CIVICUS conversa sobre la supresión de votantes y sus implicancias para la democracia en Estados Unidos con Yael Bromberg, asesora principal en el área de derechos electorales en la Fundación Andrew Goodman, una organización que trabaja para convertir a las voces de los jóvenes -uno de los grupos de votantes más subrepresentados de los Estados Unidos- en una poderosa fuerza para la democracia. La Fundación fue establecida en 1966 para perpetuar el espíritu y la misión de Andy Goodman, quien en 1964 se unió a Freedom Summer, un proyecto para registrar a los afroamericanos para votar y así desmantelar la segregación y la opresión, y fue asesinado por el Ku Klux Klan en su primer día en Mississippi. La Fundación apoya iniciativas de desarrollo del liderazgo juvenil, accesibilidad del voto y justicia social en casi un centenar de instituciones de educación superior en todo el país.
Para un observador externo es confuso que un país que se promueve a sí mismo como el paradigma de la democracia ponga barreras que limitan el derecho al voto de millones de sus ciudadanos. ¿Podría contarnos un poco más acerca del fenómeno de la supresión de votantes en Estados Unidos?
Es cierto que Estados Unidos se ha promocionado a sí mismo como un modelo de democracia. Como ciudadana inmigrante y naturalizada cuyos abuelos sobrevivieron al Holocausto y a los gulags soviéticos, aprecio el carácter único de algunas de las libertades que se disfrutan en este país. Por ejemplo, si bien nuestro sistema judicial se encuentra actualmente bajo seria amenaza debido a la politización y la polarización de la magistratura, generalmente ha resistido el tipo de corrupción que está enraizado en otros países. Aunque nuestro sistema legal está en tensión y hay ciertas prácticas arraigadas, como la extrema impunidad policial, que deben ser abordadas, nuestro sistema legislativo puede, si lo desea, colmar las brechas que ha dejado el poder judicial. Pese a que la inyección de grandes cantidades de dinero, incluido dinero de oscura procedencia, ha ahogado a nuestra política, los más serios defensores de la democracia, que han resistido a cosas mucho peores, nos enseñan que la democracia es un viaje largo y persistente más que un destino. Sí, en este país tenemos problemas sistémicos que requieren una reforma profunda, y las vidas de personas de carne y hueso se resienten a causa de las disfuncionalidades de la tiranía de una minoría. Pero también contamos con los principios fundacionales de los Estados Unidos – la libertad y la igualdad - y la posibilidad de realizar nuestro ideal.
En la época fundacional de esta nación, solo los hombres blancos que eran propietarios tenían derecho al voto. Mediante el proceso de ratificación constitucional se abolió la esclavitud y se concedió el derecho de voto a los hombres liberados. Persistieron leyes injustas, tales como las pruebas de alfabetismo y los impuestos electorales, utilizados para evitar que las minorías raciales votaran. Esto se combinó con otras leyes de la era de Jim Crow que ofrecían razones arbitrarias para encarcelar a esclavos liberados y obligarlos a regresar a los campos de trabajo, privándolos del derecho al voto cuando eran liberados. La resistencia popular aumentó en la medida en que la violencia física y política del sistema de segregación se fue poniendo en evidencia en la década de 1960, y resultó en leyes más fuertes y nuevas enmiendas constitucionales.
Hoy en día la supresión de votantes equivale a la situación del zorro que guarda el gallinero. Quienes tienen el privilegio de definir las leyes determinan quiénes están adentro y quiénes quedan afuera. Por ejemplo, las leyes estrictas de identificación de votantes que van más allá de exigir una prueba de identidad estándar se extendieron por todo el país tras la elección de Obama como presidente. Alabama estableció reglas estrictas de identificación de votantes y luego cerró las oficinas de emisión de licencias de conducir, adonde se podían obtener tales identificaciones, en extensas zonas rurales del estado donde reside la población negra. Los políticos trazan los límites de sus distritos para asegurar el futuro de su propio partido y sus futuras oportunidades personales de ocupación de cargos. No hay lugares de votación en los campus universitarios, donde se concentran los jóvenes. Incluso durante una pandemia global, el voto por correo sigue sin ser un derecho universal. Mientras que un estado, Nueva Jersey, establece por lo menos diez urnas por ciudad para recolectar las boletas enviadas por correo, otro, el de Texas, recurrió exitosamente a los tribunales para limitar las urnas a una por condado. Para empeorar las cosas, cuando estas leyes son llevadas a los tribunales, éstos no siempre fallan a favor de los votantes.
La temporada electoral de 2020 ha sido particularmente sorprendente. El poder judicial federal parece obsesionado con la idea de que los cambios de última hora en las reglas electorales conducen a la supresión de votantes, incluso cuando se trata de leyes que amplían el acceso al voto. Esto desafía la lógica. Si una ley limita el acceso, se entiende. Pero si una ley simplemente amplía el acceso, no está claro dónde está el perjuicio para los votantes.
