environmental human rights defenders

 

  • ‘No abandonaremos nuestra lucha; las empresas y gobiernos que invierten en proyectos extractivos deben saber que se están comprando un problema’

     

    English

    Medardo Mairena Sequeira HRC

    CIVICUS conversa con Medardo Mairena Sequeira,Coordinador del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, un movimiento social organizado en oposición al proyecto de construcción del Canal Interoceánico en Nicaragua. En septiembre de 2017 Medardo Mairena integró la delegación de CIVICUS en el 36ª período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y participó como orador en un evento paralelo sobre las restricciones del espacio cívico que enfrentan los movimientos indígenas y ambientalistas en todo el mundo.

    1. ¿Cuáles son las razones de la movilización contra el proyecto del Canal Interoceánico? ¿Qué consecuencias tendría la construcción del canal?

    La concesión para construir y operar el canal por 50 años, prorrogables por 50 más, fue entregada en junio de 2013 a la empresa china HKND (Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company). Fue otorgada mediante la Ley 840, conocida como “ley canalera”.

    El canal tendría unos 500 metros de ancho y 30 metros de profundidad, un área restringida de 10 kilómetros a ambos lados y 278 kilómetros de largo. Además incluiría un lago artificial de 400 kilómetros cuadrados y otro lago para una central hidroeléctrica, más aeropuerto y cantidades de comercios que ocuparían enormes extensiones de territorio.

    Se estima que los desplazados, es decir los afectados directos, serían más de 350 mil personas. Muchas más serían afectadas de manera indirecta, ya que los desplazados tendríamos un impacto allí donde nos moviéramos: tendríamos que ocupar otras propiedades, dado que ya no existen en Nicaragua tierras libres adonde pudiéramos ser reubicados, pese a lo que ha dicho el gobierno en algunas ocasiones.

    Las tierras que atravesaría el canal son las mejores tierras de Nicaragua: tienen agua, se pueden cultivar, y es donde vivimos los campesinos. El canal también atravesaría y arruinaría el Lago Cocibolca, que es el único reservorio de agua dulce que tenemos no solo en Nicaragua sino en toda Centroamérica. La contaminación de estas aguas es la muerte, porque miles de hermanos toman agua de ese lago.

    Yo vivo en una zona que está en el camino proyectado para el canal. Estoy en Punta Gorda, cerca de un territorio indígena y de la Reserva Indio Maíz, la Reserva Natural Punta Gorda, los humedales de San Miguelito y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Somos vecinos y tenemos muy buena relación con los hermanos indígenas, y al igual que a ellos nadie nos ha consultado. No nos han preguntado si estamos de acuerdo en vender, arrendar o entregar nuestras tierras. En los cuatro años desde que se vendió la concesión, el gobierno aun nunca ha pedido la opinión de los afectados directos. Todo lo que ha hecho es militarizar la zona, poner cantidades de militares y policías que reprimen al pueblo. Así, en la franja canalera encuentras campesinos humildes que han sido intimidados e incluso sufrido torturas.

    MedardoSequeira2Pero tenemos una posición muy firme: no entregaremos nuestras propiedades ni aceptaremos la destrucción que el canal causaría en el medio ambiente, y en cambio exigimos la derogación de la Ley 840. El artículo 12 de la ley dice que “es de interés público del pueblo de la República de Nicaragua la expropiación de cualquier bien inmueble o derecho sobre un bien inmueble que sea razonablemente necesario para efectuar todo o una parte de El Proyecto”. Pero obviamente no es en nuestro interés que nos quiten nuestras propiedades para que el gobierno pueda hacer sus negocios con los chinos.

    2. ¿Qué acciones realiza el movimiento anti-canal para exigir la derogación de la ley?

    Hemos hecho más de 90 marchas en diversos lugares del país, y seis marchas nacionales. Las marchas locales han tenido siempre entre 3000 y 7000 personas, mientras que las nacionales han juntado desde 18 mil hasta 30 mil.

    Además de marchar, trabajamos continuamente para dar a conocer la ley canalera. Hacemos foros en municipios, comarcas y distritos para explicarle a la gente la situación y nuestra lucha. Sucede que esta ley se hizo a espaldas del pueblo, y por eso la mayoría de los nicaragüenses no sabe lo que significa ni cómo los amenaza. A partir de los foros ellos han sentido la necesidad de organizarse, y así es como ha avanzado el movimiento.

    También hemos seguido todo el procedimiento legal que establece nuestra Constitución política para las iniciativas ciudadanas. La Constitución de Nicaragua dice que con las firmas de por lo menos 5000 ciudadanos se puede presentar una iniciativa ya sea para derogar una ley o para proponer una nueva. En abril de 2016 llevamos a la Asamblea Nacional un petitorio para derogar la ley canalera que tenía más de 28 mil firmas, pero la Asamblea se declaró incompetente diciendo que no tenía atribuciones porque la ley canalera tenía rango constitucional, y que por lo tanto no podía derogarla. Pero nosotros tenemos claro que los diputados están autorizados para hacer y deshacer, así que presentamos un recurso de revisión, pero este fue enseguida rechazado. Así que siguiendo los pasos que indica la Constitución presentamos un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Al cabo de ocho meses La Corte Suprema también falló en contra de nosotros los campesinos, violando así nuestros derechos constitucionales. Una vez que agotamos todas las vías legales en Nicaragua, demandamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington por violación de nuestros derechos humanos.

    El gobierno dice que el proyecto del canal es apoyado por la mayoría de los nicaragüenses, pero esto no es cierto. Esto se evidencia en la cantidad de gente que se ha unido a nosotros pese a que no contamos con recursos económicos para movilizarnos. Con los pocos recursos que tenemos hemos hecho enormes movilizaciones, y si tuviéramos más recursos quedaría claramente en evidencia que la realidad es exactamente la contraria de lo que el gobierno está diciendo.

    El gobierno no nos escucha, al punto que después de cuatro años de lucha todavía no nos reconoce como organización, pese a que hemos liderado grandes movilizaciones. Y de remate, acaba de reestructurar la ley para poder explotar los recursos naturales sin siquiera hacer estudios de impacto ambiental. Para la construcción del canal nunca pudo presentar ningún estudio de impacto ambiental ni socioeconómico, porque ha manejado todo a escondidas: hizo la ley, vendió nuestras tierras a un empresario y luego quiso justificarlo con supuestos estudios. Pero como no tiene los estudios que necesita, porque todos los estudios dicen exactamente lo contrario, finalmente modificó la ley y ahora puede construir sin hacer un estudio de impacto ambiental, lo cual es una violación más de nuestros derechos constitucionales.

    3. ¿Han tenido libertad para movilizarse contra el canal?

    Hemos encontrado muchos obstáculos para movilizarnos y hemos sido muchas veces reprimidos; por ejemplo el 29 de noviembre de 2016 intentamos hacer una marcha nacional y tuvimos que suspenderla ante la represión de la policía y el Ejército. Desde el día anterior el gobierno puso obstáculos en los caminos, organizó retenes y requisó vehículos en todas las entradas y salidas a la capital. Los manifestantes que intentaban llegar a Managua fueron atacados por la policía antimotines. Hubo infiltraciones, provocaciones y violencia; varios campesinos fueron heridos; uno de ellos, que tuvo heridas graves, sigue mal, ya ha tenido dos operaciones.

    La persecución y la criminalización son permanentes. La represión es cada día más fuerte y nuestras familias sufren. Cuando salimos de la casa los hijos piensan que algo nos puede pasar, porque el gobierno es capaz de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, desde intimidar hasta asesinar. Algunos líderes que han luchado contra el régimen hoy están muertos, y nunca se ha sabido porqué, cómo ni por quién. La impunidad es total.

    4. Usted no solía dedicarse a la política. ¿Cómo llegó a liderar esta lucha?

    Nosotros nos organizamos por necesidad, porque los campesinos nos dedicamos a trabajar la tierra y no estamos acostumbrados a andar en estas cosas. Los que hemos emprendido esta lucha somos campesinos: es decir, somos autónomos, no dependemos de nadie más que de nosotros mismos. Nos organizamos por nuestros propios medios, aunque las organizaciones de derechos humanos nos han apoyado y ahora que hemos presentado nuestra demanda esperamos también el respaldo de la CIDH.

    5. ¿El movimiento anti-canal mantiene vínculos con otros movimientos sociales que también están siendo atacados y reprimidos?

    Hemos estado en contacto con otros movimientos y hemos tratado de hacer alianzas para fortalecernos. De hecho, el proyecto del canal se coloca en el marco de un modelo extractivista más amplio, que requiere de la entrega de grandes cantidades de tierras y trae mucha destrucción. Los movimientos que oponen resistencia contra la minería o la siembra de monocultivos y las comunidades indígenas que defienden sus territorios están en la misma situación que nosotros, ya que son amenazados por las mismas leyes que los exponen a la expropiación, y son reprimidos por el mismo gobierno.

    El gobierno hace negocios con proyectos extractivistas entregando concesiones sin consultar ni con las comunidades indígenas – no se han hecho las consultas previas, libres e informadas que exige la ley – ni con nosotros los campesinos. El gobierno solo quiere seguir enriqueciéndose para mantenerse en el poder. El proyecto del canal es tan innecesario que cabe pensar en las peores motivaciones: por ejemplo, que se busca dar movilidad sin controles a negocios oscuros, incluso ilícitos. Nosotros no estamos en contra del progreso, pero el progreso puede y debe ser amigable con el medio ambiente y respetuoso de los derechos humanos.

    6. Usted sufrió recientemente una instancia de criminalización. ¿Nos puede contar qué pasó?

    Yo había viajado a Costa Rica porque tenía a mi hijo enfermo allá; estuve cinco días hospitalizado con él. Cuando venía de regreso para Nicaragua, visé mi pasaporte en Costa Rica, pagué los impuestos, pasé la frontera, y luego del lado nicaragüense me sellaron el pasaporte, me requisaron la mochila como de costumbre – todo normal. Y cuando ya estaba por volver a abordar el bus me alcanzó alguien de Migraciones de Nicaragua para decirme que querían hablar conmigo. Llegaron dos antimotines, me pusieron las esposas y me llevaron a empujones. Yo pregunté porqué me detenían, si tenían orden de captura, qué delitos se me imputaban, y pedí que me dejaran hacer una llamada telefónica a mi familia para que supieran que estaba siendo detenido, pero nunca me explicaron nada: solo me decían que querían hablar conmigo. Primero me tuvieron unas dos horas ahí en la frontera, y después llegó una patrulla de policía y me llevaron a la estación policial. Cuando les preguntaba cuál era mi delito me respondían que era una investigación y que la ley les daba facultades para detener a una persona por 48 horas para hacer averiguaciones. Yo les decía que yo no soy una persona desconocida ni ando escondido, y que si me hubieran dado una cita yo hubiera ido a la estación de policía para una entrevista si querían hablar conmigo; no era necesario que me pusieran las esposas o me encerraran.

