República Dominicana

 

  • REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Puede que tengamos por delante una época de cambios positivos’

    CIVICUS conversa sobre las elecciones recientemente celebradas en la República Dominicana, en el contexto de la pandemia del COVID-19, conHamilk Chahin, coordinador del Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral, y Addys Then Marte, directora ejecutiva de Alianza ONG. El Manifiesto Ciudadano, una iniciativa multiactor liderada por la sociedad civil, fue lanzado en diciembre de 2019 para monitorear las elecciones municipales, legislativas y presidenciales de 2020 e impulsar la consolidación de las instituciones democráticas. Alianza ONG es una red que abarca a 40 organizaciones de la sociedad civil (OSC) de República Dominicana. Fundada en 1995, se dedica a promover el desarrollo sostenible mediante iniciativas de fortalecimiento de la sociedad civil, del diálogo intersectorial, la capacitación y la socialización de información, la incidencia política, y el fomento de la solidaridad y el voluntariado.

    Ya antes del estallido de la pandemia del COVID-19, el panorama electoral se presentaba complicado. ¿Cuál era la situación hacia marzo de 2020?

    DominicanRepublic FlagEn los últimos años el partido gobernante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha acumulado mucho poder en todas las instituciones del Estado, afectando la calidad de la democracia. El mismo partido se reeligió varios períodos y las élites políticas se acomodaron en sus sitios y se acostumbraron a ejercer el poder para su propio beneficio y en desmedro de los intereses de la colectividad. De a poco e inadvertidamente, la sociedad también fue aceptando esta situación. Ayudó en ese sentido el manejo excepcionalmente eficiente de los mecanismos de comunicación por parte de los sucesivos gobiernos. Sumado a buenas alianzas internacionales y buena fortuna en el manejo económico, el andamiaje publicitario y propagandístico facilitó la perpetuación del gobierno.

    Afortunadamente hay en toda sociedad un germen que es prácticamente imposible desarraigar: la sociedad civil. Puede que por momentos permanezca latente o en hibernación, pero en algún momento algo ocurre que la lleva a ponerse en movimiento. En nuestro caso, fue la extrema confianza de nuestros gobernantes de tener el poder asegurado, que los llevó a prácticas cada vez más descaradas, hasta el punto de que la ciudadanía, que en su mayoría llevaba mucho tiempo tolerándolas, en un determinado momento dijo basta y entró en estado de efervescencia. La primera manifestación importante de este hartazgo fue el Movimiento Marcha Verde, iniciado en enero de 2017.

    Surgida al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluyó a un amplio espectro de OSC y se centró en la movilización callejera. Todo comenzó con una modesta caminata de protesta que organizamos a través de una OSC llamada Foro Ciudadano, que dio inicio a un gran fenómeno de movilización cuyo principal logro fue romper la indiferencia ciudadana, sacar a la clase media de esa zona de confort desde donde criticaba sin pasar a la acción. Los partidos de oposición comenzaron a montarse en esa dinámica, pero desde su certeza de que tenía todos los resortes del poder asegurados, el gobierno al principio le dio poca importancia. Sin embargo, el fenómeno fue mucho más allá de marchar: se recolectaron firmas, se hicieron encuentros comunitarios, se promovieron muchas formas de movilización. Fue un despertar cuyo motor fue la dignidad. La ciudadanía perdió el miedo de expresarse y esto desconcertó al gobierno.

    ¿Cómo comenzó el proceso electoral de 2020, y cómo se formó el Manifiesto Ciudadano?

    El comienzo del proceso electoral fue también el inicio del fin del actual gobierno. En octubre de 2019 se hicieron las elecciones primarias de los partidos políticos; fueron las primeras que se realizaban bajo una nueva legislación electoral y de partidos políticos, y fueron administradas por la Junta Central Electoral (JCE). Mientras que el PLD optó por primarias abiertas, permitiendo la participación de todos los votantes habilitados, el principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tuvo primarias cerradas, permitiendo la participación de sus afiliados. De las internas del PRM surgió claramente la candidatura de Luis Abinader, que acabaría siendo electo presidente. En contraste, en las internas del PLD el candidato Gonzalo Castillo se impuso por una pequeña diferencia sobre el tres veces presidente Leonel Fernández.

