CIVICUS conversa con Manuel Robles, integrante del Movimiento Marcha Verde de la República Dominicana. Surgida en enero de 2017 al calor de la indignación popular por el escándalo Odebrecht, que involucró a altos funcionarios de tres sucesivos gobiernos dominicanos, Marcha Verde incluye a un amplio conglomerado de organizaciones de la sociedad civil y centra su estrategia en la movilización callejera. Sus principales objetivos son el establecimiento de una comisión independiente de investigación, la identificación y apertura de causas judiciales contra todos los implicados en casos de corrupción, y la recuperación de los activos de la corrupción.
1. ¿Cómo empezó el Movimiento Marcha Verde?
En diciembre de 2016 un tribunal de Brooklyn condenó a la empresa Odebrecht por corrupción, y la empresa llegó a un acuerdo por el cual reconoció que había pagado sobornos en doce países del mundo: dos de Africa y diez de América Latina. Entre estos se encontraba la República Dominicana, donde los sobornos superaron los 92 millones de dólares. Los sobornos eran parte de la manera de funcionar de la empresa, que sobornaba a políticos y funcionarios para conseguir obras, por supuesto que sobrevaluadas, con lo que se apropiaba de una renta. Nuestro país recibió estos sobornos entre 2001 y 2014, es decir, bajo tres presidentes distintos: Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2012) y el actual Danilo Medina, elegido por primera vez en 2012 y reelecto en 2016.
Como en todos los países de la región, el caso Odebrecht generó indignación, y con algunos compañeros y compañeras de la sociedad civil con los que en el pasado habíamos participado en actividades contra la corrupcion y la impunidad decidimos juntarnos para ver qué hacer. Al mismo tiempo, un programa radial – Gobierno de la Tarde, en la Z-101- había empezado a difundir la idea de hacer una marcha para expresar el rechazo y exigir justicia en el caso Odebrecht. Entonces, el 4 de enero de 2017 nos reunimos un grupo pequeño y decidimos organizar una movilización para el mismo mes de enero. En las primeras reuniones se tomaron varias decisiones: en primer lugar se eligió el color verde porque queríamos representar la esperanza: no queríamos quedarnos en la indignación sino que queríamos transmitir la sensación de que esta vez sí podíamos ganar. Esto marcó una diferencia con otras protestas anteriores, que por ejemplo habían optado por el color negro como señal de luto por la muerte de la justicia. Nosotros decidimos que el color verde fuera el elemento unificador de la diversidad de nuestro movimiento, que incluye una cantidad de organizaciones con múltiples banderas y colores. La elección del color estuvo ligada a la decisión de plantear nuestro reclamo en positivo, es decir, no designarlo como una lucha contra la corrupción y la impunidad, sino en cambio como una lucha a favor del fin de la impunidad. La idea era que el caso Odebrecht marcara el principio del fin de la impunidad en el país.
En esos primeros momentos estuvieron presentes las organizaciones protagónicas de los últimos años, tales como Poder Ciudadano, un conglomerado muy activo a fines de 2015 con sus “cadenas humanas”, que fue un antecedente de cierto éxito en materia de movilización anticorrupción; Participación Ciudadana, el capítulo local de Transparencia Internacional, que tiene importantes investigaciones sobre el tema de la impunidad; Somos Pueblo, una organización de jóvenes nacida en las redes sociales, y la corriente de la Asociación Dominicana de Profesores liderada por María Teresa Cabrera. Cabrera también había encabezado el Movimiento 4%, por un aumento de la inversión pública en educación tal como lo exigía la ley, uno de los principales antecedentes de movilización social exitosa en el país. En nuestro primer encuentro le pusimos fecha, 22 de enero, a la primera movilización.
2. ¿Cómo se hizo la convocatoria?