    Me llevaron a una cárcel de Managua que es una cárcel de tortura. Gracias a Dios a mí no me torturaron físicamente, pero torturaron psicológicamente a mi familia, porque desde el momento en que me desaparecieron sin dejarme hacer una llamada, considero que fue un secuestro. Mientras tanto me estuvieron interrogando; me hicieron preguntas ilógicas, me tuvieron dos días detenido y al final cuando ya me iban a liberar me dijeron que los disculpara, que no tenía ningún delito, que tenía razón, que lo que les había dicho era cierto…

    Yo creo que intentan intimidarnos para que dejemos esta lucha. Pero estamos seguros de que es una lucha muy justa, de modo que vamos a seguir. En mi caso hubo mucha presión de organizaciones de derechos humanos que estuvieron preguntando por mi desaparición, de campesinos que ya se estaban movilizando en toda Nicaragua para protestar, algunos medios de comunicación, las redes sociales… esta presión ayudó mucho para que el caso saliera a la luz.

    7. ¿Qué clase de apoyo necesita el movimiento de parte de la comunidad internacional?

    Necesitamos espacio en los medios para divulgar nuestra lucha. Queremos que el mundo entero sepa lo que está ocurriendo en Nicaragua.

    Queremos mandar un mensaje a las empresas y gobiernos que pudieran estar interesados en invertir en el proyecto del canal interoceánico. Ellos deben saber que las tierras sobre las que se piensa construir el canal no son de Daniel Ortega sino de los nicaragüenses, y que los nicaragüenses, y sobre todo los campesinos, estamos organizados y tenemos una posición muy firme en defensa de nuestra tierra. Nosotros vivimos en el campo y esta es la única forma en que sabemos sobrevivir. No podemos ir a la ciudad; allí nadie nos espera. Antes que morir de hambre, preferimos morir defendiendo nuestras tierras.

    Las empresas y gobiernos interesados no deben malinvertir su dinero y el de sus pueblos. Tienen que saber que estamos firmes en esta lucha y que vamos a llevarla hasta el final, de modo que si tratan de invertir aquí se estarán comprando un problema.

    El espacio cívico en Nicaragua es clasificado en elCIVICUS Monitor en la categoría “obstruido”.

    Visite el perfil deFacebook del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía.

     

  • Colombia: Rise for Climate marchers unlawfully obstructed

    Peaceful activists and campesinos of the “Movimiento Rios Vivos” were unlawfully obstructed by police in Ituango, Colombia on 8 September 2018 as they participated in the global “Rise for Climate” mobilisation. The action in Ituango was part of a global mobilisation organised by the environmental rights group 350.org, which  brought together tens of thousands of people who took part in 900 actions in 95 countries around the world.  The blocking of the protesters is an example of the ongoing pattern of violations against environmental defenders.

     

  • Colombian activists: ‘We are paying with our lives to defend water’

    Spanish

    CIVICUS speaks to Carlos Andrés Santiago, spokesperson of CORDATEC, an organisation that defends water, the territory and the ecosystems of San Martín, in the Colombian region of Cesar. CORDATEC mobilises against oil extraction through fracking in the area.

    1. Now that the peace accords with the FARC have finally been ratified, one would think that violence in Colombia is over. However, aggressions against social activists have not diminished. You and your colleagues at CORDATEC have reported numerous intimidations and threats. What are the causes of the on-going violence against human rights defenders?
    The conflict between the FARC and the military has effectively de-escalated over the past several months, even before the peace treaty was signed, thanks to the bilateral ceasefire that was declared in August 2016. This is reflected in the information that President Santos provided a few days ago: at that time, a single wounded soldier was being treated at the Military Hospital, in contrast to very high figures just a year earlier.
    In regions such as Cauca changes became apparent as a result of the ceasefire, the signing and ratification of the peace agreements, and more recently the establishment of “normalisation border zones” (zonas veredales de tránsito y normalización). These are areas in which the guerrillas will carry out the process of laying down their weapons, demobilising and reintegrating into civilian life. This, however, has also meant that in these regions a vacant space has remained that is now being occupied by new armed groups or criminal gangs.

    In addition, we are witnessing a transition from a great conflict between two armed actors to a set of diverse conflicts around social issues, many of them linked to environmental causes. For instance, land use conflicts involving victims who demand the restitution of their land and struggles in defence of water and, particularly in communities like ours, mobilised against extractive projects.

    The extinction of the conflict with the FARC, which yielded countless victims, therefore correlates with an increase in the number of murders of social and environmental activists and also the visibility of human rights defenders active in territories and communities.

    2. What is CORDATEC’s role and aims in this context?
    It is important to note that, as part of its post-conflict strategy, in December 2015 the Colombian government signed a contract with two multinational companies (ConocoPhillips and Canacol Energy) to explore and exploit hydrocarbons from unconventional deposits through fracking in three municipalities. One of them is ours: San Martín, in the department of Cesar.

    So our community got organised and in early 2016 we formed the Corporation for the Defence of Water, Territory and Ecosystems, CORDATEC. We began to mobilise: we staged demonstrations, pot-banging protests, a civic strike and several marches. About 9,000 people took part in the most recent one, on 25 September 2016 – in a municipality that has 21 000 inhabitants. We also went to the media, resorted to strategic litigation and looked for allies in Congress. We even went along with CIVICUS to the United Nations Human Rights Council in Geneva.

    We seek to defend the most fundamental good which is water. By resorting to peaceful resistance, we are trying to prevent oil exploitation through fracking because we acknowledge the environmental and social impacts that it causes, and we are not willing to pay the costs. Among other impacts, fracking uses large amounts of water, contaminates underground and surface water sources, increases induced seismicity, causes serious damages to public health, changes the uses of agricultural land, and releases large amounts of methane, a powerful greenhouse effect gas.

    3. What sort of restrictions on the exercise of the freedoms of association, expression and peaceful assembly have you faced as environmental and anti-fracking activists?
    We face many. In retaliation for resisting fracking, the community of San Martín, and particularly CORDATEC members, have been subjected to harassment. It is clear that the municipal mayor, Saul Educardo Celis, has a strategy of intimidating all the people that are close to CORDATEC. For instance, CORDATEC members’ relatives have lost their jobs in the local administration. I have personally received death threats, and the comrades from the Workers Trade Union (Unión Sindical Obrera), who accompany us in our struggle, were threatened through a pamphlet just a few days ago.

    The company ConocoPhillips has also attempted to file civil lawsuits, and through several letters to the municipal government they have requested that the conflict be judicialised, that is, that measures be taken to arrest and imprison the leaders of the mobilisation and protest actions, and that guarantees be provided so the company could start work in the Pico Plata 1 well, which they had so far been unable to do.
    In the demands that they directed towards the government, the company appealed to the Criminal Code, according to which the obstruction of roads is a crime punishable with imprisonment. In response to these demands, the municipal government – in complicity with the Attorney General at the time and the national government – authorised the use of the ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios, or Anti-Riot Squad), the unit of the National Police that is employed to control demonstrations and carry out evictions. Our fundamental right to the freedoms of peaceful assembly and association, enshrined in Article 37 of our Constitution, was therefore ignored.

    Since then, the ESMAD has repressed the community of San Martín and our comrades from the department’s subdivision of Cuatro Bocas on three separate occasions, and several people have been injured. The ESMAD’s operations have resulted in numerous human rights violations, on top of the threats, intimidation, harassment and illegal surveillance that CORDATEC leaders have been subjected to. These events have been reported to the Office of the Attorney General, the Ombudsman Office, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Mission to Support the Peace Process in Colombia, of the Organization of American States, among other instances. Nevertheless, the government has taken no measures to safeguard the lives and physical integrity of the environmental defenders under threat.

    Ever since its first operation, on 19 October, the ESMAD has remained in San Martín. The camp and the entrances to the well are guarded by militarised police at all times. In other words, a significant number of military personnel have been assigned to guarding the interests of a multinational company instead of protecting the communities. In the context of a social state based on the rule of law, the communities should take priority – not a transnational corporation that has come to plunder those communities’ natural resources.

    The same is happening in other regions of Colombia, which is not surprising given that there are currently 43 blocks assigned to fracking that would eventually affect more than 300 municipalities across the country. In seven of those blocks there are already signed contracts, most of them adjudicated to foreign companies. To make it worse, despite the pronouncements by the Comptroller General, two additional contracts are currently being processed.

    Why is this happening? It’s fairly simple. The extractive industries create very strong economic interests that frequently involve politicians and government officials who receive bribes in exchange for facilitating contracts, granting environmental licences, providing congressional support or favouring the companies when under investigation. Corruption has pervaded this type of megaprojects: the Odebrecht case is a clear example of this. These are struggles led by small communities that are trying to defend themselves, like the Biblical David from a giant and corrupt Goliath that crushes whoever gets in their way. From their perspective, the end justifies whatever means.

    A few months ago the Minister of the Environment acknowledged that 75% of current conflicts in Colombia are environmental conflicts. And the pattern of threats, intimidation and ESMAD use is replicated throughout the country. It is part of a familiar script that often ends with activists being murdered. We are used to life not being worthy enough; therefore, we see it as relatively normal when physical elimination is resorted to so as to remove from an obstacle from the way. In Colombia, defending water is costing us our lives.

    4. Are there any civil society initiatives to overcome these limitations of civic space?
    Due to the long-standing conflict that we have experienced, many organisations in Colombia have long specialised in human rights issues. Numerous Colombian civil society organisations as well as the international community follow and give accompaniment in this sort of situations and provide support to communities regarding self-protection, visibility and denunciation.

    As the situation in San Martín unfolded, we have found allies willing to accompany the process. Along with trade unions and social and environmental organisations, we are in the process of forming the Alliance Colombia Free of Fracking as an arena in which to weave resistances, and we are moving forward from there.

    But this does not happen in all regions of the country: many struggles are being quietly fought in very small and distant territories that are not easily reached and where access to media and technology is extremely limited. In those places, the law of fear continues to prevail, and whoever gets in the way is easily taken out of the equation.

    5. What concrete actions should the Colombian government adopt in the short term to safeguard civic space and protect the rights of its citizens?
    First of all, the government must stop stigmatising and criminalising environmental activists and human rights defenders, and particularly those who oppose extractive industries. The Mayor’s accusation that we are terrorists, for instance, lapidates us and undermines the legitimacy of human rights defenders’ struggles.

    Secondly, the government must provide guarantees for the exercise of the constitutional rights to mobilise and protest, which is not presently the case. Third, it should stop relying on mining and fossil fuels, and instead reorient its development model towards alternative and sustainable energy sources that do not pollute the environment.

