El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de COVID-19 se había convertido en pandemia. La propagación de la pandemia y la respuesta de los Estados a esta crisis han provocado una modificación sin precedente de las condiciones de vida de gran parte de la población mundial. Para contener esta pandemia se ha impuesto una serie de restricciones a las libertades. Sin embargo, algunas de estas limitaciones han tenido efectos preocupantes sobre los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil. En muchos casos estas medidas han continuado y reforzado las restricciones existentes en el espacio cívico.
El espacio cívico es la base de cualquier sociedad abierta y democrática y tiene su origen en las libertades fundamentales de las personas para asociarse, reunirse de forma pacífica y expresar libremente sus puntos de vista y opiniones. Desde 2016 el CIVICUS Monitor ha documentado y analizado el estado del espacio cívico en 196 países.
Distintos Estados han tomado medidas que incluyen la aprobación de leyes de emergencia, cuarentenas nacionales y restricciones de desplazamientos. Sin embargo, un mes después de la declaración de la pandemia, CIVICUS ha documentado varias tendencias alarmantes en el espacio cívico, a saber:
- Restricciones injustificadas al acceso a la información y censura;
- detención de activistas por la difusión de información esencial;
- represión de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación;
- violación del derecho a la privacidad y atribución de poderes excepcionales excesivamente amplios.
El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que en el marco de emergencias públicas declaradas de forma oficial, incluidas las relacionadas con la salud pública que pongan en peligro la vida de un país, la restricción de algunos derechos puede justificarse, pero estas medidas deben contar con una base legal, ser estrictamente necesarias, tener una duración limitada, respetar la dignidad humana, estar sujetas a revisión, ser proporcionales a la consecución del objetivo, excluir cualquier tipo de discriminación y emplearse únicamente en la medida requerida por la emergencia en cuestión. Incluso cuando ha habido una declaración oficial del estado de emergencia, no deben infringirse los derechos fundamentales inderogables, como el derecho a la vida y a no ser sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando no ha habido una declaración oficial del estado de emergencia, los derechos solo pueden restringirse durante la existencia de una amenaza para la salud pública, de acuerdo con las limitaciones vigentes en tiempos normales según lo establecido en las disposiciones correspondientes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El derecho internacional es claro, pero existe preocupación por la posibilidad de que algunas de las medidas aplicadas por algunos Estados puedan exceder las restricciones justificables y afectar de forma negativa a las libertades cívicas. CIVICUS ha compilado información sobre cuestiones clave para el espacio cívico que han surgido debido a la respuesta de los gobiernos y de otros grupos a la pandemia de COVID-19. Estos datos plantean serias preocupaciones sobre el estado del espacio cívico en estos momentos. Esta información procede de grupos de la sociedad civil, activistas, medios fiables y documentos oficiales. Estas restricciones se están imponiendo en una gran variedad de países con diversas clasificaciones de su espacio cívico. A partir de ahora, cuando hagamos referencia a un país en este informe también mostraremos el color correspondiente a su calificación tal y como sigue:
| ABIERTO |
ESTRECHO |
OBSTRUIDO |
REPRIMIDO |
CERRADO |
Censura y restricciones al acceso a la información
En China, al principio el gobierno respondió al brote ocultando información a la población, subestimando el número de infectados y minimizando la gravedad de la infección. Las autoridades también censuraron numerosos artículos y publicaciones sobre la pandemia en las redes sociales, incluidos aquellos publicados por familias de personas infectadas que buscaban ayuda y por residentes de ciudades acordonadas que documentaban su vida diaria. En Brasil, mediante la aprobación de un decreto, el presidente Jair Bollonado eximió a los funcionarios del gobierno de responder a toda solicitud relacionada con la libertad de información durante el brote. Posteriormente, el Tribunal Supremo suspendió dicho decreto. El CIVICUS Monitor demostró que la censura fue la táctica más utilizada en 2019 por parte de los Estados para eliminar la información crítica y para silenciar a activistas, periodistas y críticos del gobierno. Los grupos de derechos humanos han documentado varios intentos de censura o de restricción de la información sobre la pandemia de COVID-19. Estas tentativas podrían haber impedido que los ciudadanos accedieran a información sobre la pandemia que podría haberles ayudado a protegerse a ellos mismos y a sus familias, y a hacer preguntas fundamentadas sobre las decisiones de las autoridades en respuesta a la pandemia.
