Un nuevo informe presentado por CIVICUS y el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expone serias preocupaciones sobre la situación del espacio cívico en Honduras. En dicho informe se destacan los desafíos existentes a pesar del marco jurídico destinado a proteger las libertades cívicas fundamentales. El informe se enmarca en la tercera revisión periódica de las obligaciones de Honduras bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en la 141ª sesión del Comité.
Principales preocupaciones
El informe expone serias preocupaciones sobre la violencia y el acoso que enfrentan periodistas, personas defensoras de derechos humanos (PDDH) y organizaciones de la sociedad civil (OSC). A pesar de los mecanismos nacionales de protección, estos grupos siguen estando en un riesgo significativo.
La Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada en 2015, junto con el Sistema Nacional de Protección establecido en 2016, fueron diseñados para proteger a este grupo de personas. Sin embargo, este sistema presenta deficiencias críticas, incluyendo una inadecuada financiación, así como carencias en la dotación de personal y en la coordinación.
En 2023, al menos 13 PDDH fueron asesinadas y la mayoría de estos ataques letales estuvieron relacionados con conflictos sobre tierras y medio ambiente. En particular, personas defensoras como Óscar Oquelí Domínguez y Juana María Martínez fueron asesinadas en medio de una violencia y amenazas persistentes. La criminalización de PDDH, particularmente a través del delito de “usurpación” ha intensificado los desalojos y acciones legales contra quienes defienden los derechos de la tierra y el territorio. Además, los ataques a la comunidad Garífuna y a personas integrantes de OFRANEH ilustran la violencia sistémica e impunidad que enfrentan las PDDH.
Aunque la Constitución hondureña garantiza la libertad de expresión, las y los periodistas operan en un entorno hostil con una impunidad generalizada en los casos de violaciones a los derechos humanos. Incidentes recientes, incluidos los asesinatos de periodistas y trabajadores de medios, amenazas y campañas de difamación, subrayan los graves desafíos a la libertad de prensa.
La situación se ve agravada por el estado de excepción en curso declarado por la Presidenta Xiomara Castro en noviembre de 2022, el cual ha sido renovado de manera persistente. Inicialmente dirigido a abordar la violencia de las pandillas, este estado de excepción ha conducido a la suspensión de derechos fundamentales, como las libertades de asociación y de reunión, y permite arrestos y allanamientos sin orden judicial. En este contexto, las autoridades han fallado en la protección de estas libertades, como lo evidencian los casos reportados de intimidación y vigilancia dirigida a los defensores de derechos humanos durante las protestas.
Además, el estado de excepción ha sido utilizado como una herramienta de represión, especialmente contra las comunidades rurales y PDDH. Por ejemplo, en el informe se detalla cómo la policía y el ejército han usado los poderes excepcionales para acosar a la comunidad campesina y pesquera de Tulito en Choluteca. Estas acciones han llevado a un estado de angustia perpetua y criminalización de PDDH, quienes enfrentan acusación por el delito como “usurpación”.
Recomendaciones
El informe concluye con varias recomendaciones para que el Comité de Derechos Humanos exhorte al Estado hondureño a tomar medidas, que incluyan:
- Prevención y rendición de cuentas: El Estado debe tomar medidas efectivas para prevenir la violencia contra periodistas y PDDH, así como asegurar que tales actos sean investigados y que los perpetradores rindan cuentas.
- Fortalecimiento de los mecanismos de protección: Debe reforzarse el Sistema Nacional de Protección para proteger eficazmente a periodistas y PDDH.
- Levantamiento del estado de excepción: El Estado debe levantar el estado de excepción y restablecer las garantías constitucionales, asegurándose de que las medidas que se tomen para la seguridad pública no vulneren las libertades cívicas.
El espacio cívico en Honduras está calificado como Represivo by the CIVICUS Monitor.
Sobre el CIVICUS Monitor
Más de veinte organizaciones colaboran en el CIVICUS Monitor con el fin de proporcionar una base empírica para la acción encaminada a mejorar el espacio cívico en todos los continentes. Las libertades cívicas en 198 países y territorios se clasifican como ‘cerrado,’ ‘represivo,’ ‘obstruido,’ ‘estrecho ’ o ‘abierto ,’ basándose en una metodología que combina varias fuentes de datos sobre las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión.