    Fourth, it must channel the required resources towards the National Protection Unit (Unidad Nacional de Protección, UNP), which provides protection schemes to persons under threat. The capacity of the UNP is currently insufficient, and only one out of every six submitted applications receives a positive answer entailing the provision of some type of protective measure. This means that five out of six persons seeking protection are left unprotected. Many social leaders who submit applications are told that their risk level does not warrant the granting of security measures.
    Recognising threat levels, however, does not automatically result in the adoption of timely and effective measures. For instance, on 29 November 2016 the Ombudsman’s Office – a human rights guarantor with no enforcement capacity – issued a report identifying several political groups and social organisations in various communities of Cesar, including CORDATEC, as facing imminent risk due to their work. On 1 December an early warning was issued for the authorities to guarantee these persons’ life and integrity. Protection however never came and one of those people – a member of the Community Board of Hatillo – was murdered a month later.

    This situation is a reflection of a very unequal country, where congressional representatives, former presidents and various politicians enjoy very generous protection schemes, with many people assigned to their protection detail, while community leaders and human rights defenders are left exposed.

    6. How connected is local civil society in Cesar with its counterparts in other parts of the world and how can external actors support activists and civil society organisations in Colombia?

    Given the high profile of both the armed conflict and the peace negotiations in Colombia, the organisations that form the United Nations and the Inter-American system, as well as international cooperation agencies and various CSOs around the world have spoken out about what is happening.

    Global Witness in its reports On Dangerous Ground and How Many More?, Front Line Defenders in its Annual Report on Human Rights Defenders at Risk 2016, and also CIVICUS in the report Against All Odds about the dangers of environmental activism, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) with their strong statements to condemn the assassinations of land rights defenders, and Amnesty International in their 2016/2017 Report – they all converge in alerting the world about the serious risks faced by social and environmental leaders in Colombia. This has originated a very strong movement to repudiate the wave of assassinations, forcing the Colombian state to acknowledge the problem.

    Concrete measures, however, are still very inadequate. That is why it is urgent for the international community to adopt a firmer position vis-à-vis the Colombian government. We need international actors to put more pressure on the Colombian state so it behaves more consistently.
    Indeed, there are currently major contradictions and inconsistencies between what the national government says out there and what they do domestically. The Colombian state promotes and ratifies international commitments in defence of the environment and against climate change; it proclaims the Sustainable Development Goals and the Paris Agreements while within its own territory it implements fracking and mining projects that contradict those agreements for the protection of the environment and its inhabitants. Not only does it fail to fulfil its environmental commitments, but it also receives the Nobel Peace Prize while its mining-energy locomotive opens the way for the murder of social leaders. Somebody needs to call them to account.

    Civic space in Colombia is rated as ‘repressed’ in the CIVICUS Monitor.
    Get in touch with CORDATEC through their Facebook page or website, or follow @CarlosSantiagoL on Twitter.

     

  • Condenamos la criminalización de Claudia Samayoa y José Martínez en Guatemala

     

    Carta ajunta de la sociedad civil condenan la criminalización de los defensores de derechos humanos Claudia Samayoa y José Martínez

    Las organizaciones abajo firmantes estamos gravemente alarmadas por la criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala, incluida la reciente persecución judicial en contra de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José Manuel Martínez Cabrera. La persecución judicial en contra de la Sra. Samayoa Pineda y el Sr. Martínez Cabrera es un ejemplo de la creciente intolerancia de las autoridades por la crítica independiente, incluyendo la labor de los defensores de la tierra y el medio ambiente.

    La Sra. Samayoa Pineda es Presidenta de la Junta Directiva de UDEFEGUA, una organización que brinda apoyo integral a defensores y defensoras de los derechos humanos en Centroamérica, y miembro de la Asamblea General de la OMCT; mientras que el Sr. Martínez Cabrera es miembro del Colectivo Justicia Ya, un movimiento ciudadano contra la corrupción y la impunidad. Ambos defensores de derechos humanos están siendo sometidos a una denuncia penal por parte del Sr. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en representación de ésta, bajo la acusación de sustracción, desvío o supresión de correspondencia con agravación específica y tráfico de influencias. Es ampliamente reconocido que los grupos de la sociedad civil, incluidos la UDEFEGUA y el colectivo Justicia Ya, han sido fundamentales en la lucha contra la impunidad y la corrupción pública en el país.

    La acusación en contra de los defensores es una respuesta directa a una denuncia penal presentada por ellos el 17 de enero de 2019, en la cual solicitaron el retiro del privilegio de inmunidad de 11 jueces de la CSJ. La querella consideró que los 11 jueces estaban infringiendo la Constitución de Guatemala y cometiendo prevaricato al permitir acciones judiciales contra tres jueces de la Corte Constitucional. Junto con la denuncia penal presentada el 17 de enero de 2019, la Sra. Samayoa Pineda y el Sr. Martínez Cabrera anexaron una copia de la resolución de la CSJ que admite la acción judicial en contra de los jueces de la Corte Constitucional. A pesar de que este documento se había distribuido ampliamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, el Presidente de la CSJ está acusando a estos dos defensores de los derechos humanos de obtenerlo ilegalmente.

    La criminalización de ambos defensores es otro ejemplo de las represalias dirigidas contra la sociedad civil organizada y las organizaciones de derechos humanos que se han movilizado contra una serie de ataques contra el marco institucional democrático de Guatemala. Entre otros intentos preocupantes de socavar las normas democráticas y el estado de derecho en Guatemala, resaltamos la persecución de los jueces del Tribunal Constitucional y la decisión unilateral de romper un acuerdo con la ONU para poner fin a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). 

    En el marco de nuestro compromiso con la justicia y los derechos humanos, hacemos un llamado público al Estado guatemalteco para que:

    1. Ponga fin a todo acto de hostigamiento, uso indebido del derecho penal y criminalización en contra de personas y comunidades que defienden los derechos humanos en Guatemala, incluidos la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José Manuel Martínez Cabrera. En particular pedimos al Ministerio Público que desestime la denuncia penal contra ambos defensores de los derechos humanos. 
    2. Adopte las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de la Sra. Claudia Virginia Samayoa Pineda y el Sr. José Manuel Martínez Cabrera y de todas las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.  
    3. Proteja, respete y garantice la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las regiones de Guatemala, así como la vigencia de un Estado democrático de derecho.

    Organizaciones signatures:

    350.org
    Action Aid, Guatemala
    African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), Sudan
    Alianza Frente a la Criminalización (AFC), Guatemala
    Asamblea socioambiental de General Roca . Argentina
    Asian Legal Resource Centre (ALRC)
    Asociación Ambiente y Sociedad - Colombia
    Asociación COMUNICARTE, Guatemala
    Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, España
    Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila ATRAHDOM
    Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Colombia
    Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) – Honduras
    Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE), Ethiopia
    AWID (Association for Women’s Rights  in Development)
    Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), India
    Cambodian Center for Human Rights (CCHR), Cambodia
    Carea e.V., Alemania
    Center for Justice and International Law (CEJIL)
    Central General de Trabajadores de Guatemala
    Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)
    CIVICUS
    Civil Society Organizations Network for Development (RESOCIDE), Burkina Faso
    Colectivo CADEHO, Alemania
    Collectif Guatemala, Francia,
    Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela
    Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) – Colombia
    Comite Noruego de solidaridad con America Latina, Noruega
    Committee Against Torture, Russian Federation
    Comunidades en Resistencia Pacífica de La Puya, Guatemala
    Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
    Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, US Provinces
    Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca A.C .- México
    Coordinadora Civil-Nicaragua
    Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) - Perú
    CUTH
    Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR (Perú)
    Dienst fuer  Mission, Oekumene und Entwicklung der Evangelischen Landeskirche Stuttgart, Alemania
    DKA Austria
    Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Guatemala
    Festivales Solidarios, Guatemala
    Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales en Guatemala (FONGI)
    Front Line Defenders
    Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
    Fundación Ciudadanía Inteligente
    Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
    Fundación Karmel Juyup’, Guatemala
    Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
    German Zepeda, Solidarity Center
    Global Witness
    Guatemala-Netz Zürich
    HondurasDelegation, Alemania
    Human Rights Defenders Network- SL
    Iglesia Luterana ILUGUA de Guatemala, Guatemala
    Impunity Watch, Países Bajos
    International Commission of Jurists (ICJ)-Kenya, Kenya
    International Labor Rights Forum (ILRF)
    International Land Coalition (ILC) - América Latina y el Caribe
    International Land Coalition (ILC) - Secretariat
    JASS (Just Associates)
    Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights, Philippines
    Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law (KIBHRL), Kazakhstan
    KM207 Guatemala-Suisse
    Latin America Working Group
    Ligue Burundaise des droits de l’homme Iteka, Burundi
    Maryknoll Affiliates
    Maryknoll Office for Global Concerns
    Metro Center, Journalists Rights & Advocacy
    Movimiento por la Paz (MPDL)
    Mugen Gainetik, del País Vasco, España
    Oekumenische Initiative Mittelamerika e.V., Alemania
    Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) – Internacional
    OXFAM
    Oxfam America
    Peace Watch Switzerland (PWS), Suiza
    People in Need
    Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
    Plataforma Internacional contra la Impunidad
    Presbyterian Church (USA)
    Presbyterian Peace Fellowship
    Programme Against Custodial Torture & Impunity (PACTI), India
    Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER)
    Protection International Mesoamérica
    Public Association “Spravedlivost” Jalal-Abad Human Rights Organization, Kyrgyzstan
    Public Verdict Foundation, Russian Federation
    Reacción Climática, Bolivia
    Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
    Robert F. Kennedy Human Rights
    Seguridad en Democracia (SEDEM)
    Sindicato de trabajadoras domésticas de maquila, nexas y conexas SITRADOM
    Sisters of Mercy of the Americas - Institute Justice Team
    Solidaridad con Guatemala de Austria (Guatemala Solidarität Österreich)
    SOS-Torture/Burundi, Burundi
    The Fund for Global Human Rights
    UDEFEGUA, Guatemala
    UNSITRAGUA HISTÓRICA
    Washington Office on Latin America (WOLA), United States
    West African Human Rights Defenders Network
    World Movement for Democracy
    ZEB / Zentrum fuer entwicklungspolitische Bildung der Evangelischen Landeskirche Stuttgart, Alemania
    Zimbabwe Human Rights NGO Forum


    Individual signatures:

    Ana Lucía Ixchíu Hernández, Guatemala
    David O., ciudadano de los E.E.U.U.
    Dra. Lisette Aguilar Prado, Guatemala
    Esther Gut de Zurich, Suiza
    Eve Chayes Lyman
    Iduvina Hernández Batres, Guatemala
    Karla AVELAR activista trans refugiada
    Maya Alvarado Chávez, Guatemala
    Mirna Ramírez, Guatemala
    Padre Cirilo Santamaria Sáez, Guatemala
    Samwel Mohochi, Executive Director, ICJ Kenya
    Tony Smith, ciudadano de los E.E.U.U.
    Victoria Sanford, PhD, Director, Center for Human Rights & Peace Studies, Lehman College, City University of New York, United States

     

  • Continúa la persecución de los líderes de los movimientos de protesta rurales a medida que se profundiza la crisis en Nicaragua

    • Tres activistas ecologistas campesinos se encuentran detenidos y sufriendo malos tratos a la espera de juicio 
    • Un informe de las Naciones Unidas confirma que el gobierno sigue atacando a los líderes campesinos
    • Personal de Naciones Unidas ha sido expulsado de Nicaragua tras el informe realizado sobre las violaciones de los derechos de los manifestantes 
    • Más de 320 personas han muerto desde el inicio de la represión violenta de las protestas en abril
    • Grupos de derechos humanos instan a las autoridades a retirar todos los cargos y liberar a los líderes campesinos

     

  • Entramado de complicidades entre empresas y Estado resulta en creciente criminalización de defensores de derechos humanos en Panamá

    English

    CIVICUS conversa con Ileana Molo,Presidenta Ejecutiva de la organizaciónAfropanameñ@ Soy e integrante de la Red de Derechos Humanos de Panamá, en cuya representación participó de laaudiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en Panamá en octubre de 2017.