La verdad es que en un principio pensábamos en una actividad modesta; de hecho, la primera meta que nos pusimos fue de unas 6000 personas, que era lo que creíamos que lograríamos convocar. Teníamos apenas un par de semanas para llevar a cabo esta acción. Nos pusimos en contacto con todos los grupos sociales con los cuales manteníamos relaciones, y también con agrupaciones partidarias, con las cuales mantuvimos reuniones dejando en claro las reglas de juego: que tendríamos un solo color, que no habría protagonismos de ningún partido político y que esta sería una expresión ciudadana, de modo que los militantes políticos podrían participar pero en su condición individual de ciudadanos. Ellos aceptaron las reglas de juego, y en consecuencia desde el principio articulamos esfuerzos con una vasta red de organizaciones sociales y políticas, en un ambiente de relativa armonía, lo cual en nuestra experiencia no es algo muy común. En verdad es un logro impresionante, teniendo en cuenta el amplísimo espectro que abarca nuestra coalición, integrada por ejemplo por organizaciones LGBTI al mismo tiempo que por grupos evangélicos. Son grupos que en otros temas están fuertemente enfrentados, pero que para esto se han sentado a la misma mesa.
Marcha Verde agrupa a organizaciones con diversas fortalezas: algunas más capaces de movilizar en las redes sociales y otras que manejan mejor los medios tradicionales. Hicimos difusión por todos los medios. Las redes sociales fueron importantes, pero la radio y la televisión fueron vitales, en la medida en que no solamente difundieron sino que hubo programas con actitud militante, y con un discurso en la misma línea que el nuestro. El tema fue motorizado por los periodistas de El Gobierno de la Tarde, de la emisora radial que de lejos tiene la mayor audiencia en el país. Sus comunicadores son prestigiosos y el programa, que tiene llegada a todos los sectores sociales, fue un vocero militante de este proceso, lo cual permitió la difusión rápida de todas las convocatorias. Lo mismo pasó con varios programas de televisión, y como resultado el proceso tuvo un liderazgo mediático.
El 22 de enero nos movilizamos sin nombre, pero la gente misma enseguida comenzó a llamarnos Marcha Verde. Porque lo que sucedió no tuvo precedentes: nunca antes en nuestro país tanta gente se había movilizado por una causa no partidaria. Nosotros mismos nos sorprendimos con cada marcha por la forma en que habíamos conectado con la gente.
3. Marcha Verde tiene muchos voceros, pero da la impresión de que no tiene líderes. ¿A qué se debe?
Fue una decisión deliberada tener una vocería lo más diversa y rotativa posible. Hay personas que, tal vez por su trayectoria previa, son más buscadas por los medios, pero nosotros decidimos proactivamente ir rotando la vocería, tanto para ir a programas de radio o TV como para las manifestaciones que hacemos en las calles.
Nuestra coalición incluye a muchas personalidades respetadas, pero funcionamos básicamente en grupos de trabajo. Tenemos cuatro comisiones: una de contenidos y análisis, que elabora el discurso; una de comunicación, con preponderancia de jóvenes, que busca marcar la línea de la agenda mediática; una de organización y articulación, que organiza la movilización y extiende redes en el territorio; y una de recaudación y manejo de recursos. Eso le ha dado cierta operatividad el movimiento. Y hay un espacio de coordinación que se forma con dos representantes de cada comisión que funciona como equipo operativo, y se hacen asambleas semanales tanto en la capital como en las regiones.
4. ¿Qué tuvo de especial el caso Odebrecht; por qué generó una reacción diferente de otros casos de corrupción en el pasado?
La impunidad en el país es casi tan antigua como la república: casi no ha habido sanciones ejemplarizadores contra la corrupción administrativa, y existe una gran frustración. Entonces efectivamente, porqué esta vez se generó indignación frente a algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, es una buena pregunta.