    Las elecciones primarias del partido de gobierno fueron mucho más que un proceso de selección de candidaturas: en ellas se jugaba el poder del presidente, Danilo Medina. En el poder desde 2012, Medina había sido reelecto en 2016, y había hecho algunos infructuosos intentos de reformar la constitución para volver a reelegirse. En tanto que presidente de su partido, Leonel Fernández se había opuesto a estas maniobras, de modo que no obtuvo el apoyo de Medina cuando presentó su candidatura. Fue evidente el uso de los recursos del Estado en apoyo del delfín de Medina; como consecuencia de esto el PLD se fracturó y Fernández pasó a integrar el bloque de oposición. Fueron elecciones muy disputadas, con mucha manipulación. Dejaron en la ciudadanía un sabor amargo: ante la posibilidad de que se hubiera recurrido al fraude en una elección primaria, muchos se preguntaron qué sería de la elección nacional.

    En ese momento desde muchas OSC empezamos a pensar qué hacer: nos conectamos entre nosotras y con los actores políticos, compartimos información y evaluaciones de la situación. Decidimos expresar nuestra preocupación y exigir correctivos a las instituciones y entidades responsables de organizar los comicios, comenzando con la JCE y recurriendo al Tribunal Superior Electoral y a la Procuraduría General de la República como encargadas de la persecución del delito y de las irregularidades. Así se empezó a formar la iniciativa Manifiesto Ciudadano, que incluyó a actores de los sectores empresarial, religioso, laboral, sindical y campesino. Hicimos campaña para llamar la atención de la sociedad en general sobre la necesidad de defender y vigilar el proceso de institucionalización democrática de cara a las elecciones. Y sobre todo, hicimos incidencia con los actores políticos. Tuvimos reuniones con los partidos, de modo que el Manifiesto tenía el apoyo de todos los sectores. Esto además nos convirtió en interlocutor directo de la JCE.

    ¿Para cuándo estaban programadas las elecciones?

    El ciclo electoral incluía una serie de elecciones: las municipales, programadas para febrero, y las nacionales, tanto presidenciales como legislativas, inicialmente programadas para mayo. En las elecciones municipales inauguraba un nuevo sistema de votación dual, completamente electrónico para las zonas urbanas de mayor densidad de población, y manual para las zonas rurales. Como consecuencia de las peticiones de Manifiesto Ciudadano para traer algo de garantía y certidumbre al proceso, el sistema electrónico de votación también tenía un componente manual en el conteo de las papeletas emitidas; también logramos que se grabaran los escrutinios y se agregara un sistema de captura de huellas digitales y código QR.

    Pese a que se fortalecieron las medidas de seguridad, hubo graves problemas de implementación del nuevo software. El 16 de febrero, varias horas después del comienzo de la votación, la JCE descubrió que había un problema con alrededor del 60% de las máquinas de voto electrónico, y decidió suspender las elecciones municipales en todo el país.

    Esto provocó una crisis de confianza y miles de personas tomaron las calles en actos de protesta casi diarios. El 17 de febrero una manifestación frente a la sede de la JCE exigió la renuncia de todos sus miembros. El descontento también afectó al gobierno, ya que muchos manifestantes pensaron que éste había tratado de aprovecharse de que las máquinas no funcionaran correctamente. El 27 de febrero, día de la independencia, hubo una manifestación multitudinaria para exigir la investigación de lo sucedido y una mayor transparencia en el proceso electoral. La diáspora dominicana en distintos países del mundo organizó manifestaciones solidarias en apoyo a la democracia en su país.