En Turkmenistán el gobierno del presidente Gurbanguly Berdymukhamedov limita el uso de la palabra "coronavirus" tanto como le es posible con el fin de impedir la difusión de información sobre la pandemia. De hecho, ha ordenado la eliminación de esta palabra de los impresos sanitarios distribuidos en hospitales, escuelas y lugares de trabajo. En El Salvador, a los periodistas no se les ha permitido hacer preguntas relacionadas con la crisis y la respuesta del gobierno durante las ruedas de prensa.
En Vietnam, país en el cual el Estado controla todos los medios tradicionales y aplica una estricta censura en las redes sociales, las autoridades han reprimido a usuarios de Facebook y a blogueros que buscan comunicar información útil y oportuna sobre la pandemia. Hasta el 17 de marzo al menos 654 personas habían sido convocadas a las comisarías de policía para ser interrogadas por su publicaciones sobre el brote en Facebook, de entre estas, 146 recibieron una multa.
Durante esta crisis, los cortes de Internet perjudican directamente la salud y la vida de las personas, y socavan los esfuerzos para controlar la pandemia. El corte de Internet en la zona de Cachemira administrada por la India está impidiendo que los médicos accedan a información sobre el virus y que puedan informar a la población. En el estado de Rakáin, en Birmania, se han planteado inquietudes similares ya que allí también se ha producido un corte de Internet.
Amenazas y detenciones por críticas contra la respuesta estatal
También se han señalado detenciones y amenazas por críticas contra la respuesta del Estado o por la difusión de información sobre la pandemia.
En Irán, militantes de derechos civiles, periodistas, un concejal municipal y un futbolista fueron detenidos o convocados para ser interrogados después de criticar la gestión de la pandemia por parte del gobierno iraní en sus publicaciones en las redes sociales. Algunas de las personas convocadas fueron acusadas de dar una mala imagen del país y fueron presionados para apoyar la respuesta del gobierno frente al brote.
En las Islas Salomón, el Ministerio de Sanidad envió una circular en la que amenazaba con el despido inmediato a los miembros del personal que publicaran en Internet críticas a la respuesta del gobierno frente a la pandemia. Dicho documento aseguraba que estas disposiciones estaban amparadas por la declaración del estado de emergencia pública. En Sri Lanka, el 1 de abril el inspector general de policía instruyó a todos los agentes de policía para que emprendieran acciones legales contra aquellos que publicaran contenidos en las redes sociales en los que se criticara a las autoridades gubernamentales.
La policía de Pakistan han detenido a decenas de médicos y miembros del personal sanitario que protestaron por la falta de equipos de protección individual durante su lucha contra la pandemia. En Tailandia, el 23 de marzo un artista fue acusado de violar la draconiana Ley de Delitos Informáticos debido a una publicación en Facebook en la que criticaba la ausencia de medidas para la detección de la COVID-19 en el aeropuerto.
Restricciones a los medios de comunicación
Los periodistas y los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la difusión de información oportuna sobre la pandemia. Sin embargo, algunos Estados están clausurando los medios de comunicación, restringiendo su funcionamiento y criminalizando a los periodistas.
El 17 de marzo nos informaron que los gobiernos de Jordania, Marruecos, Omán y Yemen habían publicado decretos que suspendían la impresión y la distribución de periódicos en respuesta a la pandemia. Estos decretos afectaban tanto a los medios de comunicación independientes como a los estatales. Las autoridades habrían impuesto esta medida para evitar la posible propagación del virus durante la impresión, entrega y distribución de los rotativos.
El 5 de marzo las autoridades de Niger detuvieron a Kaka Touda Mamane Goni en su casa en Niamey, capital de Níger. Kaka Touda trabaja como periodista independiente y publica noticias en sus páginas de Facebook y Twitter. Su detención se debió a una queja presentada por el Hospital General de Referencia local en la que alegaba que sus publicaciones en las redes sociales sobre un presunto caso de COVID-19 en dicho hospital representaban una amenaza para el orden público.
En Kenia, el bloguero Robert Alai fue detenido el 20 de marzo por publicar información falsa sobre el virus. Alai había denunciado que el gobierno estaba ocultando información crucial sobre la propagación del virus y que su incidencia era mucho mayor que la reconocida por el gobierno. Se le acusa de infringir la Ley sobre Delitos Informáticos y el Uso Indebido de Material Informático de 2018.
