CIVICUS conversa con Jessica Corredor Villamil y Lina Arroyave sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas venezolanas en Colombia. Jessica es directora y Lina es investigadora del área internacional de Dejusticia.
Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia, y dedicado a promover los derechos humanos en Colombia y en el sur global. Promueve el cambio social a través de la investigación-acción, desarrollando propuestas de políticas públicas, campañas de incidencia y litigios estratégicos.
¿Cómo ha reformado Colombia su marco legal para acoger a la migración venezolana?
Actualmente hay tres vías mediante las cuales las personas nacionales de Venezuela pueden obtener el estatus migratorio que les permite permanecer en Colombia por períodos prolongados: las visas, la solicitud de la condición de refugiado y el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPMV).
Este último fue establecido en 2021 para atender la migración masiva procedente de Venezuela. Tiene dos grandes objetivos: identificar a la población migrante venezolana y regularizar su situación migratoria. Para esto prevé dos mecanismos. El primero es el Registro Único de Migrantes Venezolanos, que recoge los datos personales y socioeconómicos de quienes deciden registrarse y es administrado por Migración Colombia, la autoridad de vigilancia y control migratorio. El segundo es el Permiso por Protección Temporal, que autoriza a su portador a permanecer en Colombia por 10 años y le permite acceder a los sistemas de salud y seguridad social, educativo y financiero, convalidar títulos, trabajar y salir del país y reingresar.
Pueden acogerse al ETPMV quienes se encuentren en Colombia de manera regular, quienes han solicitado refugio pero aún no han recibido respuesta, quienes ingresaron al país de manera irregular antes del 31 de enero de 2021, y quienes lo hicieron de manera regular desde finales de mayo de 2021 o lo hagan antes de finales de mayo de 2023. Luego de esa fecha, solo será una opción para niños, niñas y adolescentes.
Aun así, el cumplir con todos los requisitos no es garantía de obtención del ETPMV, ya que su otorgamiento es facultad discrecional de Migración Colombia.
¿Cómo ha funcionado el ETPMV durante su primer año?
El proceso se ha demorado más de lo previsto, lo cual impidió cumplir la meta del gobierno anterior de entregar 1.8 millones de documentos de identificación en 2022.
Según datos de Migración Colombia, hasta noviembre de 2022 cerca de 2,5 millones de personas han ingresado sus datos en el Registro Único para Migrantes Venezolanos, y se han aprobado 1,6 millones de permisos.
Esta brecha es preocupante porque la carencia de estatus migratorio regular impone barreras de acceso a derechos fundamentales y obstaculiza la integración socioeconómica de la población migrante.
Además, muchas personas no se inscribieron en el registro por no haber podido regularizar su situación migratoria. El ETPMV solamente estaba disponible para las personas en situación irregular que hubieran ingresado a Colombia hasta el 31 de enero de 2021. Esta limitación temporal ignora el hecho de que la migración irregular continúa, en gran medida a causa de la imposibilidad de acceder a documentos oficiales en Venezuela. Se asume que la situación de irregularidad obedece a una decisión individual, cuando por lo general es el resultado de la imposibilidad de cumplir con los requisitos exigidos.
¿Qué barreras de integración enfrentan las personas migrantes venezolanas en Colombia?
En un reciente informe identificamos las múltiples barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral formal, así como para el desarrollo de emprendimientos.
La principal barrera legal es la carencia de estatus migratorio regular. Las miles de personas que continúan ingresando a Colombia por pasos fronterizos informales tienen vedado el acceso al ETPMV. Esto tiene impactos tanto para la formalización laboral como para el acceso a fondos de apoyo al emprendimiento, en particular estatales, pero también privados. La mayoría de los trabajadores migrantes independientes trabaja en el sector informal.
El desconocimiento generalizado de la legislación migratoria por parte de los empleadores impone barreras adicionales. Por ejemplo, muchos desconocen que la convalidación de títulos universitarios solo es imprescindible para profesiones cuyo ejercicio implica altos riesgos sociales, como la medicina, o cuyo ejercicio es regulado por el Estado, como el derecho o la arquitectura, y exigen a todos los postulantes la realización del trámite de convalidación de títulos y expedición de tarjetas profesionales. Este trámite requiere de una apostilla que debe ser obtenida en Venezuela antes de migrar, y quienes ya se encuentran en Colombia enfrentan enormes dificultades para conseguirla.
También existen factores sociales y culturales que pueden afectar la situación laboral. Las percepciones negativas de la población migrante venezolana afectan los procesos de selección de personal. La xenofobia y la discriminación se profundizan cuando ocurren hechos de inseguridad, pese a que no hay evidencia de vínculos entre el aumento de la criminalidad y el de la migración.
La falta de capital social, es decir, de contactos bien posicionados y referencias laborales, también es un problema para las personas migrantes.
Algunos obstáculos adicionales dificultan la permanencia en la economía formal. Por ejemplo, muchos bancos se niegan a abrir cuentas de ahorros a personas migrantes venezolanas ya que les exigen no solamente acreditar estatus migratorio regular sino también presentar su pasaporte actualizado, con el que habitualmente no cuentan. Algo similar ocurre con algunas aseguradoras de salud, fondos de pensiones y aseguradoras de riesgos de trabajo.
De ahí que muchas personas migrantes con tal de conseguir algún ingreso acepten empleos precarios y se sometan a condiciones de explotación laboral que incluyen jornadas de trabajo extremadamente largas, salarios por debajo del mínimo, malos tratos y cambios en las condiciones laborales acordadas. En 2019, los ingresos mensuales promedio de una persona migrante venezolana fueron inferiores al salario mínimo legal vigente, y la brecha salarial frente a los nacionales colombianos fue de más de 30 puntos porcentuales.
¿Qué trabajo hace Dejusticia para promover los derechos de las personas migrantes?
En tanto que organización de la sociedad civil, hacemos investigaciones sobre el acceso a derechos de las personas migrantes para sobre esa base hacer incidencia en los procesos de toma de decisiones en materia de política migratoria y formular recomendaciones de política pública. En el proceso de investigación para nuestro informe sobre la inclusión laboral de las y los migrantes venezolanos, por ejemplo, organizamos un evento al cual invitamos a los diferentes sectores involucrados, incluidas varias agencias gubernamentales, para trabajar en las recomendaciones. Asimismo, al iniciarse un nuevo gobierno en agosto de 2022 elaboramos un documento con recomendaciones, en alianza con otras organizaciones.
También desarrollamos litigios estratégicos y campañas de comunicación, y trabajamos con otras organizaciones, a nivel tanto nacional como regional y de otras regiones del sur global, para abordar el fenómeno de las migraciones desde una mirada más amplia.
¿Qué apoyo de la comunidad internacional necesitan las organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes en Colombia?
Es importante que la comunidad internacional dé visibilidad y apoye los procesos que se están dando en relación con los derechos de las personas migrantes venezolanas. Pero también es muy importante que el apoyo de la comunidad internacional abarque otros flujos migratorios y dé cuenta de la problemática en la frontera colombo-panameña, paso obligado para personas migrantes de distintas nacionalidades que quieren llegar a los Estados Unidos.
También es importante que la comunidad internacional le recuerde al gobierno de Colombia los compromisos que ha adquirido a partir de la ratificación de tratados y la adopción de estándares internacionales en materia de migración y refugio.
El espacio cívico en Colombia es calificado como ‘represivo’ por el CIVICUS Monitor.
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