    Las elecciones municipales fueron reprogramadas para el 16 de marzo y se llevaron a cabo sin voto electrónico. Para entonces ya se había iniciado la pandemia del COVID-19, pero suspender las elecciones por segunda vez hubiera sido un golpe muy fuerte. Fue por eso que República Dominicana declaró el estado de emergencia de manera tardía: el gobierno esperó a que se realizaran las elecciones y tres días después promulgó el estado de emergencia y el toque de queda.

    En abril, en vistas de que esta situación se prolongaba, el órgano electoral decidió postergar las elecciones nacionales para el 5 de julio, previa consulta con los partidos y la sociedad civil. No había mucho margen porque se necesitaba tiempo suficiente para la eventualidad de una segunda vuelta electoral que tendría que ocurrir antes del 16 de agosto, fecha en que se debe producir el cambio de gobierno. Por supuesto que se llegó a hablar de la posibilidad de una modificación constitucional para postergar la transmisión del mando; la sociedad civil tuvo que jugar un papel importante a la hora de desactivar estas alternativas y organizar un calendario electoral que incluyera todas las medidas sanitarias necesarias. Afortunadamente los medios de comunicación facilitaron los espacios necesarios a las OSC; tuvimos una buena plataforma comunicacional.

    Dado que las elecciones tuvieron lugar durante la pandemia, ¿se tomaron medidas para limitar el riesgo de contagio?

    Desde la sociedad civil intentamos que se impusieran medidas sanitarias adecuadas. Hicimos reclamos ante la JCE para que se siguiesen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos para transmitir la certeza de que se tomarían las medidas necesarias para que las elecciones pudieran realizarse. Fue una labor titánica, porque en República Dominicana nunca hemos tenido una efectiva política de prevención y de testeo rápido, pero se logró imponer protocolos sanitarios que incluyeron desinfección y sanitización, distribución de materiales de protección, y medidas de distanciamiento físico.

    La verdad, el gran brote de COVID-19 que tenemos hoy no se debe exclusivamente al día de las elecciones sino sobre todo a los dos meses y medio de campaña desordenada e irresponsable desarrollada mayormente por el partido de gobierno. El gobierno intentó capitalizar a su favor la pandemia y las limitaciones impuestas por el estado de emergencia. Sin embargo, esto puede haberle jugado en contra. Hubo un derroche de recursos de tal magnitud a favor de la candidatura oficialista, que la gente se resintió. Era alevoso: por ejemplo, igual que en China, se adoptó la medida de rociar las calles con un desinfectante, pero mientras que en China salía un robot o un vehículo por las calles en horas de la noche y pasaba por todos los barrios, aquí teníamos a las 8 de la noche un desfile en caravana de vehículos oficiales, con sirenas, banderas, música, todo un espectáculo de campaña. La gente eso lo resintió, porque se interpretó como un derroche con fines propagandísticos de recursos que podrían haberse utilizados para controlar efectivamente la pandemia.

    ¿Qué posibilidades tuvo la oposición de hacer campaña en el marco de la emergencia sanitaria?

    Las condiciones para hacer campaña fueron muy desiguales, porque los funcionarios públicos tenían libertad de tránsito más allá de los horarios establecidos por el toque de queda y los partidos de oposición se quejaron de que el partido de gobierno podía continuar la campaña mientras que ellos estaban limitados a las horas permitidas. También fue desigual el acceso a los medios de comunicación: la propaganda a favor del candidato oficialista era omnipresente, porque se confundía con la propaganda gubernamental. En ese sentido, hubo un anuncio que generó mucho malestar, que decía algo así como “quédate en casa que de la ayuda social nos encargamos nosotros”, con las figuras de los candidatos oficialistas a la presidencia y la vicepresidencia.