    1. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los y las activistas de la sociedad civil en Panamá? ¿Hay grupos que estén siendo particularmente atacados?

    Uno de los temas más preocupantes que hemos denunciado es el hostigamiento y la intimidación de los líderes comunitarios y activistas de la sociedad civil por la vía jurídica y mediante agresiones económicas y psicológicas. Esta tendencia afecta desproporcionadamente a grupos movilizados por temas ambientales y en relación con el uso del suelo, cuyo activismo los pone en conflicto con grandes empresas en el área del desarrollo de infraestructura.

    Estamos viendo una fuerte tendencia a la criminalización y la intimidación. Hay un entramado de normas discriminatorias, y las empresas, que tienen muchos recursos económicos y mucho poder, las están usando para demandar a los activistas de modo de intimidarlos legalmente y desalentar su labor. Entonces, si tú denuncias una mala práctica de una empresa, la empresa enseguida te demanda a ti. Muchos activistas están siendo afectados económica y psicológicamente, de manera que estamos viendo cómo podemos apoyarlos.

    Tenemos un mapeo de las diferentes agresiones físicas, económicas y políticas y de las demandas que han enfrentado los defensores. Entre los casos más recientes está el de Basilio Pérez, un activista ambiental y experto forestal que fue demandado por daños y perjuicios por una empresa a la que había denunciado por violaciones a la ley general de ambiente y la contaminación de comunidades aledañas a la mina del Cerro Quema. La empresa le exige una indemnización de 40 mil dólares.

    Otro caso resonado es el de Max Crowe, presidente y representante legal de la Asociación de Propietarios de Jardín Albrook, una asociación de vecinos que inició un proceso para defender la zonificación residencial ante violaciones de las normas de uso del suelo y normas urbanísticas. En este caso, el abuso judicial incluyó una demanda por 65 mil dólares contra Crowe, el secuestro arbitrario de sus bienes personales y el congelamiento de la cuenta bancaria de la organización. Su caso es similar al de María Chávez, presidenta de la Red Ciudadana Urbana de Panamá, que reúne a más de 40 comunidades. En el marco de un conflicto por violación de normas urbanísticas y de uso del suelo, Chávez fue demandada judicialmente por un diputado aparentemente vinculado con concesiones mineras con interés en la creación de un nuevo distrito en esa zona.

    Otro caso muy sonado en los medios es el de la asociación de residentes de Coco del Mar, que por presentar una querella ambiental contra una empresa constructora han sido objeto de una demanda civil de daños y perjuicios por alrededor de 5 millones de dólares. Primero tuvieron una querella penal con sobreseimiento provisional en primera instancia dictado en noviembre de 2016 y ratificado por segunda instancia este año. En octubre de 2016 presentaron la demanda civil, y ahora enfrentan esta millonaria demanda.

    Cabe subrayar también el caso de la compañera Larissa Duarte, joven activista ambientalista de las áreas indígenas comarcales, fundadora del Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre, que fue demandada por 10 millones de dólares por la empresa Hidroeléctricas Los Estrechos S.A., en el marco de un conflicto por usurpación de tierras y en defensa del agua. Si bien el reclamo de la empresa, por costos incurridos cuando el proyecto hidroeléctrico fue cancelado supuestamente como consecuencia del activismo, ha sido recientemente desestimado por la justicia, la campaña de difamación contra Larissa Duarte y su organización continúa.

    Otro caso muy importante es el de la Isla Pedro González, que ha afectado a muchas familias. La empresa Pearl Island Living llegó a la isla un día diciendo que ellos eran los dueños de la tierra y que iban a desarrollar un proyecto turístico y habitacional de modo que las personas que vivía ahí se tenían que ir. En este caso, se han dado muchas situaciones de enfrentamiento entre los pobladores y la empresa. Se mantiene latente el conflicto por la legalidad de la titulaciones.

    Por el momento, sin embargo, los activistas han enfrentado más acoso judicial que ataques violentos. Pero es importante mencionar el caso de Ligia Arreaga, que debió abandonar el país tras recibir amenazas de muerte. Arreaga, defensora del Humedal Laguna de Mtusagaratí y enfrentada a los proyectos de una empresa de sembrar palma aceitera en gran escala en la provincia de Darién, denunció en tres ocasiones, en 2009, 2015 y 2016, que había recibido advertencias de que la empresa AGSE Panamá S.A. la mandaría matar por sus denuncias sobre titulación de tierras. Finalmente dejó el país porque no recibió ningún respaldo policial ante las amenazas.

    1. Por lo que relatas, daría la impresión de que la principal fuente de agresiones son las empresas. ¿Qué rol le cabe al Estado?

    Efectivamente, las empresas son la principal fuente de agresiones, y de hecho tienen suficiente poder como para obstaculizar nuestro trabajo. Cuando trabajábamos en el informe sobre Barro Blanco, nos resultó bien difícil llegar hasta las comunidades afectadas para entrevistarlas, porque teníamos a la empresa todo el tiempo pisándonos los talones y nos resultaba intimidante que una persona supervisara todo lo que hacíamos. Además nos costó muchísimo llegar hasta la zona, porque había que ir en lancha, ya que todo el ensamble de la hidroeléctrica está rodeado por agua – que es precisamente lo que las comunidades alegan: que están perdiendo sus tierras, que se están inundando y ya no resultan cultivables.

    El rol del Estado es, como mínimo, ambiguo. Por un lado, el Estado tiene la potestad de mediar, y nosotros le exigimos que lo haga. En el caso de la isla Pedro González, le solicitamos que se reuniera con la empresa y la comunidad, para llegar a acuerdos y que se levantaran las órdenes de detención que había contra 37 personas desde el año pasado. Esto se logró finalmente gracias al trabajo que hizo la Alianza Ciudadana Pro Justicia en conjunto con la Red de Derechos Humanos y organizaciones de afrodescendientes. Llegamos a un acuerdo con el fiscal para que permitiera que estas personas se presentaran voluntariamente y las órdenes de detención fueran reemplazadas por medidas cautelares; esta dinámica requirió del trabajo de numerosos abogados que de forma desinteresada brindaron sus servicios legales ya que los pobladores de la Isla son, en su mayoría, de escasos recursos.

    Por el otro lado, claramente muchas instituciones estatales son utilizadas por las empresas para alcanzar sus fines. De hecho, las instancias jurídicas suelen acoger las demandas que las empresas entablan contra sus críticos, decretan la confiscación de los bienes de los acusados, y en general aunque eventualmente los absuelvan, los someten a largos procesos que son muy desgastantes. Hace pocos días, por ejemplo, acompañamos al juzgado a los residentes de Coco del Mar, que fueron voluntariamente a declarar por la demanda civil contra ellos, y una señora de la junta directiva comentaba que el caso le generaba tal incertidumbre que la estaba perjudicando física y psicológicamente y perturbando su vida personal y familiar.

    En última instancia, el Estado toma partido a favor de las empresas. Recientemente hemos tenido informes de pobladores de Pedro González muy preocupados porque en las próximas semanas se iniciará la construcción del proyecto hotelero. Y francamente nuestra organización aún no ha podido ocuparse del tema de la titulación de las tierras, porque nuestro trabajo es voluntario, no tenemos capacidad suficiente, y por lo tanto hemos tenido que dividir las luchas: primero atender el tema de las personas con medidas de detención, y dejar para luego el tema de las tierras y las titulaciones. Pero el gobierno sí puede, y debería ocuparse de estos temas. El tema es que falta voluntad política; en el caso específico de Pedro González, uno de los grandes accionistas del proyecto en cuestión es Guillermo Saint Malo Eleta, pariente de la vicepresidenta de la nación. Así es que las soluciones al conflicto no avanzan porque hay fuertes intereses de por medio.

    En ciertos casos, como el de Barro Blanco, la toma de partido otorga al Estado un rol más represivo. El caso de Barro Blanco es un conflicto de larga data que empezó con concesiones a empresas hidroeléctricas varios gobiernos atrás. El proyecto se impuso contra la voluntad de la población indígena de la zona, que se vio desplazada y sufrió daños irreparables en poblados, zonas de cultivos y sitios religiosos, históricos, arqueológicos y culturales. En este caso, el Estado se ve involucrado de lleno toda vez que se dan enfrentamientos. Los pobladores exigen que las empresas paren los trabajos, y en cambio el gobierno suelta a la policía antimotines y los agrede. Hay un entramado de complicidades entre las empresas y el Estado, y el tiempo que pasa corre en contra de estas poblaciones, porque los proyectos de infraestructura acaban convirtiéndose en hechos consumados.

    1. ¿De qué manera se organiza y trabaja la sociedad civil panameña para superar estos obstáculos?

    Nosotros trabajamos en red. La organización que presido, Afropanameñ@ Soy, es parte de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras en Panamá (CONEGPA). Trabajamos todo lo relacionado con los derechos humanos de las personas afrodescendientes. También formamos parte de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y de la Red de Derechos Humanos de Panamá.

    La Red de Derechos Humanos tiene unos tres años de mucha actividad, y trabaja mediante una asamblea de acción ciudadana formada por unas 30 organizaciones, entre ellas sindicatos y grupos de mujeres, juventud, indígenas, grupos LGTBI y afrodescendientes. La asamblea generalmente se reúne dos veces al mes y aborda temas de actualidad nacional; la red se activa cuando se da alguna presentación de un caso específico de violación de derechos. Tenemos un grupo técnico que se encarga de hacer el relevamiento en el terreno. Nosotros asumimos todos los gastos: hacemos colectas para poder mandar a este grupo a hacer el trabajo de campo y redactamos y difundimos el informe. Tenemos ya dos informes técnicos elaborados, uno sobre Pedro González y otro sobre Barro Blanco, este último disponible en la web. Personalmente he tenido la oportunidad de participar en los dos, y en este último más intensamente porque incluyó la variable étnica, ya que las comunidades afectadas tienen una alta proporción de afrodescendientes.

