CIVICUS conversa sobre las protestas y las elecciones en Bolivia con Eliana Quiroz, Directora Ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, una organización dedicada a fortalecer el acceso a internet de manera libre y segura. En defensa de los derechos humanos en internet frente a la censura, la vigilancia, la manipulación, la extorsión y otras prácticas nocivas, la Fundación Internet Bolivia centra sus acciones en el fortalecimiento de capacidades en públicos vulnerables, la promoción de espacios de discusión abiertos, y el desarrollo de conocimientos y diversas estrategias tecnológicas.

Las últimas elecciones en Bolivia estuvieron envueltas en escándalo desde mucho antes del recuento de los votos. ¿Podrías relatar el proceso que condujo a la postulación de Evo Morales para un nuevo mandato, y los descontentos que generó?

La historia más reciente comenzó con los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que consultó a la ciudadanía acerca del cambio de un artículo de la Constitución Política del Estado que permitiría a Evo Morales y Álvaro García Linera volver a postularse como candidatos a presidente y vicepresidente. Ambos estaban impedidos de hacerlo porque la Constitución solo permitía dos períodos constitucionales consecutivos para las autoridades electas. De reformarse ese artículo, las elecciones de 2019 abrirían la posibilidad de un tercer periodo – o de un cuarto, según algunas interpretaciones, dependiendo de si cuenta o no el primer período de Morales, cumplimentado bajo la Constitución anterior.

En todo caso, Morales y García Linera perdieron ese referéndum, ya que el 51% de los votos fueron contra la reforma. Sin embargo, no se resignaron y comenzaron a buscar otras opciones para repostularse. Finalmente lo lograron a través de un fallo del Tribunal Constitucional de noviembre de 2017, fundamentado en el derecho humano de elegir y ser elegido, consagrado en el Pacto de San José (la Convención Americana de Derechos Humanos).

En reacción a ello se organizaron movilizaciones sociales y paros nacionales en reivindicación del 21F, la fecha del referéndum, con la consigna “Bolivia Dijo No”, exigiendo respeto al voto popular. Bajo ese paraguas se unieron personas legítimamente molestas con este manejo y militantes opositores que percibieron una crisis de legitimidad e intentaron aprovecharla. Fueron movilizaciones de clases medias urbanas, enfrentadas con la posición de muchos movimientos sociales de base indígena y rural, entre otros que apoyaban la reelección de Morales y García Linera.

En octubre de 2018 se produjeron dos renuncias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una porque "se había estancado el proceso de toma de decisiones al interior" y la otra por motivos de salud. En consecuencia, dos suplentes fueron nombrados como titulares y María Eugenia Choque pasó a ocupar la presidencia del TSE. Este hecho resquebrajó la legitimidad del TSE, y tendría consecuencias cruciales en la crisis política de finales del 2019.

Las elecciones nacionales se celebraron el 20 de octubre de 2019. Ese día el sistema de conteo rápido - que solo brinda información preliminar y no oficial, ya que los datos oficiales se anuncian días más tarde, una vez comprobadas físicamente las actas - se detuvo a las 19:40 horas. Cuando dejó de funcionar, con el 84% de los votos ingresados, daba ventaja al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficialista, pero no la suficiente para que pudiera ganar en primera vuelta. El sistema estuvo sin funcionar durante 23 horas.

A partir de este momento se iniciaron movilizaciones contra el TSE y sus oficinas departamentales, varias de las cuales fueron asaltadas y quemadas en medio de enfrentamientos entre ciudadanos que apoyaban al MAS y opositores. La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los gobiernos de varios países expresaron preocupación por la violencia y la crisis de legitimidad. Varias voces pidieron una segunda vuelta, mientras que otras denunciaron que se estaba fraguando un golpe de Estado. El 24 de octubre, cuando se presentaron unos resultados oficiales que mostraban a Evo Morales como ganador en primera vuelta, la crisis de legitimidad ya era imparable. De ahí que Morales llamara a una segunda vuelta e invitara a la OEA a realizar una auditoría vinculante.

¿Cómo fue que las protestas ante las denuncias de fraude terminaron con la renuncia del presidente Morales?

La estabilidad del gobierno era precaria; se sostenía a la espera del resultado de la auditoría de la OEA, que sería vinculante. Grupos de sociedad civil y académicos hicieron estudios que sustanciaban la acusación de fraude electoral, que fueron presentados a la misión de auditoría. Se hicieron vigilias en varias ciudades, particularmente en Santa Cruz, que paró 21 días exigiendo la renuncia de Morales. En ese momento el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tomó un gran protagonismo; dijo que iría a La Paz a entregar una carta en la que pedía la renuncia de Evo Morales. Entretanto el padre de éste (se supo después según declaraciones del propio Camacho) “arreglaba” con policías y militares. Varios grupos de otras ciudades del país que se dirigían a La Paz para apoyar las movilizaciones ciudadanas contra Morales fueron violentamente reprimidos. Hubo violentos enfrentamientos callejeros entre grupos que apoyaban a Morales y grupos que denunciaban fraude; se quemaron casas de campaña del MAS y oficinas públicas. También se presionó a autoridades para provocar su renuncia. En este sentido, se quemaron casas de autoridades en Oruro. El gobierno reprimió las protestas contra el MAS y hubo tres muertos: uno en Cochabamba y dos en Montero.

Las movilizaciones encontraron un punto de inflexión con el amotinamiento de la Policía Boliviana, que si bien sostuvo demandas sectoriales, también se plegó a las exigencias de renuncia y nuevas elecciones de los sectores movilizados. Desde el 8 de noviembre, unidades de la policía comenzaron a amotinarse sosteniendo que no podían enfrentarse a su pueblo. En la madrugada del 10 de noviembre, dos días antes de lo previsto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó el Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral, que daba cuenta de irregularidades en las elecciones, y aseveró que había habido fraude, aunque el informe preliminar contenía escasa evidencia para aseverarlo. En respuesta, Evo Morales llamó a nuevas elecciones con un nuevo TSE. Pero ya era tarde: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, que había aclarado que no saldría en contra del pueblo, acompañado de los comandantes de las fuerzas en conferencia de prensa, sugirió una renuncia del presidente. Morales renunció ese mismo mediodía y partió como asilado a México; pocas semanas más tarde buscó refugio en Argentina.

Parece ser que las protestas continuaron, a ambos lados del espectro político. ¿Qué reclama la ciudadanía movilizada? ¿Han enfrentado las diferentes protestas respuestas diferenciadas por parte de las fuerzas de seguridad?