Históricamente, cuando las encuestas preguntaban sobre los principales problemas del país, siempre aparecía mencionada la corrupción. Lo que la gente creía, y todavía muchos creen, es que no hay nada que hacer al respecto. Pero un elemento importante de este caso es que la información venía desde fuera, desde Estados Unidos y Brasil, y que una vez que empezó a fluir no paraban de revelarse nuevos datos. También se difundió rápidamente la información de lo que pasaba en otros países, como el propio Brasil, además de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, donde se abrieron investigaciones y hubo centenares de acusaciones contra empresarios y funcionarios, incluidos ex ministros e incluso ex presidentes.
En ese contexto, muchos pensaron que el gobierno dominicano esta vez no iba a poder manipular el caso como lo había hecho con tantos otros en el pasado, y que no tendría más opción que actuar, aún en contra de su voluntad. Mucha gente está convencida de que el gobierno preferiría mantener la impunidad, pero que esta vez no va a poder, especialmente si la presión social aumenta.
Por otra parte, esta movilización no surgió de la nada; hubo algunos antecedentes de movilización exitosa, sobre otros temas como el de la educación, sobre cuya base estamos construyendo. Aunque es cierto que el tema de la corrupción y la impunidad nunca antes había movilizado masas, solo pequeños grupos.
Una vez iniciado, el proceso se alimentó de sí mismo. El primer éxito de movilización, el 22 de enero, elevó mucho la subjetividad. Además de los activistas de siempre marchó mucha gente, sobre todo de clase media, que no había marchado nunca en su vida. Y al llegar a la marcha se dieron cuenta de que eran muchos. El hecho de ver tanta gente junta realimentó la participación: de hecho, después de la primera movilización la disposición de la gente a cooperar fue abrumadora.
A las pocas semanas Gallup hizo una encuesta según la cual el 92% de la población apoyaba a la Marcha Verde. Y en paralelo empezó a bajar la valoración del gobierno, que al iniciarse este proceso era bastante elevada. De hecho, el presidente Medina es posiblemente el que mejor ha sido valorado en el ejercicio de su cargo, en parte por algunas medidas sociales y sobre todo porque la economía ha crecido a tasas bastante altas. Con la oposición dividida, el presidente Medina fue reelegido en 2016 gracias a una reforma constitucional introducida específicamente para habilitarlo a presentarse nuevamente. Según los datos de que disponemos, sus niveles de aceptación empezaron a bajar a partir de la marcha del 22 de enero. Pero el gobierno últimamente no ha publicado encuestas, cosa que antes hacía con frecuencia. Con la oposición política aún con problemas, la Marcha Verde se ha conformado como el verdadero sujeto de oposición. Ello a pesar de que siempre insistimos en que demandamos que se castigue a todos los corruptos, sean de este gobierno o de los anteriores. Aunque si bien no tenemos corruptos favoritos, ejercemos presión básicamente sobre el gobierno de turno porque es el que puede dar respuesta a nuestras demandas.
Otros países involucrados en el caso Odebrecht tienen sistemas judiciales más confiables, o gobiernos que han tenido una actitud más proactiva que el nuestro. Pero en nuestro caso se ha producido una reacción ciudadana sin precedentes. Dominicana suele ser un país rezagado en este tipo de luchas, pero esta vez vamos por delante. Esto nos llena de orgullo y satisfacción.
5. ¿Cuáles son las demandas concretas de Marcha Verde, y cómo las han llevado adelante?
Nuestra primera demanda fue que se conformara una comisión de fiscales independientes para llevar el proceso de investigación y acusación en el caso Odebrecht. Reclamamos esto porque no creemos en el Ministerio Público, ya que el Procurador es miembro del partido de gobierno, trabajó en la campaña del presidente, y pensamos que no garantiza una investigación imparcial. Pedimos que fuera una comisión que contara con el asesoramiento de las Naciones Unidas, en el marco de la Convención contra la Corrupción de la cual nuestro país es signatario. Sabíamos que era muy difícil que esto ocurriera, y de hecho aún no ha ocurrido, pero era importante poner en evidencia los niveles de complicidad del gobierno.