En Venezuela, el 21 de marzo agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana allanaron el domicilio del periodista Darvinson Rojas y procedieron a su detención por informar sobre la pandemia en el país. En la audiencia del 23 de marzo, Rojas fue acusado de instigación al odio y de instigación pública.
El 26 de marzo, el presidente de Vanuatu ratificó la declaración del estado de emergencia en respuesta a la pandemia. Dicha declaración establece que todos las noticias sobre el virus tienen que ser examinadas por la Oficina Nacional de Gestión de Desastres previa consulta con el Ministerio de Sanidad.
En diversas ocasiones los periodistas también han sido objeto de agresiones físicas o de acoso mientras cubrían noticias relacionadas con la cuarentena por la COVID-19. Por ejemplo en la República Democrática del Congo, donde el 22 de marzo dos agentes de policía habrían perseguido y empujado de una mototaxi al periodista Tholi Totali Glody en Likasi, provincia de Alto Katanga. Como consecuencia de la caída el periodista sufrió varias heridas, entre ellas, la fractura de una pierna.
Aprobación y uso de leyes restrictivas para combatir las noticias falsas
A la propagación de la pandemia le ha acompañado la proliferación de información errónea sobre el virus. Si bien la información errónea constituye un problema grave, algunos Estados han recurrido a leyes excesivamente represivas sobre las noticias falsas que podrían tener una amplia repercusión.
El 18 de marzo el gobierno de Sudáfrica aprobó una nueva legislación que penaliza las declaraciones que busquen llevar a engaño a toda persona en cuanto a la COVID-19 o la respuesta del gobierno contra dicha enfermedad. La nueva normativa fue publicada en el Diario Oficial del Gobierno bajo la Ley de Gestión de Desastres de 2002 y establece sanciones que incluyen multas y penas de prisión.
En respuesta a la pandemia el gobierno de Filipinas declaró el estado de emergencia el 25 de marzo y aprobó una ley que incluía disposiciones que penalizan la difusión de información falsa en las redes sociales y en otros espacios. Aquellos que violen dichas disposiciones podrían enfrentarse a una pena de dos meses de prisión o una multa de al menos de 10 000 PHP (unos 196 USD). Los tribunales también podrían imponerles una multa de hasta un millón de pesos filipinos (alrededor de 19 642 USD). El 28 de marzo la Fiscalía General de Egipto anunció que aquellos que difundan noticias falsas y rumores sobre el virus podrían enfrentarse a una pena de cinco años de prisión y a multas de 20 000 EGP (aproximadamente 1 266 USD).
El Ministerio del Interior de Turquía anunció el 23 de marzo que se habían emprendido medidas legales contra 316 titulares de cuentas en las redes sociales que habían difundido información sobre el virus con el fin de «suscitar preocupación entre la población, infundir miedo y terror a la ciudadanía, e instigar a ataques contra personas e instituciones». El 11 de marzo las autoridades de Malasia informaron que habían abierto 37 investigaciones penales relacionadas con la difusión de noticias falsas sobre el virus.
Persecución de los defensores de los derechos humanos
También hay datos que demuestran que los gobiernos y otros grupos están utilizando la pandemia para atacar a los defensores de los derechos humanos.
En Honduras la policía detuvo de forma arbitraria a Evelyn Johana Castillo el 24 de marzo por estar en la calle durante el estado de emergencia. Su detención se produjo cuando regresaba a su domicilio tras comprar comida junto con su esposo y su hija mayor. Evelyn es subcoordinadora de la Red de Mujeres de Ojojona y miembro de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Evelyn declaró que podría tratarse de una represalia.
Una defensora de los derechos humanos de El Salvador fue objeto de una campaña de difamación después de denunciar el 13 de marzo en Facebook las condiciones de hacinamiento y de la falta de higiene en las que se hallan las personas en cuarentena durante la pandemia. Recibió mensajes de odio y amenazas, incluidos insultos misóginos y burlas hacia su activismo feminista.
Según los grupos nacionales de la sociedad civil, en Colombia los escuadrones de la muerte están aprovechando la cuarentena para asesinar a activistas campesinos. Marco Rivadeneira, un destacado activista, fue asesinado en la provincia sureña de Putumayo; Ángel Ovidio Quintero fue asesinado a tiros en la región occidental de Antioquia; Ivo Humberto Bracamonte fue asesinado en la frontera oriental con Venezuela.