La pregunta que surge naturalmente de nuestro paradigma es: si Estados Unidos realmente es un ejemplo de democracia, entonces ¿por qué tenemos tanto miedo de abrazar las primeras tres palabras de nuestra Constitución: “Nosotros el pueblo”?
¿Considera que la supresión de votantes ha sido un tema crucial en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020?
Absolutamente. Las elecciones presidenciales de 2020 arrojan por lo menos cinco conclusiones importantes: 1) Nuestros gobiernos estaduales pueden ampliar fácilmente el acceso a las urnas de manera segura, entre otras cosas extendiendo los períodos de votación anticipada y las oportunidades para votar por correo; 2) Los votantes de todos los partidos aprovechan estos mecanismos y se benefician de ellos, como lo demuestra el récord de participación electoral de este año; 3) La expansión y la modernización electorales no conducen al fraude electoral; 4) Este año los votantes se sintieron motivados a votar a pesar de los obstáculos discriminatorios y arbitrarios que se interpusieron en su camino; 5) El mito del fraude electoral, más que la evidencia real y sistémica de fraude, ha surgido como una amenaza significativa tanto para proteger el acceso a las urnas como para mantener la confianza pública en nuestro sistema electoral.
En 2013, la Corte Suprema eliminó una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Esa salvaguarda exigía que los estados con un historial demostrado de supresión de votantes obtuvieran aprobación antes de modificar sus leyes electorales. Eliminada la salvaguarda, se abrieron las compuertas para la supresión de votantes. El número de lugares de votación se redujo: entre 2012 y 2018 se cerraron 1.700 lugares de votación, 1.100 de ellos entre las elecciones de mitad de período de 2014 y las de 2018. Se aprobaron leyes estrictas de identificación de votantes, lo que dificultó el acceso al voto de las personas pobres, de color y jóvenes. Otras medidas, como la depuración de los registros estaduales de votantes y la rezonificación de los distritos electorales, diluyeron aún más el poder de voto. Es importante tener en cuenta que todo esto sucede a costa de los contribuyentes, quienes pagan la cuenta de un poder judicial tapado de casos acumulados y los costos de los litigios del partido gobernante; y a costa de los votantes, que se ven obligados a aceptar los resultados de un sistema electoral amañado, aunque en el futuro la legislación que suprime votantes podría ser revocada.
La cantinela mentirosa del fraude electoral ha provocado una regresión de los derechos en todos los ámbitos. No hay razón alguna para que, especialmente en medio de una pandemia, el acceso al voto por correo no sea universal. Sin embargo, ocho estados solo permitieron votar por correo a los votantes que superaban cierta edad, pero no a los votantes más jóvenes. La pandemia no discrimina y nuestro sistema electoral tampoco debería hacerlo. De manera similar, el Servicio Postal de los Estados Unidos repentinamente se politizó cuando se fue haciendo cada vez más evidente que la gente votaría por correo en cantidades sin precedentes. Se reanudaron las discusiones sobre su privatización y se ordenó desmantelar costosas máquinas clasificadoras de correo sin otro motivo que el de suprimir el voto. A continuación de la elección, la campaña de Trump causó mucho daño en su intento de deslegitimar los resultados, a pesar de que no se encontró evidencia alguna de fraude electoral en las más de 50 demandas judiciales que impugnaron el resultado de las elecciones. Le hizo al país un flaco favor, ya que convenció a una proporción sustancial de las bases de uno de los grandes partidos políticos de cuestionar el resultado de una elección que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad había declarado como “la más segura en la historia de Estados Unidos”.
Mientras ocurría todo esto, la pandemia también impulsó una expansión del acceso en aspectos clave. Incluso algunos estados gobernados por republicanos lideraron la expansión del período de votación anticipada y el acceso a sistemas de votación por correo. Debemos tomar esto como una oportunidad de aprendizaje para impulsar una modernización electoral con sentido común, de modo que no se trate de una ocurrencia única asociada a la pandemia. El COVID-19 ha normalizado la modernización electoral, que pasó de ser un tema marginal propio del progresismo a convertirse en un tema de la agenda compartida, que empodera a los votantes de todo el espectro político. Además, si bien las interminables demandas sin fundamento interpuestas por la campaña de Trump pueden calar en cierto segmento de votantes, cabe preguntarnos si harán que el poder judicial finalmente se convenza de que no hay fraude electoral generalizado. Esto es importante porque invariablemente veremos que a raíz de estas elecciones se introducirán nuevas leyes estaduales de supresión de votantes, como ocurrió tras la elección de Obama en 2008, las cuales ciertamente serán desafiadas en los tribunales. Quizás esta vez el poder judicial responda a tales desafíos de manera diferente, a la luz de la revisión del proceso electoral de 2020.
