité Nacional de Paro como en otros espacios promovidos por la sociedad civil a nivel local y municipal.
¿Cómo han afectado a las manifestaciones los ataques de grupos civiles armados?
La Campaña ha documentado múltiples situaciones en que civiles armados atacan a manifestantes, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. Varias de las agresiones registradas fueron cometidas por civiles en compañía de miembros de la fuerza pública, quienes no realizaron ninguna acción para detenerlos, sino que más bien los apoyaron. Varios de estos civiles se autodenominan “defensores de la propiedad privada”.
Un claro ejemplo de ello, tomado de los registros del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña, ocurrió en Cali en la tarde del 9 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional, junto a varios civiles movilizados en camionetas, atacaron a la Guardia Indígena, un grupo de resistencia civil movilizado en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. El ataque dejó diez personas heridas, una de ellas en estado de gravedad tras recibir un doble impacto de bala en el estómago. Otro caso registrado por el SIAP sucedió en Cali el 6 de mayo; en esta oportunidad, personas armadas vestidas de civil se bajaron de un camión y dispararon contra manifestantes. Como resultado de los reclamos de la ciudadanía para que el Ejército los detuviera, el interior del camión fue revisado y se encontró una chaqueta de la policía, y cuando se revisaron las placas del automotor se determinó que era propiedad policial.
En otros casos, los civiles armados actúan sin presencia de la policía. Es importante mencionar la presencia de grupos paramilitares: en sectores donde hubo un aumento de la movilización se encontraron grafitis y panfletos de grupos paramilitares como las Águilas Negras y las Autodefensas Unidas de Colombia, destinados a amedrentar a la población para disuadirla de participar en la protesta.
¿Cómo ha respondido el gobierno a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?
En las declaraciones públicas en que se refirió a las recomendaciones de la CIDH, el presidente Iván Duque estigmatizó una vez más el ejercicio del derecho a la protesta social y subrayó los efectos de los cortes de ruta sobre los derechos a la movilidad y el trabajo. El Gobierno se amparó en la Constitución para rechazar la propuesta de separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y se mostró a la defensiva frente a la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento de los derechos humanos.
Muy a pesar de las recomendaciones, las vulneraciones de derechos humanos no cesaron. A partir del 7 de julio de 2021, día en que se conocieron públicamente las recomendaciones de la CIDH, la Campaña registró 152 detenciones, en su mayoría arbitrarias, 92 personas heridas por el accionar del ESMAD, la Policía Nacional y civiles armados, cuatro casos de violencias basadas en género, 29 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, 72 denuncias por abuso y violencia policial y 29 allanamientos. Esto ocurrió a pesar de que las movilizaciones habían disminuido en intensidad y frecuencia; buena parte de estas violaciones se concentró en la jornada del 20 de julio. Pero se observó un cambio de estrategia represiva, ya que aumentaron drásticamente los casos de allanamientos.
¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar a la sociedad civil colombiana?
La sociedad civil internacional puede apoyarnos a través de campañas como SOS Colombia, pero de manera permanente, no circunscripta a los momentos álgidos de represión. También podrían ayudarnos dando acompañamiento a los países garantes del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016 en la revisión exhaustiva de la ejecución de los recursos para la construcción de paz, y apoyando a las organizaciones que han denunciado el abuso policial y estatal a través de estrategias investigativas, comunicativas y de incidencia política en organismos internacionales de derechos humanos y espacios de incidencia para dar mayor visibilidad a la crisis social, humanitaria y ecológica que enfrenta Colombia.
El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por el CIVICUS Monitor.
Póngase en contacto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a través de su página web o su perfil de Facebook, y siga a @CSPP_ en Twitter. Contáctese con la Campaña Defender la Libertad a través de su página web o su perfil de Facebook, y siga a @DefenderLiberta en Twitter.