Después de la renuncia de Morales se suscitó un vacío de poder que duró hasta el 12 de noviembre, cuando asumió como presidenta interina la senadora Jeanine Áñez, haciendo uso de un recurso legal que fue tan apoyado como criticado. En ese lapso se generó un estado de terror en la población urbana de Cochabamba, El Alto y La Paz. Los policías estaban amotinados y ofrecían seguridad en las calles de manera limitada. Grupos ciudadanos que apoyaban al MAS se enfrentaban con grupos que celebraban la renuncia. Se quemaron casas de opositores al MAS y buses de servicio público, se amenazó con invadir casas de zonas residenciales, en la mayor parte de los barrios se construyeron barricadas y se hicieron vigilias para cuidar los bienes de las arremetidas de grupos que apoyaban al MAS y de delincuentes. La policía pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas porque se vio rebasada.

La represión policial y militar contra manifestantes que apoyaban al MAS, así como la reacción de estos últimos, arrojó 33 muertos a partir del 10 de noviembre. Los principales picos de violencia se produjeron en Sacaba, en Cochabamba, el 15 de noviembre, y en Senkata, en El Alto, el 19 de noviembre.

Se denunció que antes del 10 de noviembre la policía reprimía a ciudadanos que se manifestaban contra Evo Morales, y que después de esa fecha pasó a reprimir a quienes se manifestaban a favor del entonces expresidente. Por ejemplo, antes de la renuncia de Morales, el 31 de octubre, mineros y policías defendieron Plaza Murillo: la Policía abrió paso a los mineros para que lanzaran dinamita a la gente que estaba protestando a pesar de que el uso de dinamita en protestas está prohibido por decreto. Después de la renuncia de Morales, la Policía pasó a proteger a grupos ciudadanos contrarios al MAS e incluso a coordinar con algunos como La Resistencia.

Los militares no actuaron en las calles cuando Morales era presidente sino que salieron después de su renuncia, y han reprimido violentamente a grupos partidarios del MAS. La presidenta provisional incluso emitió un decreto que les daba impunidad por sus acciones, aunque debió anularlo ante las presiones recibidas.

Entretanto surgieron grupos civiles irregulares que tomaron algunas funciones de policía, autodenominados La Resistencia. Se ha denunciado que están armados, aunque no hay pruebas de ello. Recientemente fueron filmados mientras desalojaban a indígenas de la plaza de Cochabamba aduciendo que estaban arruinando sus banderas allí colocadas. En Santa Cruz, donde ya existía la Unión Juvenil Cruceñista, así como en La Paz, Oruro y Sucre, han surgido grupos de La Resistencia. Estos grupos civiles dicen dar seguridad, hacen vigilias frente a embajadas y casas de ex autoridades del MAS para evitar que se fuguen del país, organizan recaudaciones para proveer insumos a la policía, informan y mantienen relación con personas de inteligencia.

Sigue habiendo manifestaciones a favor y en contra de Evo Morales y de su legitimidad como actor político. Unos quieren verlo excluido y anulado, otros desean que regrese a Bolivia. La política sigue girando alrededor de su figura.

¿Podrías describir el alcance de las violaciones del espacio cívico durante este período?

En la Fundación Internet Bolivia hemos elaborado un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentando violaciones y abusos contra los derechos humanos en internet, así que me referiré especialmente a la situación de los derechos digitales y más en general a otros derechos. Se pueden distinguir tres fases: la primera, desde las elecciones nacionales, el 20 de octubre de 2019, hasta la renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre; la segunda, desde esta fecha hasta mediados de diciembre; y la tercera, desde mediados de diciembre hasta la actualidad.

La primera fase, bajo el gobierno del MAS, se caracterizó por la represión a grupos opositores que organizaban protestas en las calles y se trasladaban a La Paz para apoyar las protestas. Actores gubernamentales y grupos civiles que apoyaban al MAS buscaron evitar, incluso con disparos, que personas opositoras se trasladaran a la sede de gobierno. También fueron incendiados el TSE y viviendas de autoridades del MAS.

En este periodo encontramos 19 incidentes de restricción temporal y bloqueos de páginas de medios de comunicación en Facebook y Twitter, pero es probable que fueran más. Este fenómeno se dio principalmente un día después de las elecciones, el 21 de octubre, y afectó a medios de comunicación que denunciaron fraude electoral. Hubo periodistas que denunciaron la confiscación de sus equipos por parte de manifestantes, y manifestantes que denunciaron que el contenido de sus smartphones fue revisado sin consentimiento. El 5 de noviembre, el líder cívico de Santa Cruz estaba en el Aeropuerto Internacional de El Alto intentando llegar a La Paz para entregar una carta de solicitud de renuncia a Evo Morales; varios periodistas afirmaron que los manifestantes les despojaron de sus dispositivos mientras registraban lo que acontecía afuera del aeropuerto, para borrar los videos o fotografías tomadas o impedir la circulación de material.

La segunda fase, con el gobierno liderado por Jeanine Áñez ya en funciones, se caracterizó por una elevada violencia procedente de varios frentes y de intento de pacificación del país. Durante el vacío de poder de la noche del 10 de noviembre, la violenta represión de grupos afines al MAS arrojó varios muertos. Grupos afines al MAS saquearon tiendas, quemaron viviendas de opositores, negocios, recintos policiales y una flota de más de 60 buses, cercaron las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba para evitar que ingresaran alimentos y combustibles y dinamitaron el muro perimetral de la planta de hidrocarburantes de Senkata. El 12 de noviembre, el día de mayor violencia, los ciudadanos tomaron las calles para defenderlas y prohibieron las redes sociales en la organización de la defensa. Además de prohibir que se tomaran fotos o videos, los vecinos revisaban las mochilas y celulares de gente que parecía extraña al barrio. Los momentos más complicados de este período fueron las represiones en El Alto y en Sacaba.

En esta fase también hubo medios de comunicación que denunciaron ataques contra sus cuentas en redes sociales. La Ministra de Comunicación del nuevo gobierno hizo una declaración pública en la que amenazó con iniciar acciones legales contra periodistas que cometieran sedición e insistió en que tenía identificados a esos periodistas. Dos días más tarde, el 16 de noviembre, el periodista Carlos Valverde, que difunde su programa a través de Facebook Live, anunció que su página de Facebook había sido bloqueada. Medios y periodistas extranjeros fueron acosados y acusados de reportar a favor de la versión del golpe de Estado mientras que los locales fueron acusados de reportar en contra- en ambos casos de manera sesgada, según sus detractores.

Pero la censura no solo vino del gobierno. Personas organizadas a través de Telegram y en grupos secretos Facebook reportaron cuentas en redes sociales y las hicieron cerrar para evitar la propagación de contenidos a favor y en contra del anterior gobierno. Ejemplo de esto fue la creación de un grupo cuyo fin es lograr que se cierren las cuentas de personas con perfiles públicos altos.