    La pandemia fue utilizada políticamente de muchas maneras. En cierto momento el temor al contagio fue utilizado para promover la abstención; incluso salió una campaña que tenía el dibujo de una calavera y decía “salir mata”. Mientras que nosotros llevábamos una campaña con el mensaje “protégete y sal a votar”, el gobierno apostaba a infundir temor en la clase media independiente, al tiempo que planeaba sacar a votar en masa a su gente. La reacción negativa fue tan fuerte que tuvieron que sacar este aviso después de un par de días.

    Asimismo, el Estado se ausentó de prácticamente todas las políticas frente a la pandemia y dejó la provisión de ayuda social y prevención en manos del candidato del partido gobernante. Así, muchas veces no era el gobierno que salía a fumigar, sino que lo hacían las empresas del candidato. Los jets de la compañía de aviación del candidato, no los aviones estatales o militares, eran los que traían a los dominicanos que se encontraban en el exterior. Los primeros tests fueron traídos desde China por el propio candidato, por supuesto con grandes operaciones de propaganda.

    Con todo a su favor, ¿cómo se explica que el gobierno perdiera las elecciones?

    Efectivamente, el candidato del PRM, Luis Abinader, se impuso en primera vuelta, con más del 52% de los votos, mientras que el candidato del gobierno quedó segundo con el 37% y el expresidente Fernández llegó al 9%. La división del partido gobernante como resultado de las denuncias de fraude en las primarias tuvo efecto, porque de haber estado el partido unido y no afectado por ese escándalo los resultados podrían haber sido otros.

    Ante el hecho de que un solo partido gobernara durante 20 de los últimos 25 años, se hizo sentir el hartazgo de la ciudadanía, que fue en busca de alternativas. La ciudadanía venía expresándose no solamente a través de la movilización y la protesta, sino también a través de un proceso de concientización que llevaba varios años. Habían surgido plataformas de expresión muy interesantes, como el medio digital Somos Pueblo, que con sus transmisiones por su canal de YouTube jugó un rol importantísimo. Con el gobierno haciendo campaña en las calles y la ciudadanía encerrada por la pandemia, se movilizaron también estrategias creativas para sortear las limitaciones y protestar sin salir de casa, como los cacerolazos.

    El ánimo de participar para lograr un cambio se reflejó en la concurrencia a las urnas, que superó el 55%. Si bien la cifra está muy por debajo del promedio de 70% registrado en las elecciones de la última década, fue notable en el contexto de la pandemia. Ante el mal manejo de la pandemia de parte del actual gobierno, hay niveles de esperanza muy altos puestos en el nuevo gobierno. Si logramos superar este desafío, puede que tengamos por delante una época de cambios positivos, de fortalecimiento de la institucionalidad y profundización de la democracia.

    El espacio cívico en República Dominicana es clasificado como ‘estrecho’ por elCIVICUS Monitor.

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  • REPÚBLICA DOMINICANA: ‘Somos parte de un movimiento antirracista global’

    CIVICUS conversa con Elena Lorac, coordinadora de Reconoci.do, una red cívica independiente y pluralista conformada principalmente por personas dominicanas jóvenes de ascendencia haitiana. Reconoci.do defiende los derechos humanos y promueve la integración real, plena y efectiva en la sociedad dominicana de las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Con presencia a lo largo de la República Dominicana, Reconoci.do sostiene la visión un país multicultural donde personas diversas conviven dignamente, sin estigma ni discriminación, y sus derechos fundamentales son respetados por la sociedad y protegidos por el Estado.

    Elena Lorac

    ¿Cuándo y por qué surgió Reconoci.do, y cuáles son los objetivos de la organización?

    Reconoci.do es un movimiento de personas dominicanas de ascendencia haitiana, mayormente jóvenes, que luchamos por nuestro derecho a la nacionalidad y por el acceso a todos los derechos que se derivan de esta pertenencia: derechos civiles, políticos y sociales; derechos tan básicos como el derecho al trabajo, a una vivienda, a la educación y a la salud, que nos son sistemáticamente negados.

