Preocupación grave por las constantes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y la falta de rendición de cuentas de los autores

Su excelencia António Guterres

Secretario general de las Naciones Unidas

405 East 42nd Street, Nueva York, NY,

10017, Estados Unidos, 30

Por correo electrónico: y

Estimado secretario general:

Las organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones aquí firmantes nos dirigimos a usted para llamar su atención sobre la continua erosión del Estado de derecho y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Nicaragua. El presidente Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), están llevando a cabo una campaña sostenida contra las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y la oposición política, y están silenciando cualquier voz alternativa.

Las instituciones independientes, como el poder judicial y otros organismos públicos, están controladas por el gobierno, lo que hace imposible que el presidente Ortega y su administración rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que perpetúan. El gobierno ha ignorado en reiteradas ocasiones las recomendaciones regionales e internacionales para poner fin a estas violaciones de los derechos humanos y, si no se toman medidas con urgencia, no quedará ningún margen para que la sociedad civil y las voces independientes puedan actuar. En concreto, nos preocupan las siguientes cuestiones:

Cancelación sin precedentes de organizaciones de la sociedad civil y restricciones a la libertad de asociación

Nos preocupa que, en los últimos cuatro años, las autoridades nicaragüenses han atacado sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil y han ilegalizado más de 400 ONG acusándolas de socavar el régimen, de actuar como «agentes extranjeros» o de no presentar estados financieros. El número y tipo de organizaciones afectadas no tiene precedentes e incluye organizaciones que prestan una asistencia muy necesaria para mejorar la salud infantil, organizaciones que trabajan en proyectos de desarrollo para comunidades rurales y grupos excluidos y marginados y organizaciones de ayuda humanitaria. Por ejemplo, en 2021 cancelaron la personería jurídica del Colectivo de Mujeres Matagalpan, que prestó una atención muy necesaria a mujeres, niños, niñas, bibliotecas y hogares comunitarios durante más de tres décadas. Otro ejemplo es la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia, que agrupó a organizaciones dedicadas a promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante más de tres décadas.

También se han visto afectadas muchas organizaciones de derechos humanos, grupos ecologistas, asociaciones profesionales, instituciones culturales y educativas y organizaciones religiosas. El ataque a estas organizaciones ha sido precedido y respaldado por una serie de decretos auspiciados por el FSLN. Por ejemplo, en mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó cuatro decretos legislativos que conllevaron la cancelación de la personería jurídica de 94 organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. Las autoridades han seguido cometiendo este tipo de actos, apropiándose de los bienes de algunas organizaciones, entre ellas el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Para restringir aún más el derecho a la libertad de asociación, las autoridades promulgaron el 6 de mayo de 2022 la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Esta ley impone restricciones adicionales para el registro de organizaciones y otorga al gobierno la facultad de exigir información sobre las actividades, la financiación y los beneficiarios de las mismas. Las autoridades nicaragüenses están facultadas para autorizar las actividades de las organizaciones antes de que se lleven a cabo y las organizaciones tienen prohibido participar en actividades políticas, lo cual se define en términos generales.

Criminalización de los medios de comunicación independientes y ataques contra periodistas

Nos preocupa la constante censura de los medios de comunicación independientes y las intimidaciones y detenciones de periodistas. Desde el 2018, se han cerrado más de 20 medios de comunicación y al menos 120 periodistas han huido de Nicaragua para evitar las represalias del Estado. El 10 de junio de 2022, el periodista Juan Lorenzo Holmann, del diario La Prensa, fue condenado a nueve años de prisión por «lavado de dinero». Fue arrestado en agosto de 2021. El 16 de febrero, el periodista Miguel Mendoza fue condenado a nueve años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos políticos tras ser declarado culpable de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «difusión de noticias falsas».

Persecución judicial, intimidación y detención de las personas defensoras de los derechos humanos y miembros de partidos políticos

El régimen del FSLN ha mantenido una campaña de represión, persecución y detención de personas defensoras de los derechos humanos, activistas miembros de la oposición política y personas críticas con el gobierno. En el periodo previo a las elecciones, decenas de personas defensoras de los derechos humanos y de la oposición política fueron detenidas y acusadas de delitos relacionados con la seguridad en virtud del Código Penal y el derecho soberano. En su mayoría, los juicios de las personas detenidas se caracterizan por ser irregulares y, en muchos casos, no se celebran en los tribunales, sino en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la cárcel también conocida como El Chipote.

La mayoría de los juicios se apresuran y las sentencias de los detenidos se dictan sin el debido proceso. Entre los condenados se encuentra el activista Yader Parajón, que exigía justicia para las víctimas de la represión gubernamental y fue declarado culpable de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» el 2 de febrero de 2022. Ana Margarita Vijil, activista feminista y expresidenta del grupo opositor Unamis, fue condenada el 2 de febrero de 2022. La persecución y detención de activistas continúa pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las condiciones deplorables e inhumanas a las que son sometidos, incluidas las de las mujeres. Debido a estas restricciones, el Monitor CIVICUS califica el espacio cívico de Nicaragua como Cerrado.

Por tanto, le pedimos que inste al gobierno de Nicaragua a:

  1. Revertir todas las políticas y leyes restrictivas utilizadas para ilegalizar las organizaciones de la sociedad civil y crear un entorno propicio para que puedan actuar sin temor a sufrir represalias.
  2. Levantar todas las restricciones y organizaciones de la sociedad civil impuestas por el gobierno para que puedan seguir realizando sus actividades.
  3. Poner en libertad a todas las personas defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política, activistas y detenidos y retirar todos los cargos en su contra.      
  4. Tomar medidas para revisar la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro junto con la sociedad civil, para modificar sus disposiciones restrictivas.
  5. Respetar en todo momento el Estado de derecho y garantizar la independencia del poder judicial y de las instituciones del Estado.
  6. Respetar los derechos de los miembros de la oposición política y sus partidarios y crear un entorno propicio para la participación política.