Otras acciones generaron tensión social y aumentaron la polarización, tales como declaraciones no comprobadas de autoridades y difusión de noticias falsas en el sentido de que grupos extranjeros y bolivianos armados estarían operando en el país y de que los manifestantes tendrían armas robadas a la policía, además de acusaciones sin respaldo contra personas cercanas o militantes del MAS, difundidas en las redes sociales.

También se registraron intentos del gobierno de influenciar a la opinión pública con la propagación de una narrativa pro-gubernamental mediante el uso de medios públicos. Por ejemplo, el 21 de noviembre numerosos usuarios de la empresa telefónica estatal comentaron en redes sociales que habían recibido un SMS con un enlace que, según se pudo comprobar, llevaba a un video de una llamada entre Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra que había sido presentado en conferencia de prensa por el gobierno unas horas antes. Si bien no se encontraron virus ni malware junto con el video, este caso de spam masivo afectó a líneas de la empresa estatal, lo cual implica que se usaron sus bases de datos para difundir una pieza que reforzaba la narrativa del gobierno. Según las estadísticas de Dropbox, que alojó este video hasta el 24 de noviembre a las 5PM, al menos 80.000 personas habrían accedido a él.

En un contexto en que numerosos civiles buscaban registrar los abusos cometidos por policías y militares para contener la protesta, circularon por redes sociales mensajes que instaban a la ciudadanía no filmar a militares o policías cuando estuvieran realizando operativos encomendados por el gobierno de transición.

En esta fase también hubo casos de confiscación de equipos y acceso sin consentimiento a smartphones. Un caso serio se registró en la zona de Senkata el 19 de noviembre de 2019, cuando un periodista del canal estatal fue golpeado y su cámara de video quemada.

Desde principios de noviembre también comenzaron a proliferar en las redes, y sobre todo en WhatsApp, las iniciativas de desprestigio y persecución política, dirigidas mayormente contra personas afiliadas al MAS. La violencia digital se dirigió desproporcionadamente contra mujeres y jóvenes políticos. Las estrategias se centraron en la difusión de información personal no consentida, también conocida como doxxing, el acoso, las amenazas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La difusión de estas informaciones en redes sociales hace que las personas implicadas reciban insultos o amedrentamientos, por lo que varias de las y los afectadas cerraron sus cuentas o cambiaron sus números de teléfono.

En la tercera fase, aproximadamente desde el 10 de diciembre, ya estamos en un país más calmado, aunque con tensiones, sin enfrentamientos ni represiones violentas, pero con persecuciones políticas, violaciones de debido proceso contra partidarios y simpatizantes del MAS aprehendidos por sedición, terrorismo y otros cargos.

Hemos verificado que varias de las prácticas de las otras fases siguen sucediendo, pero ahora se ven de manera muy marcada violaciones de tratados internacionales y de leyes nacionales y abusos de derechos humanos no tanto en temas digitales sino sobre todo fuera de la red. Ejemplo de ello han sido la detención de dos ex autoridades del gobierno del MAS a pesar de contar con salvoconductos brindados por el propio gobierno de transición (quienes después fueron liberados), el cierre de más de 50 radios comunitarias sin razones claras y la detención de personas en cárceles por presunción de delitos sin respeto del debido proceso.

¿Cómo han respondido las organizaciones de la sociedad civil?

La sociedad civil, al igual que la sociedad política, está profundamente dividida como expresión de la tremenda polarización que vivimos. Incluso las organizaciones de derechos humanos están divididas en sus posiciones. Algunas apoyan las acciones del gobierno de transición y no denuncian faltas contra los derechos humanos, mientras que otras se expresan tímidamente contra las violaciones y abusos de derechos. Incluso hay una nueva que ha surgido de una reunión de personas y agrupaciones de sociedad civil.

El periodismo ha ignorado las anteriores actuaciones y declaraciones (que fueron criticadas cuando sucedieron) de los nuevos gobernantes. La cobertura de prensa se centra en los errores del MAS en los 14 años de su gobierno apoyando a la construcción de un relato a favor del gobierno de transición.

Diferentes grupos de la sociedad civil están atrapados en narrativas polarizantes de un lado o de otro, y nadie parece tener la capacidad para disminuir sus efectos negativos sobre la cohesión social.

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CIVICUS conversa con Alexandra González Zapata, coordinadora del área de democracia y protesta social de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos e integrante de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas. La Fundación Comité de Solidaridad es una organización de la sociedad civil colombiana que trabaja en la defensa de los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, el trato digno, justo e imparcial y demás derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social. La Fundación Comité de Solidaridad es parte de la Campaña Defender la Libertad, que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. Integrada por organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos, Defender la Libertad trabaja en forma coordinada para enfrentar el uso ilegal de la fuerza como mecanismo de persecución contra las personas que, individual o colectivamente, reclaman y promueven derechos humanos en Colombia a través de la movilización social.

¿Por qué estalló y escaló la movilización en Colombia en 2019?

En Colombia existe una indignación que ha venido creciendo poco a poco. El gobierno del presidente Iván Duque, iniciado en agosto de 2018, no comenzó con un amplio margen de legitimidad y apoyo. Los resultados electorales demostraron que un segmento amplio de la ciudadanía rechazaba el poder tradicional y lo que éste representaba: políticas favorables a la guerra, la privatización y el endeudamiento. Este descontento aumentó ante algunas medidas anunciadas por el gobierno, alcanzando incluso a muchos que lo habían votado.

Las propuestas del gobierno apuntaban a eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, a aumentar la edad de jubilación y a reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en el 75% del salario mínimo, entre otras medidas. En reacción se generó un ambiente generalizado de indignación, que se tradujo en una convocatoria unificada a una movilización el 21 de noviembre de 2019.

Lo que pocos esperaban es que la movilización continuara en los días posteriores al 21 de noviembre. Ese día se produjeron hechos de vandalismo, que el gobierno nacional quiso utilizar para deslegitimar la protesta social, adoptando medidas restrictivas de la libertad que incluyeron un toque de queda. En respuesta a ello, la ciudadanía salió a manifestarse libremente. Al día de hoy no sabemos cuál fue el primer barrio o la primera cuadra que inició el cacerolazo del 22 de noviembre, pero lo cierto es que esa dinámica se expandió por toda Bogotá, la ciudad capital, y otras ciudades del país, transformando la narrativa que se había instalado en los medios acerca del vandalismo y posicionando en cambio un discurso público que puso de relieve la indignación ciudadana y los reclamos sociales.

¿Cómo lograron estas movilizaciones sostenerse en el tiempo? ¿En qué se diferencian de otras que hubo en Colombia en el pasado?