    Como la Red se sostiene exclusivamente en los esfuerzos de sus miembros, sin ningún otro financiamiento, es clave para nosotros recibir la colaboración de otros actores. Así, por ejemplo, cuando tenemos alguna consulta legal más técnica recibimos apoyo del Colegio de Abogados. En este momento estamos trabajando en un pequeño proyecto con la Defensoría del Pueblo, la Universidad de Panamá y otras instituciones académicas, para desarrollar un diplomado para formar expertos en levantamiento de informes en situaciones de crisis. Todavía está un poco verde, pero para nosotros esto es fundamental porque no cualquiera puede hacer una investigación y producir informes de este tipo, y necesitamos más técnicos que puedan dedicarse a estos procesos.

    Nos vinculamos también con grupos de prensa alternativos que nos apoyan dando divulgación a nuestros casos. El sistema de medios de comunicación es muy poco accesible para nosotros, ya que en general está compuesto de grandes empresas muy poderosas que suelen tomar partido por las empresas que criminalizan al activismo. Nuestro trabajo de difusión recientemente resultó en una cobertura más equilibrada de la movilización que se produjo cuando los residentes de Coco del Mar se presentaron a declarar.

    Y también, por supuesto, llevamos nuestros reclamos a organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

    1. ¿Qué le reclama la Red de Derechos Humanos al gobierno de Panamá en la CIDH?

    Como Red de Derechos Humanos hemos tenido la oportunidad de participar en audiencias temáticas de la CIDH en 2014, 2015 y 2017. A ellas hemos llevado casos de violaciones de derechos humanos que están teniendo lugar en Panamá, y en particular en la última, hemos expuesto el reiterado incumplimiento del Estado a las recomendaciones de la CIDH así como a algunos fallos vinculantes de la Corte Interamericana.

    En efecto, el seguimiento por parte del gobierno es totalmente inconsistente. El gobierno asume compromisos pero luego no cumple con lo acordado. Uno de los compromisos tomados en la audiencia de la CIDH en Washington, en marzo de 2017, fue el de establecer una mesa temática con reuniones periódicas en las que se irían viendo los casos. Sin embargo, dicha mesa nunca se estableció. Tras regresar a Panamá, fuimos convocados a una sola reunión en Cancillería en abril. Fue muy incómoda, porque no fue más que un monólogo y no se pudo ni siquiera definir una agenda, por no hablar de llegar a algún acuerdo. Estaban presentes todas las partes, había altos funcionarios – estuvo incluso el viceministro de la Presidencia Salvador Sánchez González, a quien siempre mandan a dar la cara a las audiencias porque antes de entrar al gobierno trabajó en temas de derechos humanos -, pero fue una pérdida de tiempo. Lo único que quedó de allí fue la idea de hacer una gira a la isla de Pedro González, que eventualmente se hizo, pero eso era parte de un compromiso ya asumido. En la reunión solo se habló de Pedro González; el caso de Barro Blanco se abordó apenas de un modo muy general.

    En la última audiencia de la CIDH, realizada en Montevideo en octubre de 2017, aprovechamos para recalcarle al Estado que estamos totalmente disconformes con la forma en que están abordando, o más bien no están abordando, el tema. Nuevamente reclamamos el establecimiento de la mesa temática, desde la cual esperamos poder desarrollar un Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que queremos que se convierta en ley. Queremos un sistema de protección con protocolos para aplicar en determinadas situaciones y con mecanismos de alerta, prevención, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas desarrollados e implementados con la participación de expertos de la sociedad civil. Queremos una dinámica de respuesta competente, especializada, ordenada, moderada, oportuna, e integrada no solamente por personas la sociedad civil expertas en temas de derechos humanos sino también por contrapartes estatales con capacidad de decisión, ya que queremos la seguridad de que podrá resolver las situaciones de conflicto que estamos observando.

    Luego de que regresamos de Montevideo fuimos citados para una reunión en Cancillería el 23 de noviembre; esperamos antes de esa fecha poder fijar una agenda para que sea una reunión productiva. Ojalá haya voluntad del gobierno para establecer el sistema de protección que estamos reclamando.

    1. ¿Cuán conectada está la sociedad civil de Panamá con sus contrapartes en otras partes del mundo? ¿De qué modo podrían los actores externos apoyar a los activistas y a las organizaciones de la sociedad civil panameña?

    En la Red trabajamos con las uñas, en forma voluntaria y sin más apoyo que el que nos dan las organizaciones y personas que integran la Red. El tiempo que yo le destino a la Red es no remunerado y se suma a mis actividades profesionales, de modo que me es muy difícil estar 100% en eso. La Red todavía no tiene siquiera una página web, y cuando viajamos a instancias como la CIDH lo hacemos generalmente por esfuerzo que proporcionamos los integrantes de las diversas organizaciones. Para la audiencia de Montevideo solo pude ir yo en representación de la Red.

    De ahí que para nosotros sea clave fortalecer las redes de las que formamos parte. Por ejemplo, en calidad de organización afrodescendiente, Afropanameñ@ Soy es parte de redes internacionales de organizaciones afrodescendientes. Trabajamos con la Red de Mujeres Afrocostarricences, a la cual hemos puesto sobre aviso respecto de los temas que nos ocupan, sobre todo en la Isla Pedro González, y ellos a su vez nos pusieron en contacto con otras organizaciones similares en otros países. Se trata todavía de vínculos muy leves y todavía no muy concretos, pero estamos tratando por todos los medios de informar a nuestros amigos y contactos.

    La labor de visibilizar los casos es titánica, y para eso necesitamos de mayores contactos con organizaciones internacionales. Se nos ha hecho muy difícil, pero estamos intentando conectarnos con organizaciones que se ocupan de temas de tierras y que puedan orientarnos y asesorarnos sobre cómo llevar los casos.

    Pero para conseguir apoyos, tenemos que trabajar primero en disipar esa imagen que nuestro país emite hacia afuera de que acá no pasa nada, que somos cosmopolitas y modernos y está todo bien. De hecho muchos primero se asombran cuando leen nuestros informes y se enteran de los atropellos contra las comunidades y los casos de criminalización e intimidación de activistas. Pero esta es la realidad que estamos viviendo, y estamos tratando de hacerla visible. El hecho de que CIVICUS muestre interés en escucharnos y dar a conocer lo que aquí está pasando es sumamente valioso para nosotros.


     

     

  • Environmental Movement in Russia Once Again Under Attack

    19 April 2010, Johannesburg. CIVICUS has received information from local sources that the offices of Socio-Ecological Union (SEU) in Samara, Russia, have been raided by the police in connection with alleged criminal charges of extremism against Mr. Sergey Simak the Co-Chair of the Organization,.

    On the 13th of April, staff from the regional branches of the Department for Economic Crimes and the Center for the Combat of Extremism raided the SEU offices and seized Mr. Simak's computer and documents, which are alleged to have been used for criminal purposes.

    According to local reports, a source in the regional Police Department stated that the case was initiated on 12 April, the same day that activists from Samara, and 44 other cities in Russia, held protests over the felling of virgin Mediterranean pistachio-juniper forests, to make space for a health and sports complex. Furthermore, ecologists and activists from Samara have been actively involved in protesting the Baikal Pulp and Paper Mill, which reopened with the support of Prime Minister Vladimir Putin, and has grave ecological consequences for Lake Baikal and surrounding region.

    CIVICUS is deeply concerned that attacks on the environmental movement in Russia are becoming common and systematic. A member of SEU has expressed fears to CIVICUS that, as SEU is currently headquartered out of Samara, the whole organization may be jeopardized by this latest attack. CIVICUS urges President Medvedev to protect freedoms of association and expression in the country, and ensure that peaceful environmentalism is not regarded as extremism in Russia.

    Environmental groups in Russia are repeatedly stripped of their fundamental right to freedom of expression when the issues are political or economic in nature. In January 2010, police raided NGO Baikal Environmental Wave, a member of the SEU Network, and confiscated computers in response to the NGO's advocacy surrounding the Baikal Pulp and Paper Mill. Further, in Turkmenistan, the authorities arrested Mr. Andrey Zatoka under trumped up charges, a renowned ecologist, activist and member of SEU.

    The Socio-Ecological Union remains to be the oldest, largest, and one of the most respected NGOs in the post-Soviet region. The compromise of the operations and existence of this organization would have grave consequences not only for the region's rich and diverse ecology, but also for the civil society in Eurasia as a whole.

    CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation is a global movement of civil society with members and partners in over a hundred countries. The Civil Society Watch (CSW) programme of CIVICUS tracks threats to civil society freedoms of expression, association and assembly across the world. In 2009, CSW tracked threats in 75 countries across the globe.

    For more information, please contact:

    Devendra Tak, Media and Communications Manager, CIVICUS
    or
    Sonia Zilberman, Civil Society Watch Programme, CIVICUS
    Tel: +27 -11- 8335959

     

  • Global civil society condemns the criminalisation of human rights defenders in Guatemala

     

    Joint letter condemns the criminalisation of human rights defenders Claudia Samayoa and José Martínez in Guatemala

    We the undersigned organizations are gravelly alarmed by the ongoing, targeted criminalization of human rights defenders in Guatemala including the recent judicial harassment of defenders Mrs. Claudia Virginia Samayoa Pineda and Mr. José Manuel Martínez Cabrera. The targeted judicial harassment of Ms. Samayoa Pineda and Mr. Martinez Cabrera is illustrative of the authorities’ growing intolerance of independent dissent, including defenders working on land and environmental defense.

    Mrs. Samayoa Pineda is President of the Board of Directors of UDEFEGUA, an organization which works to support human rights defenders in Central America, and member of the OMCT Executive Committee; while Mr. José Manuel Martínez Cabrera is a member of the Justicia Ya Collective, a citizen movement which opposes corruption and impunity. Both human rights defenders are being subjected to a criminal complaint by Mr. Nester Mauricio Vásquez Pimentel, in his capacity as President of the Supreme Court of Justice (CSJ) and representing the CSJ, on spurious charges of illegally obtaining a court document and influence peddling. It is broadly acknowledged that civil society groups, including UDEFEGUA and the Justicia Ya collective, have been instrumental in the fight against impunity and public corruption in the country.

    The criminal case against both defenders is a direct response to a complaint the defenders filed on January 17, 2019 requesting the withdrawal of the privilege of immunity from 11 judges of the CSJ. The complaint contends that the 11 judges breached the Constitution of Guatemala and committed judicial prevarication by allowing criminal proceedings against three judges from the Constitutional Court (CC). Along with the complaint presented to CSJ on January 17, 2019, Ms. Samayoa Pineda and Mr. Martínez Cabrera annexed a copy of the CSJ decision which allows the criminal proceedings against the CC judges to continue. Despite the fact that this document had been widely circulated in the national press and on social media, the President of the CSJ is accusing these two human rights defenders of illegally obtaining it.

    The criminalization of both defenders is yet another example of the targeted reprisals leveled against civil society organisations and human rights defenders that have mobilised against a series of attacks on Guatemala's democratic institutional framework. Among other worrying attempts to undermine democratic norms and the rule of law in Guatemala, the authorities have sought to delegitimize the judges of the Constitutional Court and unilaterally cancel an agreement with the UN ending the International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG). 