    El movimiento se formó a fines de noviembre de 2011, en reacción a una resolución de la Junta Central Electoral que suspendió “temporalmente” la validez de nuestras actas de nacimiento y documentos de identidad, es decir, en un contexto en que, en vez de avanzarse en el reconocimiento de derechos, se estaban produciendo retrocesos que institucionalizaban una exclusión histórica.

    Hasta 2010, la Constitución de la República Dominicana reconocía como nacionales a todas las personas nacidas en territorio nacional, con la excepción de los miembros del personal diplomático y las personas consideradas “en tránsito”, expresión que en principio se refería solamente a quienes llevaban unos pocos días en el país. Durante ocho décadas, bajo estas definiciones el Estado entregó certificado de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte dominicanos a los hijos e hijas de padres haitianos nacidos en el país. Sin embargo, en los años ’90 grupos nacionalistas empezaron a impulsar una interpretación restrictiva que, en 2004, se tradujo en una nueva Ley de Migración según la cual los trabajadores extranjeros temporales y los trabajadores migrantes indocumentados eran considerados extranjeros “en tránsito”, con lo cual sus hijos ya no tendrían acceso a la nacionalidad dominicana por el solo hecho de haber nacido en el país. La Junta Central Electoral, el organismo que coordina el registro civil, empezó a aplicar esta ley en forma retroactiva, y en 2007 institucionalizó esta práctica mediante una circular y una resolución que impidieron la expedición o renovación de documentos de identidad a los hijos nacidos en la República Dominicana de inmigrantes haitianos que estaban en situación migratoria irregular. En 2010, la nueva Constitución denegó el derecho automático a la nacionalidad a los hijos nacidos en el país de padres inmigrantes en situación irregular. Por último, en septiembre de 2013 la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional estableció que las personas nacidas en el país cuyos padres hubiera estado en situación de indocumentación nunca habían tenido derecho a la nacionalidad dominicana. La sentencia se aplicó con carácter retroactivo a todas las personas nacidas entre 1929 y 2007, es decir, despojó de la nacionalidad dominicana a cuatro generaciones de personas, mayormente de ascendencia haitiana, que durante ocho décadas habían sido registradas como dominicanas.

    Estos cambios legales institucionalizaron una exclusión histórica que ha sido perpetuada por una política de odio, racismo y xenofobia impulsada por grupos nacionalistas. Desde la visión dominante, todo lo que viene de Haití es extraño, ajeno e imposible de asimilar. Así, personas como yo, nacidas en República Dominicana de padres haitianos, somos tratadas como extranjeras. Por haber nacido en República Dominicana, tampoco el Estado haitiano nos considera haitianos. Y en todo caso, estamos hablando de personas que en muchos casos nunca hemos ido a Haití, que nos hemos criado aquí y hablamos español; muchos jóvenes de hecho no hablan nada de creole. La falta de reconocimiento es terriblemente dolorosa.

    Para resolver la situación creada por el Tribunal Constitucional, y en respuesta a una fuerte labor de incidencia tanto nacional como internacional, en 2014 se aprobó la Ley 169-14, o Ley de Naturalización Especial. Esta ley estableció un régimen especial para las personas consideradas “descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular”, sobre la base de la distinción entre dos grupos. A los integrantes del “Grupo A”, que incluyó a quienes en el pasado habían estado inscriptos en el registro civil dominicano, la ley les reconoció la nacionalidad dominicana y ordenó a la Junta Central Electoral entregarles o devolverles sus documentos de identidad. En cambio, a los del “Grupo B”, que aunque habían nacido y vivido siempre en el país y no mantenían vínculo alguno con el país de origen de sus padres, nunca habían estado inscriptos, la ley les dio un plazo de 90 días para registrarse como extranjeros, con la posibilidad de obtener la nacionalidad dominicana mediante naturalización en un plazo de dos años. Esta distinción es completamente arbitraria, y es común encontrar familias con hermanos que pertenecen a uno y otro grupo, así como familias que, aunque habían inscripto a sus hijos, se quedaron sin papeles como consecuencia de algún desastre natural y no pudieron iniciar el proceso de naturalización debido a su situación económica, a la lejanía de las oficinas administrativas y las tarifas involucradas. Apenas unos pocos miles de personas del Grupo B han logrado conseguir la nacionalidad por esta vía. Actualmente hay unas 133 mil personas jóvenes en situación de apatridia.