Pedimos además que se identificara y sometiera a proceso judicial a todos los funcionarios que recibieron sobornos al igual que a los ejecutivos de Odebrecht en el país, que se cancelaran todos los contratos vigentes de Odebrecht, que se auditaran las obras construidas por la empresa, y que se recuperara el dinero de sobornos y sobrevaluaciones. También demandamos que se investigue el financiamiento ilícito de campañas electorales.
Para circular nuestra petición lanzamos un Libro Verde que se firmaba en las esquinas y plazas de los pueblos del país, y tuvo una acogida masiva. En unas pocas semanas conseguimos más de 300 mil firmas. Firmar implicaba un compromiso mayor que el de simplemente asistir a una movilización, ya que la gente tenía que dar su nombre, número de cédula de identidad, etc. Fue un proceso de empoderamiento; la gente se comprometía a seguir luchando hasta que lográramos nuestros objetivos. El 22 de febrero le entregamos al presidente un acta notarial que certificaba que se habían recolectado 312.415 firmas, y de ese modo hicimos oficial nuestra solicitud, y emplazamos al presidente a dar respuesta a más tardar en su discurso anual de rendición de cuentas el 27 de febrero.
El proceso fue muy exitoso también porque multiplicó la organización, que se expandió mediante la creación de “nodos verdes” en diferentes municipios. Así el movimiento salió de la capital y se instaló en cada localidad. Y el presidente recogió el tema en su discurso. Aseguró que apoyaba la lucha contra la corrupción y que caerían todos los implicados – dijo literalmente que no habría “vacas sagradas”. Pero insistió en que el Ministerio Público llevaría adelante el proceso. Por eso nosotros rechazamos el discurso y denunciamos la contradicción entre lo que el presidente decía y lo que hacía.
Una vez cerrado el proceso de la firma, en marzo lanzamos la campaña Llama Verde, con el encendido de una antorcha que recorrería las principales provincias y pueblos del país a partir del kilómetro cero. Fue una actividad menos exitosa que el Libro Verde, pero de todos modos permitió seguir consolidando la estructura. Con ella logramos que empezaran a realizarse marchas regionales, e incluso subregionales, en las tres regiones del país. Cada una de ellas se convirtió en el acontecimiento de movilización social más grande de la historia de esas localidades. Incluso logramos hacer una marcha bastante concurrida en el este del país, la región menos movilizada y más débil organizacionalmente.
En los últimos meses también nos hemos concentrado en una acción a la que llamamos “barrios verdes”, con el objetivo de llevar la lucha por el fin de la impunidad a los sectores populares más afectados por la apropiación de fondos públicos, el pago de sobornos y las sobrevaluaciones de la obra pública. Es una campaña educativa y de movilización en los barrios más carenciados: repartimos volantes y conversamos con los moradores para hacerles ver la relación que existe entre la corrupción y la falta de servicios. Usamos “datos bomba”, que son estimaciones de lo que se hubiera podido hacer en educación, salud, asistencia a madres o caminos vecinales si el dinero robado hubiera sido invertido para mejorar los servicios. La idea que buscamos transmitir es que la impunidad premia al ladrón mientras castiga a la persona honesta que trabaja y paga sus impuestos, ya que al pagar sobornos para ejecutar obras sobrevaluadas, tanto la empresa como los funcionarios corruptos le están robando al ciudadano honesto. Por eso insistimos en que el dinero robado tiene que ser recuperado e invertido para satisfacer las necesidades de la gente. Así hemos aumentado la conciencia de los males de la corrupción entre los sectores más empobrecidos.