Desde el año 2013 en adelante, la movilización social en Colombia ha venido en aumento. En ese año hubo un paro agrario que se extendió por más de 20 días y mantuvo cerradas varias carreteras principales del país. Luego vinieron los paros agrarios de 2015 y 2016, y las “mingas por la vida”, marchas y protestas de decenas de miles de indígenas, y el paro estudiantil de 2018 y 2019.

Es decir, en los últimos años hemos tenido numerosas movilizaciones masivas y sostenidas. Lo que el actual paro nacional tiene de diferente en relación con las movilizaciones pasadas es la participación mayoritaria de la población que vive en las ciudades, principalmente de clase media. Esto motivó que no el paro fuera visto no como resultado del accionar de un grupo específico- indígenas, campesinos o estudiantes - sino en cambio como obra de una ciudadanía indignada y cansada de las políticas que poco a poco la han sumido en la pobreza, a pesar de que el país exhibe indicadores de crecimiento económico positivos. De ahí su carácter masivo y sostenido.

¿Qué reclaman los manifestantes, y qué respuesta esperan del gobierno?

El Comité de Paro Nacional ha presentado un pliego de peticiones divididas en 13 grandes temas: garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social; derechos sociales; derechos económicos; anticorrupción; paz; derechos humanos; derechos de la Madre Tierra; derechos políticos y garantías; temas agrarios, agropecuarios y pesqueros; cumplimiento de acuerdos entre gobierno y organizaciones; retiro de proyectos de ley; derogación de normas; y construcción normativa.

En el primer punto, relativo a las garantías para el derecho de la protesta social, el reclamo es que se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y que no se creen otros cuerpos similares. También se solicita el juicio y castigo a los responsables del fallecimiento de Dylan Cruz, el joven de 18 años que fue asesinado de un tiro en la cabeza cuando corría desarmado para escapar del ESMAD en los primeros días de la protesta en Bogotá.

En el segundo punto, sobre derechos sociales, se solicita el fin de la tercerización laboral, la definición de una tasa de interés para los créditos de vivienda que sea justa y acorde a los ingresos reales de las personas, y a derogación del impuesto que se usa para financiar a la compañía de electricidad Electricaribe.

Hasta el momento no ha habido voluntad de diálogo y negociación por parte del gobierno, que en cambio insiste en hacer “diálogos exploratorios”. Se espera que el gobierno convoque a la mayor brevedad a una mesa de negociación para abordar en profundidad los puntos planteados.

¿Cómo reaccionó el gobierno ante las protestas? ¿Se observaron violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad?

El 15 de noviembre de 2019, seis días antes de que iniciara la jornada de paro, el gobierno nacional tomó la decisión de involucrar al Ejército en los operativos de control y seguridad en la capital del país. Se desplegaron nueve contingentes de la Brigada XIII y más de 350 soldados intervinieron en acciones de monitoreo, patrullaje y controles de seguridad en Bogotá. Esta militarización persiste en la ciudad y preocupa de manera fundamental la acción de un “pelotón antidisturbios” del Ejército Nacional, según información difundida por las autoridades. Es importante recordar que, salvo en circunstancias excepcionales, las fuerzas militares no deberían intervenir en operativos de control, contención o garantía de la realización de las movilizaciones sociales.

Además, según lo confirmaron las autoridades, desde las 6 de la mañana del día 19 de noviembre se llevaron a cabo 37 allanamientos a residencias y lugares de trabajo de profesionales de los medios de comunicación en todo el país. Hasta la fecha, 21 de ellos han sido declarados ilegales luego de su control judicial, debido a que no cumplieron con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos una inferencia razonable que los legitimara. Según la información suministrada por las autoridades, los allanamientos involucraban a personas que se estimaba que podrían cometer actos de vandalismo en la protesta. Sin embargo, se trató principalmente de personas vinculadas a colectivos artísticos, medios de comunicación alternativos y personas pertenecientes a los movimientos sociales. Entre los elementos incautados se contaban afiches, pinceles y pinturas.

El mismo 19 de noviembre el Ministerio del Interior expidió el Decreto 2087/2019, que establecía medidas para el mantenimiento del orden público. Su artículo 3 hizo “un llamado muy especial a los alcaldes distritales y municipales, para que, en su deber de conservar el orden público en sus respectivos territorios, den cumplimiento [a lo establecido en la Ley] en materia de orden público”. Este llamado sentó las condiciones para que las autoridades de por lo menos ocho ciudades - Bogotá, Buenaventura, Cali, Candelaria, Chía, Facatativá, Jamundí y Popayán - decretaran toques de queda. Estos afectaron el ejercicio de los derechos a la libre circulación y a la protesta social de toda la ciudadanía, aunque los hechos de alteración del orden público fueron muy focalizados.

Durante las protestas, las autoridades hicieron un uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Si bien la Resolución 1190 de 2018 establece “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”, en la mayoría de los casos el ESMAD ha intervenido sin que hubiera una razón evidente para ello. El 22 de noviembre intervino en la Plaza de Bolívar, donde había más de 5.000 personas, pese a que la concentración era totalmente pacífica. El 23 de noviembre, como resultado de la intervención injustificada del ESMAD en una movilización pacífica fue asesinado Dylan Cruz. Aunque se encontraba entre las armas permitidas, la munición disparada por el ESMAD ocasionó la muerte del joven a causa de su uso indebido, ya que según normas internacionales este tipo de armas solo pueden utilizarse a una distancia mayor a los 60 metros y sólo contra las extremidades inferiores; caso contrario, pasan a conllevar un riesgo letal. Llama la atención que en un video grabado en vivo por la Campaña Defender la Libertad se escucha a un agente del ESMAD alentando a otro a disparar: “Al que sea, al que sea, dele papi dele”.

Durante el período de las protestas se registraron más de 300 heridos, entre ellos 12 con lesiones oculares. Algunos jóvenes fueron heridos con arma de fuego por parte de la policía, como fue el caso de Duvan Villegas, quien podría quedar parapléjico por un impacto de bala en la espalda. Otro joven perdió su ojo derecho en Bogotá producto de una bala de goma del ESMAD, y otras dos personas tienen su pierna en riesgo por impacto de un gas lacrimógeno lanzado por el cuerpo policial a poca distancia.

En total, se produjeron en el país 1.514 detenciones, 1.109 de ellas en Bogotá. De las 914 personas detenidas, 103 (6,8%) fueron judicializadas por haber sido capturadas en supuesta flagrancia en el delito de violencia contra servidor público; sin embargo, el procedimiento de captura fue decretado ilegal en un alto de casos, tanto por no haber elementos que lo justificaran como por ir acompañado de agresiones físicas contra los detenidos.

El resto de las personas detenidas (93,2%) fueron trasladas por protección o por procedimiento policivo. Según la ley, la detención en estos casos se justifica si la vida o integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro. Sin embargo, en la práctica se hizo un uso abusivo de esta facultad, ya que se trató de detenciones administrativas, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y castigo a la ciudadanía que ejercía su derecho a la protesta. En ese sentido, se trató en la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias.