    Actualmente yo tengo mi cédula como resultado de la Ley 169-14; me la dieron cuando tenía 27 años. Mis años de desarrollo personal y formación y los inicios de mi vida productiva quedaron truncos porque no tenía cédula y no pude ir a la universidad. Muchos de mis compañeros y compañeras activistas están en la misma situación. Algunos han podido avanzar en la universidad y hasta llegaron a graduarse, mientras que otros no tuvieron la misma suerte.

    ¿Han llevado la causa de las personas dominicanas de ascendencia haitiana a los foros regionales o internacionales de derechos humanos?

    Durante décadas, la comunidad internacional y la sociedad civil dominicana han hecho incidencia tanto a nivel nacional como internacional para denunciar el atropello, la discriminación y el racismo estructural en la República Dominicana.

    Conjuntamente con otras organizaciones de la sociedad civil (OSC), nosotros trabajamos asiduamente en el sistema interamericano, por ejemplo participando en audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2014 la CIDH otorgó medidas cautelares a miembros del movimiento que habían sido amenazados o atacados. También en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia que obligaba al Estado a devolvernos la nacionalidad. Pero el Tribunal Constitucional no reconoció la sentencia. El Estado dominicano no acata las decisiones de la Corte.

    El Estado no asume que hay un problema por resolver. Hoy nuestra lucha es mucho más compleja que cuando comenzamos porque ahora existe la sensación de que la situación está resuelta, y no es así. La gran mayoría de los jóvenes en esta situación provenimos de los bateyes, guetos o comunidades que se establecieron en la era de producción de caña de azúcar a finales del siglo XIX, cuando República Dominicana y Haití acordaron traer braceros haitianos a trabajar en el país. Estas personas, a veces por el engaño e incluso por la fuerza, eran llevadas directamente a los bateyes, unas pequeñas aldeas ubicadas en los alrededores de las explotaciones de caña. Los jóvenes que vienen de estos sitios alejados de las ciudades están en una situación muy vulnerable. La gran mayoría no tiene nada; son varias generaciones de familias que no tienen documentos, y sin ellos no pueden conseguir trabajo ni estudios. A los que logramos terminar el bachillerato y pretendemos ir a la universidad, nos sucede lo que me ocurrió a mí, que cuando quise comenzar la universidad me enteré de que, aunque tenía mi acta de nacimiento, no estaba habilitada por ser hija de padres haitianos. Para mí fue un golpe enorme, y es así para decenas de miles de jóvenes. De repente te dicen que no existes, y esto conlleva enormes traumas psicológicos. El Estado culpa a nuestros padres o abuelos, cuando en verdad fue el mismo Estado que los trajo para trabajar en la producción de azúcar, pero como ahora esa industria ya no existe, también quieren acabar con nosotros.

    Estas injusticias nos cierran caminos. Nos dejan sin perspectivas de futuro. Es por eso que de sitios como este surgió nuestro movimiento.

    ¿Cuáles fueron las implicancias de esta situación en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19?

    La ausencia de reconocimiento de algo tan básico como la nacionalidad genera enormes dificultades para acceder a otros derechos básicos como la salud y la asistencia social. La pandemia ha magnificado las dificultades que enfrentan estas poblaciones vulnerables, confinadas en bateyes donde no hay producción ni trabajo. Muchos de estos jóvenes son chiriperos, es decir, trabajadores ocasionales, empleados día sí y día no en lo que hubiese disponible, y la pandemia los dejó sin nada. Tampoco tienen acceso a los programas sociales de asistencia desarrollados para paliar los efectos de la pandemia porque no tienen cédula y no aparecen en los registros gubernamentales.