    In the framework of our commitment to justice and human rights, we make a public call to the Guatemalan Government to:

    1. End all acts of harassment, misuse of criminal law and criminalization against individuals and communities that defend human rights in Guatemala, including Ms. Claudia Virginia Samayoa Pineda and Mr. José Manuel Martínez Cabrera. In particular, we ask the Public Ministry to dismiss the criminal complaint against both human rights defenders.
    2. Adopt the most appropriate measures to guarantee the safety and physical and psychological integrity of Ms. Claudia Virginia Samayoa Pineda and Mr. José Manuel Martínez Cabrera and of all human rights defenders in Guatemala.
    3. Protect, respect and guarantee the realization of human rights and fundamental freedoms in all regions of Guatemala, as well as the validity of a democratic State.

    Organizaciones signatures:

    350.org
    Action Aid, Guatemala
    African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), Sudan
    Alianza Frente a la Criminalización (AFC), Guatemala
    Asamblea socioambiental de General Roca . Argentina
    Asian Legal Resource Centre (ALRC)
    Asociación Ambiente y Sociedad - Colombia
    Asociación COMUNICARTE, Guatemala
    Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, España
    Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila ATRAHDOM
    Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Colombia
    Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) – Honduras
    Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE), Ethiopia
    AWID (Association for Women’s Rights  in Development)
    Banglar Manabadhikar Suraksha Mancha (MASUM), India
    Cambodian Center for Human Rights (CCHR), Cambodia
    Carea e.V., Alemania
    Center for Justice and International Law (CEJIL)
    Central General de Trabajadores de Guatemala
    Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)
    CIVICUS
    Civil Society Organizations Network for Development (RESOCIDE), Burkina Faso
    Colectivo CADEHO, Alemania
    Collectif Guatemala, Francia,
    Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela
    Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) – Colombia
    Comite Noruego de solidaridad con America Latina, Noruega
    Committee Against Torture, Russian Federation
    Comunidades en Resistencia Pacífica de La Puya, Guatemala
    Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras
    Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, US Provinces
    Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca A.C .- México
    Coordinadora Civil-Nicaragua
    Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) - Perú
    CUTH
    Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR (Perú)
    Dienst fuer  Mission, Oekumene und Entwicklung der Evangelischen Landeskirche Stuttgart, Alemania
    DKA Austria
    Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER), Guatemala
    Festivales Solidarios, Guatemala
    Foro de Organizaciones No Gubernamentales Internacionales en Guatemala (FONGI)
    Front Line Defenders
    Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
    Fundación Ciudadanía Inteligente
    Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
    Fundación Karmel Juyup’, Guatemala
    Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
    German Zepeda, Solidarity Center
    Global Witness
    Guatemala-Netz Zürich
    HondurasDelegation, Alemania
    Human Rights Defenders Network- SL
    Iglesia Luterana ILUGUA de Guatemala, Guatemala
    Impunity Watch, Países Bajos
    International Commission of Jurists (ICJ)-Kenya, Kenya
    International Labor Rights Forum (ILRF)
    International Land Coalition (ILC) - América Latina y el Caribe
    International Land Coalition (ILC) - Secretariat
    JASS (Just Associates)
    Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights, Philippines
    Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law (KIBHRL), Kazakhstan
    KM207 Guatemala-Suisse
    Latin America Working Group
    Ligue Burundaise des droits de l’homme Iteka, Burundi
    Maryknoll Affiliates
    Maryknoll Office for Global Concerns
    Metro Center, Journalists Rights & Advocacy
    Movimiento por la Paz (MPDL)
    Mugen Gainetik, del País Vasco, España
    Oekumenische Initiative Mittelamerika e.V., Alemania
    Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) – Internacional
    OXFAM
    Oxfam America
    Peace Watch Switzerland (PWS), Suiza
    People in Need
    Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), Philippines
    Plataforma Internacional contra la Impunidad
    Presbyterian Church (USA)
    Presbyterian Peace Fellowship
    Programme Against Custodial Torture & Impunity (PACTI), India
    Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER)
    Protection International Mesoamérica
    Public Association “Spravedlivost” Jalal-Abad Human Rights Organization, Kyrgyzstan
    Public Verdict Foundation, Russian Federation
    Reacción Climática, Bolivia
    Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia
    Robert F. Kennedy Human Rights
    Seguridad en Democracia (SEDEM)
    Sindicato de trabajadoras domésticas de maquila, nexas y conexas SITRADOM
    Sisters of Mercy of the Americas - Institute Justice Team
    Solidaridad con Guatemala de Austria (Guatemala Solidarität Österreich)
    SOS-Torture/Burundi, Burundi
    The Fund for Global Human Rights
    UDEFEGUA, Guatemala
    UNSITRAGUA HISTÓRICA
    Washington Office on Latin America (WOLA), United States
    West African Human Rights Defenders Network
    World Movement for Democracy
    ZEB / Zentrum fuer entwicklungspolitische Bildung der Evangelischen Landeskirche Stuttgart, Alemania
    Zimbabwe Human Rights NGO Forum


    Individual signatures:

    Ana Lucía Ixchíu Hernández, Guatemala
    David O., ciudadano de los E.E.U.U.
    Dra. Lisette Aguilar Prado, Guatemala
    Esther Gut de Zurich, Suiza
    Eve Chayes Lyman
    Iduvina Hernández Batres, Guatemala
    Karla AVELAR activista trans refugiada
    Maya Alvarado Chávez, Guatemala
    Mirna Ramírez, Guatemala
    Padre Cirilo Santamaria Sáez, Guatemala
    Samwel Mohochi, Executive Director, ICJ Kenya
    Tony Smith, ciudadano de los E.E.U.U.
    Victoria Sanford, PhD, Director, Center for Human Rights & Peace Studies, Lehman College, City University of New York, United States

     

  • Guatemala: Las autoridades detienen a Jerson Antonio Morales al tiempo que continúan los ataques contra defensores de los derechos indígenas

    English

    La alianza global de la sociedad civil CIVICUS condenó el arresto y la detención ilegal del periodista y activista de los derechos indígenas Jerson Antonio Xitumul Morales por parte de las autoridades guatemaltecas, el 11 de noviembre de 2017.

     

  • Joint statement from Environmental rights defenders workshop

    In response to the rise in the attacks, harassment and killings of human rights defenders and activists defending land, environmental and indigenous rights, CIVICUS and Publish What you Pay released a report on the different restrictions and attacks faced by activists. 

     

  • Joint statement on the rights of indigenous peoples

    UN Human Rights Council: 36th Session 
    Panel discussion on the rights of indigenous peoples

    Disponible en Espanol

    I read this statement on behalf of 39 human rights defenders and civil society organisations working on indigenous, land and environmental rights from 29 countries who met in Johannesburg, South Africa from 7-9 August 2017 to discuss strategies to advance the protection of indigenous, land and environmental rights activists.

    Mr. President, 2016 surpassed 2015 as the deadliest year on record for those stood up against land grabbing, natural resource exploitation and environmental destruction. Worryingly, the number of killed has risen to 200 from 185 in 2016 and spread to several countries across the world.

    In the current global climate, where repression of the rights to freedom of expression, association and assembly is becoming the norm rather than the exception, environmental and land defenders are particularly vulnerable.

    When we express concerns over the collusion between States and corporate actors, we face opposition - dissent is stifled and criminalised, and our lives are threatened. Often our work is discredited and we are labelled ‘anti-national’ and ‘anti-development’.

    When we protest peacefully against this attack on our resources and livelihoods, we face violence from state authorities, private security groups and state-sponsored vigilante groups. When we stand up to defend the rights of our communities, we face unfounded criminal charges, unlawful arrests, custodial torture, threats to life and liberty, surveillance, judicial harassment and administrative hurdles, among other actions.

    Mr. President, our families are threatened into silence and many of us have had to make the difficult decision to flee our homes and go into exile, retreating from a fight that has become too dangerous.

    We need global action to counter the threats we face.

    We ask the panellists to urge the Council to emphasise the need for all states to ensure that affected communities are adequately consulted, including securing their full consent prior to the development of infrastructure and extractive industries projects.  

    More information:

     

  • La sociedad civil de América Latina y el Caribe presiona por un acuerdo vinculante sobre acceso a la información y derechos ambientales

    English

    CIVICUS conversa con Andrés Nápoli, abogado especializado en derecho ambiental y Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Fundada en 1985, FARN es una organización de la sociedad civil dedicada a impulsar el desarrollo sustentable. Con énfasis en la participación ciudadana, FARN promueveuna ciudadanía ambiental inclusiva, el desarrollo y la implementación de herramientas para mejorar la transparencia de las políticas públicas y el acceso a la información en materia ambiental. Además construye y lidera redes y alianzas en espacios colaborativos y estratégicos de conocimiento.

    Hace unos días se desarrolló en Buenos Aires una nueva ronda de negociaciones en pos de la adopción de un tratado sobre desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. ¿Cuáles serían los contenidos de este tratado, y qué rol está desempeñando la sociedad civil en el proceso?

    Este es un acuerdo de negociación que se conoce como “acuerdo por el principio 10”, en referencia al principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), que garantiza el acceso a la información, a la participación en la toma de decisiones en materia ambiental y a la justicia de todos los actores afectados.

    A partir de esa declaración y de un proceso similar que se dio en Europa y que ya a fines de los ‘90 resultó en la Convención de Aarhus, diez países de América Latina y el Caribe iniciaron negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, que tuvo lugar en Río de Janeiro en junio de 2012. Lo que buscaban era un acuerdo, un instrumento regional, para garantizar el acceso a la información sobre medio ambiente y que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en procesos de toma de decisiones que puedan afectar su calidad de vida o el ambiente y tener acceso efectivo a procedimientos judiciales y administrativos, por ejemplo para reparar daños.

    Durante varios años el proceso fue avanzando mediante una serie de reuniones de puntos focales, hasta que finalmente en el año 2015 se dio inicio al proceso de negociación. Los países involucrados actualmente son 24. El proceso es apoyado, en calidad de Secretaría Técnica, por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), un organismo que integra el sistema de las Naciones Unidas y que ha tenido un rol muy activo.

    El proceso tiene una característica muy peculiar: sigue el modelo establecido en la Convención de Aarhus, que tenía el objetivo de consolidar los procesos democráticos en Europa del Este y que para ello contempló la incorporación activa de la sociedad civil. Así, el proceso actualmente en curso en nuestra región también establece mecanismos para la participación activa de la sociedad civil, la que cuenta con representantes en el Comité de Negociación que integran los representantes de los países. La sociedad civil cuenta con dos representantes electos por sus pares que debaten e intercambian ideas en la mesa de negociación del Convenio. Pueden incluso proponer texto para incorporar en el instrumento, el cual es incorporado si obtiene el apoyo de al menos uno de los países.

    ¿Cómo fueron seleccionados los representantes de la sociedad civil? ¿Ha trabajado la sociedad civil en alianzas o redes?

