INDONESIA: “Los activistas independentistas pacíficos corren el riesgo de ser considerados terroristas”

CIVICUS conversa con Samuel Awom, coordinador del grupo de derechos humanos KontraS Papúa, que monitorea violaciones de derechos humanos, realiza trabajo de incidencia en favor de las víctimas y trabaja por la paz en Papúa. KontraS Papúa tiene su sede en Jayapura, la capital de Papúa, y monitorea la situación de derechos humanos en toda la región de Papúa.

En Papúa, situada en el extremo oriental del archipiélago indonesio, se han producido graves violaciones de los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias de activistas por parte de las fuerzas de seguridad indonesias bajo el pretexto de reprimir el separatismo. Aunque el presidente de Indonesia, Joko Widodo, sigue prometiendo que atenderá los reclamos del pueblo papú, éste continúa experimentando discriminación, explotación y represión constantes.

Sam Awome

¿Cuál es la situación de derechos humanos en Papúa?

Como se desprende del seguimiento realizado por KontraS Papúa y otros grupos de la sociedad civil, el ejército y la policía cometen graves violaciones de derechos humanos en la región de Papúa. Desde 1963, cuando Indonesia arrebató Papúa a los Países Bajos, han tenido lugar secuestros, asesinatos y otras violaciones de los derechos de los activistas y otros civiles por parte de las fuerzas de seguridad. Esta situación ha persistido hasta hoy. No se ha emprendido ningún proceso legal para investigar y resolver estos incidentes. Este es un problema muy grave en Papúa.

Entre los sucesos recientes se cuenta el desplazamiento de miles de personas de las zonas de Intan Jaya, Nduga y Puncak, donde desde diciembre de 2018 ha habido un conflicto entre los militares y los grupos armados independentistas.

En 2019, la situación se volvió extremadamente tensa tras una serie de incidentes provocados por expresiones racistas contra estudiantes papúes por parte de las autoridades de la isla de Java, que generaron protestas y movilizaciones masivas en toda Papúa. En respuesta, hubo detenciones masivas de manifestantes y activistas, lo que a su vez dio lugar a incidentes violentos como disturbios e incendios intencionales. Hasta el día de hoy los incidentes no se han investigado y se desconoce la identidad de los instigadores y autores de la violencia. Nadie ha comparecido ante la justicia por el asesinato de estudiantes y jóvenes en esos días. Muchos papúes siguen traumatizados por ello.

A continuación, en diciembre de 2019 el conflicto armado se expandió en el distrito de Intan Jaya provocando la huida de miles de civiles, algunos de los cuales fueron asesinados.

Recientemente, el 25 de abril de 2021, el presidente Joko Widodo ordenó al comandante militar y al jefe de la policía que detuvieran a todos los miembros del Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TPN/OPM), un grupo armado independentista, después de que el jefe de la Agencia Regional de Inteligencia del Estado fuera asesinado a tiros. El 29 de abril, el gobierno indonesio clasificó oficialmente al TPN/OPM como organización terrorista, tras lo cual un gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad ingresó en el distrito de Puncak.

¿Cuál cree que será el impacto de la clasificación del TPN/OPM como grupo terrorista?

Esto ocurre en un momento en que todas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y las redes de paz hablan de reconciliación y paz. El fin del conflicto requiere diálogo y negociación entre el gobierno central y Papúa. Etiquetar al grupo armado TPN/OPM como terrorista es una medida regresiva del gobierno de Jokowi que cerrará el espacio para la democracia y la protección de los derechos humanos.

Esto ha empeorado la situación en Papúa. Ahora vemos el despliegue de miles de tropas en la región y el bloqueo del acceso público a internet. Esto creará una situación propicia para el aumento de las violaciones de derechos humanos en Papúa, ya que la Ley Antiterrorista permitirá las detenciones arbitrarias y socavará el Estado de derecho. La Ley Antiterrorista otorga a la policía poderes para retener sospechosos hasta 221 días sin llevarlos a los tribunales, lo cual supone una flagrante violación del derecho de toda persona detenida por una acusación penal a ser llevada sin demora ante un juez y a ser juzgada en un plazo razonable o, caso contrario, ser puesta en libertad. La ley también amplía el uso de personal militar en las operaciones antiterroristas, lo cual aumenta aún más la probabilidad de que se produzca un uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de derechos humanos.