    ¿En qué medida la situación que enfrentan las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana es resultado del racismo?

    Esta situación es del principio al fin un problema de racismo estructural. El problema del acceso a la nacionalidad en República Dominicana ha afectado exclusivamente a personas cuyos padres o abuelos procedían de Haití; no se trata de un problema generalizado para los extranjeros. Es reflejo del racismo estructural porque son las personas dominicanas de ascendencia haitiana, o aquellas que son percibidas como tales por el color de su piel, las que padecen de esta violación de sus derechos humanos. Así lo reconoció la CIDH cuando, después de una visita al país, confirmó que no había recibido ninguna denuncia de un descendiente de extranjeros no haitianos que hubiera tenido problemas para que se le reconociera su nacionalidad, se la inscribiera en el registro civil o se le entregaran documentos de identidad.

    En República Dominicana se cree que todo negro es haitiano. Si yo soy negra y tengo el cabello crespo, constantemente me cuestionan aunque tenga papeles, y en caso de no poder mostrar mis documentos puedo ser deportada porque se supone que soy haitiana. Ha habido casos de personas dominicanas de raza negra que han sido deportadas por su color de piel. Las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana que no tienen papeles y van a parir al hospital son tratadas como extranjeras, generando además el mito de que las mujeres haitianas vienen a ocupar las camas de nuestros hospitales, cuando la mayoría de ellas no son haitianas sino dominicanas negras de ascendencia haitiana.

    La población dominicana es una población negra que no se reconoce a sí misma como tal. Evidentemente hay un problema de racismo sistémico, sostenido desde el Estado, y no reconocido.

    Así, con el correr del tiempo, como movimiento nos dimos cuenta de que el problema de la nacionalidad que nos movilizó en primer lugar no era solamente un problema de papeles, identificaciones y registros, sino también y más profundamente un problema de identidad y discriminación racial que se remonta al contexto histórico de nuestros ancestros.

    En consecuencia, somos un movimiento que no solamente lucha por la nacionalidad y los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, sino que también comparte las luchas de todos los movimientos antirracistas y se moviliza contra todas las discriminaciones. Por eso nos solidarizamos y apoyamos todo tipo de manifestaciones que busquen garantizar los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y de todas las minorías estigmatizadas y discriminadas.

    ¿Cómo repercutieron en la República Dominicana las protestas de Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos?

    En reacción a los sucesos producidos en los Estados Unidos, varias OSC nos unimos para organizar una conmemoración. No se trató estrictamente de una manifestación, ya que había restricciones para las reuniones públicas en el contexto de la pandemia del COVID-19, y respetábamos la cuarentena. Y tampoco se trató exclusivamente de una manifestación de solidaridad, ya que la muerte de George Floyd tuvo resonancia en nuestro contexto, donde hemos tenido situaciones similares de abusos policiales.

    Junto con otras OSC organizamos una actividad en memoria de George Floyd. La idea era hacer un gesto ritual, una ofrenda floral. La consigna era “Una flor para Floyd”, y era un llamado a que cada persona llevara, en el momento en que pudiera, una flor y la colocara en la ofrenda. Nuestro relato de la muerte de Floyd también hizo alusión a la violencia policial e institucional sufrida en la República Dominicana por muchas personas negras, tanto migrantes como dominicanas, de modo de poner en relieve la situación que experimentamos nosotros.

    ¿Han recibido amenazas o ataques de movimientos anti-derechos?