En algunos de estos casos se documentaron tratos crueles, inhumanos o degradantes durante la detención, particularmente en Comandos de Atención Inmediata o estaciones de policía. Hemos tenido conocimiento de personas que fueron obligadas a desnudarse, otras recibieron descargas eléctricas a través de dispositivos de control eléctrico y algunas experimentaron fracturas en sus manos como resultado de bastonazos o patadas.

Adicionalmente, en Bogotá, más de 620 personas trasladas al Centro de Traslado por Protección fueron sancionadas con un comparendo policial, en muchos casos por alteración a la convivencia, por haber efectuado obstrucción al transporte. Este mecanismo de multa, que ronda los 200.000 pesos colombianos (unos 60 dólares estadounidenses), es usado de manera indiscriminada y afecta el ejercicio de la protesta social.

¿Cómo se ha organizado la sociedad civil frente a estos abusos?

En el año 2012 se creó la Campaña Defender la Libertad. A través de sus Comisiones de Verificación e Intervención, reconocidas en la Resolución 1190 de 2018, la campaña hace acompañamiento in situ de la movilización social, documenta casos de uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades policiales, retención y traslado por protección de manera arbitraria, y diversas modalidades de represión y uso abusivo del poder policial contra manifestantes y personas defensoras de derechos humanos, y sistematiza la información recogida. La campaña también promueve la conformación de una Red Nacional de Comisiones de Verificación e Intervención de la Sociedad Civil en escenarios de movilización social.

Asimismo, a través de un ejercicio de exigibilidad realizado conjuntamente, el Proceso Nacional de Garantías, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y la Campaña Defender la Libertad han obtenido compromisos verificables de las autoridades capitalinas y nacionales de establecer políticas públicas para el respeto de las libertades de las personas, comunidades y organizaciones sociales que exigen y defienden derechos. Los más importantes de ellos son el Decreto 563/2015 (“Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá: Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica”) promulgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá; y la Resolución 1190/2018 (“Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”), promulgada por el Ministerio del Interior.

¿Qué medidas inmediatas debería adoptar el gobierno de Colombia en respuesta a las movilizaciones?

Lo mínimo que debería hacer el gobierno es, primero, convocar a la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica, como espacio de articulación y diálogo para definir mecanismos que garanticen el derecho a la protesta, como lo contempla la Resolución 1190. Asimismo, debería suspender de inmediato el uso de la escopeta calibre 12 por parte de los miembros del ESMAD, por su alto impacto en la integridad y vida de las personas. Segundo, debería abstenerse de continuar con las campañas de estigmatización y criminalización de la protesta social. Tercero, el gobierno debería iniciar un proceso de negociación con el Comité Nacional del Paro para abordar las demandas señaladas. Y en respuesta a las demandas sustantivas del Comité Nacional del Paro, debería empezar por frenar las propuestas de reforma laboral y pensional que se van a tramitar en el Congreso, e iniciar un proceso amplio y participativo para la definición de nuevas leyes sobre esos temas.

¿Piensas que la respuesta de la comunidad internacional ha sido adecuada? ¿Cómo podría en lo sucesivo apoyar a la sociedad civil colombiana y contribuir a salvaguardar el espacio cívico en el país?

Creo que hubo de parte de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas una alerta oportuna frente a los riesgos que presentaba la represión de la protesta social. El llamado que hicieron organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para pedirle al gobierno de ese país una moratoria de la venta de armas antidisturbios estadounidenses a Colombia también fue oportuno.

Sin embargo, también sería importante que la sociedad civil colombiana recibiera apoyo de más largo aliento para emprender estrategias de mediano plazo que permitan hacer un seguimiento más profundo y detallado a la situación de derechos humanos, y particularmente para contribuir a que haya avances judiciales en las investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas.

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CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Colombia con un grupo de integrantes de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas, quienes respondieron a nuestras preguntas en forma colectiva. La FCSPP es una organización que promueve el respeto y la vigencia de los derechos humanos de todas las personas en Colombia, con el foco en los derechos a la vida, la libertad, la integridad física y moral, trato digno, juicio justo e imparcial y otros derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en protestas. La Campaña Defender la Libertad es una red de organizaciones sociales, estudiantiles, culturales, comunales y de derechos humanos que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia.

¿Cuáles son las principales causas de las recientes protestas en Colombia?

Desde nuestra lectura, las razones que impulsan las protestas en Colombia son diversas. A la injusticia tributaria, reflejada en propuesta presentada por el gobierno nacional para recaudar más impuestos, se sumó su pésimo manejo de la crisis sanitaria y de las crisis económica, ecológica y socioambiental exacerbadas por la pandemia. En el contexto de la pandemia, una demanda clave pasó por el ineficiente manejo del sistema de salud colombiano y la necesidad de una reforma con foco en la protección de quienes trabajan en el sector sanitario y de atención integral y preventiva a la población en general. También pasaron a primer plano el ineficiente manejo del sistema público de pensiones y los reclamos por la ausencia de políticas públicas que promuevan el acceso equitativo de la juventud colombiana a una educación gratuita y de calidad, así como a empleos de calidad.

Además, a las injusticias socioecológicas provocadas por la política minero-energética promotora de megaproyectos extractivos depredadores se sumó la falta de compromiso del gobierno nacional para firmar el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales, acompañada de una ola que no cede de homicidios y otros ataques contra liderazgos sociales, comunitarios, ambientales, territoriales, comunales y de derechos humanos. Esta violencia se ve perpetuada por la impunidad garantizada por el sistema judicial a los responsables de violaciones de derechos humanos dentro de la fuerza pública y el Estado en general.

Las protestas también han resaltado la falta de garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, la cual en vez de ser protegida, es estigmatizada y atacada por el Estado.

¿Qué conexión mantienen estas protestas con las que ocurrieron en años anteriores?

Las protestas actuales se colocan en directa continuidad con las protestas del año 2020, dado que la pandemia generó un paréntesis extendido durante el cual se impidió que la protesta social se desarrollara físicamente. Durante ese período, sin embargo, las problemáticas estructurales que motivan las protestas sociales no se olvidaron ni mucho menos desaparecieron, sino que por el contrario a menudo se profundizaron y se agravaron.

¿Cómo han respondido las autoridades a las protestas?