Hasta mayo no pasó nada: el gobierno había llegado a un acuerdo con la empresa, que nosotros rechazamos y calificamos como un acuerdo de impunidad, y no se había abierto ni un expediente. A cambio de información que permitiera procesar a funcionarios locales y una multa de 184 millones de dólares a pagar en cuotas, la compañía podría continuar sus operaciones en el país y no enfrentaría procesos judiciales. Pero a mediados de mayo la Procuradoría General recibió de Brasil la documentación sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, y poco después se ejecutaron órdenes de arresto contra catorce políticos, funcionarios y ex funcionarios de alto nivel. Pese a que las investigaciones mostraban que los mayores montos de sobornos fueron pagados después 2012, sin embargo, la mayor parte de los detenidos eran ex funcionarios de gobiernos anteriores. El proyecto más grande de Odebrecht, la planta termoeléctrica de Punta Catalina, quedó fuera de la investigación. Esta es la obra insignia de este gobierno, y se sospecha que es el proyecto de Odebrecht que más lo incrimina. En su momento recibió muchas críticas de la sociedad civil y de la oposición, por razones tanto ecológicas como de inflación de costos, y fue adjudicada a Odebrecht aunque presentó la oferta más cara. También quedaron fuera de la investigación los delitos de financiamiento ilegal de campañas políticas y de sobrevaluación de obras. O sea que evidentemente el gobierno está ocultando parte de la verdad. Está excluyendo de la investigación a los proyectos más controvertidos, los temas más comprometedores, y la gente más allegada al presidente; solo está investigando a aquellos a los que es imposible excluir porque hay demasiadas evidencias.
Nuestra posición frente a estos arrestos, entonces, es que fueron una victoria de la presión social, pero que no son suficientes: no fueron arrestados todos los sobornados, ni tampoco los responsables de los sobornos, del financiamiento ilícito de las campañas y de las sobrevaluaciones. En términos mediáticos hemos ganado el debate, y para mantener la presión estamos programando una nueva marcha nacional para el próximo 16 de julio, con un listado de demandas dirigidas al presidente.
Desde los arrestos, además, hemos sumado un nuevo reclamo: que se depure la justicia. En particular, hemos señalado a algunos jueces que han demostrado su complicidad con la impunidad y exigimos que no intervengan en el caso Odebrecht. Porque a lo largo del proceso, en combinación con nuestra táctica principal - la movilización callejera - hemos presentado cantidad de demandas judiciales, y la depuración de la justicia es nuestra única esperanza de que ellas sean atendidas. Lo cierto es que por ahora mucho no han avanzado, pero pensamos que también vamos a conseguir progresos en el terreno judicial. No que todos los culpables vayan a ser castigados, pero todavía caerán muchos más.
7. ¿Han enfrentado alguna clase de restricción a libertades de asociación, expresión o reunión que obstaculizara el activismo?
Hasta ahora no hemos experimentado mayores obstáculos. Las marchas han sido pacíficas y bien organizadas, y no ha habido represión. En la marcha que hicimos en la capital tuvimos que desviar un poco la ruta: queríamos pasar por el Palacio Nacional, pero nos obligaron a desviarnos y lo aceptamos para no generar problemas. En todo el proceso hubo solo algunos incidentes aislados. En la ciudad de Moca, en el departamento de Espaillat, un compañero fue detenido y acusado de posesión de droga, y luego se demostró que la droga había sido plantada por la policía para incriminarlo, y fue liberado sin cargos. Pero tuvimos que movilizarnos para exigir que lo liberaran. Hubo también una situación de violencia, aunque no directamente contra Marcha Verde sino contra un grupo de jóvenes que participan de nuestras marchas. Este grupo quiso instalar un campamento ante la Procuraduría General de la República y fue desalojado con gases lacrimógenos. Los arrestaron, pero fuimos a reclamar y los soltaron rápido.
Nosotros nos cuidamos mucho de que no haya violencia, no solo porque la violencia es excusa para la represión sino también porque sabemos que ahuyenta a la población. Queremos que la población sienta que es seguro marchar con nosotros. De modo que tenemos un equipo de seguridad para las movilizaciones y nos cuidamos de no dañar nada y dejar todo muy limpio.
• El espacio cívico en República Dominicana es clasificado en el CIVICUS Monitor en la categoría “obstruido”.
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