    Hay varios grupos ultranacionalistas que se movilizan en reacción contra nuestras movilizaciones y eventos, básicamente para amedrentarnos y boicotear nuestras actividades. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional el clima se ha vuelto más favorable para los discursos de odio y ha habido numerosos actos de hostilidad. Muchos integrantes de nuestro movimiento y de otras organizaciones que luchan por los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana son objeto de agresiones, tanto verbales como físicas, como se ha reflejado en numerosos informes de derechos humanos. De ahí que en algunos casos hubiera que solicitar a la CIDH medidas de protección para compañeros y compañeras. Incluso las personas dominicanas que no son de ascendencia haitiana y se solidarizan con nosotros son catalogadas como traidoras la patria. Estas expresiones se han vuelto más comunes porque no han sido repudiadas con firmeza por las autoridades.

    Cuando nos manifestamos por el tema de la nacionalidad y el racismo, siempre hay grupos que se oponen, y como la policía nunca nos cuida, estos grupos generalmente se imponen y nosotros nos vemos obligados a suspender o terminar nuestras actividades. Así ocurrió en el caso de las actividades que planificamos en conmemoración de George Floyd.

    Desde que se anunció la actividad Una Flor para Floyd, varios grupos ultranacionalistas empezaron a amenazarnos a través de nuestro Facebook. Nos acusaron de querer generar violencia y de estar haciendo un boicot contra el país trayendo temas que no son del país. Recibimos tales niveles de amenazas que muchas personas pensaron que no íbamos a poder hacer la actividad. Días antes del evento, el líder de uno de esos grupos anti-derechos, Antigua Orden Dominicana, nos amenazó a través de un video donde decía que si lo llevábamos a cabo iba a haber derramamiento de sangre, ya que el evento se realizaría en el Parque Independencia, dedicado a los Padres de la Patria, y ellos no lo permitirían.

    El día de la conmemoración, el 9 de junio, estos grupos se hicieron presentes. No era la primera vez que lo hacían: 2017, en una actividad que realizamos cada año en el aniversario de la sentencia 168-13, también se presentaron y se generó una situación similar.

    El 9 de junio estos grupos llegaron para agredir a las compañeras que estaban manifestándose en ese momento, y cuando la policía intervino fue para llevarse detenidas a nuestras compañeras Ana María Belique y Maribel Núñez junto con otra persona que participaba de la actividad. Cada vez que se hace una protesta relacionada con el tema de la nacionalidad y el racismo el Estado interviene para reprimir.

    ¿Qué clase de apoyo necesitarían de la sociedad civil internacional y del movimiento antirracista global?

    Nosotros nos consideramos parte de un movimiento global. Muchas veces nos han dicho que el movimiento Black Lives Matter era por algo que ocurría en Estados Unidos y que a nosotros no nos incumbía; sin embargo, como personas vulnerables y estigmatizadas entendemos que es un tema que nos involucra directamente y que debemos hacerle frente.

    Lo que necesitamos es más apoyo para difundir la situación actual que se vive en nuestro país. El Estado se ha encargado de decirle al mundo que aquí no hay apátridas, que no existen el racismo ni la xenofobia. Que todo lo que decimos es mentira y que estamos pagados por ONG internacionales para hacerle daño al país. Lo que nosotros buscamos es visibilidad y ayuda para denunciar las realidades terribles que viven las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Nosotros no contamos con suficientes recursos para dar publicidad a nuestra causa, y la solidaridad internacional es lo que nos permite llevar adelante nuestras luchas y darlas a conocer a nivel mundial.

    El apoyo internacional es una de las cosas que nos han ayudado a salir adelante. Hemos tenido apoyo de grupos de la diáspora dominicana en Nueva York. Uno de ellos, We Are All Dominican, nos ha venido apoyando desde 2013. En el contexto de la pandemia nos ha ayudado a asegurar la alimentación y otras necesidades básicas de más de 250 familias durante tres meses. Todos los apoyos son bienvenidos, ya sean expresiones de solidaridad, contribuciones a la difusión o acciones de protección para personas defensoras de derechos humanos.

    El espacio cívico en República Dominicana es calificado de “reducido” por elCIVICUS Monitor.
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