La Policía Nacional ha respondido con una avanzada violenta, desproporcionada y en varios casos ilícita, contra las personas manifestantes. Según datos de la Campaña Defender la Libertad, desde el 28 de abril hasta el 21 de julio de 2021 esta violencia dejó 87 personas civiles asesinadas en el marco de protestas, 28 de ellas atribuibles a la fuerza pública, siete a civiles no identificados y 46 a agresores no identificados. En ese lapso, 1905 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) y civiles no identificados. Asimismo, 326 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, 106 fueron víctimas de violencias basadas en género, y 3.365 personas fueron detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, lo que dio lugar a 1.603 denuncias por abuso de poder y violencia policial. Estas cifras evidencian la poca disposición al diálogo de las autoridades y la forma en que es violado el derecho a la protesta social en el país. Quienes se manifiestan ponen en riesgo su integridad y su vida.

Estas vulneraciones de derechos no se producen solamente en el momento de la protesta social sino que también se extienden a las instituciones que deben atender, sistematizar datos y dar seguimiento a las violaciones. Hemos documentado casos de personas heridas que no han sido atendidas en hospitales y centros médicos. Asimismo, los registros de personas desaparecidas de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía divergen ampliamente; al 5 de junio la Defensoría registraba 89 personas desaparecidas en el marco de las protestas, mientras que la Fiscalía registraba 129. Esto demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones estatales que deben desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y oportuno a las vulneraciones de derechos humanos.

¿Qué efectos tuvo la represión sobre los manifestantes?

Luego de que los medios de comunicación difundieran algunos casos, en especial de homicidios y violencia sexual cometida presuntamente por la fuerza pública, la ciudadanía siguió manifestándose en actos de solidaridad y memoria colectiva. También, con el objeto de coordinar acciones, informar a la ciudadanía, debatir y establecer reivindicaciones comunes claras, se realizaron tres Asambleas Nacionales Populares, dos de carácter presencial – una en Bogotá, del 6 al 8 de junio, y otra en Cali, del 17 al 20 de julio- y una tercera de manera virtual, el 15 de agosto. Todas ellas tuvieron amplia participación popular, de organizaciones y movimientos sociales. En localidades, municipios y ciudades también se hicieron discusiones para plantear intereses, necesidades y propuestas. Esto demuestra la disposición de la ciudadanía que ha estado protestando al diálogo permanente con instancias gubernamentales para plantear sus exigencias.

¿Cómo se ha podido sostener la movilización durante varios meses? ¿Se espera que las protestas continúen?

En algunos territorios los manifestantes encontraron una serie de condiciones que les permitieron reunirse pacíficamente y originar nuevos procesos organizativos mediante el ejercicio de su derecho a la libertad de asociación. Estos procesos se basaron en relaciones de solidaridad previamente constituidas, no solamente en las organizaciones sino también en la sociedad civil no organizada, que se movilizó no únicamente en las marchas pacíficas, sino también a través del envío de donaciones no perecederas, insumos médicos básicos, elementos de protección y otras formas de apoyo a las juventudes movilizadas en lo que actualmente se conoce como “las primeras líneas”.

La movilización se ha sostenido gracias a formas de organización nuevas y creativas que lograron distribuir roles en medio de las álgidas jornadas de represión policial, con personas encargadas de sostener barreras defensivas con escudos improvisados o relativamente elaborados, otras a cargo de devolver los gases lacrimógenos y elementos de disuasión usados por la policía, otras encargadas de dar primeros auxilios médicos, psicosociales, emocionales y jurídicos a quienes los necesitaran, y otras desempeñando roles de cuidado, proporcionando alimentación e hidratación a los manifestantes. El resultado fue el surgimiento de espacios tales como “Puerto Resistencia” en Cali y el “Espacio Humanitario Al Calor de la Olla” en Bogotá, que se replicaron en otros puntos de resistencia en el país. En estos espacios confluyen tejidos interorganizativos e intergeneracionales que a través del diálogo y encuentros asamblearios construyen consensos y priorizan acciones itinerantes adaptables al contexto de cada territorio.

Es de esperar que las protestas continúen, toda vez que éstas no se han surgido únicamente de los históricos epicentros de convocatorias, como las centrales obreras y sindicatos profesorales, sino que hay múltiples epicentros de convocatorias en las ciudades y carreteras del país que logran movilizar ciudadanías diversas organizadas, en proceso de organizarse y no organizadas con diversas motivaciones o coyunturas particulares que las impulsan a salir a las calles. Se vienen fechas históricas que seguramente generarán movilización, tal vez no con una constancia diaria como ocurrió entre abril y julio, pero sí con acciones que mantendrán vivas las exigencias visibilizadas tanto en las Mesas Nacionales de Diálogo del Comité Nacional de Paro como en otros espacios promovidos por la sociedad civil a nivel local y municipal.

¿Cómo han afectado a las manifestaciones los ataques de grupos civiles armados?

La Campaña ha documentado múltiples situaciones en que civiles armados atacan a manifestantes, principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Risaralda, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá. Varias de las agresiones registradas fueron cometidas por civiles en compañía de miembros de la fuerza pública, quienes no realizaron ninguna acción para detenerlos, sino que más bien los apoyaron. Varios de estos civiles se autodenominan “defensores de la propiedad privada”.

Un claro ejemplo de ello, tomado de los registros del Sistema de Información de Agresiones a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña, ocurrió en Cali en la tarde del 9 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional, junto a varios civiles movilizados en camionetas, atacaron a la Guardia Indígena, un grupo de resistencia civil movilizado en defensa del territorio y del plan de vida de las comunidades indígenas. El ataque dejó diez personas heridas, una de ellas en estado de gravedad tras recibir un doble impacto de bala en el estómago. Otro caso registrado por el SIAP sucedió en Cali el 6 de mayo; en esta oportunidad, personas armadas vestidas de civil se bajaron de un camión y dispararon contra manifestantes. Como resultado de los reclamos de la ciudadanía para que el Ejército los detuviera, el interior del camión fue revisado y se encontró una chaqueta de la policía, y cuando se revisaron las placas del automotor se determinó que era propiedad policial.

En otros casos, los civiles armados actúan sin presencia de la policía. Es importante mencionar la presencia de grupos paramilitares: en sectores donde hubo un aumento de la movilización se encontraron grafitis y panfletos de grupos paramilitares como las Águilas Negras y las Autodefensas Unidas de Colombia, destinados a amedrentar a la población para disuadirla de participar en la protesta.

¿Cómo ha respondido el gobierno a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

En las declaraciones públicas en que se refirió a las recomendaciones de la CIDH, el presidente Iván Duque estigmatizó una vez más el ejercicio del derecho a la protesta social y subrayó los efectos de los cortes de ruta sobre los derechos a la movilidad y el trabajo. El Gobierno se amparó en la Constitución para rechazar la propuesta de separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y se mostró a la defensiva frente a la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento de los derechos humanos.