    Los representantes de la sociedad civil (a la que en este proceso se denomina “público”) fueron electos en una votación realizada por medios electrónicos y en la que participaron los miembros del público que se encontraban inscriptos en el proceso al inicio de la negociación. Resultaron electos como titulares las representantes de la sociedad civil de Chile y Jamaica. En mi caso resulté electo como miembro alterno, junto con otros cuatro representantes de diversos países de la región.

    Los representantes de la sociedad civil establecimos una red por medio de la cual desarrollamos nuestra tarea de manera articulada y conjunta. Contamos además con diferentes voceros en el proceso de negociación, como así también con el asesoramiento de expertos de países de la región y de Aarhus.

    ¿Ha habido desacuerdos importantes entre sociedad civil y estados en el curso de las negociaciones?

    El proceso de negociación debería terminar a fines de este año, y si eso no se consigue habría alguna reunión más el año que viene. Se está negociando un texto propuesto por la Secretaría Técnica y sobre la base del cual se ha ido avanzando. Las negociaciones están entrando en su fase final.

    Pero ha habido muchas idas y vueltas, y hay cosas importantes que aún no están definidas. Un tema en que la sociedad civil ha venido insistiendo, y sobre el cual hay una decisión cada vez más firme, es que el acuerdo debe tener carácter vinculante, vale decir que debe obligar a los países que formen parte del mismo. En tal sentido, entendemos que un acuerdo basado en derechos no puede admitir otro carácter. No queremos que este proceso sea una nueva declaración de principios, o una suerte de Ley Modelo: queremos un acuerdo que obligue a los países a establecer e implementar ciertos mecanismos efectivos de participación y acceso a la información en materia ambiental, como así también un amplio acceso a la justicia para reclamar la protección y tutela del derecho a gozar del ambiente.

    Varios países se han pronunciado a favor de esta posición: entre ellos se cuentan Chile, Costa Rica, Panamá y Paraguay; también Argentina se expresó en ese sentido en la última reunión. Otros países sin embargo todavía no se han pronunciado en ese sentido, pero negocian el acuerdo como si fuera a adoptarse un mecanismo de carácter vinculante.

    Sin embargo, nosotros creemos que hay ciertos países que no están negociando de buena fe el acuerdo. Ante todo, aún no se han pronunciado sobre si van a firmar el documento, ni sobre si aceptan que se trate de un acuerdo vinculante. Además, varios de esos mismos países negocian el acuerdo buscando bajar sistemáticamente los estándares de protección de derechos a establecer en el acuerdo, en algunos casos incluso fijando estándares más bajos que los que establecen sus propias legislaciones nacionales.

    Estos intentos de bajar los estándares y garantías llevaron a que se generaran muchas discusiones que han prolongado por demás los plazos de las negociaciones y al mismo tiempo han generado un creciente malestar en los representantes de la sociedad civil.  Esto se ha visto muy claramente en temas de acceso a información pública, donde se han establecido numerosas barreras que tornarán mas dificultoso al ciudadano acceder a la información en poder del estado.

    De hecho, en la última reunión en Buenos Aires se planteó la posibilidad de que la sociedad civil abandonara el proceso si esta actitud persistía. Pero esto fue más que nada un llamado de atención para los negociadores: como sociedad civil trazamos un límite a la discusión, por debajo del cual ya no estaremos dispuestos a permanecer.

    Esperamos que en la próxima reunión, que se va a hacer en Chile cerca de fin de año y en la cual se van a abordar las cuestiones referidas al acceso a la justicia, los estándares de los países se mantengan elevados. Caso contrario, va a ser muy difícil que aquellos países que ya tienen buenos estándares en sus legislaciones mejoren su cumplimiento.

    ¿Por qué es importante la participación de las sociedad civil? ¿Qué diferencia hace su presencia en estos foros?

    La participación de la sociedad civil es muy importante no solo porque legitima los procesos de negociación; también permite que haya mayores niveles de apertura y transparencia. Lo que es más importante, la sociedad civil trae a la mesa de negociaciones muchos de los temas que los estados no están dispuestos a tratar, aporta una perspectiva que va más allá de los intereses estrechos de los estados y al mismo tiempo busca que se eleven los estándares exigidos de protección de derechos. Cuando hay transparencia y la atención pública está puesta en estos procesos, es mucho más difícil para los estados negarse a abordar estas discusiones.

    Un ejemplo de los temas que se han impuesto por la impronta de la sociedad civil es el de la situación por la que atraviesan los defensores ambientales y de derechos humanos en la región y la necesidad de establecer garantías para que puedan llevar a cabo su labor sin sufrir amenazas y atentados, que a muchos les han costado la vida.

    América Latina es la región del mundo con mayor cantidad de asesinatos de activistas ambientalistas. Nosotros creemos que el Acuerdo por el Principio 10 debe contener mecanismos que posibiliten la prevención y la protección efectiva de los defensores ambientales.

    Hay incontables conflictos ambientales abiertos en toda América Latina y el Caribe, asociados a muchísimas violaciones de los derechos humanos, y por el momento no hay mecanismos institucionalizados de negociación entre los estados y las comunidades afectadas. El acuerdo por el Principio 10 puede ser una muy buena herramienta para canalizarlos.

    Como lo muestran numerosos informes publicados recientemente por CIVICUS, PWYP, Global Witness y Front Line Defenders, la sociedad civil que se ocupa del medio ambiente y los recursos naturales enfrenta amenazas crecientes. ¿Qué se puede hacer frente a estas amenazas?

    Efectivamente, América Latina es la región más problemática en materia de garantía de los derechos de los defensores ambientales. Un caso emblemático ha sido el de Berta Cáceres, pero lamentablemente no se trata de un caso único sino que ha habido centenares de defensores asesinados en Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay, México, Nicaragua y Guatemala, entre otros países. En la mayoría de estos procesos están involucradas grandes inversiones, tanto en la lucha contra las mega represas hidroeléctricas como en el avance de la frontera agropecuaria o de la explotación minera. En esos contextos, los defensores ambientales, que son los que trabajan codo a codo con las comunidades afectadas, ven peligrar sus derechos e incluso su integridad física y su propia vida.

    Frente a esto se requieren garantías y salvaguardas fuertemente expresadas por los estados, pero no solamente cuando suceden los ataques sino a manera de prevención, para garantizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos que están expresando estos defensores ambientales. Muchos de nosotros tenemos la suerte y el privilegio de trabajar desde las capitales, pero los defensores ambientales están junto con los grupos de poblaciones afectadas cuando suceden, por ejemplo, las ocupaciones de tierras por parte de las empresas extractivas o cuando ocurren los desplazamientos del territorio de las poblaciones que lo habitan, que es cuando ocurren las peores violaciones de derechos humanos. De ahí la necesidad de que haya instrumentos internacionales y políticas activas de prevención y protección para estos defensores.

    ¿Qué tendencias, positivas o negativas, observa en materia de participación de la sociedad civil en procesos de toma de decisiones?

    Hay una tendencia que yo creo que es irreversible: la discusión entre estados, con exclusión de la sociedad civil, no ha dado muchos resultados ni tiene mucho futuro. Sin embargo, estos procesos no son lineales; muchas veces se avanza en algunos espacios mientras que se retrocede en otros. Este proceso es un buen ejemplo de que la participación activa de la sociedad civil dentro del proceso puede ser virtuosa y que los acuerdos son posibles; también muestra que se requiere de tiempo, conocimientos y, sobre todo, se requiere ganar confianza.

    Al mismo tiempo, estos procesos ponen en evidencia que muchos países “hacen como que” participan, “hacen como que” informan, pero esto es ficticio. Muchos países garantizan los derechos en sus legislaciones pero fracasan en su implementación. De ahí que nuestras luchas se centren en garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos.

    ¿Qué recursos necesita la sociedad civil para fortalecerse y responder mejor a los desafíos que enfrenta?

    Sobre este punto volvería a referir otra vez al tema con que iniciamos esta conversación: las negociaciones por el Principio 10. Este es un proceso abierto para toda la sociedad civil de América Latina y el Caribe, de modo que quiero hacer un pedido directo a toda la sociedad civil, no solamente a organizaciones sino también a personas individuales, profesionales en diversas áreas, para que se informen y tengan una participación activa en este proceso. Eso se puede hacer de manera muy sencilla, para lo cual hay primero que registrase en el proceso en www.cepal.org/es/register/p10. La idea es que el proceso pueda crecer cada vez más a través de una buena comunidad de participantes que contribuya a consolidarlo.

    En términos de fortalecimiento de la sociedad civil, es muy importante que cada uno atienda a los temas que son de su interés y especialidad, pero que también podamos entre todos elegir temas para trabajar en conjunto. El trabajo colectivo fortalece cada uno de los reclamos y cada una de las luchas. En este sentido la sociedad civil siempre tiene elementos para aportar y para construir agenda. Esta agenda no se realiza en el corto plazo: hay que sostenerla en el tiempo. Por eso es bueno trabajarla en forma colectiva, de modo que el día en que uno no puede sostenerla, otro pueda hacerlo en su lugar y que el proceso no se detenga.

    En relación con los derechos que defienden organizaciones como la nuestra, ningún resultado de interés público y de interés colectivo se obtiene en el corto plazo. Se requiere continuidad en el tiempo y, por lo tanto, trabajo colectivo. Apostamos a que estas luchas por los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente sano se consoliden en instrumentos internacionales y formen un círculo virtuoso, en la medida en que cada vez más ciudadanos se movilicen, se informen y participen en el proceso de toma de decisiones, y que en ese proceso se generen más y mejores mecanismos institucionales y legales que garanticen esos mismos derechos de movilización, acceso a la información y participación a nivel tanto nacional como internacional mayores serán los resultados que se obtendrán en estos procesos.

    El espacio cívico en Argentina es clasificado en elCIVICUS Monitor en la categoría “estrecho”.

    Visite elsitio web o el perfil deFacebook de FARN, o siga en Twitter a @farnargentina o a @andresnapoli.

     

  • Liberian rural communities face ‘David vs Goliath’ battle with multinationals

    CIVICUS speaks to a Liberian activist about the invasions by multinational companies into community and indigenous lands. Rural communities are at the receiving end of human rights violations perpetuated against these companies and the police while the state appears to be turning a blind eye to their plight. The activist prefers to remain anonymous to protect their identity.

    1. Can you describe the state of land rights, resource rights and indigenous rights in Liberia?
    Communities and land rights activists in Liberia struggle to protect land and natural resources from multinational companies who are given access to land and natural resources by the government without taking into consideration the needs and views of Liberians. In exploiting land and natural resources, these multinational corporations violate the rights of communities, exploit children and their actions have an adverse effect on the environment. Recently, the Liberian government discussed land ownership and rights through a land authority and land rights Act and promised to include more local voices such as those of women and children. However, the laws remain unenforced even though resources that are being taken by big companies are supposed to empower all communities in Liberia. A major challenge is that these multinationals have agreements with the government without taking into account the views and concerns of communities whose livelihood will be affected by the exploitation of these resources. 