Abusos policiales durante la cuarentena
Grupos de la sociedad civil y periodistas han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza o por el trato inhumano y degradante por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley contra las personas que han violado la cuarentena en varios países. La relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias expresó su preocupación al respecto.
Según Human Rights Watch, la policía y las autoridades de Filipinas han confinado en jaulas para perros a los detenidos acusados de violar la normativa gubernamental contra la COVID-19. Entre otros abusos, también los obligaron a sentarse bajo el sol de mediodía como castigo. En India han circulado videos en los que se ve a agentes de policía golpear con violencia a quienes no respetan las restricciones. Los infractores también han sido humillados en público al ser obligados a hacer sentadillas, flexiones, andar a gatas o revolcarse en el suelo.
En Sudáfrica han aparecido numerosos videos que parecen mostrar a agentes de policía y soldados mientras patean, abofetean, azotan e incluso disparan a las personas que infringen la cuarentena. En Sudáfrica durante el primer día de la cuarentena la policía disparó balas de goma contra la periodista de News24, Azarrah Karrim, a pesar de haber gritado «soy periodista» mientras cubría la dispersión de transeúntes por parte de las fuerzas de seguridad en Johannesburgo.
En Kenia también se grabó a agentes de policía en varias localidades mientras azotaban a personas que no respetaron el toque de queda. Los videos y las fotos también mostraban a la policía lanzando botes de gas lacrimógeno y aporreando a varias personas para despejar las calles antes del toque de queda en la ciudad de Mombasa.
Vigilancia y violaciones del derecho a la privacidad
Hay numerosos ejemplos de Estados que han multiplicado las medidas de vigilancia intrusivas. Las medidas de vigilancia y las restricciones al derecho a la privacidad aprobadas en respuesta a la pandemia deben estar recogidas en la legislación, ser necesarias, proporcionadas, temporales y aplicadas con transparencia y con la supervisión adecuada. Asimismo, deben ser los menos intrusivas posible para lograr el resultado deseado. Es evidente que la realidad no ha estado a la altura de estos estándares.
Las autoridades de China son conocidas por su uso de la tecnología para la vigilancia, libre de las restricciones impuestas por la legislación sobre la privacidad. Su sistema universal de videovigilancia callejera, utilizado por primera vez durante los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, ha sido desplegado en las principales áreas metropolitanas del país y recientemente se le ha incorporado un sistema de reconocimiento facial. Las autoridades han utilizado este sistema para atrapar, humillar y multar a los ciudadanos que salen a la calle sin mascarillas, así como para identificar y poner en cuarentena a las personas con síntomas.
La decisión de las autoridades de Israel de permitir que sus servicios de seguridad utilicen los datos de los teléfonos celulares de personas infectadas también ha generado preocupación en cuanto a la privacidad. Al parecer este sistema ya está en funcionamiento y 400 personas ya habrían recibido mensajes de texto advirtiéndoles de un posible contacto con personas infectadas.
El 31 de marzo el parlamento de Armenia aprobó varias enmiendas legislativas que amplían los poderes de vigilancia con el fin de facilitar el uso de los datos de los teléfonos celulares para rastrear los casos de COVID-19. Estas enmiendas imponen restricciones al derecho a la privacidad y permiten a las autoridades acceder a información médica confidencial sobre las personas expuestas al virus. La sociedad civil de Fiyi planteó sus inquietudes sobre la privacidad después de que el Ministerio de Sanidad difundiera información privada en la que quedaban recogidos los nombres y direcciones de los pasajeros que estuvieron en el mismo vuelo que el primer paciente confirmado con COVID-19 del país. La lista con 82 nombres incluía las direcciones de sus domicilios.
Leyes de emergencia demasiado amplias y nueva legislación restrictiva
La sociedad civil internacional ha documentado que una serie de países han declarado el estado de emergencia o han aprobado leyes o regulaciones de emergencia para combatir el virus que otorgan poderes demasiado amplios al Estado y que ponen en peligro las libertades cívicas. El derecho internacional de los derechos humanos es claro: toda nueva medida debe estar sujeta a una adecuada supervisión por parte del parlamento y de los tribunales, no ha de ser discriminatoria y deberá tener una duración determinada.