Por persistentes que fueran los esfuerzos de supresión de votantes, la respuesta en este ciclo fue abrumar al sistema con más participación electoral. Como era de esperarse, la participación electoral alcanzó niveles inéditos. Las estimaciones iniciales indican que la participación de los jóvenes en este ciclo fue incluso mayor que en 1971, cuando la edad para votar se redujo a 18 años y el registro de potenciales votantes se expandió repentinamente. Simplemente no podemos permitirnos el nivel de apatía electoral que hemos tenido en el pasado. En 2016 se produjeron victorias por márgenes muy estrechos en tres estados clave: Michigan, por 0,2%, Pensilvania, por 0,7% y Wisconsin, por 0,8%. La supresión de votantes ciertamente puede hacer la diferencia en competencias con márgenes tan estrechos. Sin embargo, no debemos olvidar el poder del voto: alrededor del 43% de los votantes habilitados no votó en 2016. Las estimaciones más recientes indican que aproximadamente el 34% de los votantes habilitados, es decir aproximadamente uno de cada tres, no votó en 2020. ¿Cómo podemos mantener esta nueva tasa récord de participación electoral, e incluso mejorarla, cuando la opción por el fascismo ya no esté en juego en las urnas?
¿Podría contarnos acerca del trabajo de la Fundación Andrew Goodman en la intersección entre los dos grandes temas del derecho al voto y el racismo sistémico?
La misión de la Fundación Andrew Goodman es convertir las voces y los votos de los jóvenes en una fuerza poderosa de la democracia. Nuestro programa Vote Everywhere (Vota en Todas Partes) es un movimiento nacional no partidista de participación cívica y justicia social liderado por jóvenes, con presencia en campus de todo el país. El programa proporciona capacitación, recursos y acceso a una red de pares, en tanto que nuestros Embajadores Andrew Goodman registran a votantes jóvenes, derriban barreras para el voto y abordan importantes problemas de justicia social. Estamos en casi 100 campus de todo el país y tenemos presencia en un amplio abanico de campus, incluidas instituciones que sirven a personas de color, tales como colegios y universidades históricamente afroamericanos.
Lo poderoso de la organización y el voto de los jóvenes es que atraviesa todos los clivajes: sexo, raza, origen nacional e incluso pertenencia partidaria. Esta situación se originó en la historia de la expansión del voto juvenil en 1971, cuando se ratificó la 26ª Enmienda a la Constitución, que redujo la edad para votar a 18 años y prohibió la discriminación por edad en el acceso al derecho al voto. Fue la enmienda que se ratificó más rápidamente en toda la historia de Estados Unidos, en gran medida debido a que recibió un apoyo casi unánime más allá de las divisiones partidarias. Hubo un reconocimiento de que los votantes jóvenes ayudan a mantener la brújula moral del país, como lo manifestó el entonces presidente Richard Nixon durante la ceremonia de firma de la enmienda.
El legado de Andrew Goodman está directamente relacionado con las luchas de solidaridad entre comunidades para el mejoramiento del conjunto. A lo largo de la década de 1960, los estudiantes universitarios negros del sur se sentaron valientemente ante los mostradores de locales propiedad de blancos en un acto político de protesta por la integración y la igualdad. En mayo de 1964, jóvenes estadounidenses de todo el país se desplazaron hacia el sur en ocasión del Freedom Summer (Verano de la Libertad), para registrar votantes negros y abolir el sistema segregacionista de Jim Crow. Tres jóvenes activistas de derechos civiles fueron asesinados por el Ku Klux Klan con el apoyo de la oficina del alguacil del condado: Andy Goodman y Mickey Schwerner, dos hombres judíos procedentes de Nueva York, de apenas 20 y 24 años, y James Chaney, un hombre negro de Mississippi, de tan solo 21 años. Sus historias tocaron una fibra sensible que ayudó a galvanizar el apoyo para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Se trata de una historia acerca del poder de unos jóvenes visionarios que luchan por su futuro, la solidaridad y el poder que es posible construir a partir de la confluencia y el trabajo conjunto de estadounidenses de diferentes orígenes.
Los activistas jóvenes lideraron varios movimientos de justicia social de la década de 1960, tal como lo hacen hoy. Cuando este país respondió y promulgó reformas críticas, los jóvenes finalmente utilizaron su propio derecho al voto cuando fueron enviados a la muerte al comienzo de la interminable guerra de Vietnam. Hoy en día, los jóvenes lideran el llamado a la justicia climática, el control de armas, la dignidad humana para nuestras comunidades negras e inmigrantes y el acceso a la educación superior. Son quienes más tienen para ganar o perder en las elecciones, porque son quienes heredarán el futuro. Reconocen, particularmente a la luz de los cambios demográficos que ha experimentado el país, que el tema del derecho al voto de la juventud es un tema de justicia racial. En la medida en que podamos ver al voto de los jóvenes como un factor unificador, ya que todos los votantes hemos sido jóvenes alguna vez, tendremos la esperanza de inyectar algo de sentido común en un sistema controvertido y polarizado.
El espacio cívico en los Estados Unidos es calificado de “obstruido” por el CIVICUS Monitor.
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