    2. What do you view as the core issues related to Golden Veroleum’s work in Liberia?
    The survival and livelihood of Liberia’s rural communities is attributed to their access to the rainforests and to land for cultivation. Upon the arrival in 2010 of Golden Veroleum Liberia (GVL), a oil palm developer, rural farmers’ lands have been taken from them, often times by force. GVL has continued their expansion and let nothing get in their way; not farmers, not virgin rainforests teeming with wildlife, not even their promises made to help the local communities and assist them in developing education and other necessities. GVL has continued their operations but has returned nothing to the Liberian communities from whom they took the land.

    Many of the communities and farmers have disagreed with GVL but have been met with threats and bribery by officials in positions of power. When the members of the communities chose to take a stand and express concerns over the actions of GVL, they have been arrested and beaten. GVL has employed a heavily armed and armored police unit called the Police Support Unit which they have invited to indefinitely stay to protect GVL’s interests and plantations. The workers that work for GVL are underpaid – in most cases US$10 a day and a rice supply which GVL’s forces have been confiscating in village raids. GVL has forced communities out of their land and some members of communities have gone into hiding to avoid reprisals.

    3.  How are communities of rural farmers affected by GVL’s palm oil production?
    The land of these rural farmers has been confiscated, oftentimes by force, and has been poisoned with the chemicals used inside of palm plantations. GVL supposedly assumes that all local farmers will be obliged to work for them, facing underpayment and no access to the land on which they used to live. Some farmers have refused and simply left to live in the rainforest, yet GVL’s continued expansion threatens the delicate balance of the rainforest in which they live. Others have been beaten and imprisoned and remain there with no hope of ever leaving due to the corruption of GVL’s employed police unit.

    4. In addition to concerns by farmers, can you expand on what your concerns are about the palm oil expansion by GVL?
    My concerns are that the pleas of these farmers have remained unheard and overlooked by the Liberian government because of the economic benefit the government is receiving for this development. The conditions into which they force these communities, along with the ruthless means used to place them in such peril is very worrying and speaks a lot about the corruption that remains unexposed within the palm oil industry. I am concerned at what the future will bring, with little advancement in development for the communities. Farmers are detained and several are unaccounted for and GVL colludes with the government to gain access to land without consent of local communities.

    5. In your opinion, why is this issue not being covered in the mainstream media?
    Much of the story has been covered up or kept quiet by corrupt local officials and GVL. However, we hope that as civil society continues to highlight these issues, the matter will get the attention it deserves. Palm oil is used widely for domestic and industrial purposes — from cleaning products to culinary purposes and manufacturing — yet the methods of producing palm oil are not made public. Even major brand names using this oil have not spoken about which companies they source it from and by what means. If this was publicised by the mainstream media there would be a breach of trust between consumers and providers.

    6. How has the government of Liberia responded to opposition to the oil plantation and why has it responded in this manner?
    In the aftermath of Liberia’s war, the government expected investors to boost the economy and were quick to accept companies that produce palm oil. Liberians were initially happy about the arrival of multinational companies as they promised to create jobs and build schools. However, when the multinationals started violating the rights of communities, the government did not respond. In fact, we know that GVL has been bribing government officials who now ignore the actions of GVL and silence the voices of communities.

    7. What can international civil society do to provide support and solidarity to activists in Liberia on this matter?
    I would suggest we call on the UN Human Rights Council and the Office of the High Commissioner for Human Rights to include Liberia consistently on their agenda. It would also be important for international human rights institutions and mechanisms to work with the Roundtable on Sustainable Palm Oil, a voluntary association of the palm oil industry, to ensure GVL stops its operations until it has fulfilled promises made to communities. Finally, we hope local and international media outlets can do more to highlight the human rights violations, human-trafficking, child slavery and illegal deforestation which are common in the palm oil industry. This will persuade customers to demand that their providers ensure that products are produced in line with ethical and human rights standards. Providers unwilling to meet these demands should be exposed to prevent further damage to communities and their lands, in countries such as Liberia. 

    • Liberia is rated as “Repressed” by the CIVICUS Monitor.

     

  • Natural resources activists under siege, new report shows

    Rise in authoritarian values coupled with intensifying natural resource exploitation crippling civil society

    Johannesburg / London, 3 December 2016:The scramble for natural resources coupled with the rise of authoritarian values around the world endangers activists and prevents them from playing their rightful role in the management of natural resources, says a new report from CIVICUS and Publish What You Pay.

    Against All Odds: The Perils of Fighting for Natural Resource Justice documents the ways in which governments and business in virtually all resource-rich countries restrict civil society, and how this actively undermines efforts to achieve greater transparency and accountability in the extractives sector.

    Those who speak out over unsustainable and unscrupulous natural resource governance suffer a range of attacks – from smear campaigns to murders that go uninvestigated.

    “In the face of closing civic space, activists end up spending more time protecting themselves and their organisations,” said Elisa Peter, Executive Director of Publish What You Pay. “This prevents them from carrying out their vital work: scrutinizing the environmental and economic impact of extractive industries, ensuring that the voices of affected communities are heard, and blowing the whistle on corruption.”

    Based on first-hand exchanges with those on the front lines of natural resources activism, Against All Odds documents two types of repression: use of the law as a tool against activism and use of extra-legal tactics against activism.

    Regarding the use of the law, the report records regulations that seek to control civil society in Australia, Canada, Equatorial Guinea, Bolivia, Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Ethiopia, Kenya, Uganda and Azerbaijan. Tightening controls on public space are documented in Colombia, Guatemala, Brazil, Australia, the United Kingdom, Niger, Kazakhstan and Chile, and criminalisation of activists is recorded in Peru, Panama, El Salvador, Cameroon, Sierra Leone, Cambodia and Azerbaijan.

    Regarding extra-legal tactics, the report documents intimidation and violence in Colombia, DRC, Indonesia, Honduras, Philippines, Brazil and South Africa, the public vilification of those who speak out in Congo-Brazzaville, Ecuador, Argentina, Canada and the USA, and unwarranted surveillance in India, Nicaragua and Canada.

    The replication of repressive policies and practices from state to state suggests that nations are quickly learning from one another the most effective methods to stifle independent civil society.

    Whether intrinsically opposed to natural resource exploitation, or rather concerned with a fair distribution of its costs and benefits, activists seem just as likely to be harassed or even killed, the report finds. As layers of discrimination overlap, indigenous women activists appear to be the most at risk. Civil society is developing its own self-protection mechanisms in response to attacks, collected in the report.

    “It is a tragedy that those trying to protect natural resources are themselves in need of protection from corporate greed and political collusion,” said Dr Dhananjayan Sriskandarajah, Secretary-General of CIVICUS. “From Australia to Uganda, courageous activists have refused to play the victim. It is imperative that international civil society stands in solidarity with those on the frontlines of the struggle for natural resource justice.”

    CIVICUS and PWYP call on governments to repeal restrictive legislation and live up to their commitments to protect and enable civil society under international and national law.

    Companies and governments must foster strong civil society engagement in natural resource governance, through the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) and the Open Government Partnership (OGP) among others. This includes refraining from vilifying environmental activists. Companies and investors must obtain free, prior and informed consent from communities affected by their projects.

    CIVICUS and PWYP also strongly encourage civil society actors to work in unison towards a better protection of colleagues on the ground. This can be achieved through better documentation of cases of repression and by holding to account those in charge of a country’s natural resources.    

    Notes to editors:

    Against All Odds: The Perils of Fighting for Natural Resource Justice can be accessed online here: http://www.civicus.org/index.php/media-resources/reports-publications/2655-against-all-odds-the-perils-of-fighting-for-natural-resource

    The report will be presented 3 December at an event organised by CIVICUS and Publish What You Pay at Transparency International’s International Anti-Corruption Conference in Panama.

    PWYP’s Executive Director will also join a panel on civic space at the OGP Summit 2016 in Paris to share the key findings of the report.

    CIVICUS is an international alliance dedicated to strengthening citizen action and civil society throughout the world.

    Publish What You Pay is a global network of civil society organisations united in their call for an open and accountable extractive sector so that oil, gas and mining revenues improve the lives of women, men and youth in resource-rich countries.

    Press contacts:

     

     

     

  • Persecution of rural protest movement leaders continue as crisis deepens in Nicaragua

    • Three campesino environmental activists mistreated in detention, awaiting trial
    • UN report confirms continued targeting of campesino leaders by government
    • UN staff expelled from Nicaragua after UN report on protesters’ rights abuses
    • More than 320 people killed since violent crackdown on protests began in April
    • Global rights groups urge authorities to drop all charges, release campesinoleaders

       

    • Rising Attacks on Environmental Defenders Threaten Human Rights Goals Globally

      By Inés Pousadela 

      “I have been told that my name is on a hit list…but I haven’t been killed yet.” These were the chilling words of Mzama Dlamini, a South African community activist, to a gathering of environmental defenders from all over the world. Many in the audience could personally relate.

      Read on: Diplomatic Courier

       

    • TANZANIA: ‘Despite threats, we will not retreat from defending the rights of our communities’

      CIVICUS speaks to Joseph Ole Parsambei, Executive Director of the Tanzania Pastoralist Community Forum (TPCF), about the threats faced by environmental, land and indigenous rights activists in Tanzania. TPCF is non-partisan, not-for-profit civil society organisation (CSO) that advances the rights of Tanzania’s pastoralist peoples - the Maasai, the Barbaig, the Akie, the Taturu and the Hadzabe.

       

    • Time to sign: Environmental rights and democracy in Latin America

      Espanol

      The #Sign4TheEnvironment campaign aims to promote the signature of the regional treaty for environmental democracy in Latin America and the Caribbean - known as the Escazu Agreement. The Escazú Agreement represents a major step forward for the rights of people to access information and participate in policies, projects and decisions that affect the environment. The right  to participate in decision-making processes is key for an open civic space. 

      The agreement is also the first international instrument that includes obligations for the protection environmental defenders and the right of assembly in relation to the environment as the treaty obliges countries to recognize the role and protect activists and their organizations. Attacks and killings of environmental defenders in Latin America is a major concern, as the region is usually the most dangerous place on earth for environmental defenders according to the annual report of Global Witness:

      The treaty will open for signature on September 27 during the General assembly of the United Nations. The Agreement will need the signature and ratification of 11 countries to entering into force.

      Add your name to the government petition & learn more about the importance of the Escazú Agreement. For the latest updates on the state of citizen rights in each country in Latin America and the Caribbean see the CIVICUS Monitor.

       

    • Your life or your freedom? The ultimate price to defend the environment

      By Natalia Gomez Peña, Advocacy & Network Engagement Officer, Vuka! Secretariat

      For the family of indigenous Guatemalan activist Jorge Juc, the announcement last week by US President Donald Trump of an agreement declaring Guatemala a “safe third country” could not be more bitterly ironic.
      The deal requires central American migrants who cross into Guatemala on their way to the US to apply for protections in Guatemala instead of at the US border – a move immigration advocates have called cruel and unlawful.

      Read on: Inter Press Service