Muy a pesar de las recomendaciones, las vulneraciones de derechos humanos no cesaron. A partir del 7 de julio de 2021, día en que se conocieron públicamente las recomendaciones de la CIDH, la Campaña registró 152 detenciones, en su mayoría arbitrarias, 92 personas heridas por el accionar del ESMAD, la Policía Nacional y civiles armados, cuatro casos de violencias basadas en género, 29 agresiones a personas defensoras de derechos humanos, 72 denuncias por abuso y violencia policial y 29 allanamientos. Esto ocurrió a pesar de que las movilizaciones habían disminuido en intensidad y frecuencia; buena parte de estas violaciones se concentró en la jornada del 20 de julio. Pero se observó un cambio de estrategia represiva, ya que aumentaron drásticamente los casos de allanamientos.

¿Cómo puede la sociedad civil internacional apoyar a la sociedad civil colombiana?

La sociedad civil internacional puede apoyarnos a través de campañas como SOS Colombia, pero de manera permanente, no circunscripta a los momentos álgidos de represión. También podrían ayudarnos dando acompañamiento a los países garantes del Acuerdo de Paz firmado en Colombia en 2016 en la revisión exhaustiva de la ejecución de los recursos para la construcción de paz, y apoyando a las organizaciones que han denunciado el abuso policial y estatal a través de estrategias investigativas, comunicativas y de incidencia política en organismos internacionales de derechos humanos y espacios de incidencia para dar mayor visibilidad a la crisis social, humanitaria y ecológica que enfrenta Colombia.

El espacio cívico en Colombia es calificado como “represivo” por elCIVICUS Monitor.

Póngase en contacto con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@CSPP_ en Twitter. Contáctese con la Campaña Defender la Libertad a través de supágina web o su perfil deFacebook, y siga a@DefenderLiberta en Twitter.

CIVICUS conversa conStéphane Duguinsobrela militarización de la tecnología y los avanceshacia un Tratado de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.

Stéphanees experto enel uso de tecnologías disruptivas tales como ciberataques, campañas de desinformación y ciberterrorismo, ydirector ejecutivo del CyberPeace Institute,una organización de la sociedad civil (OSC) fundada en 2019 para apoyar a OSC humanitarias y a comunidades vulnerables alimitar los daños de los ciberataques ypromover un comportamiento responsable en el ciberespacio. Lleva a cabo actividades de investigación e incidencia y aporta conocimientos jurídicos y políticos a las negociaciones diplomáticas, incluidas las delComité Ad Hoc de las Naciones Unidas que actualmente está elaborando la Convención contra la Ciberdelincuencia.

¿Por qué se necesita un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia?

Ya existen varios instrumentos jurídicos que abordan la ciberdelincuencia, como el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, adoptado en 2001, el primer tratado internacional que trata sobre los ciberdelitos y busca armonizar las legislaciones para mejorar la cooperación en el ámbito de la ciberseguridad, que hasta abril de 2023 ha sido ratificado por 68 Estados de todo el mundo. A este instrumento le siguieron herramientas regionales tales como la Convención dela Unión Africana sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de 2014, entre otras.

Pero el problema de estos instrumentos es que no se implementan adecuadamente. El Convenio de Budapest ni siquiera ha sido ratificado por la mayoría de los Estados, aunque está abierto a todos. E incluso cuando han sido firmados y ratificados, estos instrumentos no se ponen en práctica. Esto significa que los datos no son accesibles más allá de las fronteras, es difícil conseguir cooperación internacional y no se da curso a las solicitudes de extradición.

Es urgente repensar la cooperación transfronteriza para prevenir y combatir los delitos, especialmente desde un punto de vista práctico. Los Estados con más experiencia en la lucha contra la ciberdelincuencia podrían ayudar a los menos dotados de recursos prestándoles asistencia técnica y contribuyendo a la construcción de capacidades.

Por eso es tan importante el hecho de que la ONU esté negociando una convención mundial sobre ciberdelincuencia. En 2019, para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, las OSC –entre ellas el CyberPeace Institute–, las instituciones académicas y otras partes interesadas, la Asamblea General de la ONU estableció el Comité Ad Hoc para elaborar una Convención Internacional Integral para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos –en pocas palabras, un Convenio contra la Ciberdelincuencia. Será el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante para el ciberespacio.

Los objetivos del nuevo tratado son reducir la probabilidad de que se produzcan atentados y, cuando éstos ocurran, limitar los daños y garantizar que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación. De lo que se trata es de proteger no a los Estados, sino a las personas.

¿Cuáles fueron los pasos iniciales en la negociación del tratado?

El primer paso consistió en hacer balance de lo que ya existía y, sobre todo, de lo que faltaba en los instrumentos existentes para comprender lo que había que hacer. También fue importante medir la eficacia de las herramientas existentes y determinar si no funcionaban a causa de defectos de diseño o porque no se aplicaban correctamente. Medir el costo humano de la ciberdelincuencia también fue clave para definir una línea de base para el problema que se intenta abordar con el nuevo tratado.

Otro paso importante, que curiosamente no ha formado parte del debate, habría sido llegar a un acuerdo entre todos los Estados parte para dejar ellos mismos de cometer ciberdelitos. Resulta cuanto menos extraño sentarse a la mesa a debatir definiciones de los delitos cibernéticos y dependientes de la tecnología con Estados que llevan a cabo o facilitan ciberataques. Los programas espía y la vigilancia selectiva, por ejemplo, están siendo financiados y desplegados en su mayoría por Estados, que además financian al sector privado comprando estas tecnologías con el dinero de sus contribuyentes.

¿Cuáles son los principales desafíos?

El principal desafío ha sido definir el ámbito de aplicación del nuevo tratado, es decir, la lista de delitos que se penalizarán. Los delitos cometidos con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suelen pertenecer a dos categorías distintas: delitos dependientes de la tecnología y delitos habilitados por ella. En general, los Estados están de acuerdo en que el tratado debe incluir los delitos ciberdependientes: delitos que sólo pueden cometerse utilizando ordenadores y TIC, tales como el acceso ilegal a ordenadores, la realización de ataques de denegación de servicio y la creación y difusión de programas maliciosos. Si estos delitos no formaran parte del tratado, no habría ningún tratado.

Sin embargo, la inclusión de los delitos habilitados por la tecnología es más controvertida. Se trata de delitos que se llevan a cabo en línea pero que podrían cometerse sin TIC, como el fraude bancario y el robo de datos. No existe una definición internacionalmente aceptada para estos delitos cibernéticos. Algunos Estados consideran delitos cibernéticos a delitos relacionados con los contenidos que circulan en internet, tales como la desinformación, la incitación al extremismo o el apoyo al terrorismo. Se trata de delitos basados en el discurso, cuya penalización puede conducir a la criminalización del discurso o la expresión en línea, con repercusiones negativas sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Muchos Estados que probablemente serán futuros signatarios del tratado utilizan este tipo de lenguaje para atacar el disenso. Sin embargo, existe un consenso generalizado en torno de la inclusión de excepciones limitadas sobre delitos habilitados por la tecnología, como la explotación y el abuso sexual de menores en línea y el fraude informático.

