CIVICUS conversa acerca de las recientes protestas en Costa Rica con Carlos Berríos Solórzano, cofundador de la Asociación Agentes de Cambio-Nicaragua e integrante de la Red Previos (Red Juvenil Centroamericana). Junto con otros activistas de Centroamérica, recientemente ha fundado el Centro para Cultura de Paz en Centroamérica. Originario de Nicaragua, Carlos es activista juvenil y defensor de derechos humanos. Ha participado en investigaciones sobre migraciones, participación política de jóvenes, integración regional y derechos humanos, y actualmente es maestrante en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica.
¿Cuáles fueron las causas que desencadenaron la ola de protestas a fines de septiembre de 2020?
Las principales causas de las protestas que se iniciaron el 30 de septiembre de 2020 estuvieron relacionadas con el anuncio del gobierno del presidente Carlos Alvarado, hecho público el 17 de septiembre, de que solicitaría financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.750 millones de dólares para encarar la recuperación económica post-COVID-19 e invertir en el sector público. Costa Rica llevaba casi 20 años sin solicitar financiamiento a dicho organismo. La propuesta implicaba un eventual aumento de impuestos en un país donde el costo de vida ya es alto. De hecho, recientemente la legislación de finanzas públicas había aplicado un aumento de impuestos que vino a encarecer los impuestos elevados que ya se pagaban.
Además del aumento de los impuestos sobre la renta y los bienes inmuebles, la propuesta de acuerdo con el FMI incluía nuevos impuestos a las transacciones bancarias y a la renta global. También proponía fusionar algunas instituciones públicas y vender otras, como el Banco Internacional de Costa Rica y la Fábrica Nacional de Licores.
El gobierno anunció su propuesta en forma unilateral, totalmente inconsulta, cuando una negociación de tales dimensiones y con tales implicaciones trasciende con mucho lo económico y debería estar sujeta a negociaciones políticas y a la participación de las principales fuerzas sociales. Las consecuencias de acordar o no acordar con el FMI deben estar sujetas a un debate público que en este caso no tuvo lugar inicialmente.
¿Quiénes salieron a protestar, y qué demandaban?
Principalmente salieron a protestar los sindicatos, la clase trabajadora y los servidores públicos, así como los movimientos sociales y estudiantiles. La principal demanda era que el gobierno suspendiera la propuesta de solicitar financiamiento al FMI y abandonara la idea de privatizar empresas públicas y aumentar la carga impositiva.
Si bien las protestas tuvieron un componente ciudadano, tanto en las calles como en la agenda pública se destacó su componente sectorial. Las organizaciones sindicales suelen identificar más rápido que el resto el impacto de los acuerdos de financiamiento con el FMI sobre sus agendas y luchas.
La sociedad civil también denunció las intenciones del Ejecutivo, alertó sobre las consecuencias, se dedicó a educar a la población y a abrir el debate y apoyó la movilización.
¿Cómo respondió el gobierno a las protestas?
El gobierno de alguna forma respondió en el marco de los estándares internacionales para la dispersión de manifestaciones masivas; de hecho, muchos policías resultaron heridos como resultado de agresiones de pobladores que cerraron carreteras en puntos importantes, incluidos los principales pasos fronterizos con Panamá. Con el paso de los días las tensiones fueron escalando y se observaron quemas de vehículos y enfrentamientos con palos y gases lacrimógenos entre manifestantes y efectivos policiales. Las fuerzas de seguridad respondieron en forma bastante proporcionada a las manifestaciones violentas, de modo que no cabe hablar de un uso desproporcionado de fuerza por parte de las autoridades.
Para neutralizar la situación ante unas protestas que no cedían, el gobierno primero anunció, el 4 de octubre, que daría marcha atrás con su propuesta, pero exigió a los manifestantes que cesaran los bloqueos como condición para dialogar con ellos. Los manifestantes, por su parte, pusieron condiciones para levantar los bloqueos – en particular, que el gobierno se comprometiera por escrito a no acudir al FMI durante el resto de su mandato y que descartara vender activos estatales y aumentar los impuestos. Las manifestaciones continuaron, y en respuesta el gobierno hizo pública su estrategia de negociación con el FMI y se abrió a la recepción de comentarios de todos los sectores. El 11 de octubre el gobierno anunció un “diálogo social” a nivel nacional y territorial, en el que 25 representantes de diversos sectores - empresarios, trabajadores, mujeres, iglesias, estudiantes universitarios y agricultores, entre otros - presentarían sus propias propuestas para solventar la crisis económica profundizada por la pandemia de COVID-19. La pregunta planteada era muy concreta: “¿cómo lograr una mejora permanente de al menos 2,5 puntos porcentuales del PIB en el déficit primario del Gobierno central y una disminución a corto plazo del monto de la deuda pública (de unos 8 puntos porcentuales del PIB), mediante una mezcla de acciones de ingresos, gastos y gestión del endeudamiento público, para evitar que el Estado caiga en una cesación de pagos?”
¿Consiguieron los manifestantes que se atendiera alguna de sus demandas?
A pesar del intenso proceso de diálogo con diversos sectores y de los valiosos aportes volcados en este proceso, las demandas de fondo no han sido atendidas, aunque según el gobierno están siendo consideradas dentro de la institucionalidad para darles la atención que ameritan.
Las protestas se reanudaron precisamente porque el proceso de diálogo no mostraba resultados y las autoridades mostraban una escasa voluntad política en términos de cumplimiento. Esto se reflejó en el anuncio de que el gobierno continuaría con la solicitud de financiamiento.
En efecto, tras el proceso de diálogo el Ejecutivo se mantuvo firme en su propuesta de solicitar financiamiento al FMI. Retrospectivamente, en vistas de estos resultados, la sociedad civil evaluó que el llamado al diálogo social no había sido otra cosa que una estrategia de desmovilización.
Costa Rica suele ser presentado como un caso modelo de estabilidad, orden, equidad social y cultura democrática. ¿Se trata acaso de un espejismo?
Si bien es cierto que Costa Rica goza de una institucionalidad robusta en comparación con sus vecinos de Centroamérica, que ha resultado en estabilidad económica y social, al mismo tiempo sigue sin atender profundas desigualdades sociales en las zonas más vulnerables del país. Los problemas sociales están desatendidos a causa de la falta de voluntad política y de la existencia de unos niveles de corrupción que, sin ser “escandalosos” en comparación con los niveles internacionales, permea las estructuras políticas y económicas del país y permite a la clase política y a la élite económica coludir para repartirse el Estado.
Las protestas pusieron en evidencia problemas estructurales irresueltos en Costa Rica. En ellas se sumaron demandas inmediatas insatisfechas y problemas estructurales relativos al reparto de la riqueza, la evasión fiscal del gran capital y el control de las élites económicas sobre el aparato estatal, que se materializa en la desigualdad social de personas migrantes, indígenas, afrodescendientes y rurales.
El espacio cívico en Costa Rica es calificado como “estrecho” por el CIVICUS Monitor.
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