Entre los casos emblemáticos destacados por los socios de CIVICUS se encuentra el de Hungria. Su nuevo Proyecto de Ley para la Protección contra el Coronavirus o Proyecto de Ley T/ 9790, aprobado el 30 de marzo, extiende el poder del gobierno para gobernar por decreto y lo sustrae del escrutinio parlamentario durante un tiempo ilimitado. Esta nueva ley también modifica el Código Penal en lo relativo al delito de «comunicación y difusión de información falsa»: cualquier persona que publique hechos falsos o distorsionados que interfieran con la «protección eficaz» de la población o que pudieran alarmar o perturbar a la población podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión.
El gobierno de Camboya redactó un proyecto de ley sobre el estado de emergencia con disposiciones numerosas, demasiado amplias y ambiguas que facultarían al primer ministro Hun Sen para derogar las protecciones de los derechos humanos fundamentales. Esta ley incluye un poder de vigilancia ilimitado de las telecomunicaciones, el control de los medios de comunicación y de las redes sociales, y la plena autoridad para restringir las libertades de movimiento y de reunión. Los artículos 1 y 4 de este proyecto de ley permitirían su aplicación incluso una vez finalizada la crisis.
Algunos Estados también han utilizado esta crisis para aprobar de manera discreta leyes restrictivas sin el escrutinio adecuado. Por ejemplo, en medio del caos de la pandemia en los Estados Unidos, al menos tres estados han aprobado leyes que imponen nuevas sanciones penales por las manifestaciones contra infraestructuras de combustibles fósiles.
Recomendaciones para los gobiernos
Dadas las inquietudes antes descritas, queda claro que los gobiernos deben hacer mayores esfuerzos para respetar las libertades cívicas mientras responden a la pandemia de COVID-19. Los gobiernos deben poner en práctica las siguientes recomendaciones para garantizar que las libertades fundamentales no sean otra víctima del virus:
- Salvaguardar la libertad de expresión en todas sus formas mientras se combate la pandemia y evitar censurar las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales. Toda restricción ha de establecerse en cumplimiento de una orden procedente de una autoridad judicial independiente e imparcial, en conformidad con las debidas garantías procesales y con los estándares de legalidad, necesidad y legitimidad, y según el derecho y las normas internacionales.
- Mantener un acceso constante y sin restricciones a Internet y poner fin a todos los cortes de Internet que impiden que la población acceda a información y servicios esenciales durante la crisis.
- Investigar las violaciones cometidas contra los defensores de los derechos humanos y contra los periodistas durante la pandemia, y asegurarse de que quienes cometan violaciones sean investigados de manera independiente y oportuna, y de que los perpetradores sean llevados ante la justicia.
- Respetar y proteger la libertad de los medios de comunicación durante la pandemia, tal y como garantiza el derecho internacional de los derechos humanos.
- Cambiar de enfoque en cuanto a la desinformación sobre la pandemia y pasar de estrategias basadas en la censura y las sanciones penales a otras que pongan énfasis en la transparencia y en la libertad de los medios.
- Asegurarse de que las medidas de vigilancia adoptadas para combatir la pandemia sean legales, necesarias y proporcionadas. En este contexto, asegurarse de que todos los poderes extraordinarios de seguimiento y vigilancia sean temporales y de que solo estén vigentes durante el tiempo necesario para afrontar la crisis actual.
- Garantizar que la recopilación, retención y agregación de datos personales adicionales, incluidos los datos de carácter sanitario, solo se utiliza para combatir la pandemia.
- Controlar que los agentes encargados de hacer cumplir la ley respetan la legislación, que no incurren en conductas abusivas para hacer respetar la cuarentena y los toques de queda, que se investigan a los sospechosos de dichos abusos y que se lleva ante la justicia a los responsables.
- Velar por que las nuevas leyes y decretos de emergencia puestos en marcha para combatir la pandemia no restrinjan en ningún caso ciertos derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida; la prohibición de la tortura u otros castigos crueles, inhumanos o degradantes; el igual reconocimiento ante la ley y la presunción de inocencia. Comprobar que dichas leyes o decretos no sean discriminatorios de ninguna manera, ya sea por motivos de raza, origen étnico, sexo, identidad sexual, idioma, religión u origen social; que sean temporales y que estén sujetos a una supervisión adecuada por parte de los órganos legislativo y judicial.
Principales preocupaciones