En mi opinión, esta decisión se ha tomado porque el gobierno de Jokowi sólo ha escuchado la opinión de los altos mandos militares y no ha encontrado una solución concreta al problema de Papúa. Mientras tanto, todos los grupos y movimientos de la sociedad civil de Papúa, así como los parlamentos regionales de las provincias y el gobernador, reclaman el diálogo.

Esta decisión impide que las OSC investiguen cuando los civiles son atacados en las zonas de conflicto, ya que las operaciones militares han traído consigo restricciones a la libertad de movimiento.

¿Por qué el gobierno lleva a cabo esta operación militar, y cuál es su impacto en la sociedad civil?

La justificación del gobierno para las operaciones se funda en la acusación de que el TPN/OPM ha atacado a civiles, maestros incluidos, y ha quemado escuelas y un avión. Además, el asesinato del jefe de la Agencia Regional de Inteligencia del Estado de Papúa en el distrito de Puncak ha empeorado la situación. Sin embargo, aún no se ha investigado a fondo el tiroteo para determinar quién fue el responsable. Esta investigación debe ser llevada a cabo por un equipo independiente, pero hasta ahora no se han dado más explicaciones al respecto.

A raíz de este tiroteo, el jefe de la Agencia de Inteligencia de Seguridad de la Policía, el comisario general Paulus Waterpauw, declaró que los activistas de derechos humanos y las OSC están socavando la estabilidad política y dañando la democracia en Papúa. Esto supone un riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, y en particular para los activistas papúes que trabajan para poner fin al conflicto y que participan en los debates políticos en torno a la independencia, que serán catalogados como aliados de los terroristas, estigmatizados y detenidos arbitrariamente.

¿Por qué fue detenido Viktor Yeimo y cuáles son los cargos que se le imputan?

Viktor Yeimo, vocero internacional del Comité Nacional de Papúa Occidental y de la Petición Popular de Papúa contra la Autonomía Especial, fue detenido por las autoridades el 11 de mayo por considerar que estaba detrás de las protestas contra el racismo de 2019. Sin embargo, su interrogatorio por parte de la policía parece estar inclinándose en dirección de su vinculación con el grupo armado TPN/OPM.

Viktor Yeimo fue detenido en Jayapura, llevado a la comisaría de Papúa y trasladado después a la sede de la Brigada Móvil de la Policía en Abepura. Está siendo investigado por traición, incitación y difusión de información falsa, así como por otros cargos. Una coalición de abogados le apoya. Las autoridades le han negado y le han dificultado la comunicación con su familia.

Otros varios activistas del movimiento de la alianza estudiantil de Papúa también fueron detenidos en ciudades dentro y fuera de Papúa y han sido interrogados. El espacio democrático en Papúa se está reduciendo.

Esto se ha visto reforzado por una interrupción de internet que comenzó hace aproximadamente un mes, después del atentado contra el jefe de inteligencia de Papúa. Esto nos ha dificultado mucho la comunicación con nuestros contactos y activistas de toda Papúa. Ha dificultado la obtención de información actualizada sobre la situación en el terreno y el envío de material a lugares como Intan Jaya, Nduga y Puncak Jaya.

¿Qué necesitan los activistas papúes de parte de la sociedad civil y la comunidad internacional?

Necesitamos el apoyo de las OSC internacionales que trabajan con la sociedad civil local para promover y desarrollar el concepto de paz y reconciliación. También necesitamos apoyo para abrir negociaciones entre el gobierno central de Yakarta y Papúa. Además, necesitamos abrir el espacio para el acceso a Papúa, actualmente cerrado, a OSC internacionales, periodistas y observadores humanitarios.

Los actores internacionales y los gobiernos también deben vigilar y denunciar las políticas antiterroristas del gobierno indonesio, que pueden aumentar las violaciones de derechos humanos. A menudo se considera que la población civil de Papúa apoya a los grupos armados, lo que la hace vulnerable. Las personas desplazadas por el conflicto también deben recibir ayuda de la comunidad internacional.

Nuestra esperanza es que las OSC de Papúa, de Indonesia y del resto del mundo puedan trabajar juntas para proteger los derechos humanos y buscar soluciones a las graves violaciones que se producen en Papúa. También es necesaria la solidaridad internacional para buscar una paz duradera que ponga fin al conflicto en Papúa.

El espacio cívico en Indonesia es calificado como obstruidopor el CIVICUS Monitor.

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