No hay forma de llegar a una definición amplia de los delitos habilitados por la tecnología a menos que vaya acompañada de salvaguardias muy estrictas en materia de derechos humanos. A falta de tales salvaguardias, el tratado debería abarcar un espectro limitado de delitos. Pero no hay acuerdo sobre la definición de las salvaguardias ni sobre cómo ponerlas en práctica, sobre todo en lo que respecta a la protección de datos personales.

Tanto para las víctimas como para los perpetradores, no hay ninguna diferencia entre los delitos ciberdependientes y los habilitados por la tecnología. Si eres víctima, eres víctima de ambos. Muchos grupos criminales –y también agentes estatales– utilizan las mismas herramientas, infraestructuras y procesos para realizar ambos tipos de ataques.

Aunque es necesario incluir más delitos cibernéticos, la forma en que esto se está haciendo es incorrecta, ya que no se están introduciendo salvaguardias ni definiciones claras. La mayoría de los Estados que lo están impulsando han demostrado sobradamente que no respetan ni protegen los derechos humanos, y algunos de ellos –como China, Egipto, India, Irán, Rusia y Siria– han propuesto incluso eliminar toda referencia a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Otro desafío es la falta de acuerdo sobre el seguimiento que deberían hacer los mecanismos de cooperación internacional para garantizar la implementación efectiva del tratado. Siguen sin estar claras las formas en que los Estados van a cooperar y los tipos de actividades que realizarán conjuntamente para combatir estos delitos.

Para evitar que regímenes represivos hagan un mal uso del tratado, deberíamos centrarnos tanto en el alcance de la penalización como en las condiciones de la cooperación internacional. Por ejemplo, las disposiciones sobre extradición deberían incluir el principio de doble incriminación, lo que significa que un acto no debería ser extraditable a menos que constituya un delito tanto en el país que presenta la solicitud como en el que la recibe. Esto es crucial para evitar que Estados autoritarios utilicen este mecanismo para perseguir el disenso y cometer ulteriores violaciones de los derechos humanos.

¿Qué está aportando la sociedad civil a las negociaciones?

La redacción del tratado debe ser un esfuerzo colectivo dirigido a prevenir y disminuir la cantidad de ciberataques. En tanto que entidades independientes, las OSC contribuyen mediante el aporte de conocimientos sobre repercusiones de derechos humanos y posibles amenazas y abogando por que se garanticen los derechos fundamentales.

Por ejemplo, el CyberPeace Institute lleva dos años analizando ciberataques contra instituciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19. Hemos encontrado al menos 500 ciberataques que resultaron en el robo de datos de 20 millones de pacientes. Y esto es apenas la punta del iceberg.

El CyberPeace Institute también presenta recomendaciones al Comité basadas en un enfoque centrado en las víctimas, que incluye medidas preventivas, rendición de cuentas de los perpetradores sobre la base de evidencia, acceso a la justicia y reparación para las víctimas y prevención de la revictimización.

También abogamos por un enfoque basado en los derechos humanos, que garantice el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante protecciones y salvaguardias sólidas. El lenguaje de la Convención debería hacer referencia a marcos específicos de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es importante que la lucha contra la ciberdelincuencia no oponga la seguridad nacional a los derechos humanos.

Este encuadre es especialmente significativo porque los gobiernos llevan mucho tiempo explotando las medidas contra la ciberdelincuencia para expandir el control estatal, ampliar sus poderes de vigilancia, restringir o criminalizar las libertades de expresión y reunión y atacar a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositores políticos en nombre de la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo.

En resumen, el objetivo de la sociedad civil es poner en evidencia el impacto humano de los ciberdelitos y asegurarse de que los Estados lo tengan en cuenta a la hora de negociar el marco y la normativa, que deben crearse para proteger a la ciudadanía. Aportamos las voces de las víctimas, las partes más vulnerables, cuya ciberseguridad cotidiana no está debidamente protegida por el actual marco internacional. El CyberPeace Institute, en particular, aboga por la inclusión de un espectro limitado de ciberdelitos con definiciones claras y restringidas para evitar la criminalización de comportamientos que constituyen el ejercicio de libertades fundamentales y, por lo tanto, derechos humanos.

¿En qué punto del proceso del tratado nos encontramos ahora?

Existe actualmente un documento de negociación consolidado que fue la base de la segunda lectura realizada en las sesiones cuarta y quinta, celebradas en enero y abril de 2023. El siguiente paso es la publicación del borrador cero, que se espera para finales de junio, y que será la base de la negociación en la sexta sesión, que tendrá lugar en Nueva York entre agosto y septiembre de 2023.

El proceso culmina normalmente con una consolidación por parte de los Estados, lo cual va a ser difícil ya que hay muchas divergencias y un plazo ajustado: el tratado debe ser sometido a votación en la 78ª sesión de la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2024.

Hay un bloque de Estados que busca un tratado con el mayor alcance posible, y otro que se inclina por un convenio con un ámbito de aplicación limitado y fuertes salvaguardias. Pero incluso dentro de este segundo bloque sigue habiendo desacuerdos en materia de protección de datos, así como en relación con el enfoque de la seguridad y la ética de tecnologías específicas como la inteligencia artificial.

¿Qué posibilidades hay de que la versión final del tratado se ajuste a las normas internacionales de derechos humanos y, al mismo tiempo, sea apto para cumplir su propósito?

Teniendo en cuenta cómo ha ido el proceso hasta ahora, no soy muy optimista, especialmente en lo que se refiere a la cuestión del respeto de las normas de derechos humanos, debido a la crucial falta de definición de las salvaguardias de derechos humanos. No debemos olvidar que las negociaciones se están produciendo en un contexto de tensa confrontación geopolítica. El CyberPeace Institute ha estado rastreando los ataques desplegados desde el inicio de la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia. Hemos sido testigos de más de 1.500 campañas de ataques con cerca de 100 actores implicados, muchos de ellos Estados, e impactos en más de 45 países. Esta realidad geopolítica complica aún más las negociaciones.

El texto que está ahora sobre mesa se queda corto en lo que se refiere a su potencial para mejorar la vida de las víctimas de delitos en el ciberespacio. Por eso el CyberPeace Institute sigue comprometido con el proceso de redacción: para informar los debates y generar conciencia de modo de obtener un resultado más positivo.

Póngase en contacto con el CyberPeace Institute a través de susitio web o su página deFacebook, y siga a@CyberpeaceInst y a@DuguinStephane en Twitter.